30 de octubre de 2025

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26 de octubre de 2025

EN ENTREVISTA CON CIPER DESMENUZÓ EL FALLO ABSOLUTORIO PARA LOS ÚLTIMOS ACUSADOS

Fue el fiscal que junto a su equipo echó a andar los casos de financiamiento ilegal de la política, pero que terminó renunciando cuando al senador Iván Moreira (UDI) le dieron una salida alternativa sin condena. A su juicio, el veredicto que absolvió a los últimos ocho acusados del caso SQM, donde se incluye al exgerente de la minera, Patricio Contesse, tiene partes “delirantes”. Y estima que el hecho de que dos juezas no hayan condenado al menos a Contesse, indica que no tienen las competencias para asumir un caso complejo. Y si aún estuviera en el Ministerio Público, dice, “en lo sucesivo, yo las recusaría. Por la forma en que han fallado anteriormente, no están capacitadas para actuar en un juicio de esta naturaleza”.

El abogado y exfiscal Carlos Gajardo, quien inició las pesquisas del financiamiento político ilegal en 2014, considera que las dos juezas que absolvieron a Patricio Contesse, Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y a los otros cinco últimos acusados del caso SQM, al menos fueron “voluntaristas”. Lo fueron, particularmente, indica, al haber estimado que, respecto del exgerente general de la minera, Patricio Contesse, no se habrían acreditado delitos tributarios.

Gajardo habla de las juezas Claudia Santos y María Teresa Barrientos, quienes con sus votos, desestimaron pruebas, criticaron el trabajo del Ministerio Público y consideraron que a los imputados se les habían vulnerado sus derechos.

– Se habla mucho de la responsabilidad de la fiscalía. Usted dijo que fue una derrota. ¿Cuál es exactamente la responsabilidad de la fiscalía según su criterio?

La fiscalía tiene responsabilidades. Yo diría que el primer error que comete el fiscal [nacional de la época, Jorge] Abbott, es haber desarmado el equipo que inició esta investigación y que logró reunir la mayor parte de los antecedentes que fundan la imputación, que ocurrieron todos ellos durante 2015. El equipo que dirigía Sabas Chahuán y que integrábamos los fiscales [Emiliano] Arias, [Carmen Gloria] Segura, [Pablo] Norambuena y yo. Y eso, porque éramos los fiscales que teníamos el mejor conocimiento de cómo esta causa se había construido y los que teníamos también mayor experiencia en este tipo de causas para haberla llevado adelante, cosa que el nuevo equipo investigador no tenía y le fue mucho más dificultoso comenzar a conocer una causa que para ellos era nueva.

Creo que un segundo gran error fue comenzar a tomar decisiones, respecto de imputados, que no tenían justificación, que, ante casos semejantes, se comenzó a actuar de manera distinta. Por ejemplo, SQM es la única empresa de las tres, [junto a] Penta y Corpesca, que resultó suspendida [la persecución penal de] su persona jurídica. Mientras que, tanto para Penta como Corpesca, la fiscalía decidió condenarlas. Hubo una serie de personas naturales respecto de las cuales se tomó decisiones de no perseverar o suspender condicionalmente. El caso más notorio es el de Iván Moreira, persona que estaba en la misma situación, por ejemplo, de Marco Enríquez-Ominami. Hasta hoy no se ha dado una explicación de por qué para Iván Moreira la fiscalía tomó la decisión de suspender su investigación y para Marco Enríquez-Ominami decidió seguir.

– Lo de Iván Moreira ocurrió en el caso Penta, eso sí, que llevaba otro fiscal, Manuel Guerra.

A mi juicio estas tres causas [Penta, Corpesca y SQM] son una gran causa, donde la responsabilidad del Ministerio Público era tener un mismo estándar para tratarlas. Por eso, hago las comparaciones entre ellas de que se fueron tomando decisiones distintas que luego son difíciles de justificar ante un tribunal. Y una de las críticas que el tribunal hace es esta: ¿Por qué la fiscalía toma decisiones distintas en casos que son idénticos? Y no puede obligar, por lo tanto, al tribunal a que termine bailando la música que le quiera poner el Ministerio Público dependiendo de quién es el que está en la vista. Creo que ese es un segundo gran error.

Y hay un tercer error en la manera en que se litigó, que fue reprochada por los jueces y que fue, diría yo, reconocida por los demás intervinientes, en cuanto a que hubo desprolijidad en la manera en que se litigó. Lo que yo diría que, en parte, pasa por la falta de experiencia que los fiscales tenían en este caso.

– ¿Le parecen fundadas las desprolijidades que se acusan en el veredicto?

Más que eso, creo que tienen que ver con, por ejemplo, haber repetido pruebas, presentado prueba duplicada, cosa que he conversado con otros intervinientes y todos coinciden en que eso sucedió. No es eso, obviamente, suficiente para tomar una decisión de absolución, pero, por supuesto, no fue la mejor litigación, que es, a mi juicio, la más importante que ha tenido el Ministerio Público en sus 25 años.

– Según señala, entonces, los errores tienen dos caras: las decisiones de Abbott y cómo litigó la fiscal Claudia Perivancich en el juicio.

Me parece que la gran responsabilidad la tiene Jorge Abbott. Porque en el derecho hablamos de la culpa in eligendo. Creo que fue una muy mala decisión haber sacado esta investigación de los fiscales de Santiago, habérsela enviado a un equipo de regiones, que ya los complica logísticamente, y que ese grupo de fiscales no tenía… cuando digo que no tenía la experiencia digo algo objetivo, o sea, nómbrenme una causa de un nivel parecido a esta que este grupo de fiscales hubiera tenido antes. No existe.

