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Roberto Pizarro, economista: “El Apruebo generará las condiciones para recuperar el crecimiento”

Redacción piensaChile — Mon, 22 Aug 2022 20:51:20 +0000

22 de agosto de 2022
Publicado originalemente el 19 de agosto de 2022
El economista Roberto Pizarro Hofer es un abierto disidente de las posturas neoliberales de varios de sus colegas, a quienes ha rebatido públicamente por su posición ante la posibilidad de una nueva Constitución.

Fue ministro de Planificación y Cooperación (hoy Ministerio de Desarrollo Social) en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y su vasto currículum indica también que ha sido consultor internacional del BID y funcionario de Naciones Unidas, además de embajador en Ecuador. Socialista de convicción, aunque alejado del partido desde 2009, cuando renunció por diferencias políticas, hoy es parte de Plataforma Socialista.

En esta entrevista con El Desconcierto, Pizarro se refiere a las claras ventajas económicas que llevarían al desarrollo del país de aprobarse esta Carta Magna el próximo 4 de septiembre. Y refuta las tesis alarmistas de quienes quieren mantener el rol subsidiario del Estado de la actual Constitución de Pinochet.

A su juicio, el panorama es claro: “La defensa del Rechazo por los economistas, empleados del gran empresariado, es irresponsable. Generará inestabilidad y ampliará la inseguridad y la violencia social”.

“El Apruebo, en cambio, garantizará las transformaciones demandadas desde hace años por la ciudadanía y generará condiciones para recuperar el crecimiento económico, con equilibrios sociales y medioambientales”, indica.

– El economista Vittorio Corbo, en entrevista reciente a El Mercurio se manifiesta crítico de la nueva Constitución porque explicita muchos derechos sociales, pero debilita la institucionalidad que se requiere para crecer y generar los recursos necesarios. ¿Qué opina de esa afirmación?

El economista Corbo defiende al gran mundo empresarial. Son sus patrones. Y, los protege porque a los grandes empresarios les acomoda la Constitución de 1980, la que les ha permitido acumular grandes fortunas (el 50% de la riqueza está en manos del 1% de los más ricos de Chile). Y parece que no se entiende que el 18-O y la nueva Constitución son la respuesta a los 40 años de injusticias y abusos de un sistema económico que enriqueció a una minoría a costa del 90% de chilenas y chilenos.

La nueva Constitución explicita derechos sociales imprescindibles, que han sido conculcados por un sistema económico injusto. Pero no se debilita la institucionalidad sino se fortalece. La nueva Constitución fortalece la institucionalidad pública, mediante normas claras de propiedad y normativas económicas transparentes, con Banco Central autónomo, instituciones de defensa de la competencia, contra la corrupción y de defensa de los consumidores, entre otras. Pero, además, la nueva Constitución agrega una ventaja institucional adicional, que no entienden los economistas conservadores: asegurar derechos sociales para todas las familias. Que la salud, la educación, vivienda y previsión sociales sean derechos, se traducirán en un mejoramiento sustantivo del denominado “capital social”, con efectos positivos en la productividad y competitividad internacional, condición indispensable para favorecer mayor crecimiento. Chile podrá tener crecimiento, con cohesión social y equilibrios medioambientales. Eso es, a final de cuentas, verdadero desarrollo.

– En tanto, otro grupo de economistas denominado Convergencia Transversal -integrado entre otros por José de Gregorio, Manuel Agosín, Joseph Ramos y Alejandro Micco- señala que la nueva Constitución podría “generar importantes riesgos e incertidumbre en materia económica» en Chile. ¿Hay una campaña del terror desde el mundo de los economistas?

Este es un discurso sesgado en favor del gran capital. No observo riesgos e incertidumbres con la nueva Constitución. Los riesgos e incertidumbres están presentes en la Constitución del ’80. Empresas internacionales evaluadoras de riesgo, como Bloomberg y Morgan Stanley, califican la nueva Constitución de muy razonable y, a esas opiniones, se agregan destacados economistas internacionales (entre los que destacan Mazzucato, Ha-Joon Chang y Piketty), quienes señalan que la nueva Constitución “producirá seguridad y crecimiento sostenible para la prosperidad de Chile”.

El peligro está en el Rechazo. Los economistas conservadores tienen la cabeza dura. Se olvidan del 18-O y de las protestas No+AFP, las mujeres defensoras de la paridad, los estudiantes contra el CAE, los medioambientalistas contra las zonas de sacrificio. Agosin, Ramos y Micco, en vez de entender el punto de vista de las mayorías, que reclaman derechos fundamentales, han optado por la defensa del gran capital. Su defensa de la elite económica es irresponsable.

Foto: Agencia UNO

-¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá recuperar el crecimiento?

