El parlamentario recordó que “en el año 2003, habían aproximadamente 40-45 incendios forestales causados por los tendidos eléctricos; ya en el año 2016 tuvimos más de 170 siniestros anuales”.

“Por lo que es tiempo de decir basta. No toleraremos más incendios por la negligencia de las compañías eléctricas; tenemos las pruebas del abandono en que dejan torres y cables, por lo que la Justicia tendrá que hacerlos responsables de ello”, sentenció.

Manifestando que, “la Ley Eléctrica indica que es obligación de los concesionarios mantener las fajas limpias”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la denuncia criminal que presentó este viernes en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores del presunto delito de incendio forestal del articulo 22 ter de la Ley de Bosques.

El legislador de Partido País explicó que, “hemos presentado una denuncia criminal en contra de la Compañía General de Electricidad, basados por cierto en la Ley Eléctrica, artículos 139 y 223, que establecen que el concesionario del tendido eléctrico tiene como obligación mantener la faja limpia y mantener a distancia los árboles del cableado, a fin de evitar un mal a la propiedad o a las personas”.

“Pero esto la CGE no lo ha cumplido”, continuó. “Tenemos pruebas de que los bosques, los árboles, el ramaje, se encuentran a escasos metros de los cables de tensión y por cierto cuando hay viento, las ramas de los pinos golpean el cableado, lo juntan, lo que provoca por cierto incendios, tal como lo ha establecido la Corte Suprema”.

“Pues debemos recordar que en un fallo de mayo del 2014, se establece claramente que el calor producido por los cables de alta tensión, y los efectos que estos pueden tener cuando se juntan son causales de incendios forestales, lo que ya ha confirmado tanto la Fiscalía como el Ministerio Público”, rememoró.

Navarro añadió que, “es por ello que el caso de la CGE de la Región del Biobío, estamos pidiendo la incautación de todas las bitácoras de mantenimiento de las empresas contratistas y de la propia compañía, de tal manera de establecer donde se han hecho las mantenciones, las limpiezas, y por cierto un informe que la PDI debiese establecer a lo largo de todos los tendidos eléctricos, de las distancias mínimas entre ramas y cables”.

“Ya que como hemos visto durante estos días, el riesgo sigue vigente en la Región del Biobío, y las compañías eléctricas, las que transmiten electricidad, tienen que garantizar a lo que están obligadas por ley, es decir, mantener la faja limpia y los árboles alejados de los cables de alta tensión”, adicionó.

Agregando que, “pues en el caso que hemos presentado esto no se cumple; las ramas están a un metro, a menos de un metro, y en algunos sectores incluso, al alcance de la mano”.

El presidente de la Comisión de DDHH del Senado enfatizó que, “esto es gravísimo y por cierto esperamos que la Fiscalía investigue y pueda establecer los responsables y pueda sancionarlos. Hay que ir a todos los motivos respecto de los incendios forestales y los tendidos eléctricos son una causal, pues si han originado siniestros, tal como lo establece la propia Conaf”.

“Puesto se ha establecido que en el año 2003, habían aproximadamente 40 o 45 incendios forestales causados por los tendidos eléctricos, y ya en el año 2016 tuvimos más de 170 siniestros, todo por culpa de estos cables, es decir, hay un crecimiento exponencial y hay responsabilidad establecida por la propia Corporación Nacional Forestal”, señaló Navarro.

El senador de Partido País finalizó recalcando que, “hemos entregado todos los fundamentos y copia de los informes de Conaf, donde ha quedado establecida la responsabilidad del tendido eléctrico, por lo que esperamos que se investigue y que las diligencias que hemos pedido se lleven a cabo a la brevedad, pues aquí no puede haber impunidad”.

“Si las compañías eléctricas y las que transportan electricidad, no hacen su trabajo, deben ser sancionadas y deben responder por el mal causado, por el daño que estos incendios han ocasionado a la propiedad privada y a la vida de las personas”, sentenció Alejandro Navarro.

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Desde el hall de entrada a la Sala de Sesiones del Senado, este miércoles por la mañana el presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, explicó los alcances de la denuncia que ingresará ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por la severa negligencia del Estado de Chile respecto a la atención de los más de 16 mil niños y niñas en listas de espera.

