El 22 de junio de 1941, los ejércitos de la alemania nazi inician la guerra de agresión contra la Unión Soviética.
El film, con un nombre traducido de diferentes maneras, refleja la crueldad de la guerra y el sufrimiento que esta provocó al pueblo soviético.

Se trata de un film que obtuvo Palma de Oro a la mejor película Festival Internacional de Cine de Cannes de 1958. La película de Mijaíl Kalatózov ganó también el premio Prix Vulcain del Artiste Technicien (anteriormente Grand prix technique), un galardón otorgado para recompensar los méritos técnicos de un film, y la excelente interpretación de la actriz Tatiana Samóilova contó con una mención especial del jurado del Festival de Cannes. Además, en 1959 la actriz ganó el premio francés Étoiles de cristal para la mejor interpretación extranjera femenina.

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Texto de la canción y su traducción:

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Dentro de un muy bien cuidado cuaderno, Julia Guzmán Watine (Viña del Mar, 50 años) guarda una serie de fotografías, algunas en blanco y negro y otras en colores. Allí aparece junto a su madre, la francesa Inés Watine, su hermana Sandra, y su padre, Juan Guzmán Tapia, fallecido el 22 de enero de 2021, a los 81 años. Son recuerdos familiares, íntimos, en los que el primer juez que procesó en Chile a Augusto Pinochet (1973-1990), por la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor, está en su faceta de esposo, padre y abuelo. Parte de esa historia, pero en especial su carrera en el Poder Judicial, que abandonó en 2005, y cómo cambió su vida y su mirada tras investigar a partir de 1998 cientos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura, es la que se plasma en el libro Juan sin miedo (Lom Ediciones), recientemente publicado y en el que Julia, profesora de Castellano y escritora de novelas negras, Juego de villanos (2018) y La conjura de los neuróticos obsesivos (2021), se encargó de la edición y compilación de 31 relatos que retratan a Guzmán.

En Juan sin miedo. Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet, colaboraron además la abogada Patricia Albornoz, quien empujó a idea, y Sandra Guzmán, la hija mayor del exmagistrado. Julia describe el libro como “un mosaico” de distintas miradas y recuerdos que se aproximan a “un hombre público, polémico, díscolo y, a la vez, condescendiente, inocente y noble”. Para los retratos convocaron a un expolicía, un periodista, abogados, académicos, amigos, testigos de las causas y familiares de víctimas. También escribieron el exjuez español Baltasar Garzón, que en octubre de 1998 ordenó la detención de Pinochet en Londres, y el cineasta Costa-Gavras. En 1972 filmó en Chile Estado de sitio, una película en la que dos jóvenes, Juan Guzmán e Inés Watine, lograron un pequeño papel como extras gracias a su perfecto francés. En 1982, en Missing, el cineasta contó la historia de la búsqueda del periodista estadounidense Charles Horman, fusilado en el Estadio Nacional tras el golpe de Estado de 1973. Dos décadas después, el caso estuvo entre los cientos que investigó Guzmán y Costa-Gavras testificó. “El juez quería conocer las fuentes de información con las que yo conté para escribir el guion (…) La declaración duró largo tiempo. Él conocía cada detalle, cada palabra de la película”, rememora en el libro.

Julia recibe a EL PAÍS en una tarde otoñal de Santiago, en su casa en el sector oriente. Sobre la mesa tiene un manuscrito de su padre, que le ayudó a elaborar un esquema —como los que él hacía en sus indagatorias— para Juego de villanos. La novela está inspirada en una causa, una millonaria estafa, que Juan Guzmán investigó en los años 80 cuano era ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, en la zona centro-sur de Chile. “Recuerdo a mi papá en el living de la casa, sentado siempre en su sillón junto a los expedientes, estudiando. Escribía con su pluma en un block de papel roneo. Nunca lo vi nunca trabajar con lata [hastío]”, dice.

