En abril de 2026, Peter Thiel —cofundador de Palantir Technologies y uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley— se instaló en Buenos Aires durante semanas, compró una mansión de 12 millones de dólares en el barrio de Parque y se reunió en privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Los periodistas acreditados fueron bloqueados. No se publicó ninguna agenda.

En Chile, antes de ese viaje, Thiel visitó al presidente José Antonio Kast. En el horizonte: la posible entrega de las bases de datos del Estado a una empresa cuya filosofía declarada es que la libertad y la democracia son incompatibles.

¿Qué es Palantir y por qué debería importarnos?

Fundada en 2003 con financiamiento inicial de In-Q-Tel —el brazo de capital de riesgo de la CIA—, Palantir Technologies es hoy una de las empresas más poderosas del planeta en el análisis masivo de datos. Sus plataformas, llamadas Gotham y Foundry, no son software convencional: son sistemas diseñados para conectar bases de datos que jamás fueron concebidas para comunicarse entre sí. Registros fiscales con historial migratorio. Datos sanitarios con ubicaciones de celulares. Historiales criminales con redes sociales.

Los números hablan por sí solos. En 2025, la empresa facturó 4.480 millones de dólares —un 56% más que el año anterior—. Ese mismo año firmó un contrato con el Ejército de Estados Unidos por 10.000 millones de dólares, a diez años. El 55% de sus ingresos proviene de contratos gubernamentales. Su modelo de negocio, denominado internamente «land and expand» (aterrizar y expandirse), consiste en ingresar mediante un contrato piloto y luego colonizar toda la infraestructura de datos de una institución, lo que la vuelve prácticamente irremplazable.

En Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF) documentó cómo ICE utilizó la herramienta ELITE de Palantir para acceder a registros del sistema de salud pública —Medicaid— y convertirlos en un instrumento de deportaciones. Varios congresistas, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren y Ron Wyden, han exigido investigaciones formales. El Departamento de Seguridad Nacional firmó en 2026 un contrato adicional por 1.000 millones de dólares con Palantir para potenciar las operaciones de ICE.

Thiel y Karp: el poder detrás de la pantalla

Peter Thiel —con un patrimonio estimado de 27.500 millones de dólares— no es un empresario tecnológico ordinario. En 2009 escribió sin ambigüedades: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles.» Su biógrafo, Max Chafkin, lo describe como alguien con «un anhelo de un ejecutivo más poderoso, un dictador, en otras palabras.» Parte de su inspiración intelectual proviene de Curtis Yarvin, quien aboga por reemplazar la democracia por un Estado tecnoautoritario gobernado «como una corporación.» Thiel financió con 15 millones de dólares la campaña senatorial de JD Vance —hoy vicepresidente de EE. UU.— y aportó 1,25 millones al primer ascenso de Donald Trump.

Alex Karp, CEO de Palantir con doctorado en teoría social de Frankfurt y patrimonio de 18.000 millones de dólares, publicó en 2025 el libro The Technological Republic. En sus cartas a accionistas, cita al teórico Samuel Huntington para justificar el modelo de negocios de su empresa: «El ascenso de Occidente no fue posible por la superioridad de sus ideas o valores, sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada.» En 2026, Palantir publicó un manifiesto de 22 puntos que llama al «deber moral» de las empresas tecnológicas de participar en la defensa militar, propone el servicio nacional obligatorio, y declara la supremacía cultural de Occidente. Al Jazeera lo llamó «tecnofascismo». Varios analistas lo describieron como una agenda política disfrazada de propuesta corporativa.

El viaje latinoamericano: ¿inversión o penetración estratégica?

