Venezuela ha declarado el estado de emergencia tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, los cuales provocaron el colapso de numerosos edificios en distintas zonas del país, dejando un trágico saldo de al menos 1,943 muertos y cerca de 10,000 heridos (para la fecha de publicación de este artículo). Ante la magnitud de la tragedia, varios países han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han comenzado a coordinar a la mayor brevedad el envío de suministros y equipos de rescate hacia las áreas más afectadas. Sin perder tiempo, el gobierno venezolano organizó los operativos de búsqueda y salvamento, contando con la participación de contingentes internacionales.

Una década de sanciones obstaculiza la respuesta ante el desastre

El viceministro de Política Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, informó en mayo que el país ha sido objeto de 1,088 medidas coercitivas unilaterales durante los últimos 11 años, de las cuales 1,040 permanecen activas. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 1,000 sanciones económicas que dificultan severamente la adquisición de medicamentos, una situación que se vuelve crítica dado que varios hospitales se encuentran colapsados por la cantidad de heridos.

Estas sanciones estadounidenses, sumadas a la crisis económica derivada, entorpecen las labores de rescate. Los equipos de emergencia deben remover escombros y buscar sobrevivientes con recursos muy limitados, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para encontrarlos con vida. La situación se ha agravado aún más debido a los masivos apagones en gran parte del país, que también han interrumpido las telecomunicaciones, dejando a miles de venezolanos en el exterior sin posibilidad de comunicarse con sus familias.

Esta vulnerable realidad se ha visto propiciada por las sanciones y la política agresiva de Washington. Durante años, el gobierno venezolano ha operado bajo un asfixiante bloqueo que ha mermado su capacidad para suministrar o producir los materiales necesarios para afrontar desastres naturales de esta envergadura. Washington era consciente de la escasez de insumos médicos en el país; por ello, uno de los primeros envíos de EE. UU. tras el secuestro de Nicolás Maduro consistió en 65 toneladas de suministros médicos, lo que representa un reconocimiento no oficial del impacto de sus propias sanciones. Este impacto directo también se evidencia en las estaciones de monitoreo e investigación sísmica de Venezuela, cuyas restricciones financieras han impedido su actualización tecnológica, obligando al gobierno a cerrarlas parcialmente.

Washington intenta limpiar su reputación

Tras los terremotos del 24 de junio, Estados Unidos afirmó estar en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando asistencia para la nación sudamericana, históricamente afectada por el embargo de Washington. Donald Trump fue uno de los primeros líderes en prometer apoyo: «EE. UU. está listo, dispuesto y capaz de ayudar. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos».

Asimismo, el gobierno estadounidense emitió la Licencia General 60 de la OFAC, una autorización temporal vigente hasta el 23 de octubre de 2026 que permite procesar transacciones vinculadas a la asistencia humanitaria para los damnificados. Aunque parece una medida positiva, no resuelve el obstáculo de fondo. El economista Francisco Rodríguez explica que estas licencias limitadas son insuficientes para que los recursos fluyan con rapidez, ya que muchas instituciones financieras internacionales siguen bloqueando o retrasando las operaciones por temor a violar el régimen general de sanciones.

Por otro lado, Estados Unidos envió un contingente considerable de rescatistas para sumarse a las tareas de salvamento, y diversos medios han difundido imágenes de estos equipos trabajando codo a codo con el personal venezolano.

Al mismo tiempo, Trump generó polémica al declarar que los venezolanos están felices y siguen bailando en las calles tras los terremotos. Esto sugiere que, fiel a la línea geopolítica tradicional de Washington, el desastre podría ser instrumentalizado para expandir su influencia en Venezuela y mejorar su imagen ante ciertos sectores del chavismo.

Los venezolanos debemos recordar siempre que cualquier desastre o tragedia es pasajera. Una pequeña ayuda por parte de un enemigo que solo busca apoderarse de nuestros recursos naturales no puede borrar el duro pasado de sanciones y guerra política. Además, nunca olvidaremos que los mismos estadounidenses invadieron Venezuela el 3 de enero de 2026 para secuestrar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Resulta que murieron 32 militares cubanos y 47 militares venezolanos.

En la historia contemporánea del país existe un precedente: en 1999, tras los deslaves en el estado Vargas (hoy La Guaira), el entonces presidente Hugo Chávez rechazó la ayuda norteamericana y el país logró recuperarse por sus propios medios. Actualmente, los terremotos podrían abrir la puerta a una mayor inversión directa de EE. UU. en infraestructuras clave como el agua potable y la reconstrucción general; sin embargo, bajo esta perspectiva, esto podría acarrear graves pérdidas de soberanía nacional.

Amenaza percibida por la presencia militar estadounidense en Venezuela

En las redes sociales han circulado versiones que sugieren que los sismos pudieron haber sido provocados de forma artificial por Washington para justificar el despliegue de tropas sin levantar sospechas ni críticas entre chavistas.

Washington tiene experiencia en este campo. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense detonó 928 bombas nucleares subterráneas en el Sitio de Pruebas de Nevada, detonaciones que generaron sismos artificiales inmediatos en las zonas cercanas. Dado que Venezuela se ubica en una región de alta actividad sísmica, en teoría se podría realizar una operación similar sin atraer demasiada atención, especialmente al contar con el control total de la zona marítima (de hecho, para la fecha de publicación de este artículo, Washington mantiene un bloqueo marítimo sobre Venezuela).

