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Alemania: El «carbón de sangre» que importa desde Colombia

Redacción piensaChile — Sun, 29 May 2022 21:47:28 +0000

29 de mayo de 2022

Cerrejón, la mina de carbón que puede ser dilema moral para Alemania

Cerrejón se parece a un paisaje lunar. En el norte de Colombia, las excavadoras se abren paso a través de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, con una superficie de unos 690 kilómetros cuadrados.

Esta mina operada por el consorcio suizo Glencore en el departamento de La Guajira produjo 23,4 millones de toneladas de carbón el año pasado. La cantidad total es destinada a la exportación, y a futuro posiblemente llegará en mayores volúmenes a Alemania.

Debido a la guerra de agresión en Ucrania, la Unión Europea (UE) impuso un freno a las importaciones de carbón desde Rusia, por lo cual el Gobierno germano actualmente busca alternativas en todo el mundo.

A pesar de la expansión de la energía eólica y solar, el carbón sigue teniendo una participación del nueve por ciento de la generación total de electricidad en Alemania.

Después de Rusia, Estados Unidos y Australia, Colombia fue el cuarto país más importante de procedencia del carbón en Alemania en 2021, representando el 5,7 por ciento de todas las importaciones. En total, salieron de allí 2,3 millones de toneladas de carbón.

Por ese motivo, recientemente el canciller alemán Olaf Scholz se comunicó telefónicamente con el presidente colombiano, Iván Duque. Según puntualizó un comunicado de la Presidencia de la nación sudamericana, Colombia evalúa la posibilidad de aumentar las exportaciones de carbón hacia Alemania para fortalecer su seguridad energética.

Desde comienzos de año, las importaciones desde Colombia crecieron fuertemente. En el primer trimestre, el volumen importado desde Colombia llegó a 1,1 millones de toneladas, informó la Asociación de Importadores de Carbón. “En comparación con el año anterior, esto es un aumento del 62 por ciento”, comentó un portavoz.

Y es probable que la demanda aumente en general si el suministro de gas ruso se desploma o incluso se paraliza por completo. Si esa situación amenaza con concretarse o efectivamente sucede, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, tiene previsto que más centrales eléctricas de carbón vuelvan a activarse temporalmente para la generación de electricidad en el país.

Pero un incremento de los volúmenes de importación podría colocar al Gobierno germano ante un dilema moral. Porque los indígenas y activistas en La Guajira ya hace tiempo que denuncian violaciones a los derechos humanos y a los estándares ambientales en torno a El Cerrejón.

“Sin lugar a dudas la decisión del Gobierno alemán tendrá consecuencias negativas para los derechos de los indígenas y las comunidades campesinas de La Guajira”, alerta la coordinadora del programa de derechos humanos de la organización no gubernamental Cinep, Jenny Paola Ortiz.

Muchos indígenas se vieron desplazados de los lugares donde habitaban a causa de la expansión de la mina. Cerrejón consume a diario 24 millones de litros de agua en el semidesierto de La Guajira. O sea, una cantidad suficiente como para abastecer a unas 150.000 personas.

Además,

ya desaparecieron 17 ríos y arroyos, mientras que unos 30 fueron desviados de su curso. El más reciente ejemplo es el desvío que sufrió el arroyo Bruno a causa de Cerrejón, para que la mina pueda agrandarse e incrementar su producción.

“El arroyo Bruno es una de las pocas fuentes de agua que les quedan a los indígenas“, explica Socarrás. “Desviarlo significa la muerte de cientos de personas”.

Además, el arroyo es considerado sagrado para las comunidades afrocolombianas e indígenas. Solamente en sus orillas crecen decenas de plantas medicinales.

Cerrejón, con sus miles de trabajadores, es el más importante empleador de la región pobre de La Guajira. Por lo tanto, muchos habitantes están a favor de la mina, incluso pese al polvo negro, al agua que se contamina y a las enfermedades posiblemente causadas por la explotación carbonífera.

El Gobierno colombiano, en tanto, apuesta a la exportación de materias primas como motor para lograr un mayor crecimiento, mientras que dos tercios de su propia energía proceden de la fuerza hidráulica.

El candidato izquierdista a la presidencia Gustavo Petro, quien marcha primero en las preferencias de cara a la primera vuelta de las elecciones el próximo domingo, aspira a frenar la exploración de petróleo. Y calificó de venenos a los tres principales productos de exportación de Colombia: el carbón, el petróleo y la cocaína.