El reciente recorrido de Thiel por América del Sur no fue turístico. En Chile se reunió con el presidente José Antonio Kast y con José Piñera —arquitecto del sistema de pensiones privado—, explorando la posibilidad de que las plataformas de Palantir colaboren en materia de seguridad, aduanas y digitalización del Estado. En Argentina, su tercera visita al gobierno de Milei incluyó primero una reunión con Santiago Caputo —el asesor presidencial que coordina la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)— y luego un encuentro en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en el que se prohibió el acceso a la prensa y no se publicó la agenda. Thiel declaró en 2024 que «Argentina podría ser el futuro de Europa y Estados Unidos.»

En Brasil, el vicepresidente de Palantir para América Latina reveló en 2024 que su sistema «impulsa a muchas de las organizaciones más importantes del país, desde agencias gubernamentales de salud pública hasta la educación.» Lo hizo sin mencionar contratos ni especificar qué datos se procesan. Más grave aún: Serpro, la empresa pública brasileña creada precisamente para construir la soberanía digital nacional, fue convertida en intermediaria de los servicios de Palantir. Ecuador ya utiliza herramientas de Palantir en sus sistemas de seguridad.

Europa resiste. ¿Y nosotros?

Mientras América Latina abre las puertas, Europa empieza a cerrarlas. A mediados de mayo de 2026 se reportó que la agencia de inteligencia interior de Alemania (BfV) rechazó contratar a Palantir y optó por la plataforma ArgonOS de ChapsVision para el análisis de datos sensibles, alegando la necesidad de una infraestructura soberana y segura. El diputado Konstantin von Notz lo explicó sin rodeos: es «ingenuo desde el punto de vista de la seguridad» depender de una empresa cuyo fundador tiene declaraciones antidemocráticas documentadas y cuya cercanía con la administración Trump es más que preocupante. Suiza rechazó los servicios de Palantir debido al riesgo de incompatibilidad con su soberanía. Más de 100 organizaciones europeas firmaron una carta abierta en la que exigen alternativas locales. El argumento central es simple pero devastador: quien controla la infraestructura de datos controla los límites de la acción del Estado.

PREGUNTAS QUE TODO CIUDADANO DEBERÍA HACER

1.       ¿Qué datos del Estado chileno o latinoamericano están siendo procesados por Palantir, bajo qué contratos y con qué supervisión democrática?

2.      ¿Puede un gobierno democrático contratar a una empresa cuyo fundador ha declarado que la democracia y la libertad son incompatibles?

3.      Si Palantir procesa datos de ciudadanos latinoamericanos y opera bajo la legislación estadounidense (CLOUD Act), ¿quién garantiza que esos datos no sean accesibles para las agencias de inteligencia de EE. UU.?

4.      ¿Por qué las reuniones entre Thiel y presidentes electos de la región se realizan en secreto, sin agenda publicada y con la prensa excluida?

5.      ¿Tiene sentido construir una infraestructura digital nacional dependiente de una empresa extranjera que ya declaró su obligación afirmativa de defender los intereses de Estados Unidos?

6.      Si tecnologías similares a las de Palantir se usaron para construir «listas de eliminación» en Gaza y para rastrear a migrantes en EE. UU., ¿qué garantiza que no serán usadas para vigilar disidentes políticos, sindicalistas o periodistas en nuestra región?

La soberanía digital no es un tecnicismo para especialistas. Es la versión contemporánea de una pregunta que América Latina lleva siglos respondiendo con sangre:

¿quién controla los recursos estratégicos de un país?

En el siglo XIX fueron las tierras y los minerales. En el XX, el petróleo y las telecomunicaciones. En el XXI, son los datos.

Y los datos, a diferencia del cobre o el litio, no se ven, no se tocan, no se marchan en manifestaciones. Se entregan en silencio, cláusula a cláusula, contrato a contrato, reunión secreta tras reunión secreta, y así se nos van la libertad y la soberanía nacional.

El articulo El ojo que todo lo ve: Palantir, Thiel y la colonización digital de América Latina apareció primero en piensaChile.

Hay una frase que circula con facilidad en los foros económicos y en las declaraciones de política pública: “el mercado laboral está funcionando”. Se dice cuando el desempleo baja, la economía crece y los índices apuntan en la dirección correcta. Lo que rara vez se pregunta es: ¿funcionando para quién?

