Solicitud presentada al Contralor General de la República el 14 de diciembre de 2022:

Oficio de la Contraloría a la Ministra de RR.EE. sobre solicitud de no tomar razón del TPP

El 10 de enero de 2023 la CGR informa a la Sra. Ministra de RR.EE. que ha tomado conocimiento de presentaciones relativas a la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico en Folio: E296873 / 2023:

Y a pesar de que la CGR no ha comunicado aún  la toma de razón, el 21 de febrero de 2023 el Diario Oficial publicó la promulgación del Tratado, lo que es inconstitucional, ilegal e ilegítimo.

Facsimil del Decreto 318 publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional en que se PROMULGA EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

El articulo El gobierno promulga de modo inconstitucional, ilegal e ilegítimo el TPP 11. ¡Urge reaccionar! apareció primero en piensaChile.

Comentaré algunos puntos del TPP11, hoy llamado CPTPP, que me parecen los más lesivos para el interés nacional, algunos de los cuales, además, son abiertamente inconstitucionales. Para ello nos basamos esencialmente en el proyecto presentado el 28.08.2018 al Congreso Nacional (Cámara de Diputados Boletín 12195-10), por el Presidente Piñera, tratado que había sido firmado por la Presidente Bachelet el 4.02.2016.

Lo lesivo de este tratado, no solo está en el texto del CPTTP, sino que es el mismo gobierno chileno, que en el proyecto que envió al Congreso, destaca algunas disposiciones de este tratado como avances o beneficios, que sin embargo son absolutamente lesivas para nuestro país.

Primero, en la página15 Boletín 12195-10, se reconoce la prohibición de aplicar impuesto a la exportación.

“Prohibición de establecer impuestos a las exportaciones: salvo ciertas excepciones particulares para Vietnam y Malasia, las Partes no aplicarán impuestos a las exportaciones. Esta medida va dirigida igualmente a evitar las prácticas que distorsionen el normal funcionamiento del comercio internacional”.

Esto es gravísimo, porque además de que el Estado chileno –por los TLC ya firmados- no puede imponer condiciones a la inversión extranjera para darle valor agregado en Chile, como fundir y refinar los concentrados de cobre, industrializar el litio, fabricar los aglomerados o muebles en Chile en vez de exportar astilla de madera, etc., además, con el CPTTP se le impide establecer impuestos a las exportaciones. La aplicación de un impuesto a la exportación sería una forma de paliar las lesivas condiciones anteriores, como sería, por ejemplo, establecer un impuesto a la exportación de concentrados de cobre u oro, impuesto a la exportación de salmuera, carbonato e hidróxido de litio, o un impuesto a la exportación de astilla o madera en bruto.

Segundo, la aduana chilena tendrá como obligación principal, “facilitar el comercio entre los países del CPTPP”.

“Capítulo 5 “Administración Aduanera y Facilitación del Comercio”.
El Capítulo establece normas sobre procedimientos aduaneros y facilitación de comercio. Destacan acuerdos sobre: resoluciones anticipadas; automatización; procedimientos recursivos o impugnación de determinaciones aduaneras; envíos expresos; gestión del riesgo en las administraciones aduaneras; despacho o levante de mercancías y publicación de la normativa y procedimientos aduaneros.

 El rol que desempeñan las administraciones aduaneras es esencial con miras a la búsqueda de una efectiva facilitación del comercio de mercancías. En este sentido, las normas incorporadas al Capítulo de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio anticipan un marco normativo que permitirá a las autoridades aduaneras de las Partes un ajuste en la creación y aplicación de sus respectivos procedimientos aduaneros con miras a la facilitación del comercio y la eliminación de las barreras al mismo”.

El rol fundamental de Aduanas definido en el art. 1° de la Ordenanza de Aduanas (DFL 30 de 2005),  es la fiscalización del comercio exterior:

“A este Servicio le corresponderá vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes”.

La Ordenanza de Aduanas queda modificada tácitamente por el CPTPP que contempla un marco normativo nuevo que “con miras a la facilitación del comercio y la eliminación de las barreras del mismo”, que a la vez permitirá “procedimiento recursivos o impugnación de determinaciones aduaneras; envíos expresos”. Esto quiere decir si Aduanas fiscaliza demasiado, “impidiendo la facilitación del comercio”, y en particular de los envíos expresos, las empresas importadoras y exportadoras podrán recurrir contra Aduanas, en los tribunales arbitrales internacionales que contempla este mismo tratado.

