Qué duda cabe que el pueblo está cansado, que se está haciendo escuchar y que esta multitudinaria movilización social va mucho más allá de ser tan sólo una “conmoción emocional”, como la definiera un erudito columnista del diario El Mercurio.

Es evidente que estamos asistiendo a una de nuestras peores crisis como sociedad. Son muchas las demandas que se han instalado a lo largo de todos estos años y en términos generales sus contenidos ya son por todos compartidos. Pero me temo que a pesar de la gran explosión social que se está produciendo y de las largas jornadas de marchas, protestas, caceroleos, incluidos el vandalismo, los saqueos, etc., con un gobierno de derecha al frente, las propuestas de solución siempre serán insuficientes o tenderán a ser las mínimas necesarias para calmar los ánimos y con el único objetivo de aplacar la convulsión social. Aunque cabría señalar que con un gobierno de centro izquierda o de otro color político la ciudadanía tampoco podría darse por satisfecha en el cumplimiento de sus demandas. Esto se debe a que, para lograrlo en gran medida, se requiere realizar cambios estructurales. Y para que ello ocurra existe una piedra de tope: la Constitución Política de la República.

El ciudadano común se confunde, ya que tiende a pensar que por el sólo hecho de ejercer su derecho a voto basta para estar en democracia. Pero en el fondo su decisión no es relevante, ya que independiente de quien sea elegido (del sector político que sea), el poder lo seguirá ejerciendo el poder económico.

En momentos como estos y habiendo sido testigo de la evolución del proceso político chileno desde los tiempos de la dictadura, no puedo evitar que resuenen en mi mente los argumentos planteados por el propio Jaime Guzmán en los momentos en que se validaba la constitución de 1980, quien abiertamente señalaba que, aunque el juego tendría una apariencia “democrática”, la cancha estaría diseñada de tal forma que siempre habría sólo un equipo ganador (la derecha), lo cual estaría garantizado por las reglas del juego (la constitución). Esto significa que la constitución le garantiza una permanente ventaja a su equipo por sobre el rival, lo cual -continuando con la analogía-implica que la cancha siempre estará inclinada a su favor y que el equipo contrario siempre jugará con el viento en contra, o bien que el arco del equipo rival será más grande que el arco propio.

Lo anterior se traduce en que, independiente de la coalición política que esté en el gobierno, siempre terminan siendo los de un mismo sector quienes en buenas cuentas dirigen los destinos del país, es decir quienes concibieron la constitución.

Y por si lo anterior fuera poco, el diseño de la constitución contempla elaborados mecanismos para trabar las modificaciones y especialmente para impedir su reemplazo. Por cierto, que a la fecha ya se han realizado una serie de reformas, pero estas no han sido suficientes, ya que su esencia antidemocrática prevalece hasta hoy.

Algunas de las características permanentes de la constitución son que cada vez que el ciudadano común se ve enfrentado a alguien que tiene poder pierde y no permite establecer sistemas efectivos de control y/o de regulación para evitar el abuso. Los políticos no pueden tomar decisiones que afecten el poder económico, lo que ha contribuido a su desprestigio ante la ciudadanía. Sólo permite rectificar o perfeccionar (la educación, el sistema previsional, el de salud, etc.), pero no permite realizar transformaciones importantes. Permite a la derecha utilizar al tribunal constitucional para frenar cualquier intento por evitar los abusos. Se requiere de unos quorum muy altos para aprobar leyes y reformas constitucionales. Además de otras trabas que no se visibilizan directamente en el texto, pero que se concretan en su aplicación.

La constitución es el origen, la causa de la desigualdad y de los abusos. Una de las razones por las cuales la demanda de una nueva constitución no prende fácilmente en la ciudadanía tal vez se explica en que el ciudadano no alcanza a asociar directamente el abuso que experimenta a diario con el problema constitucional. Pero a la luz de los últimos acontecimientos que están sacudiendo a nuestra sociedad, la ciudadanía está comenzando a visualizar que en la constitución es donde se definen las reglas del juego, que contiene la trama sobre la cual se configura nuestro sistema político e institucional y es en donde se definen tanto la forma como los límites dentro de los cuales se desarrolla nuestra democracia.

Un primer paso será lograr que la ciudadanía toda asimile la idea del “que” hacer para afrontar esta crisis, luego se tendrá que llegar a un gran acuerdo social y definir la forma de hacerlo, es decir el “como” superarla.

No pretendo ser majadero, pero sin temor a equivocarme me atrevo a anticipar que las medidas adoptadas por el presidente Piñera y las que pueda proponer más adelante, serán pan para hoy y hambre para mañana. Ya se ha comprobado que el sistema siempre termina maltratando a la gente. Las reglas del juego están del lado de su sector político y ello les permitirá seguir controlando los destinos del país de acuerdo a su conveniencia. Para salir adelante de esta crisis se requiere efectuar cambios importantes, algunos de ellos estructurales, los cuales de antemano sabemos que la derecha no estará dispuesta a realizar.

