Esta fue una semana de pánico, gatillado por un preinforme, y alimentado por la genuina preocupación sobre el bienestar de los niños, pero también por la manipulación y el aprovechamiento político.

Y todo condimentado por una gran dosis de hipocresía.

El preinforme 541 de la Contraloría constató irregularidades en el ingreso de niños haitianos, como parte del programa de reunificación familiar con sus padres que residen en Chile.

Un dato generó pánico: 64 niños estaban desaparecidos. Los políticos dispararon la alarma, líderes de opinión se sumaron, y en cosa de horas la bola de nieve creció: se trataba de una red de tráfico de menores, prostitución infantil, trabajo esclavo y hasta tráfico de órganos, como denunció el diputado Enrique Basaletti.

El gobierno puso en escena un operativo de crisis nacional. Convocó a todos los poderes del Estado y anunció una fuerza de trabajo para hallar a los niños perdidos.

Y es que el caso parecía demasiado sabroso políticamente. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó “al gobierno anterior”, “al ministro Elizalde”, y a su antecesor “el director Thayer” como responsables.

Las bancadas UDI, republicana y libertaria no perdieron ocasión para emplazar a Boric, y anunciar comisiones investigadoras sobre ¡Bachelet! y sus “posibles vínculos con redes de trata de personas y crimen organizado”.

Lo que al parecer no hicieron, fue leer las 71 páginas de la Contraloría.

Leyendo, se habrían enterado de que la Contraloría no denuncia tráfico de menores, ni desaparición de niños. No podría hacerlo, porque la Contraloría, aunque a veces sus autoridades lo olviden, no es la Policía de Investigaciones, ni la Fiscalía, ni un tribunal de justicia, ni un comité de ética, ni una autoridad política. Es un órgano que controla la legalidad de las acciones de la administración del Estado.

Contraloría tomó una muestra de 105 menores de edad, que entraron al país entre enero y octubre de 2025. Sus fiscalizadores fueron a los domicilios que aparecían en los papeles, y encontraron a 41 de ellos.

De ahí derivó el titular de que los otros 64 estaban desaparecidos. La imaginación desbocada, y las ganas de sumar puntos políticos, hicieron el resto.

Por cierto, hay problemas graves. El preinforme devela un serio desorden en las instituciones del Estado. Sus advertencias deben ser respondidas, y eventuales delitos, investigados. Por cierto, también, hablamos de niños vulnerables, por lo que puede haber casos de afectación de sus derechos o exposición a redes ilegales.

Pero, como es obvio, tocar una puerta y no hallar a alguien no significa que esa persona esté “desaparecida”.

El anexo 5 del informe detalla que, en tres casos, el niño vive en otra dirección; en trece, la familia se mudó; en veinte, los vecinos o residentes dicen no conocer a la familia buscada; en cuatro, no se pudo acceder al domicilio; en tres, no abrieron la puerta; en cinco, el niño vive allí, pero no estaba en ese momento; en uno, la vivienda está abandonada, y en un último caso, un hombre denunció que “la madre se llevó a la niña” y no ha podido verla.

El detalle de los 64 incluye explicaciones como “conserje llamó dos veces, pero nadie respondió”, “vecina señala que familia buscada vive ahí, pero que no están”, o “dirección correspondía a condominio, estaba cerrado por lo que no se pudo entrar a preguntar”.

Cuando las autoridades sí empezaron a buscar en serio, la alarma se desvaneció. En algunas horas, la PDI encontró a 33 niños. Todos “estaban en buen estado de salud, escolarizados y junto a sus familias”. Varios municipios encontraron otras decenas de niños a cargo de sus tutores, escolarizados y con controles de salud. También, varios en situación de pobreza y hacinamiento.

En las últimas horas, el gobierno ha apagado el fuego que él mismo encendió. El ministro de Defensa aclaró que “no hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos ni perdidos”, ni “hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos”. Todo se trata, concluyó, de “un terrible desorden”.

Y, permítanme agregar, de una terrible hipocresía.

Porque ver al mundo político rasgando vestiduras por los niños migrantes es terriblemente hipócrita.

En los últimos años, el discurso político ha deshumanizado a los migrantes, niños incluidos. El diputado Cristián Araya, el mismo que en estos días ha hablado de “miles de niños”, que “debemos encontrar” y culpado a Boric y Bachelet, propuso “minar la frontera norte”. Lo mismo acaban de reiterar diputados del PDG. El senador José Durana exigió “proteger nuestras fronteras con minas antipersonales”. Supongo que no necesito describir lo que hace una mina a un niño cruzando el desierto.

El actual senador Rodolfo Carter, esta semana decretó que los niños haitianos “probablemente sean soldados del crimen organizado, sean utilizados en el comercio sexual” y aseveró que “tenemos que tratarlos como a nuestros propios hijos”.

Pero en diálogo con Tomás Mosciatti en 2024, habló de disparar a los migrantes. “¿Mujeres, niños, al que sea?”, preguntó incrédulo Mosciatti. “Tendremos que actuar con las armas que nos entregue el Estado de derecho, incluidas las armas”, insistió Carter. “¿Entonces se les dispara?”. “Vamos a tener que hacerlo”.

Hace dos meses, el gobierno defendía en el Congreso una norma que obligaba a hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a denunciar la presencia de migrantes irregulares. El efecto para esos niños es evidente: significa sacarlos del sistema escolar, negarles el derecho a la salud y borrarlos del sistema que, precisamente, se ha activado en estos días para encontrarlos.