Es el único camino. El crecimiento rentista, fundado en los recursos naturales, que caracteriza a nuestra economía, está agotado. Para recuperar el crecimiento nuevamente se requiere de nuevos sectores de actividad, que agreguen valor a los recursos naturales. Es lo que permitirá potenciar de nuevo la actividad económica.

El PIB viene disminuyendo año tras año (y no sólo por la pandemia, sino durante la década 2010-2020) y con estancamiento dramático de la productividad. El término del Estado subsidiario, consagrado en la nueva Constitución, abre espacio para que la política pública fomente nuevas actividades productivas y apunte en favor de la diversificación económica (Artículo 182.1). El Estado en la nueva Constitución, ya no subordinado a los mercados, tendrá autoridad para instalar empresas y para hacer una política económica en favor de nuevos sectores de transformación, que sirvan para generar empleo y mejorar la productividad.

El modelo productivo actual, basado en minería, forestal y pesca, está agotado y no genera suficiente trabajo. La pesca industrial ha reducido la fauna marina, la minería del cobre opera con baja ley y el sector forestal destruyo las tierras agrícolas y está en conflicto con el pueblo mapuche. El modelo productivo debe ser modificado y para ello se requiere un Estado que no sea disciplinado por el mercado, sino al revés.

– Otra queja de varios economistas del establishment se refiere al debilitamiento de los derechos de propiedad de la minería y el agua. A su juicio, ¿hay aspectos desventajosos en la propuesta de nueva Constitución?

En cuanto al tema minero, el artículo 145 de la nueva Constitución, ratifica la cautela sobre el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado de todas las minas. Sin embargo, no propone la nacionalización y, al igual que ahora, la actividad privada no tendrá impedimento para su funcionamiento. En cuanto a las exigencias regulatorias, contenidas en otras normas mineras, el propio Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, estima que son similares a las de la actual Constitución. “Lo que está establecido en la Constitución es algo que la minería lo está haciendo”, lo dijo en La Tercera el 16 de mayo.

En cuanto al agua, en medio de una sequía espantosa y con familias en el norte dependiendo de camiones aljibes, resultaba ineludible que la nueva Constitución definiera los cuerpos de aguas como bienes comunes naturales inapropiables, para garantizar un derecho humano esencial al Agua y al Saneamiento para toda persona y comunidad. Esta es la prioridad, como en todos los países del mundo. Chile era un caso raro en el que no se priorizaba el agua como consumo humano. Ahora, en cuanto a los sectores económicos, como minería y agricultura la Agencia Nacional de Agua, establecida en la nueva Constitución podrá asignar las autorizaciones correspondientes de agua, junto con velar por su uso responsable y sostenible, que requieran los sectores productivos. No puede haber nada más razonable. La vida está primero.

– Vamos con otras afirmaciones que se han lanzado en este proceso constituyente: ¿El Estado plurinacional y las autonomías regionales pueden limitar el desarrollo económico, según han criticado sectores del Rechazo?

En ningún caso. Por el contrario, las autonomías regionales potencian el desarrollo económico. En realidad, la regionalización contenida en la nueva Constitución es una gran oportunidad para el crecimiento. Las regiones tendrán instrumentos para constituirse en polos de desarrollo económico y, con ello, contribuir a que el país en su conjunto supere el estancamiento de la productividad y de la capacidad productiva que lo afecta desde hace ya largo tiempo.

Hay que recordar que la descentralización es una demanda de larga data. Y, ahora, se dejará atrás el ineficiente y antidemocrático centralismo. Por cierto, ello exigirá un desafío para que el Poder Legislativo de forma a esta nueva relación entre el poder central y las regiones.

Por otra parte, la autonomía de ingresos y gastos para el cumplimiento de las competencias regionales exige a éstas ajustarse a criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera y a los principios contenidos en el marco de la NC. Por lo demás el Estado seguirá recaudando centralizadamente la mayor parte de los tributos. Chile seguirá siendo un país unitario.

Agencia Uno.

– Otro tema: ¿la autonomía del Banco Central queda bien resguardada en la propuesta de Constitución?

La autonomía del Banco Central se encuentra completamente cautelada por el Art. 357.1 de la NC y, por cierto, como todo organismo del Estado, en democracia, debe estar está sujeto a fiscalización. Esto, curiosamente disgusta al economista Corbo; pero, es obvio si alguno de sus consejeros no cumple con sus responsabilidades, el Presidente, el Poder Legislativo o incluso una mayoría del Consejo del propio Banco Central tienen el derecho (y obligación) de acusarlo por incumplimiento de deberes. La acusación será resuelta en la Corte Suprema. Nada extraño y muy sano para la democracia. Esto no vulnera la autonomía del Banco Central. Los consejeros del Banco Central no son dioses y deben estar sujetos a control ciudadano e institucional.