El legislador de Partido País manifestó que, “hemos tomado una difícil decisión: denunciar a Chile ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por una grave contravención sobre la Convención de Derechos del Niño”.

“En Chile 16 mil niños aguardan una intervención quirúrgica, por 3 meses, un año o mucho más tiempo en la mayoría de los casos. Esto no cumple con el deber del Estado de cuidar la salud de sus niños y obliga a esta denuncia”, enfatizó el senador por la Región del Biobío.

De acuerdo a Navarro, “el Estado tiene que actuar, el Ministerio de Salud debe responder. Mientras ello no ocurra, vamos a exigir la calificación de Chile como un país de alto riesgo en materia de salud de los niños, dada esta gravísima situación”.

“Pues tenemos niños y niñas que no se han podido intervenir quirúrgicamente, a pesar de que sus prestaciones están garantizadas. Esto es intolerable, un quiebre absoluto del Estado de Derecho, por ello es que vamos a denunciar al Estado de Chile, de manera de que se deba rendir cuentas por esta grave vulneración”, añadió el parlamentario.

Respecto a la crisis por la falta de médicos, Navarro fue enfático: “a partir de ahora, y con la salida de centenares de médicos extranjeros del sistema público, esto va a tender a agravarse”.

“Y pese a que en octubre del 2015 y con la firma de 257 alcaldes y alcaldesas de todo Chile, le entregamos a Carmen Castillo una carta con una propuesta para traer una misión de médicos extranjeros a nuestro país, aun no tenemos una respuesta desde del Minsal”, aseguró.

“Junto con ello”, agregó, “y pese a que Contraloría dictaminó en noviembre pasado que ante la escasez de médicos, se debe priorizar la servicialidad y el interés superior de acceder a la atención en salud y que por tanto, es posible contratar por un período determinado a médicos que no hayan rendido o aprobado el EUNACOM, intencionadamente o por desinformación, se está ignorando dicha resolución”.

“El Ministerio de Salud y el Estado de Chile están actuando con desprecio por la vida de los chilenos y chilenas, sin importarles quienes fallecen esperando atención cada semana, ni que hoy tengamos a 12 mil niños y niñas esperando por una cirugía, confiando en mejorar su vida o en algunos casos, salvarla”, finalizó el senador de Partido País, Alejandro Navarro.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

• El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, manifestó que “me ha sorprendido y me ha causado dolor ver el inserto de la Sociedad de Fomento Fabril”.

• “Pues con dicha declaración, se demuestra que en vez de buscar el fin al conflicto, en vez de buscar una solución a lo que ocurre en la Araucanía, los empresarios siguen más preocupados de su derecho a la propiedad de terrenos ancestrales usurpados”, agregó.

• “Y lo que es más grave aun”, recalcó, “es que con dicho manifiesto están haciendo un sedicioso llamado al uso de las Fuerzas Armadas, tal como lo hicieron antes de que se instaurase en nuestro país la dictadura de Pinochet”.

Enfatizando que, “esto tiene solo dos interpretaciones: o es una acción sediciosa para la intervención de las FFAA, tal como ocurrió el 73, o es un llamado a la ocupación militar de la Araucanía, dado el fracaso del gobierno y de la policía civil”, el senador Alejandro Navarro se refirió al inserto que la Sociedad de Fomento Fabril y otras 42 entidades gremiales publicaron este miércoles en el Diario La Tercera, para supuestamente hacer un llamado a la paz en la Araucanía.

El legislador de Partido País señaló que, “quiero decir que me ha sorprendido y me ha causado dolor ver este inserto. Porque aquí la Sofofa no busca la paz, busca la defensa del derecho de propiedad, el sagrado derecho a la propiedad”.

“Aquí no se está buscando la armonía social; buscan simplemente la protección de sus intereses”, añadió el senador por la Región del Biobío.

De acuerdo a Navarro, “en el inserto señalan que se ha violentado el Estado de Derecho; dicen que es fundamental que el Gobierno cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución de la República; que se fortalezca el principio de integración social como fundamento del diálogo, e instan al Ejecutivo a asumir su responsabilidad de aplicar políticas públicas y eficientes”.

“Y yo les pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de la Sofofa”, enfatizó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado.