Ojalá lo ocurrido en estos días sirva para reflexionar sobre los límites del discurso xenófobo. Una cosa es controlar la inmigración; otra es tratar a niños como subhumanos que deben ser baleados o explotados en el desierto, o excluidos de la educación y la salud.

Si de verdad nos importa proteger a los niños, asegurar que no se pierda su rastro, y protegerlos de redes de tráfico, trata y delincuencia, entonces hay que mantenerlos dentro del sistema: en los colegios, con sus controles de salud al día, como parte de la red de protección del Estado.

Salvo que en verdad el bienestar de esos niños no nos importe, y todo el pánico de esta semana no haya sido más que un terrible caso de hipocresía colectiva.

*Fuente: LaTercera

Más sobre las HIPOCRESÍAS:

«Los valores occidentales»: La industria de los bebes ucranianos

 

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Nos llegó este video acompañado del siguiente texto:

«Interesante video hecho con Inteligencia artificial para votar en contra (via @botcheker en Twitter)»

Hemos intentado ubicar a @botcheker , pero no lo encontramos

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 “Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet” señaló recientemente María Pardo, consejera constitucional de Convergencia Social (La Segunda; 18-10-2023), es  decir, ¡una de las máximas dirigentes del Frente Amplio! Y hace unos días  el filósofo de  centro-izquierda Renato Cristi reconoció que “en los últimos cincuenta años” se logró cambiar  la mentalidad de los chilenos “a contrapelo de la tradición chilena que remata en el Estado  Social consagrado por la Constitución republicana de 1925”, para que “prestadores privados  motivados por el lucro puedan proveer bienes básicos como la salud, la educación y las  pensiones” (El Mercurio; 12-10-2023). Aunque Cristi personaliza dicho triunfo en Jaime  Guzmán, constituye en definitiva un gran triunfo histórico de la derecha que impuso a través  de la dictadura su modelo neoliberal extremo, y que logró luego que la Concertación se lo  legitimara, consolidara y “perfeccionara”.

En efecto, el “dilema” para el pueblo chileno en el plebiscito de diciembre próximo será aprobar un texto constitucional más derechista todavía que el actual; o, si lo rechaza, ¡mantener el texto actual impuesto en 1980 por Pinochet y asumido –con algunas reformas- por Lagos y la Concertación en 2005! A este grado de derechización del país hemos llegado, pese a que, desde 1990, el pueblo chileno ¡por seis veces ha logrado elegir presidentes  proclamadamente de centro-izquierda y que se comprometieron a buscar la sustitución del modelo neoliberal impuesto por la dictadura!

Obviamente, algo muy extraño y antidemocrático ha pasado en estos ya 33 años (los “30 años” cuestionados en el estallido social). La clave de la respuesta podemos encontrarla en la solapada derechización que experimentó el liderazgo de la Concertación y que tan hábilmente le ocultó a sus bases socio-políticas. Como lo reconoció descarnadamente, Edgardo Boeninger -considerado por moros y cristianos como el máximo ideólogo de la Concertación-, dicho liderazgo llegó a fines de los 80 a una “convergencia” con el  pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente no estaba en  condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit.  Andrés Bello, 1997; p. 362).

Aquí tiene completo el libro  de Beoninger, en formato PDF:

Y para ocultar con éxito su derechización procedió en 1989 –antes de asumir su segura Presidencia de la República- a regalar “bajo cuerda” la futura mayoría parlamentaria que le aguardaba de haberse mantenido intacta la Constitución del 80 (recordemos que su diseño original fue pensado para un Pinochet ratificado como presidente en 1988); concordando con Pinochet y la derecha 54 reformas constitucionales (en paquete), donde la más trascendente y ¡desconocida hasta hoy! fue un cambio en los quórums de aprobación de las leyes que iría ¡en perjuicio de la Concertación!…

Y en la misma línea, desde 1990 desarrolló políticas –también solapadas- destinadas a terminar con los numerosos diarios y revistas de centro-izquierda que habían surgido -con apoyo financiero externo- durante los 80. Esto a través de la discriminación del avisaje estatal, del bloqueo de ayudas extranjeras y de proceder –por personeros de la Concertación- a comprar algunos medios para luego cerrarlos. Y lo mismo hizo con  los medios de tal carácter que surgieron en los 90. Así, la aprobación de toda nueva legislación con el concurso de la derecha (“política de los consensos”) no se vio cuestionada desde la izquierda y pasó a “naturalizarse” con el tiempo.

El posterior surgimiento del Frente Amplio -pese a su discurso- tampoco constituyó una real alternativa de cambio del sistema, como se comprobó con su subordinación al acuerdo consensual de la derecha y la ex Concertación efectuado el 15 de noviembre de 2019 con la finalidad de neutralizar el fuerte estallido social de protesta de octubre. Y como se ha verificado con la orientación del actual gobierno en que todos los ministerios claves se han entregado a figuras de la ex Concertación; y en que se consolidó –pese a  todos los anuncios en contrario- la subordinación a la globalización neoliberal con la  firma del TPP11 y la alineación de Chile a Estados Unidos y la OTAN en la guerra ruso- ucraniana.

