10 de marzo de 2024

La violencia entre las bandas armadas y la policía se ha agravado en la última semana en Puerto Príncipe, paralelamente a la intensificación de los esfuerzos del imperialismo estadounidense por asegurar el envío de tropas de ocupación a Haití en aplicación de la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de octubre de 2023. Las principales pandillas del país, que controlan más del 80% de la capital, han atacado el Palacio Nacional, el aeropuerto de la capital Toussaint Louverture y la principal cárcel del país, liberando a unos 3 mil presos. Esta ofensiva militar ocurre mientras el primer ministro de facto Ariel Henry, repudiado por la mayoría del pueblo haitiano pero apoyado por el imperialismo estadounidense, se encuentra de gira internacional asegurando apoyos para la ocupación militar extranjera.

A fines de febrero, Henry se reunió en Guyana con jefes de Estado de CARICOM y luego visitó Kenia, país que a cambio de 100 millones de dólares en asistencia militar estadounidense se ha comprometido a enviar mil efectivos militares a Haití. El máximo tribunal de Kenia frenó el despliegue de las tropas, pero el gobierno continúa maniobrando para enviarlas.

La cumbre de la CELAC que reunió a inicios de marzo a los gobiernos de América Latina y el Caribe, también emitió una declaración que incluye el apoyo a la Resolución 2699 y la ocupación militar de Haití. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo presente para cabildear por el apoyo a la intervención.

Como parte de sus esfuerzos por legitimar la ocupación militar extranjera, Ariel Henry se comprometió ante la reunión del CARICOM a realizar elecciones antes del 31 de agosto de 2025. Pero no ha respetado sus anteriores promesas de realizar elecciones antes de febrero de 2024. Debe recordarse que su designación como Primer Ministro en 2021, luego del asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, fue decidida por el Core Group, integrado por los embajadores de los gobiernos de EEUU, Canadá, Francia, Brasil, Estado español y Alemania, así como representantes de la Unión Europea, la ONU y la OEA. Bajo su mandato ha continuado el acelerado deterioro del país que caracterizó a los gobiernos derechistas de Martelly y Moïse, del PHTK, también apuntalados por el imperialismo estadounidense y europeo.

Las fuerzas represivas de Kenia tienen un amplio historial de crímenes contra su propio pueblo. En julio de 2023, ante protestas por las medidas económicas antipopulares del gobierno de William Ruto, la represión policial dejó más de 20 personas asesinadas.

Otros gobiernos caribeños y africanos también han sido sobornados por el imperialismo estadounidense para formar parte del contingente de ocupación en Haití, entre ellos Bahamas, Jamaica, Senegal, Belice, Burundi, Chad y Benin. Se intenta reeditar la fracasada experiencia de la MINUSTAH, encabezada por las tropas brasileñas enviadas por Lula da Silva entre 2004 y 2017, a las que se sumaron tropas de otros gobiernos autodenominados progresistas de la región como los de Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile. Estas tropas cometieron graves crímenes contra el pueblo haitiano, generaron una epidemia de cólera que mató a miles de personas y fueron corresponsables en la generación de las condiciones en las cuales han prosperado las mafias criminales, sosteniendo al régimen surgido del golpe de Estado de 2004 y sus antipopulares gobiernos al servicio de la burguesía haitiana.

De forma parecida a las pandillas centroamericanas o los carteles del narcotráfico de México, las pandillas haitianas se abastecen con armamento proveniente de EEUU y se financian mediante el narcotráfico y la extorsión, llegando a acuerdos con políticos y empresarios. Como consecuencia de los enfrentamientos entre bandas y sus acciones contra la población, murieron alrededor de 4 mil personas y 3 mil fueron secuestradas en 2023, mientras que más de 300 mil resultaron desplazadas forzosamente. La producción agrícola ha sido perjudicada por los ataques de las bandas al campesinado.

El Estado haitiano cuenta con alrededor de 10 mil policías en un país de alrededor de 11 millones de personas. Durante el año pasado se estima que más de mil policías emigraron a EEUU. Las pandillas también han infiltrado a la policía. El imperialismo pretende subsanar el déficit represivo de la burguesía haitiana con una ocupación extranjera para perpetuar el sometimiento del pueblo haitiano a gobiernos ilegítimos, corruptos y serviles ante los intereses de EEUU y las potencias europeas.

Es muy grave que en una situación de asfixia económica y social, con un salario mínimo que equivale a menos de 4 dólares diarios y una inflación anualizada superior al 20%, mientras aumenta el hambre, el gobierno de facto de Ariel Henry a fines de febrero pagara 500 millones de dólares al gobierno venezolano por concepto de deudas de Petrocaribe. En 2018 miles de personas se movilizaron en Haití contra la corrupción en el manejo de este fondo. Los gobiernos recibieron alrededor de cuatro mil millones de dólares a través del esquema de financiamiento de Petrocaribe, de los cuales la mayor parte fue malversada. Cualquier pago relacionado con esa deuda debió salir únicamente del dinero de los corruptos y oligarcas que se enriquecieron con Petrocaribe, no de los fondos del Estado que se necesitan para atender a las urgentes necesidades de alimentación, salud, educación y acceso a agua y electricidad. Exigimos que se hagan públicos los términos de la negociación en torno a la deuda de Petrocaribe.

Pese a las terribles dificultades, la movilización del pueblo haitiano contra el gobierno de Ariel Henry, y su reciente movilización en defensa del canal de riego en Ouanaminthe, muestra que persiste un gran potencial en el movimiento de masas. También ha habido intentos de autoorganización comunitaria para enfrentar y expulsar a las pandillas de los barrios populares. El desafío es, en medio de las enormes dificultades que presenta la situación, dar pasos hacia la unidad de quienes desde la izquierda apuestan por un gobierno de la clase trabajadora y las comunidades populares y campesinas, así como la juventud, para visibilizar una alternativa política a las organizaciones de la burguesía y las mafias, tanto en el terreno de la movilización como en el de un eventual proceso electoral.

A nivel de toda Latinoamérica y el Caribe debemos movilizarnos en solidaridad con el pueblo haitiano. En los países caribeños y africanos cuyos gobiernos están preparando el envío de tropas, oponernos a estos planes al servicio del imperialismo estadounidense y europeo. En los países cuyos gobiernos integran el Core Group, exigir la disolución de ese instrumento de sometimiento político que viola el derecho del pueblo haitiano a la autodeterminación, especialmente ante aquellos gobiernos que dicen ser democráticos o hasta de izquierda, como el de Lula en Brasil. Apoyamos la demanda del pueblo haitiano de que salga el ilegítimo y antipopular gobierno de Ariel Henry apoyado por el imperialismo. Apoyamos la lucha contra las bandas criminales que pretenden aterrorizar a las comunidades urbanas y rurales. Ni tropas de ocupación ni pandillas. Que se anule toda la deuda externa y que EEUU y Francia paguen reparaciones por sus crímenes históricos contra Haití. Por la unidad del pueblo trabajador haitiano para que tome su destino en sus propias manos y pueda superar la actual crisis.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

5 de marzo de 2024

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Haití: La ONU podría desplegar a la policía de Kenia para contener el alzamiento de grupos armados contra el “régimen criminal” de Ariel Henry, que cuenta con el respaldo de EE.UU.

Haití se encuentra en estado de emergencia por el alzamiento de grupos armados, que liberaron a miles de personas de las cárceles y, según se informa, se han unido para derrocar al primer ministro de facto, Ariel Henry, quien aún no ha regresado al país luego de su viaje a Kenia la semana pasada. Allí, Henry negoció un acuerdo que permitiría llevar a Haití una fuerza de la ONU conformada por 1.000 policías kenianos.

“Estamos en un estado de desolación. Estamos viviendo con terror”,

cuenta la activista haitiana por la democracia Monique Clesca con respecto a la intensificación de la violencia ejercida por los grupos armados, que ya ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Clesca agrega: “Hemos vivido con este terror durante los 30 meses del Gobierno de Ariel Henry” y enfatiza que “el Gobierno de Biden tiene sus manos manchadas por este derramamiento de sangre”.

También nos acompaña el investigador Jake Johnston, quien ha estudiado la relación que existe entre la intervención de Estados Unidos y los disturbios en Haití, que describe como

“un proceso alimentado y perpetuado por la comunidad internacional y, concretamente, por Estados Unidos”.

Además, hablamos con el parlamentario keniano Otiende Amollo, quien se opone al plan de enviar “fuerzas de paz” kenianas a Haití, medida que considera “contraria al Estado de derecho “.

Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.

*Fuente: DemocracyNow

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Presuntos delincuentes abatidos durante ataque a Palacio Nacional en Haití

El articulo Apoyamos la lucha por un Haití libre e independiente, sin pandillas ni tropas de ocupación apareció primero en piensaChile.

Amigas y amigos:

El tratado Chile – Unión Europea se acerca a su aprobación final. En febrero podría tener lugar la votación en el Parlamento Europeo.

Una serie de organizaciones de colaboración internacional han manifestado su preocupación por las consecuencias para Chile y para la estructura de los contactos económicos entre el Norte y el Sur y les han escrito una carta a los parlamentarios. Abajo se encuentra su texto y la lista de más de cien organizaciones.

Segùn la apreciación de los firmantes, el acuerdo traerá graves consecuencias negativas para Chile. Así «el acuerdo aumentará la explotación de materias primas y al mismo tiempo reducirá el espacio político para que Chile administre sus recursos naturales y sus cadenas de suministro de materias primas. »  Se fomentan «modos de producción e intercambio insostenibles e injustos, destinados a reforzar los términos de comercio neocoloniales, por las siguientes razones:»

«El acuerdo aumentará la minería irresponsable y sus consecuencias sociales y ecológicas sin establecer suficientes salvaguardias.»

Y a pesar que algunos puntos que podrían hacer pensar en otra cosa, «El acuerdo NO apoyará la intención de Chile de agregar valor a sus materias primas, sino más bien socavar su desarrollo industrial.»  ¿Por qué? Entre otras cosas, porque «limita la actual política de precios duales existente en Chile (actualmente, Chile reserva el 25% de la producción para empresas establecidas localmente a precios preferenciales) y obliga a Chile a no aplicar ningún tipo de restricción a las exportaciones de las empresas de la UE.»  Hay excepciones, pero estas «definen un umbral muy concreto para la doble fijación de precios. Concretamente, que el precio preferencial no debe estar “por debajo del precio más bajo para las exportaciones del mismo bien realizadas durante los 12 meses anteriores.”

Por lo tanto, en lugar de apoyar el desarrollo industrial de Chile, estas cláusulas ponen freno a la creación de valor añadido en el país.»  Luego, el tratado «Abolirá todo tipo de aranceles u otros derechos de exportación que Chile aplica actualmente», y que son importantes para los ingresos del estado chileno.

La carta enumera una serie de otros puntos que se refieren al medio ambiente, lucha contra el cambio climático, agricultura sustentable y otros. Los efectos negativos para Chile justifican así la calificación del tratado como «neocolonial», puesto que tiene el propósito predominante de asegurar la economía de la Unión Europea contra toda medida que pudiera tomar Chile en propio provecho y de mantener la estructura de dependencia.

Aunque en los primeros años 2006-2012 Chile exportaba más que lo que importaba, desde 2013 aumentan las importaciones desde la Unión Europea, sobre todo de bienes de alto contenido industrial, mientras Chile exporta un valor menor y de productos poco elaborados. Un estudio relevante concluye por consiguiente, que «el tratado, en lugar de favorecer la diversifiación de la economía chilena, ha profundizado las tradicionales relaciones comerciales desiguales: Chile sigue en el papel de proveedor de materias primas para la Unión Europea y la real producción de valor tiene lugar al interior de la Unión Europea. (PARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE? Das Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und Chile, de la organización Power Shift, ver  www.power-shift.de)

Cordiales saludos

Raúl

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Declaración conjunta de organizaciones de la Unión Europea y Chile
Coalición sobre Materias Primas y Coalición Europea para la Justicia Comercial.