“Pero lo más grave de este inserto”, prosiguió, “es que los empresarios chilenos están repitiendo el discurso que utilizaron durante la Unidad Popular, en tiempos en que el presidente era Salvador Allende y donde muchos quienes veían afectados sus intereses económicos, abogaban por el uso de las fuerzas armadas”.

“Pues todo Chile sabe en que terminó ese sedicioso llamado: con el bombardeo a La Moneda, con un presidente derrocado y con la instauración de una de las dictaduras más sangrientas de las que se conozca en tiempos modernos, con miles de compatriotas muertos o aun desaparecidos”, recalcó.

Para Navarro, “por ello es que nos preocupa y nos duele el tono utilizado por los empresarios, pues ellos tienen más claro que nadie que en Arauco lo que hay no es el robo de madera, lo que existe es el robo de tierra”.

“Es el robo por parte de empresas forestales que durante un siglo han usurpado los territorios ancestrales de las comunidades Mapuche y que además, gracias al polémico DL-701, emitido en 1974 en plena Dictadura Militar y que subsidia sus plantaciones, se han ahorrado casi US$ 700 millones, dineros que han salido del Fisco por cierto”, recordó.

Responsabilidad empresarial

De acuerdo al parlamentario de Partido País, “las organizaciones empresariales se limitan a repetir lo que han dicho por los últimos 30 años: que el conflicto de la Araucanía es un problema entre el Estado y el pueblo Mapuche”.

“¿Y dónde está la responsabilidad de las forestales, que han ocupado un 80% del territorio en la provincia de Arauco en la Región del Biobío?, ¿Dónde está la responsabilidad de aquellos que han usurpado las tierras?”, se preguntó el legislador.

Según el parlamentario, “en el inserto no hay mención alguna a la unidad público-privada para enfrentar este gran tema, no hay mención alguna de que allí hay un conflicto social; se responsabiliza en cambio al Estado y al Gobierno”.

“El problema Mapuche es un problema de Chile y que incluye a los empresarios, quienes están viendo afectados sus intereses. No pueden marginarse y esperar que el Estado una vez más, les va a resolver el problema”, recalcó.

En la misma línea Navarro señaló que “en un país en el que impera el libre mercado, la responsabilidad moral, política y económica no depende solo del Gobierno, sino de las empresas forestales, toda vez que el avance indiscriminado de la industria sobre el territorio ancestral no puede tener otra reacción que la resistencia política y territorial”.

“Por ello es que resulta irónico que la Sofofa hable de violencia, pero no mencione los arsenales que se han encontrado en manos de personas anti Mapuche, sin condena alguna por cierto, o que tampoco mencione los auto-atentados que han realizado empresarios, quienes quemaron sus camiones para cobrar seguros, culpando a los Mapuche, incendiando los camiones pero no la carga, pues es lo que estaba asegurado”, recordó el parlamentario.

Finalmente, el legislador de Partido País señaló que, “lo hemos repetido innumerables veces: deben terminarse los beneficios hacia los responsables de la violencia, pero es necesario aclarar que el responsable acá no es el pueblo Mapuche, por lo que los beneficios que deben terminarse son los subsidios a las forestales, la exención tributaria y la utilización de Carabineros como guardias privados”.

“El Estado usurpó las tierras Mapuche para que fueran compradas por los empresarios, por las forestales, quienes de manera inclemente, de manera despiadada, han usufructuado de esos terrenos, obligando al pueblo Mapuche, una cultura cuyo sostén económico, cultural y espiritual es la tierra, a rebelarse”.

“Es inmoral entonces culpar únicamente al Gobierno, cuando el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, estableció que en comunas del Biobío y la Araucanía, las forestales detentan hasta el 80% del territorio”, sentenció Alejandro Navarro.

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• Familia decidirá en los próximos días cuando se ingresará petición de indulto presidencial.

Hasta la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, llegó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, a fin de presentar a Lorenza Cayuhán el Proyecto de Ley que tiene el nombre de su hija Sayén y que “busca suspender la sentencia penal y dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas, o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de tres años”.

Al respecto, el legislador de Partido País expresó que, “Chile y el mundo entero conocieron el caso de Lorenza Cayuhán, comunera Mapuche que, condenada gracias a un juicio fraudulento y estando recluida en la Cárcel de Arauco, debió someterse a una cesárea de urgencia con siete meses de embarazo, la que tuvo con sus pies esposados el uno al otro y además, con un gendarme varón mirando todo el proceso”.

