Una noticia impactante llegó a los medios de comunicación y nos muestra la triste realidad de nuestro país, paraíso del modelo neoliberal. Tres niños, que deberían estar en su casa, gozando del amor, confort y amor de su hogar, decidieron escaparse del lado de su tía tras conocer que iban a ser enviados y no caer en manos de esa siniestra institución: “Mejor niñez”, que antes era el tristemente célebre SENAME.

Estos menores vivían con su tía en forma momentánea, pero cuando se enteraron que los iban a sacar de ese hogar familiar para llevarlos a una institución privada, decidieron escapar y deambular por seis largos días en las calles viviendo de la caridad pública. Posiblemente la carga emocional para esos niños fue terrible. La hermana mayor quizás conocía el largo historial de horrores que los niños padecían en esas instituciones, que supuestamente debían velar por el bienestar físico y mental de los niños.

Si esto hubiera sucedido en un país como Cuba, Nicaragua o Venezuela tendríamos a todos los medios de comunicación, tanto escritos, como digitales, colocando el grito en el cielo, condenndo lo que, para la derecha de Chile e internacional, sería un crimen atroz. Pero no ocurrió así. Sucedió en un país que se ufana y vanagloria de ser el más desarrollado de nuestra América Latina.

Me imagino a estos niños durmiendo a la intemperie, en estos fríos días de invierno. Me los imagino caminando por largas horas, pidiendo comida y abrigo. No teniendo un lugar para asearse ni menos evacuar sus residuos orgánicos. Eran tres niños de 5, 8 y 13 años. Es decir, en el periodo donde los infantes deben disfrutar de los juegos, del cariño de sus familiares, al abrigo de un hogar cálido y seguro. Donde los niños se forman en sus aptitudes que complementan con la educación y la instrucción, para hacer de ellos personas útiles a la sociedad.

Estos niños son fruto de la desprotección en que se encuentran los sectores más pobres y vulnerables de Chile. Donde la droga, el alcohol, el hacinamiento y la miseria inundan nuestras poblaciones. Ahí, a esa podredumbre, no llega el estado o mejor dicho se desentiende. Un personero del gobierno de Sebastián Piñera dijo una frase para el bronce: «No sabía el grado de pobreza y hacinamiento que existía en mi país». Sin embargo, como ministro estaba a cargo de la salud de toda la población de Chile. En síntesis, una total desconexión de la realidad.

Entonces para la derecha todo se circunscribe a los negocios a costa de las necesidades básicas de las personas, como la vivienda, salud y educación. Por supuesto que para la derecha estos niños son un bien de consumo, donde se puede obtener algún lucro. Sin embargo, estos tres niños tienen derechos que supuestamente son garantizados por el estado, que por supuesto no ha logrado cumplir.

Esta institución SENAME, después de recibir enormes críticas por su historial abyecto cambio su nombre enl 1° octubre del 2021. ¿Cómo olvidar que entre el año 2005 y el 2016, murieron 878 niños, niñas y adolescentes?. Todas estas muertes están documentadas por el ministerio público y la fiscalía. Sin embargo, apenas cerca de 400 decesos han sido investigados, dejando en la impunidad cerca del 60% de estos crímenes.

Estas víctimas estaban a cargo de instituciones privadas que recibían subvención estatal, tal como los colegios privados. Un modelo de negocios heredado de la dictadura militar. Estas instituciones de cuidado son manejadas por comerciantes inescrupulosos que buscan la rentabilidad de sus inversiones. Estos niños, niñas y adolescentes eran mal alimentados, mal cuidados. Con personas a cargo que no tenían las competencias para cuidar niños que vienen de hogares dañados. Se conocen muchos casos de violaciones, de torturas y de explotación sexual infantil.

El caso más emblemático y que despertó definitivamente la indignación de la sociedad fue conocer el caso de la niña Lisette Villa, de 11 años a cargo del hogar Galvarino, quien fue torturada y asfixiada hasta su muerte en las manos de sus “cuidadores”.

Por suerte la historia de estos tres niños extraviados, que decidieron huir y caminar durante seis días, los encontraron sanos y salvos en la vía pública. Decidieron hacer ese periplo para no ser detectados por familiares.

Por suerte esta triste historia tiene un final feliz. POR AHORA

Nota: Si alguien quiere publicar este artículo se lo agradezco de antemano

Hugo Farias Moya

01 de agosto de 2023

René Saffirio por Sename: “Hemos creado 200 mil niños desplazados y no estamos en guerra”

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defensor de

El activista por los Derechos Humanos fue atacado por tres sujetos que descendieron de un automóvil tras atropellarlo.

Una grave situación vivió la tarde este viernes el boxeador y dirigente social, Cristóbal Yessen, en la comuna de Las Condes, luego de ser atropellado y brutalmente golpeado por tres desconocidos.

Los hechos ocurrieron en el sector de la Avenida Vital Apoquindo, en el sector oriente de la capital, donde tras ser impactado por el automóvil, según testigos, tres sujetos descendieron del vehículo para agredirlo de manera violenta.

Tras ser trasladado por vecinos a un centro asistencial, se confirmó que presenta una fractura expuesta de tobillo, cortes en el cuero cabelludo e hinchazón en sus pómulos producto de los golpes, encontrándose estable pese a la gravedad de los hechos.

Ante la situación, el diputado Jorge Brito (RD) fustigó con dureza los hechos “esto reviste un carácter especial porque Cristóbal es activista por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes del Sename (lugar donde Yessen estuvo hasta los siete años)”, dijo.

“No podemos tolerar que en nuestro país a dirigentes sociales o a cualquier ciudadano, le den una golpiza, lo atropellen por razones políticas y esto quede en total impunidad”, agregó el parlamentario.

*Fuente: ADN Radio

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En este momento tengo autorización de la familia para divulgar esta triste noticia.
Ayer por la tarde, tres o más cobardes atropellaron al querido defensor de los derechos de l@s niñ@s en SENAME, Cristóbal Yessen para luego, en el suelo, darle una golpiza que lo tuvo en situación crítica porque una de las lesiones que le causaron involucró una arteria.
Les pido, por favor, hacer viral esta información.
Cristobal este año ha sido sujeto a controles de identidad, según relata su padre, alrededor de 90 veces.
Ha vivido especialmente el último año hostigado permanentemente.
Que esto se haga público. Debemos defender a los defensores.
Qué se sepa.
Mientras más luz haya, más seguro estará Cristóbal.

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Cristóbal Yessen: Diputado Brito denuncia atropello y posterior golpiza a boxeador y activista por DD.HH.

El diputado Brito denunció en redes sociales el atropello y posterior golpiza que sufrió Yessen. Según le relató la familia, desde el auto que lo impactó, se bajaron para pegarle, dejándolo en estado grave. “No permitiremos que suceda lo de hace un año, cuando Carabineros lo detuvo ilegalmente y lo golpeó”, aseguró.

El diputado Jorge Brito, junto a otras personas, utilizaron sus cuentas de redes sociales para denunciar el atropello y posterior golpiza que recibió Cristóbal Yessen, boxeador y activo defensor de los DD.HH., sobre todo de niños, niñas y adolescentes del Sename.

El parlamentario de RD escribió que “fue atropellado por un vehículo del cual se bajaron 3 personas a continuar golpeándolo. Está grave y la Brigada de DDHH de la PDI investiga este hecho criminal. Exigimos conocer toda la verdad y el rostro de sus agresores”.

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“No permitiremos que suceda lo de hace un año, cuando Carabineros lo detuvo ilegalmente y lo golpeó, razón por la que puso una denuncia que no avanza en Tribunales. Estaremos atentos”, añadió.

El episodio al que se refiere Brito sucedió hace casi un año. El 30 de octubre del año pasado, Yessen denunció haber sido detenido y torturado por oficiales de carabineros que lo detuvieron.

“Es importante señalar que el cargo informado por el funcionario policial fue ‘hablar weas en redes sociales’ (…) Estuve detenido por varias horas, transcurso en el cual me torturaron, golpeando mi rostro, cabeza y manos, me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que está siendo evaluado por la gravedad y podría llevar a una pérdida parcial de visión”, relató en aquel entonces.

Fuera de peligro

Por su parte, Patty Muñoz, Defensora de la Niñez, avisó que “afortunadamente Cristóbal Yessen está estable y espero que se recupere muy pronto. No dudo que así será porque es un luchador que no dejará que esta violencia inaceptable lo detenga, confío que la acción de @FernandoLealA permita que quienes le atacaron sean encontrados y sancionados”.

En tanto, la escritora Vinka Jackson compartió un mensaje de la familia del deportista y activista, en la cual agradecen la preocupación de la gente por su estado, transformando su nombre en la principal tendencia de Twitter.

*Fuente: El Desconcierto

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Dos adolescentes acusados por supuesto porte de bombas molotov siguen presos en el Sename

Se trata de Kevin Uribe y Mauricio Gómez, ambos de 16 años, quienes fueron detenidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) el día 29 de noviembre en las inmediaciones de la estación Intermodal La Cisterna, justo dos días después de los saqueos e incendio registrados en ese lugar. Hace algunos días el juez resolvió sustituir la cautelar de internación provisoria por el arresto domiciliario total. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público solicitó apelación y la Corte de Apelaciones revocó esa decisión.

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el jueves 2 de enero sustituir la cautelar de internación provisoria en el Servicio Nacional de Menores (Sename) para dos adolescentes que están acusados por la Ley de Control de Armas (17.798), por el supuesto porte de bombas molotov, en el contexto del estallido social, dejándolos con régimen cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. 
Sin embargo, el Ministerio Público solicitó en el acto la apelación. Así, el día sábado 4 de enero, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se trata de Kevin Uribe y Mauricio Gómez, ambos de 16 años, quienes fueron detenidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) el día 29 de noviembre en las inmediaciones de la estación Intermodal La Cisterna, justo dos días después de los saqueos e incendio registrados en ese lugar. En esa ocasión los jueces dictaron 90 días para la investigación y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos. Desde el sábado 30 de noviembre que ambos están encerrados en el Sename “Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado” (CIP-CRC) de San Bernardo
Para leer los textos de los siguiente  documentos, haga una vez clic sobre ellos, con el botón derecho del ratón y se abrirá en una nueva ventana, con mucho mejor resolución:
 

 
be recordar que el juez había sustituido la medida luego de que los abogados defensores presentaron un informe elaborado por el propio Sename, sumado a los antecedentes de los colegios en los que estudian Gómez y Uribe y peritajes sociales de sus familias.
Con esos nuevos antecedentes, la abogada de la Defensoría Popular, Maria Rivera, dijo que con ellos se estableció que “los chicos no tienen nada que ver con el resto de la población que está ahí internada (Sename). Son dos adolescentess que están en tercero medio, que están matriculados, que tienen familia y que no tienen antecedentes previos”.
Sin embargo, la abogada Rivera, en conversación con El Desconcierto, agregó que “es bastante lamentable la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel porque hace caso omiso al principio de inocencia. Porque no hay ningún tribunal de la República que haya condenado a los adolescentes por el delito que supuestamente habían cometido. Eso no se ha discutido todavía en ningún juicio. Por lo tanto hasta ahora ellos gozan de presunción de inocencia.
Incluso, explicó que “más grave aún es que la Corte de Apelaciones considera un agravante especial que se haya supuestamente cometido este delito en una situación de conmoción nacional. Eso demuestra que la decisión es absolutamente política”.
En ese sentido detalló que “se toman de eso para revocar la decisión del tribunal y ordenar la internación provisiora que es el símil a la prisión preventiva para los adolescentes. Evidentemente no compartimos el criterio de la Corte de Apelaciones. Consideramos que ambos tienen todas las condiciones para esperar el eventual juicio en su domicilio, con sus familias”. 