Texto original en idioma inglés:  https://s2bnetwork.org/100-organisations-call-on-meps-to-vote-against-eu-chile-deal/#

Estimadas/estimados diputadas/os del Parlamento Europeo:

En tanto que organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos, escribimos para llamar urgentemente su atención sobre la próxima votación sobre el acuerdo marco avanzado (AFA en inglés) UE-Chile, que será estudiado por el Comité de Comercio de la UE (INTA) el 24 de enero, y posteriormente pasará a votación en el Parlamento Europeo a finales de febrero.

el acuerdo aumentará la explotación de materias primas y al mismo tiempo reducirá el espacio político para que Chile administre sus recursos naturales y sus cadenas de suministro de materias primas.

Si bien reconocemos la importancia de una relación más profunda entre la UE y Chile, debemos expresar nuestra gran preocupación por las consecuencias de este acuerdo, en particular sobre los derechos humanos y el medio ambiente, así como la capacidad de Chile para agregar valor a sus materias primas. De hecho, el acuerdo aumentará la explotación de materias primas y al mismo tiempo reducirá el espacio político para que Chile administre sus recursos naturales y sus cadenas de suministro de materias primas.

Chile alberga varias materias primas definidas como estratégicas y críticas por la UE, como el litio y el cobre.

Consideramos que este acuerdo fomenta modos de producción e intercambio insostenibles e injustos, destinados a reforzar los términos de comercio neocoloniales, por las siguientes razones:

El acuerdo aumentará la minería irresponsable y sus consecuencias sociales y ecológicas sin establecer suficientes salvaguardias.

el acuerdo elimina todos los aranceles y derechos de exportación, así como las barreras técnicas al comercio del lado chileno.

Chile alberga varias materias primas definidas como estratégicas y críticas por la UE, como el litio y el cobre. El acuerdo, y más precisamente el Tratado de Libre Comercio interino (iFTA en inglés), aumentará significativamente el comercio de materias primas, ya que el acuerdo elimina todos los aranceles y derechos de exportación, así como las barreras técnicas al comercio del lado chileno. Por lo tanto, se puede esperar que las actividades mineras en Chile aumenten significativamente. La minería es una actividad económica propensa a conflictos. A la fecha, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros contabiliza 49 conflictos relacionados con proyectos mineros en Chile. Estos, junto con los impactos ambientales de la minería (incluido el empeoramiento de la crisis del agua, la pérdida de biodiversidad y la contaminación) se verán exacerbados, afectando en particular a las comunidades locales e indígenas que a menudo viven cerca de los sitios mineros y dependen de la agricultura y el pastoreo para su subsistencia. Los principales impactos no económicos de la extracción de litio se reconocen explícitamente en la Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad de la UE (SIA en inglés), que concluye:

“Teniendo en cuenta el aumento esperado en la demanda de litio, así como la inversión de la UE en el sector, los efectos descritos anteriormente podrían verse amplificados”.

De hecho, la principal preocupación de los actores interrogados sobre los impactos esperados del acuerdo UE-Chile para el SIA fue la expansión de las llamadas zonas de sacrificio (ambientales) en Chile.

no hay obligaciones de respetar el Convenio 169 de la OIT

Sin embargo, el acuerdo no establece ninguna salvaguardia efectiva y ejecutable; no hay obligaciones de respetar el Convenio 169 de la OIT y el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado como se enumera en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y recomendado por el Relator de las Naciones Unidas durante su reciente visita a Chile.

el acuerdo marco avanzado contiene un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados que otorga a las empresas extranjeras el privilegio de demandar a Chile (pero también a los 27 Estados miembros de la UE) ante un tribunal de arbitraje internacional al que sólo tienen acceso los inversores.

Lo mismo se aplica a los principales acuerdos internacionales de derechos humanos o ambientales multilaterales. De hecho, el Capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (TSD en inglés) no es más que una declaración de intenciones y buena voluntad. La cláusula de revisión propuesta para el capítulo sobre TSD, así como la declaración conjunta sobre desarrollo sostenible, están formuladas en términos muy vagos, lo que hace muy improbable que se incluyan salvaguardias ejecutables en el futuro. Aún más preocupante es el hecho de que, en lugar de incluir la diligencia debida obligatoria para las empresas mineras, el acuerdo marco avanzado contiene un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados que otorga a las empresas extranjeras el privilegio de demandar a Chile (pero también a los 27 Estados miembros de la UE) ante un tribunal de arbitraje internacional al que sólo tienen acceso los inversores. Este mismo capítulo incluye “las inversiones en combustibles fósiles o cualquier otra actividad que suponga un daño significativo para el medio ambiente y los derechos humanos”, sobre las cuales el Parlamento Europeo recomendó su exclusión en el informe del INI de junio de 2022.

El acuerdo NO apoyará la intención de Chile de agregar valor a sus materias primas, sino más bien socavar su desarrollo industrial.

El acuerdo interino entre la UE-Chile incluye disposiciones en su capítulo sobre energía y materias primas (ERM en inglés) para asegurar el acceso de la UE al litio, el cobre y otras materias primas, lo que afectará gravemente la capacidad de Chile para ascender en la cadena de valor de las materias primas. Si bien la Comisión ha presentado las cláusulas como favorables para Chile, el capítulo sobre energía y materias primas cuenta otra historia, en base a estas consideraciones:

Prohíbe los monopolios de exportación e importación de materias primas, limita la actual política de precios duales existente en Chile (actualmente, Chile reserva el 25% de la producción para empresas establecidas localmente a precios preferenciales) y obliga a Chile a no aplicar ningún tipo de restricción a las exportaciones de las empresas de la UE.

Las excepciones otorgadas en el acuerdo para que Chile “introduzca o mantenga medidas con el objetivo de fomentar la adición de valor, mediante el abastecimiento de sectores industriales a precios preferenciales de materias primas (…)” están severamente limitadas por las condiciones establecidas en el Anexo II. De hecho, definen un umbral muy concreto para la doble fijación de precios. Concretamente, que el precio preferencial no debe estar “por debajo del precio más bajo para las exportaciones del mismo bien realizadas durante los 12 meses anteriores.” Por lo tanto, en lugar de apoyar el desarrollo industrial de Chile, estas cláusulas ponen freno a la creación de valor añadido en el país.

Abolirá todo tipo de aranceles u otros derechos de exportación que Chile aplica actualmente. Al cobre, por ejemplo, Chile aplica un derecho de exportación de hasta el 8%, lo que constituye un ingreso importante para el presupuesto fiscal del país. La eliminación de todos estos aranceles y derechos da un mayor incentivo a las prácticas extractivas y es un impulso para las corporaciones en el negocio, mientras que básicamente no deja ingresos en el país.

A través de estas disposiciones, la UE obstaculizará gravemente la capacidad de Chile para ascender en la cadena de valor de las tecnologías verdes/limpias. De hecho, la evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad prevé una disminución de casi el 3% en el empleo en la ingeniería mecánica, un sector con tradicionalmente buenas condiciones laborales que es vital para los esfuerzos de Chile hacia una transición verde y justa. Esto es una continuación de las estructuras comerciales desiguales existentes y resuena con los términos de intercambio de la época colonial. Esto también va en contra de los compromisos de Europa y Chile con un desarrollo equitativo y sostenible para todos (Agenda ODS 2030).

El acuerdo UE-Chile socava la transición socio ecológica de Chile y contradice el Pacto Verde Europeo.

El acuerdo entre la UE y Chile es promocionado como un instrumento para facilitar la transición verde de la UE. Al mismo tiempo, se están externalizando los costes sociales y ambientales de esta transición. Mientras que a las corporaciones europeas se les concede acceso a recursos energéticos para producir y exportar el llamado hidrógeno verde y explotar materias primas, las comunidades locales sufren efectos perjudiciales para sus medios de vida y su salud. De hecho, no se puede obligar a los inversores a transferir tecnología, emplear personal local o insumos producidos localmente, ya que esto está prohibido por el capítulo de liberalización de inversiones. Al mismo tiempo, la capacidad del Estado para decidir cómo regular sus bienes comunes naturales está gravemente restringida. Si Chile quiere seguir desarrollando su economía y, por lo tanto, imponer impuestos más altos, por ejemplo, a los productos mineros, introducir subsidios, fijar sus propios precios e imponer regulaciones o requisitos de desempeño a los inversores extranjeros, estas medidas se considerarían barreras (técnicas) al comercio y podrían constituir una infracción del acuerdo. Lo que podría dar lugar a medidas de represalia por parte de la UE, o incluso a costosos procedimientos de resolución de controversias entre inversores y Estados.

Desarrollar una transición socio ecológica en Europa a costa del bienestar ambiental y social en Chile contradice el objetivo general del Pacto Verde Europeo de no dejar a ninguna persona o lugar atrás (‘leave no one behind’), así como los esfuerzos de la UE para combatir el cambio climático. Sólo podemos prevenir una catástrofe climática respetando la protección del clima y el medio ambiente a nivel mundial, asegurando así la transición socio ecológica no sólo en Europa, sino también en Chile y en todo el mundo.

El acuerdo fomentará el establecimiento de granjas a gran escala en ambas regiones.

Esto tendrá impactos negativos en los derechos de los campesinos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinos (UNDROP) y en el clima, ya que se enviarán más productos agrícolas a todo el mundo. En particular, el acuerdo tendrá un efecto negativo en el cultivo de pastos en ambas regiones, lo cual es fundamental para detener la pérdida de biodiversidad. Además, el acuerdo expulsará del mercado a los pequeños agricultores, promoviendo así una mayor industrialización de la agricultura. Esto tendrá un impacto particularmente negativo en la igualdad de género, ya que muchas pequeñas granjas en Chile están dirigidas por mujeres. La evidencia obtenida sobre el terreno también muestra que el acuerdo deshará los esfuerzos actuales de los agricultores locales para desarrollar resiliencia a los peligros climáticos a través de modelos de producción agroecológicos.

El acuerdo entre la UE-Chile es parte de un modelo de comercio obsoleto que debe superarse si queremos que la transición verde de Europa sea verdaderamente justa. Los acuerdos comerciales neocoloniales son cosa del pasado. Más de 485 organizaciones y personas de Chile y América Latina sienten lo mismo y por ello han firmado una contundente declaración llamando a detener este acuerdo.

Teniendo en cuenta las razones anteriores, le solicitamos encarecidamente que reconsidere su apoyo a este acuerdo y que NO dé su consentimiento cuando se le solicite votar.