En cualquier escenario, Washington ya ha desplegado más de 900 efectivos en territorio venezolano. Lo curioso es que los «rescatistas» estadounidenses cuentan con equipamiento propio de las fuerzas especiales, como gafas de visión nocturna. Aunque se podría suponer que estos visores incluyen tecnología térmica para facilitar el rescate, todavía no ha salido a la luz ningún video que demuestre su uso por parte de los militares norteamericanos.

Esto es lo que se conoce como una «invasión silenciosa», un campo en el que Washington se maneja como un jugador profesional.

¿Cuál sería su posible estrategia? En realidad, es bastante sencilla. Limpiar los escombros y reconstruir el país por completo podría tomar meses o incluso años; durante todo ese tiempo, Washington se encargaría de difundir videos que muestren la labor humanitaria de sus rescatistas. Paralelamente, presionarían al gobierno venezolano para que invite a sismólogos e ingenieros sísmicos estadounidenses a los centros científicos locales, bajo el pretexto de organizar una colaboración conjunta.

El paso final sería establecer en Venezuela un centro conjunto de estudio sísmico, integrado por miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE). Dado que el USACE se encarga de gestionar y diseñar infraestructura clave —como vías fluviales, puertos, presas y proyectos de mitigación de desastres—, la justificación estaría servida. Por supuesto, la seguridad de estas instalaciones quedaría en manos de militares de las fuerzas especiales. De este modo, Washington lograría fundar, de manera sutil, una base militar en territorio venezolano.

Al demostrar la ventaja de la presencia estadounidense en el país, la Casa Blanca propondría a Caracas el despliegue de sus militares bajo el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Una presencia militar permanente no solo permitiría monitorear mejor la situación interna, sino también prevenir amenazas contra los intereses nacionales de Washington. En última instancia, el objetivo general de la Casa Blanca es desmantelar la ideología del chavismo para consolidar un aliado bajo su control.

Por su parte, la oposición venezolana ya ha dejado un ejemplo elocuente de cómo funcionan los vínculos amistosos con Washington. Esto quedó en evidencia cuando la líder opositora, María Corina Machado, se vio obligada a solicitar el permiso de la Casa Blanca para regresar a Venezuela tras los terremotos; una petición que frustró a los altos funcionarios estadounidenses, quienes finalmente no autorizaron su retorno.

Los terremotos eventualmente pasarán, pero sus repercusiones políticas amenazan con perdurar. La asistencia internacional, especialmente la de Estados Unidos, no debería transformarse bajo ningún concepto en una ocupación militar, ya sea de carácter temporal o permanente.

El articulo Post-terremoto en Venezuela: el riesgo de una ocupación militar disfrazada de reconstrucción apareció primero en piensaChile.

Un grupo de rescate y salvamento de la República de #Cuba arribó este domingo a #Venezuela por el aeropuerto Internacional de la ciudad de Valencia, para brindar su mano solidaria.

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos

El encargado de negocios John Barrett informó que las unidades militares del SOUTHCOM ya se movilizan para apoyar la misión y precisó que el mayor Kevin J. Jarrard coordinará los esfuerzos con personal en el terreno.
*Fuente: Infobae

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La extradición del «cerebro financiero» de Maduro

El gobierno de Venezuela ha confirmado oficialmente que entregó al exministro de Industria Alex Saab a las autoridades estadounidenses. La formulación —«deportación en cumplimiento de la legislación migratoria»— dice mucho por sí sola sobre cómo las nuevas autoridades de Caracas están posicionando sus relaciones con la Casa Blanca. Y también sobre el estado de tensión y miedo en el que se encuentran ahora las élites venezolanas, que se preguntan quién será el siguiente.

¿Quién es Alex Saab?

Nacido en Colombia y procedente de la diáspora libanesa, Alex Saab es una de esas personas que saben moverse por varias jurisdicciones a la vez. Tiene la ciudadanía de Colombia, Venezuela y Antigua y Barbuda; empresas en Turquía, Antigua, Hong Kong, Suiza y Panamá; pasaportes diplomáticos de dos países —y, sin embargo, nunca ocupó oficialmente un cargo público hasta octubre de 2024.

Saab sabía resolver problemas que el aparato estatal no podía resolver. A partir de 2011, se convirtió en un contratista clave para dos programas sensibles: la construcción de viviendas sociales (Gran Misión Vivienda Venezuela) y la distribución de los paquetes de alimentos subsidiados CLAP.

Fue precisamente el CLAP, en medio de las sanciones occidentales, lo que realmente alimentó a los sectores más pobres de la sociedad venezolana. Saab, en esencia, construyó la logística que el Estado no sabía armar por sí mismo: Turquía aportaba la infraestructura comercial y bancaria, Irán — el trueque (oro a cambio de gasolina y alimentos), Antigua — los canales financieros, Colombia — el nodo de tránsito.

Pero describir a Saab solo como el «tesorero de Maduro» es simplificar mucho las cosas. Era el operador del circuito de comercio exterior del régimen en medio de las sanciones. A través de sus estructuras salía el oro venezolano para la exportación: parte por Turquía, parte por los Emiratos Árabes Unidos y Irán. También a través de él se forjaban las relaciones con aquellas empresas occidentales que, a pesar de toda la presión pública de las sanciones, seguían trabajando de facto con Caracas.