Que el presidente declare que ha escuchado la voz de la gente, en ningún caso significa que aceptará algún cambio en las reglas del juego. Eso no sucederá, ya que el cambio de constitución es un tema que la derecha ha evadido durante todos estos años. El peor escenario posible para emprender un cambio de constitución es bajo un gobierno de derecha. Sencillamente porque ellos fueron quienes la diseñaron y la implementaron pensando en beneficiar a su sector, aunque ello fuera en perjuicio del resto.

Los intentos del proceso constituyente iniciado durante el segundo período de Bachelet no fueron suficientes y quedó inconcluso por distintas razones, una de ellas fue la baja en el apoyo hacia su gobierno. También debemos considerar que para la clase política la prioridad ha sido permanecer en el poder, aunque ello fuera en desmedro de las demandas ciudadanas.

Quizá cuánto tiempo más los ciudadanos tendremos que seguir tolerando los abusos,  dependerá en buena medida de los intelectuales, políticos, artistas, profesionales, comunicadores y todos aquellos líderes de opinión que con una visión de país asuman la tarea de transmitir al pueblo la certeza de que en el trasfondo de las demandas subyace el problema constitucional. Será fundamental incluir a las organizaciones sociales y por cierto que a toda la ciudadanía, para llegar a un acuerdo mayoritario en el cual se incorpore el ya imperativo cambio por una constitución democrática.

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Aunque la opinión pública ya estaba en antecedentes de la existencia de esta propiedad en lago Caburga y seguramente de que contaba con acceso al lago, no existía mayor información acerca de sus instalaciones. A la fecha ya existe constancia de que, entre la propiedad de Sebastián Piñera y el lago existe una franja de terreno que corresponde a un bien nacional de uso público en donde se construyeron algunas instalaciones, las cuales datan desde los años 1990, 2001 y 2007 [2]; las que se realizaron sin autorización de algún organismo público, es decir de forma ilegal.

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No debe sorprendernos la existencia de edificaciones y/o instalaciones sin regularizar, ya que se trata de una situación bastante común y de uso reiterado en diferentes ámbitos de la actividad en nuestro país, particularmente en el empresarial. Aunque lo señalado suele ocurrir dentro de los límites de cada propiedad, es decir dentro de los límites del espacio privado. Mientras que este caso es diferente, ya que se trata de un espacio que es dominio de todos los chilenos y su uso nos pertenece a todos [3].

Para seguir avanzando en este breve análisis, me he tomado la libertad de aventurar una hipótesis con el objeto de encontrar una explicación a lo sucedido. Es bastante probable que en algún momento se haya establecido una estrategia de ocupación del espacio público, la que consta básicamente de dos fases:

La primera consistió en establecer una forma de ocupación para la playa, lo que implicaba desplegar sobre el espacio público-playa varias instalaciones y/o edificaciones, de tal forma de cubrir la mayor superficie posible y con ello impedir a toda costa el uso de dicho espacio por parte de terceras personas (uso público). Para ello se optó por ubicar sobre el espacio-playa instalaciones y construcciones de naturaleza náutica (rampas y hangar), así como también otras destinadas a esparcimiento privado (quincho y cancha de tenis). Claramente las instalaciones no relacionadas con la navegación tendrían que haberse ubicado dentro de los límites legales del predio y tratándose de parcelas de agrado, es poco probable que existan restricciones de espacio que no se pudiera resolver con la realización de algún movimiento de terreno y/o de muros de contención. Dentro de esta ocupación del espacio público llama la atención la ubicación estratégica que se le ha dado a la cancha de tenis, considerando su importante tamaño y su disposición a tan poca distancia del agua, teniendo en cuenta que para la práctica de cualquier deporte se requiere de una concentración que no va mucho más allá de los límites del campo de juego. Resulta un total contrasentido observar la implementación de una cancha de tenis con vista preferencial y ubicada a pasos del lago Caburga. Esto sólo se explica por una decisión previa de cubrir la mayor parte del espacio público posible con actividades destinadas al uso privado y de paso restringir al máximo cualquier posibilidad de uso del espacio restante por parte de “extraños” ajenos al entorno inmediato del propietario.

La segunda corresponde a la decisión de establecer un mecanismo para regularizar las instalaciones ejecutadas ilegalmente, para así contar con un respaldo legal que las validara. De tal forma que el uso del espacio público realizado inicialmente “de hecho”, una vez obtenidos los permisos correspondientes se consolidara legalmente y desde ese momento realizarlo “en derecho”, por parte de los dueños del terreno anexo.