“Las cosas van a cambiar”

Hasta 1998, Guzmán era conocido solo en el ambiente judicial y académico. El 12 de enero de ese año se presentó la primera querella contra Pinochet en Chile (después vendría una avalancha), cuando la entonces presidenta del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, fallecida en 2005, y el abogado Eduardo Contreras, la interpusieron por los crímenes en 1976 de la Calle Conferencia, cometidos por la DINA, la policía secreta de la dictadura, que secuestró y asesinó a dirigentes del PC, entre ellos a Jorge Muñoz, marido de Marín.

El caso, por el turno judicial, recayó en Guzmán, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por el comportamiento que tuvo el Poder Judicial en la dictadura —que rechazó miles de recursos de amparo que se presentaban por los detenidos desaparecidos— aún en democracia se dudaba si el libelo tendría algún futuro. Se sumaba que en 1998 Pinochet seguía con mucho poder: era senador vitalicio y todavía comandante en jefe del Ejército, un cargo que dejó en marzo de ese año.

En enero de 1998 Julia tenía 23 años y estudiaba Literatura en la Universidad Católica de Santiago. Recuerda que una tarde su padre entró a su dormitorio, se sentó a los pies de la cama y le dijo: “Las cosas van a cambiar”. Luego salieron a caminar por la calle y se tomaron un helado. “Me contó que pensaba que tenía que acoger la querella. Él tenía clarísimo cuáles eran las implicancias de esa decisión, y que lo que venía iba a ser muy difícil y que iba a tener un impacto en su carrera, tanto si la acogía o no. Pero no tenía ninguna duda de su decisión”.

En cambio, cuando en 2001 procesó por primera vez a Pinochet, lo guardó en reserva. “No nos dijo nada. Yo caminaba por la calle y leía los titulares de los diarios. También recuerdo que ese día el teléfono de la casa no dejó de sonar”.

Hasta 1998, Guzmán no había investigado causas de violaciones a los derechos humanos. En uno de los relatos de Juan sin miedo, el abogado Contreras, fallecido en 2024, contó que con el tiempo consideró “una suerte” que el caso recayera en un hombre “profundamente católico” y que “en el pasado parecía haber estado más cerca de la derecha”, pues eso lo mostraba como “un ciudadano libre de toda sospecha”. También rememoró la primera audiencia frente al juez. “Me señaló su preocupación porque hubiéramos tal vez podido exagerar los horrores que denunciábamos. Dudaba al comienzo que en este país se hubieran podido cometer crímenes de tal magnitud. Pero se empezó a desarrollar el sumario (…) Fue la terrible verdad lo que convenció al magistrado de no había exageración alguna en las querellas”.

En palabras de Julia: “Hay una tesis, también aceptada por mi papá, que él cambió enormemente con el juicio a Pinochet. Yo creo que sí se modificó su conocimiento y su profundidad. Se sumergió en los horrores de las violaciones a los derechos humanos y con ello su sentido de la responsabilidad aumentó exponencialmente. Y con eso también afloró una culpa por haber sido tan miope [admitió que en 1973 respaldó el golpe de Estado, pero años después de arrepintió], y también por ser parte de un Poder Judicial que no acogió los recursos de amparo de las familias de las víctimas de la dictadura, aunque él los acogía [en Talca], pero era un voto solitario”.

“Don Juan: esto no le sirve al país”

Para Julia, su padre no sopesó que a medida que avanzaban las indagatorias, buscaba por Chile a los detenidos desaparecidos e interrogaba a exagentes de la dictadura, la situación cambiaría. De pronto, la casa de los Guzmán Watine se rodeó de grupos de pinochetistas que protestaban en la puerta gritando groserías en contra del juez.

“En esa época yo era muy aprensiva con mis padres porque eran muy relajados. Por lo tanto, mi papá no me contaba las cosas que le preocupaban. Pero, en un momento, como en todas nuestras conversaciones importantes, entró a mi dormitorio, se sentó a los pies de la cama y me habló de una forma que me asustó. Me dijo que había entendido el sentido de su vida con esta causa, que comprendió la importancia de su trabajo, y que por fin todas las preguntas que se había hecho estaban llegando a un término. Para mí, eso fue una despedida. Fue rarísimo”.