Por último, ha ido quedando cada vez más claro el engaño de la promesa de “nueva  Constitución” del acuerdo del 15 de noviembre. Primero, con el antidemocrático quórum de los dos tercios. Luego, con la “rendición” de los convencionales de haberle entregado a la sola derecha tradicional el poder de bloqueo legislativo de una nueva Constitución en caso que ganase el “Apruebo”. Y finalmente, con la utilización de la desinformación creada por su poder comunicacional casi total para engañar a la mayoría del pueblo para que se  inclinara por el “Rechazo”.

Para que hablar del “acuerdo infame” -como tan bien lo denominó Miguel Lawner- que ha regido este nuevo proceso en que toda apariencia de democracia ha sido olvidada. Primero, porque una “nueva” Constitución ahora ha sido hecha por el actual Congreso, directamente a través de la configuración de sus doce bases fundamentales; e, indirectamente, a través de una comisión de “expertos” designada por el mismo Congreso que elaboraría un primer  borrador. Y luego, porque dicho texto solo podría ser enmendado por los 3/5 de un “Consejo  Constitucional” elegido sobre las mismas bases electorales del actual Senado de 50 miembros,  las que favorecen antidemocráticamente a la derecha.

Además, con el triunfo impensado de un partido todavía más derechista (Republicano) en la  elección del Consejo, se ha llegado al extremo de que la definición plebiscitaria de diciembre  será ¡entre mantener la actual Constitución de Pinochet-Lagos (inspirada por Jaime Guzmán)  o reemplazarla por otra más derechista aún, elaborada por el partido que dirige José Antonio  Kast! O sea, una victoria total para la derecha

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“Hace 35 años dijimos que No, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que No, para tener la Constitución que Chile merece. Votamos Rechazo para tomar el camino de una Constitución que nos una”,

rezaba el anuncio.

¿Nos está llevando hacia allá ese puente?

Quienes formulaban esa promesa no tenían el poder para cumplirla. Era un cheque sin fondos. Los verdaderos dueños de ese capital político se mantuvieron ocultos, y externalizaron la campaña en rostros moderados y amables. Fue una estrategia exitosa, que planteó al No en 1988 y al Rechazo en 2022 como una continuidad histórica, la prolongación del mismo puente hacia un Chile democrático, amable e inclusivo.

Pero la noche del 4 de septiembre, los dueños reaparecieron y se hicieron cargo. El triunfo de los republicanos en las elecciones de consejeros completó el cuadro: ellos no habían hecho ninguna promesa, y por lo tanto, el cheque era incobrable.

Un vulgar “chirimoyo”.

Los republicanos ganaron machacando un solo mensaje: mano dura contra la delincuencia. Pero ahora dicen tener “un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto”. ¿En qué pliego de campaña dijeron eso? ¿En qué franja hablaron de dar beneficios a los asesinos de Punta Peuco, o de vetar las acciones contra la crisis climática?

La paridad también fue eliminada. Los votos republicanos descartaron la norma que comprometía que ningún género tendría menos del 40% de los parlamentarios en las dos próximas elecciones.

“La paridad no está en juego en caso que gane el Rechazo”, habían prometido en una carta pública las principales dirigentas de derecha antes del plebiscito. “Yo estoy de acuerdo con este tema en el proyecto de Constitución”, dijo entonces la senadora Ximena Rincón. “Yo estoy de acuerdo con la fórmula que se propone. Hay un avance civilizatorio que hay que mantener”, agregó el exministro Jaime Bellolio.

Ese proyecto definía a nuestra democracia como “inclusiva y paritaria”, comprometía al Estado con la “igualdad sustantiva” entre géneros, establecía un mínimo de 50% de mujeres en todos los órganos de poder del Estado, y reconocía los cuidados y el derecho a la interrupción del embarazo. Nada de eso está en el proyecto actual.

Ese cheque rebotó con estrépito en caja.

La explicación para descartar la paridad es que significaría “meter la mano a la urna”. Lo curioso es que eso es exactamente lo que hacen otras normas que sí fueron aprobadas, como el sistema electoral por listas, o la barrera de 4% para que un partido acceda al Congreso.

O sea, sí se puede meter la mano a la urna para resguardar los equilibrios entre fuerzas políticas o excluir a los partidos más chicos, pero es inaceptable hacerlo para garantizar la paridad entre mujeres y hombres.

Hay más. El Pleno aprobó que “las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar”.

Con ese artículo, casos como el de Romario Veloz, asesinado por una patrulla militar el 20 de octubre de 2019 en La Serena, serían vistos por la justicia militar. Los invito a leer el fallo sobre ese caso, que acredita que una patrulla disparó municiones de guerra sobre civiles desarmados, y decidir si es deseable que un crimen como ese quede bajo tutela militar.

Lo paradojal es que un punto clave del Rechazo fue la oposición a las “justicias paralelas”, debido a que sería la ley la que definiera el límite de las jurisdicciones indígenas. Ahora la justicia paralela para víctimas civiles no es una suposición, es un hecho. Según la exministra Soledad Alvear, de Amarillos, “ni Pinochet o Jaime Guzmán habrían llegado a estas normas. Constitucionalizar la justicia militar es muy grave”.

Suma y sigue. Se aprobó que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto a las partes e intervinientes”. Una enmienda que favorece a empresas que abusen masivamente de clientes o consumidores, como las isapres, ya que los fallos no podrán aplicarse a los afectados que no sigan el largo proceso ante la justicia.

Como reconoció abiertamente el consejero Antonio Barchiesi, se trata de evitar “el riesgo de que los jueces extiendan el efecto de las sentencias más allá de las partes del juicio, como ocurrió recientemente en una materia de política pública muy sensible por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema”.