– También se dice que la nueva Constitución debilitaría la protección de la competencia, al excluir a los economistas servir como jueces en el Tribunal de la Competencia. ¿Es así?

No es así. El artículo 99 de la nueva Constitución cautela debidamente los abusos de mercado: los previene y los sanciona. No podría ser de otro modo dada la masiva corruptela empresarial vivida con la colusión en los últimos años. La norma establecida parece del todo razonable y de sentido común. Ahora, la preocupación que no existan economistas y sólo abogados en el Tribunal de la Competencia es un asunto completamente irrelevante y más parece, para algunos economistas del establishment, una curiosa reivindicación sindical. Si los abogados lo estiman pertinente podrán asesorarse por economistas competentes y caso cerrado.

-En cuanto al financiamiento, algunos economistas de varios planteles universitarios estimaron que el costo anual de la nueva Constitución fluctúa entre US$ 28.500 millones y US$ 45.000 millones. ¿Está de acuerdo con esas estimaciones?

No he realizado los cálculos correspondientes. Lo que sí puedo decir es que recuperar derechos sociales universales tiene, sin duda, un costo elevado. Ello explica que la reforma tributaria, en pleno funcionamiento, signifique alrededor de US$ 12.000 millones. Y, la necesidad de aprobarla es ineludible. Esto debe entenderlo la sociedad toda y sobre todo los sectores de altos ingresos, quienes tiene la responsabilidad de entregar el mayor aporte para construir una sociedad en que impere la cohesión social.

– Una de las afirmaciones que se escuchan en las conversaciones de café o en la calle es de dónde saldrán los recursos para financiar los derechos que contempla la nueva Constitución. ¿Cuáles serán las vías de financiamiento?

Los recursos para financiar los derechos contemplados en la NC serán el resultado de un sistema impositivo más justo, como el propuesto recientemente por el gobierno. Impuestos superiores a los sectores de más altos ingresos, royalties de verdad a los recursos naturales, eliminación de injustificadas exenciones y, por cierto, la reducción sustantiva de la elusión y la evasión tributaria. A ello se agregarán los recursos provenientes de un mayor y mejor crecimiento, con más elevada productividad, ya no concentrado sólo en la explotación y exportación de recursos naturales, sino en actividades económicas diversas.

*Fuente: El Desconcierto

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La izquierda chilena empantanada

