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Estulticia

Redacción piensaChile — Sun, 13 Oct 2024 11:41:13 +0000

Imagen superior: Ángela Vivanco y Sergio Muñoz irán a juicio político y podrían ser destituidos. (Fotos: Aton)
Estulticia: Necedad, tontería (sinónimos: tontería, estupidez, idiotez, imbecilidad, memez, necedad, sandez, bobada, bobería, cojudez

13 de octubre de 2024

Así, en el año 2024 después de Cristo, el Congreso Nacional de la República de Chile decidió renunciar a siglos de civilización basada en las responsabilidades individuales, y volver a los tiempos bíblicos en que las culpas eran colectivas, y los castigos, también.

El Congreso batió su propio récord de estulticia. La vara ya estaba bajísima, pero los parlamentarios no saben de límites.

Así que esta semana hicieron algo que nadie con dos dedos de frente podría considerar razonable: acusaron a dos personas distintas, por cargos absolutamente diferentes, y por hechos que no tenían nada que ver el uno con el otro, en una misma votación.

Por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, las honorables diputadas y diputados declararon admisible la acusación constitucional contra los jueces Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes.

Ambos quedaron suspendidos de sus cargos, y a un paso de ser destituidos e inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos, si el Senado así lo determina.

¿Cuál es ese “notable abandono de deberes” en que incurrieron Vivanco y Muñoz? Es imposible saberlo. Y es imposible porque se votó en un solo acto (dedo para arriba, dedo para abajo) por ambos casos.

El abogado de Muñoz, Jorge Correa Sutil, dijo que esta votación era “inmoral y una aberración jurídica”. Su desconcierto era total: ¿cómo puedes defender a un acusado, si en la votación se le juzgará, no por sus actos, sino por los pecados de otro?

Una especie de Diluvio Universal. Un castigo por igual contra justos y pecadores, pero en versión selfie y con cuñas para Twitter.

¿Cómo se llegó a esta aberración?

Como sabemos, la jueza Ángela Vivanco es una de las protagonistas del caso Hermosilla. Compartió con el abogado información reservada sobre causas que le interesaban, y ejecutó acciones sospechosas en varias causas de interés económico, como el de una empresa bielorrusa contra Codelco, y el de la “multa del siglo” contra Julio Ponce. En varias de ellas habría presionado a relatores para acelerar su despacho.

La Corte Suprema obró con premura: por unanimidad, expulsó a Vivanco de la Corte.

En paralelo, diputados presentaron una acusación constitucional doble, contra Vivanco y contra otro juez de la Suprema, Sergio Muñoz.

Lo insólito es que Muñoz no tiene nada que ver con el caso Hermosilla, ni con los demás cargos (de hecho, votó contra el perdonazo a Ponce, mientras Vivanco lo hacía a favor).

Según el texto, al juez se le acusa por otros casos: informar a su hija sobre un proyecto inmobiliario en que ella tenía intereses (lo que él niega), y no denunciar que ella, siendo jueza, realizaba audiencias desde fuera de Chile. Más allá del discutible mérito de esos casos, lo cierto es que ambos son antiguos, denunciados en 2022 y 2023, respectivamente.

Ninguno de nuestros ágiles parlamentarios denunció entonces a Muñoz por ellos. Pero ahora, años después, súbitamente decidieron que debían acusarlo, y no en su propio mérito, sino amarrando su suerte a la de Vivanco.

Esto no es más que una burda maniobra politiquera para confundir a la ciudadanía sobre el caso Hermosilla.

Como Vivanco es de derecha (fue presidenta de la UCC de Fra-Fra Errázuriz, y candidata a diputada por RN), había que unir su suerte a un juez de izquierda. Muñoz no ha tenido protagonismo partidista, pero, por sus opiniones y fallos, se le considera cercano a la izquierda.

Así, se convierte a la acusación constitucional en un burdo cuoteo político: si cae uno de un lado, debe caer uno del otro.

Adicionalmente, Muñoz tiene cuentas por pagar, en especial con el pinochetismo y con ciertos sectores del poder empresarial.

Como investigador, resolvió el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, develó el organigrama de la CNI, y se hizo cargo de más de 60 procesos por crímenes de la dictadura. Con la misma efectividad, desanudó la trama de corrupción del caso Riggs, y tuvo la audacia de ser el primer juez en tratar de interrogar a Augusto Pinochet.

Luego, se convirtió en el ministro más influyente de la Corte Suprema, con la llamada “Doctrina Muñoz” en temas económicos y ambientales. Él considera que “interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”, pero sus críticos lo califican de “activista judicial”. Entre otros fallos controvertidos, ordenó tomar medidas contra la polución en Quintero-Puchuncaví, y paralizó proyectos termoeléctricos e inmobiliarios.

Y, en su fallo más polémico, ordenó a las isapres congelar las alzas de planes y devolver a sus pacientes los cobros en exceso, poniendo en crisis al sistema de salud privado.