Supremos, quedan avisados. No se metan con las isapres.

Una más: el Pleno aprobó que la Cámara tenga 138 diputados. El político Edmundo Eluchans, que ha ejercido cargos políticos por los últimos 30 años, celebró que “Chile por fin tendrá menos políticos”. ¿Y por qué ese número? “Si la pregunta es por qué 138 y no 137 o 139, no tengo respuesta”.

El consejero Becker dijo que “138 es un promedio” entre los actuales 155 y los 120 del binominal. El consejero Solar reconoció que “es un poquito al azar esta cuestión”. El consejero Silva filosofó “¿Por qué 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima en carretera? ¿Por qué 50 es la velocidad máxima en zona urbana?«

¿Se imaginan si este cantinfleo sobre una norma tan relevante hubiera sido protagonizado en la Convención por mujeres indígenas o dirigentas sociales? Pero como fueron hombres de traje y corbata, pasó piola.

Es que el clasismo pega fuerte. Los Amarillos dicen que el actual proceso se hace “con constituyentes razonables, dialogantes”, y que no están “ni la tía Pikachu, ni Rojas Vade, ni grupos identitarios furiosos”.

Giovanna Grandón (la “Tía Pikachu”) hizo un trabajo serio y dedicado en la Convención. Hubo convencionales agresivos, que insultaron a sus colegas, o que nunca fueron a las sesiones, pero su origen social los exime de la caricatura. En el actual Consejo se lanzan frases como que “nuestra bancada elige la vida mientras ustedes eligen la muerte”. ¿Es eso “razonable y dialogante”?

Quedan cinco semanas. Y hasta ahora, el prometido puente hacia una Constitución “que nos una” es un puente hacia ninguna parte.

*Fuente: LaTercera

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Tenía 30 años y un hijo.

Vicente Atencio provenía de la quebrada Los Chacayes, cerca de Los Andes. Fue pirquinero en el sur, obrero del salitre en el norte, y trabajador de la construcción en Arica. “Un hombre alegre, un hombre consecuente, un hombre humilde”, recordaría tiempo después su sobrina nieta Lenina.

Tenía 47 años y cuatro hijos.

Luis Gastón Lobos nació en Río Bueno y creció en Valdivia, donde estudió en el Instituto Comercial y se tituló de contador. En Pitrufquén se casó y se convirtió en bombero. “Se ponía a cantar, o se iba silbando, y yo le decía “¡pero papá!” y él se moría de la risa. Le gustaba mucho jugar”, recordaría tiempo después su hija Marianela.

Tenía 46 años y cinco hijos.

“Tenía”. El pretérito imperfecto en estos casos es muy imperfecto. Sabemos la edad que tenían Carlos, Vicente y Gastón la última vez que fueron vistos con vida. Pero no sabemos exactamente cuánto sobrevivieron. Cuánto duraron sus tormentos en esas mazmorras del horror donde la palabra “tortura” tenía significados que ni siquiera queremos imaginar. Por eso elegimos el eufemismo sobre la descripción, la palabra fría sobre el detalle horrible. “Apremios ilegítimos”. “Torturas”. “Violaciones de los derechos humanos”.

Carlos, Vicente y Gastón tuvieron vidas disímiles, casi opuestas. Vivieron en distintos puntos del país, en oficios con tan poco en común. Cuando se interesaron por la política, militaron en diferentes partidos. Carlos fue socialista. Vicente, comunista. Gastón, radical.

Sus vidas se cruzaron por vez primera el 11 de marzo de 1973, cuando fueron elegidos diputados. Carlos, por Valdivia. Vicente, por Arica e Iquique. Gastón, por Temuco. Seis meses después, la dictadura cerró el Congreso y la cuenta regresiva de sus vidas comenzó.

Gastón fue el primero en caer. Lo arrestaron dos días después del golpe. Le cortaron el pelo al rape y lo dejaron con arresto domiciliario. El 5 de octubre lo detuvieron de nuevo. “Dijo que nos quedáramos tranquilos, que él ya iba a volver”, recuerda su hija Marcela, entonces de 11 años. “Pasé muchos años esperando que tocara la puerta y que volviera”. Tras seis días de arresto en Temuco, un fiscal firmó el documento que lo dejaba libre por falta de méritos. Pero en vez de liberarlo, lo hicieron desaparecer.

Carlos fue el siguiente. Agentes de la DINA se lo llevaron el 25 de junio de 1975, desde una casa en calle Maule, Santiago, y lo subieron esposado a un Fiat 125 rojo. Fue visto en Villa Grimaldi, antes de que se perdiera su rastro para siempre.

A Vicente, la DINA se lo llevó la mañana del 11 de agosto de 1976. Lo trasladaron a Villa Grimaldi. Su cuerpo apareció por casualidad. En 1990, mientras se excavaba un terreno en el Fundo Las Tórtolas de Colina, que había pertenecido al Ejército hasta 1980, encontraron sus restos y los de otras dos personas en fosas clandestinas.

Hay una tumba con el nombre de Vicente. No las hay con los nombres de Carlos y Gastón.

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados les rindió un homenaje. Se recordaron sus cualidades humanas, su trabajo como parlamentarios y su legado. Mientras ello ocurría, el hemiciclo estaba semivacío. Muchos parlamentarios se ausentaron. Otros, apenas comenzó el homenaje, hicieron un punto político al retirarse, sin ninguna discreción, de la sala.

