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Nuevo Año, Nuevos Desafíos y Nuevas Esperanzas

Redacción piensaChile — Tue, 14 Jan 2020 20:39:05 +0000

Desafiante y sonriente el Presidente Sebastián Piñera firmó y promulgó el proyecto de reforma constitucional, que da inicio al proceso que debería elaborar una nueva Constitución, en un acto solemne realizado el pasado 23 de diciembre, en el Palacio de la Moneda.
El Presidente Piñera tenía sobradas razones para sentirse arrogante y contento, en aquella ocasión, pues estaba celebrando y anunciando al país el anticipado regalo de Navidad que le llegaba desde el Congreso Nacional como un inequívoco gesto de generosidad de la mayoría de los partidos políticos.
“Quiero, una vez más, reconocer, valorar y agradecer a los presidentes de los partidos, que concurrieron a ese histórico acuerdo una madrugada de un día viernes y a la Comisión Técnica que ellos designaron que permitió transformar ese acuerdo en una realidad” (…), comenzó su discurso agradecido Piñera.[1]
La elaboración y aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado del proyecto de reforma constitucional es, por cierto, el fruto más significativo y tangible del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre por los parlamentarios de Chile Vamos, la alianza de partidos de la ultra derecha pinochetista, la derecha concertacionista y algunas organizaciones del Frente Amplio.
Era un objetivo apremiante salir al auxilio de Piñera y salvar su gobierno. Los partidos políticos firmantes del acuerdo demostraron, una vez más, ser muy ágiles y eficientes cuando se trata de defender el Gobierno y el sistema político vigente.
Se movieron, primero, con gran rapidez para derrotar en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de Piñera, por su responsabilidad en las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridos durante la protesta social y, luego, para conseguir la aprobación de la reforma constitucional. Habría que admitir que han tenido éxito en salvar, transitoriamente, el gobierno de Piñera el cual se encontraba acosado y tambaleante por la masividad y persistencia de la lucha del movimiento social y el pueblo trabajador.
Entre los asistentes, aparte de los ministros del gobierno y algunas altas autoridades del país como el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, se encontraban algunos de los líderes de los partidos gestores de la iniciativa tales como la alianza Chile Vamos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido por la Democracia (PPD). Y como invitado de honor, nadie podría sorprenderse, sobresalía la figura inconfundible del ex presidente Ricardo Lagos, autor de otro original acuerdo constitucional que consistió en sacar la firma de Pinochet y dejar la misma Constitución.
No concurrieron a la celebración de Piñera el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), el presidente del Partido Radical Carlos Maldonado, el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde y los líderes del Frente Amplio. Estos personajes por vergüenza o conveniencia táctica, tal vez, prefirieron no dar la cara para quedar ausentes en la noticia y ocultos del dedo acusador del pueblo y la ciudadanía.
El inicio de un nuevo año en Chile coincide con algunos cambios importantes en la situación política del país. El gobierno de Piñera beneficiado por la promulgación de la reforma constitucional y la realización del plebiscito de Abril 26, retoma la iniciativa y apuesta a la superación de la crisis social y política del país bajo sus propios términos y condiciones.
Refiriéndose al plebiscito Piñera señaló muy confiado que “nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días. Durante este periodo, debemos recuperar el valor de la unidad, del diálogo, de los acuerdos y también aprender a pensar y trabajar juntos para construir ese Chile mejor que todos queremos”.[2]
El movimiento social, la clase trabajadora y el pueblo comienzan, también, un nuevo año en un escenario político complejo, distinto y con enormes desafíos. Ante ellos, surge una crucial disyuntiva donde será imperativo decidir, en los próximos días, entre las alternativas posibles.
Una alternativa es aceptar el proceso constituyente iniciado con la promulgación del proyecto de reforma constitucional y la realización del plebiscito. Escoger esta opción implica participar en el proceso institucional del gobierno tal como ha sido diseñado, bajo las reglas de juego impuestas por la clase dominante y sus elites políticas, con todas las trampas y fraudes.
