vicaria de la solidaridad – piensaChile

A 49 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad

Redacción piensaChile — Fri, 03 Jan 2025 21:42:45 +0000

03 de enero de 2025

1 de enero de 1976.- Un día como hoy, en plena dictadura militar chilena, nació la Vicaría de la Solidaridad, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Fundada el 1 de enero de 1976, bajo el amparo de la Iglesia Católica, esta institución se dedicó a la defensa de los derechos humanos, ofreciendo apoyo legal, social y moral a las víctimas de la represión. Su labor trascendió fronteras, dejando un legado imborrable de lucha por la dignidad y la justicia. La Vicaría no solo asistió, sino que dio voz a quienes el régimen quiso silenciar. Un hito que marcó la historia de Chile.»

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José Luis Ysern, un “chileno nacido en Valencia”, mensajero de la Liberación, ha partido

Redacción piensaChile — Tue, 17 Aug 2021 11:13:14 +0000

El padre José Luis Ysern, ha partido hoy en un último viaje desde Chillán, a los 86 años. Luego de visitar España tiempo atrás, este “chileno nacido en Valencia” (en sus palabras) intuyendo su fin, decidió retornar para que allí concluyera su fecunda vida. Repaso ahora una parte de sus últimas homilías, que enviaba por correo cada semana, en palabras que resuenan con la fuerza de su mensaje de siempre:

“Los pobres de Chile, más que los libros, me han enseñado que la fe proporciona una fuerza invencible. Lo puede todo, lo vence todo. Vence nuestros miedos y nuestros mecanismos de defensa y nos convierte en hombres nuevos y mujeres nuevas. Jesús no se desanima ante el «fracaso» sufrido en su pueblo y continúa su misión. Tú y yo revisemos la calidad de nuestra fe.”

Todos vivimos momentos complejos en la tarea de alcanzar las metas planteadas. José Luis tenía una clave:

“En esta misión de liberación, el fracaso es posible, puede ser que no nos quieran escuchar y nos digan que nuestro plan de fraternidad, justicia, igualdad, es una quimera utópica que no corresponde a la sociedad de hoy. No importa: seguiremos con nuestro testimonio de vida sencilla, sin arredrarnos y apoyándonos siempre en la comunidad”.

Y eso fue su vida, en rigor, una vida del todo diferente a la de curas y miembros de jerarquía actual mencionados algunos en las noticias como abusadores sexuales o cómplices y otros acomodados con el sistema, que no levantan la voz ante la violencia sistemática de los derechos humanos que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante.

José Luis, padrino de mi hija Eva María, es una figura central en mi historia y formación como joven parralina, así como en la de centenares de jóvenes de por lo menos cinco generaciones de Chillán, a quienes contribuyó incluso en estos, sus últimos años, a formar en una visión de servicio a la comunidad y de búsqueda de la felicidad como un objetivo ligado siempre a lo colectivo y social. Estuvo siempre ligado a las y los jóvenes o a los marginados, y su vocación sacerdotal fue totalmente inclusiva en su desempeño, llegando a distintos sectores sociales.

Lo conocí como estudiante secundaria, padeciendo la vida de internado en el Instituto Santa María a fines de los años sesenta. Ese colegio de monjas alemanas de Chilllán, fue su primera destinación como docente. El era parte de un grupo de curas españoles que aceptaron la invitación de ejercer en Chile sus tareas. En el colegio, su figura fue la antítesis de la rigidez establecida por las monjas, respecto de cómo entender la religión, la vida, y las relaciones humanas, basadas siempre en el respeto de la diversidad de opiniones. Fundó la Juventud de Estudiantes Católicos, que en nuestro colegio fue una organización no autorizada, prácticamente clandestina. Al misionar junto al cura en territorios rurales, muchas de las niñas de entonces salimos también de la burbuja para conocer mundos, pobrezas y precariedades que habían estado fuera de nuestra mirada.

Con paciencia infinita y una generosidad notable, José Luis guió mi rebeldía adolescente y sin duda la de muchos y muchas, volcando mi mirada y mi ser hacia los demás, hacia la pobreza, la enfermedad, la soledad o el dolor. Fue la semilla necesaria para entender más tarde la teología de la liberación y orientarme hacia las comunidades cristianas en mis años universitarios y también la base de mi compromiso posterior con el socialismo y el MIR. Ha sido mi más importante maestro en este largo camino recorrido.