Sebastián Piñera asume su primer período presidencial el 11 de Marzo del 2010 y luego, con fecha 19 de Abril de 2011 se presenta una solicitud de concesión marítima por el “sector Renahue Km. 2,4 Lago Caburga, comuna de Pucón”, ante el Departamento de Asuntos Marítimos dependiente del Ministerio de Defensa, con el objeto de “implementar un proyecto de apoyo náutico a la propiedad” mediante la regularización y uso de mejoras fiscales, consistentes en las siguientes instalaciones:

–      dos rampas (plataformas para ingresar embarcaciones al lago)

–      varios muros (muros de contención y/o de apoyo para las instalaciones)

–      un hangar (para resguardo de las embarcaciones)

–      un quincho

–      una escala, una vereda, una terraza, una losa

–      una cancha de tenis

Cabe señalar que al iniciarse el proceso la autoridad que ejercía funciones como ministro de defensa era el actual senador RN Andrés Allamand, correligionario de Sebastián Piñera.

Las concesiones las otorga el estado con el propósito de que un particular o una empresa puedan administrar los derechos para explotar algunos de sus bienes o servicios durante un plazo de tiempo determinado. Por ello es que las concesiones se solicitan con fines de tipo comercial, para que los beneficiados puedan obtener una compensación económica.

Uno de los documentos técnicos que se adjuntan al expediente es un “Anteproyecto Vorizado de las Obras“ en donde los principales argumentos que se esgrimen para solicitar la concesión son los siguientes:

“El proyecto rescata el valor de las infraestructuras, equipos y recursos humanos estimados al servicio de los propietarios. Las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”.

Es un contrasentido solicitar una concesión para una infraestructura, equipos y recursos humanos cuando ellos se destinarán únicamente al servicio de sus propietarios. Es evidente que, en estricto rigor, no se trata de una concesión. También es contradictorio pretender realzar el “encanto natural” de un sector que cuenta con una ubicación paisajística tan estratégica, por medio de la implantación de una serie de instalaciones dentro de sus límites.

No hay que ser muy suspicaz para percatarse que no todas las instalaciones que se incluyeron en la solicitud tienen relación con lo que se puede entender como “apoyo náutico”. El quincho y la cancha de tenis no aplican en ningún caso para ese propósito e incluso la edificación destinada al hangar podría ubicarse fuera de los límites del bien de uso público, es decir dentro del terreno privado. Indudablemente se requirió de una interpretación bastante “sui generis” del conjunto para considerarlo íntegramente bajo esa categoría, para lo cual se requirió de una actitud muy condescendiente por parte de la autoridad encargada de revisar y autorizar la solicitud en cuestión.

En Junio de 2017, luego de algo más de seis años el proceso culmina con la aprobación de la concesión para el bien de uso público por un período de diez años, la cual es formalizada con la emisión de un decreto supremo. Esto aconteció durante el segundo período presidencial de Michelle Bachelet (iniciado en Marzo del 2014) y con José Antonio Gómez del PRSD como Ministerio de Defensa. El espacio adjudicado corresponde a una superficie de 879,61 m2 de playa y se contemplaron todas las instalaciones existentes a esa fecha.

Debemos consignar que no entendemos como un despropósito la ocupación del espacio público por parte de quienes poseen un terreno adyacente a las riberas de mar, ríos o lagos, cuando se utiliza para acceder a las aguas con fines de navegación, esparcimiento u otros similares. Pero cuando se observa que la ocupación del espacio público se realiza con el objeto de “marcar un territorio” y así impedir su utilización por parte de otros ciudadanos, estamos en presencia de un acto en donde prevalecen el egoísmo y la falta de sensibilidad social. Además de que, como en este caso, constituye una falta de consideración hacia el paisaje, teniendo en cuenta las características del entorno natural que constituye al Lago Caburga.

Por otra parte, resulta sorprendente constatar la falta de fiscalización por parte de las autoridades encargadas de velar por la conservación y la seguridad de los territorios que constituyen los bordes de lagos. Y cabe preguntarse si ¿la falta de rigor que logramos apreciar en este proceso para dar curso a la autorización para concesionar un bien nacional de uso público, sólo se debe a que el beneficiario en cuestión era el presidente de la república?

Claramente no es una buena señal para el resto de los ciudadanos.

Ricardo Riquelme Alvaro
Arquitecto
Monseñor Muller N°54 Of.03 Providencia
Fono (56-2) 2204 5892                                                                         

NOTAS:

[1] Camilo Carreño – El Dínamo, 11 de febrero de 2019:  “Cómo Piñera consiguió una playa concesionada de 800m2 en Lago Caburgua”

[2] Informe Técnico Julio de 2011. Capitanía de Puerto de Villarrica:
“El Sr. Piñera Echeñique, hace ocupación del sector de interés y de las mejoras fiscales existentes, de acuerdo al siguiente detalle:
Rampa, sector N°4: A contar del año 1990
Rampa, sector N°1: A contar del año 2001
Hangar, sector N°2: A contar del año 2001
Otras construcciones: A contar del año 2007

[3] Art. 589 del Código Civil:

Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales

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