represalias – piensaChile

Comunicado público Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Radio Bio Bio

Redacción piensaChile — Fri, 29 Nov 2019 17:37:59 +0000

Radio Bio Bio Bio despidió hoy a 4 trabajadores y trabajadoras del sindicato. Uno más fue notificado, de manera informal, que no seguirá trabajando en la radio. Cinco en total, cinco de 14 personas que integran el sindicato. […] Esto se trata abiertamente de una represalia. […] por denunciar malas prácticas que se arrastran por décadas y que son conocidas por el medio; cuarto, por cuestionar internamente la línea editorial de la radio durante el estallido social.

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ZOFRI: La tortura continúa

Redacción piensaChile — Fri, 04 Nov 2016 00:41:44 +0000

Como una verdadera tortura describen los trabajadores lo que viven día a día en la empresa estatal ZOFRI S.A. Trabajadores en riesgo psicosocial atendidos por la Mutual de Seguridad, acoso laboral permanente denunciado a la Inspección del Trabajo, multas al Juzgado de Policía Local por guardias sin certificación y prácticas anti sindicales como metodología de amedrentamiento, son solo algunos hechos que han debido enfrentar al interior de la empresa

Movidas han sido las últimas semanas de Patricio Sesnich S. como presidente del directorio de ZOFRI S.A.

En primer lugar, luego de enterarse de la decisión del SEP de remover a todo el directorio, Sesnich inicia una ofensiva comunicacional de lavado de imagen, que involucró al ex gerente general, a miembros del directorio y hasta la misma presidenta del SEP, Bernardita Escobar. En esta se exculpa de toda irregularidad durante su administración y plantea una suerte de conspiración o persecución política en su contra.

Sesnich, luego de conocer la decisión del SEP y consultado por un medio, si piensa en renunciar señala: «Sinceramente, creo que no se justifica, ya que tengo muy claros los aportes de mi gestión».

De esta manera, victimizándose por ser objeto de una persecución política – según él -, Sesnich esperaba aguardar tranquilo la junta de accionistas el próximo día 10 de Noviembre, pero no fue posible.

A medida que transcurren los días aparecen represalias por denuncias realizadas por trabajadores de ZOFRI S.A., específicamente del Sindicato N° 1 que incluyen a los guardias del recinto. Estos, el fin de semana recién pasado, denunciaron públicamente amenazas, acoso laboral, practicas anti sindicales e irregularidades administrativas de parte de dos de los más cercanos colaboradores de Sesnich, Guillermo Cid, su abogado personal y el hombre de confianza de Cid , Juan Quiroga, Sub Gerente de Seguridad, ambos arribados a la compañía bajo su administración.

AL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Una de las denuncias administrativas que realizaron los guardias es la referente a la seguridad en el Mall Zofri, respecto de la existencia de un solo guardia en el recinto, siendo que el Plan de Seguridad de Mall Zofri implica un mínimo de siete guardias.

Pues bien, al otro día de la denuncia publicada en piensaChile, el día lunes 31 de Octubre, la OS10 de Carabineros de Chile fiscaliza al Mall Zofri, encontrando un solo guardia y además sin acreditación, esto es – sin curso de guardias de seguridad-, por lo que procede conforme a lo establecido en el Art. 3°, Art. 8° del Decreto Ley n° 3.607, a cursar la multa con citación al 3er Juzgado de Policía Local de Iquique. Acá se comprueba denuncia realizada por guardias, ZOFRI S.A. no cumple Plan de Seguridad, poniendo en riesgo a usuarios, trabajadores y clientes.

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Lo que llama la atención, es que según transparencia de ZOFRI S.A., las funciones del Sub Gerente Seguridad son:

“Dirigir y controlar la seguridad de las instalaciones y las personas al interior de los recintos de ZOFRI S.A, en base a la confección del Estudio de Seguridad de la compañía, con el objetivo de resguardar la seguridad, la integridad de las personas y los bienes de la organización.”

“Sus funciones y competencias están establecidas en la Descripción de Cargo, el cual es un instrumento de uso interno de la Compañía.”