Porque hay millones de personas que trabajan —que trabajan mucho— y aun así no alcanzan a vivir una vida digna. Que no tienen certeza sobre el mes siguiente. Que enferman por estrés sin acceso a atención médica. Que llegan a la vejez sin una jubilación suficiente porque pasaron décadas en empleos precarios o cuidando a otros, sin que nadie los contara como trabajo. Para estas personas, el mercado laboral también “está funcionando”. Solo que a su costa.

Al respecto, la primera cosa que hay que decir con claridad: la desigualdad que vivimos en el mundo del trabajo no es un accidente, no es mala suerte colectiva ni el precio inevitable del progreso. Es el resultado de decisiones. De reglas construidas, reformadas y defendidas por actores con intereses concretos. Reglas que debilitaron los sindicatos, que flexibilizaron los contratos transfiriendo el riesgo al trabajador individual, que gravaron más el salario que el capital, que pusieron el retorno al accionista por encima de cualquier otra consideración. Todo eso tiene nombre, historia y responsables.

Una idea que lo cambió todo —para mal—.

En 1970, el economista Milton Friedman publicó un artículo que se convertiría en uno de los textos más influyentes —y más dañinos— del pensamiento económico contemporáneo. Su tesis era simple: la única responsabilidad social de una empresa es maximizar las ganancias para sus accionistas. Todo lo demás —el bienestar de los empleados, el impacto en la comunidad, el cuidado del entorno— era y sigue siendo, hoy, en el mejor de los casos, un gasto voluntario y, en el peor, una distorsión del mercado.

Esta idea no es una descripción neutral de cómo funcionan las empresas. Es un programa político disfrazado de teoría económica. Y durante medio siglo, ese programa se ha ido implementando con notable coherencia: desregulación financiera, erosión de la negociación colectiva, privatización de servicios públicos, regímenes tributarios que favorecen al capital. El resultado es la economía que tenemos: extraordinariamente productiva en términos de riqueza agregada y extraordinariamente desigual en su distribución.

Hoy, cuando la inteligencia artificial amenaza con automatizar millones de empleos, la pregunta que nadie debería eludir es: ¿quién se quedará con las ganancias de esa productividad? Si las reglas no cambian, la respuesta es clara: quienes poseen el capital tecnológico. Los trabajadores desplazados no recibirán compensación; las comunidades afectadas no participarán de los beneficios.

La automatización puede ser la mayor transferencia de riqueza desde el trabajo hacia el capital de la historia reciente, o bien una oportunidad para redistribuir y transformar la sociedad humana, con el desarrollo integral del ser humano en el centro. Eso no lo decide la tecnología: lo decide la política.

El trabajo no es un costo. Es una persona.

Frente a esta lógica, existe una tradición de pensamiento —filosófica, no confesional, aunque con raíces en varias tradiciones éticas y espirituales— que sostiene algo radicalmente diferente:

el trabajo no es una mercancía. Es la expresión más íntima del ser de una persona.

A través del trabajo nos relacionamos con el mundo, desarrollamos capacidades, construimos vínculos, dejamos huella, contribuimos a algo mayor que nosotros mismos. Por eso, la precariedad laboral no es solo un problema de ingresos: es un daño que afecta la identidad, la autoestima y la capacidad de las personas para proyectarse hacia el futuro. Cuando un sistema económico trata sistemáticamente a las personas como costos de optimización, no solo es injusto en términos distributivos, sino que también niega algo fundamental de lo que significa ser humano.

Esta afirmación tiene consecuencias prácticas. Si el trabajo es expresión de la persona, entonces el salario no puede determinarse únicamente por lo que el mercado tolera: debe alcanzar para lo que una vida digna requiere. Vivienda, salud, educación, tiempo libre, capacidad de participar en la vida común. No como privilegio ni como aspiración: como derecho. La diferencia entre un salario mínimo y un salario suficiente no es técnica: es ética.