Las madres denuncian irregularidades en la detención

acuerdo al relato de las madres de los dos adolescentes, ellos fueron detenidos por la PDI cuando iban llegando a la Intermodal de La Cisterna la tarde del viernes 29 de noviembre. Los apuntaron, les hicieron control de detención y les revisaron las mochilas a eso de las cinco de la tarde. Cuatro horas más tarde, a eso de las nueve de la noche, las llamaron para informarles.
Entrevistada por El Desconcierto, la madre de Mauricio, Ximena Gómez, aseguró que hubo muchas irregularidades y amenazas en la detención de su hijo Mauricio y de su amigo Kevin. “Me llamaron y me dijeron que Mauricio está detenido por bombas molotov. A mi hijo solamente le pillaron un poco de alcohol gel que yo misma le pasé y una toalla. Y yo pienso que con un poco de alcohol no se va a hacer una bomba molotov. Además, según la PDI, ellos andaban con mochila y pasamontañas. Cosa que es mentira. Mi hijo me dice, ‘pero mamá, pidan las grabaciones, si se supone que ahí hay cámaras de seguridad, para que vean que nosotros no íbamos con capuchas’”.
Respecto a la supuesta vulneración de derechos, para Gómez “revisar mochilas, llevárselos detenidos y avisar tantas horas después, es irregular. El mismo tema de la constatación de lesiones, de no esperar a que llegue el adulto para así ser acompañado. Lo primero que tendrían que haber hecho es llamarnos a nosotras”.
Además, la madre de Mauricio dijo que “no les leyeron los derechos, si no que les dijeron: ‘huevones, ¿saben leer? Ahí están los derechos, léanse los derechos par de huevones’. Además, el amigo de Mauricio, Kevin, tiene un aro y lo trataron de ‘maricón’. También los empezaron a amenazar con que se los podían violar”.
Agregó que “cuando pudimos verlos en el Sename, nos dijeron que por ejemplo, la noche que pasaron en la PDI, les pegaban para no dejarlos dormir. Les decían: ‘despierten, no se creen terroristas huevones’. Después cuando los pasaron a control de detención, todo el día esposados, mi hijo y Kevin pedían ir al baño para hacer pipí pero no los dejaron”.

“No quiero que a mi hijo le cambien la mente por estar en el Sename”

La gran preocupación de estas familias es que sus hijos puedan salir del Sename para que puedan estar en sus casas. Sobre todo porque quieren evitar consecuencias en sus personalidades al estar sometidos a este encierro. De hecho, en el informe que realizó el propio centro de internación provisoria y que presentó la abogada defensora, alertaron de que ambos corren riesgo de “contaminación criminógica” si los mantienen ahí.
“Lo siento pero aquí hay de todo. Vienen niños sanos que cometieron quizás un error en un minuto y se juntan con mucha gente. Yo no quiero que a mi hijo le cambie la mente porque es un cabro bueno. Él está para la embarrada, no entiende, me pregunta ¿qué pasa?”, relató Ximena Gómez.
“Como mamá fue terrible ir a verlo al Sename. Me hicieron desnudarme entera. Fue como que me estuvieran violando. La gendarme me sacó todo, me dejó en pelota. Poco menos faltó que me hiciera tacto anal. Mi hijo no es un delincuente, mi hijo lo tiene secuestrado el gobierno de Piñera. Mi hijo es un preso político. No viene por asaltar a alguien, no mató a nadie, no robo nada, no lo pillaron con capuchas ni nada de las cosas que se están diciendo. Son cabros sanos y los tienen como delincuentes”, recordó Gómez.
“Hay toda una familia trabajadora atrás de respaldo. Hemos presentado que son buenos alumnos, todo. Pero lamentablemente esto también lo hacen para que la gente tenga miedo, que no luchen. Estoy destrozada como mamá. Pero si mi hijo quiere ir a otra marcha, igual lo voy a dejar ir. No son delincuentes, son niños estudiantes que piensan como muchos chilenos. Y a todos los van a poder tener presos siempre. Sigamos luchando y mucha fuerza a toda la gente”, dijo Gómez.
Por su parte, Margarita Cabrera, madre de Kevin Uribe, también entrevistada por El Desconcierto, contó que “se levantan muy temprano, con agua helada, de hecho Kevin está muy resfriado por eso. Los niños fuman dentro. Se acuestan a las siete de la tarde. No hay espacios de entretenimiento o deporte. Sólo algunos talleres. Y de ahí en más no es mucho lo que pueden hacer porque quedan encerrados y se acaba su rutina”. 
“Hemos pedido mucha ayuda psicológica para el Kevin porque está super afectado. No entiende todo lo que ha pasado ni todas las cosas que ha tenido que vivir. No tenemos ninguna seguridad de cómo es el trato que ellos reciben dentro. Qué es lo que hacen después que una los visita. Eso es algo que me cuestiono todo el tiempo. Por ejemplo, un niño de 14 años se quiso suicidar la otra vez y ellos se enteran de todo esto“, agregó Margarita Cabrera.

Abogadas que no hicieron su trabajo

Una vez que comenzó el proceso judicial en contra de Mauricio Gómez y Kevin Uribe, ambas familias decidieron contratar a las abogadas Carla Zúñiga y Camila Medel, sin embargo, ahora acusan que estas profesionales las estafaron porque en la primera audiencia, para intentar sacarlos de la internación provisoria, no presentaron ninguna prueba.
“Con la desesperación, porque me decían que a mi hijo que le estaban tirando 10 años, ley antiterrorista, contratamos a una abogada que nos estafó. Porque no presentó pruebas, no hizo nada. Son como buitres que te están esperando a la salida de los juzgados. Nos estafaron con $600.000: $300 mil yo y $300 mil la mamá de Kevin”, aseguró Ximena Gómez.
Además, recordó que “fue compleja la primera instancia. No hicieron nada, no se contactaron con derechos humanos ni con la Defensoría Popular. La situación cambió cuando la Defensoría Popular tomó el caso. La actual abogada se preocupó de hacerse presente, de prestar asesoría psicológica, a compartir con los niños en el Sename y que pudieran acceder a un taller de mosaico, por ejemplo”.
Finalmente, la mamá de Mauricio concluyó asegurando que “la abogada anterior nos estafó porque ella tendría que haber averiguado dónde los llevaron a constatar lesiones, exigir que mostraran las pruebas en contra de nuestros hijos, pero no hizo nada. Cuando nos tomó la actual abogada, ella nos decía: ‘pero qué hizo esta mujer. Antes de ayudarlos, los hundió más’”.
*Fuente: El Desconcierto

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El 13 de noviembre de 2018 la Policía de Investigaciones recibió el Oficio Reservado N° 1.391. Lo firmaba el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El persecutor solicitaba a la PDI un informe que le había encargado seis meses antes. Emilfork lleva la investigación de 1.313 muertes ocurridas en el Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2005 y 2016. Y el informe que estaba apurando era crucial para demostrar que los niños sufren graves abusos de manera permanente y sistemática en prácticamente toda la red de hogares del Sename.

El fiscal ya estaba enterado de los espeluznantes hallazgos del equipo policial denominado Fuerza de Tarea Sename. El comisario Francisco Ceballos, jefe de ese grupo, lo había estado informando de los descubrimientos que habían hecho en 240 de las 241 residencias para menores que existen en el país. El informe final que urgía Emilfork debía contener una sistematización de esos hallazgos y prometía ser una bomba. La gravedad de los hechos descubiertos era de tal octanaje que, además de incorporar los antecedentes a la causa penal que él investigaba, el fiscal quería entregarlos al gobierno para que sirviera en la corrección de las políticas públicas sobre residencias para menores.

Tal como lo requirió el fiscal, el equipo policial apuró el tranco y tuvo listo el documento a mediados de diciembre de 2018. Pero la urgencia que le imprimieron tanto Emilfork como el comisario Ceballos no tuvo sentido. Ese informe, crucial para detener los abusos contra menores, no vio la luz hasta siete meses después, cuando este martes 2 de julio fue revelado por CIPER. ¿Dónde se entrampó? En las oficinas del director de la PDI, Héctor Espinoza, y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Aquí está la historia de la sinuosa ruta oculta que siguió ese documento.

Ahora que el informe se hizo público se sabe que todas las autoridades relacionadas con el Sename sabían que se estaba procesando. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló esta semana: “Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el fiscal Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando”. Lo mismo dijo a CIPER el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

“El fiscal Emilfork alguna vez a mí me mencionó que se estaba preparando una fuerza de tarea que estaba haciendo un análisis niño a niño y que eso nos lo iba a hacer entrega en algún minuto, cuando estuviera listo. Eso me lo debe haber dicho a mediados del año pasado”, dijo Ossa.

-¿Le mencionó la gravedad de los hallazgos de la PDI?

-Él mencionó que había situaciones que van en línea con la auditoría social que hizo el gobierno en su oportunidad y de cosas que todos hemos conocido y que, obviamente, son de suma gravedad y que tenemos que abordar.

En el gobierno niegan haber accedido a una copia del informe, aunque este estuvo listo en diciembre del año pasado y en su texto se incluyó que sería entregado a las autoridades para servir de insumo en la elaboración de políticas públicas sobre el Sename. ¿Por qué pasaron siete meses hasta que el documento se hizo público a través de un reportaje de CIPER?

LA RUTA DEL INFORME

La principal conclusión del informe de la PDI es brutal: “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido –de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. La policía también constató que lo mismo ocurre en el 88% de las residencias que administran privados y que en el 50% del total de hogares se registran abusos sexuales.

En solo un año (2017) los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves contra los niños. Además, verificaron que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos. También comprobaron la falta de personal capacitado para suministrar medicamentos y registraron que 40 residentes se encontraban en estado grave o con “riesgo vital” (vea las principales conclusiones del informe policial en el reportaje de CIPER “El brutal informe de la PDI sobre abusos en el Sename que permaneció oculto desde diciembre”).