Pues bien, dentro de sus funciones, está la jefatura de los guardias que velan por la seguridad del recinto, y estos están con la certificación de guardias de seguridad privados en recintos particulares que emite OS10 de Carabineros de Chile.

Consultado el OS10, respecto de las certificaciones de las Jefaturas de seguridad de ZOFRI S.A., señala que “al día de hoy solo está acreditado ante la entidad fiscalizadora como Jefe de Seguridad el Sr. Ricardo Ávalos”, es decir, los Jefes de Seguridad Eduardo Rojas y Carlos Pozo no lo están y por supuesto tampoco el Subgerente de Seguridad Juan Quiroga. Acá se comprueba las denuncias de irregularidades administrativas al interior de la Sub Gerencia de Seguridad denunciadas por dirigentes del Sindicato N°1.

También es llamativo el periodo contractual del denunciado Juan Quiroga, ya que ingresó a la empresa en enero 2016, pero en realidad Quiroga ya prestaba servicios a ZOFRI S.A desde agosto del 2015 a ZOFRI S.A. a través de su empresa de servicios de seguridad y venta de insumos, contrato de “asesor en seguridad” que duró hasta diciembre 2015, con un pago de tres millones de pesos mensuales, siendo que la empresa tenía y pagaba un Sub Gerente de seguridad (I).

DENUNCIA POR PRÁCTICAS ANTI SINDICALES

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Otras de las denuncias realizadas fueron por prácticas anti sindicales y acoso laboral. Las mismas aumentaron luego que los trabajadores las hicieran públicas, debido a lo anterior, es que un trabajador relató las amenazas de despido de parte de Juan Quiroga, si no renunciaba al sindicato. Este trabajador realizó una declaración jurada de las amenazas y se adjuntó al resto de las denuncias.

De esta manera los trabajadores del Sindicato N°1 de Zona Franca de Iquique presentaron sus descargos ante la Inspección del Trabajo y denunciaron a ZOFRI S.A por la conducta de práctica antisindical y derechos fundamentales, debido a que

“los trabajadores de nuestro sindicato han sido amenazados de despido por parte del Sub gerente de seguridad, señor Juan de Dios Quiroga Sepúlveda, ya que este desde el minuto que este asumió ha amenazado a nuestros socios con desvincularlos por estar sindicalizados tanto es así que ya han desvinculado a más de 8 trabajadores de nuestro sindicato y además a través de la amenazas del mismo han renunciado a nuestro sindicato a lo menos 6 trabajadores, a mayor abundamiento un socio de nuestro sindicato que también se ha visto amenazado se vio en la obligación de hacer una declaración jurada relatando amenazas”

Todo lo anterior ha redundado en un clima laboral negativo, la permanente persecución amparada por las jefaturas logran un nivel de indefensión dañino para los trabajadores.

RIESGO PSICOSOCIAL

Al respecto cabe señalar que con fecha 12 de Junio de 2013, mediante Resolución Exenta N° 336, el Ministerio de Salud aprueba el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, con el objetivo de supervigilar y fiscalizar las condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de trabajo, con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan.

En este contexto, la Mutual de Seguridad de Iquique realizó este año un Estudio sobre el Riesgo Psicosocial en ZOFRI S.A., el resultado: acciones han afectado negativamente a trabajadores, por lo que estamos hablando de RIESGOS PSICOSOCIALES.

Al respecto los trabajadores señalan, “luego del estudio la empresa ha realizado cursos para evitar ser multados, nos envían a “capacitarnos” en trabajo en equipo o cosas así, pero en ningún caso han tomado medidas concretas para acabar con las amenazas y el acoso laboral, nada cambiará, ya que Juan Quiroga actúa por instrucciones de Guillermo Cid y ambos solo obedecen a Patricio Sesnich, ¿de qué sirven los cursos de la Mutual?, el acoso viene desde la cabeza de la empresa”, finalizaron los trabajadores.

