Casas de Etcheberry : la municipalidad de Paine también se equivocó

El articulo El Director del SII no paga las contribuciones de sus viviendas   apareció primero en piensaChile.

El articulo «Esta huevá es delito» apareció primero en piensaChile.

Artículo publicado originalmente en CiperChile el 16.11.2023

A Leonarda Villalobos -la abogada y lobista que participó junto a Luis Hermosilla en la reunión donde hablaron de pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF-, hace 12 años un funcionario de la Municipalidad de Conchalí la acusó de participar en el desvío de recursos públicos a la campaña de la entonces diputada Karla Rubilar (RN). Pero sus redes políticas las construyó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet: Luis Angulo, Exequiel Silva, Alexis Yáñez y Julio Valladares. Todos ellos han sido lobistas y asesores del Congreso y el gobierno. En 2014 la abogada Villalobos figuró como militante del PPD. En la reunión con Hermosilla, Leonarda Villalobos entregó datos que involucran a ese grupo de asesores en el caso que ahora investiga la fiscalía: dos de las sociedades de las que forman parte recibieron facturas falsas del empresario Daniel Sauer.

“Steuern, ¿te suena?”, le pregunta  Leonarda Villalobos a Daniel Sauer mientras le enumera las sociedades que habrían aparecido en la malla de Impuestos Internos relacionadas con facturas sospechosas emitidas por cercanos al empresario. Cuando ella hace esa pregunta, la reunión lleva casi media hora. En la oficina del abogado penalista Luis Hermosilla planifican cómo librar al empresario de las consecuencias legales del manejo irregular de sus negocios.

“Sí, a esa también le puedo sacar plata”, contesta Sauer.

Lo que deliberan es qué sociedades pudieron haber formado parte del entramado de facturas falsas destinadas a cubrir hoyos financieros. La lógica es que los dueños que sabían de la operación podrían sumar recursos a la “caja negra” propuesta por Hermosilla para financiar las coimas a funcionarios del SII y de la Comisión Para el Mercado Financiero. Esa “caja negra” debía contener, al menos, $100 millones.

“¿Quién?”, pregunta Luis Hermosilla. “Steuern ¿Te suena María Leonarda?”, le responde con malicia Sauer.

“Yo a estos huevones los voy a matar, los voy a matar”, dice Leonarda Villalobos. Sauer se ríe: “Bueno, o sea, hay que arreglar sí o sí”.

Steuern es una sociedad creada por Villalobos en abril de 2017, cuando comenzaba su privatización luego de un paso de, al menos, ocho años por el aparato público. Ahora esa sociedad cobra relevancia, porque según la abogada Villalobos, aparece en los registros del SII recibiendo facturas de empresas de Sauer. Facturas que en la reunión ellos reconocen que son falsas.

CIPER accedió a un audio que registró casi dos horas de una reunión entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. Una reunión donde el trío planificó el pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF. La publicación de un primer reportaje con algunos extractos de ese audio provocó que se activaran investigaciones de la fiscalía, del SII, de la CMF y del Colegio de Abogados (vea “«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”). Pero hay más.

Son dos las sociedades vinculadas a Leonarda Villalobos que, según lo que dijo ella en la reunión, recibieron facturas falsas de empresas vinculadas con Daniel Sauer (dueño de una corredora de bolsa y un factoring investigados por la justicia): Steuern Asesorías Spa -creada por ella en 2017- y Asesorías y Negocios Commercia Spa, donde su marido (Luis Angulo), es socio con el exdiputado Exequiel Silva.

“¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?”, inquiere Villalobos a Sauer durante la reunión.

Ella reclama que no supo de que a su empresa le habían enviado facturas, porque “las cliquearon para que no tuviesen recepción”. Commercia, la segunda empresa vinculada a ella (a través de su marido) que figura en los registros, también recibió facturas, al parecer, falsas.

“Escucha esto: Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas”, dice Villalobos.

Leonarda Villalobos les cuenta a Hermosilla y a Sauer la información que habría levantado desde Impuestos Internos. Profundiza en esos datos.

“Están investigando del folio 400 desde marzo al 1.600 de diciembre de Guayasamín. Folios son facturas, agrega la abogada, haciendo referencia a facturas emitidas durante 2022”. Según ella, Commercia recibió facturas falsas desde una de las sociedades ligadas a Sauer: Inversiones Guayasamín Spa. Durante la reunión, Daniel Sauer explica que las facturas falsas que emitía esa sociedad servían para allegar recursos a la familia Jalaff, quienes durante muchos años fueron controladores del Grupo Patio.

Según registros del Diario Oficial, en 2017 los socios de Asesorías y Negocios Commercia eran el exdiputado Exequiel Silva (DC), y el actual marido de Leonarda Villalobos: Luis Angulo Rantul. Ambos coincidieron desde 2014 en el Ministerio de Educación que dirigió Nicolás Eyzaguirre durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Leonarda Villalobos también estuvo ahí. Pero no fue su primer paso por el aparato público. Ella ingresó al Mineduc durante el primer mandato de Sebastián Piñera: según registros de Transparencia desde el 2 de mayo de 2013 figura recibiendo sueldos mensuales de $1,7 millón por su rol de “relacionadora pública empresarial”. En ese tiempo no era abogada, recién se tituló en 2021 en la Universidad Bolivariana.

Antes, entre 2012 y 2013, aparece recibiendo pagos del Hospital de Melipilla y del Instituto Psiquiátrico José Horwitz, también por su rol de “relacionadora pública empresarial” Y antes de eso, como funcionaria de una corporación de la Municipalidad de Conchalí, cuando el alcalde era Rubén Malvoa, entonces marido de Karla Rubilar, diputada RN por ese distrito. Malvoa salió del municipio en 2012, lo que coincide con el salto de Villalobos a recintos de la salud pública, y luego al Ministerio de Educación.

Una querella por amenazas que presentó en contra de Leonarda Villalobos un funcionario de Conchalí, describe que el hostigamiento partió en 2009 cuando él se negó a imprimir -con recursos municipales- chapitas que iban a servir para la campaña parlamentaria de ese año de Karla Rubilar. Al respecto, la también exvocera de gobierno le dijo a CIPER que “no tenía conocimiento de la querella hasta ayer que me enteré por una periodista, nunca habría permitido amenazas de ningún tipo a algún funcionario. Entiendo que la fiscalía desestimó los hechos, y yo nunca ni siquiera fui llamada a declarar”.

Los vínculos políticos de Leonarda Villalobos hasta ahora eran desconocidos. Y hay varias sorpresas. En un documento del PPD fechado el 30 de junio de 2014, ella aparece siendo proclamada como la secretaria del comunal de La Reina de ese partido (vea aquí el documento). No se sabe hasta qué fecha militó. Actualmente no figura en el registro interno de militantes del PPD.

Pero sus vínculos políticos no terminan ahí. Su actual marido -se casaron en 2018, luego de que ambos coincidieran en el Mineduc-, también ha sido asesor en el ministerio de Ciencia y en el de Bienes Nacionales durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y registra un paso como asesor parlamentario en el Congreso: entre marzo y diciembre de 2022 fue el jefe de gabinete del diputado Cristián Tapia (independiente en cupo PPD).

Uno de los socios de Villalobos en el staff de abogados que creó en 2022, Alejandro Ávila Huerta, es actualmente asesor a honorarios del mismo diputado, y antes registra pasos como funcionario en distintos municipios.

Ese grupo -Luis Angulo, Exequiel Silva, Alejandro Ávila-, comparte sociedades con personas que fueron asesores de gobierno durante Bachelet 2, como Julio Valladares y Alexis Yáñez.

El Mercurio reveló que este miércoles Leonarda Villalobos declaró durante más de diez horas ante la fiscalía oriente -que creó un grupo especializado de persecutores para investigar el caso-, y que esa declaración continuaría hoy. Hasta ahora, la abogada se ha negado a entregar su versión a CIPER.

Ayer los diarios La Segunda y La Tercera revelaron que el padre de Leonarda Villalobos fue funcionario del SII hasta 2013, cuando fue destituido de su cargo por participar en irregularidades.

EL ESPOSO Y SUS SOCIOS

Leonarda Villalobos se casó con Luis Angulo Rantul en 2018. Él, profesor de Historia y Geografía, tiene un curriculum abultado como asesor y funcionario de figuras de la exConcertación: fue asesor del Mineduc en 2015, de otros dos ministerios solo en este año y se desempeñó como jefe de gabinete del diputado Cristian Tapia Ramos (independiente, cupo PPD) entre marzo y diciembre de 2022.

En entrevista con CIPER, el diputado Tapia dice que conoció a Angulo “años atrás, cuando él trabajaba en la Subdere y yo era alcalde de la comuna de Vallenar. Él estaba a cargo de un departamento y yo tenía que hacer unas consultas respecto de unos proyectos municipales”.

Según el relato de Tapia –que fue alcalde de Vallenar entre 2008 y 2020 y que militó en el Movimiento Amplio Social, el partido que fundó el exsenador Alejandro Navarro— se reencontró con Angulo cuando lanzó su campaña para llegar a la Cámara. Y, una vez que consiguió el cupo por el Distrito 4, lo contrató como asesor:

-Me apoyaba en proyectos de ley, me visualizaba “oye, viene este proyecto, se está discutiendo esto en la Comisión”. Recibía el tema de la Ley del Lobby para reuniones: “Oye, hay reunión con tal empresa, te están pidiendo reuniones”. No conozco su vida privada. Hemos mantenido una buena relación, pero nunca un vínculo más allá, afirma.

Angulo abandonó ese cargo en diciembre de 2022. De allí saltó a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Ciencia, donde trabajó entre enero y marzo de 2023. Ahí coincidió con Sebastián Vergara (PPD), quien se lo llevó consigo al Ministerio de Bienes Nacionales cuando fue nombrado subsecretario de esa cartera. Según registros de transparencia, Angulo fue contratado en Bienes Nacionales como jefe de asesores de la subsecretaría en abril pasado. Luego del reportaje publicado por CIPER el martes 14 de noviembre, ese ministerio cortó su vínculo con Angulo.

Antes de dejar su puesto como mano derecha del diputado Tapia, recomendó en su reemplazo a su amigo y socio Alejandro Ávila. El parlamentario aceptó el consejo y lo contrató como asesor a honorarios en mayo de este año:

“A él (Alejandro Ávila) lo conozco de menos tiempo, solamente desde el año pasado. Este año le tengo pedidas ciertas asesorías sobre materia municipal, porque es muy experto en el tema municipal, pero igual le he pedido unos temas de deportes y minería. Luis Angulo me lo presentó como un amigo de él”, sostiene Tapia.