El informe estuvo listo en diciembre de 2018. De hecho, esa fecha está estampada en la segunda página del documento, titulado “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores”. El 9 de enero de 2019, el informe llegó a la Dirección General de la PDI, donde, según señaló esa institución a CIPER, “se sometió a un análisis jurídico, como se hace normalmente en casos de gran complejidad”.

Ese análisis jurídico habría finalizado a inicios de febrero. Así se informó en la misma versión entregada por la PDI a CIPER: “Luego de la revisión (jurídica), el 4 de febrero se envía el informe por parte de la Fuerza de Tarea a la Fiscalía Regional de los Lagos vía correo electrónico”. CIPER pudo confirmar que esa entrega no fue formal y que correspondió a una copia que llegó al correo del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.

A partir de esa fecha todo se empantanó. CIPER accedió a documentos que muestran que el fiscal Emilfork siguió solicitando a la PDI la entrega formal del informe. Para este reportaje fuentes de la PDI señalaron que el 8 de marzo el jefe de la Fuerza de Tarea Sename, Francisco Ceballos, respondió por escrito al fiscal Emilfork: “(El informe) se encuentra aún en la Dirección General”.

Tres semanas después el fiscal Emilfork seguía insistiendo. Así quedó plasmado el 1 de abril pasado en el Oficio Reservado N°62, firmado por el persecutor y dirigido al prefecto Héctor González, jefe nacional contra Delitos Sexuales. En ese oficio se reiteraba la petición del informe y se subrayaba que el plazo para su entrega había vencido en noviembre de 2018 (vea aquí ese oficio).

Había algo que Emilfork no sabía: para esa fecha el documento ya estaba en poder de su jefe, el fiscal nacional Jorge Abbott.

La PDI confirmó a CIPER que en marzo la dirección general de la policía civil había enviado informalmente una copia a Jorge Abbott: “Se mandó una copia digital del análisis (el informe) primeramente al fiscal Emilfork el 4 de  febrero de este año y luego, en marzo, se entregó también una copia al Sr. Fiscal Nacional”, indica la versión oficial de la PDI.

Nada de esto se menciona en la respuesta que envió la Fiscalía Nacional a las consultas realizadas por CIPER para este reportaje: “La PDI remitió al Fiscal Emilfork el informe ‘Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Sename’ el 25 de abril de 2019”, indicó la unidad de comunicaciones del Ministerio Público. No hay mención a las entregas previas, tanto para Emilfork como para Abbott, que sí reconoció la PDI.

¿Por qué la dirección general de la PDI solo entregó formalmente el informe a fines de abril, si el análisis jurídico que lo demoraba estuvo listo en febrero? ¿Por qué el fiscal nacional no ha dicho que recibió una copia del documento en marzo? Siguen siendo dos incógnitas clave para establecer las responsabilidades en el retraso de antecedentes cruciales para detener el abuso infantil en hogares del Sename. Precisamente, este retraso es el punto que ha resaltado la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, tras conocerse la existencia del informe. Ante la gravedad de estos hechos, la defensora envió una copia del documento al presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

EN MANOS DE LA BUROCRACIA

Recién el 25 de abril a las 09:45 funcionarios de la PDI entregaron formalmente la versión original del informe al fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork (vea aquí el oficio de entrega). El 6 de mayo el fiscal le envió el informe a la Unidad de Análisis Jurídico de la Fiscalía Nacional, para que esta se pronunciara sobre la pertinencia de entregarlo al gobierno como insumo para políticas públicas.

La Unidad Jurídica le respondió a Emilfork diez días después, el 16 de mayo. “El informe podía ser entregado a terceros, pero dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para que evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno”, fue la respuesta que recibió Emilfork, según la versión entregada por la Fiscalía Nacional a CIPER.

Esa respuesta institucional omite un dato clave: Abbott tenía en su poder una copia del informe de la PDI desde marzo, por lo que “la pertinencia” de su entrega al gobierno pudo haberse evaluado mucho antes. Más aún, considerando que uno de los objetivos del informe elaborado por la Fuerza de Tarea de la PDI justamente era ese, como puede leerse en las páginas 130, 207 y 231 del mismo documento:

“Se reportan hallazgos de relevancia -obtenidos a través de la investigación policial- a objeto de entregar conocimiento útil con sustento empírico que coadyuve en la elaboración de políticas públicas -basadas en la evidencia- orientadas a mejorar el trato de la infancia en Chile y velar por el cuidado, preservación de la vida e integridad física y psíquica de los niños que el Estado mantiene bajo su tutela”.

 

La Fiscalía Nacional informó a CIPER que después del análisis de su Unidad Jurídica, el documento fue derivado a otro departamento: “Dado que los contenidos de este informe se relacionan con el ámbito de acción de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, fue derivado a esta área, la que fue encargada de coordinar una fecha para su entrega, en conjunto con el director general de la PDI, al Ministerio de Justicia”.

Esto significa que al menos desde fines de mayo la Fiscalía Nacional y la PDI estaban coordinando la entrega del informe al ministro de Justicia, Hernán Larraín. En esa secretaría de Estado aseguran que no estaban enterados de esto. La Fiscalía Nacional señaló a CIPER que una fecha tentativa para realizar la entrega era el próximo 18 de julio. En medio de ese largo compás de espera, el informe fue revelado por CIPER este martes 2 de julio.

Una vez conocida la existencia del informe de la PDI, la Fiscalía de Los Lagos difundió una respuesta estándar para toda la prensa sobre la postura de Marcos Emilfork acerca de la demora: “Eso corresponde que se le pregunte a otras autoridades, no corresponde que se nos pregunte a nosotros como equipo investigador. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer en esta investigación”.

La declaración de Emilfork cerró con una frase que claramente apunta a establecer responsabilidades: “Nos llamó la atención que un informe así y un estudio complementario que debió haber estado listo a fines del año 2018, recién prácticamente a mediados de este año haya llegado a nuestras manos”. Respecto de si el documento fue entregado al gobierno, Emilfork dijo: “Esa pregunta no la puedo contestar, ni corresponde que la conteste yo”.

LOS ÚLTIMOS DECESOS

Desde que se terminó el informe, en diciembre de 2018, han seguido falleciendo residentes en los hogares del Sename. Un reporte remitido al Congreso por la directora del servicio, Susana Tonda, el 17 de abril pasado, da cuenta de que solo en marzo se registró el deceso de diez personas que estaban bajo la tutela del Sename. Cinco de ellos murieron en algunos de los centros residenciales a su cargo (vea aquí ese documento). Si se consideran los fallecimientos ocurridos entre enero y marzo, la cifra asciende a 32 personas.

La PDI había detectado 40 residentes en centros del Sename que se encontraban “con alta complejidad médica y posible riesgo vital”. El mismo informe indica que, por la urgencia de esos antecedentes, fueron remitidos en junio de 2018 a la Fiscalía, al Sename y a los ministerios de Justicia y de Salud. Es importante aclarar si dentro de la nómina de fallecidos en el último periodo se encuentran algunos de los 40 residentes registrados por la PDI y si se les brindó atención médica adecuada.

El Sename, el Ministerio de Salud (Minsal) y la subsecretaría de Justicia, confirmaron a CIPER que recibieron la nómina de los enfermos graves, aunque hay discrepancias respecto de las fechas y del número de residentes consignados en ella.

En el Minsal dijeron que el informe lo recibieron recién en julio y que se los remitió el Sename “para supervisar la atención médica de un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y adultos residentes”. Esta lista tiene 15 personas menos que las consignadas por la PDI. “Se dio instrucción a los servicios de Salud respectivos para que realizaran las acciones pertinentes para actualizar los diagnósticos y dar continuidad a los planes de cuidado integral, según correspondiera a cada caso”, agregaron en el Minsal.

La directora del Sename, Susana Tonda, planteó a CIPER que “no son 40, son 28. La mayoría, por no decir todos, están en situaciones complejas de salud y en lugares de discapacidad. Yo diría que más de la mitad son adultos, que llegaron cuando eran niños. Son personas con graves problemas de salud que están teniendo una vida lo más digna posible. Hicimos las solicitudes al Ministerio de Salud para que apoyara a los organismos colaboradores y a uno de nuestros Cread, para ver que tratamiento adicional requerían. Todos estaban con sus tratamientos al día y se volvieron a analizar”.

-¿Alguna de esas personas falleció después de junio de 2018, cuando ustedes recibieron la alerta?

-Tengo entendido que al menos tres han fallecido. Uno de los casos es un niño que llegó de bebé y falleció a los 19 años.

EXPLICACIONES

El fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el Presidente Sebastián Piñera este jueves 4 de julio en La Moneda. El informe sobre el Sename fue uno de los temas que trataron. Al salir, Abbott señaló a la prensa que la Fiscalía analizó la metodología del informe de la PDI antes de entregarlo a las autoridades políticas (lo hizo formalmente el jueves 4 de julio): “Examinamos con absoluta claridad la metodología con la cual se levantó esa información para poder entregarla a las autoridades competentes”.

Abbott agregó algo que ya habían señalado el día anterior Susana Tonda y el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa: “Lo que se levanta en dicho informe (de la PDI) es una información de campo de una realidad existente en 2017. Luego de eso ha habido varios estudios. El propio Presidente nos manifestaba que el Ministerio de Justicia hizo un estudio caso a caso, niño a niño, a través de todas las instituciones del Sename. En consecuencia, este informe no viene sino a generar un aporte adicional respecto de información que ya había sido levantada por las autoridades”.

Calificar el informe de “aporte adicional” a lo que ya ha hecho el gobierno, es restarle importancia al documento de la PDI y sobrevalorar la gestión del Ejecutivo. Esto, porque CIPER analizó la “auditoría social” realizada por el Sename entre 2017 y 2018 en los hogares, que es el estudio al que han hecho referencia Abbott, Tonda y Ossa. Esa auditoría es una evaluación exclusivamente administrativa: comprobó que la documentación de los hogares estuviese al día, que los centros trabajen con las familias de los menores, cuántos niños están matriculados en algún colegio y cuántos están asociados a un servicio de Salud (vea aquí auditoría social de mayo de 2018 y aquí la de marzo de 2019).

El informe de la PDI, en cambio, registra los abusos,  las denuncias por posibles delitos que nunca se presentaron a la justicia, la falta de infraestructura, el incumplimiento de protocolos y graves fallas en la fiscalización que ejerce el Sename y los tribunales de familia.

El último episodio gatillado por la revelación del informe fue el llamado de la Asociación Nacional de Magistrados a una jornada de reflexión para el próximo 12 de julio, en la que pide a todos los jueces del país vestirse de negro en protesta por las “erráticas y vulneratorias actuaciones de las autoridades” en esta materia (vea aquí la declaración).