Con esta y otras disposiciones del CPTPP, el Estado chileno empieza a borrarse ante el poder de las transnacionales, que finalmente son las que imponen este tratado, para darle seguridad jurídica a sus inversiones.

Tercero, el inversionista extranjero queda protegido por el capítulo 9 llamado Inversiones, página 24 del proyecto.

En este tipo de tratados de “libre comercio”, el capítulo Inversiones (el 9 en este caso) es el objetivo central del tratado, puesto que es aquí donde se establece que el Estado no puede imponer condiciones al inversionista extranjero, que puedan ser consideradas como una limitación al libre comercio, como por ejemplo, hacer cumplir alguna obligación o compromiso, en relación con expansión, conducción u operación de una inversión extranjera, o imponerle exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios.

“El Capítulo busca garantizar un determinado nivel de protección al inversionista de una Parte que invierte en el territorio (central, regional y local) de otra Parte. Asimismo, se contempla un mecanismo de solución de controversias entre el inversionista extranjero y el Estado receptor de la inversión, ante un tribunal arbitral internacional, por violación de las garantías contenidas en el Capítulo”.

Y pende la amenaza de recurrir a un tribunal arbitral internacional, si al inversionista el Estado no le otorga el nivel de protección que el inversionista considere adecuado.

¿Estamos dispuestos a entregar esta nueva pérdida de soberanía de nuestro país? En el actual gobierno, una parte del socialismo “democrático” no vacila en entregar nuestra soberanía.

Cuarto: “Solución de Controversias” (Capítulo 28) dice el proyecto del gobierno del Presidente Piñera.

“Este Capítulo establece un mecanismo aplicable a la prevención o solución de controversias entre las Partes relativas a la interpretación, implementación o aplicación del Tratado. Una Parte podrá recurrir a este mecanismo ya sea por una medida adoptada o medida en proyecto, ya sea que esta viole alguna norma del acuerdo o cause anulación o menoscabo de los beneficios de éste…

“Por otra parte, se establece un sistema de integración del grupo especial (arbitraje) que garantiza su automaticidad – de modo que ninguna de las Partes pueda bloquear su composición – a través del establecimiento de una lista de presidentes del Grupo Especial y una lista específica (indicativa) de cada Parte, entre otras normas”.

Si bien este tratado es nocivo para nuestro país, no tan solo en el aspecto económico, es muy probable que él sea aprobado porque existe una mayoría neoliberal transversal, es decir globalista, en el Senado.

Sin embargo, a pesar de la mayoría extranjerizante del Senado, este tratado puede ser aún derrotado, si se puede reunir a lo menos el 25% de los diputados y/o de los senadores, para presentar un requerimiento de inconstitucionalidad del CPTTP.

Este Tratado es abiertamente inconstitucional, precisamente por el capítulo que le otorga jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales, lo que requiere modificar la Ley Orgánica Constitucional de la Organización y Atribuciones de los Tribunales, y además, se debe oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el art. 77 de la Constitución.

Antes de enviar el proyecto de ley del CPTTP al Congreso Nacional, se debió obligatoriamente oír previamente a la Corte Suprema, y ese trámite no se realizó, por lo que, sin este trámite, el Tribunal Constitucional no puede sino declarar inconstitucional en la forma el CPTTP, porque además, este tratado debió ser tramitado con el quórum de Ley Orgánica Constitucional, porque modifica la jurisdicción de los Tribunales Chilenos. Sin embargo este tratado fue tramitado en la Cámara y el Senado, por ley simple, lo que es una razón más de la inconstitucionalidad de forma.

Por otro lado, el art. 76 de la Constitución dispone que todos los conflictos que se promuevan en territorio nacional, deben ser resueltos por los tribunales establecidos por ley. El Tribunal Constitucional, ya ha fallado en ese sentido en el caso de tratados internacionales. En el considerando 52° del rol N° 309 del año 2000, dictaminó:

«En efecto, nuestra Constitución es categórica en cuanto ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro del territorio de la República, deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales para ser resueltos por medio de un debido proceso. Por su parte, el artículo 73º (ACTUAL 76°) señala: «La Facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley«.

Finalmente, el inciso cuarto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución establece: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Y aquí, los tribunales arbitrales son en los hechos comisiones especiales que se forman con posterioridad a la perpetración del hecho o de la controversia.