Esta no es la primera vez que Saab es detenido y extraditado.

El 12 de junio de 2020, cuando Saab volaba de Caracas a Teherán, el avión hizo una parada para repostar en la isla de Sal, en Cabo Verde. Allí lo detuvieron, tras una notificación de Interpol emitida a petición de EE. UU. Las autoridades venezolanas declararon de inmediato a Saab como diplomático en misión humanitaria oficial y exigieron su liberación.

Es curioso que la notificación de Interpol se emitiera un día después de la detención real, y en ese momento no existía ningún acuerdo de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. La Corte de la CEDEAO exigió su liberación, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que se suspendiera la entrega. Nada sirvió.

Las condiciones de reclusión eran las siguientes: una celda de aislamiento de 3×3 m, altas temperaturas, falta de iluminación adecuada y privación de atención médica. Y en octubre de 2021 fue extraditado a EE. UU.

En Miami, la presión siguió: en un apartamento clandestino de la CIA le aplicaron métodos que los abogados calificaron como tortura con agua, con el objetivo de obligarlo a firmar un acuerdo de cooperación con la investigación y una declaración de culpabilidad contra Maduro. En total, Saab pasó más de dos años detenido, desde junio de 2020 hasta diciembre de 2023.

Es precisamente en este contexto donde resulta reveladora la historia del intercambio de 2023: Biden indultó a Saab a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y 20 presos políticos. Y fue justo entonces cuando Chevron se afianzó aún más en el sector petrolero venezolano. En otras palabras, su valor para Caracas era tal que, literalmente, pagaron por él con decenas de personas y con acceso a los recursos.

En octubre de 2024, Maduro nombró a Saab ministro de Industria y Producción Nacional —ya abiertamente, reconociendo públicamente su «capacidad de gestión». Como ministro, se encargó de los programas de sustitución de importaciones y de atraer inversiones extranjeras. Y, al menos en lo que respecta a atraer inversiones, realmente logró hacer mucho en muy poco tiempo.

¿Por qué entregaron a Saab justo ahora?

La respuesta a por qué las nuevas autoridades de Venezuela entregaron a Saab es un poco más compleja que una simple purga de la élite de los partidarios de Maduro, y se esconde en las relaciones de Saab y su equipo con sus contrapartes occidentales.

Cómo Saab cambió la economía de Venezuela

Tras la catástrofe de 2017-2019, la economía de Venezuela estaba en proceso de recuperación. 20 trimestres consecutivos de crecimiento, PIB +8,66 % en 2025, previsión para 2026: alrededor del 12 %, es decir, el mejor indicador de América Latina. Los productos occidentales aparecieron en las tiendas, en un país donde hace solo 10 años la gente hacía fila por papel higiénico.

Los ingresos petroleros, la coyuntura internacional y el alivio parcial de las sanciones crearon las condiciones para el crecimiento. Pero las condiciones no sirven de nada si no se aprovechan bien. Se necesitaba un mecanismo y saber cómo trabajar con los socios occidentales para que los negocios se llevaran a cabo a pesar de los regímenes oficiales de sanciones.

Ahí es precisamente donde se encontraba Saab: entre la corporación petrolera PDVSA y sus socios occidentales, entre el petróleo venezolano y quienes sabían cómo procesarlo y venderlo. Nos referimos principalmente a Chevron, JP Morgan y la red de filiales y estructuras offshore que participaban en proyectos de extracción y en la industria del gas. Los esquemas que permitían a estas estructuras mantenerse «en el juego» a pesar de las sanciones los construyó precisamente Saab y la gente a su alrededor.

Es decir, la esencia principal está en quién está ahora detrás de la redistribución de los activos venezolanos. Como ya analizamos en detalle antes, uno de los factores clave fue la lucha entre los intereses de JP Morgan (a través de Dalinar Energy) y el principal donante de Trump, Paul Singer (a través de Amber Energy, que al final ganó la subasta para la venta de activos venezolanos).

Al mismo tiempo, el aliado de Trump Harry Sargent III, cuya empresa opera en Venezuela desde los años 80, promovió activamente la candidatura de Delcy Rodríguez como líder interina controlable —y es ella quien ahora está al mando.

En otras palabras: hubo un cambio de beneficiarios. Los esquemas que manejaba Saab estaban diseñados para una sola configuración de intereses: el equipo de Maduro más aquellas estructuras occidentales que trabajaban con ellos bajo el mandato de Biden. La nueva configuración se está construyendo para otro equipo. El nuevo equipo no necesita a los antiguos operadores; los necesita la fiscalía estadounidense como fuente de información sobre los esquemas de sus predecesores.

Otra historia interesante es la colaboración con Rusia. Saab estuvo negociando con representantes rusos sobre cooperación técnico-militar, incluyendo la posible localización de la producción de drones rusos en Venezuela. Los proyectos no se llevaron a cabo porque los venezolanos le daban prioridad al armamento tradicional —armas de fuego, ametralladoras AK y demás— lo que, en la realidad actual, parece un error estratégico.