Pero, quien salga al cruce de los intereses económicos, vive en peligro en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Según la ONG Global Witness, la violencia procede principalmente de ex paramilitares, disidentes de las organizaciones guerrilleras y las fuerzas de seguridad estatales.

Solamente durante 2020 fueron asesinados en el país 65 protectores y activistas del medio ambiente. “No temo por mi vida, sino por la de mi familia“, afirma Socarrás.

De todas maneras, no se propone cejar en su pelea contra Cerrejón. “Estoy convencido de que estoy haciendo lo correcto: por mi comunidad, por la naturaleza y por mis antepasados”, concluye.

*Fuente: Udegtv

Plantón por la defensa del arroyo Bruno. Sector de P7 vía Albania-Paradero.. no a la explotación del arroyo Bruno #LiberenAlBruno pic.twitter.com/zSzQYDWTEy

— Luis Misael Socarras (@MisaelWayuu) April 9, 2022

Luis Misael Socarrás, de la comunidade indígena Wayuu, fue amenazado recientemente por hombres armados en motocicletas. De acuerdo con su testimonio, estos hombres -que rodearon su casa y la de su madre- lo estaban buscando. “Y todo eso por nuestra lucha contra Cerrejón”, denuncia.

No nos dejaremos intimidar… seguimos en la lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio…después preguntan quien nos amenaza, juzguen ustedes….#LiberenAlBruno pic.twitter.com/WGVDiL33Uw

— Luis Misael Socarras (@MisaelWayuu) April 10, 2022

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Alemania: ¿Planifica Scholz una «explotación colonial»?

Estado: 25.05.2022 17:46 Uhr
Una llamada telefónica del canciller Scholz al presidente colombiano habría propiciado la ampliación de una polémica mina de carbón gracias a las importaciones alemanas. Según la investigación del programa televisivo Kontraste, esto se ha encontrado con duras críticas del grupo parlamentario de los Verdes.

La búsqueda de fuentes de suministro alternativas tras el embargo de carbón a Rusia encierra material político explosivo para la coalición semásforo (Nota del traductor: rojo, verde y amaraillo son los 3 colores de los partidos SPD, Verdes y FDP). Causa de ello es una llamada telefónica del canciller Olaf Scholz (SPD) al presidente colombiano Iván Duque el 6 de abril. El mismo día de la llamada del Canciller a Colombia, las comunidades indígenas que se habían quejado contra la ampliación de la mayor mina de carbón del país, «El Cerrejón», y el desvío de ríos, recibieron un correo electrónico del Ministerio de Medio Ambiente colombiano en el que se les informaba de que se había dado luz verde a la ampliación de la zona minera.

Tras una denuncia de los grupos indígenas, la Corte Constitucional colombiana frenó por el momento el proyecto y exigió nuevos estudios ambientales. El interés alemán por la hulla colombiana ha alimentado así el conflicto ya existente en torno a la mina a cielo abierto «El Cerrejón».

¿La Iniciativa de Scholz va contra a los acuerdos en comisión?

En una entrevista con el programa político Kontraste de ARD (tv alemana), Kathrin Henneberger, diputada de Los Verdes en el Bundestag y miembro de la Comisión de Protección del Clima y Energía del Bundestag, expresó su irritación por la medida. Sólo se había enterado de la llamada del Canciller y del previsto aumento de las importaciones por la prensa colombiana. El diputado subrayó que la medida «contrasta con lo que hemos debatido en detalle aquí en la comisión durante los últimos meses«.

Otras investigaciones de Kontraste revelan que, efectivamente, Henneberger había exigido en la comisión del 25 de febrero una aclaración sobre la gestión de las importaciones de hulla procedentes de Colombia. En respuesta, el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, declaró que las consideraciones humanitarias y el impacto ecológico seguirán teniéndose en cuenta a la hora de importar materias primas.

Fuertes críticas del grupo parlamentario de los Verdes

Es dudoso hasta qué punto esto se aplica a la iniciativa de la Cancillería de aumentar el carbón colombiano. Henneberger critica:

«En las zonas de extracción de carbón del norte de Colombia se violan masivamente los derechos humanos y se daña masivamente el medio ambiente local». Importar «carbón de sangre» de esta región es un error.

Según Henneberger, las importaciones de carbón de Colombia son una «explotación colonial». En lugar de aumentar la producción de carbón, Alemania debería pagar indemnizaciones a todos los que sufren los daños medioambientales causados por la producción de carbón. «Ahora necesitamos un discurso honesto sobre cómo podemos hacer justicia por los daños causados en las últimas décadas pagando medidas de compensación». Al mismo tiempo, Henneberger pide que se intensifiquen los esfuerzos para ahorrar energía en Alemania.