Existen también varias inconstitucionalidades de fondo, pero en general, las que más importan para el Tribunal Constitucional, son las de forma, como las que hemos enunciado.

En suma, el CPTPP puede ser abortado, si se logra reunir la firma del 25% de diputados y/o senadores en ejercicio, para presentar un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional., el que, si actúa conforme a derecho, necesariamente deberá declarar la inconstitucionalidad en la forma del CPTTP o TPP11.

En principio, para evitar que les controversias pasen a tribunales arbitrales internacionales, y queden bajo jurisdicción nacional, el gobierno estaría tramitando “side letters” con los otros 10 países del TPP11, pero eso no serviría de nada, porque esas “side letters” tendrían que ser firmadas con todos los países del planeta, puesto que en Capítulo 1, Sección B: Definiciones Generales del CPTPP se estipula que:

“inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión en su territorio, de un inversionista de otra Parte que exista a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado o sea establecida, adquirida o expandida posteriormente;

Parte significa cualquier Estado o territorio aduanero distinto para el cual el presente Tratado está en vigor”.

Esto significa que, cualquier inversión en Chile de un inversionista de otra Parte, es decir de una Parte distinta al CPTPP, y que la inversión sea anterior a la firma de este tratado, también queda cubierta por el CPTTP.

Por último, respecto a la inutilidad de firmar “side letters” con solo 10 países se encuentra el Artículo 9.10, llamado “Requisitos de Desempeño”, que dispone:

1. 1. Ninguna Parte podrá, en conexión con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de una no Parte en su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito, o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso.

Esto quiere decir que, para hacer cumplir un requisito de desempeño, un inversionista de una Parte y de una no Parte, de cualquier país del mundo, puede demandar a Chile por no cumplir un requisito de desempeño, que son muchos por eso no los detallamos. De nada servirá entonces los “side letters” con solo los otros 10 países del TPP11.

Solo nos queda la esperanza que el Presidente Boric retire este tratado del Senado, o que se presente un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, al que solo pueden recurrir los parlamentarios.

Stgo. 10.10.2022

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

El articulo ¿Presidente, no lo sabe?. El TPP-11 es un tratado lesivo y abiertamente inconstitucional apareció primero en piensaChile.

El articulo Hassan Akram analiza la renovación de suma urgencia al proyecto de TPP-11 apareció primero en piensaChile.

El economista y académico José Gabriel Palma conversa con Fernando Paulsen sobre el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico o TPP 11. “Todo el argumento a favor del TPP11 ha sido de una generalidad en el peor sentido de la palabra, de una vaguedad que es sorprendente. Refleja una mediocridad ideológica sorprendente”, afirma.

El articulo José Gabriel Palma: “El TPP11 va a afectar toda la vida económica en Chile, no sólo la comercial” apareció primero en piensaChile.

El académico de la Universidad de Chile y PhD en Ciencias Sociales escribió un artículo en el que señala que un experto negociador contratado por el Gobierno reconoció que parte del tratado «fue dictado por transnacionales». Akram explicó en Última Mirada cómo podría afectar esto a Chile.

El articulo Parte del TPP-1″fue dictado por transnacionales» apareció primero en piensaChile.

El autor del libro «Capitalismo a la chilena» repasa en esta entrevista los pasos que se deberían seguir para no negociar la soberanía política del territorio al momento de hacer tratados de libre comercio. “Las actuales negociaciones de los TLC buscan que los gobiernos tengan las manos atadas”, señala.

