El TPP-11 es incompatible con el sistema procesal chileno, pasa por encima de las atribuciones que la Constitución Política confiere explícitamente a nuestros tribunales, y lesiona gravemente la soberanía nacional así como nuestras perspectivas de desarrollo. Pero además es un tratado gestionado con total desprolijidad, ya que presenta vicios procedimentales básicos como el haber omitido la consulta a la Corte Suprema antes de haberlo votado favorablemente, quórum simple mediante, en la Cámara de Diputados. Y ese solo hecho lo torna insalvablemente nulo, según dijo el abogado y economista Julián Alcayaga, de la Fundación Chile Cobre, ante la comisión de Relaciones Internacionales del Senado, sesión en la que también participaron Barbara Rojas, secretaria general de Fenpruss, y Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad Chile.

Esos fueron los ejes sobre los que giró la sólida exposición de Alcayaga, quien realizó una verdadera disección del tratado tanto desde un punto de vista económico como jurídico, materia en la que se ha convertido en una voz autorizada luego de echar abajo en 2003 el indigno Tratado Minero Binacional con Argentina, un tratado hecho a la medida de Barrick Gold, que por entonces pretendía explotar el polémico proyecto minero Pascua Lama. El TPP-11 es algo similar, según dijo, ya que representaba “una obra de derecho público al servicio de las corporaciones privadas”. Peor aún: este tratado ha de ser como el anterior, cuyo borrador fue preparado directamente por Barrick Gold.

“El TPP es incompatible con el sistema procesal nacional, y debió ser tramitado primero con una ley orgánica constitucional. Ni siquiera pudo ser aprobada así con 77 diputados a favor. No se puede”, dijo el abogado, quien luego sentenció: “Este tratado además es inconstitucional en la forma. Lo insalvable, lo irreparable, y esto así quedará establecido cuando vaya el TC, porque se va a ir, es que se aprobó sin haber oído previamente a la Corte Suprema. Y ya no fue. Se saltó ese procedimiento«, dijo.

Asimismo, Alcayaga dijo que “no es un invento que Chile se somete a tribunales internacionales cediendo enormes espacios de soberanía”. Y para graficar este punto, el economista sostuvo que en su minuto el Tratado minero entre Chile y Argentina también quiso supeditar a nuestros tribunales a los dictámenes de una comisión administradora del tratado, lo que le permitía que los tribunales chilenos le entregaran servidumbres de paso a los yacimientos que estaban en Argentina. El Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, pero luego dijo, en uno de sus considerandos, que los senadores estaban equivocados ya que los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para dar esas servidumbres, por lo que ese tratado quedó inutilizado”.

“Gracias a que hicimos fracasar ese tratado nocivo con la ayuda de los senadores designados, es que no ha podido salir una sola tonelada de cobre argentino a través de Chile. Gracias a eso hemos tenido un alto precio del cobre”, agregó Alcayaga.

Premunido de fichas y apoyos gráficos que avalaban sus interpretaciones jurídicas acerca del TPP-11, Alcayaga desmintió que el tratado abra posibilidades de generar valor en nuestras exportaciones. Por el contrario: está bastante claro que, a juzgar por las disposiciones contenidas en el tratado, todas favorables a los intereses de las corporaciones trasnacionales, “tampoco se podría obligar a fundir o refinar cobre, como tampoco se podrá obligar a SQM o Albemarle a industrializar el litio en Chile fabricando baterías, por ejemplo, o cualquier otra cosa que sea distinta a vender el litio como carbonato de litio o salmuera”, ya que cualquier tipo de obligación que afecte mínimamente las expectativas de ganancia de estas empresas extractivas abre la posibilidad de ser arrastrado a un juicio que, como ya se ha dicho, obligaría al estado a pagar sendas indemnizaciones. “Y las mineras son las que más acuden a tribunales como el Ciadi en contra de países latinoamericanos. En Chile no le han hecho por aquí no pagan impuestos, pero lo pueden hacer si se les obliga a fundir o refinar cobre o industrializar el litio”.