Alejandro Ávila cierra otra trenza de Angulo y Leonarda Villalobos: además de amigo del primero, es socio de la abogada en A&V Law Group, una sociedad dedicada a prestar servicios jurídicos que fue creada el 21 de diciembre de 2022. Y a mediados de 2023, cuando la crisis ya estaba desatada en STF Capital (la corredora de bolsa de Daniel Sauer y su familia que fue sancionada por la CMF), fungió como gerente general de esa compañía (vea aquí el documento).

Mientras Ávila asesoraba al diputado Tapia, ejercía labores administrativas en una de las empresas de Sauer.

Antes, estuvo contratado como asesor de la Municipalidad de Graneros entre 2013 y 2014, bajo la dirección del todavía alcalde Claudio Segovia Cofré (independiente, fuera de pacto), y del municipio de Olivar entre 2017 y 2021, cuando la alcaldesa fue Práxedes Pérez Aránguiz (PS).

Pero los contactos de Angulo no se agotan con Ávila. Quizás uno de sus socios más influyentes es el exdiputado Exequiel Silva (1994-2006, DC), con quien comparte dos sociedades: Asesorías y Negocios Commercia SpA (2014) y Sociedad de Inversiones, Negocios y Asesorías Mar Pacífico S.A. (2012). Ambos, además, coincidieron en el Mineduc en 2015, cuando Nicolás Eyzaguirre comandaba la cartera.

La primera empresa aparece mencionada en el diálogo que sostiene la esposa de Angulo, Leonarda Villalobos, en su reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Específicamente, cuando hablan de las facturas falsas que habría emitido Inversiones Guayasamín SpA, una sociedad controlada por Sauer y que es investigada por el SII.

Ante Impuestos Internos, Commercia registra dos giros: consultoría de gestión y fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares.

Exequiel Silva, el exdiputado DC devenido en lobista y que es socio del marido de Villalobos, le dijo a CIPER que se va a querellar “contra todos quienes resulten responsables” de los hechos denunciados. Según él, nunca supo de maniobras irregulares y no quiere verse expuesto en un caso de este tipo.

Dice que nunca supo de las facturas falsas que habría recibido su empresa Commercia, y que esa es una de las razones por las que se querellará. “No conozco a esa empresa”, señaló cuando le preguntamos por Guayasamín, la empresa de Daniel Sauer que habría emitido cientos de facturas falsas a distintas empresas.

Silva agregó en que no conoció a la consultora Steuern -creada por Villalobos en 2017-, a pesar de que aparecía como “socio y director” de esa empresa en su página web, la que fue bajada hace algunos días, y que en su perfil de LinkedIn él mismo incluyó que era “socio director” de Steuern Spa. El exdiputado eliminó ese antecedente luego de la publicación del primer reportaje de CIPER. Pero este es el registro:

Exequiel Silva formó junto a Alex Yáñez y Julio Valladares la empresa de lobby Conexxa, la que tuvo entre sus clientes a empresas como KDM, que tuvo un rol protagónico en el Caso Basura (vea reportaje de CIPER).

ANGULO Y SILVA: PROVEEDORES DEL EJÉRCITO

CIPER detectó que la empresa de Angulo y Silva aparece en el registro de proveedores del Ejército. Aunque no es posible encontrar datos públicos sobre la venta de productos o servicios a la institución castrense, sí hay evidencia de los negocios de Commercia con las Fuerzas Armadas en una serie de correos electrónicos que se filtraron en el marco de los Guacamaya Leaks, una operación comandada por hackers que atacó y divulgó comunicaciones internas de ejércitos y policías de distintos países, incluido Chile, a mediados de 2022.

En uno de esos emails, enviado el 6 de marzo de 2019 a una funcionaria del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Angulo afirma que “Commercia SpA, es una empresa dedicada -entre otros- a representar diversos intereses de empresas extranjeras en nuestro país. En dicho contexto, la empresa GEOENTEC Environment Technologies nos contactó a fin de hacernos partícipe de uno de sus proyectos denominado “ANT-DROID MINE EXPLORER” (robot detector de minas antipersonales), cuyo prototipo se encuentra en fase de evaluación bajo condiciones reales (…) Es por las razones señaladas, que por este medio solicitamos Uds. la posibilidad de agendar una reunión con los desarrolladores del proyecto”, quienes viajarían a Chile entre el 18 y 21 de marzo de 2019.

Los registros de lobby ubican a Angulo en tres reuniones con personal del Estado Mayor Conjunto (EMCO) para tratar esta materia en representación de la empresa española GeoEntec. La primera, el 29 de septiembre de 2019. Y las otras dos, el 24 y 25 de febrero de 2020, respectivamente.

Entre los registros internos que revisó CIPER, aparece otro correo electrónico que se enviaron funcionarios del EMCO el 23 de febrero de 2020, en el que manifiestan su preocupación por “8 audiencias realizadas” que “NO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS” en la plataforma de la Ley de Lobby. Entre ellas, una cita con Luis Angulo Rantul.

En la segunda empresa en que Angulo y Silva comparten propiedad, Negocios y Asesorías Mar Pacífico, asoma otro nombre anclado a la exConcertación: Alexis Yáñez Alvarado.

Tal como reveló CIPER en un reportaje de 2014, Yáñez fue parte del equipo de lobistas que el segundo gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso cuando se debatieron dos reformas que, en el papel, eran emblemáticas dentro de su gestión: la tributaria y educacional. En ese equipo también jugaban Julio Valladares Muñoz, Pablo Berazaluce Maturana, Hugo Lara Torres y Exequiel Silva Ortiz. Cinco negociadores por excelencia del antiguo pacto de la centroizquierda.

Yáñez forjó su ascendencia política al alero de Francisco Vidal, a quien acompañó como asesor desde que el expresidente Ricardo Lagos lo nombró como Subdere en 2000, hasta que en 2009 fue ministro de Defensa bajo el primer gobierno de Bachelet. Luego, gracias a gestiones de Julio Valladares, se integró al equipo de asesores del entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

En paralelo a su trabajo como funcionario público, Yáñez creó empresas constructoras, editoriales y agrícolas –entre otras—y se involucró en el negocio de la educación superior: asesoró a la Universidad Autónoma y después se asoció a ella a través de Servicios Universitarios S.A. Esa casa de estudios s controlada por la familia del exministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN).

AMENAZAS Y VIF: LAS OTRAS CAUSAS JUDICIALES DE VILLALOBOS

Al menos hasta junio de 2010, Leonarda Villalobos era la encargada de adquisiciones y logística de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí (Coresam). Allí coincidió con Karla Rubilar (RN), que en ese momento era diputada por el Distrito 17 y cónyuge del alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa.

Así lo asegura una querella interpuesta por un extrabajador de esa corporación contra Villalobos en febrero de 2011. El motivo: la abogada habría denigrado y amenazado al entonces director del área de Atención de Menores de esa corporación por su condición sexual, luego de negarse a imprimir unas chapitas (vea querella). 

“A la Karla no le va a gustar”, respondió Villalobos, según se menciona en el documento, a la negativa del funcionario. Noviembre de 2009 era periodo de campaña y Rubilar perseguía su segunda periodo en la Cámara de Diputados. En el relato de los hechos, el querellante insiste varías veces en ese punto: Villalobos habría utilizado recursos públicos para financiar gastos de la campaña parlamentaria de la exministra de Sebastián Piñera.

“Se me solicita por parte de la Sra. María Leonarda Villalobos Mutter que imprima unas chapitas con recurso del área que administro. Situación a la que me niego. Concurrí a la sede de la diputada Sra. Rubilar, lugar en el que pude constatar que se encontraban diversos insumos pertenecientes a la corporación destinados a la producción de chapas de campaña. (…) De la misma forma cuando se solicitan algunos enceres para clubes deportivos, centros de madres, son solicitados a María Leonarda Villalobos, quién refiere de manera jactanciosa ‘La corporación paga’”.

Contactada por CIPER, Karla Rubilar negó haber conocido de estos hechos en ese momento.

En su acusación, el funcionario relató que no soportó los malos tratos de Leonarda Villalobos: “Comentaba a viva voz que soy flojo y que nunca he trabajado, además de que mi puesto es inapropiado a mi persona, ya que, según su relato, yo sería homosexual”. Según el querellante, tiempo más tarde comenzaron a llegar mensajes anónimos a su hogar, en los que se amenazaba su vida o la de su familia: «Renuncia maricón» o «Esta es tu oportunidad o tu familia…fatal atropello a la salida».

El funcionario incluyó imágenes de esas amenazas en la querella.

Pero esa no era la primera vez que Villalobos enfrentaba una acción judicial en su contra. El 6 de diciembre de 2007, su exesposo y padre de sus cuatro hijos, Marcos Bratti González, interpuso una demanda por lesiones en contexto de Violencia Intrafamiliar.

Las rencillas entre Villalobos y su exesposo no fueron pocas. En 2016, Bratti presentó una querella criminal acusando a Villalobos de falsificar diálogos de WhatsApp entre ella y miembros de su familia, para utilizarlos como prueba en el litigio anterior.

*Fuente: CiperChile

El articulo Las redes políticas de Leonarda: asesores del gobierno y de parlamentarios, vinculados con empresas apareció primero en piensaChile.

LAS INESPERADAS ESQUIRLAS DEL CASO DEL FACTORING FACTOP

«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”.

El que habla es Luis Hermosilla Osorio, uno de los abogados más influyentes de la plaza. Quienes lo acompañan en esa reunión realizada en el mes de junio en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, en Vitacura, son Daniel Sauer Adlerstein -controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF- y María Leonarda Villalobos, abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La cita quedó registrada en un audio, al que CIPER tuvo acceso. La identidad de quienes participan en este diálogo quedó expuesta porque se llaman por sus nombres, mencionan detalles de sus familias y hacen referencias a reuniones en las que habían participado, las que CIPER pudo chequear en registros públicos.

Están reunidos en torno a una mesa de la oficina de Hermosilla para resolver un problema. Uno que en ese momento tiene a Sauer al borde del abismo. Y no solo a él. Durante las casi dos horas que duró esa reunión, conversan sobre pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Dos instituciones que investigan los negocios de Sauer y su familia, y de sus socios cercanos: los Jalaff, históricos controladores del Grupo Patio (en sociedad con Paola y Gabriela Luksic, y el empresario Eduardo Elberg, entre otros).