Lo irónico es que las autoridades de Irán —el país con el que Venezuela colaboraba activamente precisamente a través de Saab— sí desarrollaron drones en su propio territorio. Y precisamente esta tecnología, dentro de la lógica de la «disuasión asimétrica» en la zona de presencia caribeña de EE. UU., habría sido un argumento mucho más sólido que las miles de ametralladoras que hoy simplemente están encerradas en los arsenales.

La conclusión principal de toda esta historia: Alex Saab no es solo un acusado en el proceso penal de EE. UU. contra Maduro. Es un hombre que sabe cómo funcionaban los esquemas financieros para eludir las sanciones, quién y en qué condiciones tenía acceso al petróleo venezolano, cómo se movía el oro a través de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, y quién exactamente de las estructuras occidentales estaba «al tanto» a pesar de los regímenes oficiales de sanciones.

Es precisamente por eso que la fiscalía estadounidense lo necesita tanto —y es precisamente por eso que su entrega por parte de las nuevas autoridades de Caracas indica un cambio cualitativo en las reglas del juego en el país.

Rybar es el seudónimo de Mikhail Zvinchuk, un destacado analista militar ruso, ex traductor militar de árabe y antiguo empleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. Es la figura principal detrás del canal homónimo en Telegram, una de las redes de blogs militares más influyentes de Rusia. En su artículo aporta, entre otras novedades informativas, esta: «Harry Sargent III , socio de Trump, cuya empresa opera en Venezuela desde la década de 1980, promovió activamente a Delcy Rodríguez como una líder interina manejable, y ahora ella está al mando». De confirmarse seria una explicación sobre la actual relación estrecha entre Trump y la señora Rodríguez.

*Fuente: Rybar

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Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por las fuerzas armadas de Estados Unidos, la oposición venezolana radical inició la movilización masiva de sus fuerzas para llegar al poder en Venezuela, todavía controlada por el gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez. Dentro del país, los subordinados de la dirigente radical de Venezuela iniciaron el proceso de preparación del terreno para su regreso al país de María Corina Machado (abandonó Venezuela el 9 de diciembre de 2025 para recibir el premio Nobel de Paz).

En abril, la dirigente en viaje permanente anunció que se presentará como candidata en unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela. Sus colegas residentes en el suelo venezolano expresaron apoyo a esa candidata que, a primera vista, parecía un ángel político con reputación intocable.

En retrospectiva, se puede decir que María Corina Machado tiene páginas oscuras en su biografía, y este artículo las acumula para recordarles a los lectores que los venezolanos no queremos ver a Machado liderando nada en nuestro país.

Declaraciones criminales

El 14 de abril de 2018, María Corina Machado expresó su apoyo los bombardeos de las FF.AA. de Estados Unidos en Siria con alusión de que le gustaría que lo mismo ocurriera en Venezuela. Hay que recordar que eso viola el artículo 132 de Código Penal de Venezuela “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela…”

El 5 de diciembre de 2018, Machado les pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, una intervención militar en Venezuela.

El 15 de marzo de 2019, María Machado llamó a la Asamblea Nacional a aplicar el artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República, que permite al órgano legislativo autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Así, Machado nuevamente llamó a la intervención extranjera, pero esta vez a la intervención de las fuerzas internacionales, no solo a las estadounidenses. Lo curioso es que ella misma afirmó que avanzar con esta opción tendría riesgos para el país.

El 22 de marzo de 2019, María Machado llamó a activar la Responsabilidad de Proteger (conocida como R2P por sus siglas en inglés), un principio internacional adoptado por la ONU en 2005. Este establece que los Estados tienen el deber de proteger a sus poblaciones contra cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, Machado propuso la intervención militar en Venezuela sin pensar que eso provocaría un “baño de sangre”.

El 3 mayo 2019, Machado nuevamente reclamó una intervención extranjera como la única vía para poner fin al gobierno de Maduro.

El 8 de junio de 2020, María Machado propuso la conformación de una coalición internacional capaz de desplegar una Operación de Paz y Estabilización (OPE) en Venezuela. Según Machado, una operación de paz de este tipo debe incluir, en primer lugar, el control del territorio, la seguridad y el desarme de las Fuerzas Armadas. En su visión, lo ideal es que dicha operación no esté bajo la égida de una sola organización, sino que sea conformada por una coalición de aliados en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Cabe recordar que el TIAR es un pacto de defensa colectiva — del cual Venezuela no es miembro (se retiró en 2012 y formalizó su denuncia del tratado en 2013) — que establece que un ataque armado contra un país miembro se considera un ataque contra todos. Machado solicitaba, una vez más, una agresión contra Venezuela que obviamente provocaría víctimas en todos los frentes. Al inicio de su discurso, Machado afirmó: “La bandera iraní ya ondea en el centro de Caracas. El liderazgo democrático del hemisferio no puede ignorarlo. Es una provocación que nos obliga a actuar”.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron por sorpresa una operación militar contra Irán, bombardeando ciudades iraníes. Entonces, el mundo comprendió nuevamente quién representa la verdadera amenaza a la estabilidad internacional: y no es Irán. Al finalizar su discurso, Machado destacó que en la historia existen múltiples ejemplos de intervenciones internacionales exitosas.