Por cierto, Alcayaga demostró cómo las mineras trasnacionales que operan en Chile pagan impuestos hasta tres veces menores que Codelco pese a que extraen más del doble del mineral. Asimismo demostró con números cómo estos tratados de libre comercio han sumido la producción de cobre en lo más pobre de la cadena de valor. Pero estos tratados no sólo afectaron nuestra capacidad de generar valor en el principal producto de exportación chileno. “El peso de la manufactura en el PIB y la generación de empleo, desde 1990, ha bajado enormemente”, aseveró.

“Lo que se hace con este tratado es acabar con el libre mercado, pues desde que la teoría económica fue creada por Adam Smith, y seguida por otros economistas, sobre todo por Milton Friedman, el mercado tenía una mano invisible que permitía repartir los recursos, y los empresarios asumían el riesgo. ¿Quiénes determinaban el éxito de una empresa? Los consumidores Pero aquí no. Aquí los estados ofrecen una seguridad jurídica pero no a cualquier empresario, sino a las principales trasnacionales del mundo”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la cartelización de las corporaciones en este marco de estado de bienestar para el inversionista extranjero, más en un país vulnerable a las colusiones empresariales.

La presentación de Alcayaga contrastó con la feble presentación del abogado de la Direcon Felipe Lopeandía, al punto que instaló un nuevo estándar. Incluso los senadores Ricardo Lagos Weber e Iván Moreira, ciertamente partidarios del TPP-11, exigieron exposiciones con información cuantitativa sistematizada e interpretaciones jurídicas para controvertir, punto por punto, aquello que ha sido presentado tan macizamente por los detractores del nefasto tratado. Porque así, sólo con palabras y sin material de apoyo, se hace mucho más difícil defenderlo…

*Fuente: El Soberano

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Rosario Peña, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Jorge Vera, dirigente del Comité Verdad y Justicia, junto a familiares de las víctimas  hacen un llamado a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos, a los parlamentarios y  familiares de los caídos en dictadura, a levantar su voz en contra de esta nueva maniobra dilatoria que utiliza al Tribunal Constitucional como trinchera para asegurar la impunidad a criminales que han gozado de ella por   más de 44 años. Ellos señalan que la entidad citada debe  cumplir su ro,l en lugar de “contribuir a validar el horror de 17 años de represión e infamia, el horror de una noche que duró demasiado en la historia reciente de nuestro país. “

Evaluando la reunión, Jorge Vera, expresó “No tenemos muchas esperanzas de esta reunión, ya que aunque fuimos recibidos en forma deferente y el Presidente del Tribunal se comprometió a agilizar las causas, nos dijo que no podía hacer nada respecto a los plazos. Y además este mismo día dieron admisibilidad a otra causa de derechos humanos. Eso nos dio la  razón a las organizaciones y familiares: El Tribunal Constitucional  no tiene derecho alguno a paralizar nuestras causas. “

A continuación,  el texto  completo de la declaración.

“Las agrupaciones y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la provincia de Ñuble, abajo firmantes, concurrieron el día de ayer a una audiencia con el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica Maldonado, para manifestar su enorme preocupación por el curso que están tomando los procesos judiciales en que se indaga, juzga y, esperan confiados, se condene por los tribunales de justicia de la República a los responsables del secuestro y muerte de sus familiares ocurridos durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la provincia de Ñuble, abajo firmantes, concurrieron el día de ayer a una audiencia con el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica Maldonado, para manifestar su enorme preocupación por el curso que están tomando los procesos judiciales en que se indaga, juzga y, esperan confiados, se condene por los tribunales de justicia de la República a los responsables del secuestro y muerte de sus familiares ocurridos durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La defensa de los culpables de tan alevosos crímenes comenzó a usar de ese tribunal, con el fin de retardar abiertamente la tramitación de las causas penales amparados en la figura de la acción de inaplicabilidad por inconstitucional- incorporada, precisamente, a la constitución de 1980 en tiempos de democracia con la reforma del año 2005- alegando falsamente el atropello de su derecho al debido proceso y las garantías judiciales, solicitando además la suspensión del procedimiento, que es concedida por el Tribunal Constitucional sin más, sin ningún fundamento jurídico que avale, como hasta ahora, mantener paralizada la investigación y fallo de las causas en los tribunales de justicia por meses y años.    

