La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile,  UNExPP, patrocinó demandas colectivas por violaciones de derechos humanos ante la justicia chilena como sigue: la Primera Demanda, en 2002. La Segunda Demanda, 2005. La Tercera Demanda, 2006. La Cuarta Demanda el 2007. La Quinta Demanda, el 2009. De la primera a la cuarta demanda, todas fueron denegadas por la Corte Suprema de Chile, acogiendo la alegación de estar prescrito todo derecho a indemnización para las víctimas de prisión política y tortura. La Quinta Demanda de 2009, fue finalmente fallada a favor por la Corte Suprema recién el año 2016, cuando quedó establecido que los delitos de lesa humanidad no prescriben, de acuerdo a convenios internacionales de justicia de los cuales Chile es parte. Sin embargo, las primeras cuatro demandas, aun habiendo sido falladas erróneamente no podían ser revertidas.

De tal manera que la UNExPP, el año 2011, procedió a hacer la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.

A esta primera denuncia se acumularon la segunda demanda colectiva en 2012 y la cuarta  demanda se agregó el año 2014.

Luego de la sentencia favorable de la Corte Suprema de Chile para la 5ta demanda, aunque injusta y arbitraria  en términos del monto ínfimo de reparación, exiguos 3 millones de pesos como “indemnización” (rebajándola de los 50 Millones sentenciados en primera instancia), más el  rechazo a los querellantes que no estaban reconocidos en los listados Valech, y marginación de las viudas o deudos de ex prisioneros políticos, por esta denegación de justicia se denunció el año 2016 ante la justicia interamericana.

Debido a la lamentable lentitud de procedimiento en la CIDH, sin cuya gestión las denuncias no pueden pasar a la Corte Interamericana de Justicia, en junio de 2014, la UNExPP presentó un primer recurso per-saltum para agilizar el trámite para la 1ra, 2da, y 4ta demandas acumuladas. El escrito indicaba: “ROGAMOS: Disponer se agilice el trámite de admisibilidad dado que se reúnen todos los requisitos para ser consideradas y, puesto que nuestras peticiones o casos versan sobre hechos similares o revelan el mismo patrón de conducta del Estado denunciado y porque fundamentalmente afectan a personas ANCIANAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PREFERENCIAL Y PRIORITARIA, MÁS DE UN CENTENAR DE ELLOS SON MAYORES DE OCHENTA AÑOS DE EDAD, como se acredita profusamente con los documentos acompañados en otrosí (la edad promedio del universo restante de los demandantes es de 70 años; traspasando largamente la de edad de 60 años, requisito en Chile para ser considerado ADULTO MAYOR). A lo cual cabe añadir que alrededor de otros doscientos denunciantes han fallecido sin que se les haya hecho justicia y se mantiene un régimen de IMPUNIDAD.”

Cabe notar que el trabajo necesario para justificar dicha petición implicó reunir los antecedentes probatorios que darían sustento a nuestra petición, lo que significó sacar los certificados de nacimientos de los/as compañeros/as de 80 años y más; además sacar todos los certificados de defunción de nuestros/as compañeros/as fallecidos/as. Esto, para un cuerpo de voluntarios es arduo trabajo.

Posiblemente como resultado de nuestro trabajo y solicitud de urgencia y preferencia, en julio del 2017 la CIDH nos informó que había declarado la admisibilidad a las demandas acumuladas (primera, segunda y cuarta, con un total sumado de 1719 víctimas), acordando denominarlo como Caso 13.344 “Abarca y otros con Chile” y que había notificado al Estado de Chile al respecto dándonos tres meses para presentar las observaciones sobre el fondo.  Igualmente, nos informó que la CIDH ofrecía a las partes sus buenos oficios si estos querían buscar una solución de mediación.

Por cierto, el Gobierno de Chile es negativo  a toda solución amistosa y sólo procura prolongar o retardar el trámite ante la justicia. La UNExPP, por intermedio de nuestro abogado Víctor Rosas agregó mayores observaciones de fondo sobre los fundamentos de nuestro agravio, detallando las vulneraciones al derecho internacional humanitario, en extensos escritos recibidos por la Comisión IDH, con fechas  23 de abril y 9 de octubre de 2019.  La Secretaría Ejecutiva de la comisión nos acusó recibo de ambas presentaciones con nuestras  observaciones de fondo recién el pasado 12 de febrero de este año, comunicándonos  que se notificaba al Gobierno Chileno solicitándole (nuevamente) sus correspondientes observaciones de fondo, dándole otros CUATRO MESES MÁS de plazo para ello.