-La autor, Alejandra Huerta, es Periodista

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Caso Pedofilia Legionarios de Cristo: La Carta de Apoyo a John O’Reilly y el secreto mejor guardado del caso

Redacción piensaChile — Thu, 10 Oct 2013 00:07:26 +0000

03 de octubre de 2013
El domingo 25 de agosto, dos días antes de la audiencia de formalización por abuso sexual en contra de dos alumnas al interior del Colegio Cumbres, La Tercera y El Mercurio publicaron inserciones firmadas por 1.084 personas con sus nombres, dos apellidos y RUT en apoyo al sacerdote Legionario John O’Reilly. Declaraban “haber sido testigos de las obras del padre John O’Reilly al servicio de Dios y no podemos callar frente al dolor infinito de un hombre inocente imputado del más vil de los delitos”.
Entre los suscriptores estaban Nicolás Ibáñez, socio de D&S, la cadena supermercadista que fue vendida a Walmart; el hermano del ministro del Interior, Herman Chadwick, y su señora; Pilar Capdevila, esposa de Eliodoro Matte (quien no figura); los abogados Andrés Serrano, miembro del Tribunal Supremo de la UDI; y Juan Eduardo Palma (Palma y Cía); el empresario inmobiliario Jaime Izquierdo Iñiguez; el director del Puerto Lirquén (del grupo Matte), Juan Manuel Gutiérrez; el socio de la inmobiliaria FFV, Arturo Fernández León; el gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel; el director de CMPC (grupo Matte) y de Iansa, Arturo Mackenna; los también directores de Iansa, Patricio Claro Grez y Joaquín Noguera; el presidente de la exportadora Viconto, Carlos Souper; el vicepresidente de Wenco, Anselmo Palma Pfotzer; el gerente general de Turismo Cocha, Sergio Purcell; el socio de la empresa calculista ALV, Alfonso Larraín Vial, y el arquitecto Gerardo del Río.
El abogado de la parte querellante, José Ignacio Escobar, socio del estudio Harasic y López, solicitó al día siguiente al Ministerio Público que oficiara a los dos medios para que entregaran los nombres de las personas naturales o jurídicas que pidieron publicar las inserciones y cómo y cuánto pagaron por dichos avisos.
Durante la audiencia que llevó adelante la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía, Andrea Díaz-Muñoz, y en la que fue formalizado John 0’Reilly, el abogado intentó argumentar sobre la importancia de dichos insertos, pero al mencionarlos la jueza lo interrumpió y le manifestó que era una impertinencia. Cuando quiso justificar por qué eran relevantes la magistrada le impuso una amonestación disciplinaria, a la que apeló. “Es poco habitual que te interrumpan. Y más que te amonesten. Ocurre cuando hay una falta de respeto grave a la contraparte o al juez, o busca impedir que las partes se agredan verbalmente”.
El Ministerio Público, accediendo a su solicitud, requirió a los dos medios de comunicación la información. Ambos se negaron, con argumentos que, según Escobar, no tienen fundamento legal.
La Tercera respondió “No es posible atender su solicitud. Es de público conocimiento que la investigación a la que hace referencia su oficio versa sobre delitos sexuales cometidos mucho antes de la publicación del 25 de Agosto de 2013, por lo que los documentos e información requerida (apoyo público de diversos ciudadanos a un imputado mediante inserto de prensa de fecha 25 de Agosto de 2013), es muy posterior al hecho investigado, no está relacionada con el mismo, no puede ser objeto de comiso ni servir como medio de prueba de tales hechos. Por el contrario, se trata de un acto entre privados, de carácter lícito, en ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar de cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política. Lo anterior, se une al hecho de que se trata de información comercial, de carácter reservado, cuya divulgación puede afectar el desarrollo económico de La Tercera”.
El Mercurio, por su parte, sostuvo “Me permito señalarle que por tratarse de un inserción, que se efectuó dentro de las prácticas comerciales normales o habituales del diario El Mercurio, estamos amparados por la reserva correspondiente sobre los antecedentes, sin perjuicio de que además, estimamos que los datos requeridos no son de aquellos contemplados dentro de las hipótesis señaladas por las disposiciones invocadas”.
Frente a la negativa, el Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía que los apercibiera a entregar la información.
Dudas no aclaradas: “¿Y si los medios no cobraron?