Bautismo secreto en la Catedral

En tiempos de dictadura, cuando muchos optaban por eludir toda vinculación con la resistencia, retomamos el contacto y la amistad, y no vaciló en apoyarme cuando solicité en 1980 su ayuda para poder “legalizar” a mi hija, que no estaba inscrita en el Registro Civil debido a que su padre, Augusto Carmona, dirigente del MIR y yo éramos buscados. Tras el asesinato de Augusto el 77 por la CNI, yo no contaba con ningún documento legal para probar la filiación de Eva María y su existencia legal, lo que la colocaba en total vulnerabilidad si yo caía detenida. José Luis no dudó y junto con bautizar a Eva María en una ceremonia emocionante (y privada) en la Catedral de Chillán, inscribió en su certificado de bautismo los nombres de Augusto, y el mío, y los guardó en un archivo especial del Obispado. ¡Además, fue el padrino! También lo hizo posteriormente con la guagua de otro compañero. Suena como algo sencillo pero en el contexto de dictadura, eran gestos de compromiso notable con los perseguidos. Tal como nos apoyó y alentó, lo hizo con las madres y esposas de detenidos desaparecidos y ejecutados de Ñuble, arriesgando su seguridad y colocándose en el ojo del huracán de una ciudad conservadora cuyos mandos eclesiásticos no compartían su visión amplia de la misión cristiana como un servicio y su opción preferencial por los pobres. En esos años fue capellán de la Cárcel de Chillán y muy cercano a la Vicaría de la Solidaridad local, que estaba a cargo del padre Raúl Manríquez. Con ambos compartí relajados almuerzos y sobremesas de mucha amistad y relevancia en esos tiempos difíciles.

Posteriormente, el año 85, José Luis fue prácticamente “relegado” por la jerarquía al Seminario de Concepción, interrumpiéndose su labor de formación con los jóvenes universitarios que realizaba en la entonces sede Ñuble de la Universidad de Chile, hoy Universidad del Bío-Bío. Hasta esas aulas había llegado su palabra liberadora como docente de la Facultad de Educación y Humanidades, donde contribuyó a la formación de diversas generaciones, cada vez con mayor especialización como sicólogo. A lo largo de los tiempos, él permaneció fiel al mensaje de una iglesia ligada al pueblo y fiel a los pobres, y tras doctorarse en sicología en la U de Salamanca, fue el año 2006 el primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío-Bío en Chillán, que lo nominó en 2013 como profesor Emérito.

Muy conectado con los desafíos del presente, señalaba asimismo en noviembre de 2020:

“…Vivimos además un momento clave de desafío sociopolítico especial ante el proceso constituyente que ahora nos ocupa. Los cristianos hemos de estar a la altura de las circunstancias y responder en forma inteligente, valiente y creativa, a las exigencias del momento. Hemos de ser los primeros en promover los cambios que sean necesarios para que los pobres, migrantes, cesantes, enfermos, ancianos, escolares, etc. sean atendidos como merece su sagrada dignidad.”

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La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

Redacción piensaChile — Mon, 02 Oct 2017 17:51:09 +0000

Antecedentes históricos:

Carta a Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad por «apoyo» a Cheyre

Red Ciudadana DDHH

Santiago de Chile, 12 de julio de 2017

Señor
Javier L. Egaña Baraona
Director
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

Señor Egaña:

Junto con saludarle, por medio del presente precisamos exponerle una situación que involucra a la institución en la que Ud. participa como Director, a nuestro juicio, de extrema gravedad.

El diario “El Mercurio”, en su edición del día domingo 9 de julio recién pasado, informó que la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad entregó al general (R) Juan Emilio Cheyre una constancia de “buena conducta”, en base a antecedentes que desconocemos, la cual, seguramente, él utilizará para ser incorporada a los procesos que enfrenta por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Francamente, no podemos sino manifestar nuestro dolor y asombro ante este hecho, puesto que la Fundación aparece emitiendo esta constancia, relativa al comportamiento de un represor de la dictadura como bueno.

Ante esta situación, nos preguntamos por qué la Fundación, continuadora de la labor de la Vicaría, creada para defender y proteger a las víctimas, y que nunca había tenido una actuación de éste tipo, ha incurrido en este comportamiento. Los motivos que justificaron la elaboración de esta constancia por parte de la institución los desconocemos, y precisamos saber cuáles fueron ellos. En tal sentido, le solicitamos, formalmente, que nos informe acerca de este hecho. Esperamos una respuesta que aclare esta situación que, de por sí, es alarmante y grave.

Como familiares de víctimas de las horrorosas violaciones de derechos humanos de la dictadura, que Ud. y quienes trabajan en la Fundación conocen o conocieron, nos sentimos con todo el derecho de exigir esta respuesta. La situación de miles de familias, respecto de quienes aún no conocemos la Verdad acerca de lo ocurrido, hace casi imposible comprender este gesto con un general (R), que se encuentra actualmente procesado. Mediante dicho documento avalan su comportamiento previo, calificándolo de bueno, lo que seguro será utilizado por su defensa, en el marco de los procesos judiciales seguidos en su contra.

Nunca antes supimos de gestos de este tipo. Es peligroso equiparar así a las víctimas, siempre clamando Justicia, con los victimarios. Es imposible. Y Ud. o antes bien, Ustedes, con el documento que reprochamos, han dado un giro en ciento ochenta grados a vuestra histórica labor, reconocida mundialmente, trizando la confianza que antes depositamos en la Fundación.