Además, en ese mismo discurso, aplaudió las sanciones occidentales impuestas a las empresas del Estado, medidas que provocaron una crisis humanitaria y económica en el país. En su carta abierta, Machado instó a un bloqueo total de los flujos financieros y materiales de Venezuela hacia Cuba. De este modo, apoya la política de sanciones letales contra dos países latinoamericanos.

El 17 de octubre de 2025, durante una llamada telefónica, Machado expresó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones contundentes durante la guerra contra Palestina, así como por los logros militares de Israel en la Franja de Gaza. Estas declaraciones se produjeron en un momento en que, en septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel ya había determinado que Israel ha cometido actos de genocidio en la Franja de Gaza.

El 5 de noviembre de 2025, Machado respaldó el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra Venezuela y su despliegue militar en la región. Más tarde, el 14 de diciembre de 2025, en nombre del pueblo venezolano, agradeció a Estados Unidos por la incautación de un petrolero venezolano frente a las costas del país. En el mismo discurso, también apoyó el bloqueo económico total de su nación por parte de Washington. Así fue como demostró su “preocupación” por la economía nacional. Resulta interesante preguntarse qué pensaba en aquel momento sobre los niños y los ancianos pobres, sabiendo que las sanciones occidentales han sido causantes de la pobreza en el país.

El 15 de mayo de 2026, Machado se pronunció dos días después de las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible incorporación de Venezuela como el «estado 51» de la nación norteamericana. En lugar de criticar y rechazar esta agresión política, interpretó las palabras del mandatario como una señal de gran peso, señalando que el jefe de la Casa Blanca “está enviando un mensaje a mucha gente, y ciertamente al gobierno venezolano”. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó ese mismo día que Venezuela «jamás» ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos. Así se evidencia la diferencia entre el verdadero patriotismo y el patriotismo falso disfrazado de adulación.

Episodios de la biografía de María Corina Machado

En abril de 2002, María Corina Machado firmó el llamado Decreto Carmona, mediante el cual las élites venezolanas derribaron al entonces presidente Hugo Chávez y disolvieron todos los poderes públicos y la Constitución para instaurar una dictadura empresarial con el fin de recuperar el control del petróleo. La operación fue financiada por la cúpula empresarial y ejecutada con el apoyo de medios opositores que utilizaron propaganda manipuladora.

El 31 de mayo de 2005, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, recibió a María Corina Machado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En ese momento, Machado acudió en calidad de fundadora y directora de la organización civil Súmate, creada en 2002. Es sabido que Washington financia organizaciones civiles y diversas ONG en los países donde pretende derribar al gobierno o presionar a los mandos locales. Por otro lado, cabe mencionar la violación de protocolos diplomáticos por parte de Machado debido a la longitud de su falda.

En julio de 2005 fue juzgada por cargos de conspiración, debido a que aceptó una subvención de 31.000 dólares de la ONG National Endowment for Democracy, controlada por el Congreso estadounidense, para llevar a cabo actividades de educación electoral en Venezuela. En aquellos tiempos, María Corina Machado ya sabía cómo promover la democracia en el mundo con la ayuda de los dólares estadounidenses otorgados.

Un poco de la educación de María Corina Machado

María Corina Machado se formó en la Academia Merici, uno de los colegios privados católicos y bilingües para mujeres más tradicionales y prestigiosos de Caracas, donde el costo de la mensualidad suele superar los $350. Durante su etapa escolar, complementó su educación con una estancia temporal en el internado femenino Dana Hall School, en Estados Unidos (1982-1983), antes de regresar a Caracas para finalizar sus estudios. Un año escolar en Dana Hall cuesta entre 60 y 80 mil dólares. Posteriormente, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y se especializó en Finanzas y Política.

En 2009, María Corina se graduó de un programa en la Universidad Yale —una institución privada estadounidense con un costo anual estimado de 100.000 dólares para el pregrado—, cuyo objetivo es preparar líderes políticos para ocupar cargos estatales. Bajo la fachada de la formación académica, Washington mediante la Universidad Yale agrupa a políticos liberales de todo el mundo con el fin de facilitar su llegada al poder, incluso mediante revoluciones de color. Es evidente que en dicha institución se forma a líderes fieles a los intereses de Estados Unidos. Además de Machado, en diferentes años se han graduado figuras como Fares Mabrouk (revolucionario tunecino), Carlos Vecchio (exencargado de Negocios del gobierno opositor de Venezuela en EE. UU.) y Julio Guzmán (excandidato presidencial de Perú y líder del Partido Morado).

Teniendo en cuenta los elevados costos de su educación, no resulta extraño que para ella sea indiferente lucir una chaqueta de Proenza Schouler —con un precio mínimo de 1.500 euros— durante un encuentro con Donald Trump.

Sus familiares

Su padre, Henrique Machado Zuloaga (1930 – 2023) fue un ingeniero civil y uno de los empresarios siderúrgicos más influyentes de Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX.