List of signatory organisations:

European Trade Justice Coalition (ETJC)
Raw Materials Coalition
Fair Trade Advocacy Office, Belgium
Netzwerk gerechter Welthandel
Umweltinstitut München e.V.
WIDE+, European feminist network
Fundación Terram
PowerShift e.V.
Attac Austria
Anders Handeln Austria
Both ENDS, The Netherlands
Platform Aarde Boer Consument, the Netherlands
Working group Food Justice, the Netherlands
FDCL-Center for Research and Documentation Chile-Latin America
Informationsstelle Lateinamerika ila e.V.
WIDE Austria – Entwicklungspolitisches Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven
Österreichisches Lateinamerika-Institut
Observatori del Deute en la Globalització (Barcelona, Spain)
Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte (Spain)
Ecologistas en Acción (Spain)
Coordinación Baladre (Spain)
Confederación General del Trabajo (CGT) (Spain)
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad (Spain)
Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas, Cádiz (Spain)
Amigos de la Tierra (Spain)
SETEM (Spain)
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) (Spain)
Associació Cultural i Medi Ambiental Arrels (Spain)
Ongd AFRICANDO (Spain)
Ateneo Libertario Altozano (Spain)
Alternativa Antimilitarista MOC/Adnv Canarias (Spain)
Enginyeria Sense Fronteres (Spain)
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) (Spain)
Zambra (Spain)
ATTAC España
Alternativa Republicana Castilla y León (Spain)
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global – Catalunya (Estat espanyol)
Fridays for Future España – Juventud por el Clima (Spain)
punto&coma (Spain)
Asociación Cultural Brasileña Maloka (Spain)
AK EUROPA
Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), Belgium
11.11.11 – Koepel van internationale solidariteit, Belgium
Arbeitskreis Indianer Nordamerikas
European Coordination Via Campesina
European Alliance for the Self-Determination of Indigenous PeopleS
Attac Germany
TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo (Portugal)
GADIP, Gender and Development in Practice, Sweden
NatureFriends Greece, Greece
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugal)
Friends of the Earth Europe
Attac France
Mouvement d’Action Paysanne (Belgium)
Society of Threatened Peoples (Switzerland)
SOMO (The Netherlands)
Collectif national Stop CETA-Mercosur (France)
ActionAid France
Aitec (France)
Bloom
CGT (France)
Les Amis de la Terre (France)
France Nature Environnement
Fédération Artisans du Monde (France)
Les Amis du Monde diplomatique (France)
France Amérique Latine – FAL (France)
Alofa Tuvalu (France)
Générations Futures (France)
Confédération paysanne (France)
FSU (France)
Notre Affaire À Tous (France)
LDH (Ligue des droits de l’Homme) (France)
Alternatiba (France)
Action non-violente COP21 (France)
Sherpa (France)
CADTM France
Extinction Rebellion (France)
L’Offensive (France)
Canopée (France)
Association d’ex-prisonniers politiques Chiliens en France
Handel Anders! coalitie (The Netherlands)
Batani Foundation (Russia/USA)
Fundación Tantí (Chile)
Welthaus Graz
Fondation pour la Nature et l’Homme (France)
Sustentarse (Chile)
Fundación Relaves
NOAH – Friends of the Earth Denmark
ÖBV-Via Campesina Austria
Veblen Institute (France)
Reds – Red de Solidaridad para la transformación social (Catalunya / Estado español)
Securing Indigenous Rights in the Green Economy Coalition (SIRGE)
Espacio de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche – TRAWUNCHE (Spain)
Asamblea Plaza de los Pueblos (Spain)
Chile Mejor sin TLC (Chile)
Enerxya Cooperativa (Spain)
Transnational Institute
Entraide et Fraternité (Belgium)
Global Witness
Coordination gegen BAYER-Gefahren, Germany

El articulo ¡No a la dictadura de las transnacionales! – ¡No al tratado con la Unión Europea! apareció primero en piensaChile.

• A los 37 muertos habría que añadir 76 desaparecidos que no se tiene esperanza de encontrar vivos.

• Un año después del asalto a la valla de Melilla, Amnistía Internacional habla de un aparente encubrimiento deliberado y concertado de las autoridades españolas y marroquíes.

Al cumplirse un año de la masacre de Melilla, a los al menos 37 muertos que se contabilizaron entonces habría que añadir las al menos 76 personas que continúan en paradero desconocido, por las que se desvanece la esperanza de encontrarlas vivas, según Amnistía Internacional (AI), que habla de un aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes, que no han hecho una investigación efectiva e independiente.

El 24 de junio del pasado año alrededor de 2000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos saltando la valla de Melilla y se produjeron 37 fallecidos según las ONG marroquíes, frente a los 23 que dijeron fuentes oficiales marroquíes.

En la víspera del primer aniversario de los sucesos mortales ocurridos en la frontera del enclave español de Melilla, Amnistía Internacional ha informado de que las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido “están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”.

Tragedia en la valla de Melilla: Un año de impunidad tras la masacre

“Las autoridades de España y Marruecos –agrega– no han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente, lo que deja a decenas de familias afligidas en una situación de angustia”,

“Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Sigue habiendo cadáveres en una morgue y en tumbas, y son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus familiares”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de AI.

“Las barreras a la verdad y la justicia son también un reflejo del trato dañino que continúa infligiéndose debido a la raza y la condición migratoria. Aun así, mientras se desvanece la esperanza de encontrar vivas a las 76 personas en paradero desconocido, la exigencia a las autoridades de que establezcan la verdad y garanticen justicia para las víctimas y sus familias es cada vez más potente”, ha añadido.

Amnistía Internacional denuncia que un año después de la tragedia, las autoridades no han hecho ningún intento de repatriar los restos de las víctimas y al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos.

Crímenes de derecho internacional y violaciones de DDHH Concreta que las autoridades de España y Marruecos no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación. Además, no han investigado adecuadamente acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ni tampoco el racismo y la discriminación en la frontera.

“Las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas”.

“Las autoridades marroquíes, por su parte, no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas. Las peticiones de información remitidas por escrito por Amnistía Internacional a los gobiernos marroquí y español no han recibido hasta ahora respuesta”.

A esto se agrega que, mientras tanto, “las autoridades españolas han seguido llevando a cabo prácticas ilegales en las fronteras, como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza” y que “en el lado marroquí de la frontera, como consecuencia de la cooperación entre los dos países, las autoridades marroquíes siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo en el puesto fronterizo”.

Recuerda AI que en un informe de 2022 concluyó que los trágicos sucesos de junio eran previsibles y la pérdida de vidas, evitable: En noviembre de 2022, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia dijo que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, a saber, utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.

“Sólo somos inmigrantes y somos seres humanos. No somos animales. Necesitamos respeto como cualquier otra persona”, ha dicho a Amnistía Internacional Aboubida, de Sudán, que fue golpeado y rociado con gas lacrimógeno, y a quien se negó asistencia médica en Melilla.

“Lo sucedido en Melilla es un buen recordatorio de que las políticas migratorias racistas encaminadas a fortificar las fronteras y restringir las vías seguras y legales para quienes buscan seguridad en Europa tienen consecuencias reales y mortales. Es difícil no ver el elemento racializado de lo sucedido en Melilla y la forma deshumanizadora en que se trata a las personas negras en las fronteras de Europa cuando viven, desaparecen o mueren”, ha concluido Agnès Callamard.

“Hace un año, en medio de una creciente montaña de pruebas de violaciones graves y múltiples de derechos humanos, Amnistía Internacional exigió una investigación urgente e imparcial sobre las muertes de Melilla. Un año después, la conclusión de que nos enfrentamos a un encubrimiento deliberado y concertado es cada vez más difícil de soslayar. Si no se aprenden las lecciones de Melilla –o como muestra el naufragio frente a la costa griega– continuarán la pérdida arbitraria de vidas, la violencia y la impunidad en las fronteras, y se agravará el sufrimiento de quienes buscan protección

*Fuente: Contramutis

El articulo Masacre de Melilla: Amnistía Internacional denuncia encubrimiento y ausencia de investigación apareció primero en piensaChile.

RECUERDO CON MUCHA nostalgia mi época de niño de provincia, cuyos días domingo eran engalanados solamente por los programas de matinée en el Teatro Victoria, a diez pasos de la hermosa Plaza de Armas de Curicó. Me ha sido imposible olvidar esos pensamientos de entonces: “¿en qué se entretenían los niños en el pasado cuando no existía el cine? ¿Y cómo se irán a divertir los niños del futuro?

A todos mis amigos –mi pequeña ‘pandilla’ de niños buenos- les resultaba impensable aceptar domingo sin películas donde los ’héroes’ eran plasmados en la pantalla por artistas ya olvidados, como Rory Calhoun, Jeff Chandler, Johnny Weismuller, Audie Murphy, Jorge Negrete, Pedro Infante y tantos otros cuyos nombres se han deshilachado en mi memoria. Continúo asegurando que en el cine nadie, nunca más, bailó mejor que la inigualable dupla de Fred Astaire y Ginger Rogers… y también nunca más en el cine hubo hembras que encendieran las pasiones de adolescentes latinoamericanos como lo hicieron Marilyn Monroe, Brigitte Bardot y Claudia Cardinale.

No sólo el cine consumía nuestras atenciones infantiles, pues revistas como “El Peneca” “El OK”, “Simbad el marino”, ‘Barrabases’, y toda la saga de Walt Disney, constituían no ya un regalo, sino un verdadero premio que deseábamos obtener cada semana. Y como el dinero paterno no alcanzaba para tanto, en “la pandilla” nos distribuíamos las adquisiciones. Chicho Gajardo compraba “Simbad”, los hermanos Mellado adquirían el ‘OK’, yo compraba “El Peneca” y Totín Middleton se encargaba de adquirir las revistas Disney, en especial aquellas donde estaba la tira de Peter Pan y el hada Campanita (nuestro primer gran amor de niños ‘machos’).

Pero, inesperadamente, así como la luminosidad de un relámpago escapa de la visual, de la misma forma, casi de un día para otro, esas revistas desparecieron de nuestras vidas al mismo tiempo que las matines dominicales daban paso al cine rotativo, perdiéndose para siempre aquella magia primigenia que había encandilado nuestra infancia, pues, ahora, había llegado el momento de los negocios y la plata dulce. En menos tiempo que demora en cantar un gallo la televisión se entronizó en las vidas de millones de personas, y las nuevas generaciones repitieron las preguntas de sus padres: ¿en qué se entretenían los niños de antes?

Digámoslo sin ambages. Todos logramos sobrevivir. Nosotros y nuestros hijos (en algunos casos, incluso nuestros nietos) fuimos capaces de soportar los cambios de folio y de épocas, pasando de un sopetón del cine dominical, aromatizado a matinée, al mundo virtual de delgadas pátinas culturales, veloz como el rayo y de cero profundidad. En un abrir y cerrar de ojos –al salir del foyer de aquellos viejos cines provincianos- despertamos en medio de malls y supermercados plagados de acrílicos y luminarias que dan cuenta de cuán aséptica es la actual sociedad, tanto cultural como políticamente.

¿En qué momento preciso –o como dicen los sociólogos, cuál fue el evento ‘bisagra’- se produjo la variación de identidad nacional por un caleidoscopio de jerigonzas idiomáticas, espejo de la transversalidad cultural característica en todo pueblo dependiente de metrópolis colonialistas? Tal vez mi error consiste en no querer aceptar que siempre fuimos lo mismo que hoy somos, vale decir, un apéndice de la gran potencia sajona que ha cambiado de seudónimo dos veces a lo largo de la Historia: ingleses ayer, yanquis hoy día… y que aquello de ‘España en el corazón’ fue nada más que un paréntesis en la cadena de dominio verdadero, el cual comenzó a imponer sus término a lo largo del planeta, sin contrapeso efectivo, a partir de la revolución industrial originada en la Inglaterra victoriana.

No poseo antecedentes duros para afirmar lo que a continuación usted, amigo lector, verá escrito en estas páginas. Se trata sólo de una opinión personal, subjetiva, y por tanto falible. Creo que este servidor –así como cientos de miles de chilenos cuyas edades se empinan más allá del medio siglo- es hijo del “equilibrio de poder”, ergo, de la balanza que se mantenía tiritando en el éter sin inclinar sus platillos a la derecha ni a la izquierda. En uno de ellos estaba la URSS, y en el otro se situaba USA.

Eran los años de la ‘guerra fría’, y el mundo temblaba de pavor ante la posibilidad de una guerra nuclear… la que jamás llegó, pero que estuvo en un tris de producirse, y varias veces, a decir verdad.

Estos viejos y expertos chilenos nacieron y crecieron con un mundo dividido cuyas mitades pertenecían a dos gigantes bélicos. Esos ‘polifemos nucleares’ se odiaban, pero también se respetaban y temían, lo que posibilitó –en muchos casos- evitar expoliaciones en países pobres ya que según la ubicación geográfica de la nación hambrienta, la otra potencia, la que no poseía influjo en ese lugar, se dedicaba a controlar y acicatear a la potencia predadora. Hubo paz, y las naciones pobres pudieron contar con mejoras en sus febles sistemas económicos sin necesidad de renunciar a sus raíces y costumbres.