Desde la declaración de Admisibilidad de nuestras primeras tres demandas colectivas, como caso 13.344, han pasado ya  3 años. Por esta razón,  la dirección ejecutiva de la Unión de Ex Presas/os Políticos de Chile (UNExPP) tomó la decisión de hacer llegar tres nuevos escritos  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a nuestras denuncias pendientes ya por tantos años.

Por un lado,  solicitando que a nuestras tercera y quinta demandas colectivas (P- 559-15 y P-1637-16) que se encuentran aún en calidad de denuncia o petición y están en proceso de admisibilidad, sean acogidas al procedimiento  per-saltum,  invocando derecho de atención preferencial o prioritaria, para que  avancemos en la fila de espera para que la Comisión dé aprobación a su informe de admisibilidad como otros dos casos nuevos contra Chile.

Igualmente para nuestra demandas acumuladas en el Caso 13.344, ya admitidas, pero que ya han cumplido TRES AÑOS en su estudio o discusión de fondo, preparar un tercer escrito  acusándole rebeldía  al Gobierno chileno y se le dé por evacuadas sus observaciones de fondo, sin más plazos ni más esperas, considerando la edad avanzada de muchos de los demandantes  y del alto número de fallecidos, esperando el fallo de la Justicia Internacional.

Esto demandó el trabajo administrativo de dos dirigentes de la dirección por tres meses, en largas jornadas. Lo que le permitió al abogado y también dirigente de la dirección de la UNExPP, Víctor Rosas, completar nuevos escritos al efecto y despacharlos a la CIDH.

Es así como con fecha 17 de junio 2020 se envió el escrito por la tercera demanda (Juan Antonio Salgado y Otros, Petición 559-15), el 21 de junio por la quinta (Luzmira Miranda Tara y Otros, Petición P-1637-16) y el 23 de junio por el caso 13.344 (Marcos Luis Abarca Zamorano y otros), que acumula nuestra primera, segunda y cuarta demanda, además de una demanda individual. A la fecha hemos reportado un total de 779 fallecidos de los poco más de 3000 demandantes, más o menos un 26%.

Demandantes fallecidos al 2020 y demandantes sobrevivientes actualmente mayores de 80 años

“JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED”, la justicia que se retrasa es denegación de justicia. Lamentablemente, en estos casos esta máxima se aplica cruelmente para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, crímenes internacionales de lesa humanidad.

Para los centenares de demandantes que han muerto esperando justicia de parte de la CIDH, cuando la justicia de su propio país se la negó, fueron muchos años de verdadera tortura, una mezcla de esperanza y desesperanza, y por sobre todo de un sentimiento de olvido, y de no ser considerados como seres humanas con derecho a la justicia.

Para los sobrevivientes, la espera y la paciencia han dado paso a la desmoralización, y lo único que se levanta vencedor hasta aquí es la IMPUNIDAD. Todo esto ocurre por la traición, la complicidad y la desvergüenza de los políticos de todos los gobiernos de la centro-izquierda que han gobernado a Chile hasta aquí.  De los de derecha nada podemos ni podíamos esperar. Para colmo de todo esto, Piñera tuvo el descaro hasta de retirar del Congreso el proyecto de ley con un miserable bono ingresado en los últimos días de su gobierno por la presidenta Bachelet.

Todos juntos al fin prefieren ver sin darse por aludidos como las cortes, sobre todo en el último tiempo, han resuelto finalmente a favor de los demandantes por violaciones de derechos humanos, y aun así no legislan aprobando una ley de reparación integral, con una indemnización justa y adecuada. La clase política espera impasiblemente que las víctimas de dichas violaciones simplemente, como lo demuestran nuestros propios estudios en estas denuncias ante la CIDH, se vayan muriendo de a poco.

Desde la UNExPP, seguimos trabajando con las fuerzas que nos quedan, para que se haga justicia. Una decisión de parte de la Corte Interamericana de Justicia, sería una gran victoria, cuando así estamos hablando de más de 3.000 casos pendientes.

Creemos que es necesario hacer patente y real esta triste situación de la muerte de los ex presos y presas políticos denunciantes ante la CIDH y por eso hemos decidido también publicar los listados de ex presos/as demandantes fallecidos. Estos listados  se pueden encontrar en la página web de la organización, www.unexpp.cl

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Una larga lucha hemos dado los Ex Prisioneros Políticos, para establecer ante la sociedad chilena, nuestra calidad de víctimas sobrevivientes primero, y luego, que el Estado asuma su responsabilidad ante los atropellos de los derechos humanos, de los que fuimos objeto durante la dictadura militar, ordenados y financiados desde los mismos poderes del Estado.

A pesar de la indiferencia de las autoridades que insisten en invisibilizar esta verdad histórica, se hacía urgente y necesario lograr que la sociedad tomara conciencia, que en Chile, además de los compañeros que fueron secuestrados, torturados, luego ejecutados y hechos desaparecer, existía un universo de víctimas sobrevivientes que exigían Justicia.