La investigación del SII sobre esos negocios se había iniciado con una consulta desde la CMF, que preguntó por el comportamiento de 12 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales) que tenían negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador, debido a una serie de anomalías. En la reunión grabada, la abogada Leonarda Villalobos dijo que había recogido información en el SII acerca de que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. Y, según esos datos, señaló, en los análisis realizados por el Servicio a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se detectó la utilización de facturas falsas.

Se suponía que esa información del SII era extremadamente reservada -como todas las investigaciones sobre comportamiento tributario de los contribuyentes- pero en la reunión realizada en el edificio del Grupo Patio, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer manejaban detalles de la indagatoria.

No está claro el porque alguno de los tres asistentes decidió grabar el audio de la reunión, que dura más de 105 minutos. CIPER lo da a conocer porque en el diálogo se apunta a una eventual red de corrupción dentro de organismos públicos tan sensibles como la CMF y el SII. Para elaborar este artículo, CIPER intentó obtener las versiones de los asistentes a la cita. No obstante, ni Luis Hermosilla, ni Leonarda Villalobos, ni Daniel Sauer respondieron nuestros mensajes.

En la cita, Luis Hermosilla insistió varias veces en el mismo punto: “Hay que armar una caja. Necesitamos una caja, porque hay que chispearle a más huevones. Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12… no sé. La Leo tiene los números anotados”.

Leonarda Villalobos recibió una especie de halago de Hermosilla, cuando hablaban sobre el supuesto carácter obsesivo de la abogada, lo que le permitiría tener buenos resultados en los trabajos que le encargaban: “Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”.

«ASÍ SE ARREGLAN ESTAS HUEVÁS»

Según dijo Luis Hermosilla en la reunión, le adeudaban $10 millones a un funcionario del SII que les entregaba información. Y tenían otra deuda con otro funcionario de la CMF: “Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, le dice a Sauer según el registro de la cita. En el diálogo, Hermosilla argumenta la necesidad de que Sauer arme una “caja negra” para los gastos:

“Y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, le dice Hermosilla a Sauer.

La indagatoria que había iniciado el SII ya mostraba avances. Y las nuevas sociedades que fueron apareciendo en las carpetas de ese servicio podían expandir la onda destructiva a otros empresarios ligados al Grupo Patio. Y también a otros negocios. Discutieron cerca de una hora sobre a quién involucrar. El objetivo era armar una caja pagadora. Hermosilla propuso que se juntaran $100 millones entre varios de los involucrados. Pero Sauer defendió la idea de financiarla solo él, para minimizar los riesgos. Temía la reacción de otras personas.

Daniel Sauer: Estamos hablando de huevones que no sabemos cómo van a reaccionar. Muchos huevones. Y aquí está metido, huevón, medio Chile, Leo.

Leonarda Villalobos: Sí, pues.

Daniel Sauer: Estamos hablando que hay metidas 300 personas. Entonces, creo que tenemos que ser… 

Luis Hermosilla: Pero, además, esto es la punta del iceberg, huevón. Porque te cuento una cosa. Esto, bota a Factop (el factoring de Sauer que busca sobrevivir luego de la debacle de la corredora de bolsa asociada, STF).

Daniel Sauer: No, bota todo.

Luis Hermosilla: Y al botar a Factop, ¿qué es lo que te pasa? Se caen… de 300 personas pasas a mil. Se te produce un efecto de amplificación por Factop.

Daniel Sauer: Obvio.

Luis Hermosilla: Clientes y financistas.

Además de Daniel Sauer, su hermano Ariel y su padre, tras Factop y la corredora STF también estaba el empresario Rodrigo Topelberg, quien a fines de agosto se querelló en contra de sus ahora exsocios. En la querella acusó que en las empresas se utilizaban facturas falsas para triangular pagos y disminuir tributos. Sobre Topelberg también conversaron en la reunión. La discusión era si contarle o no, y si involucrarlo en la trama de pagos a funcionarios del SII y la CMF.

Luis Hermosilla: Y perdón, hay una situación peor. Este huevón (Topelberg) puede… va donde un abogado, le dice, ‘nosotros tenemos que ir y denunciar todo esto’. Y el hueón toma un número y dice, ‘yo quiero decir que derivado de mi negocio con estos señores, estos señores tienen pa pa pa’. Y lo cuenta él. Ahí tenemos que cerrar el negocio y agarrar los pitos y a Jamaica.

Daniel Sauer: Y en Jamaica volverme negro yo. Volverme negro.

Luis Hermosilla: Y lo más rápido posible, porque si no vamos a estar con arraigo.

¿El fantasma que los atormentaba? El Caso Penta. Todos coincidieron en que existía un símil con el escándalo del financiamiento ilegal de la política. En algún momento de la conversación se preguntaron quiénes podían ser los “Hugo Bravo” de la historia, en referencia al exempleado de Penta que terminó delatando las maniobras tributarias de sus jefes en venganza por un dinero que, según él, le adeudaban:

Luis Hermosilla: Sí, pues, y cagó un huevón de apellido Valdivia que tenía toda la mano, y ese huevón terminó preso. Aparte, a ese huevón lo persiguieron antes. Y lo mataron antes. El Servicio se encargó, le pegó como a los traidores. Le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón… O sea, a este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza. Y hay que tener cuidado con los celulares. Cada uno no tiene que saber. Por eso es que yo compartimento. Yo fui quince años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. Quince años. Ningún huevón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de huevas de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber; ella sabía lo que tenía que saber; yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque, si no, estamos hasta las huevas. Porque si te pegan unos charchazos, ibai a contar. Partía de esa base. Esto es lo mismo. Por eso querida Leo, es que yo a veces hago cosas que no te cuento. Las hago para no contaminar a nadie… 

Daniel Sauer: Yo confío, yo confío en la Leo, tú también confías. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro.

Luis Hermosilla: Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito.

Leonarda: Esto es un delito.

Luis Hermosilla: Y es la única manera de hacerlo.

Según lo registrado en el audio, no era primera vez que le pagaban a funcionarios del SII y de la CMF. ¿Sobre los pagos? Daniel Sauer consideraban que el servicio tenía un precio bajo.

Daniel Sauer: Tenemos la mano.

Luis Hermosilla: Yo conozco los precios de mercado de estas huevás…

Daniel Sauer: No, los de la Leo no son para nada grandes. Si te podrían cobrar un palo (se refiere a un millón de dólares). Aquí podríamos terminar todos presos.

Luis Hermosilla: A lo mejor tendrías que hacer una vaca, huevón ¿Me cachai?

Daniel Sauer: Lo que pasa es que no es mucho. Y son huevás. Ahora, no es mucho, pero es constante. Nosotros en los últimos tres años, de nuestra parte cuatro años, han salido chorros para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones se llevaron gamba.

Leonarda Villalobos: Si po, pero de 5.000 palos.

Daniel Sauer: Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito.

Luis Hermosilla indica que hubo un episodio anterior en el que se comprometió dinero para el funcionario de Impuestos Internos: “Entonces necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la Leo lo primero que debe hacer (…) O sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo. Perfecto. Ahora están puestas. Quiero que me diga lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido’. Ya, esto, listo. Antes de hablar de los números.

En el audio el abogado también menciona pagos a un funcionario de la CMF. Sobre ese funcionario, al que no nombra, Leonarda Villalobos señala que los pagos los haría el mismo Hermosilla:

Leonarda Villalobos: Que se los va a entregar, de hecho, Lucho, porque viene para acá.

Luis Hermosilla: Que es el hueón que siempre nos ha contado, que finalmente lo sacamos de que no fuera a tu oficina. Bueno, y lo estamos trayendo para acá. Mi punto es este. Si se beneficiaban los Jalaff de aquí, los Jalaff tienen que contribuir a la caja. Por eso te digo que es una noticia buena para ti. No sé si tú estás en condiciones de decirle a Álvaro (Jalaff, expresidente de Grupo Patio) qué necesitamos para arreglar esta hueá: lucas. Tampoco son grandes lucas. Aquí no estamos hablando de 500 palos. 

Daniel Sauer: ¿Sabes lo que pasa, Lucho? Yo prefiero en esta ponerme yo, a cobrarle a Alvarito.

La indagatoria del SII, a la que tuvo acceso Leonarda Villalobos, aunque se trata de una investigación reservada, encontró facturas sospechosas relacionadas con más de 40 sociedades. Entre ellas varias de los Jalaff, pero también otras donde participan las hermanas Luksic, el marido de Villalobos (socio del exdiputado DC y actual lobista, Exequiel Silva) y otras relacionadas con la familia de Hermosilla.

Leonarda Villalobos fue funcionaria del Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Según registros de Transparencia, en 2014 ejerció como “relacionadora pública empresarial” de la Seremi de Educación metropolitana. En 2016 ocupaba el mismo cargo, pero en el gabinete de la subsecretaría. En ese tiempo también estaba en el Mineduc el exdiputado Exequiel Silva Ortiz, socio del marido de Villalobos en la empresa Asesorías y Negocios Commercia Spa. Esa sociedad es una de las que aparece con facturas sospechosas en la indagatoria del SII.

En su perfil de LinkedIn, Exequiel Silva menciona que desde 2018 es socio y director de Steuern Spa, una empresa de la cual Leonarda Villalobos es dueña. Lo mismo aparecía en la página web de Steuern (la que ya no está disponible). A pesar de esos registros, Silva le dijo a CIPER que nunca ha sido socio de Steuern, ni tampoco de Leonarda Villalobos. Sí reconoció ser su amigo. Cuando le preguntamos por su participación en Commercia, dejó de responder los mensajes.

LA INVESTIGACIÓN DEL SII

En la reunión, Leonarda Villalobos leyó los antecedentes que acababa de recoger en Impuestos Internos: todos los detalles de la indagatoria sobre los negocios de los Sauer, los Jalaff y el Grupo Patio. Ese día para ella también fue de sobresaltos. Apenas llegó a la reunión con Luis Hermosilla y Sauer, contó que había sido asaltada afuera de la Unidad de Grandes Contribuyentes del SII, en calle Agustinas, en Santiago Centro.

Ella cuenta que utiliza un estacionamiento de Impuestos Internos, pero que para entrar al edificio debe salir a la calle, porque no hay conexión interna. Fue ahí que la asaltaron -llegó con un moretón en la cara-. Luego de contar los detalles del atraco, dijo: “Yo encuentro que este país ya se volvió cualquier huevada”.