De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “su caso no sólo puso en evidencia los procedimientos irregulares de Gendarmería y la falta de criterio de sus funcionarios/as, sino que visibilizó el trato indigno e inhumano que reciben las mujeres reclusas durante una etapa propia de su condición biológica, el embarazo y parto del mismo, tratos que trascienden en la vida de sus hijos e hijas, principalmente al gestarse, nacer y vivir privados/as de libertad durante sus primeros años de vidas”.

“Y entendiendo que a nivel internacional el estándar principal ha sido resguardar el interés superior de los niños y niñas, es que hemos ingresado este proyecto al Parlamento, que lleva por nombre Ley Sayén, y que propone crear una nueva figura procesal dentro del proceso penal, la cual sería la suspensión de la condena para el caso de mujeres embarazadas o aquellas que tengan hijos o hijas menores de 3 años”, expresó Navarro.

“Estuvimos hoy con Lorenza y su familia”, agregó, “y le presentamos esta propuesta, y percibimos que está muy de acuerdo con ella y la apoya, pues no quiere que la terrible experiencia que debió soportar le ocurra nunca más a otra mujer que Chile”.

Indulto

Respecto al indulto presidencial, Navarro reveló que “lo conversamos también con Lorenza y su familia, y todos están de acuerdo en hacer la petición lo más pronto posible”.

“Por lo que durante los próximos días, se ingresará un Proyecto de Acuerdo en el Parlamento, de forma que los legisladores hagan la petición a la Presidenta Bachelet en paralelo a la que le hará directamente Lorenza”, explicó.

“Pues”, añadió, “debemos recordar que tanto Lorenza como sus hermanos fueron condenados con un juicio fraudulento, donde los testigos encubiertos se contradecían entre sí al entregar sus versiones y hubo un testigo oculto que ni siquiera quiso ratificar su versión a lo largo del proceso”, señaló.

“Y además en el caso específico de ella, debió dar a luz por cesárea, un procedimiento que aumenta de 4 a 6 veces el riesgo de morir que en un parto normal, por lo que se esperaba que al menos se respetase su dignidad. Pero en vez de ello, fue torturada, engrillada desde el momento que salió de la Cárcel de Arauco hasta la sala de parto en la Clínica de la Mujer, donde dio a luz con una cadena entre sus pies y con un gendarme varón mirando todo el proceso”, recordó.

Para Navarro, “creo que esta violación a los derechos humanos es mérito más que suficiente para darle un indulto, pero a ello hay que sumar que tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNICEF, enfatizan que cuando una mujer es violentada durante su gestación, parto y primeros años de crianza, el vínculo de apego se ve perjudicado y por lo tanto, también la salud integral del niño y de su madre”.

“Y desgraciadamente, Lorenza, debido a la tortura que debió pasar, sigue muy afectada psicológicamente, el pelo se le ha caído y no sabemos aun como afectará todo lo ocurrido al desarrollo futuro de Sayén. Por lo que este indulto presidencial debiese primero ser apoyado por todos los parlamentarios y luego, esperamos, aprobado a la brevedad por Michelle Bachelet. Es lo mínimo que el Estado de Chile puede hacer para paliar en parte el tremendo daño que se le ha hecho”, finalizó el senador Alejandro Navarro.

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• El legislador del Partido País recalcó que “tenemos dos propuestas concretas para resolver el conflicto hoy mismo, pero pese a que los mineros pasaron Navidad bajo la mina junto a sus familias, desde La Moneda aun no parecen comprender la gravedad de la situación”.

• “Y hoy, a 24 horas de celebrarse el Año Nuevo, y cuando los trabajadores han dicho que lo pasarán a 600 metros de profundidad, el Gobierno sigue con su postura cerrada, testaruda, de querer solucionar a la antigua un conflicto que podría terminarse hoy mismo”, recalcó Navarro.

• “Pues si pretenden usar la misma fórmula que con Fontaine y Danús, y regalarle la mina a otro empresario, quiere decir que el Ejecutivo sigue con la añeja ideología capitalista, la cual es entregarle gratis los recursos naturales del país, a quien tenga algo de dinero para invertir”, enfatizó.