Inició sus estudios en Caracas, egresando como bachiller del emblemático Liceo Fermín Toro. Posteriormente, ingresó a la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de Ingeniero Civil en 1953. Después viajó a Europa a principios y allí cursó estudios de Planificación en la Universidad de París (Sorbona) y, más tarde, se especializó en Economía en la prestigiosa London School of Economics (LSE) en el Reino Unido. A su regreso a Venezuela, Machado Zuloaga se incorporó al aparato productivo privado, dedicando la mayor parte de su vida profesional a la Siderúrgica Venezolana S.A. (Sivensa). A diferencia de su hija, su padre rechazó firmemente la opción de abandonar el país y decidió permanecer en Caracas hasta el día de su fallecimiento. Este es un hecho fundamental en toda la historia. Mientras Machado siempre ha alegado amenazas contra sus familiares para justificar la residencia de todos sus hijos en el extranjero, el ejemplo de su padre muestra lo contrario. Por lo tanto, las historias sobre amenazas no son más que una cortina de humo para justificar los estudios lujos y el trabajo de sus hijos en el exterior.

Otro miembro destacado de la familia es la hija mayor, Anna Corina Sosa, quien nació en Caracas. Actualmente reside en Nueva York, donde ocupa un cargo ejecutivo en Celonis, una multinacional de software y tecnología.

Al igual que su madre, Sosa es ingeniera. Aunque inició sus estudios en Venezuela, en 2012 dejó el país alegando la necesidad de «preservar su seguridad». Cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de Michigan, graduándose en 2014, y posteriormente obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard.

Sosa se formó bajo valores estadounidenses y parece ajena a la realidad de los venezolanos. Se ha convertido en representante de una élite que, desde Estados Unidos, apoya la política de sanciones contra Venezuela. Le resulta indiferente la situación del país, ya que su vida está establecida en el extranjero. El padre de María Machado demostró con su ejemplo que no existían amenazas reales contra su vida. Machado vivió en Venezuela con tranquilidad hasta su partida; sin embargo, fue su propia decisión abandonar el país para reforzar la presión desde el exterior, reunida con diversos políticos y promocionando ideas devastadoras.

Conclusión

Ya lo dijo escritor uruguayo Eduardo Galeano:

“Las guerras dicen que ocurren por nobles razones… ninguna tiene la honestidad de confesar: ‘Yo mato para robar’. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia…”. Honrar la valentía de quienes luchan por la libertad es justo, pero confundir “lucha por la paz” con abrir las puertas a los mandatos militares foráneos es un contrasentido que la historia latinoamericana conoce demasiado bien. El desafío está en reivindicar una paz construida desde abajo, con participación popular y sin tutelas imperialistas.

Este artículo debe servir como un recordatorio permanente de que los venezolanos no queremos ver a Machado liderando nada en nuestro país.

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Movimientos sociales, políticos y sindicales de Estocolmo han salido ayer, viernes 17 de abril, a la calle en solidaridad con Cuba, Palestina, Iran, Líbano y Venezuela marchando a través de la ciudad hasta llegar a la Plaza Medborgarplatsen. A través de lienzos, banderas y carteles, cientos de participantes denuncian los bloqueos y agresiones, expresando su solidaridad y exigiendo respeto a la soberanía y autodeterminación de esos pueblos, toda esta actividad tuvo con un fuerte enfoque antiimperialista. 

Plaza Medborgarplatsen
Concentración a las 18:00, marcha hacia Slussen
Organizadores: AIA Acción Antiimperialista, Asociación Sueco-Cubana, Partido Comunista, RKU, La Voz del Pueblo, JAA Alianza Judía Antisionista, Grupo de Trabajo Palestino de Estocolmo, Consejo de Paz de Suecia, Red por la No Alianza y la Paz, AES Solidaridad, Amigos de Toufan.
Video, filmación y edición: ALRA (CSN-CFA)

Estocolmo, 17 de abril de 2026

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El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos abrió una ventana de oportunidad para el campo opositor de tomar el poder en Venezuela. La oposición radical, encabezada por Machado, podría aprovechar esa ventana para desatar provocaciones, simular delitos por parte del gobierno venezolano y emplear otros métodos de propaganda negra.

Analizando los movimientos en el terreno y las dinámicas internacionales, los indicios apuntan a una conclusión perturbadora: convencida de que el tiempo para una transición de poder se está agotando, Machado empezó a considerar seriamente desencadenar una guerra civil rápida en Venezuela, utilizando su presunto arresto como el detonante. Esa conclusión confirma fuente cercana al mando opositor que indica preparación para posible cambio forzoso del poder en el país. Desde el primer punto de vista, se puede concluir que es una acusación sin pruebas; por eso hay que analizar el contexto que rodea a Machado y su actividad política.

Para entender la urgencia de Machado, es preciso observar el cambio de paradigma en la Casa Blanca. Según revelaciones recientes, administración de Donald Trump planificó el secuestro de Maduro con meses de antelación, pero la sucesión no fue diseñada para la oposición venezolana. El exejecutivo de Chevron en Venezuela, Ali Moshiri, jugó un papel clave aconsejando a la CIA que instaurar a Machado llevaría a un escenario negativo, argumentando que la líder opositora carecía de control sobre el aparato de seguridad y las estructuras chavistas. La recomendación fue clara:

apostar por Delcy Rodríguez para evitar dramáticas perturbaciones y asegurar la estabilidad institucional. Eso se explica la distancia entre María Machado y Donald Trump: Machado apoya elecciones presidenciales a corto plazo, Donald Trump ve a Delcy Rodríguez como la sucesora del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Comprendiendo la postura política de Trump, Machado activó una agenda de negociaciones con distintos políticos estadounidenses, impulsando un lobby que, en teoría, podría cambiar la opinión en el Despacho Oval. La figura principal de este lobby es Marco Rubio, quien también apoya la idea de realizar elecciones presidenciales en Venezuela a corto plazo.