Por esos “supremazos”, Muñoz era blanco de polémica hace años. En 2018 el diputado UDI Juan Antonio Coloma dijo que “es sabido por todos el afecto y adhesión del juez Muñoz al pensamiento de izquierda”. Tras el fallo sobre las isapres, recibió duras críticas, entre otros, del líder republicano Luis Silva, de la Fundación Jaime Guzmán, y del Observatorio Judicial, ligado a Libertad y Desarrollo.

Así llegamos a la votación de esta semana, en que la mayoría de los diputados actuaron como cobardes cómplices. Sabiendo que participaban en una parodia de justicia, no tuvieron el coraje de actuar según sus principios.

En vez de explicar que este procedimiento era aberrante, y que Vivanco sería juzgada individualmente luego (hay otra acusación, presentada solo contra ella), votaron “sí” a acusar a dos personas, en un solo acto, por hechos diferentes.

¿Cómo respetar a diputados que no se respetan a sí mismos? ¿Cómo tomar en serio a parlamentarios que están dispuestos a pisotear los principios más básicos de nuestra civilización con tal de cobrar una cuenta partidista, o de ahorrarse un mal rato en las redes sociales?

Es que no saben de respeto hacia su aporreada dignidad. Por último, de un pichintún de autoestima.

*Fuente: LaTercera

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Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, realizó una fuerte crítica al modelo neoliberal por conculcar derechos fundamentales

Redacción piensaChile — Fri, 31 Jul 2015 02:23:44 +0000

¿Los derechos tienen que subordinarse a la Economía? se pregunta el juez
En un seminario, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo una fuerte crítica al modelo neoliberal y cómo ha afectado negativamente derechos fundamentales. «¿Los derechos fundamentales tienen que subordinarse a la Economía? ¿Pedirle permiso?”

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, lanzó una crítica directa al modelo neoliberal y sus consecuencias en una desprotección de los derechos laborales de los trabajadores. Para Muñoz, “los derechos no pueden afectarse en su esencia, ni se les puede condicionar al punto de dejarlos inutilizables”, “¿Los derechos fundamentales tienen que subordinarse a la Economía? ¿Pedirle permiso?” declaró ayer.
“En Chile, el 11 de septiembre de 1973 significó la suspensión de la aplicación de la institucionalidad laboral anterior y el inicio de un proceso de reemplazo normativo que se denominó Plan Laboral. En un informe publicado por la CEPAL, el investigador y abogado Emilio Morgado Valenzuela, señaló al respecto que: ‘El carácter desregulador de la normatividad […] vació, considerablemente, el carácter protector de la legislación del trabajo y favoreció el desequilibrio en las correspondientes relaciones individuales y colectivas […]’. En suma, en este período se constriñeron por decreto los poderes de representación de los sindicatos y se desincentivó la afiliación a éstos”, sostuvo el ministro Muñoz.
Con relación al actual proceso de reforma laboral y la discusión que se ha generado en torno a sus contenidos, el presidente del máximo tribunal del país preguntó: “¿Los derechos fundamentales tienen que subordinarse a la Economía? ¿Pedirle permiso? ¿Tienen que incentivar el crecimiento o la productividad? ¿Tienen que satisfacer evaluaciones de riesgo económico para incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico?”.
Ante tales cuestionamientos, el ministro Muñoz afirmó que: “Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, el Poder Judicial define su papel: proteger todos los derechos de todas las personas. En ese sentido, nuestros jueces y juezas de la jurisdicción laboral, que son quienes cotidianamente conocen y resuelven conflictos entre trabajadores y empleadores, están en la primera línea de los problemas que arrastra en esta materia el país, son propietarios de un acervo de conocimientos y experiencia insoslayable para quienes diseñan y deciden políticas públicas”.
“Los derechos no pueden afectarse en su esencia, ni se les puede condicionar al punto de dejarlos inutilizables. Es por eso que, visto en un plano histórico, el legislador tendrá nuevamente la oportunidad de decidir si borrará o no las importantes asimetrías que existen en nuestro país en materia de Derecho Colectivo, que se arrastran desde varias décadas y que afectan el bienestar de millones de trabajadores”, concluyó el presidente de la Corte Suprema.
Muñoz hizo estas afirmaciones durante el seminario “Los derechos fundamentales y la Eficacia Directa en el derecho laboral nacional: La experiencia italiana y chilena”, organizado por la Corte Suprema, en la cual participó como invitado especial el profesor asociado del departamento de estudios legales de la Universidad de Bolonia, catedrático e investigador de Derecho del Trabajo y doctor en Derecho Laboral, Andrea Lassandari.
*Fuente: El Ciudadano Poder Judicial

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Poder Judicial propone control social a la clase política

Redacción piensaChile — Tue, 03 Mar 2015 12:02:45 +0000

Lunes 2 de marzo 2015
En el marco del comienzo del año judicial y los polémicos casos Caval y Penta que han involucrado a actores políticos de distintos sectores, el presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz sugirió crear un sistema democrático de sanción de autoridades y la eliminación del fuero parlamentario.