Lo que he visto, es que la fiscal Perivancich hizo su mejor trabajo posible. Lo cierto es que ni siquiera era una fiscal que hubiera litigado previamente. Previamente ella tenía labores como asesora. Entonces, por supuesto que esas cosas tornan más complejo el actuar del Ministerio Público, pero esas fueron decisiones de Jorge Abbott y creo que las tomó teniendo toda la información, porque esta advertencia se la hicimos en una reunión, cuando él recién asume, y estaba el rumor de que iba a cambiar el equipo. Pablo Norambuena, Carmen Gloria Segura y yo, nos reunimos con Abbott para advertirle que iba a ser una muy mala decisión cambiar de equipo. Por supuesto, éramos parte interesada, pero, se lo dijimos por todo lo que le estoy diciendo: porque iba a ser muy difícil para un nuevo equipo montarse en esta causa y porque no había otro equipo que tuviera la experiencia que teníamos nosotros litigando este tipo de materias. El fiscal Abbott hizo oídos sordos.

Creo que esas son las culpas de la fiscalía, pero que de ninguna manera justifican el resultado absolutorio.

– ¿En qué no coincide con el veredicto?

Tiene una serie de deficiencias, yo diría, por una parte, jurídicas, de recoger tesis que previamente habían sido desechadas incluso por la Corte Suprema. Y tiene deficiencias graves respecto a la valoración de la prueba.

En lo primero, a mí me parece que toda esta tesis de que no se puede condenar a estas personas por el tiempo que había transcurrido a partir de los hechos es derechamente voluntarista. Eso no está en la ley, los jueces están creando normas con esa decisión.

En nuestro sistema jurídico existe la prescripción, que aquí no concurrió y existen las sanciones cuando no se respetan los plazos, que aquí tampoco ocurrió. La construcción que hace el tribunal de que va a absolver porque pasó mucho tiempo es una forma de legislar, de crear una ley. Esos mismos argumentos fueron esgrimidos por las mismas defensas en esta misma causa ante el Tribunal de Garantía, que lo rechazó; ante la Corte de Apelaciones, que lo rechazó, y ante la Corte Suprema, que lo rechazó vía recursos de amparo. Entonces, no se entiende que habiendo un rechazo del máximo tribunal a estos mismos argumentos, un tribunal de muy inferior jerarquía los acoja.

Y, para poner en el contexto internacional, esta misma semana fue condenado el presidente [Nicolas] Sarkozy en Francia por hechos ocurridos en 2007. Los que se están investigando acá son del 2009 al 2013. Y un país serio como Francia entiende que esto no es un problema, porque hay una convención contra la corrupción transfronteriza, que Chile ha firmado, que obliga al Estado chileno a que para los casos de corrupción no tenga plazos breves de prescripción. Entonces, toda esa elucubración larguísima que hace el veredicto para absolver por este motivo es un deseo de los jueces, que podrían dedicarse a legislar, entonces, si es que quieren cambiar la ley, pero que es absolutamente ilegal.

– En el voto de minoría se sostiene que hubo una acción de las defensas ante el Tribunal Constitucional que duró seis meses. Y no se contabiliza ese tiempo. Tampoco vimos que se aluda al periodo de la pandemia ni el estallido social.

Diría que más grave que eso, la fiscalía solo responde por los primeros tres años. Nosotros iniciamos esta causa en febrero de 2015 y se presentó la acusación en junio del 2018. A partir de la acusación, todo el impulso procesal del 2018 al 2025 es responsabilidad del tribunal, que fija las fechas, que decide o no reagendar y que otorga los tiempos para que los litigantes puedan expresar sus opiniones. Por lo tanto, en esos 7 años, la responsabilidad de esa demora es exclusiva de los tribunales y, en parte, por muchas solicitudes de las defensas. Entonces, dirigirle al Ministerio Público la responsabilidad por la demora desde 2018 a 2025 es absolutamente injusto.

– ¿Pero, no piensa que pasar 11 años investigado es un exceso? Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira prácticamente estancaron sus aspiraciones políticas.

Son consideraciones extrajurídicas para las que cada uno tendrá su opinión, pero que para los procesos son indiferentes. Si a alguien le parece que esto no debe ser, bueno, modifiquen la ley y digan, entonces, que la prescripción va a ser de dos años o que, si un caso se alarga más de cinco años, se extingue la responsabilidad, pero eso no pueden venir a legislarlo los jueces y a establecer normas que no existen.

– Usted está citado en el veredicto por un hecho relacionado con los correos entre Longueira y Contesse. ¿Recuerda esa diligencia? Porque lo que están diciendo las dos juezas del voto de mayoría es que usted, prácticamente, quería conseguir a la mala esos correos del exgerente. 