Tiempo después, Julia comprendió el sentido de esa conversación, y por qué de un día para otro, ella y su hermana tenían guardaespaldas. “Después me enteré que a mi papá lo habían retenido un par de horas cuando iba camino a la casa. Dos autos le hicieron una encerrona y lo obligaron a estacionarse en una calle muy solitaria. Tres señores se sentaron en su auto, uno adelante y dos atrás, sin identificarse. Fueron ‘amables’, digo irónicamente, pues nunca lo apuntaron con un arma, pero le dijeron: ‘Don Juan, usted sabe que esto que está haciendo no le sirve al país».

También le recordaron a Guzmán, agrega su hija, que él era parte “de la familia militar” y que, por lo tanto, le tenía “respeto a las Fuerzas Armadas”. Se lo dijeron, señala Julia, porque gran parte de la familia de la madre del juez, Raquel Tapia, era del mundo uniformado.

Raquel Tapia, que murió a los 99 años en 2014, tenía la misma edad de Pinochet cuando su hijo investigaba el caso. Y eso, dice Julia, su padre lo tenía muy presente. “La decisiones no eran fáciles y él, en privado, hacía un paralelo con ella. No dudaba en las decisiones de encargar reo a Pinochet, pero sentía un peso por la edad”.

Guzmán interrogó dos veces a Pinochet, en 2001 y en 2004. Poder hacerlo fue muy complejo, pues la defensa se oponía argumentando razones de salud. El general, frente al juez, solía no recordar. “Mi papá dijo que Pinochet era una persona que sabía bien qué responder; que sabía qué decir y qué callar. Pero tenía claro que podía procesarlo. Si hubiese tenido alguna duda, no lo hubiese hecho”.

En esta historia, hay también algo que Julia Guzmán no deja escapar. Lo ha dicho varias veces en esta entrevista, y lo escribió en Juan sin miedo: “Existe un gran porcentaje de chilenos que, más o menos directa o indirectamente, responsabilizan al juez Guzmán por el hecho de que Pinochet haya muerto sin condena, o más específicamente, que haya sido sobreseído permanentemente en los juicios criminales en su contra”. Pero, agrega, que en eso hay injusticia y un recuerdo inexacto: “Mi papá hizo lo posible por lograr la justicia, pero esto se frenó por la Corte Suprema de la época”.

*Fuente: ElPaís

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Esta fue una semana de pánico, gatillado por un preinforme, y alimentado por la genuina preocupación sobre el bienestar de los niños, pero también por la manipulación y el aprovechamiento político.

Y todo condimentado por una gran dosis de hipocresía.

El preinforme 541 de la Contraloría constató irregularidades en el ingreso de niños haitianos, como parte del programa de reunificación familiar con sus padres que residen en Chile.

Un dato generó pánico: 64 niños estaban desaparecidos. Los políticos dispararon la alarma, líderes de opinión se sumaron, y en cosa de horas la bola de nieve creció: se trataba de una red de tráfico de menores, prostitución infantil, trabajo esclavo y hasta tráfico de órganos, como denunció el diputado Enrique Basaletti.

El gobierno puso en escena un operativo de crisis nacional. Convocó a todos los poderes del Estado y anunció una fuerza de trabajo para hallar a los niños perdidos.

Y es que el caso parecía demasiado sabroso políticamente. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó “al gobierno anterior”, “al ministro Elizalde”, y a su antecesor “el director Thayer” como responsables.

Las bancadas UDI, republicana y libertaria no perdieron ocasión para emplazar a Boric, y anunciar comisiones investigadoras sobre ¡Bachelet! y sus “posibles vínculos con redes de trata de personas y crimen organizado”.

Lo que al parecer no hicieron, fue leer las 71 páginas de la Contraloría.

