La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun.

Según el expediente, Kovtun participó en el asedio y la destrucción del hospital más grande de Gaza, Al Shifa, entre marzo y abril de 2024 en la ciudad de Gaza.

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HRF sostiene que los tribunales chilenos tienen jurisdicción porque el país ha incorporado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) a su derecho interno, lo que permite el procesamiento del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra independientemente del lugar donde se cometieron.

“El ataque y la destrucción de un hospital en funcionamiento durante un asedio militar es un ataque al corazón del derecho internacional humanitario”, subrayó Dyab Abou Jahjah, director de la Fundación Hind Rajab.

“Cuando existen pruebas que sugieren la participación de un francotirador en una operación de este tipo, los tribunales nacionales tienen el deber de actuar. La jurisdicción universal existe para garantizar que los delitos graves no escapen al escrutinio simplemente por haberse cometido en el extranjero”, añadió.

Las publicaciones de Kovtun en las redes sociales revelaron que estaba de vacaciones en el territorio chileno, lo que abrió la puerta a la “jurisdicción universal”, según expertos legales.

HRF dice que ha registrado varios casos basándose, en parte, en material en línea disponible públicamente y divulgado por los propios soldados israelíes.

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La fundación ha presentado una serie de denuncias contra las fuerzas israelíes. Si bien ninguna ha resultado en una condena, algunos países han tomado medidas preliminares. Perú, por ejemplo, abrió el año pasado una investigación contra un soldado israelí por crímenes cometidos en Gaza.

El 18 de marzo, el ejército israelí lanzó un ataque contra el hospital Al Shifa, un sitio que había servido no sólo como centro médico sino también como refugio para civiles desplazados, además de albergar a pacientes y personal médico.

Según sobrevivientes y testigos, las fuerzas israelíes ejecutaron a civiles durante el asalto a las instalaciones, incluidos niños. El personal del centro, incluyendo médicos y enfermeras, fue detenido y presuntamente maltratado durante la invasión.

Tras la retirada de las fuerzas israelíes, se encontraron cientos de cadáveres palestinos dentro y alrededor del complejo hospitalario, algunos de los cuales, al parecer, mostraban signos de contención y abuso.

*Fuente: HispanTV