Nosotros, señor Egaña, depositamos nuestra confianza, nuestras propias vidas en el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y cientos de sacerdotes, monjas y laicos que defendieron, sin dudar, la dignidad del ser humano. Usted, Ustedes, han faltado a un compromiso ético, histórico, y han roto la esperanza que nos ha mantenido en pie, siempre dignos, por décadas.

Ante esta situación, desde nuestra posición de inclaudicable defensa de los nuestros y, por ende, de preservar la Memoria para hacer un país mejor, le exigimos una respuesta que aclare estos hechos y a la brevedad.

Atentamente,

RED CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS

Francisco Ugás T.
Francisca Celedón B.
Gloria Cruz D.
María Lucía Villavicencio C.
Teresa Valdés E.
Sylvia Castillo A.
MaryAnn Beausire A.
Jose Miguel Enríquez W.
Isabel Ropert C.

Con Copia a:

Cristián Precht B.

Gustavo Villalobos S.

Enrique Pallet.

Alvaro Varela W.

Javier Manterola. Sacerdote.

*Fuente: RedCiudadana

La petición de Juan Emilio Cheyre que desató un quiebre inédito en la Vicaría de la Solidaridad

The Clinic Online 01 Octubre, 2017

“políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, indicó la secretaria ejecutiva de la institución, María Paz Vergara.

En agosto del año pasado el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre llegó en compañía de su abogado, Jorge Bofill hasta la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para pedir información respecto a si su nombre figuraba en los registros de la institución que lo vinculen a causas de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

Según consigna Reportajes de La Tercera, su solicitud entregada a la secretaria ejecutiva del organismo, María Paz Vergara, desató un quiebre interno inédito debido al resultado de dicho escrito, así como también por pasar por algo a algunos miembros del directorio.

Vale decir que dicha petición del general (r) que fue procesado por su participación como teniente en el regimiento Arica de La Serena en el marco del Caso Caravana de la Muerte, buscaba reforzar en un futuro ante la justicia que el papel que desempeñó se basaba básicamente en un rol administrativo.

Pues bien, Vergara admitió que reaccionó sorprendida, pero que Cheyre, “en honor a la verdad, tenía el derecho a preguntar”. Fue así como tras digerir el hecho, decidió consultarle al presidente del directorio, Javier Luis Egaña, quien dio luz verde a la petición.

El problema fue que el nombre de Cheyre no apareció cuando los encargados de documentación lo buscaron en los archivos referidos a víctimas de la dictadura, información que fue enviada a Cheyre.

“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, dice el documento.

Lo complicado de la situación es que el ex uniformado sí aparece en al menos 5 informes relativos a fallos de la institución vinculado a Consejos de Guerra de 1973. Allí firma sentencias contra reos del regimiento arica por “ocular armas y explosivos”, “agitación política” y “persona ejecutada”.

Es así como se puede decir que el error radicó en que se buscó el nombre de Cheyre en la base de datos ordinarios de víctimas, y no así en las sentencias donde sí aparece.

En ese sentido, Vergara aclara que “políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”.

De acuerdo a La Tercera, varios miembros del directorio expresaron su molestia por no ser considerados en la decisión de entregarle información a Cheyre, ya que traerá consecuencias inimaginables para la Vicaría. De hecho la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, decidió renunciar de manera indeclinable a su cargo en el directorio.

El resto del directorio hizo sus reparos y concluyeron no entregar información al solicitante, sino que sólo a tribunales.

“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice el miembro del directorio, Javier Manterola.

Vergara añade que “yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”.

Desde diferentes organismos han expresado su molestia por lo ocurrido. La presidenta de la Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Sylvia Castillo indicó que “no tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”.

“Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron en la defensa de Cheyre.

Vale decir que en el caso Cheyre corre el riesgo de recibir una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: The Clinic

La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

El general (R) junto a su abogado visitaron la Vicaría de la Solidaridad para pedir la revisión del archivo jurídico de la fundación para ver si su nombre figuraba en alguna denuncia que lo vinculara a crímenes de Derechos Humanos durante la dictadura militar con el fin de construir su defensa jurídica en el caso que lleva adelante el ministro Mario Carroza.

Por El Desconcierto / 01.10.2017 @eldesconcierto

Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.

Este hecho es descrito en el reportaje de F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala y cuenta cómo la petición de Cheyre generó un quiebre en el directorio de la fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El caso es inédito debido a que es la primera vez que un militar pide antecedentes sobre su participación en casos de derechos humanos. Esto tenía por intención construir la defensa jurídica del ex general para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, según consigna La Tercera.

Cabe recordar que el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. Mientras que la defensa del general en retiro argumenta que en ese momento él solo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se hicieron en el regimiento y que derivaron en los asesinatos.