EL INFORME POLICIAL

El informe de la PDI que sistematizó la investigación de la Fuerza de Tarea Sename tiene como principal destinatario las autoridades políticas. En paralelo, la policía entregó a Emilfork el detalle de su investigación –identificando cada uno de los casos de abuso y la identidad de los eventuales agresores­– en un segundo informe policial mucho más extenso: 28 tomos.

El fiscal Emilfork trabaja contra el tiempo. Solo le restan cuatro meses para terminar su periodo en la Fiscalía Regional de Los Lagos y es altamente probable que deba dejar el cargo sin finiquitar su investigación al Sename.

En mayo pasado, Emilfork le ordenó a la Fuerza de Tarea de la PDI que cruce la información contenida en el informe sobre el funcionamiento de los hogares con los antecedentes sobre las más de 1.300 muertes ocurridas en los centros desde 2005 ¿El objetivo? Dar con los responsables finales de esas muertes. Una nómina que podría incluir a personas que han ocupado cargos de responsabilidad administrativa y política.

*Fuente: CiperChile

El articulo Jefatura de la PDI y Fiscalía Nacional entramparon durante meses el dramático informe sobre abusos en el Sename apareció primero en piensaChile.

Tras el golpe de Estado de 1973, la casona de la ex secretaria personal de Salvador Allende, Miria Contreras Bell -la Payita- fue confiscada por los militares y transformada en hogar de niños. El lugar, vinculado a Carabineros, pretendía ser una residencia de menores ‘ejemplar’ de la dictadura, pero también fue escenario de maltratos y abusos.

INTERFERENCIA presenta la historia en profundidad del destino de El Cañaveral, la casona de la Payita, la secretaria de Salvador Allende, que fue sede de dos hogares de menores en dictadura, para luego ser recuperada por la familia de su dueña original. Esta primera parte aborda la transformación de lo que fue uno de los lugares más habituales en los que vivió Salvador Allende hacia el final de sus días a un hogar de menores ligado a Carabineros. La segunda parte, aborda el paso del hogar de menores a manos de curas católicos, y la recuperación que hizo Payita y su familia de la casona,

Felipe Bastías no recuerda con exactitud la fecha en que llegó a vivir a El Cañaveral. Sí  recuerda el traqueteo del bus amarrillo, serpenteando por la encajonada ruta hacia Farellones, en el que él y otros 24 niños viajaron un día de primavera de 1973 hasta llegar a la casona en la que vivirían.

Su impresión fue mayor cuando el vehículo bajó la velocidad y comenzó a descender por un camino pedregoso hasta llegar a una enorme casona a un costado del río Mapocho. A partir de ese día, ese lugar que le pareció de ensueño, se convertiría en su nuevo hogar.

El inmueble tenía dos plantas. Se veía firme con sus grandes vigas y muros revestidos de laja. Alrededor, árboles de distintas especies adornaban el paisaje.

Le habían dicho que a ese hogar eran destinados “los niños con talento”. Ahí no iban a parar los infractores de la ley.

Ciertos detalles del lugar despertaron su curiosidad infantil. En los alrededores de la edificación había restos de vidrios, algunos agujeros en las paredes y casquillos de balas con los que se puso a jugar con sus nuevos amigos.

Felipe -entonces de 8 años- no sabía que hasta septiembre de ese año, el lugar era frecuentado por el presidente Salvador Allende. Tampoco sabía que esa propiedad había pertenecido a la secretaria personal del mandatario, Miria Contreras Bell, más conocida como la Payita, con quien el presidente tenía una relación sentimental. Ni supo que en ese mismo recinto se reunían los miembros del Dispositivo de Seguridad Presidencial, llamado coloquialmente Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende. De ese pasado reciente, prácticamente, no quedaban vestigios cuando los niños arribaron a El Cañaveral.

Los preparativos para recibir a los menores habían comenzado en octubre de 1973. La inauguración oficial del recinto fue el 21 de diciembre de ese año. Recibió el nombre de Hogar Javiera Carrera, en honor a “una mujer ejemplo de madre y de chilena”, según un artículo publicado en el diario El Mercurio por esas fechas.

“Risas infantiles reemplazarán ahora el quehacer criminal de la fabricación de bombas y sofisticadas reuniones íntimas, al ser entregada la mansión de veraneo al Consejo Nacional de Menores para dar albergue y calor de hogar a niños en situación irregular”, decía la nota de prensa.

Según el artículo, la propiedad fue entregada por el general de Carabineros en retiro, Diego Barba Valdés, recién designado ministro de Tierras y Colonización -actual Ministerio de Bienes Nacionales- al entonces ministro de Justicia, el abogado Gonzalo Prieto Gándara. En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, general Sergio Figueroa; el director de Prisiones, coronel (R) Guillermo Arancibia; el alcalde de Las Condes, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Guerraty Villalobos, además del vicepresidente del Consejo Nacional de Menores, el coronel (R) Alfredo Vicuña Ibáñez.

Salvo artículos de prensa y una breve alusión en el documento “Un año de construcción 11 de septiembre de 1973- 11 de septiembre de 1974”, publicado por la Junta de Gobierno, no existió mayor información pública de la creación de este centro para menores.

Lo que sí se especificó fue que la implementación de este hogar, junto a otros cinco de la misma índole, era parte de la política enfocada en dar atención a “alrededor de 30 mil menores en situación irregular, habiendo necesidad de enfrentar una atención a un número cercano al medio millón”.

A pesar de las expectativas iniciales, el recinto funcionó sólo hasta fines de la década de los 70, dando paso posteriormente a un nuevo proyecto denominado Aldea de Hermanos, impulsado por un grupo de sacerdotes y laicos, quienes, envueltos en problemas financieros, tuvieron que abandonar El Cañaveral a principios de los años 90.

El oasis camino a Farellones

Antes de convertirse en un hogar de niños, la propiedad de El Cañaveral fue comprada por Miria Contreras Bell a su hermana Lina en 1971. El terreno, previamente, había pasado por una serie de compraventas y herencias.

Los registros más antiguos del bien inmueble encontrados para este reportaje, datan de la década del 40, período en que figura como dueño de un terreno de 22 hectáreas el arquitecto Santiago Roi, conocido por diseñar un refugio familiar para el empresario Agustín Edwards Budge, en el sector de Farellones.

En 1962, y tras pasar por diversos propietarios, el lugar fue adquirido por el ingeniero comercial Flavián Levine Bowden, primer marido de Lina Contreras, hermana de la Payita. Siete años después y debido al término de la sociedad conyugal, el recinto quedó en manos de Lina Contreras, quien en 1971 lo vendió a su hermana Miria por el precio de 350 mil escudos al contado, como quedó registrado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

La Payita se trasladó a El Cañaveral junto a sus hijos Enrique y Max tras separarse del ingeniero Enrique Ropert Gallet. La propiedad de unos 13 mil metros cuadrados, contaba con amplios jardines, piscina y una casona central de dos pisos, a la que se habrían sumado, posteriormente, unas casas prefabricadas para el GAP.

Antes del golpe de Estado, el Presidente Allende dividía sus días entre la residencia presidencial y la casa de Miria Contreras. De lunes a jueves su vida la hacía en calle Tomás Moro, en Las Condes. Los viernes, el mandatario viajaba hasta El Cañaveral, emplazado en el kilómetro 5 del camino a Farellones, actual comuna de Lo Barnechea.

En el libro Salvador Allende. Biografía Sentimental de Eduardo Labarca, se menciona que el presidente disponía de una habitación amplia y una sala privada en la que se dedicada a trabajar y descansar en el segundo piso de la propiedad.

Se alude, además, a las visitas que recibía Allende. El ingeniero español y consejero del mandatario, Víctor Pey; el periodista Augusto Olivares, el embajador cubano en Chile, Mario García Incháustegui, y el jefe político de esa embajada, Ulises Estrada, fueron algunos de los invitados a El Cañaveral. También Beatriz -Tati, la hija más cercana al mandatario- quien viajaba hasta la casona todos los domingos con su marido, oficial cubano, para almorzar junto a su padre.

En una entrevista entregada por el ministro de Justicia del gobierno de la Unidad Popular Sergio Insunza al diario El Mostrador en 2003, el ex secretario de Estado se refirió a dos reuniones que sostuvo con Allende en El Cañaveral antes del golpe de Estado. La primera de ellas fue el 8 de septiembre de 1973, ocasión en la habrían conversado de la estrategia a seguir para enfrentar la crisis política y social que vivía el país. La segunda, fue una cena al día siguiente en la que estuvieron presentes Allende, la Payita, su hija Isabel Ropert, y una de sus hermanas, Víctor Pey, Augusto Olivares y el propio Insunza.

Existen distintas versiones de lo que sucedió antes y después de ese encuentro. Lo concreto es que el 11 de septiembre se produciría el fin de la Unidad Popular, misma fecha en que la Payita se vio obligada a dejar su hogar y partir al exilio.

Un hogar llamado Javiera Carrera 

Luego de un mes del golpe de Estado la casona El Cañaveral comenzó a ser intervenida con una serie de transformaciones. Entre el 11 de septiembre y comienzos de octubre de 1973, según vecinos de la zona y posteriores residentes, la propiedad se mantuvo custodiada por militares.

La tensión se respiraba en esos días en el país. Por las calles circulaban militares, la ciudadanía se encerró en sus casas tras decretarse el estado de sitio, la Junta de Gobierno controlaba cada movimiento a lo largo del territorio nacional; había disuelto el Congreso y los detenidos eran trasladados a centros de detención.

El 10 de octubre de 1973 llegó a El Cañaveral un hombre joven, de menos de 20 años. Se trataba de Juan Carlos Navarrete, quien unos años más tarde se convertiría en director del primer hogar de niños que funcionó en la casona: el Javiera Carrera.

A pesar de su corta edad, Navarrete tenía experiencia en el trato con niños. Antes del Javiera Carrera, había trabajado en un centro de menores en Pudahuel. Un lugar que, según su descripción, era precario, complejo, donde iban a parar mayoritariamente infractores de la ley.

“En octubre llegamos a ayudar con el ordenamiento y la implementación del hogar, a  comenzar a preparar los planes de trabajo, definir cuántos niños iban a llegar y ver el tema de las cabañas. Lo primero que hicimos fue ponerles nombres a los pabellones donde estarían los niños: Unco, Tamarugal, Chamal y el pabellón Fach. A este último se le puso así porque el Hospital de la Fuerza Aérea nos apadrinó y nos hacía una jornada una vez al año de mantención y reparación”, recuerda Navarrete.

Los pabellones que menciona Navarrete estaban distribuidos en distintas partes de la propiedad. Uno de ellos próximo al río Mapocho, hacia el oriente de la casa central, y los otros dos hacia el poniente. Eran construcciones de un piso, firmes, amplias  y contaban con baño. A estas edificaciones se sumaron unas casas en forma de A,  las que se destinarían a los auxiliares de trato directo (ATA), como se llamaba en esa época al personal que estaba a cargo de los niños. La casona central, en tanto, se destinó para las oficinas de administración que fueron instaladas en el segundo piso, mientras que en el primero se habilitó un salón de clases

En la primera etapa la dirección del hogar estuvo a cargo de tres carabineros, según Navarrete. El primero fue el coronel Armando Salas. Le siguieron los coroneles Héctor Rojas- que estaba en retiro- y Jorge Ferrada.