La meta previsible de este camino institucional es la elaboración de una nueva Constitución, la cual con algunos cambios cosméticos va terminar legitimando el sistema político y el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura cívico militar y consolidado por los sucesivos gobiernos de la Concertación y la derecha pinochetista.
La otra alternativa del movimiento popular es dar inicio a una etapa de reflexión y análisis con todos los actores sociales, laborales y estudiantiles con el propósito de repensar la estrategia y diseñar un plan de lucha que tenga dos objetivos principales. Por un lado, el cuestionamiento y rechazo categórico de la legitimidad de la reforma constitucional y el plebiscito de Piñera y, por el otro, la demanda intransigente de una Asamblea Constituyente Libre, Soberana, Paritaria y Plurinacional. No hay proceso constituyente ni plebiscito legítimo o válido, sin la participación mayoritaria del pueblo y la ciudadanía.
El movimiento popular históricamente ha demostrado su capacidad y audacia para hacer de Chile un país ingobernable. Se requirieron 22 jornadas de Protesta Nacional, entre 1983 y 1987, para conseguir que el dictador Augusto Pinochet perdiera la gobernabilidad del pueblo chileno y se viera obligado a negociar. Hacerle la vida imposible a un aprendiz de tirano como Piñera, por seguro, costaría mucho menos esfuerzos y sacrificios.
La historia de nuestro país nos enseña y es importante aprender de ella, que a lo largo de doscientos años ninguna constitución ha sido expresión del poder constituyente del pueblo ciudadano. La clase dominante que maneja el poder constitucional y los aparatos armados, siempre ha encontrado la manera de impedir ya sea a través de la represión, el fraude, la trampa o la felonía, que el pueblo ciudadano ejerza su poder constituyente.[3] Es fundamental impedir, de manera inteligente, que la historia se vuelva a repetir.
Un paso importante, en esa línea, es la conclusión del Bloque Sindical de Unidad Social, de considerar como “inconducente” (léase que no lleva a ninguna parte) y abandonar toda iniciativa de dialogo con el gobierno, pues no ha dado ninguna muestra de escuchar las legítimas demandas del movimiento social ciudadano y sólo ha ofrecido engaño y represión brutal.
Ha sido equivocada y ambigua, sin embargo, la invitación a dialogar cursada por el Bloque Sindical de Unidad Social a los partidos políticos de la oposición. No es acertado, ciertamente, pintar a todas las organizaciones políticas con la misma brocha, pues existen honrosas excepciones de entidades políticas que no firmaron el acuerdo, que promovieron la acusación constitucional contra Piñera y que han apoyado, de forma consecuente, las demandas del movimiento social ciudadano. Pero con la otra oposición, la que negoció el acuerdo con la derecha y que aprobó la reforma constitucional para salvar a Piñera no hay mucho que conversar. Tampoco es necesario lavarles la cara frente al movimiento popular pues deben ser ellos mismos, con hechos concretos, los que mejoren su imagen y se ganen de nuevo la confianza de la ciudadanía.
Es alentador que Unidad Social, como una instancia unitaria importante en el seno del movimiento social y del pueblo trabajador, reafirme en los últimos días su “compromiso de seguir trabajando a nivel nacional con más unidad e intensidad que nunca en la construcción de una movilización social amplia y de expresiones múltiples”.[4] Un paso importante, sin dudas, en la perspectiva de recuperar la iniciativa y abrir el camino hacia las transformaciones profundas destinadas a cambiar el modelo económico neoliberal.
Es la única manera, incuestionablemente, de terminar con la abismante desigualdad social y dar respuesta a las demandas fundamentales legitimas de la ciudadanía, tales como poner fin a las AFP y crear un nuevo sistema previsional, poner fin a las ISAPRES y crear un sistema de salud público universal y poner fin al lucro creando un sistema de educación pública gratuita y de calidad para todas las chilenas y chilenos.
La inédita e histórica rebelión social de Octubre 18, simbolizada en la consigna Chile Despertó no ha terminado y está más viva y vigente que nunca.
El autor, Rolando H. Vergara, es investigador del Latin American Research Institute (LARI), Edmonton, Canadá.