El presidente del directorio, Javier Luis Egaña, proporcionó la autorización para el pedido del general (R),mientras que el resto del directorio de la fundación no fue consultado. Sin embargo, el hecho fue conocido con posterioridad y generó diversas reacciones.

De esta manera, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información sobre las víctimas de la dictadura militar.

El documento emitido por la Vicaría señala que “en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”. Este documento era importante para la defensa de Cheyre puesto que es un certificado oficial de una organización emblemática de la defensa de los derechos humanos que señala que el general en retiro no está en los registros de la institución

No obstante, el nombre de Cheyre aparece en otros documentos que corresponden a fallos de los Consejos de Guerra en La Serena que ocurrieron en octubre de 1973. El error se pudo cometer porque los encargados del archivo buscaron en la base de datos ordinarios donde era poco probable que apareciera el nombre de Cheyre en los documentos. Mientras que en los archivos que resguardan las sentencias figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército.

El resto del directorio manifestó su molestia frente a este hecho y todo desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda.

La defensa de Cheyre señaló que el documento lo utilizarán en la defensa de la causa del general (R) ya que sería una “prueba de descargo” en favor del ex uniformado. En enero, el ministro Carroza dictará la sentencia en el caso donde Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: El Desconcierto

El quiebre en la Vicaría por el caso Cheyre

Autor: F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala

La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.

Todos quedaron sorprendidos cuando el general (R) Juan Emilio Cheyre llegó junto a su abogado, Jorge Bofill, a las oficinas de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en La Reina. El ex comandante en jefe del Ejército había concurrido al lugar para entregar una carta en la que pedía a los encargados de la institución un requerimiento poco usual. “Vengo a solicitar a usted que se informe al infrascrito si en los antecedentes, información de trabajo u otro tipo de fuente disponible que obran en los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad existe alguna denuncia, acusación, constancia, queja o algún otro antecedente que vincule a mi persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas, que ocurrieron en Chile en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”, se lee en la misiva -a la que Reportajes tuvo acceso- que fue entregada por Cheyre a la secretaria ejecutiva de la fundación, María Paz Vergara, el 17 de agosto del año pasado.

Para nadie de los que estuvieron al tanto de esa tratativa el tema podía pasar por alto. Por primera vez un miembro de las Fuerzas Armadas requería información sobre su propia participación en casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. Hasta ese día, la institución solo había trabajado con las víctimas de los apremios ilegítimos y con sus familiares.

A ello se sumaba que quien pedía la información no era un militar cualquiera. En ese momento, Juan Emilio Cheyre estaba preparando su defensa ante la justicia para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de detenidos tras el Golpe Militar: la operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 personas.

Y el otrora uniformado, además, fue el primer comandante en jefe del Ejército en asumir la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet. “Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”, señaló en 2004.
El histórico gesto fue puesto en entredicho 12 años después, cuando el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. La defensa del general (R) ha sostenido que al momento de esos hechos éste sólo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se realizaron en el regimiento y que derivaron en los fusilamientos.

Justamente para reforzar ese argumento fue que Cheyre y Bofill llegaron a las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad.

La respuesta
La secretaria ejecutiva de la Vicaría, María Paz Vergara, señaló que no supo bien cómo reaccionar frente a la solicitud de Cheyre. “En honor a la verdad, él tenía el derecho a preguntar”, afirma al ser consultada por la gestión.

Pero aunque tenía la facultad para responder los requerimientos que suelen llegar a la institución -en general de víctimas o familiares consultando por archivos de causas-, Vergara logró calibrar lo delicado de la petición y decidió consultar al presidente del directorio de la institución, Javier Luis Egaña.

El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973.

El ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Ricardo Lagos y actual asesor de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia fue quien dio luz verde a la petición.
El resto del directorio de la fundación, compuesto por Enrique Palet, Cristián Precht, Francisco Javier Manterola, Álvaro Varela, María Luisa Sepúlveda y Gustavo Villalobos, no fue consultado por el tema y se enteró con posterioridad, manifestando distintas reacciones frente a lo ocurrido.

Según pudo establecer Reportajes, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información referida a víctimas del período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La respuesta fue enviada un día después a Cheyre.
“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, se lee en el documento, que fue enviado a los abogados del general (R) con la firma de María Paz Vergara.

La respuesta de la emblemática institución era esperada en la defensa de Cheyre: en sus manos estaba un certificado oficial de que su nombre no aparecía en los registros de la institución clave en la custodia de la documentación e información del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema se desató a días de conocerse en la institución la gestión solicitada.

Y es que -además de constituir un gesto inédito en la historia de la Vicaría de la Solidaridad- no pocos advirtieron que, contrario a lo que estipula el certificado despachado a Cheyre, el nombre del general (R) aparece en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena ocurridos en octubre de 1973 y que están en los archivos del organismo.