El objetivo fue atender a niños entre los cinco y catorce años, vulnerables socialmente, derivados desde los juzgados de menores porque no había adultos responsables que se pudieran hacer cargo, recogidos por vagancia o huérfanos.

El ex director señala que el personal del hogar estuvo conformado, en un comienzo,  por seis personas: cuatro supervisores de menores, el director y un jefe administrativo.

Los ATA -que según Navarrete pasaban por proceso de instrucción en el Consejo Nacional de Menores (CONAME)- trabajarían directamente con los niños en el reforzamiento escolar, la creación de hábitos, deportes y recreación.

“Ese era nuestro trabajo, lo que debería hacer un padre con sus hijos. Eran niños faltos de afectividad, pisoteados por la vida”, sostiene Navarrete.

De acuerdo al libro Historia de la infancia en el Chile republicano: 1810-2010, de Jorge Rojas Flores, El CONAME, creado en 1966, era el organismo a cargo de “planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y la organización de las entidades de servicios públicos o privados”, enfocados en  prestar asistencia y protección a los menores en situación irregular, así como destinar recursos económicos a estos organismos.

A principios de los años 70 las instituciones beneficiadas con subvención estatal para este fin eran la fundación Mi Casa, Niño y Patria -perteneciente a Carabineros- el Consejo de Defensa del Niño, diversas casas del Buen Pastor, el Hogar de Cristo, a las que se sumó la Fundación Niño Chileno.

Esta última tenía, además, la facultad de crear hogares sustitutos, proporcionar dinero o especies a familias con dificultades para la manutención de los niños, y así evitar que fueran separados de sus padres, otorgar asistencia financiera y asesoría a organizaciones públicas y privadas dedicadas a este tipo de trabajo.

De acuerdo a los antecedentes recogidos en esta investigación, la Fundación Niño Chileno fue la encargada directa del hogar de menores Javiera Carrera. Sin embargo, no se encontró ningún antecedente que permitiera acreditar este vínculo, como tampoco documentos relacionados con la creación de esta institución que funcionó en El Cañaveral.

Sin embargo, sí quedaron pistas del proceso de expropiación del inmueble por parte del Estado, como consta en el decreto de ley N°498 del 10 de abril de 1975, del Ministerio del Interior. En éste se señala que El Cañaveral pasó a dominio del Fisco bajo el argumento que Miria Contreras Bell “carecía de los recursos necesarios para justificar la adquisición  de esa propiedad”, así como de varios vehículos que figuraban a su nombre.

Los recuerdos y El Cañaveral como atracción turística

Sentados en un café de la Plaza de Armas de Santiago, José Luis Lizana, Héctor Herrera, Jaime Illanes  y José Luis Valdivia bromean, ríen y se abrazan en un gesto de hermandad. No se reunían desde hace varios años pero en cada gesto y anécdota que surge, develan complicidad. Pasaron juntos la infancia en el Hogar Javiera Carrera.

Hablan con nostalgia de El Cañaveral, con cariño, recordando las vivencias con sus compañeros, los “tíos”, y cada rincón de la casona. Dicen que el Hogar Javiera Carrera era privilegiado, muy distinto a otros recintos de este tipo para niños que, de acuerdo a versiones escuchadas o por sus propias experiencias, señalan como “verdaderas cárceles”.

“Las puertas estaban siempre abiertas, no nos tenían encerrados. Se permitían visitas de la familia y podíamos ir a verlos los fines de semana”, relata José Luis Lizana, quien agrega que el Javiera Carrera, “era el mejor hogar de niños de Chile. Teníamos beneficios que otros orfanatos no tenían”.

Los motivos por los que fueron derivados a este hogar son similares. Lizana llegó El Cañaveral a fines de 1973 debido a que su madre quedó con una invalidez de por vida a raíz de una enfermedad. José Luis y sus siete hermanos fueron destinados a distintos hogares de menores a principios de los años 70.

A Héctor Herrera lo enviaron al Javiera Carrera en 1976, por problemas familiares, tras la gestión de su hermana quien trabajaba con militares. José Luis Valdivia y Jaime Illanes fueron internados porque eran “desordenados”-dicen- y por malas juntas que tuvieron en el camino.
Se refieren a las rutinas en la casona. El día comenzaba temprano, a veces a las cinco de la mañana, porque tenían que trasladarse en micro o a pie hasta alguno de los colegios más cercanos en Lo Barnechea. Uno de los establecimientos era la escuela básica San Juan de Kronstadt, más conocido como “el colegio ruso”, porque fue fundado por una monja de ese país en la década de los 60. El otro estaba en un sector más abajo en Lo Barnechea.

En el Javiera Carrera todos los días se pasaba lista, hasta cuatro veces al día. Lo hacían para verificar si alguno de los niños se había fugado -algo que rara vez ocurría- se asignaban tareas de aseo y se establecía el programa de las actividades de la jornada. Los residentes mayores hacían el aseo en los pabellones donde dormían los más pequeños y ayudaban a limpiar el terreno cuando era necesario. En los momentos libres aprovechaban de sacar libros de la biblioteca y jugaban cerca del río. También mencionan que había dos perros en la propiedad: Gapito, bautizado así por el GAP y Tarzán.

Con el tiempo los niños se dieron cuenta de que esa casa tenía algo diferente. Existían situaciones y lugares particulares, como lo que denominaban la escuela de guerrilla -antes lugar de práctica del GAP- la presencia constante de carabineros resguardando la propiedad por temor a atentados, además de visitas de autoridades y curiosos.

“En el período entre 1973 y 1975 llegaba mucho turista a ver la casa. Los supervisores nos decían: ‘ya, usted vaya con esta persona’. Entonces los llevábamos a recorrer el lugar  y a mostrarles la historia de la casa. A veces nos daban plata para salir los fines de semana”, relata José Luis Lizana.

Llegaba también personal de la Fach, del Club de Leones San Pedro de Las Condes, y generales de Carabineros que incluso, según los ex niños del hogar, iban a hacer asados a la casona central.

Una visita frecuente al hogar era Alicia Godoy, esposa del general director de Carabineros  y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza Durán.

“La señora del General Mendoza, Alicia Godoy de Mendoza, iba habitualmente. A veces andaba en un acto en Las Condes o en algún evento y se arrancaba para a El Cañaveral a tomar un tecito”, recuerda el ex director, Juan Carlos Navarrete, quien también indica que el hogar “era como un emblema del gobierno militar”.

Según el grupo de ex compañeros, en la casona central en ocasiones penaban.

Héctor Herrera señala que, aprovechado este factor, le jugaron más de una broma a los cuidadores del turno nocturno. “A veces llegábamos tarde y asustábamos a un tío que se llamaba Alfredo. Entrabamos calladitos a la casa central y empezábamos a correr los muebles. Entonces el tío decía: ‘Ya pos don Salvador, déjese de hueviar si yo no he hecho nada’, comentan en medio de las risas el grupo de Lizana, Valdivia e Illanes.

En el hogar se registraron también algunos incidentes dramáticos. Uno de ellos fue la muerte de un niño que se golpeó en unas piedras tras caer al río Mapocho y que falleció a pesar de los esfuerzos del personal por reanimarlo.

Este incidente puntual repercutiría posteriormente, según la versión de los integrantes de la organización que se hizo cargo en los 80 de El Cañaveral, en el término del proyecto del Hogar Javiera Carrera.
No todos los ex residentes guardan buenos recuerdos del Javiera Carrera. Felipe Bastías, actualmente de 54 años, y quien llegó al hogar en el grupo de 24 niños que viajaron en el bus amarillo a fines de 1973,  fue testigo de maltratos perpetrados por uno de los ATA.

Sus padres eran de origen campesino; migraron desde Isla de Maipo hasta San Bernardo donde se instalaron con sus diez hijos. Un día su padre se marchó dejando abandonada a su madre y la pobreza se instaló en la familia. Tras la visita de una asistente social, Bastías y dos de sus hermanos fueron trasladados a un centro de menores en San Bernardo. Tiempos después sería enviado a El Cañaveral.

El tío Polo

Si bien Bastías atesora buenos momentos compartidos con sus amigos y del ex director Juan Carlos Navarrete, no puede olvidar los castigos que él y otros niños recibieron de parte de uno de los tíos al que llamaban Polo.

“Se llamaba Leopoldo Santelices Valdivia y le decíamos tío Polo. Venía de otro hogar de niños de Santiago. Maltrataba a los niños más rebeldes y a los más débiles”, afirma. Agrega que “era como un tipo que salió de la guerra, como un militar en la forma y en el trato”.

Según relata, el tío Polo tenía la costumbre en sus turnos de destapar de cuajo a los niños y golpearles las piernas y pies con una varilla. En una oportunidad pudo ver cómo Santelices le pegaba combos y patadas a niños en las duchas y recibió un castigo, junto con otros niños, que consistió en marchar por una cancha con los colchones a cuestas un día de frío, a modo de correctivo porque alguien, supuestamente, había rasgado la ropa del cuidador.

Pero el que recibió el peor trato -recuerda- fue un niño llamado Rogelio, que tenía un retraso mental, y quien por error habría ido a parar a ese hogar.

Entre los castigos que presenció en contra del menor, Bastías dice que nunca olvidó una ocasión en la que Santelices lo colgó con una soga desde los pies, con la cabeza balanceándose hacia el suelo “como si se tratara de un péndulo”.

José Luis Lizana, quien recuerda al tío Polo como un hombre “estricto” y que tenía “una enseñanza a la antigua”, guarda en su memoria algunas situaciones que involucraron al niño al que se refiere Bastías. “Rogelio era un niño que tenía un problema mental. Me lo encontré unos años más tarde en [el Hospital Psiquiátrico] El Peral. Él [Rogelio] se cuadraba frente al tío Polo y le decía: mi general”.

Felipe Bastías, por su parte, recuerda que tras un incidente con otro niño, al que el cuidador habría propinado una golpiza, el tío Polo terminó yéndose del hogar.

Este último episodio es confirmado por Héctor Herrera. “El tío Polo tuvo un problema gravísimo. Fue con un pequeñito que se orinó en la cama que se llamaba Pedro Lagos. Le pegó tan fuerte que lo dejó marcado. De hecho nosotros nos preguntábamos por qué lo había golpeado, ya que era su regalón”.