Un día de noviembre del año 1989 (más específicamente, la noche del jueves 09 de noviembre de ese año), la balanza del poder planetario abandonó su fiel y permitió que uno de sus platillos inclinara el juego a su favor. Había caído el muro de Berlín (o “de la vergüenza” como fue llamado en occidente) y los Estados Unidos de Norteamérica dejaron que los halcones de Washington extendieran sus alas para apoderarse del planeta imponiendo –a sangre y fuego- cuanta carajada les conviniese a los mega empresarios predadores sitos en ese país otrora de inmigrantes.

Nuestros hijos nacieron sabiendo que el mundo estaba atrapado por una sola mano. Nada conocen ni intuyen –en términos concretos- qué significa vivir con una alternativa posible pasada la frontera oriente-occidente.

Es el maniqueísmo político del ‘todo o nada’. Se debaten entre la aceptación del sistema neoliberal salvaje y las consecuencias de la aplicación de leyes ‘antiterroristas’, impuestas a las poblaciones por escasas familias enriquecidas que detentan el poder total bajo un disfraz llamado “democracia protegida”… o ‘democracia de los acuerdos’.

Nuestros hijos y nietos no tienen escapatoria. O consumen y se endeudan hasta la tercera generación beneficiando en exclusiva a mega empresarios sin patria ni ley, o, simplemente quedan fuera de este mundo imposible.

No obstante, todo sistema contiene en su seno la semilla que finalmente lo destruirá, o la contradicción que envenenará sus flujos. Ocurrió a Alejandro Magno, a Roma, a España y Portugal, a Inglaterra, a Francia, a los Austro-Húngaros, a la URSS… ergo, deberá acaecer lo mismo, tarde o temprano, con el actual gigante de visión bizca y andar tortuoso. Es ello una constante de la Historia Universal… y quizá lo sea también del ciclo cósmico.

Y ya que lo anterior habrá de producirse hoy o mañana, retomo la pregunta que encabeza estas líneas y que va dirigida a nuestros adultos jóvenes de hoy. ¿Qué harán cuando se terminen las hamburguesas y el ketchup?

Temo conocer la respuesta…aunque prefiero callarla y, ojalá, estar equivocado, pero quienes nunca han conocido otros caminos, otras propuestas -ya que siempre crecieron y vivieron subsumidos en un solo sistema-, no tendrán respuestas para solucionar los problemas que habrán de derivarse de la caída del régimen expansionista de halcones y águilas depredadoras. Pero, deberán enfrentarlo, porque sucederá… y es mejor que comiencen a prepararse desde ahora, pues los primeros remezones y ruidos de resquebrajaduras del sistema ya se están sintiendo.

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Las rentas desde el poder político

Más visible resulta la ventaja -ilegal e ilegítima- que perciben empresas privadas desde las esferas políticas. La continua apropiación privada de diversos bienes (o servicios) comunes, bienes comunales o públicos, entregados a la explotación privada, constituye otra fuente adicional de ganancias privadas. Un ejemplo clásico es la transformación de un parque urbano en superficie comercial con párking. Por lo general, estas transformaciones de lo público en privado van unidas a una grave reducción de bienestar general.

La argumentación oficial es siempre igual: hacer un uso más eficiente y racional del espacio urbano y crear puestos de trabajo. ¿Pero, cuál era el “producto” del parque y qué valor tenía? ¿Estaba simplemente ocioso allí, sin producir nada? Su producto era una mayor calidad de vida de los ciudadanos, un lugar de descanso y tiempo libre, de distensión psíquica, de mayor salud general y también de felicidad…, todo es ignorado, simplemente. ¿Su valor?, seguramente inconmensurable, pero es un valor igualmente perdido y no detectado por los mercados y, por lo tanto, de coste cero. La mentalidad neocapitalista, infestada por la peste verde, puede y quiere ver sólo aquello que señala un mercado, lo demás es eliminado en forma reduccionista y es subordinado al dictado del conformismo practicado por la clase política e impuesto en beneficio del capital en contra de la sociedad.

Otro ejemplo muy actual proviene del sector de la salud. Un gran número de hospitales, otrora en manos comunales han sido privatizados, curiosamente en forma simultánea en varios paises europeos, siguiendo la argumentación neoliberal y con el pretexto de lograr una mayor eficiencia en el sector de la salud. Sin embargo, los resultados en cuanto a la calidad y amplitud del servicio de salud han sido por doquier desastrosos, dejando en claro que el interés de ganancia privada no se corresponde en absoluto con el interés comunitario. Vale aquí recordar que muchos de estos hospitales han sido vendidos a privados en forma escandalosa a valores muy inferiores a su valor real de mercado corriente, provocando así una importante transferencia de la propiedad comunitaria hacia manos privadas. Incluso el Tribunal de Cuentas de Baja Sajonia, en Alemania, por ejemplo, tuvo que llamar la atención a los gobiernos locales en los 2000 por la “venta” a precios ganga de varios hospitales de ese Land.

Lo mismo puede verse en otros sectores vitales, como el de la vivienda, en el cual se han realizado vergonzosas operaciones de privatización de   miles de pisos comunales o sociales, entregados a fondos buitres a precios   ganga y pese a una extendida crisis habitacional en las grandes ciudades. Igual suerte ha encontrado el plan de privatizacion de los ferrocarriles (Gran Bretaña, Alemania) y de los llamados proyectos de cooperación entre el Estado y el capital privado (Public-Private-Partnership). Siempre se ha esgrimido como justificante la supuesta mayor eficiencia de la “iniciativa privada” ante la propiedad pública o comunal, pero en la mayoría de los casos se ha obteniddo justamente lo contrario, una menor eficiencia y no pocas veces, una transferencia encubierta del patrimonio público a manos privadas.

Como se ha señalado arriba, el sistema ideológico neoliberal es incapaz de considerar aspectos no materiales del bienestar social, de afecto o dignidad del humano, o sea, elementos que, no obstante, son indispensables para la vida. Tampoco los costes reales de la explotación planetaria por entropía transferida (Negentropía) aparecen en ninguna cuenta de resultado o en el precio que pagan los consumidores, éstos desaparecen de nuestra consciencia, simplemente.

Por ello pareciera que se ha expandido por el mundo una especie de bloqueo mental, una perezosa barrera al proceso conceptual hacia una alternativa al capitalismo, o mejor dicho, a la forma de vivir actual, a los valores corrientes materialistas, a la forma de organizarnos y de relacionarnos. ¡Si todo lo que vemos y vivenciamos parece ser tan natural y único, sin alternativa…! Ha llegado el momento de empezar a concebir una respuesta a estas cuestiones, a entrar –por así decirlo-, en el mundo cuántico del campo de vacío (Vakuumsfeld) y modificar el “spin” de los cuantos hacia nuevas realidades humanas.

Desde las alturas institucionales

Uno de los más notables procesos a lo largo de los últimos decenios ha sido la continua y progresiva apropiación de las intituciones internacionales por parte de los exclusivos intereses del neocapitalismo, nuestra peste verde. Esto no soprende demasiado en instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuya misión de partida siempre fue el apoyo a la expansión o a la estabilidad de las condiciones de acumulación del capital privado p.ej. mediante créditos de financiación a los Estados de medidas de política económica estabilizadoras o para refinanciar créditos e intereses acumulados de períodos anteriores. Muchos países   han caído por esta vía en una espiral de endeudamiento y dependencia de estas instituciones, las que normalmente imponen condiciones abusivas en detrimento de la población.

En todo caso, esta mencionadas instituciones fueron creadas abiertamente para eso, siendo inapropiado, por lo tanto, criticarlas por eso. Lo que estas instituciones sí han perdido es el barniz progresista de su discurso y su márketing, que antes lucían en pos del progreso y el bienestar general.

Algo distinto ocurre con otras instituciones, muchas de ellas envueltas en un aura de altruismo y de dedicación al progreso humano, a la libertad, etc., pero que, en realidad, operan de acuerdo a un plan muy exclusivo y lejano a la imagen que desean proyectar. Allí tenemos en primera línea las Fundaciones privadas de grandes magnates del sistema, como la Open Society, la fundación Gates o Rockefeller, o las grandes Administraciones de Fondos Privados, como Goldman Sachs o Blackstone, seguidas de organizaciones privado(-públicas), como el Foro Económico Mundial de Davos, entre muchas otras.

Los grupos de interés allí reunidos despliegan una influencia y control omnímodos sobre los medios de comunicación de masas, sobre gran parte de los gobiernos nacionales, las universidades y del mundo científico. Constituyen, por así decirlo, un Politburó o un Parlamento exclusivo, que nadie ha elegido, pero que gobierna vastamente sobre la sociedad y que nadie puede controlar ni tampoco contradecir.

Uno de los engendros más notorios de las élites mundiales confabuladas aparece en la alta esfera del poder económico-político como el llamado New World Order (NWO), un plan de transformación radical del mundo entero de acuerdo a sus particulares deseos y a los nuevos requerimientos del neocapitalismo a ultranza, una “agenda”, por lo demás, que podrá cambiar radicalmente nuestras vidas y nuestra sociedad, pero que jamás ha sido objeto de debate y es, en su esencia, secreta. Este plan avanzará paralelamente a la realización de la llamda Agenda 2030 de la ONU, también un plan de transformación global que simula realizar objetivos de progreso humano, como alimentación, educación, medio ambiente, suministro de agua limplia, etc.

Entre diversas instituciones de carácter público, pero que sirven igualmente intereses de grandes corporaciones internacionales, aparte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, mencionados arriba, se encuentran algunos órganos subordinados de la Oganizaciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General o de sus Consejos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), cofinanciada también por capitales privados, como la Fundación Bill & Melinda Gates-, la OIT o la FAO.

Un ejemplo muy actual: Esta última organización, la Food and Agriculture Organization (FAO), de la Naciones Unidas, planea para 2021-22 una “Cumbre para la Alimentación”. Allí se discutirá la forma de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU en base a una “agricultura sostenible”, según se declara. Simultáneamente nos encontramos con formulaciones similares del exclusivo Foro Económico Mundial, que dirige Klaus Schwab, de acuerdo a su plan   de ejecutar un “Great Reset” de la economía mundial.

Para la agricultura se ha ideado una “New Vision for Agriculture” (NVA), una nueva visión, ya preformulada en el objetivo genérico de una agricultura “sostenible”. Nótese que aquí se usa una terminología positiva, casi eufemística, por lo que hay que preguntarse: ¿qué es lo nuevo?, ¿qué es sostenible en la agricultura?

El caso de la India es particularmente importante, en donde la existencia de aproximadamente 700 millones (la mitad de su población actual) dependen directamente de la agricultura. El gobierno de Narenda Modi ha intentado ejecutar esta NVA mediante tres expeditas leyes de reforma agraria, suscitando un vedadero levantamiento nacional de rechazo, al dejar a millones de agricultores abandonados a su propia suerte frente a este gran poder oligopólico mundial.

En 2017 pertenecían a la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura” nada menos que Bayer Crop Science, empresa que compró recientemente a Monsanto, líder mundial de la producción de agrotóxicos y de semillas transgénicas, Cargill India, filial del gigante Dow Agro-Science (perticidas),

DuPont (agroquímicos y semillas transgénicas), el cártel de trigo Louis Dreyfus, Walmart India, Mahindra&Mahindra India, así como Nestlé, PepsiCola, Rabobank, Swiss Re, etc. En esta NVA no aparece ninguna representación de los agricultores indios (5).

Estas leyes apuntan a una “deregulación” de los mercados -actualmente bajo protección estatal con precios mínimos garantizados-, abrirían finalmente el mercado interior indio a los grandes consorcios mundiales de la alimentación, el Big Agrobusiness, dándoles ahora la libertad de comprar tierras, de almacenar productos y recursos, con lo cual se les garantiza el dominio sobre los pequeños agricultores. Éstos podrían ahora –así la argumentación oficial- “negociar libremente” sus precios con el cártel NVA.

El Tribunal Supremo de Justicia del país ha paralizado temporalmente estas leyes, las que –sin embargo- podrán ser reactivadas en un futuro próximo, aunque recientemente Modi ha optado por retirar formalmente los proyectos de ley. Los agricultores, no obstante, continuarán atentos hasta que el Parlamento retire definitivamente estos desastrosos proyectos.