En esos documentos el entonces teniente Juan Emilio Cheyre aparece firmando sentencias en contra de reos del Regimiento Arica por acusaciones que van desde “ocultar armas y explosivos” y “agitación política”, hasta “persona ejecutada”.

Estos son parte de los documentos que ligan al general (R) Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.

Quienes conocen el funcionamiento del archivo de la Vicaría explican que el error se pudo cometer por un tema de procedimiento de los encargados del archivo, quienes buscaron en la base de datos ordinarios, la cual organiza la búsqueda por nombre de cada víctima. En esta línea -señalan las mismas fuentes- es poco probable que el nombre de Cheyre apareciera en los documentos que ellos manejaban.

Una situación que pudo arrojar un resultado distinto en caso de que se hubiese buscado en los archivos que resguardan las sentencias donde figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército como participante en Consejos de Guerra en cinco oportunidades.

“Políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, afirma María Paz Vergara.

Al ser contactado por Reportajes, el presidente del directorio de la fundación y uno de los responsables de la decisión, Javier Luis Egaña, prefirió no referirse al tema, aduciendo “estar con la agenda copada”.

El quiebre reservado
El resto del directorio supo días después de la visita del general (R) Juan Emilio Cheyre y su abogado a la Vicaría y fue entonces que se desataron las desavenencias que -hasta hoy- se mantenían en reserva.
Varios expresaron su molestia frente a lo que consideraron que la emisión del documento fue una equivocación de consecuencias insospechadas para la imagen de la institución.

La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, fue más allá y, por medio de una carta, renunció a su puesto en el directorio de la fundación, generando un quiebre inédito al interior de ese organismo.

“Ella es de las personas que más nos dan confianza, que más sabe de derechos humanos. María Luisa merece todo nuestro respeto, pero ella hubiera querido otro procedimiento y que fuera consultada”, reconoce el sacerdote Francisco Javier Manterola, también integrante del directorio.

Los intentos por retener a Sepúlveda para hacerla cambiar de opinión no tuvieron éxito. De todas maneras, la dimisión tomó carácter de indeclinable.

El resto de los miembros del directorio también hizo saber sus reparos. En primer lugar, pidieron revisar los protocolos y determinar si existen otras consultas formuladas por imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. En ese caso se estableció no responder directamente al solicitante, sino que sólo se entregue información a los tribunales.

Finalmente se debatió la improcedencia de la entrega de este tipo de documento y que ésta debió discutirse a nivel de directorio. “Pecamos de ingenuos”, sostienen, al tiempo que explican que también se demandó a Egaña que reconociera a otras organizaciones de derechos humanos que la decisión de entrega del certificado sólo fue visada por parte del directorio en caso de una eventual consulta.

“Yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”, argumenta María Paz Vergara.

El tema ha sido debatido en reserva en las organizaciones vinculados a la defensa de los derechos humanos, en parte para evitar la polémica pública y que se denote un quiebre en ese mundo.

El presidente de la Asociación de ex Funcionarios del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, escribió una carta dirigida a Javier Luis Egaña expresando su preocupación por la labor de la fundación de Documentación y Archivo. Egaña respondió lamentando los hechos ocurridos y comunicando los cambios en la política de la fundación.

La Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, en tanto, también envió una misiva a la entidad que dirige Egaña, que no ha sido respondida, en la que advierten que lo ocurrido fue una situación “extremadamente grave”, y aseguran que el documento avala el comportamiento de Cheyre y que será utilizado por su defensa en el proceso.

María Luisa Sepúlveda renunció al directorio de la fundación y se abrió un soterrado debate entre las organizaciones de familiares y víctimas del régimen militar.

“No tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”, dice la presidenta de la agrupación, Sylvia Castillo.

La petición a Carroza
Hace unas semanas, el ministro que investiga la causa en contra de Cheyre, Mario Carroza, recibió la visita de integrantes del directorio de la Fundación Vicaría de la Solidaridad en su oficina en calle Compañía.
Los visitantes le preguntaron si el certificado de la entidad había sido presentado por la defensa del general (R).

Sin embargo, Carroza respondió que aún no estaba en conocimiento del documento al que aludían. Fue entonces que los miembros del directorio solicitaron al ministro que en caso de tener a la vista el certificado en cuestión se le advirtiera a la fundación para “realizar precisiones”. Extrañado, Carroza se comprometió a avisarles.

Fuentes judiciales -no obstante- precisaron que este tipo de antecedentes se suman al expediente como uno más de los presentados por la defensa del general (R).

Contactados por Reportajes, desde la defensa de Cheyre se afirmó que el polémico documento siempre estuvo pensado para ser utilizado en la causa que involucra al ex jefe militar en violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sería -según explicaron- una “prueba de descargo” en favor del otrora uniformado. “Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron.

Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: La Tercera

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Chile: Un golpe de estado para masacrar y saquear a un País

Redacción piensaChile — Wed, 13 Sep 2017 02:09:15 +0000

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por cúpulas de las Fuerzas Armadas de Chile de la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército, en conjunto con Carabineros para derrocar al gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende.

Salvador Allende había asumido en 1970 como Presidente de Chile y la posibilidad de ser objeto de un golpe se había asomado mucho antes en el marco de la denominada “Guerra Fría”. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos políticos, empresariales y militares opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973.

El empresario que encabezó los enlaces con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para la planificación del golpe de estado, fue Agustín Edwards Eastman, quien fue propietario de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., que publica los diarios chilenos El Mercurio y La Segunda, entre otros. Las acciones de conspiración en Chile incluyeron medidas para la desestabilización del gobierno, campañas comunicacionales, la polarización del País, la promoción de la violencia civil, sabotajes, entre otras.

Si bien otros países sudamericanos vivieron también feroces dictaduras militares como Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina, la de Chile tuvo la característica de instaurar un grotesco laboratorio del modelo neoliberal, desarrollándose a su vez un amplio saqueo del País, otorgando amplios beneficios y privilegios a un grupo económico oligárquico instalándolos en la cúspide del poder, con un amplio proteccionismo desde el estado y co gobernando con los sectores militares golpistas, status logrado a través de múltiples actos de crueldad, persecución, asesinatos, masacres, , torturas y exilio de un amplio sector de la población.

Parte importante de este status y de los privilegios otorgados a esa oligarquía durante la dictadura militar se mantienen en el presente al interior del estado chileno y por razones legales, fácticas y también de corrupción, han sido parte importante de las negociaciones y sumisiones de los diversos gobiernos en el denominado retorno al periodo democrático, donde los grupos económicos luego del saqueo y control de recursos, bienes y servicios durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet Ugarte y la Junta Militar (11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990), que mantenía numerosas restricciones comerciales con países democráticos en el mundo, logran durante los gobiernos de la Concertación abrir caminos a la exportación por medio de numerosos tratados internacionales de Libre Comercio, siendo el gobierno de Ricardo Lagos el que más contribuyó en ese sentido, inflándose la fortuna a nivel mundial de grupos como Angelini, Matte, Paulmann, Luksic, Piñera, entre otros.

Durante la dictadura militar las aguas del País se mercantilizan a fines privados y se inicia un periodo de amplias privatizaciones, comenzando un proceso de expansión del extractivismo (minerías, forestales, celulosas, pesca, otros) y la sobre explotación de los territorios para el lucro de estos grupos.

El dictador Augusto Pinochet Ugarte murió el 10 de diciembre del 2006 con una gran fortuna que estaría relacionado con el saqueo y favores concedidos a intereses empresariales. Por su parte, el empresario conspirador del golpe, Agustín Edwards, murió el 24 de abril del 2017.

Antecedentes de la masacre

Con el golpe de estado se declara el Estado de Sitio en todo Chile y se prorroga hasta 1987. Esto significó la sustracción de la justicia y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas de dicho Estado de Sitio.

Bajo esta excusa el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer detenciones arbitrarias. Se calcula en más de 250.000 detenciones las realizadas los primeros días del golpe.

Ejecuciones sin previo aviso, desapariciones y muertos en falsos enfrentamientos, se volvieron prácticas habituales. Diversos testimonios han dado cuenta de la existencia en ese periodo de la delación entre vecinos y colegas fomentada por la Junta Militar.

A comienzos de la dictadura se disolvió el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, los partidos de izquierda fueron considerados ilegales y disueltos. Otros partidos fueron considerados en receso, mientras que los Registros Electorales se incineraron y se cesaron las funciones de Alcaldes y Regidores.

Si bien, no existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante ese periodo, el número que se ha dado bajo el comando de Augusto Pinochet, se estima en 40.280 personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura

Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.

La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197.

A su vez, en el informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.

Las principales cifras de estos informes arrojan que un 46 % aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política y la mayoría de los ejecutados militantes, eran integrantes del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda y del Partido Comunista. Los sindicatos también sufrieron parecida suerte. Estos fueron unos de los principales blancos de la oleada inicial.

Por su parte, al menos 150 religiosos fueron obligados a salir del país en los primeros compases de la dictadura. Las iglesias formaron grupos pro- defensa de los Derechos Humanos (Comité Pro-Paz) y su actuación en ocasiones llegó a enfurecer al propio gobierno.

Al final en 1975 está organización comandada por el Cardenal Silva es cerrada adoptando como motivo principal que es una organización por la cual los marxistas – leninistas crean problemas que perturban la tranquilidad nacional. En sus años de vida esta organización denuncio más de 6900 casos de persecución política además se asesoraron más de 6900 casos de exoneraciones.