En los últimos tres años, más de treinta causas por violaciones a los derechos humanos han visto interrumpida su tramitación por dictamen del Tribunal Constitucional, lo que significado que la memoria de un número significativo de víctimas no ha podido nuevamente ser reparada, a tiempo, en verdad y justicia por el Estado de Chile. Hoy, de esos procesos penales, cinco de ellas- que comprenden la investigación de doce víctimas hechas desaparecer o vilmente asesinadas en la provincia de Ñuble por el solo hecho de ser o suponérseles opositores al régimen de facto impuesto en nuestro país a contar de septiembre de 1973- se encuentran suspendidas en su investigación, algunas ya por nueve meses. 

Llamamos a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos, a los parlamentarios elegidos por todos nosotros, a los familiares de víctimas a levantar su voz en contra de esta nueva estrategia empleada por los victimarios de tantos hombre, mujer y niño de nuestra patria secuestrado o muerto en dictadura contra la utilización del Tribunal Constitucional como trinchera que les asegure la impunidad de que han gozado por  más de 44 años, e interpelar a ese tribunal a cumplir el rol que, por mandato constitucional está llamado a desempeñar, sin contribuir a validar el horror de 17 años de represión e infamia, el horror de una noche que duró demasiado en la historia reciente de nuestro país.

ROSARIO PEÑA ESPINOZA. Presidenta AFDD de Chillán.

TERESA RETAMAL SILVA. Secretaria AFDD de Chillán

ANGÉLICA ROMERO LAGOS, Tesorera AFDD de Chillán.

MERCEDES SÁNCHEZ ERRAZURIZ, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido. 

MARÍA ELIANA y  FERNANDO ANGULO MATAMALA. Hermanos de Rolando Angulo Matamala, ejecutado político.

HILDA MIRANDA ORELLANA. Miembro Comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Chillán.

JORGE VERA GONZÁLEZ. Dirigente Comité ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com

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El parlamentario aseguró que la decisión le genera «impotencia».

«Lo que hace es borrar de un plumazo algo que se lleva más de 10 años tratando de hacer«, sostuvo.

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El abogado Fernando Atria se refirió a la pronunciación del Tribunal Constitucional, en la que aseguraba que los parlamentarios sí podían acceder a créditos del BancoEstado. Según su análisis, el TC ha violado «groseramente»  las reglas constitucionales sobre sus competencias.

Argumenta que «en efecto, el artículo 93 del texto constitucional dispone, para cada caso en el que la Constitución da competencia al Tribunal, cuáles son las condiciones en las cuales esas competencias pueden ser ejercidas. En algunos casos, debe requerir el Presidente de la República, o alguna de las cámaras; en otros, un determinado número o porcentaje de diputados o senadores; en otros, las partes de un litigio. En ningún caso el Tribual puede emitir una decisión sin que le sea solicitado por quien está constitucionalmente autorizado para hacerlo y sin seguir el procedimiento correspondiente».

Agrega que «esto no es un mero asunto formal. Es la limitación más importante que tiene el Tribunal para evitar que, por sí y ante sí, empiece a arrogarse competencias y funciones que no le corresponden».

Luego, Atria afirma que «eso es exactamente lo que hizo con su declaración pública del 29 de septiembre. Si ese precedente es aceptado, ahora el Tribunal se entenderá habilitado para pronunciase sobre cualquier cuestión constitucional que esté en la discusión pública, sin que sea necesario para eso que sea requerido por quien corresponde, sin escuchar alegatos, sin audiencias, etc».

«La decisión del Banco del Estado que suscitó esta declaración del Tribunal era, por cierto, arbitraria e ilegal. Pero la acción manifiesta del Tribunal Constitucional en infracción de las reglas que lo regulan es mucho, mucho más grave», concluye.

*Fuente: El Mostrador

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Lunes 21 de agosto 2017

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