Y hay una dimensión de este problema que casi nunca aparece en los debates económicos convencionales:

el trabajo que sostiene la vida cotidiana de todas las sociedades y que, sin embargo, no se contabiliza, no genera derechos previsionales ni otorga estatus. El trabajo de cuidar a los hijos, a los mayores, a los enfermos. El trabajo de construir un hogar y una comunidad.

Ese trabajo —que en la mayor parte del mundo recae desproporcionadamente sobre las mujeres— es la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Una sociedad que afirma tomarse en serio la dignidad de las personas, pero ignora ese trabajo, es simplemente incoherente.

Reconstruir lo común

La desigualdad estructural no se combate solo con buenas ideas. Se combate con organización. Con la reconstrucción de los lazos colectivos que el modelo dominante ha erosionado sistemáticamente durante décadas.

Los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones comunitarias, las redes de economía solidaria no son reliquias del pasado ni soluciones marginales:

son las formas institucionales a través de las cuales las personas recuperan poder sobre sus condiciones de vida. Su debilitamiento no fue espontáneo: fue el resultado de políticas deliberadas. Su reconstrucción —adaptada a las formas de trabajo del siglo XXI, que incluyen el trabajo digital y el trabajo por plataformas electrónicas— es una tarea política urgente.

Pero la organización no basta si no va acompañada de comprensión. Una de las herramientas más poderosas del cambio social es la capacidad de leer críticamente la realidad: nombrar los mecanismos que producen la desigualdad, identificar los intereses que la defienden e imaginar alternativas concretas. Esa capacidad no cae del cielo. Se construye en comunidad, a través de procesos de formación que combinen el rigor del análisis con la fuerza de la experiencia vivida.

Lo que está en juego

No se trata de un debate técnico entre economistas. Se trata de una pregunta sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

¿Una sociedad en la que el valor de una persona se mide por su productividad para el capital? ¿O una en la que toda persona —por el solo hecho de serlo— merece condiciones de vida que le permitan desarrollarse, cuidar a los suyos, participar en la vida común y proyectarse hacia el futuro con cierta certeza?

La primera opción cuenta con instituciones, defensores y décadas de implementación. La segunda es algo más difícil de cuantificar, pero igualmente real: la convicción, arraigada en lo más profundo de las tradiciones éticas de la humanidad, de que cada persona importa. ¿De qué crecimiento hablamos, que valga la pena, si deja atrás a la mayoría? La actividad económica, en combinación con la acción política, es, ante todo, un acuerdo entre personas sobre cómo vivir juntas, que, para tener un sentido humano, promueve el desarrollo integral de cada una y de la sociedad en la que vivimos.

Ese acuerdo puede renegociarse. De hecho, tiene que serlo si no queremos que la sociedad se nos caiga a pedazos.

-El autor, Rodolfo Manuel Vega, es académico investigador, Pittsburgh, EE. UU.

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Hay un error conceptual que, cuando se instala en el poder, tiene consecuencias devastadoras: confundir el Estado con una empresa privada. No es un error menor ni técnico. Es una falla de formación que distorsiona la comprensión misma de lo que significa gobernar.

El caso del gobierno de Kast, con su equipo económico proveniente del mundo empresarial privado, ilustra esta confusión con particular nitidez. Para quienes han construido su visión del mundo en torno a la lógica de la rentabilidad corporativa, el Estado aparece como una entidad que “gasta” y, por lo tanto, debe “ajustarse”. Esa lectura, aparentemente técnica y prudente, es, en el fondo, profundamente equivocada.

El Estado invierte; no gasta

La empresa privada existe para acumular ganancias en beneficio de sus inversionistas. Su racionalidad estructural la impulsa a reducir los costos al mínimo posible —incluidos los salarios— y a maximizar el retorno del capital. No hay maldad en ello: es simplemente su naturaleza y su función dentro del sistema económico.