Leyendo, se habrían enterado de que la Contraloría no denuncia tráfico de menores, ni desaparición de niños. No podría hacerlo, porque la Contraloría, aunque a veces sus autoridades lo olviden, no es la Policía de Investigaciones, ni la Fiscalía, ni un tribunal de justicia, ni un comité de ética, ni una autoridad política. Es un órgano que controla la legalidad de las acciones de la administración del Estado.

Contraloría tomó una muestra de 105 menores de edad, que entraron al país entre enero y octubre de 2025. Sus fiscalizadores fueron a los domicilios que aparecían en los papeles, y encontraron a 41 de ellos.

De ahí derivó el titular de que los otros 64 estaban desaparecidos. La imaginación desbocada, y las ganas de sumar puntos políticos, hicieron el resto.

Por cierto, hay problemas graves. El preinforme devela un serio desorden en las instituciones del Estado. Sus advertencias deben ser respondidas, y eventuales delitos, investigados. Por cierto, también, hablamos de niños vulnerables, por lo que puede haber casos de afectación de sus derechos o exposición a redes ilegales.

Pero, como es obvio, tocar una puerta y no hallar a alguien no significa que esa persona esté “desaparecida”.

El anexo 5 del informe detalla que, en tres casos, el niño vive en otra dirección; en trece, la familia se mudó; en veinte, los vecinos o residentes dicen no conocer a la familia buscada; en cuatro, no se pudo acceder al domicilio; en tres, no abrieron la puerta; en cinco, el niño vive allí, pero no estaba en ese momento; en uno, la vivienda está abandonada, y en un último caso, un hombre denunció que “la madre se llevó a la niña” y no ha podido verla.

El detalle de los 64 incluye explicaciones como “conserje llamó dos veces, pero nadie respondió”, “vecina señala que familia buscada vive ahí, pero que no están”, o “dirección correspondía a condominio, estaba cerrado por lo que no se pudo entrar a preguntar”.

Cuando las autoridades sí empezaron a buscar en serio, la alarma se desvaneció. En algunas horas, la PDI encontró a 33 niños. Todos “estaban en buen estado de salud, escolarizados y junto a sus familias”. Varios municipios encontraron otras decenas de niños a cargo de sus tutores, escolarizados y con controles de salud. También, varios en situación de pobreza y hacinamiento.

En las últimas horas, el gobierno ha apagado el fuego que él mismo encendió. El ministro de Defensa aclaró que “no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos ni perdidos”, ni “hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos”. Todo se trata, concluyó, de “un terrible desorden”.

Y, permítanme agregar, de una terrible hipocresía.

Porque ver al mundo político rasgando vestiduras por los niños migrantes es terriblemente hipócrita.

En los últimos años, el discurso político ha deshumanizado a los migrantes, niños incluidos. El diputado Cristián Araya, el mismo que en estos días ha hablado de “miles de niños”, que “debemos encontrar” y culpado a Boric y Bachelet, propuso “minar la frontera norte”. Lo mismo acaban de reiterar diputados del PDG. El senador José Durana exigió “proteger nuestras fronteras con minas antipersonales”. Supongo que no necesito describir lo que hace una mina a un niño cruzando el desierto.

El actual senador Rodolfo Carter, esta semana decretó que los niños haitianos “probablemente sean soldados del crimen organizado, sean utilizados en el comercio sexual” y aseveró que “tenemos que tratarlos como a nuestros propios hijos”.

Pero en diálogo con Tomás Mosciatti en 2024, habló de disparar a los migrantes. “¿Mujeres, niños, al que sea?”, preguntó incrédulo Mosciatti. “Tendremos que actuar con las armas que nos entregue el Estado de derecho, incluidas las armas”, insistió Carter. “¿Entonces se les dispara?”. “Vamos a tener que hacerlo”.