La abogada pasó del relato del asalto a contar los pormenores de la investigación del SII a la que tuvo acceso. Dijo que inicialmente la CMF envió a Impuestos Internos una nómina de 12 contribuyentes para ser indagados. Pero que el SII iba a avanzar en una dirección más amplia: “No es algo que yo interpreto”, dice la abogada cuando le preguntan si los 44 RUT que nombró están en peligro. Entonces, Daniel Sauer complementa: “Que va chorreando a medida que tú vas metiendo los RUT, te van saliendo las contrapartes”. “Exactamente”, responde ella.

Fue ahí cuando relató las anomalías que aparecen en los registros del SII: “Mira, mira esta. Fondo de Inversión Privado Estrella del Sur, sin iniciación de actividades, recibiendo factura”.

Entre los detalles en los que ella profundizó, están las facturas emitidas por Commercia, la empresa de su marido y del exdiputado Exequiel Silva: “Escucha esto. Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas”. En ese momento relata las facturas emitidas por Inversiones Guayasamín Spa, sobre la que el SII tenía fijada su mira. Según lo que dice Sauer, se trata de una sociedad de su propiedad y donde también participa Jonathan Herzfeld (exgerente de nuevos negocios de El Mercurio, exejecutivo del sello musical La Oreja y fundador del Festival de Innovación Social). Según el registro del Diario Oficial, hasta agosto pasado los socios fueron Herzfeld y el abogado Darío Cuadra Juanes.

Leonarda Villalobos pone el acento en las inconsistencias de las facturas emitidas por Guayasamín: “Giro de la emisión de facturas: asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables. Que no tiene nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas”.

Sobre esas facturas, en el audio Daniel Sauer reconoce la irregularidad. Es cuando al pasar habla sobre los “favores” que le hacía a los Jalaff.

Luis: Espérate un poco… Del favor de los Jalaff ¿Qué quieres decir tú con el favor de los Jalaff?

Daniel: Las facturas de favor que yo le hago a ellos. A través de Guayasamin y DAS (otra sociedad de su propiedad).

Luis: Con eso ellos obtienen financiamiento. Ellos son beneficiados.

Daniel: Claro.

Leonarda Villalobos estaba urgida por las facturas falsas que aparecieron de sociedades en las que ella participa: “¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado y van y le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?”. Sauer responde “Ya. Bueno, estamos todos metidos ¿Sale Lucho Hermosilla sociedad anónima?”. No, afirma Luis Hermosilla: “Pero sale mi papá”.

Cuando ella habla de la sociedad de su marido, Commercia, asegura: “Te quiero comentar que Commercia está constituida por don Luis Angulo, Nicolás Eyzaguirre…”.

Daniel Sauer: ¿Nicolás Eyzaguirre?

Leonarda Villalobos: Sí.

Luis Hermosilla: ¿El propio? 

Leonarda Villalobos: Sí. (y también) Exequiel Silva.

Luis Hermosilla: ¿El diputado?

Leonarda Villalobos: Yes.

Según la información alojada en el Diario Oficial, Commercia registra entre sus socios a Exequiel Silva, Luis Ángulo e Isabel Avilés. No hay rastros de la presencia de Nicolás Eyzaguirre, el exministro de Educación y Hacienda. Contactado por CIPER, Eyzaguirre aseguró: “Completamente falso, no tengo ninguna sociedad con Exequiel Silva”.

La otra sociedad mencionada en la reunión es Steuern Asesorías Spa, la empresa propiedad de Leonarda Villalobos. Aunque ella dice que nunca se enteró de que le habían emitido facturas: “¿Sabes por qué nunca me enteré? Porque las cliquearon para que no tuviese recepción”.

La abogada continúa con su exposición: “Están investigando del folio 400, desde marzo, al 1.600, de diciembre, de Guayasamín. Folios son facturas”, señaló Villalobos.

En otro momento de la discusión comenta sobre otras sociedades. Pero Daniel Sauer la apura y le pide que vayan a las cifras duras, el dinero de las facturas por mes en 2022: “Enero, 347 millones. Febrero, 609 millones. Marzo, 1.276 millones. Abril, 2.535 millones. Mayo, 2.612 millones. Junio, 842 millones. Julio, 2.590 millones. Agosto, 1.660 millones. Septiembre, 1.885 millones. Octubre, 1.630 palos. Noviembre, 2.600 millones. Y… Me aburrí de seguir”.

La información que le entregaron a Sauer los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos coincide, en parte, con la que aparece en bases de datos públicas. El 31 de mayo pasado, Villalobos y Hermosilla asistieron a una reunión en la CMF. A las 09:15 se juntaron con Andrés Montes -fiscal de investigación en la CMF-, para “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante don Ariel Sauer Adlerstein”, según se indica en Infolobby.

En la reunión que fue grabada en la oficina de Hermosilla, le entregaron a Daniel Sauer la información que habrían levantado en esa cita en la CMF:

Luis Hermosilla: En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia. Estamos presentando los escritos. Hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. ¿Ok? A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevada… Va a pedir… Va a abrir el probatorio.

Leonarda Villalobos: Son 10 días.

Luis Hermosilla: Ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros.

Leonarda Villalobos: El compromiso.

Luis Hermosilla: Y no puede no abrirlo. Habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley. Y nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque, si no, las huevás son nulas. Se generan nulidades que el día de mañana alguien puede hablar. Entonces, eso está andando. Está en su carril y está andando perfecto. Y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad que nos dicen al final, en que Montes nos dice ‘cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra huevada’ que es la que te contamos a ti y que nos juntamos… que ya no me acuerdo como se llama.

Leonarda Villalobos: Corredora de Bolsa de Productos, Factop.

*Fuente: CiperChile

Audio completo (recomendamos leer los comentarios registrados al pie del video en Youtube):

El articulo Luis Hermosilla: «Aquí estamos haciendo una huevá que es delito» apareció primero en piensaChile.

El 21 de diciembre pasado, tuve el honor de concurrir a la Convención Constituyente a exponer sobre la independencia y autonomía del Servicio de Impuestos Internos, invitado por la Comisión de sistemas de justicia y organismos autónomos. Fui en mi calidad de profesor de derecho tributario y ex Subdirector Jurídico del SII. El tema tiene significación por hechos del pasado reciente y que vale la pena recordar.

El año 2015, a raíz de los casos descubiertos de financiamiento ilícito de la política, la dirección nacional del SII, de la que formé parte, fue descabezada por el gobierno de turno, con apoyo político transversal y de poderes fácticos, en represalia por haber presentado denuncias y querellas en esos casos y no someterse a las presiones para inhibirse de actuar en forma independiente y autónoma de acuerdo con sus funciones.

Lo que vino a continuación fue la implementación de una estrategia de impunidad para esos casos de delitos tributarios. La nueva dirección del organismo se abstuvo de presentar denuncias o querellas, o las presentó solo respecto de algunas personas, en forma arbitraria, sin posibilitar a la fiscalía la investigación de quienes resultaran responsables de los ilícitos. La intervención alcanzó también a la fiscalía, nombrándose a un fiscal nacional afín a la estrategia de impunidad, la que concluyó con sanciones irrisorias en algunos casos y en otros con la decisión de no perseverar en la investigación por el Ministerio Público.

La impunidad en esos casos fue un atentado a la igualdad ante la ley y al Estado de Derecho, y consolidó la imagen de instituciones implacables con los ciudadanos de a pie, pero sumisas y complacientes con quienes ostentan poder. Se profundizó la desconfianza y la percepción de instituciones degradadas, una de las causas del estallido social.

La realidad de una precaria autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones del SII, hace necesario considerar una garantía constitucional que las fortalezca. Los organismos fiscalizadores tienen funciones fundamentales en el Estado, y deben preservarse como instituciones serias, profesionales, alejadas de interferencias políticas indebidas, y de intereses ajenos a sus propósitos institucionales, precisamente para que cumplan adecuadamente su rol, y sirvan al logro de los objetivos económicos y sociales que el país democráticamente defina.

Para fortalecer la autonomía e independencia del SII como organismo fiscalizador, hay varias opciones institucionales. La primera es consagrarlo como un organismo autónomo en la Constitución Política. Este carácter autónomo lo tienen en la Constitución vigente la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Banco Central, el Servicio Electoral, entre otros.

La autonomía de estas instituciones consiste en que no están sujetas al poder jerárquico del Ejecutivo, o a su supervigilancia, encontrándose sometidas sólo a la Constitución y a la ley. En el caso de organismos como el SII, la índole de sus funciones, esencialmente fiscalizadoras, justifica una relación de esa naturaleza frente al Ejecutivo. De todas maneras, el control o fiscalización de sus actos debe ser ejercido por la Contraloría General de la República.

Otra posibilidad es que sea la ley y no la Constitución la que establezca la autonomía del SII en el ejercicio de sus funciones. Pero en tal caso parece importante que se contemple en la Constitución el mandato, de manera de garantizar la permanencia del principio en las normas jurídicas de menor jerarquía. En esta opción bastaría con establecer en la Constitución que la ley garantizará la debida autonomía e independencia del Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de sus funciones.

Junto con ello, considerando la evidencia empírica, otro aspecto importante es el mecanismo de nombramiento del jefe superior del Servicio. Actualmente el director del SII es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República. Para garantizar la independencia en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, podría seguirse el mecanismo de designación previsto por la actual Constitución para el Contralor General de la República, esto es, ser designado por el Presidente de la República con acuerdo del Congreso adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de 8 años.

Por ultimo, junto con consagrar la autonomía del SII, parece necesario establecer una sanción para quien menoscabe ese carácter independiente porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que la autonomía constituya una simple declaración, sin consecuencias jurídicas para su contravención.

En todo caso, no se trata solo de leyes. Las instituciones deben asumir las obligaciones que se les encomiendan, respetar y cumplir las leyes, pero, sobre todo, ser referente de integridad pública y probidad.

Más sobre el tema:

El secreto informe tributario de los súper ricos que el SII hizo desaparecer

El articulo La independencia del SII: consagrarlo como organismo autónomo en la Constitución apareció primero en piensaChile.

El articulo «En una nueva Constitución deben estar los principios básicos de un sistema tributario normal» apareció primero en piensaChile.

27 de octubre de 2020

Los dueños de Empresas Penta fueron sancionados por burlar al SII, pero el mismo servicio aceptó como “gasto necesario” lo que esa compañía pagó en asesorías legales durante el juicio y le aprobó una rebaja de $1.400 millones del monto sobre el que se calcularon sus impuestos en 2018. El SII aseguró a CIPER que la resolución –adoptada en agosto pasado– se ajusta a las normas, pero al interior de la entidad hay voces que indican que el beneficio no corresponde si los controladores de Penta actuaron con dolo para que su empresa defraudara al Fisco. Instrucciones impartidas en el SII indican que esta política se extenderá a todas las empresas que enfrenten juicios y sus detractores estiman que, si no se excluye a los condenados por delito tributario, se estarían financiando sus defensas con dinero de los impuestos.