Esta inmensa construcción del neocapitalismo globalitario–que ya nada tiene que ver con la llamada economía de libre mercado– recuerda fatalmente las promesas de otra construcción, la AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa), creada por la fundaciones de Bill Gates y David Rockefeller en la idea de revolucionar la agricultura africana mediante la introducción de semillas transgénicas y de agropesticidas.

Después de casi dos lustros ha quedado evidenciado el fracaso de este intento a un altísimo coste de dependencia, endeudamiento y bancarrota de miles de pequeños agricultores. Se calcula que en un espacio de quince años Agra no sólo no cumplió con el desarrollo prometido, sino que produjo un empobrecimiento general del campesinado africano de un 30% promedio, medido en el número absoluto de personas bajo el mìnimo de subsistencia (100,5 mill. en 2005, 131,3 mill. en 2016. (5)

Notas:

5. Byung-Chul Han, Müdigkeitsgesellschaft (La sociedad del cansancio) , Berlin 2015

Capítulos I y II:

La peste negra y la peste verde. Reflexiones sobre la ontología del capitalismo globalitario (I)

La peste negra y la peste verde. Reflexiones sobre la ontología del capitalismo globalitario (II)

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Comunicado

Unión Europea y Chile terminan negociación del Acuerdo de Asociación modernizado: ¡A resistir el atentado contra la soberanía de los pueblos!

El ICS no es más que la versión zombi del ISDS

Por Ecologistas en Acción,

17-2-16
Ecologistas en Acción, junto con otras 14 organizaciones europeas, publica un informe que muestra que las propuestas de la Comisión Europea para el capítulo de protección de las inversiones en el tratado comercial entre la UE y EE UU (TTIP por sus siglas en inglés), sigue siendo una amenaza para la democracia.

Cambiar las siglas. Esa es la principal estrategia de la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Mamström, para tratar de conseguir que uno de los apartados más polémicos del TTIP pueda salir adelante. Se trata del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (más conocido por sus siglas en inglés, ISDS) por el cual una empresa extranjera puede denunciar a un país si, tras una nueva ley o disposición judicial, la primera pierde beneficios, obligando a los países a realizar compensaciones millonarias detraídas de las arcas públicas. Esto ha llevado a casos como la denuncia de 3000 millones de euros contra Alemania por el cierre de las nucleares o los 15.000 millones de dólares exigidos a EE UU por no permitir la construcción de un oleoducto de petróleo pesado.

Tras el rechazo de la ciudadanía europea a la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP, la Comisión Europea presentó una propuesta de sustitución del mecanismo ISDS por un Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés), que corrige algunos aspectos procesales del mecanismo ISDS, pero sigue sin resolver los problemas fundamentales. Sigue siendo un mecanismo que discrimina a las empresas pequeñas y medianas empresas y a la ciudadanía en general frente a las multinacionales, que siguen siendo las únicas con capacidad de hacer uso de este sistema de protección de las inversiones. Y sigue siendo un sistema unidireccional, en el que las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no hay lugar para juzgar a las empresas.

El informe presentado hoy por 15 colectivos europeos analiza los detalles de la propuesta de ICS de la Comisión, demostrando que los principales problemas del ISDS se mantienen. Las demandas más polémicas del ISDS, como las de Alemania y EE UU mencionadas anteriormente, también tendrían cabida bajo el ICS. Además, el ICS es incompatible con el sistema legal de la UE, ya que deja de un lado las cortes europeas.

Por lo tanto, el ICS no es más un intento de mantener vivo el mecanismo ISDS que la Comisión alega haber finiquitado. Se trataría de un ISDS zombi, que continuaría amenazando la democracia mundial. De incluirse en el TTIP, sería aún más peligroso para la población europea, puesto que daría cobertura a la mayoría de empresas estadounidenses operando en el continente, frente al 1% de empresas que pueden utilizar el mecanismo en la actualidad.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, junto con los miles de colectivos que se agrupan bajo la campaña europea Stop TTIP, rechaza la propuesta de ICS formulada por la Comisión Europea, a la que insta a finiquitar todos los tratados de protección de las inversiones firmados y en vías de negociación.

Resumen: El ISDS zombi

Pese a haber pasado inadvertido durante décadas, en los últimos dos años se ha suscitado una gran polémica alrededor de un elemento presente en los tratados comerciales internacionales, que ha mantenido a la ciudadanía, a la política y a los medios de comunicación en vilo. Nos referimos al denominado mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados, más conocido por sus siglas en inglés como ISDS.

El ISDS está incluido en miles de tratados internacionales. Este mecanismo permite a las grandes empresas demandar a los gobiernos por cambios en las políticas públicas – incluidas las de protección ambiental o de salud – que amenacen con afectar los beneficios privados de las multinacionales.

Estos casos sobrepasan las cortes nacionales dado que se dirimen en tribunales internacionales de arbitraje, es decir ante tres abogados privados que tienen el poder de decidir si son más importantes los beneficios privados o el interés público. En todo el mundo, los tribunales entre inversores y estados han facilitado ganancias mil millonarias a las grandes corporaciones a costa del dinero de los contribuyentes (es decir, de nuestros impuestos) – en muchos casos como compensación de alguna medida de interés público llevada a cabo por los gobiernos.

Como respuesta a la propuesta de la Comisión Europea de incluir este poderoso régimen legal para las grandes corporaciones en el tratado en negociación con los Estados Unidos, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), una gran ola de oposición se levantó: más de un 97% de respuestas de una consulta pública que tuvo un récord de participación de 150,000 personas, expresaron su rechazo a este mecanismo. También han surgido críticas desde el Parlamento Europeo y entre los propios Estados miembros de la UE. Con ello, el “ISDS” se ha convertido, en palabras de la propia comisaria de comercio de la UE Cecilia Malmström, en uno de “los acrónimos más tóxicos de Europa”.

En un intento de darle la vuelta a esta enorme oposición hacia el ISDS, la Comisión Europea ha decidido cambiarle la etiqueta. En 2015 se anunció una propuesta de reforma que se aplicaría a todos los tratados de la UE en marcha así como a las futuras negociaciones sobre inversiones, incluido el TTIP. En lugar del “viejo” sistema del ISDS, la Comisión promete un sistema “nuevo” y supuestamente independiente, que protegerá el derecho a regular de los gobiernos: el Sistema de Tribunal de Inversiones, o por su nombre en inglés Investment Court System o ICS.

El análisis propuesto en este informe muestra que el sistema en el ICS no finiquita el ISDS. Al contrario, permite que miles de empresas tengan el poder de esquivar los sistemas legales nacionales y demandar a sus gobiernos en unos tribunales paralelos en el caso de que las leyes o regulaciones limiten su capacidad de generar beneficios económicos. Este sistema, abriría el camino a que miles de millones de euros de nuestros impuestos vayan directamente a las grandes corporaciones. Atenta contra la capacidad de decisión sobre políticas que protejan el medio ambiente y a las personas. Ante todo, amenaza con encerrar a los Estados miembro de la UE para siempre entre las rejas de la injusticia del régimen del ISDS.

En resumen, la propuesta del “nuevo” ICS revive al ISDS. Es el ISDS zombi.

Resultados clave:

El número de casos entre inversores y estados, así como la suma de dinero implicado, ha crecido de manera exponencial en las últimas dos décadas; de un total de tres casos conocidos en 1995 a casi 700 casos de demandas interpuestas contra estados en enero 2016, llegando a un récord absoluto de 70 nuevos litigios de inversión presentados únicamente durante el 2015. Las cuantías han aumentado de manera preocupante, con uno de los casos llegando a sumar la impresionante cifra de 50 mil millones de dólares. Los mayores beneficiarios han sido siempre las grandes empresas así como individuos de alto poder adquisitivo (millonarios o multimillonarios).

En las últimas dos décadas hemos visto demandas mil millonarias contra supuestos daños a beneficios corporativos por medidas legislativas de interés público llevadas a cabo por gobiernos. Países de todos los continentes han visto limitaciones en sus políticas públicas por implementar legislaciones antitabaco, restricciones en el uso de sustancias químicas, políticas antidiscriminación, medidas deestabilidad financiera o restricciones en proyectos de minería pesada, entre otros. Por ejemplo, el 60% de las demandas contra los Estados miembros de la UE han estado relacionadas con el medio ambiente. Un abogado, que ha dedicado parte de su trabajo a la defensa de estos casos, ha llamado su base legal, es decir a los tratados internacionales de inversión, “armas de destrucción legal”.

El nuevo modelo de “ISDS” de la UE (renombrado como ICS) es igual de peligroso para la democracia, para las leyes de interés público y para el dinero público como el “viejo” modelo que aún se mantiene en el acuerdo entre Canadá-UE, CETA por sus siglas en inglés. Con la excepción de algunas mejoras procesales –una mejora en el proceso de selección de árbitros, reglas éticas más marcadas y el establecimiento de un órgano de apelación– la versión renombrada contiene esencialmente los mismos privilegios para los inversores, por lo general con los mismos términos utilizados en el texto del CETA.

Demandas de inversores contra medidas no discriminatorias para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos serían posible bajo la nueva propuesta dela UE, ya que incluye la misma cantidad de derechos para el inversor que se han usado al justificar casos como el de Philip Morris (demandando a Uruguay sobre medidas de control del tabaco) y TransCanada (la cuál ha anunciado que demandará a EE UU por 15 mil millones de dólares por rechazar el controvertido oleoducto de Keystone XL).

Bajo la propuesta de la UE, miles de millones de euros de nuestros impuestos se usarán para pagar a las grandes corporaciones en compensación por supuestas pérdidas económicas presentes o futuras (como en el caso contra Libia en el cual se le exigió el pago de 905 millones de dólares a una empresa que había invertido únicamente 5 millones de dólares). También se podría exigir que los países paguen en compensación por nuevas propuestas de ley o regulaciones. La propuesta de la UE que se formula a partir de la protección del derecho a regular no garantiza en absoluto la protección de los estados ante la amenaza de asumir los elevados costes que supone una demanda de éstas.

La propuesta de la UE incrementa el riesgo de asumir demandas mil millonarias contra medidas de interés público al otorgar de manera inmediata una garantía absoluta a las grandes corporaciones, que obtendrían más derechos que con los acuerdos de inversiones existentes, los cuales ya ha llevado a cientos de demandas de inversores a estados en el mundo:

a) Al proteger las “expectaciones legítimas”de los inversores bajo la cláusula llamada de “trato justo y equitativo”, la UE se arriesga a que ésta se someta a una amplia interpretación, generando con ello el “derecho a una legislación estable”. Esto supone una herramienta poderosa para luchar contra los cambios en las regulaciones, aunque las medidas hayan sido elegidas e implementadas de manera democrática.

b) La cláusula paraguas propuesta por la UE podría suscribir a todos los contratos de inversión de un estado al nivel de una Ley internacional, multiplicando el riesgo de demandas costosas. La cláusula no es parte del CETA entre la UE y Canadá, ya que Canadá la rechazó por su alto riesgo.

Si el TTIP incluye la propuesta de derechos del inversor, las obligaciones y los riesgos financieros se multiplicarían para todos los Estados miembro de la UE, al superar con creces los ya existentes a través de acuerdos ya firmados entre países de la UE con EE UU: con el TTIP, más de 19 países de la UE podrían ser demandados directamente por inversores de EE UU (es decir, habría un aumento de 9 a 19 países que serían objeto de demanda); el TTIP cubrirá en un 99 % más a los inversores con origen en EE UU en la UE (en la actualidad sólo cubre el 1 %); más de 47.000 empresas podrán acceder a estos mecanismos (comparado con las 4.500 en la actualidad). El TTIP podría facilitar que alrededor de 900 demandas provenientes de empresas con origen en EE UU hacia los estados miembro de la UE.