Notas
[1] Sebastián Piñera, Discurso de Promulgación de la Reforma Constitucional, Gobierno de Chile Prensa Presidencia, Santiago, Chile, Diciembre 2019.
[2] Sebastián Piñera, Discurso de Promulgación de la Reforma Constitucional, Gobierno de Chile Prensa Presidencia, Santiago, Chile, Diciembre 2019.
[3] Gabriel Salazar Vergara, En el Nombre del Poder Popular Constituyente (Chile Siglo XXI), LOM Ediciones, Santiago, Chile, 2011, Pág. 15, 16, 28, 29 & 87.
[4] Comunicado de Prensa, Bloque Sindical de Unidad Social, Santiago, Chile, Enero 2020

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Éxitos y Fracasos del Acuerdo Histórico

Redacción piensaChile — Mon, 02 Dec 2019 10:17:06 +0000

De madrugada, con una dosis de imprescindible dramatismo y expectación hábilmente orquestado por los medios de comunicación corporativos se anunció al país, desde los ostentosos salones del Congreso, un acuerdo alcanzado por los parlamentarios de la mayoría de los partidos políticos denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. El drama y la tensión se habían prolongado por más de 15 horas hasta la madrugada del viernes 15 de noviembre y la prensa proclive al gobierno se apresuró en calificar la noticia como un “acuerdo histórico” de indiscutible trascendencia para el país.

“El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país y por lo tanto lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de este nuevo contrato social. Ofrecemos una Constitución ciento por ciento democrática”, señaló ufano el honorable Jaime Quintana, Presidente del Senado y representante del Partido por la Democracia (PPD).¹

A partir del ostentoso título se deducen, de inmediato, a lo menos dos de los múltiples objetivos que se plantea el acuerdo. ¿Cuáles son aquellos objetivos y que tanto se ha avanzado en su consecución?

El objetivo más explícito y apremiante del acuerdo es, por cierto, conseguir la paz social, en otras palabras hacer retornar las cosas a la normalidad e intentar pacificar el país. Para multiplicar el efecto propagandístico, al día siguiente grupos financiados por la derecha cubrieron la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) enteramente de blanco con un letrero vertical con la palabra Paz. Días después el mismo letrero, aparecería colgando en edificios públicos de algunas ciudades.

A la luz de la intensa jornada de protestas y movilizaciones durante la última semana (la quinta desde 18 de Octubre), es evidente que el pacto no ha tenido éxito en su propósito de poner fin a la crisis social y política que vive el país. Si los parlamentarios entienden por pacificar, que el movimiento social y la ciudadanía se rinda y se olviden de la urgente agenda de cambios sociales y sus demandas fundamentales, eso no ha ocurrido.

El acuerdo que se gestó en los distantes salones del Congreso es, sin dudas, una iniciativa que proviene de Chile Vamos, la alianza de partidos de la ultra derecha pinochetista junto a la derecha concertacionista, que busca darle una mano al gobierno haciendo retornar el país, al ficticio oasis de “paz social” de Piñera.

Es una tarea difícil, sino imposible, salvar a un gobierno que cuenta en, este instante, con el repudio mayoritario de la ciudadanía. Un gobierno que ha efectuado imperdonables errores políticos tales como declararle la guerra a su propio pueblo, imponer un estado de Emergencia y sacar los militares a la calle. Un gobierno que ha cometido graves violaciones a los Derechos Humanos y que es responsable de la muerte de cerca de veinte personas. La encuesta Agenda Ciudadana realizada, recientemente, por Criteria Research otorga al Presidente Piñera un 12 por ciento de aprobación y un contundente 84 por ciento de desaprobación o rechazo.²

El acuerdo se propone, también, intentar tomar la iniciativa y arrebatársela al movimiento social tratando de dar respuesta a algunas de sus demandas. Esta intención de los partidos políticos esta enunciada en las palabras del senador Jaime Quintana cuando en tono arrogante dice (…) “lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de este nuevo contrato social.” (…)

Las eufóricas declaraciones contrastan, sin embargo, con la realidad concreta que vive el país. Los partidos políticos han fracasado, de manera estrepitosa, en sus intenciones de ponerse a la cabeza o vanguardizar las protestas del movimiento social. No han tenido éxito hoy y no lo tendrán tampoco en el futuro por una conocida y simple razón. Desde hace mucho tiempo las encuestas de opinión, una tras otra, han revelado que la clase política, en su expresión parlamentaria, en sus partidos y en la persona de los políticos mismos, carece de representatividad, legitimidad y credibilidad ante los ojos de la ciudadanía y pueblo.