Han sido días oscuros para Chile. Lejos de ser el hito que permitiera restañar heridas y sellar un compromiso con los valores democráticos y humanistas, estos 50 años nos han retrotraído a un escenario que creíamos ya superado: la justificación del golpe, la relativización del horror, el contexto usado como excusa, como atenuante, como justificación.

El exministro del Interior Víctor Pérez ha llegado a decir que los torturados, los asesinados, los desaparecidos, “fueron víctimas, sí, pero pudieron ser victimarios”.

El “sí, pero…” convertido en discurso político.

Parte de la responsabilidad es del gobierno, que nunca encontró el tono ni la estrategia para este hito. Tres ministros de Culturas y un asesor presidencial pasaron en este año y medio, con eventos que se organizaban y luego se cancelaban, y un presidente que, cual Hamlet, ventilaba dudas existenciales sobre su rol al mando de esta conmemoración.

Al final, el mayor logro fue mínimo: que los cuatro expresidentes, junto al actual mandatario, firmaran una declaración con un par de lugares comunes sobre la democracia. La firma no tuvo solemnidad, ya que no se logró que los expresidentes participaran en el acto del 11 en La Moneda.

Los partidos de derecha ni siquiera accedieron a firmar una declaración en la que ningún demócrata podría identificar un solo punto cuestionable. Primó el miedo a verse “blandos” ante el extremismo de los republicanos. Una derecha secuestrada por el pinochetismo más agresivo obliga a mirar con escepticismo el futuro de la democracia.

Pero lo ocurrido en la Cámara de Diputados demuestra que el problema no es sólo político. Es más profundo: es humano.

Deshumanizar al adversario está en el ABC de las dictaduras genocidas. Lo hicieron los nazis con los Untermenschen (subhumanos), y el pinochetismo con los humanoides.

Lo hacían para apagar la humanidad. Esa luz al fondo del corazón, que nos avisa que, sin importar cuáles sean las diferencias entre nosotros, todos somos humanos.

Por eso, un hombre asesinado merece un homenaje. Y un homenaje impone presencia, silencio y respeto.

Empatía por el dolor de sus familiares y amigos, presentes en las tribunas. Recogimiento por quien fue un colega como parlamentario, pero antes que eso, un ser humano que cantaba, que jugaba ajedrez, que apagaba incendios, que reía con sus hijos. Un ser humano que amó y sufrió.

No debemos dejar que esa luz se apague. Porque si perdemos la humanidad, entonces lo habremos perdido todo.

*Fuente: LaTercera

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Publicado en el NYT el 02.08.2023

Donald Trump parece ser acusado cada semana. Sin embargo, está dominando completamente a sus rivales republicanos en las encuestas, y está empatado con Joe Biden en las encuestas de las elecciones generales. Los números de Trump en las encuestas son más fuertes contra Biden ahora que en cualquier momento en 2020.

¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este tipo sigue siendo políticamente viable, después de todo lo que ha hecho?

Los anti-Trumpers a menudo contamos una historia para explicarlo. Se encapsuló en una cita que el politólogo de la Universidad de Carolina del Norte Marc Hetherington le dio a mi colega Thomas B. Edsall recientemente:

«Los republicanos ven un mundo que cambia a su alrededor incómodamente rápido, y quieren que se ralentice, quizá incluso que dé un paso atrás. Pero si eres una persona de color, una mujer que valora la igualdad de género o una persona L.G.B.T., ¿querrías volver a 1963? Lo dudo».

En esta historia los anti-Trumpers somos los buenos, las fuerzas del progreso y la ilustración. Los Trumpers son fanáticos reaccionarios y autoritarios. Muchos republicanos apoyan a Trump pase lo que pase, según esta historia, porque al fin y al cabo sigue siendo el intolerante en jefe, la encarnación de sus resentimientos, y eso es lo que más les importa.

En parte estoy de acuerdo con esta historia, pero también es un monumento a la autosatisfacción de las élites.

Así que permítanme que les cuente otra historia. Te pido que examines un punto de vista en el que los anti-Trump no somos los eternos buenos. De hecho, somos los malos.

Esta historia comienza en la década de 1960, cuando los graduados de la escuela secundaria tuvieron que ir a luchar a Vietnam, pero los hijos de la clase educada obtuvieron aplazamientos universitarios. Continúa en los años 70, cuando las autoridades impusieron el transporte en autobús en las zonas obreras de Boston, pero no en las comunidades de clase alta como Wellesley, donde ellos mismos vivían.

El ideal de que «todos estamos juntos en esto» fue sustituido por la realidad de que la clase educada vive en un mundo de aquí arriba, y todos los demás se ven obligados a vivir en un mundo de allí abajo. Los miembros de nuestra clase siempre están hablando públicamente en favor de los marginados, pero de alguna manera siempre acabamos construyendo sistemas que nos sirven a nosotros mismos.

El más importante de esos sistemas es la meritocracia moderna. Hemos construido todo un orden social que clasifica y excluye a las personas en función de la cualidad que más poseemos: los logros académicos. Los padres con un alto nivel educativo van a escuelas de élite, se casan entre sí, trabajan en empleos profesionales bien remunerados y vuelcan enormes recursos en sus hijos, que entran en las mismas escuelas de élite, se casan entre sí y transmiten sus privilegios exclusivos de clase de generación en generación.