Las persecuciones de religiosos se sucedieron y hubo muertes y torturas de sacerdotes laicos así como incendios de capillas. En 1974 los sacerdotes españoles Antonio Llido y Gerardo Poblete murieron a consecuencia de las torturas. El comité Pro-Paz del Cardenal Silva fue sustituido por la Vicaría de la Solidaridad creada por la Archidiócesis. Su labor de asesoramiento y de denuncias condujo a la persecución de los que trabajaban en ella.

Ante esto hubo grandes ejecuciones y secuestros masivos en el mundo del campesinado y comunitario. La persecución de dirigentes rurales iba paralela al desmantelamiento de la reforma agraria, traspasando tierras de campesinos y comunidades a intereses empresariales.

Se estima en más de 171 las personas de origen Mapuche que fueron ejecutadas o desaparecidas, según informe que encabezó el historiador Hernán Curiñir, señalando: “Existe el caso de una lactante menor de 1 año y una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado”.

Los Principales órganos de “inteligencia” que actuaron en esta política del terror eran: El Servicio de Inteligencia Militar. (S.I.M.), Servicio de Inteligencia Naval. (S.I.N.), El Servicio de Inteligencia de Carabineros. (S.I.CAR.), El servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. (S.I.F.A.), La dirección Nacional de Inteligencia. (DI.NA.), El Comando Conjunto, La Central Nacional de Informaciones. (C.N.I.), La Dirección de Comunicaciones de Carabineros. (DI.COM.CAR), Comando de Vengadores de Mártires. (CO.VE.MA.). Varios de agentes de inteligencia post dictadura formaron empresas de seguridad, como Osepar, que colaboraron con empresas forestales chilenas, tema que fue atendido por un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios y Guardias Privados y que presentó su Informe de Mision a Chile, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marzo de 2008.

Antecedentes del saqueo

No es posible desprender el golpe de estado con los principales grupos económicos beneficiados de la dictadura militar, como tampoco la fortuna del dictador. Según el autor del Libro “Pinochet, el gran comisionista”, la riqueza del dictador superó los 29 millones de dólares, pero hay voces que dicen que esta suma es muchísimo mayor: departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, propiedades en el Molocoton, Parcelas en Quintero, autos, entre otros. ¿Fortunas propias que se ganan en una carrera militar y de servicio a la “patria”?

725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos altamente concentrado cuya mayoría surgieron y se consolidaron en los primeros años de la dictadura. Al menos se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de diputados que fueron opositores a la dictadura y que recabaron información.

Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.

Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide, la que post dictadura fue administrada por los gobiernos de la concertación y que arrojó, por ejemplo, que grupos o personas como “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera, gane lo mismo que un millón de chilenos” con fortunas acumuladas de manera absolutamente inmoral, en gran parte a costa de la depredación de industrias extractivas, energéticas o la banca.

La estatal Endesa pasó a privatizarse y allí, los intereses de varios grupos económicos-políticos alineados con la dictadura pasaron a su vez a vincularse con la transnacional matriz en España. La misma, recibió el control de más del 80 % de las aguas de Chile. COPEC, el holding petrolero, conexa con empresas como Forestal Arauco y Celulosa Celco, pasó a las manos del empresario italiano Angelini. Grandes extensiones de tierras, muchas de las cuales eran de la reforma agraria de campesinos y comunidades, son traspasadas a favor de los grupos forestales, incluido los Matte con CMPC. Asimismo, con el cierre de numerosos medios de comunicación, Agustín Edwards se queda prácticamente con un monopolio, controlando la prensa escrita a través del mercurio y sus diarios conexos nacionales y regionales, convirtiéndose en el instrumento comunicacional de la dictadura y recibiendo fortunas de arcas públicas a costa del avisaje estatal. También, se puede señalar el paso de concesiones mineras a numerosas empresas extranjeras, entre numerosos otros casos relacionados al saqueo del País.

La salida del dictador

Pactos y diversos acuerdos establecidos entre militares, sectores político – empresariales de la ultra derecha chilena y la Concertación por la democracia habrían generado la salida pacífica del dictador Pinochet en 1990 a tal extremo, que los gobiernos “democráticos” terminaron administrando el modelo económico de la dictadura y continuaron con los beneficios para los grupos económicos privilegiados por el régimen militar.

Cabe señalar que el empresario y militante de la derecha, Sebastián Piñera, quien fue presidente de Chile entre los años 2010 al 2014, durante la campaña de 1988 del Sí y el No sobre la continuidad del Gobierno de Pinochet apareció manifestando su opción por el NO, tratando de vestirse en la gesta “democrática”. Era evidente que así sería para los grupos privilegiados por la dictadura. El modelo ya había sido impuesto, los monopolios y oligopolios ya habían sido instalados y mantener a Pinochet a la cabeza del estado era inviable ya que los distintos países calificados de “democráticos” y respetuosos de los derechos humanos no podían establecer relaciones comerciales – diplomáticas con una dictadura militar, la que además tenía una larga lista de denuncias por masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos, entonces, había que “sacar al dictador”, en pacto, para que luego los diversos tratados comerciales se pudiesen liberar.