Redacción piensaChile — Wed, 24 Jun 2020 21:35:25 +0000

10 de mayo de 2020

La separación de Tomás Hirsch del Partido Humanista (PH), y de casi 300 militantes -gran parte fundadores-, es un nuevo golpe a la debilitada izquierda chilena. El parlamentario, denuncia la “descomposición de la institucionalidad política”, en la que también cayó su organización partidaria. Señala que se ha sucumbido a modos de actuación propios de la política tradicional, incluido el personalismo que “no representa la esencia del humanismo” (The Clinic, 07-05-2020).
La crisis del PH se agrega a las sucesivas divisiones y también renuncias individuales de cuadros destacados de las organizaciones que formaron el Frente Amplio (FA), las que nacieron desde la semilla que sembraron estudiantes rebeldes, primero en el año 2006 y luego en el 2011. En pocos años el desgrane ha sido brutal.
A mediados del 2016, Carlos Ruiz, líder intelectual de la Izquierda Autónoma (IA) y Gabriel Boric, decidieron terminar su convivencia política. Andrés Fielbaum, vocero de IA, acusó a Boric de caudillismo y comportamiento poco democrático. Ruiz lo reitero, con mayor delicadeza: “Creo que en IA se desató una compulsión por un ascenso rápido, donde se hablaba de carreras electorales muy personalistas, desafiantes a la idea de construir un proyecto autónomo” (La Tercera, 04-06-2016).
Boric confirmó que no existían visiones ideológicas distintas y que la división obedecía a pequeñas e incomprensibles diferencias (entrevista en CNN, 31-05-2016). Entonces estaban en juego los egos, el poder desnudo. Así las cosas, el diputado por Punta Arenas decide formar el Movimiento Autonomista (MA), que posteriormente se incorporaría al Frente Amplio (FA).
En noviembre de 2019 se produce un nuevo sismo. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a decenas de militantes, renuncia a Convergencia Social (heredera del Movimiento Autonomista y que incluye algunos otros pequeños grupos de izquierda) por diferencias con Boric. Sharp, cuestionó la decisión del diputado de apoyar, a título personal, la firma del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, entre la oposición y el oficialismo. Se trataba, en este caso, de una diferencia más sustantiva, pero también ponía de manifiesto comportamientos personalistas, ya que incluso la propia organización de Boric no había apoyado inicialmente el acuerdo por una Nueva Constitución, aunque posteriormente lo aceptó.
En el otro espacio del Frente Amplio (FA), Javiera Parada decide renunciar a Revolución Democrática (RD), en octubre 2019. Le molestó no haber sido propuesta como candidata a diputada y luego perdió su candidatura a la presidencia de RD. Al final, renunció a su organización política, según ella, por la actitud intransigente frente al gobierno de Piñera. Antes, en marzo 2019, había renunciado a RD el diputado Renato Garín, con argumentos diversos; pero, en realidad, lo determinante parece haber sido sus diferencias personales con Giorgio Jackson. ¡Otra vez, los incontenibles personalismos!
Vale la pena añadir a este recuento la renuncia, en enero de este año, del diputado Marcelo Díaz al Partido Socialista (PS), quien declaró que la nueva directiva, encabezada por el Álvaro Elizalde transformó al PS, “en un partido conservador, sin posiciones claras, sin liderazgo, sin relevancia”. Criticó además al PS por su integración a la Convergencia Progresista, junto al PPD y al PR, en vez de buscar aliarse con el Frente Amplio y el PC.
Menciono a Marcelo Diaz porque siendo socialista, en los últimos meses venía trabajando en el Congreso con los diputados del Frente Amplio. Sin embargo, nuevamente en este caso parece predominar el personalismo, antes que diferencias ideológicas profundas. Porque el conservadurismo y el compromiso con el neoliberalismo del PS arrastra décadas. No es asunto que tenga que ver exclusivamente con la directiva de Elizalde. Tampoco se puede ocultar que Marcelo levantó su candidatura presidencial estando dentro del PS, y en la actual directiva en funciones.
Los datos indican, entonces, que, en estas divisiones políticas, renuncias y recomposiciones, el rasgo dominante ha sido el personalismo, el individualismo político. En realidad, la política, en años recientes, se ha caracterizado, en general, por los intentos de posicionamiento personal ante la opinión pública. Caso inocultable es el de Pamela Jiles, en el PH.
Pero existe otro asunto, de mayor importancia, que ayuda a la dispersión: es la confusión ideológica, que arrastra la izquierda desde hace décadas, junto a una debilitada fuerza social en el país. Ello contrasta con los años sesenta, cuando los partidos de izquierda dieron origen a la Unidad Popular y al triunfo de Salvador Allende. Esos partidos fueron capaces de ofrecerle al país un programa global de trasformaciones y ese programa era respaldado por un movimiento obrero poderoso, junto a crecientes organizaciones sindicales campesinas y de las capas medias.
La inexistencia de una propuesta global transformadora del neoliberalismo tiene responsabilidad principal en la derrota de los gobiernos nacional-populares y de la centroizquierda en los países de América Latina. Casi todos estos gobiernos se adaptaron al neoliberalismo o hicieron reformas insustanciales, incapaces de dar respuesta a las necesidades económicas y a las inmensas desigualdades sociales. A ello se agregó la subordinación de los políticos al mundo empresarial, mediante prácticas corruptas. El destino de esos gobiernos fue el fracaso y la ciudadanía dejo de comprender la línea divisoria entre izquierdas y derechas. Y, en el caso particular de Chile no sólo se vivió la apabullante derrota del candidato Guillier, sino emergió la potente insurgencia social del 18 de octubre, que no reconoce ningún liderazgo político.
La izquierda joven ha iniciado un peligroso deterioro, que puede sumarse a la izquierda histórica. Su división y dispersión ponen de manifiesto, por una parte, el personalismo que caracteriza a sus dirigentes, el escaso interés por construir un proyecto colectivo y sobre todo un trabajo fundamentalmente cupular, y alejado del mundo popular. Pero, por otra parte, su fragilidad no está solo en ello. Está también en la incapacidad de construir un proyecto global de transformación, que de término al neoliberalismo.
La izquierda joven y, por cierto, también los políticos de la izquierda histórica han privilegiado la defensa de demandas identitarias parciales o la crítica puntual a ciertas injusticias del régimen actual. En lugar de ofrecer un proyecto de transformaciones estructurales, han atendido solo demandas específicas, abandonado lo colectivo, dejando de lado la propuesta global.
Una izquierda moderna debe ser capaz de combinar una política de clase con una política identitaria. Hay que valorar el poder transformador de los nuevos movimientos emancipatorios, pero son insuficientes por sí mismos. Para que el medio-ambientalismo, feminismo, el movimiento homosexual, los pensionados, los trabajadores precarios, las trabajadoras domésticas, los sin casa o el regionalismo, puedan alcanzar pleno éxito necesitan integrarse a una estrategia global transformadora. Los movimientos sociales, trabajando independientemente, pueden llegar sólo hasta un determinado límite. Eso se vio claramente el 2011 y también posteriormente en la lucha contra las AFP.
Por otra parte, es cierto que los cuestionamientos específicos, el antagonismo opositor, son parte sustancial de la vida política. Sin embargo, una izquierda que busca el poder y desea transformar la sociedad no puede limitarse solo al antagonismo. Debe ser capaz de ofrecer un programa sólido, con discursos que articulen los problemas de la contingencia con la propuesta global. Así se convoca y acumula fuerza social en el presente, pero al mismo tiempo, se le ofrece un futuro a la ciudadanía. Esto es lo que no hace la izquierda en Chile.
En consecuencia, una izquierda moderna, precisa de un programa integral que contemple el término del Estado subsidiario, un distinto modelo productivo, regionalización efectiva, una nueva inserción internacional, relaciones de igualdad entre empresarios y trabajadores. En el plano social es insoslayable la instalación de derechos universales y gratuitos en educación y salud, con seguridad social verdadera para los pensionados. Y, una política impositiva radicalmente distinta a la actual, que financie una nueva política social y productiva. Sólo así será posible un verdadero relanzamiento económico, con equilibrios sociales, que aseguren justicia distributiva para nuestra sociedad.
La izquierda nueva -ojalá también la izquierda tradicional- podrá salir del pantano, terminar con la dispersión y la farándula personalista, si ofrece a la ciudadanía un programa global de transformación antineoliberal. Ese programa podrá ampliar la fuerza de las reivindicaciones identitarias y parciales, entregando una dirección más clara a la lucha opositora contra la derecha.