Lunes 3 agosto de 2020. Mientras la ciudadanía ponía atención al levantamiento de las cuarentenas, Empresas Penta ganaba una de las últimas batallas que libró desde que se inició la investigación sobre ella y sus controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín, por distintos delitos tributarios, entre ellos los relacionados con financiamiento político ilegal. Ese día, el Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de la empresa para que sus pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta y, por lo mismo, descontados del monto sobre el que se calculan los impuestos que debe pagar.

En palabras simples, Penta consiguió que el SII rebajara más de $1.400 millones, que gastó en asesoría legal, del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018.

La magnitud y el origen de esta rebaja levantaron polvo al interior del SII. Mientras la postura oficial de la institución indica que hay jurisprudencia al respecto y que su decisión está apegada a la norma, funcionarios del mismo servicio contactados por CIPER –que pidieron la reserva de sus identidades– señalan que es inentendible que, en primera instancia, el SII denunciara los delitos tributarios del grupo Penta, que en ese juicio se haya demostrado que sus controladores actuaron con dolo para defraudar al Fisco y que ahora se considere que los gastos legales gatillados por esa investigación eran necesarios para la subsistencia de la empresa, tienen relación con su giro y fueron inevitables.

“La jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable. Es decir, si un trabajador la lleva a tribunales por un incumplimiento laboral, si un proveedor o cliente la demanda, incluso si hay una controversia entre los impuestos que la empresa cree que tiene que pagar y lo que el servicio (SII) estima que debe pagar. Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja”, señala un funcionario del SII con años de experiencia en esa área.

La postura que defienden estos funcionarios quedó plasmada en la primera decisión que tomó el SII sobre el caso: en febrero de este año, cuando calculó la liquidación de Penta del año tributario 2018, la institución consideró que los pagos de asesorías legales para enfrentar las acusaciones penales no eran un gasto necesario e inevitable para la producción de renta. En consecuencia, rechazó la pretensión de Empresas Penta de que esos gastos se rebajaran de su base imponible. Como respuesta, el holding ingresó una apelación a través de un recurso de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV). Y el SII, a inicios de agosto pasado, esta vez se allanó a conceder el beneficio.

La apelación de la compañía logró que la dieta de los directores Délano y Lavín -condenados por delitos tributarios reiterados en 2018-, en un comienzo consideradas “pagadas en exceso” por el SII, también fuera descontada de su cálculo de impuestos por más de $600 millones.

Más allá de la discusión interna que despertó este cambio de decisión, y de los argumentos expuestos por Penta y el SII para justificarla, se trata de una acción que favoreció a una firma cuyos controladores fueron investigados y condenados por delitos tributarios, mientras la situación de la compañía continúa bajo revisión.

Expertos consultados por CIPER coinciden en que la revisión de esta resolución del SII no debe limitarse exclusivamente a determinar si se apega o no a la legalidad, sino que merece ser sometida al escrutinio público. “Hay una controversia sobre si esto se ajusta a la normas o no. Pero, incluso si la conclusión fuera que es completamente legal, vale la pena que se discuta públicamente la conveniencia de modificar estas normas que estarían beneficiando a personas que de manera consciente cometen delitos tributarios”, señala uno de esos especialistas.

Uno de los puntos que se ha revisado en el juicio a Penta fue que financió ilegalmente –a través de boletas falsas– diversas campañas políticas. En la investigación que inicialmente llevaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, aparecieron los nombres de Ena Von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Pablo Wagner, Laurence Golborne y Andrés Velasco, entre otras figuras públicas que se vieron involucrados cuando estalló el caso en 2014. Pero en el proceso también se expusieron otras fórmulas de evasión, como contratos forward falsos y millonarios bonos pagados a ejecutivos con el fin de eludir el pago de impuestos (vea el reportaje de CIPER “Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta”).

En las primeras audiencias de formalización, el fiscal Gajardo pronunció dos frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva: “Esto ha sido una máquina para defraudar al Fisco” y “Somos tontos hasta las doce”.

De la veintena de empresas que financiaron ilegalmente a políticos a través de boletas falsas, la mayoría zafó sin ser llevadas a juicio penal por la decisión del director del SII, Fernando Barraza, de no presentar denuncias. Barraza llegó al cargo nombrado por el gobierno de Michelle Bachelet, después de que la Fiscalía detectó que la campaña de la ex mandataria había recibido aportes ilegales de SQM. Esta última compañía y Penta son las únicas firmas que han enfrentado un proceso penal por sus aportes a políticos. Ambas fueron denunciadas por el SII antes de la llegada del director Barraza. Y ahora, bajo el mando de Barraza, el SII beneficia a Penta rebajando del cálculo de sus impuestos lo que ha gastado en asesorías para su defensa en ese juicio.

Pocos días después de que el 3 de agosto Impuestos Internos le diera luz verde a la solicitud de Penta, la dirección jurídica del servicio (a cargo de Misael Morales Godoy, quien luego salió del cargo) le informó a los distintos equipos de trabajo que, de ahora en adelante, cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas en el marco de un proceso penal que la involucre, esos gastos serán considerados como “necesarios para producir la renta”, por lo que podrán ser restados de la base imponible desde la que se calcula el pago de impuestos. Esto, según el criterio adoptado por el Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes, creado en noviembre de 2016, y que es dirigido, como subrogante, por la abogada Sandra Troncoso. Su jefe en el Departamento de Grandes Contribuyentes es Harry Ibaceta Rivera, quien antes de llegar al SII (marzo de 2020) fue gerente en SMU, Deloitte y Telefónica Chile. Por esta trayectoria en grandes empresas, las asociaciones de funcionarios del organismo objetaron su llegada ante Contraloría.

CIPER contactó a Penta y le consultó por los argumentos que tuvo a la vista para solicitar una revisión de lo que, en primera instancia, el SII se había negado a considerar como gasto necesario para producir renta. Esta es su respuesta:

“Inicialmente se le objetaron gastos por $2.534 millones de pesos presentados en el ejercicio 2017 (año tributario 2018), los cuales a juicio de la empresa fueron registrados correctamente en su contabilidad. Por ello, segura de la improcedencia del criterio aplicado, presentó un recurso de reposición ante el mismo SII, el cual acogió la postura de la empresa, aceptando más del 80% de los gastos presentados. Si bien la empresa considera que debieron ser aceptados el 100% de los gastos, dado que mayoritariamente se acogió su postura, optó por aceptar lo decidido por el SII y no presentar nuevos recursos”.

En tanto el SII expuso a CIPER que tras revisar lo reclamado por Penta “tomó en consideración antecedentes entregados por el contribuyente que estaban en línea con definiciones normativas adoptadas con anterioridad, por ejemplo, en lo relacionado con que los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente. De esta forma, solo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa judicial del grupo empresarial y no de sus controladores”.

Lo que objetan los funcionarios del SII con los que habló CIPER, es que esta postura desconoce el origen doloso del delito cometido por los controladores de Penta.

“RIESGO REPUTACIONAL”

Entre el primer y segundo pronunciamiento del SII respecto de la base imponible de Penta, hay seis meses de diferencia. El primero, emitido en febrero de 2020, nació luego de una revisión a la Declaración de Impuestos Anuales a la Renta del año tributario 2018 de la empresa. Tras ese análisis, el servicio concluyó que la compañía incluyó algunos ítems como necesarios para la producción de renta, pero que en realidad no lo eran.

Entre ellas, el pago por asesorías legales a los estudios Alcaino Abogados SpA, Bofill Escobar Limitada y a la Sociedad de profesionales López, Escobar, Del Río Limitada. Adicionalmente, se objetó la dieta de los directores Carlos Délano y Carlos Lavín.

El denominador común de las asesorías legales que prestaron las oficinas señaladas, según lo expuesto por Penta al SII, es que prestaron sus servicios debido al “riesgo reputacional” al que se sometió a la empresa una vez que se conoció públicamente la investigación que llevaba el SII, y luego el Ministerio Público, en su contra. Según detalla la empresa, los estudios de abogados formaron parte del “Comité de crisis” interno que se conformó a partir del 2014, bajo la coordinación del entonces director y actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme, para mantener el “buen nombre” de la firma y aminorar los golpes a su imagen corporativa.

Sin embargo, la primera evaluación del SII consideró que esas gestiones, «así como la coordinación de la defensa penal del Caso Penta–SII (…) por las consecuencias negativas derivadas del caso, no corresponden al giro o actividades del contribuyente para generar su renta”, de acuerdo con la resolución revisada por CIPER (los destacados se reproducen tal como en el documento original).

El servicio incluso remarcó que, aún cuando fueran gastos necesarios para producir renta, “se refiere a la defensa penal por los delitos imputados a sus controladores en la formalización de investigaciones seguidas por los delitos de fraude fiscal, cohecho y lavado de dinero, de manera tal que este gasto, es voluntario y evitable, el cual no guarda relación con el normal y correcto desarrollo de las operaciones relacionadas con el giro y actividades del contribuyente”.

En su justificación, Penta detalló la labor que cumplió cada uno de los estudios y el monto del contrato. El acuerdo con Alcaino Abogados SpA, por ejemplo, entró en vigencia en octubre de 2014. El objetivo del equipo liderado por el abogado Alfredo Alcaino era prestar “toda la asesoría jurídica necesaria para la defensa del Cliente en el Caso Penta-SII, en las diversas instancias y en todos los aspectos legales que se presenten, sin limitaciones”, por 1.500 UF mensuales. En noviembre de 2017, el monto se rebajó a 800 UF.

El trato con Bofill Escobar Limitada fue bajo términos similares, a partir de diciembre de 2014. Por este trabajo, Penta informó al SII que pagó más de $765 millones solo en 2017.

Por su parte, el estudio López, Escobar, Del Río Limitada (antes Harasic & López Abogados) entró al ruedo en agosto de 2014 y Penta declaró al SII que solo durante 2017 le pagó más de $627 millones por defender a Empresas Penta. Este bufete también tomó las defensas personales de Carlos Délano y Carlos Lavín, aunque esos honorarios fueron costeados personalmente por los controladores del grupo. Para sustentar esa separación de funciones, Penta adjuntó una boleta emitida por el estudio de López a Carlos Délano, fechada el 29 de octubre de 2014, por $145 millones, y otra por el mismo monto a Carlos Lavín.