Sin embargo, su plan no se limita únicamente al territorio venezolano, sino que también abarca a la diáspora venezolana. Recientemente, Machado anunció su viaje internacional por los países que han acogido a migrantes venezolanos, el primer país de la visita es España. Según fuentes del campo, entre otras tareas, Machado intenta persuadir a los venezolanos para que regresen a la patria y así reforzar sus posiciones en las calles (en el exterior viven más de 9 millones de venezolanos). Claro está, la mayoría prefiere esperar el fin de las perturbaciones políticas en Venezuela antes de regresar, y por eso Machado negocia con el mando del país para acelerar el proceso. Eso confirma las declaraciones del presidente chileno José Antonio Kast, quien tras la visita oficial de Machado dijo que su gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de migrantes irregulares, incluso venezolanos” —más de 500 mil— y confió en que los extranjeros sin papeles abandonen el país de manera voluntaria.

Paralelamente con la agenda extranjera Machado está preparando terreno en Venezuela para su regreso. En las últimas semanas, se ha detectado un aumento exponencial de campañas informativas y viajes de operadores opositores por todo el territorio venezolano para popularizar su figura. Las fuentes indican que es un trabajo de inteligencia de campo. Los enviados de Machado están evaluando la viabilidad de organizar disturbios y provocaciones, arrastrando a la población bajo el pretexto de la ‘lucha por la democracia’. El objetivo es replicar los desórdenes de julio de 2024 durante las elecciones presidenciales, pero esta vez con una ambición de escala mucho mayor

En paralelo, el partido liderado por Machado Vente Venezuela ha decidido restablecer y movilizar a sus militantes llamados «comanditos» a nivel nacional. Sería mentira afirmar que todos son elementos radicales, pero las elecciones presidenciales de 2024 mostraron que la oposición es capaz de organizar comanditos para provocar manifestaciones caóticas con incendios de cauchos y disturbios masivos.

¿Una amenaza real o solo planes sobre la mesa?

Es evidente que la guerra civil no siempre fue el plan original de Machado, ni ha sido la única vía que ha evaluado para alcanzar el poder. Comenzó a considerar esta opción con extrema seriedad tras la normalización de los vínculos entre Washington y Delcy Rodríguez. El punto de no retorno se alcanzó cuando la administración Trump retiró a la presidenta encargada de la lista de sanciones, confirmando que la Casa Blanca había elegido el gobierno de Rodríguez.

Machado es plenamente consciente de que pisar Venezuela garantiza su arresto inmediato. Sin embargo, las fuentes en el campo opositor revelan que su objetivo no es evitar la cárcel, sino «sacar el máximo provecho» de ella. La lógica es puramente maquiavélica y depende de la velocidad: un arresto altamente represivo y mediáticamente explosivo sería la chispa exacta para detonar un conflicto armado inmediato. Acorralada por el tiempo, esta se ha convertido en su última y más peligrosa carta en la mesa. Los venezolanos no queremos ver cauchos encendidos en las calles de las ciudades de la poderosa República Bolivariana de Venezuela.

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31 de marzo de 2026

*Fuente: Aporrea

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A me produce una enorme tristeza cuando dicen «Irán no es Venezuela», porque eso lleva implícito que en Venezuela hubo una capitulación sin lucha, hubo una entrega sin más.

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Lo que estamos presenciando en Venezuela bajo el gobierno de la presidenta «encargada», Delcy Rodríguez, no es una transición ni una reconciliación nacional. Es la aplicación de un manual de «logística de la presencia» diseñado en las entrañas de la Casa Blanca, ejecutado por la mano de un Secretario de Estado, Marco Rubio, que ha hecho de la obsesión contra el legado bolivariano su estandarte vital, y bendecido por las corporaciones ávidas que respaldan la locura geopolítica de Donald Trump.

Para entender la magnitud del desastre, debemos aplicar la lupa derridiana. La filosofía occidental, según Derrida, se ha construido sobre jerarquías excluyentes: el habla sobre la escritura, la presencia sobre la ausencia. En Venezuela, la jerarquía sagrada era la del control del Estado sobre el petróleo, la soberanía nacional sobre los recursos, la alianza estratégica con los pueblos del Sur y el mito redentor de Simón Bolívar encarnado por Hugo Chávez. Hoy, Delcy Rodríguez, otrora guardiana de esa ortodoxia, se ha convertido en la gran deconstructora, en la liquidadora del archivo histórico que juró proteger.

La evidencia es tan cruda como la declaración del exministro de petróleo, un hombre que conoce las entrañas de Pdvsa. En declaraciones recientes, Ramírez ha denunciado que la «reforma» del sector hidrocarburos no es tal, sino una «eliminación de 50 años de historia venezolana», borrando de un plumazo la ley de nacionalización de 1975. Al eliminar el control estatal sobre la producción y exportación, al someter las disputas a arbitraje internacional y al reducir las regalías a un insultante 1%, el gobierno de Rodríguez no solo está abriendo la compuerta a las transnacionales; está desmantelando la base material del proyecto chavista. Como bien apunta ese exministro (que no es objeto de mi devoción), esto convierte la membresía en la OPEP en una farsa y nos retrotrae a la época de las concesiones republicanas, cuando el país recibía migajas de su propia riqueza.