Chile ha firmado 21 tratados de libre comercio con más de 60 países del mundo, lo que hace que hoy exista un marco legal que rigen la normativa que tiene el país para hacer comercio internacional. El economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Andrés Solimano -actual presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, que trabaja temas de desigualdad económica, globalización, desarrollo, pensiones y economía internacional- explica cómo afectan los tratados de libre comercio a Chile y los pasos que se deberían seguir para no negociar la soberanía política del territorio a través de estos acuerdos económicos.
-¿Qué deberíamos entender por TLC?
-Hay diferentes formas de apertura económica. Multilateral o unilateral implica que yo voy a bajar mis aranceles a las importaciones independiente de que los otros países bajen los aranceles a mis exportaciones. Ese modelo se ocupó en Chile a mediados de los ’70. O sea, yo bajo mi arancel independiente de lo que haga el otro país con sus aranceles para mis exportaciones. Con ese modelo se piensa simplemente en que vas a exportar más, que ahí habrá ganancias, entonces no necesito que los otros países necesariamente le bajen el arancel a mis productos. Y el bilateral es similar a los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, Chile tiene un acuerdo con Estados Unidos, entonces ellos le bajan los aranceles a los productos chilenos y Chile le baja a los de ellos. En ese caso, se hace un acuerdo tipo legal, que tiene que ser ratificado por el parlamento. Es una negociación. Y también hay acuerdos de áreas económicas, como la Unión Europea o el Mercosur, donde un grupo de países establecen reglas de comercio al interior de ese grupo, y le pone condiciones distintas a los países que no están dentro.
-¿Cómo cree que se aborda el tema económico y de los TLC en la opinión pública chilena?
-En general es un tema que ha dominado mucho la política y las grandes esferas. Afecta a toda la gente -temas de empleo, remuneraciones, deuda de la gente-, directamente el bolsillo de las personas, por lo tanto, en teoría, despierta interés. El problema es que se ha desarrollado un lenguaje técnico, de economistas y de los que toman decisiones de política económica, y eso a veces es especialmente complejo a propósito, para dejarlo como un tema de las elites y no de la mayoría de la población. Reconozco el trabajo que hacen desde Chile Mejor sin TLC, donde participan varias organizaciones que tratar de aterrizar estos temas económicos tildados como lejanos.
-¿Y es un tendencia mundial poner la economía en ese plano?
-Hay una tendencia mundial de cómo entender la economía: que la apertura de mercados resuelve todos los problemas económicos, que la oferta y la demanda marcan las decisiones que se toman en términos económicos, que el Estado debe salirse y evitar la intervención económica en general, que los problemas de distribución de riquezas no cuentan mucho, que el libre comercio es lo mejor que le puede pasar a los países. Esa agenda es global, pero en Chile ha calado mucho porque fuimos uno de los primeros países que experimentó reformas neoliberales en los ’70 y ’80 y mantuvo ese modelo después. Chile es un caso bastante paradigmático de dominancia de un solo enfoque en economía, y eso afecta la política pública y ha afectado a gobiernos de derecha, centro derecha, centro izquierda, etc. Ellos mismos, los ministros de los gobiernos de la transición, han sido bastante neoliberales y han mantenido el modelo económico y los términos de la discusión restringida.