Los correos se incautaron voluntariamente en SQM. La contabilidad se incautó con orden judicial en el mismo acto. No había ningún tema acá de dificultad para obtener una orden, pero como había una entrega voluntaria, no era necesaria. Pero, para mayor prolijidad de la prueba, se le pidió al propio Contesse que autorizara personalmente la revisión de su computador. Cosa que efectivamente hace, entregando la clave de su computador de manera voluntaria. Por lo tanto, la manera en que se cautelaron las garantías del imputado, en este caso fue perfecta, como lo reconoce el veredicto de minoría. Pero, adicionalmente, este mismo alegato fue realizado en innúmeras ocasiones ante el tribunal de garantía, que como su nombre lo indica es el que debe proteger las garantías de los imputados. Y esto fue rechazado reiteradamente y en la instancia más importante, que es la audiencia de preparación de juicio oral. Por lo tanto, esgrimir que en este caso no había autorización para revisar [PR1] los correos, cuando fue el propio imputado el que lo autorizó, o es ignorancia sobre cómo funciona la ley o es mala fe del argumento. Me llama mucho la atención que en el fallo se me mencione a mí, especialmente. En este caso hubo cerca de 20 fiscales que participaron y me llama mucho la atención que se me nombre, no tengo ningún problema, pero me llama la atención.

– ¿Por qué le extraña? ¿Por qué cree que lo nombran?

No lo sé. Me parece extraño. Espero que no haya sido un intento, digamos, de darme una connotación especial en el caso, que, en todo caso, es evidente que la tengo.

Usted tiene una connotación especial en el caso, porque usted decidió abordar el financiamiento político ilegal como delito tributario. Y, de hecho, se ha cuestionado jurídicamente, si las boletas ideológicamente falsas con las que se financió a políticos tenían por objeto rebajar la base imponible de las empresas. ¿Qué piensa ahora, al ver que al menos en este juicio no se acogió esa posición?

Agradezco que alguien crea que la tesis de que el delito tributario requiere solo dolo eventual, que es la discusión de fondo, sea una tesis que yo inventé. Porque esa tesis históricamente la han sostenido todos los profesores de derecho en nuestro país, desde Alfredo Etcheberry hasta contemporáneamente Alex Van Weezel, que es uno de los profesores más expertos en derecho tributario.

– Ricardo Escobar, exdirector del SII y profesor, no la acoge.

Ricardo Escobar no es un académico, es una persona que hace clases, que es una cosa distinta. Gente que es académica, que ha escrito cosas y nuestros autores, mayoritariamente, toda la vida, han sostenido esta tesis. Y esta tesis, además, es la que históricamente sostuvieron nuestros tribunales, partiendo con la Corte Suprema. Es decir, que para el delito tributario basta el dolo eventual. Hay innúmeros fallos de la Corte Suprema unánimes en este sentido hasta antes de estas investigaciones políticas. Lo que nosotros hicimos fue seguir esa tesis. Es la tesis histórica de la doctrina jurídica y de la jurisprudencia jurídica en Chile. Efectivamente, esa tesis, a partir de que aparecen políticos involucrados, ha tenido [en contra a] algunos ministros en la Corte Suprema, especialmente, porque esto fue muy peleado. El desafuero de Moreira se gana 8-7 y, por lo tanto, es un tema que se controvierte, pero ese 8-7 es un cambio de la doctrina que históricamente tuvo la Corte Suprema respecto a que para el delito tributario bastaba el dolo eventual.

Ricardo Escobar, efectivamente ha sido quien más ha propuesto esta tesis de que el financiamiento político no puede ser considerado delito tributario, es parte en este caso. Forma parte de la oficina de Jorge Bofill, que es el abogado de Julio Ponce Lerou [controlador de SQM al momento del financiamiento ilegal]. Entonces, lo entiendo: es abogado de la oficina que defiende a Ponce Lerou en este caso.

– Después de este veredicto quedó la sensación de que todo el mundo fue absuelto y que se pasaron años investigando para nada. ¿Qué piensa? ¿Qué dejó el caso realmente?

El caso Penta, SQM y Corpesca, que insisto, para mí es uno solo, demostró que en Chile transversalmente las empresas, y no solo estas tres, sino que varias más que nunca fueron perseguidas porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó querellas, financiaban ilegalmente la política mediante fondos que se entregaban de manera escondida, no respetando la ley, justificando esas entregas de dinero con boletas o facturas ideológicamente falsas. Ese es un hecho que está establecido y respecto del cual hay  una decena de condenas que se dictaron en estos casos para diversos políticos. El primero fue Jovino Novoa y después de él, varios más. Y también para las empresas, donde fueron condenados el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, y los controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, entre otros. Es una anomalía que, ante estos mismos hechos y con los mismos antecedentes, el tercer gerente general [Patricio Contesse, de SQM] haya sido absuelto con, básicamente, los mismos antecedentes.

Hecha esa constatación fáctica que significó condenas variadas, que no fueron proporcionales a la gravedad de los casos -ahí está el tema de las clases de ética-, el fisco recuperó materialmente por estos casos más de $30 mil millones. Y en los dos años siguientes al caso Penta, se produjo una disminución de la evasión de dos puntos porcentuales cada uno de los dos años, según informes del SII. Y la boleta ideológicamente falsa tuvo un descenso notorio.

Este caso provocó modificaciones importantes en la ley de financiamiento electoral, lo que impidió que en lo sucesivo las empresas financiaran campañas. Y significó una modificación de las leyes contra la corrupción: se aumentaron las penas del cohecho, se crearon nuevas figuras. Es decir, hay una serie de consecuencias virtuosas de esta investigación que han impactado a muchos chilenos cuando conocen la gravedad de los casos.