Un estudio de 2018 reveló que más del 50 por ciento de los redactores del querido New York Times y The Wall Street Journal asistieron a una de las 29 universidades más elitistas del país.

Daniel Markovits resumió años de investigación en su libro «La trampa de la meritocracia«:

«Hoy, los niños de clase media pierden frente a los niños ricos en la escuela, y los adultos de clase media pierden frente a los graduados de élite en el trabajo. La meritocracia impide que la clase media tenga oportunidades. Luego culpa a los que pierden de una competición por los ingresos y el estatus que, incluso cuando todos juegan según las reglas, sólo los ricos pueden ganar».

La meritocracia no es sólo un sistema de exclusión; es un ethos. Durante su presidencia, Barack Obama utilizó la palabra «inteligente» en el contexto de sus políticas más de 900 veces. La implicación era que cualquiera que no estuviera de acuerdo con sus políticas (y quizás no hubiera estudiado Derecho en Harvard) debía ser estúpido.

En las últimas décadas nos hemos apoderado de profesiones enteras y hemos dejado fuera a todos los demás. Cuando empecé mi carrera periodística en Chicago, en los años 80, todavía había algunos viejos obreros en la redacción. Ahora no sólo somos una profesión dominada por universitarios, sino por élites universitarias. Solo el 0,8 por ciento de todos los estudiantes universitarios se gradúan en las 12 escuelas de súper élite (las universidades de la Ivy League, más Stanford, M.I.T., Duke y la Universidad de Chicago). Un estudio de 2018 reveló que más del 50 por ciento de los redactores del querido New York Times y The Wall Street Journal asistieron a una de las 29 universidades más elitistas del país.

En 2020, Biden solo ganó unos 500 condados, pero juntos son responsables del 71% de la economía estadounidense. Trump ganó más de 2.500 condados, responsables sólo del 29%.

Escribiendo en la revista Compact, Michael Lind observa que el mercado laboral de clase media-alta parece un candelabro: «Los que consiguen colarse en el tallo de unos cuantos colegios y universidades de prestigio en su juventud pueden luego ramificarse para ocupar puestos de liderazgo en casi todas las vocaciones».

O, como dice Markovits:

«Los graduados de élite monopolizan los mejores empleos y al mismo tiempo inventan nuevas tecnologías que privilegian a los trabajadores supercualificados, haciendo que los mejores empleos sean mejores y todos los demás empleos peores.»

Los miembros de nuestra clase también nos segregamos en unas pocas áreas metropolitanas en auge: San Francisco, D.C., Austin y así sucesivamente. En 2020, Biden solo ganó unos 500 condados, pero juntos son responsables del 71% de la economía estadounidense. Trump ganó más de 2.500 condados, responsables sólo del 29%. Una vez que encontramos nuestros grupos, no nos movemos mucho.. En el libro «La clase social en el siglo XXI», el sociólogo Mike Savage y sus co-investigadores descubrieron que los miembros de la clase altamente educada tienden a ser los más insulares, medido por la frecuencia con la que tenemos contacto con aquellos que tienen trabajos diferentes a los nuestros.

Armados con todo tipo de poder económico, cultural y político, apoyamos políticas que nos ayudan a nosotros mismos. El libre comercio abarata los productos que compramos, y es improbable que nuestros empleos se trasladen a China. La inmigración abierta abarata nuestro personal de servicios, pero no es probable que los nuevos inmigrantes, menos formados, presionen a la baja nuestros salarios.

Como todas las élites, utilizamos el lenguaje y las costumbres como herramientas para reconocernos y excluir a los demás. Utilizar palabras como problemático, cisgénero, latinx e interseccional es señal inequívoca de que te sale el capital cultural por las orejas. Mientras tanto, los miembros de las clases menos instruidas tienen que andar con pies de plomo, porque nunca saben cuándo hemos cambiado las normas de uso, de modo que algo que se podía decir hace cinco años ahora puede ser causa de despido.

También cambiamos las normas morales de forma que nos convengan a nosotros mismos, sin importarnos el coste para los demás. Por ejemplo, antes existía una norma que desaconsejaba tener hijos fuera del matrimonio, pero se desvaneció durante nuestro periodo de dominio cultural, a medida que erosionábamos las normas que parecían sentenciosas o que podían inhibir la libertad individual.

Tras la desaparición de esta norma social, ocurrió algo curioso. La inmensa mayoría de los miembros de nuestra clase seguía casándose y teniendo hijos dentro del matrimonio. Las personas sin nuestros recursos, sin el apoyo de las normas sociales, eran menos capaces de hacerlo. Como señala Adrian Wooldridge en su magistral libro de 2021, «The Aristocracy of Talent» (La aristocracia del talento), «el sesenta por ciento de los nacimientos de mujeres con sólo un certificado de estudios secundarios se producen fuera del matrimonio, frente a sólo el diez por ciento de las mujeres con un título universitario». Eso importa, continúa Wooldridge, porque «La tasa de madres solteras es el predictor más significativo de inmovilidad social en el país«.

¿Significa esto que pienso que la gente de mi clase es viciosa y malvada? No, la mayoría de nosotros somos sinceros, amables y de espíritu público. Pero damos por sentado y nos beneficiamos de sistemas que se han vuelto opresivos. Las instituciones de élite se han vuelto tan políticamente progresistas en parte porque las personas que las integran quieren sentirse bien consigo mismas mientras participan en sistemas que excluyen y rechazan.