Un ex trabajador del hogar, quien prefiere mantener su identidad en reserva, señala que la acusación fue una calumnia y que el trabajador no habría castigado al menor, aunque efectivamente, fue despedido y encarcelado por cinco días tras ese incidente. Sin embargo, descarta la versión de Bastías en cuanto a malos tratos.

A fines de los años 70 el proyecto del Hogar Javiera Carrera concluyó, lo que coincidió con el fin del CONAME y de la Fundación Niño Chileno y la posterior creación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en 1979. El Cañaveral quedó bajo el mando de otra institución denominada Aldea de Hermanos que se hizo cargo de una parte de los niños y del inmueble, hasta el retorno de la democracia.

Tras el fin del hogar de niños Javiera Carrera a fines de los años 70, la propiedad que sirvió de refugio a Salvador Allende se trasformó en un proyecto dirigido a menores de edad en situación irregular, a cargo de sacerdotes y laicos. Este funcionó hasta inicios de los años 90, y fue escenario de abusos sexuales y trabajo infantil, según denuncian varios testimonios. En este periodo la casona acogió a Miguel Ángel, el vidente de Villa Alemana.

 

En esta segunda parte de esta historia, se aborda el cambio de propiedad de la casona de El Cañaveral, a manos de curas católicos, lo que marca un momento de mayores abusos, incluso sexuales, y cómo la Payita la recuperó tras el fin de la dictadura.

El  30 de abril de 1980 la casona El Cañaveral generó noticia. La propiedad -que había sido residencia en los años 70 de Miria Contreras Bell, la Payita, ex secretaria personal de Salvador Allende, con quien el presidente mantenía una relación sentimental- ese día miércoles apareció en la prensa a propósito del desbarrancamiento de un bus que dejó heridos a 81 niños entre 6 y 14 años a las 7:30 de la mañana.

Ese mismo día el diario La Segunda publicó sobre este accidente en la portada. El artículo se refería a que el chofer, que viajaba a una velocidad adecuada, había perdido el control de la máquina en el sector de La Hoyada, cayendo a un barranco de unos 40 metros de profundidad. Como resultado 18 menores tuvieron que ser hospitalizados.

En otro párrafo de la misma noticia, aparecía que los niños que viajaban en la liebre pertenecían al Hogar Aldea de Hermanos -ex Hogar Javiera Carrera y Cañaveral- el cual estaba a cargo de “los Padres Salesianos”.

Este hecho puntual, resulta relevante para comprender lo que sucedió tras el fin del hogar de niños Javiera Carrera, que funcionó en El Cañaveral desde 1973 hasta fines de esa década, y el comienzo del proyecto Aldea de Hermanos.

Jaime Illanes, ex residente de los hogares Javiera Carrera y Aldea de Hermanos, era uno de los niños que estaba a bordo del bus el día del accidente. “Íbamos al colegio, era una liebre chica e íbamos apretados. Yo iba parado y cuando íbamos cayendo sentí un golpe. Después tengo una imagen de cuando me estaba sacudiendo la ropa mientras la liebre seguía cuesta abajo. Estuve dos meses hospitalizado en el hospital de la Fach”, relata.

Illanes y sus ex compañeros en el hogar Javiera Carrera, José Luis Lizana, Héctor Herrera y José Luis Valdivia, no recuerdan la fecha exacta en que se hizo el traspaso de la propiedad desde el Hogar Javiera Carrera a la Aldea de Hermanos.

En los archivos recopilados para este reportaje no se encontró ningún documento que permita verificar esta operación. No obstante, de acuerdo a información otorgada por el Sename, vía Ley de Transparencia, el nuevo proyecto comenzó a funcionar el 1 de enero de 1982, concluyendo el 1 de enero de 1992.

Otros documentos que dan cuenta de la existencia de este segundo hogar, es un decreto con fecha 18 de marzo de 1982 en el que el Ministerio de Justicia concede la personalidad jurídica a la fundación Aldea de Hermanos. También aparecen los estatutos y una listado con los integrantes del directorio y consejeros.

En los estatutos de la entidad se explicita que se trataba de una organización de beneficencia que reunía “a religiosos y laicos conscientes de su vocación dentro de la Iglesia católica chilena” y que motivados por “la creación comunitaria y la vida fraterna, pretenden crear para niños y jóvenes el hogar que les falta”.

El sacerdote holandés Gaspar Handgraff Schapper fue parte de la Aldea de Hermanos. Llegó a Chile en 1960, con 55 años, como integrante de la congregación católica Misioneros de la Sagrada Familia, fundada en Holanda en 1895.

Desde su llegada en los 60 a Chile hasta su arribo a El Cañaveral se dedicó a trabajar con niños. Primero en un hogar en la comuna de Pudahuel, y posteriormente, en la Fundación Mi Casa. Según recuerda este sacerdote, la Fundación Aldea de Hermanos se hizo cargo de El Cañaveral  a partir de 1979.

“Nosotros manifestamos la voluntad de aceptar un hogar de niños porque sabíamos que [el gobierno] estaba repartiendo hogares de niños a privados. Entonces, nos presentamos con un grupo de gente, que también eran religiosos, y en mi caso, después de la experiencia en Fundación Mi Casa”, explica Handgraff.

Las gestiones, según detalla, las tuvieron que hacer directamente con el gobierno, específicamente con la esposa del general de Carabineros, César Mendoza, “quien estaba a cargo de los hogares de niños. Nos reunimos en el edificio donde hoy está el Centro Cultural Gabriela Mistral -en ese entonces Diego Portales- y nos dijo que ese hogar era una espina del gobierno, que había unos 80 niños, y que no tenían personas que se hicieran cargo de ellos”, detalla el sacerdote.
La espina a la que se refería Alicia Godoy, según Handgraff, fueron algunos hechos ocurridos en el Javiera Carrera, como el accidente del niño que se había ahogado en el río y denuncias por maltratos contra menores.

Además del padre Handgraff, la Aldea de Hermanos fue integrada por miembros de la institución Hermanos del Sagrado Corazón -organización de laicos consagrados, fundada en 1787 en Francia- y personas cercanas a la iglesia católica. No obstante, aclara el sacerdote, no existió ningún nexo de carácter institucional con la Iglesia católica.

Según el acta de la fundación, el primer directorio quedó integrado por el ciudadano canadiense y religioso de los Hermanos del Sagrado Corazón, Jean Marc Gangnon Dion, quien quedó en calidad de presidente; Hernán Sibona Bascuñán -que figura como empleado- en el puesto de vicepresidente; Adriana Stegmann González, quien tomaría el cargo de secretaria  y el padre Handgraff como tesorero.

El grupo de amigos compuesto por José Luis Lizana, Héctor Herrero, Jaime Illanes y José Luis Valdivia alcanzaron a estar un breve lapso en la Aldea de Hermanos. La mayoría de ellos, por superar los 18 años, comenzaron su egreso de El Cañaveral en 1980.
Algunos habían logrado sacar títulos técnicos en el instituto Inacap.

Otros, como Jaime Illanes, se fueron a hacer el servicio militar tras salir del hogar.

La transición del hogar Javiera Carrera a la Aldea de Hermanos no fue bien recibida por los residentes. Según comentan en el grupo de amigos, cuando llegó la nueva administración, se tomaron acciones como tapar la piscina principal, se selló una copa de agua que existía en una parte de la propiedad y se decidió echar abajo el pabellón Tamarugal.

A diferencia del hogar Javiera Carrera, los tíos ya no estarían a cargo de los menores. Desde ese momento, el matrimonio compuesto por Hernán Sibona y Adriana Stegmann, serían una especie de padres sustitutos de los niños, siendo asistidos por algunos funcionarios.

“Cuando llegó la Aldea de Hermanos lo hicieron con bombos y platillos, cambiaron todo. Por ejemplo, nos servían en charolas el almuerzo, cosa a la que no estábamos habituados. Empezaron con buena comida pero al parecer era pura pantalla”, relata José Luis Lizana.

José Luis Valdivia, por su parte,  recuerda un período en que el alimento escaseaba y el menú se repetía todos los días. “Fue una época en que no teníamos una buena alimentación; había problemas con la comida. Nos hacían leche de harinilla, pan de harinilla. No sabíamos si era por escasez o por algún otro motivo”.

En la misma propiedad, pero al otro lado del río Mapocho, donde se encontraba una quinta con árboles frutales, la fundación instaló un corral para criar cerdos. A los mismos niños  les tocó en varias ocasiones alimentarlos y cuidarlos. Aseguran que jamás en el almuerzo o en la cena probaron un trozo de esa carne.

La llegada de Miguel Ángel

En esos años llegó por segunda vez a El Cañaveral un adolescente, que a mediados de la década de los 80,  se daría a conocer a nivel nacional por las denominadas apariciones de la Virgen de Peñablanca.
Se trataba de Miguel Poblete Poblete, quien  fue abandonado al nacer por su familia y que en 1983 movilizó a miles de creyentes hasta Villa Alemana, en la región de Valparaíso, al asegurar que tenía apariciones de la virgen María. Llegó a ser conocido como el vidente de Peñablanca o vidente de Villa Alemana.

En un capítulo del libro Yo soy el inmaculado corazón de la Encarnación del Hijo de Dios del arquitecto Álvaro Barros Valenzuela, se señala que Poblete llegó a El Cañaveral por primera vez en 1978, cuando el lugar funcionaba como hogar Javiera Carrera y aún estaba bajo la administración de CONAME.

Sus ex compañeros lo encontraban lo extraño, diferente, aunque aseguran que no tenía una mala relación con sus pares.
“Decía que hablaba con la virgen, que hablaba en hebreo. Después supimos  que se había cambiado de sexo y que vivía en una quinta. Era bien llevado a su idea”, comenta Jaime Illanes.

Álvaro Barros menciona en su libro que Miguel Ángel se fugó del hogar ese mismo año debido al maltrato que recibía de parte de sus compañeros del hogar Javiera Carrera y tras sufrir un intento de abuso sexual de parte de uno de los tíos llamado Walter.

Tras una breve estadía en el Hogar Galvarino de Santiago, regresó a El Cañaveral en marzo de 1980 cuando ya era conocido como Aldea de Hermanos.

La actual directora de la escuela San Juan de Kronstadt, Oriana Contreras Lira, recuerda a Miguel Ángel entre los alumnos. “De todos los niños el más complicado era Miguel Ángel. Él tenía problemáticas psicológicas severas. Era complejo, le gustaba que lo tomaran en cuenta, que se hiciera lo que él quería”.

Agrega que “cuando pasó lo de Peñablanca, nosotros sabíamos que podía ser perfectamente un fraude porque él era capaz de inventar todo eso. Era capaz de actuar y creerse el cuento, porque yo estoy convencida de que él realmente se lo creía”.

Contreras, quien llegó a dictar clases al San Juan de Kronstadt en 1981, recuerda con afecto a los niños de la Aldea de Hermanos. “Eran niños buenos y tranquilos”, afirma.