Esta «claudicación», como la han calificado sectores socialistas agrupados en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, es una respuesta directa a las exigencias del imperio. No es una política de Estado; es un guión. La denuncia ya es colectiva:

«El gobierno publicó una ley inicial, pero luego el Secretario de Estado Marco Rubio, hablando en el Congreso, dijo que no era suficiente. Y el gobierno inmediatamente aprobó una segunda ley». ¿Puede concebirse una sumisión más bochornosa? El «padre» de la patria, Simón Bolívar, que soñó con la unión de nuestros pueblos para contrarrestar la voracidad del Norte, debe removerse en su tumba en Caracas al ver cómo el Ministerio de Energía funciona como una filial del Departamento de Estado.

El filósofo y analista Luís Bonilla-Molina ha sido tajante al describir la situación actual como una «situación colonial» que evidencia la «derrota histórica del proyecto bolivariano y del socialismo del siglo XXI». Esa derrota no es solo militar, tras el cobarde secuestro de Nicolás Maduro; es la derrota del espíritu. Bonilla-Molina señala un hecho que duele pero que es cierto: la falta de una respuesta popular autónoma y masiva contra la agresión. El gobierno de Rodríguez ha logrado adormecer el espíritu combativo, mientras sectores de la población, hastiados por la catástrofe económica heredada y exacerbada, miran con indiferencia o, peor aún, con la ingenua esperanza de que la «tutela estadounidense» pueda ser mejor que la «mala gestión de Maduro». Ese vacío, esa desesperanza, es el caldo de cultivo perfecto para la deconstrucción foránea.

Mientras tanto, en el frente diplomático, la masacre de las ideas bolivarianas es igual de sistemática. Las relaciones con Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua, tejidas con el sudor y la visión geopolítica de Chávez y defendidas estoicamente por Maduro, están siendo dinamitadas. El gobierno de Rodríguez se ha apresurado a liberar a todos los presos estadounidenses, a reabrir la embajada de EE.UU. y a aceptar la supervisión directa de Washington. El académico australiano del United States Studies Centre ya anticipaba los escenarios: el más «favorable» para Trump es que Rodríguez emerja como una líder cooperante para debilitar las redes de apoyo de Cuba, China y Rusia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Se está desmantelando la arquitectura antihegemónica para dejar al país como un apéndice sumiso de la «Doctrina Monroe» que Trump pregona desde Miami y con sus mensajes en su Red Trump Social.

Pero donde la deconstrucción se vuelve grotesca, donde el signo se separa por completo de su significado, es en el ámbito de la seguridad nacional. Según informes de CNN citados por agencias internacionales, la CIA ha sido puesta al frente de la estrategia post-intervención. La orden es establecer una presencia permanente, operar desde instalaciones propias y mantener «canales de enlace» con la inteligencia venezolana antes incluso de que la diplomacia formal se restablezca. La metáfora deja de ser literaria para convertirse en una pesadilla de espionaje:

¿Volverá a haber en el edificio del Ministerio de la Defensa una oficina del Director de la CIA en Venezuela al lado de la del mismo Ministro de la Defensa del País? Ya no será necesario que el Tío Sam invada con botas; lo hará con «consejeros» que dictarán las políticas de seguridad, que vetarán nombramientos y que supervisarán que ningún resquicio de soberanía independentista vuelva a amenazar sus intereses.

¿Qué queda, entonces, de la República Bolivariana de Venezuela? Porque ya lo de “Bolivariana” se evaporó. Queda la cáscara vacía. Queda un grupo de funcionarios, como los hermanos Rodríguez, que han intercambiado el sueño de un mundo multipolar por las migajas de un fideicomiso administrado por Marco Rubio, ese mismo que hoy controla de facto los ingresos petroleros. Queda una institucionalidad putrefacta donde los principios de Simón Bolívar —el antiimperialismo, la justicia social, la unión continental— han sido sustituidos por manuales de «buenas prácticas» redactados en Washington. Queda, como advierte Bonilla-Molina, la necesidad de reinventarlo todo, porque el régimen saliente de Maduro y el entrante de Rodríguez han hecho añicos la posibilidad de una unidad nacional antiimperialista.

Este es el ocaso del Socialismo del Siglo XXI. No lo mató la falta de cuadros ni los errores económicos internos solamente; lo está rematando un gobierno «encargado» que cumple puntualmente el libreto de la derecha global. Es una lección de deconstrucción letal: primero se vacía de contenido la palabra «soberanía», luego se privatiza la riqueza, después se entregan las llaves de la defensa al enemigo histórico y, finalmente, se declara la misión cumplida mientras el pueblo, anestesiado y empobrecido, observa cómo le roban hasta el derecho a tener un destino propio. La denuncia está hecha. La historia, implacable, juzgará a quienes, desde dentro, terminaron la obra que el imperio no pudo consumar durante décadas.

Lema: No a la entrega, sí a la patria. ¡Alerta para desenmascarar la destrucción del Socialismo del Siglo XXI!

De un venezolano, hijo de la Patria del Libertador Simón Bolívar.

*Fuente: Aporrea

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