Reiterando su fuerte crítica hacia el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, “por su gran indolencia frente a una situación extrema, donde más de 170 familias sufren cada día más”, el senador Alejandro Navarro se refirió a lo ocurrido en la mina Santa Ana de Curanilahue solo a un día de celebrarse año nuevo, acontecimiento que los mineros han decidido pasar bajo el yacimiento.

Para Navarro, “no se ve voluntad política del Ejecutivo para resolver este conflicto ahora. Cuando Aleuy señaló que no viajaría a la mina, por tratarse de un conflicto entre privados, provocó gran desazón entre los trabajadores, pues les dio a entender que el Gobierno, el que fue elegido para liderar los destinos de todos los chilenos y chilenas, les estaba dando la espalda”.

“Pero pese a esta indolencia”, continuó el senador por la Región del Biobío, “los mineros no desfallecieron, y han seguido buscando soluciones para resolver el conflicto lo más pronto posible”.

“Es por ello que ya existen dos propuestas que se deben evaluar con suma urgencia. La primera de ellas puede provenir de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, ya que esta entidad tiene instrumentos para poder generar apoyo a la mina a cargo de los mineros”, explicó.

Agregando que, “pues existe el llamado Fondo de Activo Fijo, enmarcado en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento de la Presidenta Bachelet y que tiene como objetivo desarrollar y reactivar la economía, y que se ha aplicado como incentivo tanto en turismo, como en el plano forestal”.

“Junto al diputado Manuel Monsalve”, adicionó, “hemos pedido que se active este fondo para la mina, como un instrumento financiero que permita por ejemplo, reponer los rieles, comprar la indumentaria de seguridad y otros aspectos, que harían suplir en gran medida los requerimientos necesarios para echar a andar la mina nuevamente”.

Navarro indicó que, “junto con ello, está la propuesta de un empresario, quien tiene aproximadamente 100 de los 500 millones necesarios para reanudar las faenas. Sin embargo, el Gobierno insiste en entregarle la propiedad a este privado como solución, en vez de ver crear una cooperativa para que los mineros sean dueños de la misma”.

“Lo que hemos propuesto”, señaló, “es un arrendamiento a dicho empresario con posibilidad de compra, y que a los mineros les parece una buena idea, pues así al echar a andar la mina y tras la venta del carbón, se generarán recursos que permitan pagarles lo adeudado”.

“Y más adelante, cuando se cancele lo más importante que es el sueldo y las cotizaciones impagas de los trabajadores, con los réditos que seguirá obteniendo este privado, podrá optar a comprar la mina y aumentar aun más su capital si así lo desea”, manifestó el senador por la Región del Biobío.

Alejandro Navarro finalizó diciendo que, “lamentablemente, no se ve voluntad para esto. Pues el privado propuesto por La Moneda no da señales y el Gobierno lo único que ha hecho es insistir en la fórmula errada, añeja y conflictiva que generó todo este problema, y que fue entregarle la mina en bandeja a un par de empresarios, casi gratis, solo para que luego de unos años estos se escaparan, dejando a los trabajadores a su suerte”.

“Lo hemos recalcado, esa fórmula hasta ahora no tiene asidero y el tiempo pasa. Los mineros llevan 27 días en huelga bajo la mina, han cerrado los accesos, pasaron Navidad allí junto a sus familias y ahora pretenden hacer lo mismo para Año Nuevo, en 24 horas más. Claramente no será una celebración, a no ser que el Gobierno ceda y actúe pensando primero en la ciudadanía. La decisión está en sus manos”, sentenció el candidato presidencial de Partido País.

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• Alejandro Navarro recalcó que “esta es una situación grave y es la respuesta por cierto a la ausencia del Ejecutivo, pues la compra por parte de un privado se diluyó ya hace dos semanas; hoy no hay empresarios que quieran comprar la mina y los que querían, la querían a precio de huevo”.

• “Por tanto”, agregó, “el Gobierno tiene que asumir la crisis. Aquí es posible tener el aporte del FNDR, el Gobierno sabe que es un trámite legislativo, y ya está unanimidad del Congreso, pues tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron por respaldar dicha propuesta”.

• “Si se requiere una ley para asignar los recursos, se hará una ley. Lo que no puede ocurrir, es que los mineros sigan sin comunicación, en el fondo de la mina, esperando que ocurra una desgracia”, enfatizó el senador por la Región del Biobío.