Bajo la propuesta de la UE, empresas transnacionales podrían incluso demandar a sus propios gobiernos –haciendo uso de una filial o pidiendo a un accionista extranjero que inicie la demanda. En el contexto del TTIP, este peligro es particularmente evidente debido a que existe un valor de 3,5 billones de dólares en títulos financieros en la UE. No hay prácticamente ninguna empresa europea que no albergue inversores estadounidenses que podrían hacer uso de las cláusulas.

La propuesta de la UE sobre los derechos del inversor es una vía segura para coaccionar a los legisladores. Existe ya la evidencia de que propuestas de protección medioambiental o de salud han sido abandonadas, retrasadas o modificadas de alguna manera según el deseo de alguna gran empresa, bien a través de demandas o por el riesgo de litigio. Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo, han retrasado sus políticas anti tabaco al ver que Big Tobacco había interpuesto grandes demandas por casos similares en otros países.

El mecanismo de solución de controversias propuesto por la UE no es judicialmente independiente, más bien tiene un sesgo en favor de los inversores. Debido a que sólo los inversores pueden demandar, existe un incentivo para los árbitros (ahora llamados “jueces” en la propuesta de la UE) para ponerse del lado de los inversores, ya que esto atraerá nuevos casos, lo que se traduce en nuevas tarifas y prestigio en el futuro. El criterio de selección restrictivo, la falta de periodos de enfriamiento y vacíos en la propuesta del código ético para los árbitros preocupa, ya que los tribunales seguirán teniendo al mismo personal que hasta ahora, es decir árbitros que se han beneficiado enormemente de este negocio al motivar a los inversores a llevar a cabo demandas y al hacer uso de una interpretación extensiva de las cláusulas que protegen las inversiones.

Existen dudas serias de que los derechos del inversor propuestos sean compatibles con la legislación europea, una de las razones que ha suscitado mayor preocupación entre los jueces. La propuesta de la Comisión deja de lado a las cortes europeas y es ante todo discriminatoria, ya que otorga derechos especiales a los inversores extranjeros. A través de estos mecanismos se podrán desafiar los fallos en las cortes o acciones de los gobiernos, así como las leyes que se quieran aprobar en los parlamentos, desde los ámbitos más locales hasta el nivel europeo.

En lugar de poner fin al ISDS, la agenda dela UE sobre la protección de los inversores amenaza con encerrar a los miembros de la UE en el ISDS para siempre. Será prácticamente imposible eliminar los privilegios de los inversores una vez que los tratados como el TTIP o el CETA sean aprobados (de hecho, los países tendrían que salir de la UE de darse el caso). La propuesta de la comisión de una corte de inversión multilateral es esencialmente una corte mundial suprema de acceso exclusivo para las grandes corporaciones.

El intento de la UE para expandir de manera masiva y encerrar el sistema de arbitraje de inversiones para siempre, llega en un momento en el que un gran número de personas de todos los espectros político se están oponiendo a las camisas de fuerza que suponen este tipo de leyes, de las que muchos gobiernos precisamente están intentado salir.

Este informe concluye con una llamada a la acción a terminar con todos los tratados existentes que permiten que las grandes empresas demanden a los gobiernos en tribunales internacionales por legislaciones que limitan la capacidad de lucro; a impedir la aprobación de la carta de derechos especiales para multinacionales que se suponen tratados como el TTIP y el CETA; y a terminar cualquier plan para la creación de una corte mundial suprema exclusiva para corporaciones y millonarios.

El ISDS zombi, renombrado como ICS, el derecho de las multinacionales para demandar a los Estados se niega a morir. Publicado por: Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute (TNI), Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), Attac Austria, Campact, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Forum Umwelt & Entwicklung, Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci (IGO), PowerShift, Seattle to Brussels Network (S2B), Traidcraft, Umanotera, War on Want, Védegylet, Vrijschrift, 11.11.11.

*Fuente: Bilaterals.org

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Trabajar con la industria

Autofinanciarse

Colaborar, no competir

Recuadro

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Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad.
¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos?
Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan (APLAUSOS); hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas; hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana.
Unos países tienen mar, otros no; unos tienen recursos energéticos, otros no; unos poseen tierras abundantes para producir alimentos, otros no; unos tan saturados de máquinas y fábricas están, que ni respirar se puede el aire de sus atmósferas envenenadas (APLAUSOS), otros no poseen más que sus escuálidos brazos para ganarse el pan.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? (APLAUSOS) ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de las decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos.
¡La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar!
Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados.
Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan.
¡Basta ya de palabras! ¡Hacen falta hechos! (APLAUSOS) ¡Basta ya de abstracciones, hacen falta acciones concretas! ¡Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende (RISAS y APLAUSOS); hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan!
No he venido aquí como profeta de la revolución; no he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos, y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales el futuro será apocalíptico (APLAUSOS).
El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo (APLAUSOS).
Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana.

¡Muchas gracias!

El articulo Fidel en la Naciones Unidas, 1979: "Si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico" apareció primero en piensaChile.

17/10/2019

«Antes se hablaba de las dos Bolivias: una Bolivia de los indígenas, los obreros, los campesinos y otra Bolivia, del sector empresarial, del sector más acomodado en el país. Con la Asamblea Constituyente de 2006 se logra unir a todo el pueblo boliviano y hacer que cada boliviana y boliviano se sienta identificado con su Estado”

afirmó Diego Pary Rodríguez, canciller boliviano en diálogo con el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica.

A muy pocos días de las elecciones generales en Bolivia, el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica entrevistó al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia Diego Pary Rodríguez. El diálogo tuvo lugar en los estudios centrales del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios en conexión con Quito y Córdoba y fue retransmitida para toda América Latina a través de la red de ALER.

Política exterior e Integración regional

La conversación se inició con la consulta sobre los logros más sobresalientes de la política exterior de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales.

El canciller de Bolivia indicó que la “contribución más importante ha sido la de poder crear, construir, una política exterior independiente, digna, con identidad propia y soberana”. Bolivia no es más un mero acompañante de las posiciones hegemónicas de otros países en el mundo sino que propone, participa y es parte de las decisiones en los diferentes foros multilaterales.

La diplomacia boliviana es capaz de dialogar y trabajar no sólo con quienes coinciden con nuestras posturas ideológicas, sino también con aquellos que no comparten nuestra visión. De allí que Bolivia se ha convertido en una bisagra para la integración sudamericana y latinoamericana, por esa capacidad de articular en base a intereses comunes de los pueblos, agregó Pary.

En relación al futuro de UNASUR, y más específicamente con relación a versiones sobre un posible traslado de la Secretaría General a Bolivia, el diplomático dijo que es cierto que la Unasur atraviesa dificultades en este momento debido a la decisión de algunos países de no participar, “pero también sabemos que los organismos internacionales nunca mueren.”

Afirmó además que UNASUR está vigente y en el momento en que haya un cambio en la región y los países miembros decidan retomar su funcionamiento, UNASUR volverá a articular a todos los Estados suramericanos. “Es uno de los organismos que se han creado para integrar a nuestros pueblos sudamericanos y en ese marco seguiremos apoyando y promoviendo que los pueblos de la región se puedan integrar, se puedan unir.”

Respecto al tema de la Secretaría General “es un tema que se deberá discutir, si es que su sede original ya no ofrece condiciones”. A la fecha, el único Estado miembro que ha denunciado el Tratado Constitutivo de UNASUR es Colombia. A pesar de que algunos otros no participan y la SG no está en funcionamiento, UNASUR tiene vigencia, remarcó el ministro.

Con referencia los posibles problemas para la cooperación que suscita un Brasil gobernado por la derecha ultraconservadora y ultraliberal, el canciller precisó que más allá de las diferencias ideológicas, Bolivia mantiene una estrecha relación con Brasil. “Ellos tienen su visión, nosotros la nuestra. Sin embargo, en temas de interés común hemos logrado coordinar”.

En relación a los efectos positivos para la integración que suponen la elección de México para ejercer la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- en 2020 y una muy probable victoria del candidato Fernández en Argentina, Pary manifestó que al tener México “un rol de liderazgo muy importante en Latinoamérica, eso permitirá tener o convocar a aquellos países que tenían algunas observaciones respecto al funcionamiento de la CELAC”.

“Esperamos en enero poder concretar la próxima cumbre de la CELAC para que se pueda realizar el traspaso de Bolivia hacia México”, concluyó el ministro.

Amazonía y Crisis climática

Ante la reciente crisis de incendios en la Amazonía que también afectaron a Bolivia, se consultó al canciller sobre las medidas para enfrentar esta situación tanto en lo nacional como en lo regional.

El canciller repuso que las afectaciones del cambio climático ya se están dejando ver. Mientras tanto, el acuerdo de París no termina de implementarse, los compromisos se están dejando esperar, y hay países que se están retirando del acuerdo intentando afectar su vigencia. Bolivia ha realizado foros internacionales y llevado la temática a Naciones Unidas, OEA y CELAC. Es destacable el esfuerzo de Francia en ese sentido.

También en el ámbito regional se hicieron diferentes reuniones como por ejemplo la convocada por Perú y Colombia en la ciudad fronteriza de Leticia, donde los presidentes acordaron una hoja de ruta y acordaron temas donde se puede trabajar.

En el ámbito nacional, Pary resaltó el esfuerzo realizado por el Gobierno boliviano para atender los incendios en la Chiquitanía contratando empresas especializadas y articulando la cooperación internacional, al par de disponer importantes contingentes de militares y voluntarios para apagar hasta los últimos focos de calor. En el contexto del momento político que vive Bolivia, en etapa previa a elecciones, se ha intentado utilizar la temática para afectar al gobierno a pesar de que la emergencia fue atendida con todo lo necesario.

Ahora ya está en plena implementación la fase pos-incendio para reforestar, recuperar los acuíferos, reinsertar a los animales de la región que han sido atendidos por especialistas y devolverle la vida a esta región.

“Creemos que la experiencia generada por Bolivia es algo que fácilmente se puede trasladar hacia el ámbito regional. Será muy importante tener un centro logístico contra desastres naturales en Sudamérica y Amazonía para que cuando se den este tipo de emergencias inmediatamente se pueda trabajar, reaccionar y puedan resolverse las dificultades que se vayan a presentar”, concluyó.

Elecciones

Se consultó también sobre los riesgos para Bolivia en la eventualidad que se produjera un regreso de la derecha, a lo que Diego Pary respondió enfáticamente que eso no sucederá “porque los movimientos sociales y el pueblo boliviano están comprometidos con las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país”.

Bolivia ha logrado, sobre la base de un modelo político propio dejar atrás las bases de un Estado republicano, colonial, para convertirse en un Estado Plurinacional que incorpora a todos los sectores. “El pueblo boliviano impedirá que eso (el retorno de la derecha) suceda”.

Invitado por uno de los interlocutores periodísticos a profundizar sobre el escenario al que se enfrentaría Bolivia ante un hipotético escenario de segunda vuelta y un eventual triunfo del candidato opositor Mesa, Pary Rodríguez puntualizó que Bolivia ha vivido en la última década un escenario de gran estabilidad política, económica y social.

La hipótesis planteada acerca de un triunfo opositor significaría un regreso a tiempos de gran inestabilidad como los acaecidos entre 2000 y 2005 en los que Bolivia tuvo 5 presidentes distintos. “Ningún boliviano desea que volvamos al pasado”.

Además de la inestabilidad, el canciller precisó que esto sería volver a “una etapa donde los recursos naturales, las empresas estratégicas fueron privatizadas y los proyectos estratégicos del Estado como la industrialización fueron abandonados”.

Por último se inquirió al ministro sobre posibles aspectos autocríticos o flaquezas a corregir a futuro, en el caso de continuar Evo Morales en la presidencia a lo que respondió que primeramente hay que tener en cuenta que una historia de 500 años no es fácil de transformar en una década. Bolivia es el país que más crece en los últimos 6 años en la región, mientras que antes siempre estábamos en el penúltimo lugar.