– Hay argumentos en el veredicto respecto de que rectificar boletas sin respaldos ante el SII no sugiere que sean falsas. Tampoco se tuvo en cuenta que un cúmulo de emisores de boletas dijeron ante el SII que no prestaron los servicios por los que se les pagó. ¿Qué dice frente a la posición de las juezas del voto de mayoría de que no se pudo acreditar siquiera que las boletas fueran ideológicamente falsas?

A mí me parece que en este juicio quedó completamente acreditado que lo que hizo Patricio Contesse fue hacer declaraciones maliciosamente falsas de impuestos. Y hubo diversas maneras de acreditarlo, entre otras por la propia rectificación y declaración que hace SQM al SII, porque no contaba con respaldos documentales de diversos servicios que había informado como verdaderos.

En una empresa del nivel de SQM, que tiene un modelo de prevención de delitos, si no tiene respaldos documentales de una serie de asesorías, es evidente que esas asesorías no existieron. Eso se ve complementado por los informes que en Estados Unidos se hicieron valer y que también se acompañaron acá. En Estados Unidos se reconoce también una cosa aún más grave: que la contabilidad de SQM no es fidedigna, que hay documentación falsa en su interior y, por eso se llega a un acuerdo donde en Estados Unidos [la empresa] paga US$30 millones.

Y, adicionalmente, están las decenas de testigos que frente a las tres juezas dijeron “yo hice una boleta para SQM, no conozco a nadie de SQM, no presté los servicios, lo hice porque Juanito me lo pidió”. Más de 50 testigos dijeron eso ante las tres juezas. Entonces, con toda esa evidencia, que dos de las tres juezas digan que no queda acreditado que las declaraciones [ante el SII] que hizo Contesse son falsas, maliciosamente falsas, francamente lo que hace es dudar del criterio que tiene el tribunal para poder acreditar un hecho que es bastante sencillo. Este no es un delito especialmente complejo, es un delito extenso, porque se realizó durante muchos años y con muchas personas, pero es un delito fácil de entender. Usted en la contabilidad y en la declaración que le hizo al SII mintió, puso gastos que nunca tuvo y para eso incorporó boletas y facturas falsas. Y todos los elementos que se incorporaron ante el tribunal dan cuenta de aquello.

Entonces, no haber condenado por ese hecho, [porque] puedo comprender que hay otros hechos más complejos, pero este es extraordinariamente nítido, que no lo hayan condenado con la prueba que se exhibió, lo que uno hace es dudar efectivamente de la capacidad que han tenido estas juezas para entender el caso.

– Las juezas también desestiman los correos relacionados con Marco Enríquez-Ominami o Pablo Longueira, donde acuerdan reuniones con Contesse. Señalan que no se puede pensar que esa reunión ocurrió solo porque hay un correo donde se ponen de acuerdo para juntarse. ¿Qué piensa?

Si uno examina cada pieza de un puzzle por separado, usted nunca va a poder ver la figura completa. Usted lo que tiene que hacer es armar ese puzzle. Y solo cuando lo arma logra ver esa figura. Este ejercicio, de diseccionar cada prueba y decir “esto por sí solo no prueba nada”, es incorrecto. Porque lo que tiene que hacer un tribunal es que todas las evidencias se analicen en su conjunto. Entonces, cuando uno ve los correos entre Contesse y Longueira, la familiaridad de su trato, esto de tratarse de alférez, de coronel, ¿no? Y luego une aquello con que en las respectivas agendas de Outlook están establecidas reuniones, eso es un antecedente adicional que da cuenta de esta cercanía, de este concierto y, por supuesto, es un antecedente que apoya la tesis del Ministerio Público.

Sostener que el antecedente por sí solo no significa nada y que, por lo tanto, es inútil, me parece que es no comprender cómo se debe razonar en un caso de alta complejidad. No solo los fiscales tienen que trabajarlo como un caso de alta complejidad, sino que los jueces tienen que hacer sus conclusiones a partir de lo que es un caso de alta complejidad. Si el tribunal lo que va a pedir es que tengamos grabaciones de los momentos en que se producen los cohechos, que tengamos cohechos certificados ante notario, bueno, de alguna manera estamos diciendo que estas conductas nunca las vamos a sancionar.

– Las juezas tampoco consideraron el informe de la consultora Shearman & Sterling, contratada por la propia SQM, que determinó que SQM le entregó más de $700 millones a personas que integraban una extensa red de “boleteros” relacionados con Longueira. Tampoco tomaron en cuenta el acuerdo entre Contesse y la norteamericana Securities and Exchange Commission, por el que SQM pagó US$30 millones[PR2]  como multa, porque estaban en inglés y, a juicio de ellas, no es asimilable a una sentencia de término. ¿Qué piensa de eso?

Habría que ver la situación en concreto. Es posible que hubiera sido deseable que la fiscalía lo hubiera presentado traducido, para evitar este inconveniente. Pero el tribunal tampoco puede, creo yo, dejar de considerar hechos públicos y notorios. Ese antecedente fue ampliamente conocido y, por lo tanto, exigir que poco menos que hubiera tenido que venir la autoridad norteamericana a declarar al juicio chileno me parece que es un exceso. El informe tiene conclusiones relevantes que los jueces debieran haber considerado al dictar su veredicto.