Los TLC tienen dominancia frente a las leyes internas

-¿Cómo afecta un TLC en una sociedad?
-Los TLC negocian comercio e inversión extranjera, que es lo controversial hoy. Comercio es comercio de bienes o servicios, y la inversión extranjera es una empresa extranjera que viene a trabajar, por ejemplo en el cobre o en la banca. Muchas veces los acuerdos tienen reglas de inversión que pueden ser desfavorables para los países, como por ejemplo ausencia de protección al medioambiente o ausencia de respeto a los derechos laborales. Si el Estado tiene leyes de protección al medioambiente, y este tema no se negoció en el tratado, entonces ahí la empresa tiene que respetar la ley del país. Pero también hay que considerar que no todo es lo legal. Las leyes pueden ser muy buenas, pero las empresas extranjeras tienen muy buenos equipos de abogados, gastan plata en lobby y al final evitan que se les aplique la ley. El poder relativo económico del inversionista extranjero también cuenta, y estas empresas pueden imponer su voluntad aunque la ley del país, en el papel, diga lo contrario. Poniendo un caso hipotético, si la Phillip Morris está en Chile, y aquí hay una política contra el uso del tabaco como daño de la salud, en ese caso, la Phillip Morris puede demandar al Estado chileno porque esa publicidad le implica pérdida de ingresos de ventas. En general, los tratados internacionales tienen dominancia frente a las leyes internas ya que son ratificados por los parlamentos. Eso se llama jurisprudencia internacional.
-¿Y qué se está negociando hoy en término de inversiones en los TLC?
-Hoy hay una especie de segunda generación en los tratados de libre comercio, incluyendo al TPP, donde ahora las empresas incluyen el concepto de utilidades o ganancias económicas y cómo éstas se pueden afectar por medidas aplicadas en el país local. Antes eso estaba implícito, pero no estaba en los acuerdos. Ahora está por escrito. Entonces, por ejemplo, si se sube el salario mínimo de los trabajadores de ese país, quizás bajarán las utilidades de la empresas extranjeras porque aumentarán los costos laborales. Frente a esto, los países inversionistas hoy aplican la protección de utilidades como un criterio explícito de la negociación del tratado. O sea, el otro país debería asegurarle que como extranjero tendrá ciertas utilidades. Lo que ellos están buscando principalmente es seguridad económica a cualquier costo, y hoy es sin tapujos. Ahora la empresa puede usar eso como argumento legal. Lo que entra en conflicto acá es la soberanía de los países, de poder poner sus propias leyes y regulaciones versus la rentabilidad de las empresas extranjeras. Hoy están tratando de firmar este tipo de acuerdos, de modo que los países renuncien en cierto grado a su soberanía nacional, a sus leyes y regulaciones. Así paralizan las iniciativas legales para que, por ejemplo, no suban los salarios mínimos, que no le pongan impuesto a la empresa extranjera, que no pongan más regulaciones medioambientales, etc. Buscan que los gobiernos tengan las manos atadas.
-¿Esto podría afectar mayormente a países exportadores de materias primas como Chile?
-Claro, porque los acuerdos de libre comercio afectan muy fuertemente a las industrias nacionales al bajar los aranceles. Algunas industrias chilenas no pueden competir con los precios de los productos extranjeros, ya que hacerlo en Chile es más caro que traerlo. Eso pasa hoy en los textiles, lo metalmecánico, en el cuero y el calzado. Chile puede aprender mucho del este de Asia, Corea del Sur, Singapur, Malasia, ya que ellos están creando industrias manufactureras. Chile tiene cobre, pero no crea una industria en torno a eso. El producto manufacturado de cobre Chile lo importa de China, ya que exporta solo el concentrado.
-¿Y cómo debería estudiarse este fenómeno económico?
-Primero, lo importante es que se hagan evaluaciones. Desde la plataforma Chile Mejor sin TLC se está moviendo una campaña de moratoria a los tratados con el fin de evaluar los existentes antes de seguir negociando y firmando nuevos. Chile podría pedir a organismos internacionales como el Banco mundial o la OCDE, que evalúen el libre comercio en el país. La evaluación no la debiera hacer la Direcon, ya que obviamente quiere defender la política que ha seguido su gobierno. Que el parlamento contratara expertos académicos internacionales podría ser otra opción para que el Ejecutivo no influya y así hacer evaluaciones objetivas. Hoy hay metodologías, esto ya se conoce. Lo importante es que lo haga un organismo independiente del Estado chileno, porque éste va a tratar de defenderse diciendo que el camino político que tomó fue beneficioso y esa no sería una evaluación valida, estaría viciada. Es importante que se haga un estudio, que lo muestren y que se pueda discutir públicamente la metodología.
*Fuente: El Desconcierto
 

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El capítulo 20 del CPTPP lleva por título Medio Ambiente. El hecho que exista este capítulo permitía albergar esperanzas de que el Tratado favorezca la preservación del medio ambiente. Sin embargo, aparte algunas declaraciones de buenas intenciones, un análisis cuidadoso del texto permite descubrir, mezcladas con declaraciones de buenos oficios, disposiciones que privilegian claramente el comercio y la inversión, por sobre el cuidado del medio ambiente, como las siguientes:

Artículo 20.2, párrafo 3, que establece:

“Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes”.

El artículo 20.3 en los párrafos 4 y 5 disponen:

“4. Ninguna Parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes ambientales a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte.

5. Las partes reconocen que cada Parte mantiene el derecho a ejercer discrecionalidad y a tomar decisiones respecto a: (a) asuntos de investigación, judiciales, regulatorias y de cumplimiento; y (b) la asignación de recursos para la aplicación ambiental con respecto a otras leyes ambientales, a las que se les haya asignado una mayor prioridad. Por consiguiente, las Partes entienden que con respecto al cumplimiento de leyes ambientales, una Parte está cumpliendo con el párrafo 4 si un curso de acción o inacción refleja el ejercicio razonable de esa discrecionalidad, o resulta de decisiones de buena fe respecto a la asignación de esos recursos de conformidad con las prioridades para la aplicación de sus leyes ambientales” (Lo destacado es nuestro).