En un comienzo estos argumentos fueron desatendidos por el SII, pero luego del recurso de reposición presentado por Penta, los acogió. Como parte de su apelación, Penta reconoció que una parte de las asesorías realizadas por los estudios de Alcaíno Abogados y Bofill Escobar fueron a empresas relacionadas a Penta o a ejecutivos del grupo, por lo que ajustó su solicitud de rebaja solo a los servicios que ambos estudios jurídicos prestaron exclusivamente a Empresas Penta SpA.

Debido a eso, y a que se excluyeron otras asesorías pagadas a ejecutivos, la rebaja se redujo a poco más de $2 mil millones.

En agosto de este año el SII corroboró que la mayoría de los gastos en estas asesorías legales, destinados a mantener bajo control el “riesgo reputacional” de la compañía, fueron necesarios para asegurar el funcionamiento de la empresa y, por tanto, para generar renta. De esta forma, el servicio aceptó que $1.414.024.345 pagados a los estudios jurídicos se descontaran de la base imponible del año tributario 2018 de la empresa.

CIPER le consultó al SII por este cambio de criterios. La institución se limitó a contestar que “el objetivo de la RAV (Reposición Administrativa Voluntaria) es precisamente entregar a los contribuyentes la posibilidad de solicitar una revisión de las actuaciones del Servicio, aportando los antecedentes para ello. En este caso, además, se tomó en consideración la existencia de criterios ya definidos con anterioridad por el Servicio, además de la jurisprudencia en Tribunales existente”.

Haciendo eco de lo resuelto por el SII, Penta dijo a CIPER que la institución fiscalizadora “deja en claro que el gasto por defensa legal es un gasto aceptado, con tal que el gasto se vincule o tenga incidencia en el resultado de la gestión de negocios del contribuyente en su globalidad”.

Respecto del cuestionamiento que surgió tras la devolución, por originarse por un juicio por delitos tributarios, la empresa expuso que “la determinación de la responsabilidad penal de Penta como persona jurídica es una cuestión que no ha sido sentenciada y sigue pendiente, pero, como se indicó anteriormente (…) del SII se deja en claro que el gasto por defensa legal en juicio es un gasto aceptado y que su procedencia o improcedencia no puede estar supeditada al eventual resultado del pleito”.

PAGOS A LOS CONTROLADORES

Otro punto que inicialmente objetó el SII, pero que finalmente fue ratificado en favor del contribuyente, fueron las dietas de Carlos Délano y Carlos Lavín, por más de $700 millones. En la primera revisión de febrero pasado, el SII concluyó que en este ítem hubo un pago en exceso de $637 millones durante el año tributario 2018.

Para sostener esa posición, el Servicio apuntó a un acuerdo interno que favorecía a ambos directores, que consistía en que la dieta del presidente y vicepresidente de Penta sería 1.100 UF (más de $30 millones mensuales al valor actual) sólo si estos puestos eran ocupados por Délano y Lavín. Si bien el SII no cuestionó la legalidad del acuerdo, estableció que los sueldos deben asociarse “al cargo y no a la persona que lo ocupa, debiendo además ser razonablemente proporcionadas a la importancia de la empresa, las rentas declaradas, los servicios prestados y a la rentabilidad del capital”. La situación se hacía más cuestionable, agregó el fiscalizador, cuando “las personas en las que recae esta condición especial pueden influenciar en la fijación” de sus propias dietas.

Sin embargo, la severidad del fiscalizador fue neutralizada eficazmente por Penta tras su respuesta a esta liquidación. En primer lugar, la empresa indicó que la dieta de Délano y Lavín coincidía con la de sus símiles de otras compañías del mercado, que se justificaban por la relevancia del holding, que la cantidad tenía relación con la “trayectoria” de ambos empresarios y que el acuerdo interno era un gesto para los fundadores del grupo.

Sobre este último punto, Penta complementó que ambos ejecutivos se mantuvieron en el directorio pese a ser condenados por delitos tributarios reiterados por “una decisión estratégica (…) puesto que se quería dar la señal de que la empresa seguiría existiendo y que enfrentaría la crisis sin eludir responsabilidades”.

El SII atendió las razones esgrimidas por Penta y echó pie atrás: consideró que este gasto estaba debidamente justificado y era necesario para la producción de renta, rebajando más de $642 millones por concepto “dietas y participación de directores” en la base imponible del año tributario 2018 de la sociedad.

Finalmente, sumando los pagos por asesorías legales y las dietas de los controladores aceptadas por el SII, la cifra total que se rebajó del monto sobre el que se calcularon los impuestos de Empresas Pentas en el año tributario 2018 ascendió a $2.056.975.080.

*Fuente: CiperChile

El articulo Juicio por delito tributario y platas políticas: SII beneficia a Penta con rebaja de impuestos por su millonario gasto en abogados apareció primero en piensaChile.

Te puede interesar: “Las millonarias transferencias de la familia Piñera Morel a paraísos tributarios y la investigación del SII en contra de Bancard”

Y es que este medio también dio cuenta de otras operaciones, por unos US$500 millones, entre la empresa de Piñera y otras sociedades de sus hijos en el mismo paraíso fiscal, y Luxemburgo, otro territorio de baja tributación utilizado por multimillonarios globales. Sin embargo, El Desconcierto no pudo determinar si dichas operaciones fueron revisadas por el SII.
Al respecto, Barraza informó que el SII sí actuó en dichos casos, fiscalizando y cobrando los impuestos que la empresa de Piñera no había pagado por las transferencias de riqueza que realizó a sus hijos. Es decir, la empresa matriz del Presidente Piñera, Bancard Inversiones Limitada, realizó varias transferencias millonarias a empresas de sus hijos en paraísos fiscales, sin declarar ni pagar los impuestos respectivos, hasta que un programa del SII las detectó y cursó las fiscalizaciones.
“En este mismo proceso de revisión se analizaron otras operaciones transfronterizas de otras sociedades, las que también fueron debidamente fiscalizadas por el SII. En todos los casos se acogió lo determinado por el SII y se rectificaron las respectivas declaraciones de impuesto a la renta”, reconoció Barraza, sin hacer alusión a montos específicos.
El punto, sin embargo, no fue abordado en las preguntas que realizaron los diputados presentes en la comisión ni tampoco se pidió sesión secreta para corroborar dichos antecedentes. De hecho, la mayor parte de las intervenciones de los representantes de los partidos que apoyan el gobierno, RN y la UDI, estuvo relacionadas con la defensa de los paraísos fiscales y no a los métodos que utiliza el Presidente Piñera para transferir, en vida, su patrimonio a sus hijos.
“Mire la paradoja, si usted remesa utilidades desde un paraíso fiscal, paga más impuestos”, dijo el diputado Diego Schalper (RN), defendiendo el uso de estos territorios de bajos o nulos impuestos, y de escasa información.
De hecho, Barraza aclaró que Chile no tiene convenio de intercambio de información con las Islas Vírgenes Británicas y que depende de otros convenios multilaterales para acceder a datos.
“He escuchado loas de los paraísos fiscales y aquí se llegó a decir que es donde se paga más impuestos que en nuestro país”, respondió el diputado Leonardo Soto (PS) “La verdad es que los paraísos fiscales, y ese el punto de partida de esto, son repudiados en todo el mundo”, agregó.
Gonzalo Winter, de Convergencia Social, realizó un análisis similar al de Soto respecto a los paraísos fiscales, y planteó una serie de consultas al director del SII que, sin embargo, no fueron respondidas en su totalidad.
“Por los diputados Schalper, Alessandri y Macaya, se ha hecho una una apología de los paraísos fiscales, señalando inclusive que para el Estado eran preferentes (…) ¿Cuál es su opinión sobre los paraísos fiscales? ¿Se los recomienda a los contribuyentes?”, preguntó Winter.
“Usted comprenderá que no puedo dar opinión respecto a un régimen de tributación, cualquiera sea su condición”, concluyó Barraza, del SII.

Revisa acá la intervención completa del director del SII ante la comisión investigadora del caso Bancard:

 

 
*Fuente: ElDesconcierto

El articulo Piñera: SII reconoce rectificación de impuestos y condonación de intereses a empresa de Piñera por sacar plata a paraísos fiscales apareció primero en piensaChile.

El ex presidente Ricardo Lagos lleva 29 años sin pagar contribuciones por la casa de descanso que tiene en Caleu, en la comuna de Til Til. Tampoco ha tramitado en ese municipio la recepción final de las obras por la vivienda principal y las dos cabañas que existen en el terreno. Su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber, suma otros 16 años sin pagar los impuestos respectivos. En su caso ni siquiera se ha aprobado el permiso de edificación de la propiedad. Hijo y padre reconocieron la irregularidad. El Servicio de Impuestos Internos activó una fiscalización luego de que CIPER consultara por la situación de los terrenos.

Para llegar a Lo Marín de Caleu desde Til Til (Región Metropolitana) hay que recorrer 18 kilómetros de curvas. A diferencia de la mayoría de las calles de la zona, el camino hacia ese sector está asfaltado, lo que facilita el tránsito entre cerros y quillayes secos. La vía continúa zigzagueante hasta que se bifurca, y entonces hay dos opciones: seguir  ascendiendo por el camino principal o desviarse por el segundo –de apenas unos metros– que choca con la entrada de una casa. No es la de cualquier vecino. Aquella propiedad pertenece al ex presidente Ricardo Lagos Escobar, y justo al lado está la de su hijo y actual senador, Ricardo Lagos Weber (PPD).
Ambas están emplazadas en la zona rural de la comuna, donde conviven casas de veraneo –como la de ambos políticos– con las residencias de agricultores locales. Mientras el predio del otrora mandatario tiene un tamaño total de 5,85 hectáreas, el del parlamentario supera los 16 mil m2 (1,63 hectáreas).
CIPER confirmó en terreno y con documentación oficial que el domicilio de Lagos Weber no tiene permiso de edificación, que pese a las construcciones de ambas propiedades ninguna de los dos cuenta con el certificado de recepción final de obras y que, debido a que el uso de suelo de los terrenos está caratulado como agrícola, tampoco están sujetas al pago de impuestos.
El ex presidente Lagos lleva 29 años sin pagar las contribuciones que le corresponderían por sus casas en Caleu, mientras su hijo senador acumula otros 16 años en la misma situación. Se trata de las parcelas que se hicieron famosas a inicios de la década del 2000 por ser el lugar de descanso predilecto del entonces presidente Lagos.
La casa de Lagos padre está construida con muros de adobe y madera y cimientos de hormigón. Tras cruzar el portón de madera que está en la entrada, asoman jardineras y un amplio espacio utilizado como estacionamiento. La cara frontal de la propiedad es de color rosada y su patio de más de cinco hectáreas llega hasta el camino que pasa por detrás del predio. La construcción de Lagos Weber tiene una disposición similar a la de su papá, con una unidad central y dos alas laterales que hacen su casa más ancha que larga. En la parte trasera tiene un quincho y la vista apunta directamente hacia la quebrada que cruza el terreno, que hoy luce seca pero por la que alguna vez corrió agua.