El Estado, en cambio, existe para otro fin radicalmente distinto: mejorar las condiciones de vida de las personas, que son el sujeto último de su razón de ser. Cuando el Estado financia educación de calidad, vivienda digna, salud universal o servicios sociales, no está “gastando”: está invirtiendo en el capital humano, social y civilizatorio de la nación. Esa inversión produce retornos que ningún balance contable puede captar del todo, pero que sostienen la cohesión social, la productividad futura y la dignidad de la vida en común.

El rol regulador del Estado frente al mercado tampoco es un lujo ideológico: es la condición necesaria para que la competencia no degenere en abuso. Las reglas del juego, los mecanismos redistributivos —como los impuestos progresivos y los servicios sociales focalizados en quienes más los necesitan— son instrumentos de equilibrio, no de penalización del éxito.

Cuando la gerencia privada toma el timón de lo público

El problema surge cuando quienes llegan al gobierno carecen de la formación necesaria para comprender esta diferencia fundamental. Al ver el déficit fiscal, su instinto —entrenado en otro tipo de institución— es recortar el gasto, como ocurre hoy con gobiernos de derecha, como el de Kast en Chile o el de Milei en Argentina. Así, lo que es inversión en educación se convierte en “gasto prescindible”; lo que es acceso a la salud para todos se vuelve “carga fiscal insostenible”; lo que es vivienda digna aparece como “subsidio ineficiente”.

Esta lógica no solo es conceptualmente errónea, sino también socialmente peligrosa. Cuando se aplica de manera sistemática, erosiona los pilares del bienestar colectivo, profundiza la desigualdad y debilita la capacidad del Estado para cumplir su función histórica. Los números azules del balance fiscal pueden coexistir perfectamente con una nación más enferma, más ignorante y peligrosamente más fragmentada.

El problema también es responsabilidad ciudadana

Sería cómodo atribuir esta confusión únicamente a los gobernantes. Pero hay una dimensión más incómoda: una parte importante de la ciudadanía apoya estos modelos precisamente porque comparte, en alguna medida, esa misma confusión. La narrativa del “Estado austero que no derrocha” tiene un atractivo intuitivo, especialmente en contextos en los que la confianza en las instituciones públicas es baja, a menudo producto de una campaña publicitaria insidiosa, teñida de prejuicios o intereses encubiertos.

Es ahí donde la educación cívica y el debate público claro, honesto y responsable adquieren una urgencia que trasciende lo académico. Comprender qué es el Estado, para qué existe y cuáles son sus obligaciones irrenunciables no es materia reservada a los economistas ni a los cuentistas políticos: es condición básica de una democracia madura.

Gobernar un país como si fuera una empresa privada no es eficiencia: es un diagnóstico equivocado aplicado con precisión quirúrgica. Y las consecuencias las pagan siempre quienes menos pueden permitírselo.

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La política internacional de la administración Trump contiene una lógica de escalamiento que  va desde cambiarle el nombre al Golfo de México por el de “Golfo de América”, lo que contiene una afirmación que se enmarca en una versión renovada de la doctrina Monroe (la llamada Doctrina Trump-Monroe 2.0), la que cobra hoy una dimensión pragmáticamente distinta en virtud de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026. En este día, la administración de Donald Trump ordenó y anunció públicamente ataques militares de gran escala en territorio venezolano, con explosiones reportadas en la capital, Caracas, y en otras zonas del país, seguidas de la declaración de que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela tras la operación.