Para los Verdes, la credibilidad está en juego en la cuestión del carbón. El partido ha criticado repetidamente el impacto de la minería del carbón en el Sur Global. No en vano, siendo diputada en 2019, la entonces líder del partido, Annalena Baerbock, enumeró las violaciones medioambientales y de derechos humanos en la minería del carbón en Colombia como parte de una pregunta al Gobierno. Sin embargo, aparte de Kathrin Henneberger, que fue portavoz de prensa de la alianza de acción contra el carbón Ende Gelände hasta 2020, ningún otro diputado de los Verdes quiso posicionarse públicamente sobre las nuevas importaciones cuando fue preguntado por Kontraste.
Algunos miembros del grupo parlamentario de los Verdes ya habían pedido internamente la renuncia a las importaciones adicionales de hulla hace unas semanas. En lugar del Ministerio de Economía liderado por los Verdes de Robert Habeck, la Cancillería tomó entonces la iniciativa en la polémica investigación en Colombia.

«Relación tóxica»
Preguntada por Kontraste, la Cancillería no responde a las críticas sobre las importaciones de carbón colombiano. Sin embargo, un portavoz del Gobierno confirma la llamada de la Canciller a Colombia y explica el procedimiento: «Desde el comienzo de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, el Gobierno Federal ha estado trabajando en la reducción de su dependencia de la energía fósil de Rusia. Esto se hace en estrecha coordinación entre la Cancillería Federal y los ministerios».
Pero hasta qué punto la Cancillería y el Ministerio de Economía se han coordinado en este caso; la Cancillería tampoco facilitó información al respecto. En cuanto a la crítica situación ambiental y de derechos humanos en las minas colombianas, el Ministerio de Economía se remite a la Ley de Diligencia Debida, que entrará en vigor en 2023. Esto «también obligará a los importadores de carbón a seleccionar a sus socios contractuales extranjeros en función de si se respetan las normas medioambientales, sociales y de derechos humanos a nivel local». Sin embargo, la ley, que aún fue aprobada por la gran coalición, es considerada por los críticos como insuficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las cadenas de suministro.

Las importaciones alemanas de carbón procedentes de Colombia habían disminuido considerablemente en los últimos años. Los sindicalistas asesinados, la expulsión de la población de los pueblos y los problemas ecológicos masivos no dan buena imagen a las empresas del carbón y a sus socios comerciales alemanes. Como resultado, se volvieron aún más hacia Rusia: en 2021, más de la mitad de las importaciones de hulla de Alemania procedían de Rusia, con 20 millones de toneladas al año. En el transcurso de la guerra de Ucrania, las importaciones de carbón procedentes de Rusia disminuyeron rápidamente, mientras que las importaciones alemanas procedentes de Colombia se dispararon hasta alcanzar las 690.000 toneladas en marzo, unas tres veces más que en el mes anterior.

El actual giro en la política de importación de Colombia es «indignante», afirma Anderson Sandoval, de «Unidos por La Paz – Alemania», una organización de colombianos residentes en Alemania. Sandoval está decepcionado: «Creía que poco a poco íbamos superando la relación tóxica entre Alemania y Colombia. Ahora hemos retrocedido 20 años».

-El autor, Fabian Grieger, es periodista de rbb

*Fuente: Tagesschau

Unidos por la Paz Alemania

Rechazo al aumento de importaciones del carbón colombiano a Alemania

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El pasado 6 de abril de 2022, el canciller alemán Olaf Scholz sostuvo una llamada con el presidente de Colombia, Iván Duque. Hablaron, entre otros, de aumentar las importaciones de carbón mineral colombiano a Alemania. Con ello, Alemania reemplazará en parte su demanda de carbón ruso, para cumplir con las sanciones puestas a este país por la invasión a Ucrania.

Nosotras, Unidas por la paz – Alemania, como colectivo de la diáspora colombiana comprometido con la defensa de las comunidades excluidas en nuestro país, rechazamos contundentemente este aumento de la demanda de carbón colombiano. Está comprobado que las mayores exportadoras de carbón en Colombia han cometido numerosas violaciones de derechos humanos y ambientales que han afectado sobre todo a las comunidades que habitan en las zonas de explotación. Los peores abusos se presentan en las regiones La Guajira y Cesar, donde se extrae 90% del carbón del país.