Casa de Ricardo Lagos Escobar.

No es un caso excepcional entre las autoridades del país. Ya en 2017 CIPER reveló que un condominio de altos oficiales de Carabineros, incluido el entonces general director de la institución, Bruno Villalobos, estaba exento del pago de impuestos porque las construcciones no estaban regularizadas  (vea el reportaje “El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones”). Lo mismo ocurrió en 2019 cuando otro reportaje de El Dínamo mostró que el presidente Sebastián Piñera llevaba 30 años sin pagar contribuciones por su casa de veraneo en Caburgua.
Lo que atraviesa todos estos hechos es la nula fiscalización de los municipios y el Servicio de Impuestos Internos (SII) a las casas de veraneo de las autoridades. Gracias a investigaciones periodísticas se han revelado estas irregularidades, y recién después de publicados los reportajes la institucionalidad ha tomado cartas en el asunto (los carabineros tuvieron que regularizar sus propiedades y el presidente Piñera pagar una multa de 100 UTM). No fue distinto con las casas de la familia Lagos en Caleu: luego de que CIPER consultara en el SII por la situación tributaria de esas construcciones, el organismo encendió las alarmas y activó una fiscalización.
Mientras la casa del ex presidente no cuenta con documentación al día en la Municipalidad de Til Til –el último trámite lo hizo su esposa, Luisa Durán de la Fuente, cuando solicitó el permiso de edificación en junio de 2001–, su hijo el senador Lagos Weber inició el proceso de regularización ante la Dirección de Obras (DOM) recién en agosto de 2019. Lo hizo luego de que un reportaje evidenciara que el presidente Piñera no pagaba contribuciones por su casa en Caburgua.
El arquitecto contratado por Lagos Weber incluso tuvo una reunión por Ley de Lobby con el jefe de la DOM de Til Til, Alejandro Lara, para hacer una “consulta por regularización de propiedad en Caleu”, según quedó consignado oficialmente.

LAS IRREGULARIDADES DEL EX PRESIDENTE

Ricardo Lagos Escobar compró los terrenos “La Casa”, “Lo Cristóbal” y “La Quebrada”, ubicados en Lo Marín de Caleu, el 3 de julio de 1991. Lo hizo junto a su cuñado Roberto Durán de la Fuente y su amigo Olayo Sandoval Orellana. Según la escritura del Conservador de Bienes Raíces revisada por CIPER, la operación costó $6 millones y definió que el 60% de los predios pertenecerían a Lagos Escobar, mientras que el 40% restante se lo repartirían en partes iguales Durán y Sandoval.
La esposa del ex presidente, Luisa Durán de la Fuente, se hizo con el 20% de la propiedad tras comprar la parte de su hermano Roberto el 18 de agosto de 2000, cuando despuntaba el primer año del gobierno de Lagos.
Menos de un año después, la entonces primera dama realizó el primer trámite para regularizar las construcciones emplazadas en la parcela, e ingresó una solicitud de permiso de edificación el 8 de junio de 2001 (vea una copia de ese documento aquí). En la boleta emitida por la Municipalidad de Til Til, que dio el visto buena a aquella solicitud, se aprecia que el permiso contempló la construcción de una casa-habitación y dos cabañas (vea una copia de ese documento aquí). Allí se consigna que la casa principal tiene 157,94 m2 construidos, mientras los planos del terreno indican que las cabañas tienen una superficie de 63,31 m2 y 35, 61 m2, respectivamente. El terreno: 5,85 hectáreas. El permiso de edificación –que en rigor autorizó construcciones ya edificadas–  fue concedido en diciembre de 2001, por el precio de $392.392.
La DOM de Til Til indicó a CIPER que dicho permiso es el único trámite realizado por los dueños del inmueble (vea la respuesta enviada por la DOM). Después de conceder el permiso de edificación, el municipio nunca recibió una solicitud por la recepción final de la obra, que es el último paso para regularizar la construcción. Dicho documento tampoco existe en el expediente de la propiedad que conserva la DOM y que CIPER revisó. En otras palabras, la casa y las dos cabañas construidas en el terreno no cuentan con la habilitación ni aprobación del municipio, ya que todavía estarían en proceso de edificación.

Ricardo Lagos Escobar

Se trata de una situación que raya en lo absurdo: el municipio sabe que las obras concluyeron hace casi veinte años, pero es el propietario del inmueble el responsable de acercase a la DOM para regularizar las construcciones “de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales” que pretenda edificar en su terreno, tal como indica el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). El artículo 144 del mismo cuerpo legal refuerza este punto al señalar que una vez finalizada la obra, “el  propietario y el arquitecto” deberán acudir al municipio y “solicitarán su recepción definitiva”.
“Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total”, agrega el artículo 145. En caso de incumplimiento, la ley establece que podrá sancionarse “con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción” e incluso con “el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el  Alcalde, a petición del Director de obras Municipales”. El problema es que la LGUC no establece un plazo máximo para que el propietario del inmueble tramite la recepción final de obra, mientras la DOM de Til Til alude a su poca capacidad de fiscalización para explicar por qué no han visitado al terreno de Lagos para regularizar sus construcciones, aún cuando es el ex presidente quien debería acudir a ellos.
Luego de que en abril de 2019 estallara el escándalo por el no pago de contribuciones del presidente Piñera, parlamentarios del PS presentaron un proyecto de ley que busca establecer un plazo para que se solicite la recepción definitiva de las obras y fijar sanciones en caso de que ese trámite no se haga. El problema es que ese proyecto lleva durmiendo casi un año en la Cámara de Diputados.
La desidia de las autoridades para cumplir con la ley, y la nula fiscalización de los organismos encargados, lleva a otro problema mayor: sin la recepción final de obra, no sólo es el municipio quien no se “entera” que dichas construcciones concluyeron, pues el SII tampoco puede realizar un reavalúo que se condiga con el nuevo estado del terreno, lo que permitiría que se cobraran los impuestos correspondientes.
Como la parcela de Lagos tiene un uso de suelo agrícola en los registros del SII, su propietario nunca ha tenido que pagar contribuciones. Así lo demuestran los certificados de antecedentes de sus propiedades.
¿Corresponde que el terreno del ex mandatario sea considerado agrícola? La Ley sobre Impuesto Territorial indica en su primer artículo que esta denominación “comprenderá todo predio, cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante”. No es el caso del terreno de Lagos Escobar y Luisa Durán, pues allí no hay plantaciones y el uso que se le da al predio es vacacional. De hecho en uno de los documentos que contiene el expediente de la parcela, el arquitecto a cargo de normar las construcciones señala que se dirigió a la DOM de Til Til para la “regularización (de) vivienda existente” y detalla en dos ocasiones que el “destino principal” del inmueble es de “vivienda”, no agrícola.
Consultado por qué las propiedades de Lagos Escobar no están sujetas al pago de contribuciones y están inscritas con uso de suelo agrícola, el SII respondió a CIPER que dichos predios “se encuentran emplazadas en el área de interés silvoagropecuario definido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), según el cual se puede construir una vivienda por predio, además de la destinada para el cuidador. Es decir, a pesar de tener edificaciones, lo roles pueden pertenecer a la serie agrícola”.
Sin embargo, y tal como indica la repuesta del órgano fiscalizador, el PRMS establece que en los suelos agrícolas pueden construirse como máximo dos propiedades, la “patronal” y la de sus cuidadores. Al tener una casa-habitación y dos cabañas, la parcela de Lagos también contravendría esta norma.

LAGOS WEBER Y LA ALARMA DE PIÑERA

La situación del senador Ricardo Lagos Weber es más irregular que la de su padre, pues en su caso ni siquiera está aprobada la solicitud del permiso de edificación.
El senador compró la propiedad “Los Nogales” de Lo Marín de Caleu el 25 de abril de 2003, tras pagar $10.886.442 a su antigua dueña. El terreno tiene un total de 16.343 metros cuadrados, es decir, poco más de 1,6 hectáreas.
Pasaron 16 años hasta que Lagos Weber inició la regularización ante la DOM de Til Til. Fue a mediados de 2019 cuando contrató los servicios de arquitectos para llevar adelante este proceso. Uno de los profesionales se reunió con el director de la DOM, Alejando Lara, el 21 de agosto de 2019 para hacer una “consulta por regularización de propiedad en Caleu”.

Casa de Ricardo Lagos Weber.

La urgencia que tenía el senador por normalizar su situación se debía a que la prensa había revelado que el presidente Piñera tampoco pagaba contribuciones por su casa de veraneo. Y aunque el parlamentario intentó evitar un escándalo público por la irregularidad en la que se encuentra su casa de descanso, no perseveró en el intento.
La solicitud de permiso de edificación de Lagos Weber fue presentada el 20 de diciembre de 2019 (véala aquí). Firmado por el propio senador, el documento que buscó inscribir una “obra nueva” no fue admitido por el municipio “por no cumplir con la normativa vigente” y por la “falta de documentación mínima para el ingreso del expediente” (vea el detalle aquí). No obstante, la objeción más relevante fue que “la edificación solicitada ya está construida, por lo cual se aplicarán las multas establecidas por el Art. 133 de la LGUC”.
Dicho apartado es taxativo en castigar aquellas “construcciones que se ejecutaren sin el previo permiso de construcción”, estipulando que “pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que correspondiere pagar al momento en que el interesado solicitare regularizar su situación”. En el caso de Lagos Escobar no hay rastro del cobro de aquella multa.
El oficio entregado por la DOM de Til Til a CIPER consigna que desde que se formularon los reparos a la solicitud de Lagos Weber, el 9 de enero de 2020, “a la fecha aún no han sido subsanadas dichas observaciones por el señor arquitecto” y, por lo tanto, no han avanzado en la regularización de la propiedad.
Al igual que los terrenos de su padre, la parcela “Los Nogales” del senador tiene un uso de suelo agrícola en el SII y también está exenta del pago de contribuciones. Y tal como ocurre con el ex presidente, tampoco se aprecian plantaciones u otras actividades que definan “la producción agropecuaria o forestal” como el principal destino del predio, como exige la ley.
Respecto a la regularización de las construcciones, el SII indicó a CIPER que “el proceso normal de actualización de información en el SII se inicia con el trámite de Recepción Final que el contribuyente realiza ante la Municipalidad correspondiente“, y que en los casos de Lagos Weber y Lagos Escobar, “no registramos en nuestro sistema de Control de Gestión ninguna solicitud que permitiera generar acciones de tratamiento“.

Senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

Luego de ponerse al tanto de estas irregularidades debido a las consultas de CIPER, la institución fiscalizadora indicó que se puso en contacto con la Municipalidad de Til Til y le consultó por los procesos de regularización de ambos propietarios, obteniendo como resultado que el senador está tramitando la normalización de su vivienda y que al finalizar estas diligencias “dará curso a la actualización en el SII, con la retroactividad que corresponda, de acuerdo a la ley y la antigüedad de la propiedad“.
“Para los otros roles, como no se registra Recepción Final ni solicitudes pendientes, notificamos al propietario registrado en nuestros sistemas para informarle de la pronta visita de fiscalizadores tasadores para revisar en terreno la situación de sus predios“, agregó en el caso del ex presidente.

LOS LAGOS RECONOCEN LA FALTA

Consultado por CIPER el ex presidente Ricardo Lagos asumió el error:
– En 1991 compramos una parcela de agrado de 6 hectáreas en Caleu, junto a dos familias amigas. Inicié la construcción de una casa y efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación. En 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente.
Lo mismo hizo su hijo el senador Ricardo Lagos Weber:
– He cometido una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento. Estoy en falta en esta materia. El terreno lo adquirí el año 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas. En mis declaraciones de patrimonio he sido transparente respecto de la construcción de la casa. En las declaraciones de patrimonio pertinentes he declarado la existencia del terreno primero y luego se agregó la construcción de la casa. El terreno está exento del pago de contribuciones. Una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan.
CIPER le consultó al senador Lagos Weber si su decisión de regularizar su casa tuvo relación con la denuncia pública que enfrentó el presidente Piñera luego de que se conociera que no pagaba contribuciones por su casa en Caburgua, lo que f7ue reconocido por el parlamentario.
– No tengo claro si es la misma situación. Efectivamente a partir de lo que ocurrió con el Presidente Piñera y otros casos retomé la realización de estos trámites y el letargo fue un error de mi parte. En ningún caso debí haber dejado abandonado o minimizado el tema de la regularización.
*Fuente: CIPERChile

El articulo Ex presidente Lagos y senador Lagos Weber no pagan contribuciones por sus casas en Caleu apareció primero en piensaChile.

La pregunta que planteó Carlos Insunza la mañana del 12 de octubre de 2018 a las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII) fue incómoda. Insunza, tesorero de los funcionarios del servicio (ANEIICH), quería saber si era posible actualizar un análisis de 2005 sobre franquicias tributarias realizado por Michel Jorratt, entonces jefe subrogante del departamento de Estudios y futuro director del organismo. La respuesta fue tajante: no habían recursos ni tiempo para hacerlo.

El informe que había realizado Jorratt en 2005 desnudó el sistema tributario y sirvió como insumo para distintas políticas públicas. En dicho análisis, que se incluyó en el informe de Gasto Tributario 2005 que el SII envió a la Dirección de Presupuesto (Dipres), se estableció que gran parte de las franquicias tributarias que operaban en el país favorecían a los contribuyentes de alto patrimonio. Es decir, a los súper ricos de Chile. Pero ese fue un análisis único, que no se replicaría nunca más y que, tras la pregunta de Insunza, fue bajado, cercenado y vuelto a subir, en una versión más corta, a la página web del SII.

Una investigación de El Desconcierto pudo establecer que el documento original realizado por Jorratt, que tenía 85 páginas, fue cambiado por otro de 12 páginas, sin el capítulo de “evaluación del impacto redistributivo de las franquicias”, que fue como se denominó dicho análisis. El nuevo documento de 12 páginas fue intervenido digitalmente el 18 de octubre de 2018 (ver imagen), una semana después de la pregunta incómoda de Insunza, y es el que se puede ver y descargar actualmente de la página del SII. El informe de Jorratt, sin embargo, desapareció del mapa y su autor cree que no fue casual.

*Análisis de imagen del informe editado por el SII. De acuerdo a los parámetros digitales que entrega el documento, fue creado el 18 de octubre de 2018, una semana después que se pidiera actualizar.

“Es lamentable, porque es una información valiosa”, dice Jorratt, consultado por este medio. “Lamentablemente, este estudio no ha sido hecho nuevamente y creo que sería valioso actualizarlo, más que eliminar el que había”.

-¿Y a qué cree que responde que el SII lo bajara?

-Difícil saberlo. Justo en el momento que se están discutiendo cambios relevantes en la política tributaria, se elimina una fuente relevante de información. No sé si hay una intencionalidad detrás, pero es curioso que ya no esté.

Jorratt no es el único que tiene dudas tras la eliminación de su informe. Insunza, el dirigente de los funcionarios del SII, cree que, tal como pasó con el envío del proyecto de reforma tributaria de Piñera, con un informe financiero que no reflejaba la realidad, la eliminación del informe responde a un hecho político.

“El ocultamiento del Informe de Gasto Tributario de 2005 por parte de la dirección del servicio, constituye un hecho de la máxima gravedad. Deja en claro que se sustrajo información del debate público justo en el momento en que era más necesaria, en función de validar una postura absolutamente subordinada a los designios del Gobierno de turno”, dice Insunza. “Eso no corresponde a un servicio de carácter autónomo y técnico, ni responde a su tradición histórica”.

El Desconcierto envió los antecedentes del caso y un cuestionario de cinco preguntas al SII, en el que se consultó sobre la responsabilidad de Fernando Barraza, director del organismo, y la justificación para haber editado el texto de Jorratt, además de las razones para no realizar un nuevo análisis que determine quiénes, actualmente, aprovechan las franquicias tributarias. Desde el servicio, sin embargo, respondieron genéricamente que la edición al informe de Jorratt responde a un ejercicio de estandarización de los documentos que publica el organismo y que no es posible actualizarlo, pues resulta “materialmente complejo”.

“El cambio en el informe de gasto tributario del 2005 es una decisión del área (de Estudios) que obedeció simplemente a una estandarización de los informes al formato actual resumido en el que se publica la serie”, señalaron desde el organismo en su respuesta por escrito. “La estandarización permite disponer de la misma información para todos los períodos, lo que facilita el análisis y el aprovechamiento de las estadísticas oficiales por parte de analistas externos, universidades y centros de estudios, entre otros”.

Para Evelyn Apeleo, vicepresidenta de ANEIICH, “era brutal la información que entregaba el análisis” de Jorratt.

“Uno se pregunta acá qué pasa con los valores de ética que nuestro servicio ha trabajado tan intensamente en el último tiempo. Existen normas sobre ocultamiento de información de documentos oficiales en la normativa vigente, la cual tendrá que ser estudiada por quien tenga el deber de evaluar esta información”, dice la dirigenta gremial.

Lo que dice el informe de Jorratt

Michel Jorratt, antes de convertirse en director del SII y caer del mismo cargo por querellarse contra las empresas que financiaron irregularmente la política, trabajó en el departamento de Estudios de la institución y desde esa oficina se propuso analizar si las franquicias tributarias que existían en el país eran regresivas o progresivas. Es decir, si beneficiaban a todos los contribuyentes por igual o si un segmento de estos los acaparaba.

“Fueron hallazgos bien impresionantes, en el sentido que gran parte del gasto tributario estaba concentrado en el quintil de mayores ingresos”, cuenta hoy Jorratt. “Particularmente, los beneficios del impuesto a la renta se concentraban en el 1% (más rico). Y eso también era muy fuerte”.

-¿Lo sorprendieron esos hallazgos?

-Sí. Sospechábamos por el diseño de estos beneficios que estaban concentrados en los percentiles de mayores ingresos, pero igual fue impresionante constatar el nivel de concentración, sobre todo en los diferimientos asociados al FUT.

Jorratt dice que esa franquicia era, precisamente, la que más perjudicaba al erario fiscal. El FUT, o Fondo de Utilidades Tributarias, era un mecanismo que permitía a los contribuyentes postergar el pago de impuesto de las utilidades que no retiraran de sus sociedades o empresas, y que fue eliminado en la reforma tributaria de Michelle Bachelet. El problema de dicho mecanismo estaba en que se volvió una práctica que no necesariamente incentivaba la reinversión; sino que permitía la postergación permanente de las obligaciones tributarias. Fue así como el FUT llegó a acumular unos 250 mil millones de dólares, casi lo mismo que el PIB chileno.

Bachelet eliminó dicha norma, pero Piñera quiere reponerla en su proyecto de reforma tributaria. Es precisamente aquello lo que provoca molestia en los ex y actuales funcionarios del SII, pues el estudio de Jorratt era relevante para hacerse una idea de quiénes son los que aprovechan dicha franquicia y si es progresiva o no.

En el desaparecido análisis de 2005 de Jorratt, que El Desconcierto rescató y publica íntegramente (abajo de esta nota), se establece que el quintil 5, es decir, las personas de mayores ingresos del país,  concentra la mayor parte de los beneficios tributarios. En 2004, por ejemplo, el Estado debió recaudar 1.662 millones de dólares por impuesto a la renta adicionales, pero al emplear el FUT, que en el cuadro de abajo se representa como “diferimiento de impuesto”, ese dinero quedó en manos de privados.

¿De qué privados se trata? Esencialmente, de los que pertenecen al quintil 5. Es decir, del 20% de la población con mayores ingresos.

Jorrat también analizó el efecto de las franquicias tributarias en el IVA, ese impuesto transversal que todos los chilenos y chilenas pagan. Pero el IVA, al igual que otros gravámenes, tiene franquicias. En 2005 el SII se preguntó quiénes aprovechaban esas franquicias y la respuesta nuevamente fue evidente: los sectores más acomodados del país (ver imagen).

A continuación, revisa los dos informes del SII; el original, de 85 páginas; el cortado, de 12 páginas:

Informe original del SII: 424193236-Informe-Original-SII

*Fuente: El Desconcierto

El articulo El secreto informe tributario de los súper ricos que el SII hizo desaparecer apareció primero en piensaChile.