Hasta ahora, estábamos presenciando un continuum de acciones y discursos de presión que incluían sanciones y operaciones discutibles por la ausencia del debido proceso, dirigidas contra el narcotráfico en el Caribe, vinculando a Venezuela, y reivindicaciones, también discutibles por su dudosa legitimidad, sobre recursos petroleros como elementos de un conflicto prolongado. Ese tipo de acciones podían leerse como una escalada en el uso de la diplomacia coercitiva y de operaciones discretas, sin llegar a transformar ese discurso en una intervención militar directa con ocupación o cambio de liderazgo. Sin embargo, con los eventos comunicados hoy por el propio presidente estadounidense, lo que comenzó como retórica imperialista de Trump sobre el control de recursos y la soberanía hemisférica —incluyendo su crítica explícita a Maduro y su insistencia en que los recursos venezolanos “pertenecen” a EE. UU., se ha cruzado un umbral hacia la acción militar abierta y el desplazamiento forzoso de un jefe de Estado extranjero, demostrando de este modo que la administración Trump se siente segura de transgredir el estado de derecho internacional y violar la soberanía de cualquier país del mundo. El inicio bien puede ser Venezuela; luego, cualquier otro país del continente que considere que limita su poder e intereses en su área de influencia exclusiva (doctrina Trump-Monroe 2.0).

Este cambio, de la retórica a la acción, no es menor: cuando las palabras de Trump se traducen en explosiones en una capital extranjera, destrucción de su infraestructura, y la captura del gobernante de esa nación, sea o no un dictador, la guerra de narrativas se convierte en guerra de hechos. La coyuntura de hoy no solo pone de manifiesto una continuidad entre declaraciones agresivas y una política exterior intervencionista e imperialista, sino que marca un punto de inflexión en el que la retórica de seguridad hemisférica se traduce en una fuerza militar directa sin precedentes en décadas recientes. Incluso gobiernos aliados y organismos internacionales han reaccionado con preocupación y han llamado al respeto del derecho internacional, lo que subraya la magnitud del giro respecto de anteriores episodios de presión y sanciones. Un hecho de estas características no se distingue de las dramáticas experiencias con las acciones de los imperialismos de los  siglos XIX y XX, incluidas las dos guerras mundiales; imperialismos que mantenían a la humanidad en una tragedia sin fin de muertes, destrucción, explotación y genocidios. La llamada doctrina Trump-Monroe 2.0, que hoy se está manifestando en los hechos en Venezuela, marca el inicio de un proceso dramático que no solo desestabiliza los principios del derecho internacional, sino que hace irrelevante cualquier organización internacional para hacerlos respetar, ya sea la ONU o la OEA. Trump demuestra que el matón del barrio, con la pandilla más numerosa, es quien hace su voluntad y punto.

En este contexto, la hipótesis de escalamiento se afirma no solo como lectura crítica de discursos y acciones anteriores, sino también como un patrón causal en el que las declaraciones de política —particularmente las de Trump— han servido como anticipadores y justificadores de actos militares concretos. El ataque de hoy, en el que se alega la captura y el traslado de un presidente extranjero, representa un avance dramático en ese patrón y redefine la dinámica entre la retórica estratégica y la política exterior efectiva. Vale entonces preguntarse, ¿qué irá a pasar con Groenlandia?

Recordemos la retórica de Trump respecto de este territorio que pertenece a Dinamarca. Repetidamente ha manifestado que debe ser parte de EE.UU., por ser un territorio estratégico para los intereses hegemónicos de este país: “Obtendremos Groenlandia… Hay una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no estoy descartando esa opción”, dijo Trump en una entrevista con el periodista Kristen Welker de NBC News en marzo de 2025.

En el mismo sentido ¿qué pasa con el cobre chileno? Juzgue usted:

“El estado de dependencia de fuentes extranjeras de cobre es una vulnerabilidad para la seguridad nacional que podría ser explotada por países extranjeros, debilita la resiliencia industrial de los Estados Unidos, expone al pueblo estadounidense a interrupciones en la cadena de suministro, inestabilidad económica y vulnerabilidades estratégicas, y pone en peligro la base industrial de defensa de los Estados Unidos.[1]”

Notas:

[1] Adjusting Imports of Copper into the United States. By the President of the United States of America. Proclamation 10962 of July 30, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-08-05/pdf/2025-14893.pdf?utm_source=chatgpt.com pdf

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