– Usted también resaltó en CNN que tampoco se sanciona cohecho porque la prueba es un correo personal y no institucional…

Yo diría que ese es el argumento más delirante que tiene el veredicto. El veredicto da por establecido que la Ley del Royalty Minero la redacta Matías Astaburuaga, fiscal de SQM, y se la envía a Patricio Contesse, gerente general de SQM, quien se la envía a Pablo Longueira, senador de la república, y que Pablo Longueira se la envía a [el entonces ministro secretario de la Presidencia] Cristián Larroulet, sin decirle que esto venía desde SQM. Por lo tanto, existe buena fe por parte de Larroulet, quien la envía al Congreso y esto termina siendo una ley. Es decir, el veredicto concluye que la Ley de Royalty Minero se redacta por el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga.

Hecha esa descripción fáctica, que es muy nítida, porque están cada uno de esos correos, el tribunal llega a una conclusión inentendible: el señor [Longueira] no actuó en esta cadena de correos como senador. ¿Y por qué no actuó como senador? Por dos motivos: uno, porque no se identifica como senador en los correos electrónicos; y dos, porque utiliza una casilla de Hotmail y no su casilla institucional del Senado. Y entonces, las juezas por eso coligen que él no actuó como senador en este caso, no actuó como funcionario público, sino que actuó como político. Como si esas dos situaciones fueran posibles de disociar. Como si el señor Contesse, entonces, no supiera que esta persona es senador, porque no se identifica como senador ni usa el correo del Senado. A mí me parece que ese razonamiento es delirante. Y ya no puedo tener una diferencia simplemente de opinión con el razonamiento, a mí me parece que dos personas que razonan de esa manera no están habilitadas para conocer un caso de esta envergadura.

– ¿Qué haría si estuviera todavía en el Ministerio Público respecto de este caso y ante los argumentos de estas dos juezas que usted califica de “delirantes”?

Por supuesto recurrir de nulidad a la corte.

– Pero en un año más…

En un año más. Pero, en lo sucesivo, si me tocaran estas juezas en casos de alta complejidad, yo las recusaría. Diría que por la forma en que han fallado anteriormente no están capacitadas para actuar en un juicio de esta naturaleza.

– Sabemos que a usted lo sacaron del caso SQM, pero sí seguía en el caso Penta y renunció por la manera en que concretó la salida de Iván Moreira ¿Estuvo bien haber abandonado el Ministerio Público?

A mí me sacaron del caso SQM. He llegado a la convicción de que esa fue una solicitud que se hizo expresamente, con nombre y apellido. Creo que mi nombre fue vetado. Y por eso entiendo, y me explico, que la primera decisión que tomó Jorge Abbott fue sacar a Pablo Norambuena y a mí del caso. Abbott es nombrado en diciembre de 2015 y la primera decisión que toma sentado en el asiento de fiscal nacional es sacarme del caso. Tengo la convicción de que eso fue una solicitud, que mi nombre fue vetado para continuar.

– ¿Qué se lo solicitaron a él a cambio de ser nombrado fiscal nacional?

Es un hecho indiscutible a esta altura que Abbott tuvo reuniones secretas con distintos senadores. Por ejemplo, la primera que se conoció en 2018 fue con el senador Guido Girardi (PPD) y con el abogado Ciro Colombara [defensor de Marco Enríquez-Ominami]. En esa reunión hablaron de mí, y eso lo sabemos porque un integrante de esa reunión, Eugenio González, más conocido como “El Pingüino”, años después dio una declaración, una entrevista en ADN, donde reconoció que en esa reunión se había hablado de mi persona.

En 2018, el fiscal Abbott tuvo que reconocer una segunda reunión secreta, con el senador Hernán Larraín (UDI). Y en 2021 tuvo que reconocer, en una entrevista, nuevas reuniones secretas, todas ocurridas en 2015, entre otros con [el entonces senador] Jorge Pizarro (DC), investigado por el caso SQM. Es decir, se reunió secretamente con un imputado del caso. Yo no tengo dudas de que la decisión de removerme fue una solicitud general de la clase política.

*Fuente: CiperChile

El articulo Carlos Gajardo dice que veredicto del caso SQM contiene argumentos “delirantes” y duda de la capacidad de las juezas apareció primero en piensaChile.

El 20 de abril 2023 el Presidente de la República Gabriel Boric anunció al país, por cadena nacional de radio y televisión, los lineamientos de su estrategia nacional del Litio, destacando el enorme potencial económico de este recurso y la disposición privilegiada del mismo en Chile. El desafío para el país, entonces, es el de convertirse en el mayor productor mundial de Litio sin dañar el medioambiente y distribuyendo de manera justa la riqueza así generada.

Según lo anunciado, esta estrategia consta de cinco pilares básicos:

1. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio.
2. El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de la colaboración virtuosa público-privada.
3. Se avanzará hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares.
4. Todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras.
5. Se promoverá no solo la extracción y la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.

Sin duda, los cuatro objetivos anunciados (creación de una Empresa Nacional del Litio, el avance hacia la utilización de nuevas tecnologías, la participación e involucramiento de las comunidades y la generación de productos de mayor valor) son claramente congruentes con el interés nacional, pero no resulta claro que, sin mediar mayor justificación, el medio escogido sea el de la “colaboración virtuosa público-privada” en lugar de optar directamente porque sea el Estado quien asuma este desafío.

Más aún cuando, a contrapelo de la experiencia efectivamente acumulada en la historia del país a este respecto, se pone como ejemplo de ese supuesto virtuosismo la llamada “chilenización del cobre” llevada a cabo bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, poniéndola además, equivocadamente, en una misma línea con la nacionalización del cobre impulsada, aprobada y ejecutada bajo el gobierno del Presidente Allende.