“El trabajo que se hacía en el hogar era bastante bueno, no como en el Sename en  que se nota la vulnerabilidad. Los niños no tenían esas conductas disruptivas de los niños en abandono”, asevera la directora de la escuela San Juan de Kronstadt.

Según la docente, los niños  asistieron a la escuela hasta que se acabó el hogar a principios de los años 90 y que  aún quedan los registros de asistencia que verifican el período en que concurrieron al establecimiento.

El cierre del hogar y la posterior restitución a sus dueños legales, la Payita, fue tomado con cierta molestia por parte de algunos profesores del San Juan de Kronstadt.

“Yo estaba molesta con Miria Contreras [la Payita] porque todo lo que ellos predicaron no lo practicaron, dejaron a los niños sin hogar. A nivel de profesores nos provocó un enojo grande porque nos pareció contradictorio”, subraya Contreras.

Abusos y manejos irregulares de dineros 

Germán Espinoza es alto, maceteado, tiene una barba larga, blanquecina y algo desgreñada, que cada cierto tiempo tironea con una de sus manos.

Mientras intenta con dificultad encender un cigarrillo, con el viento en contra, comienza a recordar sus días como residente en la Aldea de Hermanos y también en el Hogar Javiera Carrera.

Llegó en 1976 al Javiera Carrera, a los 10 años. Desde los 6 estuvo internado en hogares  de niños debido a problemas familiares. Su padre era comerciante ambulante y su madre se tuvo que ir a vivir a una toma de terrenos en Renca.

Mientras fuma, hace memoria de los espacios de la casona, de las salidas al colegio e incluso de lugares ocultos que los niños, en ese período, encontraron en la propiedad. “Había unas piezas secretas. Me acuerdo que encontramos unos libros de medicina y remedios, que en esa época eran bastante caros”, señala Espinoza.

Uno de sus lugares favoritos -dice- era la quinta que se encontraba cruzando el río, a la cual, los niños iban frecuentemente a sacar fruta.
“Nos pasábamos por el río por un puente chico a la quinta, porque había frutas. La comida en el hogar no siempre era buena. En alguna ocasión me pegaron un par de varillazos por eso, pero no me importó”, afirma.

Como sucedió con el resto de los residentes del Javiera Carrera, Espinoza nunca supo cuál fue la razón por la que se hizo el traspaso a la Aldea de Hermanos, pero coincide con la versión de otros ex residentes, en cuanto a las transformaciones que se hicieron en la propiedad.
Tiene otros recuerdos. Uno de ellos fue la relación que tenía el director Jean Marc Gagnon Dion con algunos de los niños. Asegura que era frecuente que el canadiense tocara indebidamente a algunos de los menores y que tenía otros comportamientos que los niños no comprendían.

“El tío Jean Marc tenía costumbres medias raras. A veces nos iba a despertar en las mañanas y nos agarraba el miembro, nos tocaba. Era como un juego”, asevera. Agrega que,  “el hombre tenía la suerte o el privilegio de llevarse a un chiquillo para que le hiciera aseo en la casa. Tenía una casa aparte, en forma de A, al lado del pabellón Fach. A mí me llevó una semana, pero no lo volvió a hacer porque no me había bañado y como que intentó hacerme sexo oral”.

Espinoza recuerda que el director tenía un niño favorito a quien llevaba con más frecuencia a su cabaña, y que según se enteró, recibía algún tipo de pago por ciertos “favores”.

Germán Espinoza y otros residentes del hogar, le comentaron la situación “al papi y a la mami”, como eran llamados Hernán Sibona y Adriana Stegmann. Sin embargo, éstos últimos rechazaron las acusaciones sin tomar medidas, según cuenta Espinoza.

Otra situación que describe en detalle Espinoza, es que en varias ocasiones el matrimonio intentó sacar provecho económico de la propiedad, como por ejemplo, cosechar las frutas de la quinta -trabajo que hacían los niños- y venderlas posteriormente en el mercado.
Una situación particular que vivió este ex residente fue cuando la pareja llevó a un grupo de niños del hogar a una parcela ubicada en Talca para ayudarlos a hacer una acequia y arreglos. “Ellos nos llevaron una vez a un grupo de niños a Talca porque se habían comprado una parcela; era inmensa. Como no tenía derecho de aguas hicimos un tranque para que juntaran agua y varios otros arreglos sólo, a cambio del almuerzo”, afirma.

De este último hecho también estuvo al tanto el padre Gaspar Handgraff. Según indica, a fines de 1989 los sacerdotes decidieron retirarse de la Aldea de Hermanos debido a las intenciones del matrimonio Sibona-Stegmann de lucrar con el organismo.
“Querían transformarse en una asociación para comprar tractores, instrumentos para trabajar la tierra, importando desde Gran Bretaña. Eso implicaba muchos millones, mucho dinero y  nosotros dijimos que no”, comenta.

Respecto de la propiedad en la región del Maule, Handgraff añade que “fue un campo comprado con dinero de la fundación y del que no dieron cuentas claras. Eso nos separó poco a poco”.

Un antecedente relevante en esta historia, es que, a principios de los años 80, cuando se gestionó la personalidad jurídica de la fundación Aldea de Hermanos, el Servicio Nacional de Menores recomendó hacer “un dedicado estudio” de los integrantes del directorio y consejeros de la organización, debido a que se constató que algunos de ellos tenían antecedentes penales, lo que podía traducirse en un problema, ya que iban a administrar dineros públicos.

Entre los mencionados con antecedentes penales figuraban el vicepresidente de la fundación, Hernán Sibona, por el delito de giro doloso de cheques. También  el consejero Raúl Díaz Escobar, con un prontuario por hurtos reiterados y Raquel Flores -quien no aparecía como miembro del directorio o el consejo- y tenía una causa judicial por falsificación de instrumento público.

En cuanto a las acusaciones de abuso sexual contra Jean Marc Gagnon, el padre Gaspar Handgraff dice desconocer denuncias o situaciones de este tipo en la Aldea. Comenta que el canadiense se retiró antes de la organización, regresó a su país, desde donde se trasladó a trabajar en un hogar de niños a las islas francesas donde falleció.
Un centro de eventos de matrimonios, fiestas  y despedidas presidenciales

El 1° de enero de 1992 finalizó oficialmente el proyecto de la Aldea de Hermanos en El Cañaveral, casi dos años después del retorno a la democracia en Chile.

En un documento enviado por el entonces ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado Constenla, al Ministerio del Interior el 22 de marzo de 1991, se informó que la propiedad de El Cañaveral había sido devuelta por la institución que la ocupaba quedando en manos del gobierno. Sin embargo, recién el año 2000, la propiedad apareció nuevamente a nombre de Miria Contreras Bell, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

El inmueble fue transferido posteriormente por Miria Contreras a sus hijos Isabel y Max, en noviembre del 2000, y se dividió un 50 por ciento para cada una de las partes. Estos últimos   convirtieron la propiedad en un centro de eventos para la realización de matrimonios, fiestas familiares y reuniones para empresas e instituciones.

Entre las actividades más conocidas realizadas en los últimos años en El Cañaveral, figura el almuerzo de despedida que sostuvo la ex Presidenta Michelle Bachelet con sus ministros, subsecretarios y asesores de La Moneda, el 11 de marzo de 2018 tras el cambio de mando.

Los ex niños de El Cañaveral están al tanto de la transformación de la propiedad y su giro comercial. Algunos dicen que han viajado hasta el kilómetro 5, del camino a Farellones,  para mostrarles a sus familias desde el exterior, el lugar que marcó sus infancias.

Felipe Bastías, ex residente del hogar Javiera Carrera, afirma que en una ocasión envió un correo a la dirección de la casona para hablar acerca de lo que sucedió en lugar, pero no recibió  respuesta.

*Fuente: Interferencia

 

El articulo La historia oculta de El Cañaveral: de refugio de Allende a un violento hogar de menores en dictadura apareció primero en piensaChile.

El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas traerá consecuencias. Que un órgano de Derechos Humanos, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante. Marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro. De ahora en adelante, Chile está etiquetado como violador de Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en el Sename, y no hay otra interpretación frente a la contundencia de ese expediente.

El reciente Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no debería ser considerado como una radiografía más de la cruda realidad de los niños y niñas bajo la protección del Sename. Entre otras cosas, porque reafirma la realidad dolorosa constatada en los hallazgos del Informe Jeldres (2013), de los Informes de las dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018).

Además, el Informe del comité de la ONU aporta nuevas consideraciones -que no son triviales- para caracterizar la crisis del Sistema de Protección. Tampoco resultan triviales frente al desafío de diseñar las soluciones que debe -y con premura- instaurar el Estado de Chile, ya que fija de un modo directo la responsabilidad estatal a través de dos de sus actores más relevantes: Sename y Poder Judicial.

En específico, el Comité de Derechos del Niño señala que existen graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del Sename. Son violaciones graves, por el gran daño que miles de niños que han transitado por el sistema han sufrido en las últimas décadas. Son violaciones sistemáticas, por su persistencia en el tiempo en un sistema de protección asistencialista y paternalista, y por la inacción del Estado frente a la necesidad urgente de cambiar leyes, políticas y prácticas violatorias, ampliamente conocidas.

Que un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante. Marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro. De ahora en adelante, Chile está etiquetado como violador de Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en el Sename, y no hay otra interpretación frente a la contundencia de ese informe.

No es tampoco trivial recordar que la última vez que un organismo internacional nos tachó de manera semejante fue por los crímenes ocurridos en dictadura.

Como la entidad de las violaciones de derechos adquiere características graves y sistemáticas, ellas evidencian un fracaso total del Estado en la materia. Y, más allá de las consideraciones teóricas sobre lo que constituye una violación grave y sistemática, lo cierto es que un órgano internacional competente ha determinado la existencia de aquellas en Chile.

Además, cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el Sename, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común. Es una fuerte conclusión, pero está fundamentada: porque lo que esos niños y niñas han experimentado no ha obedecido a una persecución política orquestada por un gobierno ilegítimo, sino a una reiterada inacción que comenzó en el Sename de la dictadura y se mantuvo en los gobiernos democráticos.

De esa violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron”.

Estas medidas de reparación son variables y dependerán en gran medida del caso de que se trate, pero también dependen, por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. No es lo mismo reparar una violación aislada que una violación grave y sistemática.

En el caso del Sename, dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización. Lo que aquí corresponde son medidas mucho más profundas, considerando que las violaciones se sustentan en estructuras arraigadas en el sistema y en la inacción del Estado.

Si bien el Informe del comité de la ONU orienta algunas medidas de reparación, el Estado de Chile debería contemplar acciones más globales, basadas en el desarrollo de la Justicia de Transición, estructuradas en cuatro grupos:

Primer grupo de medidas: ya en marcha, están lideradas principalmente por el fiscal regional de Los Lagos, y tienen como objetivo investigar, enjuiciar y sancionar a todos y todas las responsables individuales o institucionales que han permitido que estas violaciones ocurran.