La creciente demanda por carbón colombiano da un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de Latinoamérica, ubicada en el territorio de los indígenas Wayú, en la Guajira, al norte de Colombia. La firma Glencore, propietaria de El Cerrejón, había anunciado el año pasado el cierre de la mina por la baja demanda del material, pero ahora planea aumentar su producción, para suplir, entre otras, la demanda de Alemania.

Un día después de la llamada entre los dos jefes de estado, El Cerrejón recibió el permiso del gobierno Iván Duque para desviar el arroyo Bruno y explotar el mineral que se encuentra en su lecho. El arroyo Bruno es el principal afluente del Río Ranchería, único río de la región desértica de la Guajira, del que dependen múltiples comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para sobrevivir. Expertos advierten que la desviación del arroyo causará que se seque, impidiendo el acceso al agua de miles de personas.

El permiso de explotación del carbón del arroyo Bruno fue concedido por el gobierno del presidente Iván Duque sin el consentimiento del pueblo Wayú ni de los expertos que advirtieron del peligro de sequía. Con esto, el presidente viola una sentencia de la corte constitucional colombiana que impedía la desviación del afluente sin antes consultar a las partes afectadas. Este es otro de los actos autoritarios del actual gobierno, que se dio a conocer internacionalmente por sus graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de 2021.

Entendemos que la compra de carbón ruso está financiando la tragedia del pueblo ucraniano, por eso saludamos el intento de Alemania de reducir su consumo. No obstante, consideramos que no es ético desde ningún punto de vista resolver este problema aumentando la compra de carbón colombiano. Esto significaría privar a los pueblos indígenas y otras comunidades de la Guajira del acceso al agua.

Hacemos un llamado a toda la diáspora colombiana, latinoamericana, a organizaciones de derechos humanos y demás personas interesadas a rechazar también la demanda de carbón colombiano, obtenido a costa del agua de nuestros pueblos indígenas.

Alemania y Europa decidieron parar su consumo de carbón ruso como rechazo a la injusticia con el pueblo ucraniano. Ahora deben ser consecuentes y evitar también el carbón colombiano, para no financiar el sufrimiento del pueblo Wayú y demás comunidades abusadas por la explotación de carbón.

¡Los derechos humanos y ambientales no son opcionales!

¡No más importaciones de carbón colombiano a Europa!

Berlín, 19 de abril de 2022

*Fuente: Unidos Por La Paz

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Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas

Redacción piensaChile — Sat, 09 Apr 2016 00:42:55 +0000

Exterminio en Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas
En La Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso, del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua.
Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM
Exterminan en silencio a la mayor nación indígena de Colombia
El río madre fue privatizado para el servicio de la industria agrícola y la explotación del carbón
Como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente; usted no sabrá que la nación indígena Wayúu [1], la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón -a cielo abierto- más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará, seguramente, la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales.

Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia Wayúu no son precisos, informa la web lasdosorillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupan en el extremo Norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Valbuena, autoridad tradicional Wayúu, unos 14 mil niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene.
A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano a los Wayúu, no llega a los indígenas. El caso del Programa de Alimentación y Nutrición, en el que se invierten más 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero – denuncian los voceros de los Wayúu, Armando Valbuena y Javier Rojas Uriana- se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta, además, que La Guajira posee una población de 500 mil habitantes y ha recibido, durante los últimos 20 años, más de mil millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales (carbón y gas), además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. Pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales.

En medio de ese panorama, en febrero de este año cinco autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal Javier Rojas Uriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado.
Según la abogada Sáchica Moreno, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana, sumida en la miseria y el abandono.
La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón.
De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional, y a estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de que ellos la tengan garantizada a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.

Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que Cerrejón obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si, después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas.
Finalmente, del conjunto de pruebas judiciales que serán presentadas a la Comisión se destaca el documental inédito que acaba de terminar el periodista colombiano Gonzalo Guillén, “El río que se robaron”, donde se testimonian los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras de La Guajira y declaraciones de los protagonistas.
[1] El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez tuvo linaje Wayúu por parte de madre y la influencia de esa cultura está presente en una buena parte de su obra.
Fuente: Radio Macondo
fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Exterminio_en_Colombia_privatizan_un_rio_y_matan_de_hambre_a_14_mil_indigenas#127193
otro enlace relacionado: http://www.vice.com/es_co/read/sed-guajira

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