1          RESUMEN EJECUTIVO

2          INTRODUCCIÓN

3          METODOLOGÍA

4          LA VIOLENCIA NO CESA

4.1       USO DE LA FUERZA POR AGENTES DEL ESTADO

4.1.1        Privación de la vida por uso excesivo de la fuerza

4.1.2        Daños a la integridad personal por armamento letal

4.1.3        Daños a la integridad personal por armamento potencialmente letal

4.1.3.1         Balines de goma y metal

4.1.3.2         Disuasivos químicos y vehículos lanza agua

4.1.4        Daños a la integridad personal por violencia física

4.2       VIOLACIÓN GENERALIZADA DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

5          RESPONSABILIDAD DE MANDO

5.1        CONOCIMIENTO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

5.1.1        Conocimiento por fuentes externas

5.1.2        Comunicación interna oficial

5.1.3        Seguimiento a las operaciones

5.2        OMISIÓN DE PREVENIR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

5.2.1        Munición lesiva

5.2.2        Protocolos inadecuados

5.2.3        Planificación estática

5.2.4        Órdenes similares e imprecisas

5.2.5        Disciplina ineficaz

5.3        El ROL DE PODER EJECUTIVO

6          CONCLUSIÓN: LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, UN MAL NECESARIO

7           RECOMENDACIONES

A partir de mediados de octubre de 2019, Chile comenzó a vivir uno de los episodios más trágicos y a la vez más transformadores de su historia reciente.

Lo que comenzó con protestas, principalmente de estudiantes, a raíz de la subida de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana, detonó una ola de manifestaciones, la cual se fue propagando rápidamente por casi todo el país. Esta expresión multitudinaria de inconformidad demandaba una mayor igualdad social y exigía el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y económicos, tales como el derecho a una pensión digna, a una vivienda y a la educación y a la salud pública de calidad.

Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, muchos de los actos de protesta supusieron el daño de mobiliario urbano público y privado, como por ejemplo algunas estaciones del metro de la capital, daños a edificios o la obstrucción de las vías públicas a través de la construcción de barricadas.

Frente a ello, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia constitucional y puso a las Fuerzas Armadas en las calles de algunas regiones del país durante diez días, las cuales intervinieron en la gestión de control de las movilizaciones en conjunto con la policía, Carabineros de Chile.

Esta estrategia, lejos de calmar los ánimos, avivó las protestas. Las Fuerzas Armadas (cuyo rol no es el control público de manifestaciones), fueron acusadas de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, utilizaron munición letal contra los manifestantes en varias ocasiones, y mataron a tres personas en contextos de protesta una de ellas por disparo de bala.

Por otro lado, en numerosas ocasiones, Carabineros de Chile en lugar de garantizar las manifestaciones y gestionar adecuadamente los brotes violentos, lejos de restablecer el orden público, lesionó a miles de personas, cientos de ellas de gravedad.

Si bien, muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas a manos de oficiales de Carabineros se habían registrado en Chile anteriormente, los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no tenían precedentes en tiempos de democracia.

Amnistía Internacional presenta en este informe un análisis pormenorizado de la estrategia de uso de la fuerza por parte de Carabineros entre los días del 18 de octubre al 30 de noviembre. La organización se centra en esta institución debido a que la violación del derecho a la integridad personal por parte de funcionarios de Carabineros fue generalizada (es decir, no fueron hechos aislados) y, al ser la institución a cargo del control del orden público, se requiere un abordaje profundo y estructural para evitar que hechos como los analizados, vuelvan a ocurrir. También debido a ello, la organización presta especial atención a los mandos estratégicos o directivos de la institución, así como a ciertos mandos tácticos u operativos de la Zona Metropolitana, ya que se toma esta región como muestra para esta investigación.

Para la elaboración de este informe se analizaron a profundidad 12 casos de violaciones de derechos humanos, y se revisaron más de 200 piezas videográficas, así como información oficial entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Amnistía Internacional, datos obtenidos a través de 14 solicitudes de información al del sistema público de transparencia y documentación obtenida de expedientes judiciales.

Enlace para acceder al Informe completo, en formato PDF, entregado por Amnistía Internacional: Informe Amnistía Internacional sobre Chile – (Octubre – Noviembre 2019)

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24 de abril de 2019

Desde el Consejo Regional Indígena de Cauca-CRIC, expresamos nuestra preocupación por la aparición de un panfleto firmado por el “Bloque Suroccidental de las Águilas Negras”, en el cual se declara como objetivo militar a las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y de víctimas del departamento del Cauca. Estamos en alerta ante esta nueva y grave amenaza, dirigida contra el conjunto de organizaciones sociales y procesos populares del departamento del Cauca y la Región.

Esta no es la primera amenaza de este tipo, ya que hemos contado un número de 17 panfletos amenazantes en el presente año, solo en la zona norte del Cauca. Estos panfletos muestran un vocabulario repetitivo cargado de odio, dando cuenta de un accionar concertado y planeado para atacar y amedrantar a las organizaciones indígenas y sociales del departamento, que se suma a los ataques cobardes, amenazas, señalamientos y estigmatización que se han lanzado desde sectores empresariales, criminales y políticos del centro democrático, vislumbrando una estrategia de generar un cerco de intimidación y muerte contra los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participaron los 33 días en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

Somos pueblos indígenas que defendemos la vida y la dignidad, y ningún actor armado, ni ninguna amenaza nos apagará la disposición milenaria de luchar por nuestra libertad y nuestros derechos en un Estado social de derecho plurinacional y multiétnico, tal como lo prevé la constitución colombiana. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de las acciones contra la vida de nuestros pueblos que se podrían desprender del accionar de estos grupos armados y violentos que fomentan la muerte, tal como nuestras comunidades lo han sufrido en el pasado, pues son los funcionarios del alto gobierno, en cabeza del presidente de la república Iván Duque, quienes en repetidas ocasiones han encabezado la desinformación y la estigmatización, justificando así la persecución violenta de la protesta social como ejercicio legítimo, democrático y pacífico, y el asesinato selectivo de líderes y lideresas.

Instamos a los organismos garantes de los derechos humanos nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo, la MAPP-OEA, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, a permanecer en máxima alerta, hacer seguimiento a estas amenazas y velar por la protección de la vida y la integridad de las personas y organizaciones amenazadas, ya que el paro nacional del 25 de abril de 2019, será un escenario que los violentos tratarán de aprovechar para expandir su proyecto de muerte contra las comunidades.

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC

24 de abril del 2019

*Fuente: Resumen Latinoamericano

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