Hace dos meses, el gobierno defendía en el Congreso una norma que obligaba a hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a denunciar la presencia de migrantes irregulares. El efecto para esos niños es evidente: significa sacarlos del sistema escolar, negarles el derecho a la salud y borrarlos del sistema que, precisamente, se ha activado en estos días para encontrarlos.

Ojalá lo ocurrido en estos días sirva para reflexionar sobre los límites del discurso xenófobo. Una cosa es controlar la inmigración; otra es tratar a niños como subhumanos que deben ser baleados o explotados en el desierto, o excluidos de la educación y la salud.

Si de verdad nos importa proteger a los niños, asegurar que no se pierda su rastro, y protegerlos de redes de tráfico, trata y delincuencia, entonces hay que mantenerlos dentro del sistema: en los colegios, con sus controles de salud al día, como parte de la red de protección del Estado.

Salvo que en verdad el bienestar de esos niños no nos importe, y todo el pánico de esta semana no haya sido más que un terrible caso de hipocresía colectiva.

*Fuente: LaTercera

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Durante décadas, esta secta alemana operó en Chile como un sistema cerrado de control, abusos, torturas y silencio. Pero lo más inquietante no es su pasado… sino lo que quedó después. En este documental, exploramos qué ocurrió tras la caída de Schäfer, las estructuras que permanecieron intactas y cómo una jerarquía diseñada para perdurar sigue funcionando incluso a día de hoy.

En medio del caos que se vivía luego de la condena y prisión de Paul Schäfer, por la presión de los miembros de la Colonia y de la opinión democrática de los chilenos que exigen que se investigue a fondo la Colonia, un grupo de colonos, los leales Paul Schäfer, se realizó una modificación de los Estatus de la Sociedad, dueña de toda la maraña de propiedades creadas por Schäfer para ocultar sus actividades y sus ganancias, sin que la inmensa mayoría de los colonos pudiera participar. Por simple lógica, se puede concluir que esas modificaciones, esa ausencia de participación de la mayoría de quienes construyeron Colonia Dignidad, trabajando como esclavos durante decenas de años es ilegal.

Pinochet visitando Colonia Dignidad. Asu dercha vemos a sonriente Paul Schäefer:

Este gráfico inferior muestra el complejo entramado de organizaciones en que hoy están registradas y organizadas las empresas y propiedades que en definitiva, manejan solo tres personas hijos de exJerarcas de la Colonia. De esta forma la secta de ayer sigue vive y manejando lo que construyeron por medio del uso de trabajo esclavo, el engaño y la violencia sobre cientos de seres humanos. Esto sería imposible sin el silencio complice de autoridades chilenas y alemanas.

Holding Villa Baviera:

En medio del caos que se vivía luego de la condena y prisión de Paul Schäfer, por la presión de los miembros de la Colonia y de la opinión democrática de los chilenos que exigen que se investigue a fondo la Colonia, un grupo de colonos, los leales Paul Schäfer, se realizó una modificación de los Estatus de la Sociedad, dueña de toda la maraña de propiedades creadas por Schäfer para ocultar sus actividades y sus ganancias, sin que la inmensa mayoría de los colonos pudiera participar. Por simple lógica, se puede concluir que esas modificaciones, esa ausencia de participación de la mayoría de quienes construyeron Colonia Dignidad, trabajando como esclavos durante decenas de años es ilegal.

Aquí pueden ver el documento firmado en una Notaría de Chillán, el 13 de Noviembre de 2019. Una modificación de sociedad que cualquier persona con algo de formación legal puede darse cuenta de que fue una acción ilegal. Pero así, siguen avanzando, paso tras paso, haciendo imposible entender la maraña que oculta sus propiedades y riquezas:

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Informe Especial Premiere am 11.06.2026

Esta es una investigación inédita. Durante dos años registramos en exclusiva en tiempo real la búsqueda que lidera la Ministra Plaza en Colonia Dignidad para encontrar rastros de detenidos desaparecidos. Esta vez logramos reveladoras grabaciones de este enclave que fue inexpugnable por años.

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