Las cartas de apoyo, a juicio del abogado, constituyen un acto de presión sobre los jueces, testigos, peritos y otras posibles víctimas. “O’Reilly sabe quiénes son sus amigos, no necesita una carta o se la pueden mandar privadamente. ¿Qué sentido tiene publicar una inserción en dos medios de circulación nacional? No va dirigida a los lectores, que ya se han formado una opinión, o a la Fiscalía, que ya tomó una decisión, sino a los que tienen que intervenir de distinta manera como jueces, peritos o testigos. Es decirles: él no anda solo, tiene amigos poderosos”.
Agrega que conocer la identidad de las personas que solicitaron y pagaron las inserciones es un asunto relevante en la causa. El abogado plantea “Pudo ser la congregación de los Legionarios de Cristo, lo que sería grave, ya que ésta llevó adelante la investigación eclesiástica inicial. O el colegio, que fue el que denunció los hechos a la justicia. Y sería raro que denunciara, por un lado, y, al mismo tiempo, apareciera alegando la inocencia del imputado. O testigos de la causa, con lo cual se pondría en cuestión su imparcialidad. Entre los firmantes hay varios de apellidos Bollmann Schele y hay una testigo que pertenece a esta familia que es una de las principales testigos de la causa. Es una de las primeras personas a las que la madre de las menores le comunica sus sospechas de abuso y ella hace afirmaciones sobre la madre en el juicio”.
Afirma que no sabe si los medios cobraron por estas inserciones. “Si no lo hicieron implicaría que están sosteniendo la inocencia del imputado y que, por lo tanto, ha existido una cobertura sesgada del caso”.
El 16 de septiembre el magistrado Jorge Norambuena Carrillo, del Cuarto Juzgado de Garantía, rechazó la petición por estimarla desproporcionada al afectar derechos de terceros ajenos a la investigación.
El abogado querellante presentó un recurso de reposición junto al Ministerio Público planteando, entre otros puntos, que no se puede afectar a terceros sin saber de antemano quién encargó la publicación. También sostuvo que el abogado del querellado, Luis Hermosilla, estimó que las inserciones eran un medio de prueba —cosa que contradice uno de los argumentos de La Tercera— y las acompañó a la carpeta de investigación. “El que sean un medio de prueba es uno de los fundamentos que autoriza a obtener la información según el artículo 217 del Código Procesal Penal. También revela la coordinación entre quienes publican la carta y su uso como medio de defensa”.
Argumentó que no se viola el secreto de la fuente periodística, ni hay secreto comercial o industrial involucrado en la divulgación del nombre de quien encarga el inserto y el monto pagado. Tampoco se vulnera la libertad de expresión, puesto que no se trata de un acto de censura previa, y los que pagan un inserto de esta naturaleza no pueden tener una legítima expectativa de privacidad respecto de quien la solicita y cancela.
“A diferencia de lo sostenido en la resolución el objetivo de la diligencia es obtener información útil a la investigación. Es importante para descartar eventuales actos de encubrimiento, porque si el que la encargó fue el colegio o la congregación ¿puedo confiar en que no hayan presionado a testigos que trabajan en el colegio? O si es un testigo que está dentro de los firmantes ¿puedo confiar en que la información que entregó es verídica?”.
El juez Norambuena Carrillo no acogió los argumentos y rechazó los recursos de reposición del abogado y del Ministerio Público el 23 de septiembre pasado. Su resolución es inapelable.
“Testigos protegidas tienen temor a las represalias”
En la causa en la que el sacerdote se encuentra formalizado por abuso sexual en contra de dos menores y con arresto domiciliario total, existen cinco testigos protegidas, cuyos nombres pidió conocer el abogado Hermosilla, alegando que se veía afectado el derecho a defensa
En la audiencia de cautela de garantías, efectuada ayer, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Daniela Guerrero, confirmó la decisión del Fiscal de la Zona Oriente, Matías Moya, de no dar a conocer sus identidades.
“Las cinco testigos pidieron reserva de sus nombres argumentando temor a las represalias. Entre mis argumentos para apoyar la decisión del Fiscal mencioné las inserciones de prensa. O’Reilly tiene amigos muy poderosos y el temor de las testigos protegidas es muy justificado”.

Agencias / El Mostrador / Reflexión y Liberación

*Fuente: Reflexión y Liberación

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