En verdad, los convenios de asociación suscritos por el gobierno de Frei Montalva con las compañías norteamericanas que controlaban la gran minería del cobre resultaron ser tan ostensiblemente lesivos para los intereses del país que debieron ser renegociados tres años después bajo el engañoso título de “nacionalización pactada”. Aún así, estuvieron tan lejos de cautelar los legítimos intereses de Chile que la demanda de una nacionalización efectiva se abrió paso entonces con mucha fuerza.

En efecto, nunca las grandes compañías norteamericanas que explotaban nuestro cobre obtuvieron utilidades tan elevadas como bajo el gobierno de Frei Montalva tras la puesta en práctica de su llamada “chilenización”. Si en 1965, primer año de su gobierno, las utilidades conjuntas de Anaconda y Kennecott, controlando la primera Chuquicamata y El Salvador y la segunda El Teniente, alcanzaron los 43,9 millones de dólares, en 1970, último año de ese mandato, sus utilidades sumaron 265,9 millones de dólares. Así, con una producción que solo se había elevado algo más de un 12%, dichas compañías sextuplicaron sus ganancias.

No obstante, como a los convenios de asociación el gobierno de Frei Montalva les había concedido el carácter de “contratos-leyes” no era posible intentar luego una nacionalización efectiva del cobre por vía de una ley, aun cuando así lo exigía el interés del país, ya que se requería para ello contar con el acuerdo de la contraparte estadounidense. Fue por eso que, para salvar ese obstáculo, el gobierno del Presidente Allende debió recurrir a una reforma constitucional. Por tanto, es una clara impostura suponer que la llamada “chilenización del cobre” fue un paso hacia su ulterior nacionalización cuando en rigor se trató de un claro intento por impedirla.

La aleccionadora experiencia de esta poco virtuosa colaboración público-privada no hizo más que confirmar aquella elementalísima verdad que en su momento recordara el Presidente Balmaceda, aludiendo a la propiedad de los ferrocarriles salitreros en su famoso discurso del 7 de marzo de 1889 en Iquique: que las empresas de particulares “consultan necesariamente el interés particular” mientras que las empresas del Estado “consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad”.

Así lo corrobora, entre otros ejemplos que se podría invocar, el marcado desinterés que han evidenciado siempre las compañías privadas que han explotado y explotan el cobre de Chile por refinar en el país el mineral, ya que les resulta más ventajoso exportarlo como concentrado para disminuir su base imponible, agregarle valor fuera de Chile y poder además apropiarse gratuitamente de los otros minerales (oro, plata, molibdeno, etc.) que bajo esta forma en bruto conlleva. De modo que si confiamos en que sean los inversionistas privados quienes resuelvan el problema nos quedaremos esperando hasta las calendas griegas.

Sería por lo tanto muy lamentable olvidar verdades tan elementales como esta y repetir con el Litio lo que en su momento ocurrió con el cobre. Sin embargo, ya en su mismo anuncio de la estrategia nacional del Litio el gobierno da a entender que lo que en verdad tenía en mente al momento de hacerlo era un acuerdo de asociación de Codelco con SQM, tal como se dio a conocer posteriormente, primero a través del Memorandum de Entendimiento y luego con el anuncio del acuerdo negociado a puertas cerradas entre Máximo Pacheco y los directivos de SQM.

Como se sabe, han surgido numerosas voces cuestionando la pertinencia y conveniencia nacional de la decisión adoptada de negociar directamente un contrato con SQM y de los términos en que se ha conducido luego esa negociación, cuestionamientos que en su mayor parte son recogidos por el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre este asunto. (ver texto del informe en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=83530&prmTipo=INFORME_COMISION).

El primero y más importante de ellos es la falta de transparencia que representa el hecho de que el acuerdo no pueda ser conocido en su integridad, ya que contiene aspectos y cláusulas que ambas partes se han comprometido a mantener en reserva, tornando con ello imposible, que el país pueda formarse un juicio debidamente informado sobre el mismo. Aun así, como lo expresa el Informe de la Comisión Investigadora, hay suficientes indicios de que los representantes del Estado no han sido en esta negociación todo lo rigurosos que debieran en cautelar los intereses del país. (ver texto del acuerdo en https://acuerdocodelcosqm.cl/wp-content/uploads/2024/09/Acuerdo-de-Asociacion-CODELCO-SQM43302128.2.pdf)

Llama la atención que el principal argumento esgrimido para llevar adelante este acuerdo haya sido el de evitar que se produjese un «valle productivo» en caso de no dar garantías de continuidad en este negocio a SQM. Y también que, pese a todos los reparos conocidos, tanto el gobierno como la mayor parte de los críticos se hayan manifestado partidarios de una asociación público-privada como la forma más conveniente para el país de llevar a cabo la explotación del Litio. Esto significa que se descarta, sin mas trámite, invocando para ello los viejos, consabidos y falaces argumentos de los poderes fácticos empresariales y de sus voceros políticos, el que el Estado pudiese hacerse cargo directamente de su explotación.

Lo cierto, sin embargo, es que en principio siempre la opción más acorde a los intereses del país será que sea el propio Estado el que asuma el desafío de explotar sus riquezas naturales, como lo ilustra claramente la experiencia de la nacionalización de la gran minería del cobre en 1971. Y si por alguna razón de efectivo peso y conocimiento público se optara por la alternativa de una asociación público-privada, ella debe negociarse con los potenciales inversionistas desde la posición de fuerza que representa el hecho de que es el Estado el propietario indiscutido del recurso y en ningún caso bajo la presión, y menos aún el chantaje, al que suelen recurrir aquellos tras el único objetivo de maximizar sus ganancias.