De estos artículos se desprende que una ley u otra disposición chilena de carácter medioambiental puede ser considerada una restricción “encubierta” al comercio y la inversión entre las Partes, o que se ponga en duda que el cumplimiento de leyes ambientales pueda ser considerado un ejercicio razonable y de buena fe.

¿Quién determinará si existe restricción encubierta al comercio, o si las leyes ambientales son razonables y de buena fe? Los tribunales arbitrales internacionales que establece el Tratado, tribunales que siempre favorecen a las empresas internacionales en un litigio con algún Estado, cuando este se refiere a la defensa del medio ambiente en dicho país.

Cuando se trata de inversión, el asunto es más grave, porque el artículo 9.10 “Requisitos de Desempeño”, hace extensiva estas disposiciones a países que no son parte del CPTPP. Este artículo dispone:

1. Ninguna Parte podrá, en conexión con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de una no Parte en su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito, o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso.

En aplicación de estos artículos, un inversionista de Rusia, Pakistán o Gabón, que no son Partes del CPTPP, pueden invertir instalando en el desierto chileno un depósito para procesar y/o guardar residuos nucleares de cualquier planta nuclear del mundo, o procesar o guardar otros residuos químicos peligrosos. Chile no podría rechazar dicha inversión aplicando sus leyes ambientales, porque entra en colisión con el artículo 9.10 Requisitos de Desempeño, que protege a los inversionistas de países que no son parte del CPTPP.

Al respecto es necesario tener presente que los residuos nucleares deben ser almacenados durante varios siglos antes de que pierdan su nocividad. Este almacenamiento, en un lugar sísmico como Chile, exige instalaciones mucho más seguras que en otro país. A esta realidad se le puede agregar una probabilidad aún más peligrosa. Las empresas que se instalen en Chile con este propósito podrían recibir gran cantidad de residuos nucleares o químicos altamente tóxicos en nuestro territorio, y si luego quiebran o desaparecen, dejarían los mencionados residuos en nuestro país sin que nadie se ocupe de su seguridad. En tal caso, Chile no podría reenviarlos a ningún otro país, ni tampoco demandar a empresas ya desaparecidas.

Esto no es una simple elucubración. Ya tenemos un ejemplo en Chile: en el Cerro Chuño de Arica, entre 1982 y 1986, se depositaron cerca de 20.000 toneladas de residuos químicos peligrosos de la empresa sueca Bolliden Metal, que después quedaron abandonados con gran daño para el medio ambiente y la salud de la población, para no hablar del costo económico que han significado para el Estado chileno.

Es evidente que los artículos 20.2 y 20.3 del CPTPP, adolecen de inconstitucionalidad de fondo, por violar el N° 8 del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental, que establece:

“8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Fuera de esta evidente inconstitucionalidad en el fondo, de los artículos 20.3 y 20.4 del CPTPP, es inconcebible y una verdadera aberración que, cuando el cambio climático provoca daños en el mundo entero y en nuestro país en particular, se siga privilegiando los negocios por sobre la defensa de los ecosistemas y de la vida humana.

Queda esperar que el Senado chileno tenga la lucidez de votar contra este inicuo tratado, que viene a agravar los efectos del cambio climático, solo para privilegiar el negocio de las grandes corporaciones mundiales.

–El autor, Julián Alcayaga, es economista y abogado

*Fuente: Politika

El articulo El cambio climático, el TPP y Piñera apareció primero en piensaChile.

Acompañó a Chile Mejor sin TLC en la entrega de la solicitud de inhabilitación, una delegación de la comunidad mapuche Domingo Painevilo, sector Makewe de la comuna de Padre Las Casas del territorio del walllmapu. Ellos también están por la defensa de la semilla nativa y tradicional, en contraposición a las garantías dadas por el TPP en la propiedad intelectual  de los obtentores, que avanzan cada día más en la privatización de la semilla. En nombre de la soberanía alimentaria, y junto a Osvaldo Zúñiga, dirigente de la organización campesina Ranquil y activo miembro de Chile Mejor sin TLC, los comuneros rechazaron el TPP11 por representar lo contrario en materia de recuperación y valoración de la semilla tradicional. El Tpp  sólo resguarda a obtentores vegetales como  Bayer Monsanto y sus aliados locales, entre otros el clan von Baer.