-El autor, Roberto Pizarro H. es economista
*Fuente: ElDesconcierto

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Chile: otra vez el desarrollo frustrado

Redacción piensaChile — Tue, 10 Sep 2019 02:30:50 +0000

El destacado economista Aníbal Pinto, en su famoso libro, «Chile, un caso de desarrollo frustrado[1]», destaca que en el periodo 1830-1930 el país logró un crecimiento económico sin precedentes, que lo colocaron a la cabeza de América latina y que «… nada tenía que envidiar al de los emergentes Estados Unidos o al de muchas naciones europeas del norte y del viejo continente». Ese exitoso crecimiento, con economía abierta, gracias a las exportaciones agrícolas y sobre todo al salitre, tuvo «una pata coja»: le faltó una política industrial. El progreso técnico en los enclaves exportadores no se difundió al conjunto de la economía. Y, sin diversificación de la estructura productiva y de las exportaciones se frustró el desarrollo.

El vigoroso crecimiento y la apertura al mundo no ha abierto camino al desarrollo de Chile. Lo señalaba Aníbal Pinto hace décadas atrás. En la matriz productiva y exportadora de recursos naturales radica la limitación al desarrollo y es además la base material de las desigualdades. Ya es inocultable. Chile nuevamente ha visto frustrado su desarrollo.

Posteriormente, con la gran depresión mundial del siglo pasado, Chile se vio obligado a impulsar la industrialización; sin embargo, este nuevo camino fue más bien consecuencia de «la presión de los hechos» antes que el resultado de una política deliberada. Así las cosas, la industrialización no se vio complementada con una diversificación de las exportaciones. Subsistió así la heterogeneidad de la economía, con un sector exportador avanzado tecnológicamente y una actividad manufacturera de baja productividad.

Esa historia nos acerca al presente. Desde la dictadura militar, y luego con el retorno a la democracia, la apertura radical al mundo ha sido el componente más importante de la estrategia de crecimiento de Chile.

La apertura económica ha sido posible gracias a la decisión unilateral de las autoridades de reducir las restricciones al comercio, otorgar el mismo trato al capital extranjero que al nacional y facilitar los flujos del capital financiero. Pero, sobre todo a partir del retorno a la democracia, desde 1990 en adelante, la globalización de la economía ha tenido en las negociaciones bilaterales su soporte más importante: 28 acuerdos comerciales, con 64 países, que abarcan el 64% de la población mundial, y que representan el 86 % del PIB global.

La historia se repite

Pero al igual que en el pasado descrito por Aníbal Pinto, la exitosa apertura de la economía no ha estado acompañada de una diversificación de su estructura productiva ni de las exportaciones. En efecto, de cada US$100 que el país vende al mercado global, US$90 son materias primas en bruto o con escasa transformación, provenientes de los sectores mineros, forestal, pesca y agricultura.

La frágil matriz productiva está afectando negativamente la economía. El PIB potencial se ha reducido, la productividad cae desde hace más de una década y la competitividad internacional también ha disminuido. A esta realidad estructural se agrega recientemente el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Al igual que en la época del auge salitrero, el crecimiento económico y los recursos generados por el sector externo no se han aprovechado en diversificar la estructura productiva. Y, hoy día, cuando el mundo está girando hacia el proteccionismo, se pone en evidencia la fragilidad que significa vivir de la naturaleza, de los recursos naturales.

