El Estado subsidiario se transformó en un sistema de transferencias de recursos que, so pena de violar los derechos humanos de menores vulnerados, financió un sistema de fundaciones “sin fines de lucro”, que abusó de un sistema de protección de derechos, que pasó en 9 años de 5 a 16 mil millones de pesos de subsidios (utilizando el Artículo 80 bis. De la ley 19.968 como subterfugio). Así, al igual que con las subvenciones escolares, se está financiando una red de corrupción y cargos políticos que se alimenta de la “democracia” chilena.

Es más, en palabras del ministro Eyzaguirre, el Estado no se puede permitir la reparación de estas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hay de distinto entre los derechos humanos de niños y niñas, a los que ya se les vulneraron sus derechos, y los derechos humanos, por ejemplo, de un prisionero político de la dictadura? Peor aún. ¿No haremos nada frente a las violaciones a los derechos humanos que se están violando en este momento en nuestro territorio?1313 muertes y 23 autopsias. Suicidio por ahorcamiento, homicidio, violaciones, asfixias, las más indignas aberraciones perpetradas por funcionarios y….7 ministros en 10 años. La corrupción del Estado chileno en democracia probablemente no tenga nota de una situación tan asquerosa, quizá tampoco en su historia. La responsabilidad política no existe, y no es prioridad para ningún gobierno.

La representación es trágica. El negocio de 255 mil millones de pesos (2016) es un botín más valioso que la dignidad de miles de niños y niñas. Es la cara visible de un sistema de atropellos, segregación y pobreza, donde los beneficiarios son los mismos que abogan por un Estado proveedor de bienes y subsidios: sus clientes, los partidos políticos. No es de extrañar entonces que aumenten los ministerios, los cargos de elección democrática, las regiones y las provincias. Nuevos municipios y funciones estatales agrandan el botín. Porque esta tragedia está lejos de terminar, aunque estemos en su último “Acto”. Es una tragedia moderna donde la irracionalidad gobierna, investida de institucionalidad y leyes ad hoc, y la codicia es el motivo de preservarse en el poder. Su personaje principal: el Estado.

Adam Smith, el primer economista político que demarca los principios de un Estado subsidiario limitado, señala en su Riqueza de las Naciones (V.iii) que el Estado benefactor surge allí donde los ciudadanos no están dispuestos libremente a asumir el deber de beneficencia. Pero Smith subordina este principio al imperio de la justicia, como el estricto deber del Soberano. Su contemporáneo, Adam Ferguson, en su Ensayo sobre la Historia de la Sociedad Civil (III.vi), termina con un capítulo titulado “De la corrupción y de la esclavitud política”, último “Acto” de las sociedades civiles humanas. Michel Foucault en El Nacimiento de la Biopolítica nos alerta que limitación de la razón gubernamental es la economía política, la que está finalmente en el presupuesto de su propia capacidad de generar riqueza.

Pareciera que mientras las sociedades más se desarrollan y prosperan, más se arriesgan a involucionar, justamente por la relación incestuosa entre la riqueza que producen y el poder que financian. Este capítulo negro de la democracia chilena pone en jaque las ideas de que los privados pueden sin regulación administrar funciones de justicia y la capacidad del Estado de garantizar la protección de los derechos humanos sin que sus operadores y agencias saquen provecho de ello. Y deja en evidencia que detrás de la codicia y el poder está la idea de Trasímaco que afirma que lo justo consiste en que el fuerte impone leyes en su propio beneficio. ¿Lo trágico? De seguro, se impondrá la idea de que más Estado es la solución a un mal Estado.

*Fuente: El Mostrador