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02 de enero de 2024

«La escoria política se acomoda a cualquier vaina siempre y cuando las “urgencias” sean definidas por los empresarios, en fin, por los peces gordos.»

Hace unos días, -aun en el 2023-, tras el rechazo al proyecto de Constitución pergeñado por el fascismo, la (me cuesta llamarla) prensa… informó:

“el Presidente pronunció un medido discurso en el que señaló que las urgencias son otras y dio por cerrado el proceso constitucional.”

En ese momento, -más que cabreado con la sumisa solicitud que muestra hacia las limosnas-, me atreví a afirmar que la escoria política se acomoda a cualquier vaina siempre y cuando las “urgencias” sean definidas por los empresarios, en fin, por los peces gordos.

No fue necesario armarse de paciencia para enterarse de cuales eran esas “urgencias” tan urgentes: entregarle el Litio (y lo que quedaba, si es que algo quedaba, de castidad, virtud y decencia) al yernísimo, ese que en dictadura se trincó por cojones SQM, para gran satisfacción de la escoria política que el estafador financió y sigue financiando como se hace con las paicas y las grelas tarifadas.

Para acallar cualquier manifestación de incomodo, facilitar la penetración y potenciar el goce, el cielo luminoso que funge de mandamás nos entregó algunas cifras, todas ellas relativas a la pasta gansa de la que dispondrá el erario nacional, cuestión de activar el funcionamiento de nuestras glándulas salivales en plan reflejo pavloviano: hace poco nos había deseado “ser felices” (sic), lo que en estricto rigor, como decimos en Francia, “no come pan”, ergo no cuesta un chavo, es un sinónimo simplón del conocido “que Dios se lo pague”.

Del billete largo que se apodera Ponce Lerou, de la gigantesca pata de cabra -herramienta indispensable para los cacos deseosos de descerrajar puertas refractarias- que se le ofrece para abrir mercados, negociar y recibir millonarias participaciones accionarias de inversionistas extranjeros ansiosos de “colocar” sus capitales ociosos… nada. En realidad Ponce Lerou asciende a la calidad de portero del burdel, ese que detiene en la puerta a los clientes indeseables o se las abre amplias a los acaudalados puteros habituales, dadivosos a la hora de remunerar al personal.

También se exhibió impudicamente, como argumento, una supuesta proeza científica, pretendidos avances tecnológicos alcanzados por SQM que ni los chinos, ni los rusos, ni siquiera los yanquis están cerca de descubrir, Benjamin Franklin, Charles de Coulomb, Louis Pasteur, Thomas Edison y Alessandro Volta son una alpargata al lado de Ponce Lerou, se ve que la virgen del Carmen está con el yernísimo, lo protege y lo datea que es un primor.

Las almas piadosas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda (pero… ¿no es lo mismo, Monseñor?) alabaron al cielo luminoso, ensalzando su “pragmatismo”, cualidad que pondrá Chile muy alto en la lista de los países que atraen bucaneros, filibusteros, corsarios y otros aventureros, -¡qué digo!, a toda la Hermandad de Piratas del Caribe, que Emilio Salgari y Sandokan nos iluminen-, que llegan con el loable propósito de explotar -es el caso de decirlo- nuestras riquezas que fueron nacionales y a nuestros trabajadores (Milei les llama “capital humano”) y así engrasar a quienes ya desbordan de grasa, gracias mayormente a que de vez en cuando “engrasan” a sus serviles condottieri, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, no se puede decir que a la hora de las propinas sean weones agarrados.

Un pelín urgido por otras “urgencias”, -mucho más sencillas y domésticas que las que mueven al cielo luminoso-, me atreví a evocar este tema en los albores de un año que comienza como el orto, a pesar de los sinceros deseos que el personal se distribuyó generosamente a fines del 2023, deseos que como los del cielo luminoso (ser felices), “no comen pan”, ergo no cuestan un chavo.

*Fuente: Politika

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Las decisiones del actual gobierno, incluidas Fiscalía y Contraloría, y de la propia dirección de RD, por sancionar a los responsables de utilizar dineros públicos de forma fraudulenta, no ha frenado la ofensiva de la derecha y de algunos senadores del Partido Socialista. Se intenta convertir el acto repudiable en un fenómeno de envergadura mayor, que busca comprometer a RD en su conjunto e incluso al Frente Amplio (FA).

La oposición política al gobierno, y algunos senadores oficialistas, han multiplicado voces de odio, que no se habían escuchado en el pasado, cuando los casos Penta, SQM y Corpesca. Tampoco se han conocido similares cuestionamientos en el reciente y descarado desfalco del municipio de Vitacura, como los desplegados en contra de “Democracia Viva”

Ha sido un festín para los medios de comunicación de la derecha. Incluso la alcaldesa de Providencia, y potencial candidata presidencia de la UDI, Evelyn Matthei, ha dicho que “Jackson está quemado y que su partido RD ha mostrado ser un asco». Expresiones algo desproporcionadas para quien no era un asco abrazarse con Pinochet.