Es fácil entender por qué la gente de las clases menos educadas llega a la conclusión de que están bajo asalto económico, político, cultural y moral – y por qué se han unido en torno a Trump como su mejor guerrero contra la clase educada. Trump comprendió que no son los empresarios los que parecen más amenazadores para los trabajadores; es la clase profesional. Trump comprendió que había una gran demanda de un líder que nos metiera el pulgar en el ojo a diario y rechazara todo el régimen epistémico en el que nos hemos instalado.

Si el populismo desconfiado es tu visión básica del mundo, las acusaciones contra Trump parecen solo otra escaramuza en la guerra de clases entre los profesionales y los trabajadores, otro asalto de un puñado de abogados costeros que quieren acabar con el hombre que más agresivamente les planta cara. Por supuesto, las acusaciones no hacen que los partidarios de Trump le abandonen. Hacen que se vuelvan más ferozmente leales. Esa es la historia de las encuestas de los últimos seis meses.

¿Tienen razón los partidarios de Trump en que las acusaciones son sólo una caza de brujas política? Por supuesto que no. Como miembro con carné de mi clase, sigo confiando básicamente en el sistema legal y en los árbitros neutrales de la justicia. Trump es un monstruo en el sentido que todos llevamos años diciendo y merece ir a la cárcel.

Pero aquí hay un contexto más amplio. Como escribió hace décadas el sociólogo E. Digby Baltzell, «la Historia es un cementerio de clases que han preferido los privilegios de casta al liderazgo.» Ese es el destino con el que ahora coquetea nuestra clase. Podemos condenar a los populistas trumpianos todo el día hasta el juicio final, pero la verdadera pregunta es cuándo dejaremos de comportarnos de un modo que hace inevitable el trumpismo.

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*Fuente: DNYUZ

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Luis Silva advierte: “¿Por qué cre.., siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”

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Los resultados de la elección de consejeros constituyentes del pasado domingo en Chile y la inmensa votación que obtuvo el Partido Republicano, no sólo viene a consolidar electoralmente el aplastante rechazo a la propuesta constitucional del 2022, sino que se da en un contexto de enorme confusión e incertidumbre de lo que podrá pasar en los próximos meses, que nos dejan en un verdadero limbo constituyente.

Lo menciono no solo por el enorme giro que ha dado el proceso constituyente, pasando de un órgano conformado principalmente por listas de izquierda, independientes y movimientos sociales, a otro por lo más recalcitrante de la derecha chilena pinochetista (que capitalizó de manera perfecta el malestar social y miedo de los chilenos), sino también porque el Partido Republicano al obtener 23 de los 51 consejeros constituyentes, está obligado a tener que liderar un proceso que desprecian desde su génesis durante el 2019, lo que se vuelve bastante paradójico y bizarro.

De ahí que el resultado del domingo sea tan bueno para la extrema derecha, en comparación a lo que obtuvo la derecha tradicional (11 consejeros) y la izquierda gubernamental (16 consejeros), que todos los ojos van a estar puestos en su acción, lo que ya no podrá tener el rol de impugnador que tuvo en el proceso constituyente anterior, el cual les ha acomodado bastante y les daba libertad para inventar e instalar noticias falsas en los grandes medios concentrados y también en el “canal público” (TVN).

Por lo mismo, no hay que olvidar que para el Partido Republicano, así como otras nuevas derechas populistas y negacionistas en el mundo (Vox, Trump, Meloni, Bolsonaro, Milei), se sostienen justamente por presentarse como una fuerza novedosa por fuera del establishment y por cuestionar un discurso políticamente correcto y las instituciones que la sostienen, en donde según ellos una casta política corrupta se subordina finalmente a una ideología globalista impulsada por los grandes organismos internacionales.

No hay que sorprenderse por tanto, que tanto la intelectualidad de esta ultra derecha y los mismos consejeros constituyentes electos en Chile, estén convencidos de que lo que se vivió en el país durante el 2019 fue algo organizado y conspirado desde la izquierda internacional, negando así sus demandas más importantes y una revuelta social, que para ellos no fue más que un estallido delictual.

En consecuencia, esta ultra derecha, fiel a su doctrina dogmática y reaccionaria, se opuso tanto al primer acuerdo constitucional del 2019 como al del 2022, por lo que siempre rechazó todo lo que provino de él, arrastrando así discursivamente con el tiempo a la derecha tradicional, a la centro izquierda y a los grandes medios de información, los cuales le terminaron entregando un relato securitario, centrado en la delincuencia descontrolada y en la inmigración desbordada, el cual luego del rechazo del 2022, fue hasta tomado incluso por el gobierno de Gabriel Boric.

Visto este escenario, la ultraderecha tendrá una disyuntiva política, que quizás difícilmente podrá salir bien parada, ya que controlará un órgano que desprecia, así como los 12 bordes constitucionales y un anteproyecto elaborado por un grupo de expertos designados, que representa para ellos una cocina elaborada por una casta política antipatriota y que quiere destruir Chile igualmente.

Frente a lo anterior, que la ultraderecha ponga el grito en el cielo con algunos de los puntos pactados, como lo son el Estado Social y Democrático de Derecho, el reconocimiento de pueblos indígenas y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad (1), solo responde a una mirada extrema, que cree firmemente que son parte de una agenda globalista de la ONU y del marxismo cultural.