Como “en peligro latente y de alto riesgo” calificó el senador Alejandro Navarro la situación en la que se encuentran hoy los 70 mineros que llevan 21 días en huelga al interior de la mina Santa Ana, “tras la decisión de los trabajadores de cerrar los dos accesos al yacimiento y no contestar las llamadas del citófono, único medio de comunicación que tenían con la superficie”, comentó el legislador.

Navarro comentó que “esta decisión extrema se produjo producto de la torpeza política que ha tenido el gobierno regional, que por querer ocultar su inoperancia y por tratar de bajarle el perfil a esta crisis, informó a La Moneda que los mineros no estaban en huelga efectiva al interior de la mina, sino que subían y bajaban al pique y que incluso, iban a sus casas”.

“Con todo esto”, prosiguió, “faltándoles el respeto a los mineros y riéndose así de los duros días que han vivido abajo de la mina, en precarias condiciones, lejos de sus familias y con la salud deteriorada por las 3 semanas que llevan sin ver la luz natural”.

El legislador del Partido País, explicó que “la huelga la están haciendo 160 mineros, 70 de ellos abajo de la mina, 10 de ellos en huelga de hambre hace 12 días; y los demás en toma en la superficie, durmiendo en las instalaciones, en mesas, en sillas juntas y en el suelo”.

Agregó que “lamento que el gobierno sea tan indolente y que haga comentarios falsos para tratar de justificar su inoperancia. Lamento que hablen de la situación de la mina cuando ninguna autoridad gubernamental se ha hecho presente en la Mina Santa Ana”.

Uno de los mineros, Melanio Muñoz, relató que “estos 21 días en la mina no han sido buenos, porque, ¿quien quiere estar aquí viviendo por casi un mes? Durmiendo sentado a ratos, en malas condiciones. Sin comer bien y alejados de la familia”.

“Mis compañeros abajo estarán hasta las últimas consecuencias”, continuó, “que no se olviden de esto las autoridades. Y nosotros, los que hemos trabajado siempre en la superficie, también, y apoyándolos férreamente a ellos, porque son ellos los que están llevando el peso de esto”.

Muñoz agregó “Presidenta, responda ahora, esto urge. ¿Se imagina usted sacar 70 personas desde abajo de la mina, sacarlas sin vida, será bueno eso para el país, una buena imagen para Chile?, recalcó el trabajador.

Otro de los mineros, Luis Jofré, recordó que, “nosotros no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo trabajo”.

“Todos los que laboramos queremos trabajo. Casi todos pasamos los 50 años de edad. ¿Dónde nos van a dar trabajo en otra parte?¿Qué vamos a llevar a nuestros hogares? No queremos una solución en 15 días más, en un mes más, la necesitamos ahora, porque ahora es cuando nuestros compañeros están sufriendo las consecuencias bajo la mina”, adicionó.

El presidente del sindicato, Luis Chandía, explicó que los accesos fueron cerrados por dos motivos principales: “uno es que se sintieron muy humillados y muy abandonados en la fiesta de navidad, donde sus familias bajaron a acompañarlos a la mina”.

“El segundo motivo”, señaló, “es que desde el gobierno regional se trasmitió hacia el gobierno central que los 70 trabajadores que están al interior de la mina hace 3 semanas no estaban efectuando una huelga completa, se dijo que ellos salían, iban a sus casas y luego regresaban”.

“Eso es falso y generó malestar en los trabajadores, y eso gatilló precisamente bloquear los accesos, para así disipar cualquier duda sobre la huelga efectiva que están realizando en el interior de la mina”, añadió.

El dirigente finalizó haciendo un llamado a Michelle Bachelet: “por favor señora Presidenta, hay formas de salir de esto, ponga intención en formar una mesa de diálogo, para ver la forma de salir de esta situación tan complicada, hay que pensar en la angustia de los trabajadores, aquí hay abandono, hay viejitos enfermos, quienes podrían sufrir alguna descompensación en su salud y que podemos hacer nosotros si ni siquiera estamos comunicados con ellos. No queremos que esto termine en una tragedia”.

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El legislador del Partido País, expresó que “lo advertimos durante la discusión de la Ley de Presupuesto: va estallar un conflicto en la mina Santa Ana debido a la falta de capacidad política de adelantarse a los conflictos”.