La ley 19.992 conocida como ley Valech, debería haber cerrado dignamente este triste y brutal capítulo de nuestra historia; sin embargo no se apegó a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario, obligando a los Ex Prisioneros Políticos a seguir luchando para exigir, que se cumplan los compromisos establecidos, suscritos por Chile con dichos organismos.

A partir de allí, el oficialismo, ha jugado todas sus cartas, para evitar la unificación del movimiento y de sus objetivos, en torno a lo que establece el Derecho Internacional Humanitario. Manteniéndolos en el más absoluto abandono, envejecidos, enfermos y en la miseria, realidad que inmoralmente aprovecha y utiliza para abaratar “costos” y hacer ofrecimientos de reparación vergonzosos e indignos.

Lo que es más grave, para asegurarse de hacer aceptable estas propuestas en el universo de víctimas sobrevivientes, no trepida en usar algunas de sus organizaciones, cuyos dirigentes cooptados, tienen la tarea de promover esta propuesta, acordada a espalda de los afectados, como “aceptable” dado que “peor es nada”.

Es importante entender que este, no es un tema meramente económico. El permitir que, cómo respuesta ante hechos tan graves, se haga con la mente puesta en la calculadora, y no en la dignidad, ni en el derecho de las personas, que fueron objeto de las más graves aberraciones durante la dictadura, es una clara revictimización de estas personas.   Significa minimizar la gravedad de lo sucedido en Chile, y transformar su obligación de reparar el daño causado, de acuerdo a los tratados internacionales que suscribió, en un acto de caridad, para personas indigentes, que claman por una limosna, reemplazando al acto de justicia, a la que tienen derecho y que Chile les debe.

La reparación económica es uno entre otros elementos de la justicia, que no se debe ver como un “costo” o “como un gasto”, es importante que los Gobiernos y con ellos la sociedad comprendan, que esto es más bien una inversión.  Inversión social y política, que aportará, fortaleciendo la democracia, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y garantizará la no repetición de estos traumáticos hechos.

Es lamentable cuando las autoridades y peor aun cuando algunos de los propios afectados insistan en ver esto como el simple hecho de ganar una reivindicación. No somos un sindicato. Lo que aquí está en juego es mucho más que esto. Está en juego la forma en que se analiza y distorsiona el significado de nuestra dramática historia del pasado reciente, sino que también el significado del presente y lo que es peor el precedente que se sienta para el futuro.

No reparar correcta y justamente el daño causado, entrega una muy mala señal para las futuras generaciones. El mensaje implícito sería, se puede secuestrar, se puede ejecutar fuera de toda legalidad, se puede hacer desaparecer, torturar, violar, exiliar a compatriotas y esto no tendrá consecuencia alguna para los autores ni para el Estado; ya que bastará con sacar la chauchera y tirar unas cuantas monedas y quedará todo arreglado. Este es el tema y lamentablemente tengo la impresión que muchos de mis compañeros y compañeras, no comprenden lo que está verdaderamente en juego.

Por esta razón, es importante insistir en que “no estamos pidiendo un mínimo de reparación y de reconocimiento”, sino que exigimos una reparación justa y adecuada, como mandata el Derecho Internacional Humanitario.

Es importante señalar, que si el Gobierno insiste, en resolver este tema con una propuesta miserable, y no tomando en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, tendrá que responder, no sólo ante los tribunales internacionales a consecuencia de las denuncias interpuestas por nuestra organización, sino que también tendrá que responder ante la historia.

De la misma forma tendrán que responder ante la historia, aquellos dirigentes que se han dejado cooptar por el oficialismo y han traicionado los derechos e intereses de sus propios compañeros. El hecho de ser nuestros pares agrava aún más esta deleznable acción. 

Si el Gobierno insiste en entregar un monto miserable, pues que lo imponga, así como nos impuso la cicatera pensión Valech, pero esto, no debe ser legitimado con el acuerdo ni la firma de ningún Ex Prisionero Político o de alguna de sus organizaciones.

Lo único claro, es que, ni a los Gobiernos pos dictadura, ni a aquellos dirigentes que se prestaron para esto, los absolverá la historia!  

Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

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8/8/2015
Este sería el texto de la respuesta del Comando Unitario a la Subsecretaria Patricia Silva frente a la propuesta de “reparación” del gobierno a la Mesa de Alto Nivel.

 
“Aramburu no es un traidor, ni un judas, sino un individuo que tiene su origen en el movimiento nazi, un infiltrado entre los ex presos políticos”
por Víctor Rosas Vergara (Chile)
Publicado el 28 julio, 2015 , en Derechos Humanos, Historia – Memoria

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