“Pero un crecimiento económico no tiene sentido si esto no cambia la vida de las personas”, aseveró. Hizo mención a la significativa reducción de la extrema pobreza lograda en los últimos trece años con una disminución de 23 puntos porcentuales. “Ningún país en el mundo ha tenido un logro de esta naturaleza.” A ello agregó que más de tres millones, cerca de un tercio de la población, que estaban en situación de pobreza, hoy forman parte de la clase media, lo que constituye un cambio significativo. “Estas cifras nos muestran la gran transformación que se ha dado en el país”, reafirmó Pary.

A continuación el canciller mencionó el hecho de la Constituyente como un hito fundamental del que poco se habla. “Antes se hablaba de las dos Bolivias: una Bolivia de los indígenas, los obreros, los campesinos y otra Bolivia, del sector empresarial, del sector más acomodado en el país. En 2006 con la Asamblea Constituyente se logra unir a todo el pueblo boliviano. Hacer que cada boliviana y boliviano se sienta identificado con su Estado.” Este fue un aporte fundamental porque permitió cambiar la estructura del Estado. A partir de allí, medidas claves como la nacionalización de los recursos y las empresas estratégicas han contribuido al desarrollo y permitido que Bolivia hoy sea líder en crecimiento económico.

“Seguramente”, completó el ministro, “hay algunas debilidades, algunos temas que no han sido debidamente satisfechos y es en ese contexto que en estos próximos cinco años tenemos el gran desafío de la industrialización. No podemos seguir vendiendo materia prima, tenemos que transformarla y darle valor agregado. Hemos avanzado en la industrialización del gas. La proyección la tenemos con el litio. Bolivia es uno de los países que tiene la mayor riqueza de litio en el mundo y ese litio tiene que ser para proyectar a nuestro pueblo a un mayor desarrollo. Estamos seguros que en los próximos cinco años lo lograremos.”

Participaron de la entrevista el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el colectivo ComunicaSul y la agencia internacional de noticias Pressenza.

– El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica -FCINA- es una iniciativa de redes y medios de comunicación y coordinaciones sociales, comprometidas con la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.

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La experiencia muestra que la mayoría de los países que salen de la pobreza y se acercan al desarrollo, como Chile, se estancan a mitad de camino. El fenómeno ha sido bautizado como “la trampa del ingreso medio”. Muchos especialistas creen que para salir de ahí se necesitan políticas industriales. Una reciente investigación de Tomás Bril-Mascarenhas y Aldo Madariaga examina por qué se ha fracasado en implementar políticas industriales en Chile y la responsabilidad que le cabe a los gobiernos de la Concertación, a la elite económica y al primer gobierno de Sebastián Piñera en ese fracaso.

Así como un temblor inusualmente largo despierta en los chilenos el temor de que sea el inicio de un gran terremoto, cada vez que baja el precio del cobre emerge otro miedo: que nuevamente Chile haya perdido una oportunidad histórica. Y que así como en la época del salitre, o en el boom de los ‘80, una vez más no hayamos sabido aprovechar una bonanza circunstancial para mejorar nuestra habilidades productivas y seguir desarrollándonos.

Aunque escuchamos todo el tiempo sobre lo innovadores que son los emprendedores chilenos, lo cierto es que el 60% de nuestras exportaciones sigue siendo materias primas. Y la experiencia internacional muestra que, salvo excepciones, ningún país se transforma en desarrollado de esa manera. Hay varias razones, pero tal vez la principal es que los productores de materias primas saben hacer muy poco para ser desarrollados, como dijo el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann a CIPER en 2015.

El punto es que las materias primas pueden sacar a un país de la pobreza pero, tarde o temprano conducen a lo que los especialistas llaman “la trampa del ingreso medio”: a medida que el país prospera y las personas mejoran su nivel de vida, a sus industria les resulta cada vez más difícil competir con los bajos costos de naciones más pobres.

En un reciente informe de la OCDE se dice, sin dar explicaciones, que Chile, Uruguay y Trinidad y Tobago ya salieron de esa trampa, de lo que se podría colegir que somos oficialmente un país desarrollado (ver página 33 del informe). La mirada más aceptada, sin embargo, es que seguimos en ella y que para seguir desarrollándonos necesitamos hacer algo que no hemos hechos: mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos.

Ese salto productivo no se da automáticamente. Por el contrario, es tan difícil de lograr que de los 101 países de ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008,según un estudio del Banco Mundial (ver página 12 del informe). Lo frecuente es que los países que van camino al desarrollo no lo logren. Como en el cuento de la Cenicienta, el hechizo de las materias primas termina en algún momento de la noche. Y el paso de estar en el baile de palacio a vestirse con andrajos puede ser abrupto, como lo muestra nuestra historia.

Un reciente estudio examina las causas que han frenado el desarrollo de una política industrial en Chile e identifica la responsabilidad que le ha cabido a los gobiernos de la Concertación, a la elite económica y a la primera administración de Sebastián Piñera.

Es tan difícil llegar al desarrollo que de los 101 países de Ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008, según un estudio del Banco Mundial”.

El estudio se titula El poder empresarial y el Estado mínimo: la derrota de la política industrial en Chile (Business power and the minimal state: the defeat of industrial policy in Chile) y fue publicado en diciembre de 2017 por los cientistas políticos Tomás Bril-Mascarenhas y Aldo Madariaga, en el Journal of Development Studies.

La investigación analiza a fondo el intento de las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por generar un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que obtuviera recursos del boom minero y redestinarlos a desarrollar industrias innovadoras a través del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC). El estudio describe cómo las grandes empresas torpedearon el proyecto en el Congreso, limitaron su aplicación y cómo finalmente en el primer gobierno de Piñera se desmanteló esa iniciativa.

UNA ELITE MUY RARA

El estudio precisa que, salvo por el icónico caso del CNIC (que se detallará más adelante), la constante ha sido que ni el Estado ha promovido las políticas industriales ni las empresas las han demandado.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que, por una parte, la Concertación tenía equipos técnicos convencidos de que era necesario impulsar políticas que sacaran a Chile de su dependencia de las materias primas, pero nunca quedaron en posición de influir sobre el Ministerio de Hacienda, que es el lugar desde donde se fijan muchas prioridades políticas desde el Consenso de Washington. Hacienda siempre fue dominado por las facciones más ortodoxas que “impulsaron disciplina fiscal, libre comercio y rechazaron la intervención económica del Estado”, afirman los académicos en su estudio.

Por otra parte, las elites económicas chilenas, que con su enorme poder tienen fuerza para hacer que sus necesidades sean satisfechas por el Estado, no demandaron políticas industriales. Más aún, las torpedearon. Bril-Mascarenhas sostiene que, en ese punto, la elite chilena es muy extraña en el contexto latinoamericano, donde usualmente sí piden políticas para sus áreas.

Bril-Mascarenhas sugiere que esta inusual aversión puede deberse a que en Latinoamérica “no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, lo que probablemente se potencia en “los círculos cerrados donde se forma la elite chilena y que refuerzan la doctrina de Chicago sobre el Estado”.

Citando al politólogo norteamericano Ben Ross Schneider, Bril-Mascarenhas alude a una tercera explicación: la economía latinoamericana –y particularmente la chilena- está dominada por unos pocos grandes grupos que tienen negocios muy diversificados, son como un portafolio de inversiones con intereses muy diversos. Así, cuando les va mal en un sector (por ejemplo, el cobre) tienen ingresos por otros sectores (pesca, retail).

-Esa estructura de negocios está tan bien hecha que esos grupos no necesitan una transformación productiva para mantener su alto nivel de rentabilidad -dijo Bril-Mascarenhas a CIPER.

De hecho, como lo describe Schneider en su libro “El capitalismo jerárquico en Latinoamerica”, la elite chilena usó el reciente boom de los commodities para acrecentar su participación en las materias primas y no como trampolín hacia negocios más productivos.

Para seguir desarrollándose los países necesitan mover las inversiones desde emprendimientos basados en mano de obra barata a otros que emplean más tecnología y trabajadores mejor preparados, y que, por lo tanto, generan bienes y servicios más valiosos”.

Bril-Mascarenhas dijo a CIPER que un último factor que le permite a la elite no recurrir al Estado en busca de políticas industriales, es que “durante la dictadura, el Estado reguló el sistema de pensiones de modo que las grandes empresas obtienen en el mercado de capitales un financiamiento a plazos larguísimos”.

En teoría ese financiamiento podría apoyar también a actores empresariales innovadores, pero Bril-Mascarenhas aclara que “las AFPs y otros inversores institucionales tienen una preferencia fuerte por los grandes jugadores ya consolidados”. Así, el sistema financiero chileno “favorece a los que ya tienen control del mundo corporativo, no a sus potenciales desafiantes”.

Bril-Mascarenhas y Madariaga citan como ejemplo de lo anterior que los tres grupos más grandes en 2007 – Angelini, Matte y Luksic-, tenían un poder económico equivalente al 15 % del PIB. Este peso económico les permitía “absorber la mayor parte de los préstamos de largo plazo proveídos por los bancos privados”. Los autores argumentan que, debido a ese acceso al crédito, estos grupos se opusieron a que el Estado participara más activamente en el mercado de los créditos pues, probablemente, eso se habría tenido que financiar con un aumento de los impuestos corporativos que ellos pagan y habría favorecido a sus competidores medianos y pequeños.

Esta falta de oferta y demanda de una política industrial prácticamente no ha cambiado a pesar de la dramática desindustrialización de Chile que ha afectado especialmente a las PYMES, las cuales han visto caer su participación en “ventas, empleo y acceso a créditos”. Y si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

El estudio consigna que entre 1970 y hoy el sector manufacturero pasó de representar un cuarto del PIB a ser solo el 10%, al mismo tiempo que se han expandido considerablemente los servicios con poca productividad (comercio, servicios comunitarios y administración pública). El resultado ha sido el estancamiento de la diversificación de lo que exportamos. Mientras en 1983, el 65 % de nuestras exportaciones eran minerales, en esta década se ubican en el 60 %. Esta dependencia tiene un agravante: las materias primas sin procesar crecieron su relevancia en nuestra canasta exportadora del 25% en 1983 al 40% en 2010.

La gravedad de la situación en la que estamos la resume una advertencia que nos hizo el gurú de la competitividad Michael Porter: “Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender. Siguen vendiendo lo mismo”.

Michael Porter dijo esto en 2008. Hace 10 años.

DETENIENDO LA INDUSTRIALIZACIÓN

En el discurso inaugural de su nuevo mandato, el Presidente Sebastián Piñera anunció que su gobierno estará orientado a alcanzar el desarrollo: “Hace 30 años los chilenos realizamos con éxito la primera transición, que nos permitió avanzar a una sociedad con libertad y democracia. Ella ya es parte del pasado. Ahora tenemos que emprender la nueva transición, esa que nos va a conducir a un Chile desarrollado y sin pobreza”.

Su programa, sin embargo, no considera que sea un problema para el desarrollo nuestra dependencia de las materias primas. Tampoco promete impulsar políticas industriales para que las empresas chilenas pasen a producir bienes y servicios con mayor valor agregado. En este tema, la estrategia que se observa, por ejemplo, en la anunciada rebaja tributaria a las grandes compañías, no inaugura una nueva transición, sino que enfatiza las ideas que dominan desde el retorno a la democracia: el Estado se debe enfocar en generar marcos para el crecimiento económico, pero no intervenir en lo que las empresas hacen.

El citado politólogo del MIT Ben Ross Schneider, que ha estudiado a los países que están en la llamada “trampa del ingreso medio”, sostiene que salir de ahí es más complejo que derrotar la pobreza. La razón: “la trampa” no es solo económica, es sobre todo política, pues las instituciones que permitieron a los países alcanzar el ingreso medio no son suficientes para seguir adelante (ver The Middle-Income Trap: More Politics than Economics, junto a Richard Dooner).

Los autores argumentan que los actores empresariales usaron su poder para bloquear la política industrial que intentaron desarrollar Lagos y Bachelet. Luego, cuando Piñera llegó al gobierno en 2010, la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta”.