Defensa del puerro ancestral

María Currequeo, dirigente de la comunidad afirmó: “Nosotros le ganamos a Ena von Baer. Adelantándonos a ella, que se proponía repetir lo ya logrado con la quinoa, logramos  a través del INAPI levantar nuestra propiedad industrial del puerro. El INIA Carillanca trabaja en la práctica para ella”. Así la comunidad impidió que alguna variedad similar al puerro azul sea  registrada en el SAG, o mediante otros trucos se convirtiera en una marca genérica ajena a su pueblo, como ya ocurrió con el merken. El puerro azul se cultiva en la huerta a partir de una semilla de producción propia o guardada de generación en generación por la comunidad, sconservando las prácticas ancestrales de producción agrícola que representan la cosmovisión mapuche, libre de agroquímicos tóxicos.

Con orgullo, miembros de la comunidad cuentan que  en junio de 2019, tras seis años de trabajo fue aprobada con éxito la marca colectiva (sello de origen) Puerro azul Rapamakewe, presentada por la agrupación de Productores de la comunidad Domingo Painevilu 2, del sector Rapa Maquehue,  apoyados por la facultad de agronomía de la  Universidad Católica de Temuco y guiados por la agrónoma e investigadora, doctora Gina Leonelli. Están conscientes sí que una comunidad por sí sola no puede enfrentar un desafío de ese tipo.  Aseguran que junto a los investigadores pudieron describir propiedades alimenticias y organolépticas del puerro de Maquehue que son únicas: resistencia  a heladas,  gran actividad antioxidante,  gran duración poscosecha y coloración verde azulada en su follaje, entre otras reconocidas en el proyecto FIA, y sin intervención alguna del INIA.

Von Baer sorda a reclamos

En el Día del Campesino, la radio Puelche  realizó un reportaje sobre Semillas y TPP, en el cual la senadora von Baer (UDI, Región de los Ríos)  afirmó que no existe relación alguna entre la semilla y el TPP, asegurando que se está difundiendo información errada al respecto. A coro con los defensores del Tratado, von Baer dijo que la semilla tradicional no se puede registrar, sin embargo omitió decir que el Convenio UPOV 91 exigido por el TPP, establece que los obtentores podrán reclamar como propias las semillas “similares” a aquellas que ya han registrado.  Eso significa, por ejemplo que si una campesina está cultivando quinoa a partir de su semilla ancestral, la empresa podría reclamar que en realidad esa es la quinoa Von Baer y por tanto requisar esa cosecha y subproductos del campo. Hay muchos trucos de ese tipo utilizados por los obtentores en el extranjero, ya que las características del registro están protegidas por el secreto industrial y nadie puede acceder a estas.

En el Día del Campesino, conscientes de ese problema, en el territorio de Los Ríos todas las voces rurales se alzaron contra el TPP. Mercedes Romero, del territorio de Malalhue, vicepresidente del Comité Asesor de Area de INDAP declaró: “Nosotras luchamos por mantener nuestra semilla. Debieran ser más respetuosos con los campesinos, con nuestros recursos y no ponerse del lado de los que tienen la industria”. Zenobia Conpañante, del sector de Lucamo va más allá: “El TPP es parte de una arremetida de extinción contra el campesinado. No se dan cuenta de que somos los que seguimos luchando por conservar el ecosistema. El TPP nos relega a perder nuestra forma de vida. Yo llamo a los senadores a detenerse, a darse cuenta que la cultura ancestral tiene la razón al intentar preservar las fuentes de vida y pararse contra el extractivismo forestal, y la pérdida de nuestros menokos y fuentes de agua. No sólo estamos luchando para preservarnos como mapuche, nuestra lucha ayuda a preservar el mundo completo”.

Por su parte, Luis Covertino, Consejero Regional en Los Ríos y ex alcalde de la comuna de Lanco, aseguró que la eventual aprobación del TPP, sería un triunfo de las transnacionales y un grave retroceso para los campesinos en Chile. “Habrá una incertidumbre jurídica para tomar decisiones a nivel local, por el temor a ser sometidos a costosos juicios en tribunales internacionales. Aquí los campesinos y campesinas están conscientes que vivimos tiempos complejos respecto de la semilla y el cambio climático, pero creo que los dirigentes políticos no tienen conciencia de ello. Sólo puedo decir al senador de Urresti que se mantenga firme en su postura contra el TPP, como lo hicieron al votar los diputados del PS de la región.”

Lucía Sepúlveda R
RAP-Chile y Chile Mejor sin TLC

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