Cabe mencionar que Piñera, durante la dictadura militar, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos muestran no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador que se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”.

Finalmente, Pinochet retornó a Chile y murió postrado, claudicado, sancionado moralmente, pero bajo una impunidad política y judicial otorgada por el pacto “Militar – político – empresarial”, cuya herencia se manifiesta en el presente en las estratosféricas fortunas de grupos económicos, una Constitución Política fáctica que sigue vigente y amplias redes de corrupción entre sectores empresariales con políticos.

*Fuente: MapuExpress

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Padre Alfonso Baeza Donoso; Defensor de los Pobres…Descansa en Paz

Redacción piensaChile — Sat, 07 Dec 2013 00:42:49 +0000

06 de diciembre de 2013
A los 82 años falleció el padre Alfonso Baeza Donoso. Su deceso se produjo la noche de este jueves en la casa de Clero de Santiago, mientras dormía… En el último tiempo tuvo serios problemas de salud con alteraciones a su sistema cardíaco y respiratorio.
La misa de exequias será el sábado 7 a las 13,00 hrs. en la Catderal de Santiago. Y, luego se realizará su funeral en el cementario general en el mausuleo familiar.
El padre Baeza fue el primer Vicario de la Pastoral Obrera de Santiago desde 1977 y hasta el 2000. Nació en 1931 y fue ordenado sacerdote en junio de 1960. Fue clave en la transición a la democracia y en la lucha de los Derechos Humanos y los trabajadores. Fue Director de Caritas Santiago y actualmente se desempeñaba como Administrador Parroquial en la comunidad Sagrado Corazón de Jesús de Estación Central.
Tras el golpe de Estado colaboró con el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad y durante todo ese período trabajó incansablemente, junto al cardenal Raúl Silva Henríquez, en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chile.
Otra característica de la misión y servicio del P. Alfonso fue su profundo amor a los trabajadores, cesantes, madres solteras y jóvenes de sectores populares. Siempre tuvo una palabra de aliento y Esperanza para que todos lucháramos por una sociedad más justa y buena para todos, sin excepción.
En el último tiempo, Alfonso Baeza, vibraba y se llenaba de alegría al escuchar las noticias sobre las palabras y reflexiones del Papa Francisco… Hace muy poco nos comentó: «Sí, estamos viviendo una primavera en la Iglesia, hay que escuhar con atención lo que nos dice Francisco, en especial sus prédicas diarias en casa Santa Marta…».
Desde revista Reflexión y Liberación, nuestro profundo reconocimiento a Alfonso por su fidelidad al Evangelio de Jesús y cercanía con el mundo popular. También un sentido pésame a su Familia y a la Iglesia de Santiago.

Consejo Editorial de revista «Reflexión y Liberación».

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Testimonio sobre el Hno. Alfonso Baeza

“Creerle a los trabajadores y a los pobladores, creer en sus capacidades y aptitudes más que lo que nosotros podemos hacer. Yo hice todo lo posible por no entrar al Seminario. Me sentía como condenado a muerte cuando entre ahí, pero eso es lo que quería el Señor y no quería comportarme como el joven rico del que habla el evangelio que se negó a hacerlo.”
De estatura baja, igual que su perfil, Alfonso Baeza intenta pasar más desapercibido de lo que realmente puede. A propósito de la conmemoración de los cuarenta años del golpe militar, pero sobre todo por su activa e incansable participación como ex Vicario de la Pastoral Obrera es múltiplemente convocado a conversatorios, exposiciones, presentaciones de libros y encuentros. No han sido espacios buscados ni protagonismos deseados. Así, como al hecho de ser cura fue empujado irremisiblemente por el destino, en suma por su práctica evangélica en la huella del Nazareno, se caracteriza por compartir en todos los lugares y personas con la sencillez de un hombre que cree poco en lo halagos, pero mucho en las opciones evangélicas, sobre todo cuando ésta toma el rostro de las mayorías sociales, sus realidades y esperanzas.
Desde las vivencias conocidas como voluntario en el basural de San Manuel a inicios de la década del cincuenta pasó, en la década del sesenta, a hacerse parte del mundo popular compartiendo sus condiciones, tanto de espacio como de actividad (viviendo en la población José María Caro y acompañando a los trabajadores). Más tarde, por su opción de estar con los perseguidos y violentados de la dictadura, Alfonso Baeza junto a muchas y muchos otros religiosos y laicos, comprometió su existencia en pos de la defensa y promoción de los derechos humanos, concepto que ha intentado entender en su dimensión más ancha y profunda, por ejemplo acompañando a los familiares de las 81 personas asesinadas en la cárcel de San Miguel en diciembre de 2011 y hablando claro en pos de un sistema más humano, cristiano y digno hipotecado por el actual sistema dominante.
*Fuente: Reflexión y Liberación

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