Cuando Augusto Pinochet fue arrestado en Londres en 1998, recién entonces la prensa chilena y el periodismo se atrevió tibiamente a llamarlo dictador. Porque así lo llamó la prensa internacional de inmediato, que además lo calificó de criminal.

Antes de ello, cuando en el diario La Nación escribíamos la palabra “dictador” para mencionar a Pinochet en el marco de los procesos en su contra, la borraban.

–Pongan ex Jefe de Estado o ex Mandatario, o ex comandante en jefe del Ejército-,decían.

Chile es un país cínico. En la médula de su cultura está el doble estándar, el discurso torcido, el SÍ que no es NO. Somos un país mojigato y relativista, y hasta cierto punto cobarde.

Por eso criminales como Álvaro Corbalán pueden publicar un libro, en el cual basta leer sus primeras líneas para verificar que niega los crímenes que cometieron él y el Estado que lo amparó.

Son muchos. Y me atrevo a decir que en un plebiscito, gana la voz de quienes sostienen que un asesino como Corbalán o cualquier otro de su categoría, tiene el derecho a decir lo que quiera porque en Chile existe la libertad de expresión. Da lo mismo que con sus palabras haga apología del crimen y ofenda en lo más profundo a los familiares de los caídos y sobrevivientes del Estado Terrorista.

Pero el acto en cuestión ofende también a la comunidad internacional, de la cual el Estado de Chile es parte adherente de una legislación penal transnacional que persigue los crímenes contra la humanidad a través de Convenciones, Tratados y Pactos. Estos cuerpos internacionales firmados y ratificados por Chile, son ley de la República de acuerdo al artículo 5 de la Constitución vigente, que incluso cede ante ellos la “soberanía” y la ley nacional.

La libertad de expresión debe ser defendida hasta con la vida cuando una tiranía la conculca. Una de las causas por los cuales cayó el muro de Berlín y se derrumbaron los socialismos reales, fue que aquellos regímenes terminaron controlando el pensamiento de sus pueblos y castigaron la disidencia con servicios represivos, la cárcel, la tortura y la muerte.

Pero esa libertad de expresión no puede amparar el negacionismo y la apología del terror. No puede amparar la justificación de los delitos cometidos contra la humanidad, crímenes que no sólo ofenden a la sociedad chilena y especialmente a sus víctimas directas, sino a toda la comunidad internacional que los condena, persigue y castiga.

Con su resolución 61/255 del 26 de enero de 2007 sobre la “Negación del Holocausto”, la 85a Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, instó a sus Estados miembros a rechazar “sin reservas” la negación de aquellos crímenes, “o cualesquiera actividades encaminadas a tal fin”.

Otro tanto lo hizo el Consejo de la Unión Europea en su Decisión Marco 2008/913 del 28 de noviembre de 2008, que entre sus términos estableció para sus Estados asociados, bajo el título “Incitación al odio” que:

“Se considerarán punibles como delitos penales determinados actos dirigidos contra un grupo de personas o contra un miembro de dicho grupo, tales como (…) La apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se define en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículos 6, 7 y 8) y los crímenes definidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo”.

A la luz de los estándares internacionales, ¿podría el Estado de Chile negar que los delitos cometidos bajo la pasada dictadura no califican como crímenes contra la humanidad, homologables al Holocausto bajo en nacionalsocialismo hitleriano?

Al respecto, hasta hoy existen decenas de resoluciones judiciales de los tribunales chilenos, especialmente de la Corte Suprema, que asumiendo la legislación penal internacional sostenida en cuerpos normativos vigentes en Chile, afirman que bajo el dominio militar se cometieron delitos de lesa humanidad.

Podrá entenderse que en 1989-1990 el paso de la dictadura a la democracia fue complejo. Que hubo que transar principios para que las Fuerzas Armadas y Pinochet entregaran el poder. Pero no se puede comprender, salvo por la descripción de la sociedad chilena formulada en el tercer apartado de estas líneas, que tras veintiocho años del fin del Terrorismo de Estado, sus principales ejecutores se sigan permitiendo escupir la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares y sobrevivientes.

Ahí están las imágenes, retratos, estatuas y nombres de lugares geográficos y dependencias militares, que llevan los nombres de los criminales. Ello avergüenza la imagen del país a nivel internacional.

Me recuerda la vergüenza que, durante mi destierro en Berlín Occidental, sentí cada vez que un ciudadano alemán, o de otro país de Europa, me preguntaba cómo era posible que en Chile, un país civilizado y ejemplo republicano en el continente americano, reinara la barbarie.

Entonces no es que aquellos calificados internacionalmente como criminales de lesa humanidad, tengan el mismo derecho a expresarse cuando ofenden a la especie humana justificando o negando sus delitos, que aquellos que los condenan.

Hasta hoy la legislación chilena se los permite y hay que impedirlo. Negarles ese derecho porque existe un bien superior: primero el de la memoria, dignidad y el dolor de los ofendidos, y segundo el respeto a la comunidad internacional de la que Chile es parte, que condena la apología pública de estos crímenes.

En este camino, desde 1990 han fallado gobiernos y parlamentarios. Los mismos que han condenado las violaciones a los derechos fundamentales de las personas bajo el régimen de las Fuerzas Armadas y sus servicios ejecutores.

Parece curioso que Chile busque cada vez más acercarse y asimilarse en diversos ámbitos a la comunidad internacional civilizada y desarrollada, mientras sigue resguardando el derecho a expresarse de quienes sometieron al país a las masacres más abominables de su historia, junto a la llamada “Pacificación de la Araucanía”.

Noam Chomsky dijo alguna vez: “Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”.

La diferencia está entre aquel que despreciamos porque nos estafó o asesinó a nuestra madre, y aquel que maldecimos porque, amparado impunemente por el aparato del Estado, exterminó a un sector de la sociedad para imponer un régimen genocida.

*Fuente: El Mostrador