Sergio Muñoz Gajardo, Presidente de la Corte Suprema de Chile

“Llegará un momento en nuestro país y en el Poder Judicial que expresiones tales como “Excelentísima” o “Ilustrísima” serán historia. Tales distinciones en el lenguaje dan cuenta del estancamiento de los patrones culturales, trato que no se condice con nuestra sociedad contemporánea. La forma en que se ejercen las funciones y no el cargo, es lo que debe generar el reconocimiento social”.
Con estas palabras, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz dio inicio al año judicial 2015, y plasmó los principales objetivos y propuestas que coparán su mandato, siendo una de las principales, lograr la igualdad plena entre los ciudadanos, la cual se verá expresada en los procesos judiciales, de acuerdo a las palabras de Muñoz.
Sin embargo, una de los planteamientos del jurista que más llamó la atención, y que tiene directa relación con los procesos judiciales que se están llevando a cabo en el marco del caso Penta-SQM, tiene que ver con eliminar el fuero parlamentario, el que obliga a realizar un juicio preliminar para desaforar a los congresistas que deben enfrentar procesos judiciales.
Para Muñoz, no se justifica en los tiempos que corren que se mantenga esta atribución a senadores y diputados, ya que entre otras cosas, puede derivar en que si no se aprueba el desafuero, esto equivale a una absolución del parlamentario, sin que exista posibilidad de investigar si efectivamente se verificó el delito por el que se encauzó al congresista. De ahí la necesidad de derogar esta disposición.
“Por su parte, acceder al desafuero trae como consecuencia, no solamente que el parlamentario debe concurrir a responder la imputación, sino también que por la decisión de los tribunales se suspende de su cargo a los mandatarios de la ciudadanía, alterando la composición de fuerzas políticas al interior de las cámaras. Por lo anterior debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”.
Quien se mostró contrario a la propuesta realizada por el presidente del máximo tribunal fue el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, quien justificó la existencia del beneficio por cuanto se establece juicio sobre un acto en que haya incurrido una persona con fuero, se eleva el nivel de decisión y se da garantías a la sociedad civil.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Navarro se mostró de acuerdo con la idea planteada por Muñoz en relación con eliminar el fuero parlamentario explicó ya que, entre otras consecuencias negativas de este beneficio es que el implicado queda suspendido del ejercicio de su cargo mientras se revisa el desafuero, con lo que se altera la composición de ambas cámaras en el Congreso.
“Eliminar esa institución y esperar entonces que haya una presentación como tal y el tribunal resuelva, y eso, en definitiva, produzca consecuencias una vez que adopta la decisión final por parte de los tribunales, porque un proceso puede perfectamente iniciarse y sin embargo ser sobreseído, y sin embargo durante todo ese período el parlamentario va a estar suspendido de su cargo. Puede también iniciarse un proceso y luego ser absuelta la persona, y también durante un período largo puede haber estado suspendido del ejercicio de su cargo a veces por meses o por años”.
El abogado ejemplificó lo sucedido con el caso del ex senador Francisco Javier Errázuriz, quien por diversos delitos en los años 90 tuvo una condena de 541 días, lo que a su juicio no significaba la suspensión de su cargo, no obstante la tuvo por más de un año.
En conclusión, Navarro expuso que hay dos caminos: o se establece un desafuero de responsabilidad del órgano político como era antes de la Constitución de 1925, o se entrega a los tribunales como ha ocurrido posteriormente, pero en virtud de la presunción de inocencia, y en la medida en que se den ciertos supuestos dentro de un proceso penal, se suspenda al parlamentario y se le dé sentencia.
Sergio Muñoz hizo hincapié en la necesidad de que exista mayor control por parte de la ciudadanía de las acciones de las distintas instituciones del Estado, y que se contemple la posibilidad de que las autoridades puedan ser revocadas de sus mandatos, de ser necesario.
“El sistema democrático ha de contemplar mecanismos de supervigilancia de la actuación de sus instituciones, mediante los cuales ninguna autoridad esté exenta del control social. Pero, al mismo tiempo, el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar, en casos graves y calificados, la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuere necesario”.
Finalmente, otra de las preocupaciones que manifestó Muñoz tiene que ver con la necesidad de implementar un examen único para habilitar a los futuros abogados para ejercer la profesión -al igual que ocurre en la actualidad con los estudiantes de medicina-, ante las “diferencias sustanciales” entre los profesionales egresados de las distintas universidades lo que ha “derivado en acusaciones criminales, demandas civiles y denuncias de faltas a la ética profesional”, según sostuvo Sergio Muñoz.
“La situación descrita me hace proponer formalmente la posibilidad de instaurar en nuestro país un Examen Único Habilitante para el Ejercicio de la Profesión de Abogado, al que se sujeten todos los licenciados en derecho que egresen de las facultades del país y del extranjero por igual, supervisado por el Poder Judicial, con la colaboración de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores, de la Asociación de Universidades Privadas y los colegios de abogados”.
*Fuente: Radio U de Chile

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