Así por ejemplo, la encuesta Barómetro de la Política realizada por CERC-MORI en mayo de este año, otorgaba a los partidos políticos un 5 por ciento de confianza ciudadana, léase credibilidad, de parte de las personas encuestadas.³

Un objetivo de carácter encubierto y no publicitado consiste en dividir a la oposición y al movimiento social, haciendo concesiones en algunas áreas y ofreciendo soluciones para algunos puntos de la agenda social. Habría que reconocer que los gestores del acuerdo ha tenido un éxito relativo en este aspecto, ya que el Frente Amplio (FA) ha sufrido un quiebre irreparable y se encuentra en medio de una crisis interna que se profundiza. El acuerdo lleva la firma de los presidentes de Revolución Democrática (RD), Partido Liberal (PL) y Comunes. A nombre de Convergencia Social (CS), el diputado Gabriel Boric estampó su rúbrica sin la autorización del partido cuya presidenta es la diputada Gael Yeomans.

El acuerdo de marras, sin embargo, no ha podido dividir aún al movimiento social. Un factor determinante ha sido el rol que ha jugado Unidad Social, la instancia unitaria que ha estado entregado orientación y conducción al movimiento social y al pueblo. Al día siguiente de la firma, Unidad Social ya había entregado una declaración en la cual informaba a la ciudadanía de los alcances del acuerdo y fijaba con claridad y firmeza su posición.

Unidad Social de manera categórica rechazó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. (…)“Este acuerdo de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”.⁴ Los líderes sociales y sindicales deberían estar, sin embargo, muy conscientes y no olvidar que los autores intelectuales de la negociación van a persistir en sus esfuerzos por dividir el movimiento social.

El último gran objetivo que se desprende, igualmente, del grandioso título del acuerdo es la elaboración de una nueva Constitución. Este es un objetivo demagógico y falaz que ya ha sido denunciado por las organizaciones sociales, la ciudadanía y el pueblo. La ultraderecha pinochetista y la derecha concertacionista, de la noche a la mañana se iluminan y se dan cuenta que Chile necesita una nueva Constitución. Y pretenden que el pueblo les crea cuando nunca antes, en más de 30 años, se les pasó por la mente tan brillante idea.

Es una mentira y una falacia cuando Jaime Quintana vocero de los partidos políticos dice, “ofrecemos una Constitución ciento por ciento democrática”. Lo que ofrecen como camino para elaborar una nueva Constitución es una Convención Constituyente (ni siquiera se atreven a llamarla Asamblea Constituyente) que tiene no una, sino varias trampas. Entre otras contempla un quorum dos tercios que entrega un poder de veto a las minorías, no contempla mecanismos de participación Plurinacional y de Paridad de Género y establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos. En definitiva lo que busca el gobierno y los partidos políticos es seguir controlando el proceso institucional e impedir que el poder constituyente del pueblo ciudadano se exprese libre y democráticamente.

Observando con atención los recientes acontecimientos en el país, es posible concluir, que el famoso acuerdo histórico por “la paz social y la nueva Constitución” no ha avanzado mucho en la implementación de sus objetivos y pareciera estar condenado, irremediablemente, al fracaso y al olvido histórico. El movimiento social y pueblo, por su parte, con sus líderes naturales que van surgiendo al calor de la acción misma, derrotará todas las trampas y artimañas y continuara caminado en la búsqueda de una sociedad más justa, digna y fraterna para todos los chilenos y chilenas.

–El autor, Rolando H. Vergara. es investigador del Latin American Research Institute (LARI), Edmonton, Canadá

Notas:

Fuerzas Políticas Llegan a Histórico Acuerdo, Emol, Santiago, Chile, Noviembre 2019.
Encuesta Agenda Ciudadana, Criteria Research, Chile, Noviembre 2019
Barómetro de la Política, CERC-MORI, Santiago, Chile, Mayo 2019
Declaración Pública, Unidad Social, Santiago, Chile, Noviembre 2019.

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