La responsabilidad que se debe perseguir no solo son las penales, sino también las administrativas y políticas que correspondan, ya que lo que interesa saber es quién pudo haber hecho algo y, finalmente, dejó que esto ocurriera. Esto es lo que en Justicia de Transición se conoce como las “medidas de justicia”.

En este punto habrá que esperar que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino -y quizá lo más relevante- la responsabilidad de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente del sistema residencial. En este contexto, importan tanto las responsabilidades administrativas como judiciales, puesto que así aparece vinculada tal responsabilidad en el Informe de la ONU.

Segundo grupo de medidas: parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico de la realidad del Sename. Aquí lo que se busca establecer es la verdad de lo que ocurrió en el Sename, los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas cargan por su paso por el sistema. Estas son conocidas como las “medidas de verdad”, que involucran una amplia gama de acciones, pero principalmente se centran en el desarrollo de instancias de esclarecimiento histórico o Comisiones de Verdad.

En este punto, se llega un debate pendiente y que debemos iniciar: si necesitamos una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename. Todo indica que la respuesta debe ser sí, el país la necesita.

Tercer grupo de medidas: están destinadas a la rehabilitación o reparación propiamente tal de los niños y niñas dañados por su paso por el Sename, incluso, si ya son adultos. Estas medidas, llamadas de “reparación”, son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida. Están detalladas por el comité de la ONU en su informe, solicitando un “plan de acción de reparación que incluya acciones en salud, especialmente tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica”.

Esa indemnización económica, ya sea en forma de pago único o pensión por un determinado tiempo (o vitalicia), es solo una parte de las medidas de reparación, pero que siempre focaliza la atención pública. No debería ser la reparación económica lo único que guíe este grupo de medidas, y si se otorga, debería estar destinada principalmente a los niños afectados y no necesariamente a sus familias, que en algunos casos son la causa de la institucionalización.

Cuarto grupo de medidas: conocidas en la Justicia de Transición como de “Reforma Estructural” o de “No Repetición”, son un grupo no homogéneo de acciones, identificadas como de vital importancia en todos los organismos internacionales, desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU hasta tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este grupo de medidas está desarrollado extensamente en el Informe del Comité de Derechos del Niño, y están relacionadas directamente con las causas estructurales: (1) persistente visión tutelar de la infancia; (2) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; (3) excesiva judicialización del sistema y (4) insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema.

Todas estas acciones, que deben ser ejecutadas de manera urgente y eficaz por parte del Estado, no se basan en medidas que competan solo al Poder Ejecutivo, sino que también a los poderes Legislativo y Judicial, y entran en la órbita de competencias de organismos autónomos, como el Ministerio Público, Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de los Derechos de la Niñez.

El Informe de la ONU tiene y tendrá muchas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, pero su efecto más relevante son los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática. Una etiqueta que le infiere al Estado de Chile un gran daño a su reputación y que le impone asumir acciones urgentes con miras a reparar a los miles de niños y niñas vulnerados por el sistema que debía protegerlos.

Se abre ahora un horizonte de hechos difícil de precisar. Resultará especialmente interesante ver cómo se organizarán las acciones de defensa y de seguimiento efectivo de la responsabilidad imputada a nuestro país, y también cómo se organizarán las entidades de defensa de derechos. Allí seguramente el litigio estratégico jugará un rol fundamental con miras a obtener sanciones y reparación para miles de niños, niñas y adolescentes.

*Fuente: CiperChile

Más sobre el tema:

https://www.youtube.com/watch?v=krxFL7dpSd0

El articulo Sename: El costo de ser un país que viola grave y sistemáticamente los derechos de los niños apareció primero en piensaChile.

El articulo Pamela Jiles: “En el parlamento encuentro muchas Lulis, Yerkopuchentos, Pamelas Díaz y Kenitas” apareció primero en piensaChile.

Ser pobre equivale a ser condenado a la cárcel, a andar pateando piedras en las calles o, como último recurso de procurarse el sustento diario, recurrir al robo, es decir, que el pobre podría estar condenado a la adicción, por ejemplo, de la pasta base, a la marginación permanente o, cuando ya las fuerzas se terminen, caer en un “tanatorio” o especie de hospital para indigentes.

El Chile, que adora el dinero por sobre todas las personas y cosas, el país de la miserable y arribista clase media emergente, cuyo único norte es repletar los malls – verdadero culto al dios-mamón que, seguramente, votará por el candidato millonario y metalizado en extremo, Sebastián Piñera – no puede soportar la convivencia con los pobres, con los inmigrantes – sobre todo si son haitianos – con los mapuches, los niños marginados y, muchas veces, abandonados, por consiguiente, hay que condenarlos a la cárcel, a instituciones de violación y muerte – como el SENAME – y como lo dice la Cantata Santa María de Iquique, “no hay que ser pobre, amigo, es peligroso ser pobre, amigo…”

El caso de la niña Daniela Vargas, muerta al negársele ser incluida en la lista de espera para un trasplante de corazón – antes el de la pequeña Lissette recluida en el SENAME, que murió por una arritmia cardíaca provocada por uno de los medicamentos suministrados a los niños muy inquietos de institución – muerta el trato inhumano y brutal que da el Estado y la sociedad en su conjunto a los niños y adolescentes que han tenido la desgracia de nacer en hogares disfuncionales – los siúticos llaman vulnerables -, pero que simplemente venido al mundo en medio de la miseria, de la marginalidad y del abandono.

Daniela Vargas fue rechazada por la Fundación Christus, red social del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, por el solo hecho – según aduce el informe – por ser vulnerable social y económicamente, lo cual, según la Comisión de Ética de esa institución, su situación personal y familiar no podía asegurar el cuidado debido en la etapa pos-operatoria – es extraño para un Ministerio de Salud, que también haya informado en el mismo sentido que la Fundación Christus – incluso, el SEMAME esta vez pretendía garantizar el cuidado pos-operatorio de Daniela Vargas -.

El hecho de ser pobre y no contar con una familia, no sólo condenó a la muerte a la niña en cuestión, sino que también fue enviada, como una pelota en un partido de futbol, en varias direcciones. La Universidad Católica optó por darle el alta médica enviándola de vuelta, en un bus, a Puerto Montt a otra institución.

Esta niña, como la mayor parte de los niños del SENAME, no tiene cabida en el sistema de salud. Hay varios testimonios, transmitidos por distintos medios de comunicación, especialmente por la televisión, en que niños cuentan desgarradoras historias de rechazo en el sistema de salud por no estar incluidos entre los violadores de layes, es decir, un niño que quiere dejar las adicciones tendría que cometer un delito – por ejemplo, robar a la entrada del hospital – para acceder a los servicios médicos.

El tratamiento que el SENAME da a niños y adolescentes constituye un grave atropello a los derechos humanos, como bien lo ha expresado, en varias ocasiones, el valiente diputado René Saffirio. Este crimen, no sólo perpetrado por el Estado, sino también por la red de Fundaciones y ONGs dedicadas al apoyo de la infancia vulnerable. Según el mismo diputado, el 97% de los hogares pertenecen a fundaciones privadas y reciben una subvención de $200.000 por niño, proporcionada por el Estado – menos que los $700.000 que Estado gasta en cada reo -.

Esta red de “protectores” de la infancia marginal es una caja pagadora, según el diputado antes citado. La atención bajo la tutela del SENAME, que son enviados por los jueces de menores, se dividen en dos categorías: los infractores de ley y los que han sido abandonados por su familia o bien, el juez considera que corren riesgo en su entorno más cercano.

Por lo general la mayoría de estas “instituciones de apoyo” a la infancia desvalida pertenecen a partidos políticos: el Partido Socialista, para los niños infractores de ley; la Democracia Cristiana, para aquellos infantes que no han delinquido, pero están bajo la custodia del SENAME.

En nuestra democracia clientelista y de “pitutos”, los favores políticos deben pagarse: nada mejor que enviar a un militante o a un operador a gendarmería, al SENAME o a alguna otra Fundación de apoyo a la infancia desvalida.

El diputado Saffirio, gracias a su porfía y consagración a la buena causa de apoyo a los niños logró, al final, que la directora del SENAME, la ex fiscal Solange Huerta, entregara la lista de niños fallecidos, determinando en algunos casos, la causa de muerte. En diez años (2005-2015), murieron 1313 niños y adolescentes que estaban bajo la tutela del SENAME en fundaciones colaboradoras.

Según el psiquiatra Rodrigo Paz muchos de los niños, en su mayoría adictos, podrían haber sido salvados con un buen tratamiento continuo, pues muchas de las muertes se producido por descuidos médicos o a negativa del sistema de salud para tratarlos convenientemente.

Cuando hay uno o más casos de impacto y escándalo público se produce el consabido sumario administrativo que, muchas veces, no llega a ningún resultado útil para determinar responsabilidades. En la muerte de Daniela Vargas, la institución Christus, y el mismo rector de la Universidad Católica, declinan toda responsabilidad y sostienen, más bien, que ellos no discriminan a ningún paciente, y que el trasplante, de haberse llevado a cabo, habría constituido un mal para la paciente, por el contrario, culpan al ministerio de Salud, pues tiene un representante en el Comité de Ética y, además, emitió un memorándum en los mismos términos en que lo hiciera la Universidad Católica.

La Universidad Católica a pesar de recibir siempre, a través del tiempo, dineros del erario público, ha sido clasista y sectaria, además, pertenece al Vaticano y sigue la línea de la iglesia católica, por consiguiente, discrimina en favor de los católicos; por otra parte, pretende impregnar de fe cristiana a la ciencia, razón por la cual la facultad de teología es la primus entre pares.

Si a Jesucristo hubiera decidido tratarse en el Hospital de la Universidad Católica es muy posible, igual que niña Vargas, no hubiera sido incluido en la lista para su tratamiento médico; a lo mejor, le hubieran “cantado” la frase del evangelio que, “el que quiera ser mi discípulo, renuncie a su familia y síganme” o la que le dice al joven rico que “venda todo, reparta el dinero entre llos pobres y lo siga”.

Las noticias de impacto público pasan con el tiempo; es seguro que los distintos escándalos, como el de la niña Daniela Vargas y, anteriormente, los escandalosos casos del SENAME, pasen de modo por el aparecimiento de otros temas. En nuestro país nadie responde por nada, salvo que se encuentre un chivo expiatorio que, generalmente, es un pobre y marginal. Los siete ministros de Justicia, bajo tras gobiernos sucesivos en que murieron 1313 niños bajo la custodia del SENAME, mirarán para el lado y se frotarán las manos porque se salvaron.

El articulo “No hay que ser pobre, amigo, es peligroso ser pobre amigo” (Cantata Santa María) apareció primero en piensaChile.