Ya en el año 2008, el destacado economista Michael Porter, decía a economistas y políticos chilenos: «Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender» (CIPER).

En ese cuadro, la guerra comercial que impone Estados Unidos a China acentúa nuestro drama, ya que el 35% de nuestras exportaciones se dirigen a este país. Y la caída del precio del cobre y de otras materias primas de exportación han elevado el precio del dólar, reduciendo nuestra la capacidad adquisitiva.

Aunque el nuevo escenario económico internacional está complicando a Chile, es preciso insistir que la diminución del crecimiento no es coyuntural, sino tiene un carácter secular. En efecto, mientras el crecimiento fue 7,4% entre 1990-1997, en el periodo 1999-2007 fue 4,4% y ahora, en 2014-2018 solo de 2,2%.

Los recursos naturales, que produce y exporta Chile, se están convirtiendo en un cuello de botella. Aunque son un negocio de altas ganancias para una minoría de grandes empresarios, estrechan la frontera productiva de la economía y su beneficio no se difunde al resto de la sociedad.

La exportación de recursos naturales es frágil frente a los cambios en la demanda internacional. Y, lo que es peor, priva a la economía de la posibilidad de generar encadenamientos que potencien el desarrollo de nuevas capacidades productivas en el plano interno. Tampoco ayuda a la creación de empleo y, cuando lo hace, ese empleo se caracteriza por su precariedad.

Mientras se sobreexplotan las riquezas no renovables, y sus beneficios se concentran en una minoría empresarial que los produce y exporta, el medio ambiente se ha visto crecientemente afectado. El agua es hoy un recurso dramáticamente escaso, especialmente en las zonas mineras, dónde es utilizada abundantemente para las faenas productivas. La sobrepesca industrial ha provocado el colapso de los principales recursos marinos. El arrasamiento del bosque nativo ha estado acompañado de un aumento en las plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto.

El camino del desarrollo

Así las cosas, entre 1970 y hoy día el sector manufacturero pasó de representar un 25% del PIB, al 10%. Y, en años recientes, la economía ha perdido competitividad con una productividad estancada. El presidente Piñera cree que esto puede mejorar con sus proyectos de bajar impuestos y llevar a cabo una reforma de trabajo flexible, que permita al patrón negociar individualmente con el trabajador la jornada de laboral. Se equivoca.

La matriz productiva existente es la que impide mejorar la productividad y la competitividad internacional. Agregar valor a los recursos naturales, procesar bienes o generar servicios avanzados es más complejo, exige una creciente innovación e incorporación de nuevas tecnologías. Además, requiere una fuerza de trabajo más calificada y por tanto la elevación de su calidad para el conjunto de la sociedad.

Con la estructura productiva actual al sector privado no le interesa invertir en ciencia y tecnología. Y, el Estado, tampoco lo hace. Evidencia de ello es un presupuesto público que destina apenas de un 0,40% del PIB para la ciencia y tecnología, mientras en la OCDE es de 2,5%.

Por otra parte, el Estado no se siente obligado a enfrentar las desigualdades en la calidad en la educación, porque no resulta indispensable para el modelo productivo existente. De allí que los salarios sean muy bajos en Chile. Y, por cierto, para transformar la matriz productiva se requiere enfrentar la heterogeneidad económica entre empresas grandes y pequeñas para lo cual no existen políticas públicas como tampoco para reducir las desigualdades entre los distintos territorios del país.

En suma, para potenciar la economía a mediano y largo plazo e ingresar al desarrollo es insoslayable caminar más allá de la producción de recursos naturales. Lo dice, el destacado economista coreano de Cambridge, Ha Joon Chang:

“La esencia del desarrollo económico es impulsar industrias no vinculadas con recursos naturales. ¿Por qué Japón produce autos, Finlandia teléfonos celulares o Corea acero? Porque las ventajas se crean”[2].

El actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un estudio del año 2000, junto a los economistas Sachs y Warner, confirma esta tesis:

“Chile no se ha integrado a la economía mundial como un innovador independiente o como generador de tecnologías de vanguardia, sino como un proveedor de unos pocos recursos naturales. Y……estos sectores son insuficientes para impulsar a Chile hacia una etapa de elevado crecimiento del ingreso. Chile tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente probable que experimente una caída en su crecimiento.”[3]

A pesar de estos señalamientos no ha sido posible introducir cambios sustantivos en la economía chilena. Los anuncios de mediados de los noventa para avanzar una segunda fase exportadora o, a finales del gobierno Bachelet, de agregar valor a los productos, mediante una estrategia de clusters, no se han materializado. Han sido retórica, se han quedado en las palabras.