“Y hoy, casi un mes después, 60 mineros siguen con su protesta bajo la mina, con 10 de ellos en una huelga de hambre que ya los está descompensando”, agregó.

“Por lo que el Gobierno debe darles una pronta solución. Lo peor sería lamentar a un minero fallecido, porque ahí va a arder Arauco”, enfatizó Navarro.

Recordando que, “el costo para sacar a los 33 mineros del norte fue de US$ 20 millones, y los de Curanilahue solo requieren de los recursos para echar a andar la mina”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la situación en la Mina Santa Ana de Curanilahue, tras visitar el yacimiento este martes.

El legislador del Partido País manifestó que, “lo dijimos durante la discusión de la Ley de Presupuesto: el Senado tomó una decisión errada, dura, que está afectando directamente a los mineros de Santa Ana de Curanilahue y a sus familias, pues sin la aprobación de los dineros, no pueden poner en operación el yacimiento, que es lo que los trabajadores más quieren, lo han hecho durante todas sus vidas y además, lo hacen muy bien”.

Luis Chandía, presidente del sindicato de los ex trabajadores de la mina, señaló que “aquí lo único que queremos es seguir trabajando. Para eso el Gobierno tiene que cumplir con el último punto del protocolo de acuerdo que sostuvimos hace meses, y que tenía relación con la continuidad de la mina”.

“Y es molesto cuando personeros del Gobierno vienen a reunirse con nosotros, a decir que hemos recibido un finiquito, cuando eso es absolutamente falso”, agregó el dirigente”.

Según Luis Medina, uno de los mineros, “se nos prometieron grandes cosas, subsidios para cursos mientras se solucionaba esto. Pero el Sence dejó de darnos aquello desde septiembre”.

“Ahora el Estado se ha negado a darnos los recursos, los que necesitamos para seguir funcionando, por lo que creemos que el gobierno puede hacer algo, creo que les falta voluntad. Son nuestras familias e hijos quienes más lo necesitan”, añadió.

Otro de los trabajadores, Manuel Rocha, recalcó que “que si tenemos que pasar la navidad en la mina, lo haremos, y nuestras familias lo harán con nosotros. Por ello esperamos que la Presidenta pueda pensar en nosotros y en nuestra situación”.

Arauco está abandonado

El senador Navarro prosiguió: “aquí queda carbón de buena calidad por al menos 7 años, es decir, se puede seguir extrayendo el material hasta al menos el 2022. Por ello es que durante la discusión de la Ley y junto a Felipe Harboe y Víctor Pérez Varela, pedimos que se incluyeran los dineros para que la mina siguiese operando”.

Según el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “debemos recordar que el tema del carbón se instaló en la provincia de Arauco como un conflicto social, de desarrollo productivo, en una zona donde hay diversos problemas tales como la pesca, el ámbito forestal y lo relativo a las tierras Mapuche”.

“Y en el caso específico de Santa Ana, nadie olvida que debido la inmoralidad de los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine, sumada a la ineficiencia del gobierno, los mineros de Santa tomaron una drástica decisión el año pasado, cuando un gran grupo de estos decidió encerrarse a una profundidad de 900 metros”, agregó.

“Esto debido a que tras el escape de estos accionistas, los trabajadores quedaron sin sus sueldos y con las cotizaciones impagas de casi un año. Y pese a que existía un riesgo directo a sus vidas, por la presencia del gas metano, capaz de formar atmósferas explosivas, ellos se mantuvieron allí hasta que logramos mediar junto al Monseñor Chomalí, para que se sentaran a negociar con el gobierno en una mesa de trabajo y salieran de la mina”, recordó el legislador del Partido País.

“Y hoy, debido a la intransigencia del gobierno, que por una ínfima parte de lo que se gastó para rescatar a los 33 podría entregar una solución en Curanilahue, 60 mineros siguen con su protesta bajo la mina, con 10 de ellos en una huelga de hambre que ya los está descompensando”, enfatizó el senador por la Región del Biobío.

Alejandro Navarro finalizó haciendo un llamado al Ejecutivo: “deben darles una pronta solución. Ellos no quieren tener subsidios por no hacer nada, quieren los recursos para seguir operando, trabajando. Lo peor sería lamentar a un minero fallecido, porque ahí va a arder Arauco”.

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