El salto al desarrollo, argumenta Schneider, requiere voluntad política, habilidad para mantener una ruta durante un largo tiempo, consensos sociales, colaboración entre empresas y Estado y políticas inclusivas. Pero requiere también, medidas para mejorar las capacidades tecnológicas y la formación de empresas y trabajadores que sean capaces de organizarse en negocios productivos. Todo eso demanda tiempo y la participación coordinada de actores que no se coordinan automáticamente (por ejemplo, entre los profesores de una escuela industrial y las empresas donde los jóvenes van a trabajar).

No solo eso. Schneider remarca que las condiciones que facilitaron la anterior fase de desarrollo (trabajadores mal pagados y mal preparados, desigualdad e informalidad), se vuelven un lastre, pues generan nudos de intereses y enclaves de desigualdad que impiden dar los pasos sucesivos, entre otras cosas, porque rompen la capacidad de la sociedad de trabajar junta.

Siguiendo esta línea, la investigación de Bril-Mascarenhas y Madariaga muestra que si seguimos atados a las materias primas es porque la política ha fallado. No han faltado los recursos, sino la falta de voluntad de parte de quienes han tenido el poder para dirigir esos recursos.

Consignan que ya desde fines de los ‘90 había datos suficientes para notar que el crecimiento que tuvo Chile en esa década (con años en que el PIB saltó al 10% anual) no lograba producir el salto industrial hacia la generación de mayor valor agregado. Los autores citan a un ex alto funcionario del Ministerio de Hacienda que describe cómo, pese al declive del crecimiento, los partidarios de hacer de la CORFO una verdadera agencia de la política industrial perdieron una y otra vez frente a quienes, desde adentro del gobierno, promovían un Estado “neutral”.

En esa derrota influyó la férrea oposición de los empresarios y los partidos de derecha. “Si hubiéramos hablado de eso, habríamos tenido a todos sobre nosotros; a la prensa y a los extremistas neoliberales de la UDI”, les dijo una fuente que identifican como un funcionario de alto nivel del Banco Central. Política industrial era por entonces un concepto tabú.

En una reciente entrevista el economista Ricardo Ffrench-Davies recordó que en su administración, Frei Ruiz-Tagle intentó crear un programa de clúster. “En una reunión con grandes empresarios, en la que estuve presente, la reacción de algunos fue decir ‘ustedes con esto quieren destruir a la empresa privada’”, relató Ffrench-Davies.

A nivel internacional dominaba la misma convicción. Mientras Ronald Reagan había inaugurado en los ‘80 la era neoliberal con la frase “el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema”, en 1996 el demócrata Bill Clinton ahondó en la misma línea anunciando que la era de “los grandes gobiernos ha terminado”.

Pero durante el gobierno de Ricardo Lagos, la reducción del crecimiento y el estancamiento de la diversificación productiva permitieron que los técnicos de la Concertación, partidarios de políticas industriales, tomaran la ofensiva. Argumentaron que la minería del cobre estaba pagando mucho menos impuestos que lo que correspondía y que si se le aplicaba un royalty, estos recursos podrían financiar programas e instituciones destinadas a promover la innovación y la competitividad.

En 2004 Lagos envió un proyecto de royalty minero que fue rechazado en el parlamento. Pero en 2005 se consiguió aprobar un impuesto específico a la minería que estaba ligado a la reinversión de esos recursos en innovación y competitividad. En el proyecto citaban los casos de Finlandia y Corea del Sur como países que “explícitamente orientaron las prioridades políticas en innovación y competitividad”.

El proyecto propuso la creación de un Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que iba a recolectar los ingresos del nuevo impuesto minero; también propuso la creación del CNIC, con el mandato de dirigir el uso de los recursos del FIC. Luego, durante la primera administración de Michelle Bachelet, se buscó institucionalizar el CNIC, emulando las experiencias de Israel y Finlandia, para que pudiera coordinar la nueva política industrial.

Los autores argumentan que los actores empresariales “usaron su poder para bloquear la nueva política”. Primero, vetaron el royalty que se propuso en 2004 y luego lograron influir para que se modificara profundamente el proyecto que finalmente se aprobó en 2005 (el impuesto específico no fue un royalty sobre las ventas sino un gravamen sobre las rentas; la diferencia redujo mucho los recursos que se podían obtener, según algunos especialistas).

Con ese punto ganado, escriben Bril-Mascarenhas y Madariaga, el sector empresarial se enfocó en el debate sobre la política industrial que se quería poner en marcha. Los autores describen un duro proceso legislativo que separó el impuesto al cobre de la política industrial a la que estaba asociado; luego, el poder empresarial logró que gran parte de los fondos se destinara a las regiones mineras, con lo que se aumentó la posibilidad de las corporaciones mineras de influir en la ubicación de los nuevos recursos.

En Latinoamérica no encuentras otra elite tan firmemente anclada en el pensamiento económico de Chicago”, dice el cientista político Tomás Bril-Mascarenhas.

Y por último, los empresarios influyeron en la composición del directorio del CNIC “para que fuera técnico”. Se demandó más presencia del sector privado en general y de las asociaciones empresariales, argumentándose que el CNIC debería ser como el Banco Central. El entonces senador Hernán Larraín (UDI, actual ministro de Justicia), dijo que la propuesta del gobierno era “un exceso de presidencialismo y un innecesario cesarismo”.

Pese a todas estas limitaciones, el CNIC lanzó la política nacional de clúster para destinar los fondos a promocionar sectores económicos prioritarios: minería, acuicultura, turismo, servicios globales y offshoring (hacer que empresas internacionales trasladaran a Chile una parte de sus servicios, por ejemplo, la atención telefónica a los clientes). Sin embargo, dicen los autores, la presencia de dirigentes empresariales en el CNIC afectó la profundidad de las políticas.

Cuando Sebastián Piñera llegó al gobierno en 2010 la política industrial en ciernes fue lentamente disuelta. Un ex miembro del CNIC durante la administración de Piñera, dijo a los autores que “muchos de los miembros del consejo creían que la política de clúster no era una buena idea. Dos meses después de que el nuevo consejo empezara, cerramos la puerta a todas las iniciativas sin mucho análisis. Y durante el periodo 2010-2014 la política de clúster nunca fue discutida de nuevo”.

Piñera nombró en el CNIC a Fernando Flores, y el organismo pasó de incentivar una política vertical a impulsar una cultura de la innovación. Un ex miembro del CNIC de esos años dijo a los autores: “No hicimos propuestas concretas, esa es la realidad. El CNIC se transformó en una reunión de intelectuales que tenían interesantes conversaciones y lo pasaban bien, pero el consejo no hizo significativas propuestas”. Finalmente, Piñera redujo en un 50% su presupuesto. Cuando Bachelet volvió al poder en 2014, del CNIC no quedaba nada. La política de clúster se había desmantelado y el presupuesto obligaba a reducirla aún más.

EDUCACIÓN AL BASURERO

Un problema derivado del hecho que las empresas decidan libremente que lo más conveniente es producir materias primas, es que generan una economía que ofrece unos pocos buenos empleos (que quedan en manos de la elite, como lo mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman), y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad. Y eso no solo afecta la distribución del ingreso, sino que, como ha mostrado Ben Ross Schneider, puede dañar la fuerte inversión en educación que hacen las familias chilenas (endeudadas con el CAE) y el Estado (que invierte a través de las Becas Chile en generar capital humano avanzado). Si el grueso de los empleos que puede ofrecer la economía es de poca cualificación, el esfuerzo en capacitarse no va a ser recompensado.

Schneider es quien más profundamente ha reflexionado sobre cómo se ligan la formación y lo que las empresas producen. En su libro El capitalismo jerárquico en Latinoamérica, sostiene que este tipo de capitalismo, del que Chile es un ejemplo clásico, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”. Y un asunto grave es que la falta de buenos empleos puede llevar a caer en lo que él llama “la trampa de las bajas habilidades”: viendo que la generación que se preparó y se endeudó no obtiene buenos empleos y remuneraciones, la siguiente generación puede decidir no prepararse, con lo que salir de las materias primas se volverá más difícil.

Dado lo anterior, a Aldo Madariaga le parece un grave error poner el acento solo en la capacitación de los trabajadores: “si no tienes empleos en los que ocupar a esos obreros, las habilidades que ellos obtengan, se van a devaluar. El ‘desarrollo de competencias’ sin política industrial termina haciendo que los obreros mejor calificados trabajen en actividades que no necesitan ese tipo de calificación”. La formación se transforma así, en acumular diplomas para mantenerse más o menos en los mismos puestos. Y el esfuerzo no retribuido genera una gran frustración.

-Educación y política industrial no pueden ir disociadas -remarca Madariaga.

Agrega que, en el caso chileno, la política industrial siempre ha parecido difícil de justificar porque hay muchas carencias sociales: “poner muchos recursos en la transformación de un sector industrial compite siempre con la necesidad de gastar en pensiones o en educación”. Sin embargo, la experiencia indica que si esas nuevas empresas tienen éxito “pueden generar un retorno tremendo al crear puestos de trabajo de alta calificación haciendo que la inversión en educación que han hecho las familias y el Estado tenga un destino”.

Desde esta perspectiva, las políticas desplegadas por Chile para llegar al desarrollo, cojean. El economista Ha-Joon Chang advirtió hace un tiempo en CIPER: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder”.

¿CONFÍA USTED EN LOS MATTE?

Parece evidente que aunque la elite no las quiera, las políticas industriales pueden ser beneficiosas para la mayoría. Sin embargo, implican algo difícil de resolver: son las empresas más grandes -por su capital y su conocimiento de los mercados- las que están en mejor posición para dar el salto productivo. De hecho, Schneider, usa en su libro a la Papelera (CMPC, la industria símbolo del Grupo Matte), para sintetizar las dificultades que tiene el salto productivo. Schneider se pregunta por qué la Papelera no es Nokia (la empresa forestal finlandesa que, con aportes públicos, se reconvirtió exitosamente a las comunicaciones).

Si la voz de las Pymes interesadas en políticas industriales no se ha oído en estos años, es porque la elite económica tuvo el poder para “silenciar la expresión pro-industrial de esas empresas”, escriben los autores.

Por supuesto, a muchos chilenos nos dolería el estómago que el Estado aportara recursos a los Matte para que se reconvirtieran hacia la alta tecnología (a los mismos que durante 10 años sacaron utilidades ilícitas con la colusión en el precio del papel de uso doméstico). Lo mismo ocurre con Soquimich (SQM) o con varias empresas pesqueras que financiaron ilegalmente la política, o con las empresas que se privatizaron abusivamente en la dictadura.

En la entrevista con CIPER, Madariaga reconoce que ese es un tema complejo para avanzar en las políticas industriales y que no tiene una respuesta fácil: “Tener una asociación entre el Estado y ciertos grupos empresariales y que eso se convierta en corrupción abierta, es algo que se ve en Brasil hoy y también se vio en Corea en los ‘90”.

Aunque corrupción hay siempre: existe ahora y sin los beneficios que podría traer la política industrial. “Yo diría que la cercanía que tienen los empresarios con los políticos puede ser un problema, pero también un activo; cuando en el gobierno y en la empresa hay tipos que tienen una socialización parecida, eso puede favorecer acuerdos y entendimientos”, agrega Madariaga.

Más que la corrupción, para este académico el gran freno que tiene Chile para avanzar hacia una política industrial, es otro: “Es la elite chilena que no quiere compartir con los demás, no quiere cambiar nada, porque esto le acomoda mucho. Ahí está la piedra de tope”, acota.

*Fuente: CiperChile

NOTA DE LA REDACCIÓN:

Tomás Bril Mascarenhas es Ph.D., MA en Ciencias Políticas de la Universidad de California-Berkeley; BA de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política y Gobierno en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Aldo Madariaga es sociólogo, magister en Ciencias Políticas y doctor en Economía Política de la Universidad de Colonia (Alemania) y el Max Planck Institute for the Study of Societies, además de investigador adjunto de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto en COES.

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