¿Por qué no hay transformación productiva? Porque consciente o inconscientemente, la clase política y sus economistas están convencidos que el mercado no puede ser intervenido: es el supremo hacedor. Y, quizás más importante, sobre todo en años reciente, ha sido la subordinación de los políticos al gran empresariado; a cambio de dinero para campañas políticas impone leyes y decretos a su favor, que aseguran la permanencia de sus negocios; es decir ha obligado a que se garanticen sus negocios rentistas.

Así las cosas, el vigoroso crecimiento y la apertura al mundo no ha abierto camino al desarrollo de Chile. Lo señalaba Aníbal Pinto hace décadas atrás. En la matriz productiva y exportadora de recursos naturales radica la limitación al desarrollo y es además la base material de las desigualdades. Ya es inocultable. Chile nuevamente ha visto frustrado su desarrollo.

El autor, Roberto Pizarro, es economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile). 06 de Septiembre de 2019

*Fuente: Politika

Notas:

[1] Aníbal Pinto, Chile, Un caso de Desarrollo Frustrado, Editorial Universidad de Santiago, 1996.

[2] Ha-Joon Chang, entrevista en Página 12, 20 noviembre 2010.

[3] Larraín, Sachs y Warner, A Structural Analysis of Chile’s Long Term Growth: History, Prospects and Policy Implications, paper, 2000. Universidad de Harvard.

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Frenar a Trump para crecer en Chile y cambiar nuestro modelo productivo

Redacción piensaChile — Sun, 09 Jun 2019 02:30:33 +0000

6 de junio de 2019
La suerte no acompaña al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Una tormenta en la región del Bío-Bío, con inéditas trombas marinas, lo obligó a viajar a la zona a pocas horas de su segunda cuenta al Parlamento, el pasado 21 de mayo. Un nuevo esfuerzo para recuperar popularidad, la que muestra una aguda caída en las encuestas de opinión. Lamentablemente, el principal activo del presidente, la economía, donde había cifrado sus esperanzas, no lo está ayudando.

Aunque hubo un razonable crecimiento durante 2018, la actividad económica ya anuncia su disminución para el año en curso, con apenas un crecimiento del 1,6%, en el trimestre pasado. Se agrega a ello un aumento del desempleo y la disminución de las inversiones. Paralelamente, la pérdida de competitividad de nuestro país, junto a la manipulación de las cifras del INE, anuncian incertidumbre, especialmente para una economía exportadora y que además busca atraer inversionistas extranjeros.

Las dos principales reformas económicas del gobierno, en las que ha colocado grandes esfuerzos, no ayudan a mejorar las expectativas. Han ampliado las disputas en el ámbito político porque la reintegración impositiva devuelve dineros al gran empresariado, en momentos que el bajo precio del cobre empobrece las arcas fiscales. Y, la reforma laboral debilita al sindicalismo, permitiendo al patrón negociar individualmente con el trabajador la jornada de trabajo. Así las cosas, ha resultado imposible avanzar con estas iniciativas en el Parlamento.

Por si esto fuera poco, el ministro de Economía, José Valente, además de no leer novelas, comete demasiados errores que afectan las expectativas económicas. Hace algunos meses le dijo al empresariado que para reducir riesgos debieran invertir no solo en Chile, sino también en los mercados externos; además, se equivocó con el texto de la ley que obligaba a los acreedores de las pymes al pago en 30 días, ya que omitió el derecho de estas a demandar a los morosos.

El gobierno y los sectores del empresariado hacen mal en responsabilizar del debilitamiento económico y de la pérdida de competitividad a las reformas que llevó a cabo la presidenta Michelle Bachelet. Enardece a la oposición y, además, es una visión equivocada.

Para crecer hay que frenar la prepotencia de Trump

La economía chilena se encuentra hoy día en medio de una guerra comercial, que hace caer los precios del cobre y otras exportaciones de materias primas, con efectos traumáticos para la actividad económica. Además de los errores propios, la principal responsabilidad radica en el proteccionismo del presidente Donald Trump.

Nuestra economía es muy abierta al mundo y, por tanto, no tendremos un buen crecimiento si no se frena la agresividad comercial (y política) de los Estados Unidos y para ello al gobierno no le basta el camino propio. Tiene que acumular fuerzas con otros países, actuar de forma multilateral.

La guerra de Trump desafía a China, pero recientemente ataca a México. Sus efectos inciden seriamente en nuestras exportaciones, en particular con la caída del precio del cobre y el correspondiente deterioro del peso. En consecuencia, es imperativo que la diplomacia chilena retome la política multilateral para frenar el proteccionismo. No se trata sólo de rechazar la agresividad de Trump frente a China y de la solidaridad que le debemos a México, sino principalmente de la defensa de nuestros intereses comerciales.