Si bien será un relato sacado de un manual de propaganda nacionalsocialista o fascista, realmente lo creen, pero veremos si están dispuestos a seguir con teorías conspirativas y doctrinarias para diferenciarse de la derecha tradicional y más pragmática, impulsando normas extremas y más neoliberales que las que ya existen en la constitución actual, o por el contrario, sus consejeros se adecuarán al órgano constitucional y a los 12 bordes, de manera más consensuada y dialogante, lo que traicionaría su propia identidad que han construido.

En definitiva, elijan cualquiera de los dos caminos, los republicanos pueden quedar expuestos como nunca antes, lo que debe ser aprovechado por las fuerzas de izquierda y progresistas, pensando ya mucho más allá del plebiscito constitucional de diciembre, ante la amenaza real de que sigan creciendo y puedan llegar al gobierno en la próxima elección presidencial, lo que les daría un poder inmenso para hacer retroceder en derechos y en la democracia del país.

–El autor, Andrés Kogan Valderrama, es Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, con cursos de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, Profesional de la Municipalidad de Ñuñoa, Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social y Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org

Notas:

1: https://es.scribd.com/document/615792822/Texto-Definitivo-Acuerdo-Por-Chile#from_embed

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A un mes de la instalación de la Convención Constituyente en Chile, las críticas a su funcionamiento desde el mundo más conservador del país no se han hecho esperar. La idea de que el funcionamiento de este nuevo órgano es desordenado, sin capacidad de gestión y que solo busca generar divisiones, ha tratado de instalarse en los grandes medios de información, para deslegitimar y hacer fracasar a este nuevo órgano, el cual debe ser por el lejos el más democrático que haya tenido Chile en su historia.

Una de sus principales voceras de ese discurso, viene precisamente desde la misma Convención Constituyente, como lo es Teresa Marinovic, Licenciada en Filosofía de la Universidad de los Andes y apoyada por el Partido Republicano de Chile, quien previamente a ser parte de este nuevo órgano, se dedicó en sus últimos años a escribir y a aparecer en columnas políticas en algunos diarios electrónicos y radios, con un fuerte discurso reaccionario.

De ahí que su paso por la Convención Constituyente no pase desapercibido y que constantemente haga declaraciones y descalificaciones explícitamente racistas y discriminadoras hacia ciertos grupos excluidos históricamente por el Estado de Chile, para así hacerse notar en este nuevo espacio democrático, en el cual la derecha después de mucho tiempo, está comenzando a perder los privilegios otorgados por la constitución de Pinochet y los poderes constituidos.

Una de esas declaraciones, entre muchas otras, fue al señalar que la constituyente mapuche y machi Francisca Linconao, “no pierde la oportunidad de hacer un show”, por el solo hecho de hablar en una sesión en mapudungun (1). Esto a pesar de la evidente necesidad de que los pueblos originarios, después de más de 200 años, tengan un espacio mínimo de reconocimiento en el país, como pasa en muchos otros lugares en el mundo

Un desprecio completo de la constituyente Marinovic en poder abrirse para aprender de otras miradas, conocimientos y formas distintas de concebir el mundo, que vayan mucho más allá de lo que nos han enseñado monoculturamente y de manera nacionalista desde el sistema escolar, en donde lo indígena siempre ha sido visto como lo atrasado, irracional, lo salvaje e incivilizado.

No debe sorprender entonces, que ese rechazo a aceptar la diversidad del mundo y a la existencia de asimetrías históricas y estructurales en la sociedad, la lleve a un negacionismo sin límites, en donde para ella los prejuicios y estereotipos de género, sexuales, sociales, raciales, son solo un invento de una supuesta izquierda cultural mundial que estaría imponiendo un nuevo orden en el planeta, a través del llamado globalismo, impulsado por la ONU.

En consecuencia, la idea de que nos encontramos en una dictadura, tiranía o nuevo periodo inquisidor de lo políticamente correcto, por el solo hecho de impulsar políticas mínimas de inclusión, solo es un intento desesperado de parte de ella y de sectores que ven con terror cualquier expresión que salga del molde tradicional de occidente (hombre-blanco-cristiano-heterosexual), el cual construyó la idea de un individuo racionalista, integrante de una familia uniforme, separado de la comunidad y de la naturaleza.

Frente a esto, cualquier cuestionamiento a estas posiciones doctrinarias de extrema derecha expresadas por Marinovic, como la idea de que la República de Chile está en riesgo por ejemplo, rápidamente son usadas por la constituyente para victimizarse y apelar a que en el país no hay libertad de expresión, al estar dentro de un supuesto nuevo orden totalitario.

La verdad es que cuesta mucho creer que en Chile se haya elegido a una persona para escribir una nueva constitución que piense que existen diferencias biológicas que explican las capacidades entre hombres y mujeres, que la homosexualidad es una anomalía, que la cultura occidental es infinitamente superior a las indígenas, que las personas en situación de discapacidad son meros lisiados o que se deban sacrificar los animales callejeros (2).

Lo positivo de todo esto, es que este discurso idiotamente incorrecto, difundido por Marinovic, nos sirve para dejar en evidencia el miedo que le ha tenido siempre la elite en Chile a la democracia, a lo popular, a lo plural, a los derechos, a la participación y a las transformaciones realizadas colectivamente.

Notas:

1: https://www.24horas.cl/politica/marinovic-critica-a-linconao-por-hablar-en-mapudungun-no-pierde-oportunidad-de-hacer-show-4879954

2: Teresa Marinovic: La tiranía de la estupidez:

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