Junto con lamentar esta tragedia y expresar toda nuestra solidaridad a Gustavo y a su familia, creemos con mucha mayor convicción que este tipo de armas deben ser prohibidas y sacadas de las calles. Como también las familias afectadas deben emprender, ojalá de manera coordinada, las querellas para identificar y castigar a los culpables y demandar del Estado las reparaciones del caso.

Gustavo y casi dos centenares de ciudadanos con lesiones oculares graves, hablan de una política sistemática de daño y mutilación hacia quienes hacen efectivo su derecho a manifestarse. No son casualidades, no son errores o excesos individuales como lo pretende exponer el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Son señales e incentivos emanadas desde las más altas autoridades de este país hacia la policía en orden a sofocar la protesta social a cualquier costo y por cualquier vía.

Peñalolén, 9 de noviembre de 2019