Enfrentar el proteccionismo de Trump exige reunir esfuerzos con los países de la Alianza del Pacífico y, si es posible, con Mercosur para reclamar con una sola voz ante la Organización Mundial de Comercio sobre la elevación de los aranceles que impuso Estados Unidos a México. Al mismo tiempo, en el marco de las reuniones preparatorias de la próxima reunión de la APEC, a realizarse en nuestro país, debiéramos colocar como prioridad el cuestionamiento a la guerra comercial desatada por Trump contra China.

Para desarrollarnos se requiere cambiar el modelo productivo

Se ha destacado en estos días la caída de la competitividad. Pero esta no es responsabilidad de un gobierno, sino de todos los gobiernos y, por cierto, del modelo productivo que caracteriza nuestra economía. Por tanto, no tiene un carácter coyuntural, sino estructural. La caída de la competitividad es resultado del estancamiento de la productividad, por más de una década. Y, la pobre innovación y escasa calificación de la fuerza de trabajo impiden mejorarla.

Es preciso entender que el modelo productivo existente impide innovar y cierra puertas a una mayor calificación de la fuerza de trabajo. Extraer materias primas, en vez de procesar bienes, resulta más fácil y otorga una elevada renta, sobre todo cuando no existen royalties apropiados que regulen las actividades extractivas. En cambio, procesar bienes o generar servicios es más complejo, y obliga a una creciente y competitiva incorporación de nuevas tecnologías, con la exigencia de fuerza de trabajo más calificada.

El modelo productivo, extractor de materias primas, otorga elevadas rentas, pero no estimula inventar, ni crear tecnologías muy sofisticadas. Adicionalmente, la inmensa acumulación de ganancias que se han obtenido de la extracción de materias primas le ha permitido al gran empresariado extender sus actividades al sector financiero: a la banca, las AFP y las isapres.

Al empresariado le resulta cómodo vivir de las rentas generadas por las materias primas y el sector financiero, pero al resto del país lo perjudica. Cuando se produce cobre no procesado, madera, productos del mar y bienes agropecuarios no se generan grandes encadenamientos hacia el resto de la economía, no hay oferta de puestos de trabajo abundantes y calificados y no se utilizan tecnologías muy sofisticadas. Además, como gran parte de ese tipo de producción se exporta, nuestro país está sujeto a los vaivenes de la actividad económica mundial y, como sucede ahora, sufrimos con los bajos precios de nuestras exportaciones.

Dada la estructura productiva existente, el sector privado no invierte en ciencia y tecnología, pero tampoco lo hace el Estado. Entonces, el presupuesto público destina apenas de un 0,38% del PIB para la ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, el Estado no se siente obligado a enfrentar las desigualdades en la calidad en la educación, porque no resulta indispensable para el modelo productivo y de allí que los salarios sean muy reducidos.

Para potenciar la economía, a mediano y largo plazo, e ingresar al desarrollo, es insoslayable caminar más allá de la producción de recursos naturales. Se precisa además que las empresas pequeñas se acerquen a las grandes en eficiencia y que se reduzca la heterogeneidad económica entre los distintos territorios del país. Esto significa transitar a un nuevo modelo productivo, el que sí permitirá mejorar la productividad y la capacidad competitiva de nuestra economía.

Para construir ese nuevo modelo productivo las espontáneas fuerzas del mercado no ayudan. El Estado debe convertirse en un agente activo de la transformación, actuando en las siguientes direcciones. En primer lugar, aplicando royalties efectivos a los recursos naturales, para encarecer su extracción; pero, al mismo tiempo, debe ofrecer claros incentivos a los agentes económicos dispuestos a invertir en actividades de transformación.

En segundo lugar, es indispensable un decidido impulso a la ciencia y tecnología, apuntando a una inversión de recursos que alcance la media de los países de la OCDE, vale decir, el 2,5% sobre el PIB; y, paralelamente, con la generación de incentivos para que la empresa privada también se comprometa en avances tecnológicos.

En tercer lugar, no puede haber dudas sobre la necesidad de mejorar la calidad educacional para todos los niños y jóvenes, así como avanzar sustancialmente en la formación técnica de los trabajadores.

En suma, para crecer en lo inmediato es preciso frenar el proteccionismo de Trump, lo que obliga a recuperar iniciativas multilaterales. Y, para conquistar el desarrollo se necesita modificar el modelo productivo actual, para construir una economía diversificada, hegemonizada por la ciencia, la tecnología y la innovación.

-El autor, Roberto Pizarro, es economista, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación, embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Columnista de diversos medios. Artículo enviado a OtherNews por el autor y publicado en AméricaEcon

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