También los medios de la derecha publicitan ampliamente el discurso odioso del senador socialista, Fidel Espinoza, contra RD y, en particular, contra Giorgio Jackson. Agresiones persistentes. Espinoza parece como esos jóvenes enamorados y despechados. No da tregua a Jackson, ni cuando fue ministro de la Presidencia, ni tampoco ahora: “Giorgio Jackson fundó este partido de la corrupción y está callado”.

Igual que la Matthei, el senador socialista extiende la corruptela de “Democracia Viva” a RD. Curiosamente no hizo lo mismo, cuando presidió la Comisión parlamentaria para revisar los casos de Penta y SQM: fue más riguroso en esa ocasión para precisar culpables, porque no generalizó la corruptela a los partidos de la Concertación.

Finalmente, Sebastián Dávalos, se mete donde no debe y, como siempre, se equivoca. Asegura que el caso “Democracia Viva” es peor que CAVAL. Pero, no es así. Su caso es más grave porque, como hijo de la presidenta Bachelet, al solicitar un trato privilegiado con el dueño del Banco Chile, Andrónico Luksic, abre puertas para que la política entregue concesiones especiales a los grupos económicos, como ha sido con Penta, SQM y Corpesca y, además, su comportamiento afectó seriamente el gobierno de su madre, la presidenta Bachelet.

Con “Democracia Viva” volvemos a los malos tiempos, cuando la corrupción se instaló en la agenda nacional. En la segunda década del dos mil, quedaron de manifiesto los vínculos perversos entre la política y los negocios.

Gravísimo para los intereses nacionales resultaba la manipulada ley de pesca, el favoritismo en las concesiones de salares en favor de Ponce Lerou y el caso Penta, con ejecutivos que intentaban proteger sus Isapres y AFP, pagando a parlamentarios. Más grave aún resultó el acuerdo político transversal para el ocultamiento o mediatización de estos hechos, con el debilitamiento de Impuestos Internos y a la Fiscalía.

Ahora, mientras pasan los días, el traspaso irregular de fondos que se descubre con “Democracia Viva» se instala como un fenómeno generalizado, territorialmente y también políticamente (recién se conoció el caso del gobernador de la Araucanía apoyado por Evopoli, quien transfería fondos de forma directa a la fundación de sus amigos).

A diferencia de la corruptela de años pasados, en el caso emblemático de “Democracia Viva”, existe un olvido sustantivo, deliberado o por ignorancia. Se trata de la inefable Constitución de 1980, fundamento del libre mercado y de la minimización del Estado. Es inocultable que en la subsidiariedad de lo público radica el fundamento estructural para que empresas privadas y fundaciones reemplacen al Estado en sus tareas propias.

Las fundaciones y empresas privadas que subcontrata el Estado no existirían si éste no externalizara actividades propias de su funcionamiento. Esto es característico del sistema neoliberal instalado en el país, que deposita en el mercado su funcionamiento económico y social. El Estado reduce así su papel y se ve atado de manos en su trabajo.

La externalización, una práctica marginal antes de la dictadura, comenzó a dar sus primeros pasos en el periodo 1974-1990, para consolidarse durante la transición a la democracia. El Estado subsidiario, se instala con las reformas neoliberales implementadas a partir 1975 y se formaliza con la Constitución de 1980 y luego se consolida en las tres últimas décadas.

La subsidiariedad del Estado se potenció con el Código Laboral de José Piñera, el que sirvió para eliminar las barreras jurídicas de la subcontratación y para externalizar funciones que formaban parte de las actividades permanente de las empresas y del Estado. Así las cosas, numerosas actividades que son competencia de ministerios se trasladan a fundaciones o a empresas privadas.

El invento de Piñera, en vez de ser eliminado por la Concertación, se formaliza mediante la ley 2006 de subcontratación (Ley 20.123). Sin embargo, esta ley es muy laxa y no incorpora exigencias de igualdad de condiciones laborales entre trabajadores de planta y tercerizados, tampoco precisa las funciones a externalizar ni menos asegura labores de fiscalización sobre los externalizados.

Así las cosas, el régimen de subcontratación se generaliza en el país y se despliega abundantemente en el sector privado y en las instituciones estatales.

En este sistema adquiere preponderancia el “trato directo” en la compra de bienes y servicios por el sector público, para evitar licitaciones. Existen casos emblemáticos, como la empresa Sonda con sus servicios tecnológicos para el Transantiago y el Registro Civil, entre otros. También ha sido utilizado a discreción por los municipios, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

La externalización es un tema difícil de enfrentar y no tendrá una solución efectiva mientras persista el Estado subsidiario.

Además, en lo contingente, sobre la transferencia de recursos a fundaciones, el senador Huenchumilla es claro en señalar responsabilidades del propio Estado, que facilitan actos corruptos: “Hay un pecado capital original de Hacienda, DIPRES y Congreso, porque en la ley de presupuesto se entregan autorizaciones con glosas abiertas, sin aclarar el tipo de transferencia ni la regulación respectiva” (El Mercurio, 11.07.2023).

En consecuencia, el atentado a la ética de los militantes de RD de Antofagasta exige ineludibles sanciones legales; pero, también, ese hecho revela la necesidad de revisar el papel del Estado en la economía. Es preciso devolver al sector público la gestión directa que le corresponde y, cuando sea necesaria la externalización, fijar regulaciones estrictas para la entrega de recursos a fundaciones o empresas privadas. En realidad,

la culpa es del chancho, pero también de quien le da el afrecho.

*Fuente: Politika

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*Fuente: Diario Uchile

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