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Golpe a la UDI: Jovino Novoa en arresto domiciliario total

Redacción piensaChile — Tue, 07 Jul 2015 10:31:58 +0000

La UDI se ha transformado en el partido de los imputados. Jovino Novoa es el ícono de este capítulo negro para la derecha chilena. El 22 de junio el ex senador fue formalizado por una serie de delitos tributarios: facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas a Penta y SQM por $43 millones; presentaciones de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas de su empresa Inversiones y Mandatos por $42 millones y hechos vinculados a la evasión del impuesto a las donaciones por un total de $43 millones.
Sin embargo, en dicha audiencia no se pudieron discutir las medidas cautelares que presentó el Ministerio Público, puesto que Jovino Novoa fue trasladado a la Clínica Las Condes tras sufrir una descompensación. Este lunes, junto con realizarse la formalización contra Alberto Cardemil, quien quedó con firma quincenal y arraigo nacional, se dictadron las medidas cautelares contra el coronel UDI.
Jovino Novoa en arresto domiciliario total
El juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Carlos Valdés, fue el encargado de resolver las medidas cautelares contra el ex senador. El tribunal consideró que en esta etapa procesal existen antecedentes suficientes para sostener la participación de Novoa en los delitos que se le imputan.
El juez consideró como atenuantes la irreprochable conducta anterior y la reparación del mal causado, luego de que Novoa desembolsara $ 15 millones al SII por concepto de perjuicio fiscal. Como agravantes, acogió el carácter reiterado de los ilícitos y el hecho de haber actuado de manera concertada, junto con destacar la falta de colaboración en la investigación. Por lo anterior, el tribunal dictó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.
De esta forma, Jovino Novoa deberá cumplir las mismas medidas cautelares en las que actualmente se encuentran los controladores del grupo Penta, el ex subsecretario de minería Pablo Wagner, el ex gerente general de Penta Hugo Bravo, entre otros formalizados.
Defensa corporativa de la UDI
Pese a que Hernán Larraínm asumió la presidencia de la UDI con el objetivo de sacar a su partido de los tribunales y evitar una defensa institucional a los imputados, la UDI sigue realizando una defensa corporativa de sus militantes. Larraín ha sostenido de manera reiterada que existe un trato discriminatorio contra los militantes UDI. A su vez ha defendido la presunción de inocencia y ha planteado que las conductas irregulares realizadas por Jovino Novoa no constituyen delitos penales.
En la misma línea, la defensa de Novoa encabezada por el abogado Francisco Cox, estuvo marcada por acusaciones contra una presunta “persecusión” política contra su defendido. A su vez, el abogado planteó que en la Fiscalía existe «una obstinación en querer sancionarlo».
Lo cierto es que la UDI atraviesa por uno de sus momentos más críticos. No sólo sus militantes desfilan por los tribunales, también existen disputas y divisiones internas y según ha trascendido, diversos alcaldes habrían cuestionado repostularse por la UDI por lo manchado que se encuentra el partido tras el caso Penta. Mientras la UDI destaca la baja aprobación del gobierno en las encuestas, hace caso omiso que la alianza anota cifras históricas de rechazo, con un 79% de desaprobación según Adimark.
La puerta giratoria de la derecha
Pese a que el Octavo Juzgado de garantía ha fallado en general a favor de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, gran parte de ellas han sido impugnadas por la Corte de Apelaciones.
Este es el caso de los medidas que recaían sobre los controladores del grupo Penta, quienes lograron salir de la prisión para pasar a arresto domiciliario total. Lo mismo ocurrió con el ex subsecretario Wagner. Pablo Zalaquett también logró evadir el arresto domiciliario nocturno tras la resolución de los tribunales superiores de justicia.
De hecho, el próximo 9 de julio se revisarán nuevamente las medidas cautelares de Carlos Délano, Carlos lavín y Pablo Wagner. A su vez, la defensa de Jovino Novoa anunció que apelará a la resolución dictada por el juez Juan Carlos Valdés.
@FabianPuelma
*Fuente: La Izquierda Diario

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El Bosque de Chile (a propósito de "El Bosque de Karadima")

Redacción piensaChile — Sun, 05 Jul 2015 20:52:49 +0000

5 julio 2015
Pocas veces una película chilena ha sido tan oportuna y rápida para dar cuenta de un acontecimiento reciente de impacto mediático y nacional, como el largometraje de Matías Lira “El Bosque de Karadima”. El filme relata los hechos que condujeron a la sanción vaticana al cura Fernando Karadima, que lo priva de algunos de sus derechos sacerdotales por abusos sexuales reiterados en contra de menores de edad que estaban a su cargo en la Parroquia El Bosque y de quienes era su jefe espiritual.
Pero la película, que tiene grandes méritos cinematográficos y actorales, se erige además en una suerte de metáfora del trauma que ha sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas y del sufrimiento desgarrador que provoca la desconcertante toma de conciencia (no sin recaídas y negaciones) de lo dañados que estamos y de la ceguera e indefensión en que hemos transitado todos estos años como país. Tiempo en que nos entregamos a las manos y a la voluntad de quienes siempre dijeron que serían nuestros protectores, que velarían día y noche por nosotros y que se sacrificarían por nuestro bienestar, futuro y felicidad.
El Fernando Karadima que nos muestra el largometraje (con certeza representando fielmente al verdadero) es un sacerdote que no duda un segundo en presentarse ante los jóvenes aspirantes a curas como el guía espiritual más indicado para conducir a cada una de estas almas hasta su ansiado fin. En una enredada telaraña, que va tejiendo paso a paso, se muestra como un hombre que comprende a cabalidad cuál es el sentido de la búsqueda de cada muchacho y que puede transformarse, además, en su soporte afectivo cuando la inevitable fragilidad emocional de sus víctimas les hace sentirse ajenos al mundo pecaminoso del que proceden. Los insta a no pecar sexualmente y para ello los “prueba” de manera insistente y repugnante haciendo él mismo con sus discípulos lo que estos deben autocontrolar y negar para sí. Todo esto mientras crece la “culpa” en cada una de los jóvenes, quienes -lejos de romper las ataduras con que los envuelve su pastor- se entregan, cada vez más asqueados de sí mismos, a un nuevo encuentro con ese ser a quien aman y por quien se sienten amados, protegidos y guiados en sus pobres y miserables vidas.
Hemos ido sabiendo con dolor que, a nombre de nosotros y de la construcción de nuestro futuro como nación, se pagaban grandes sumas de dinero, se hacían acuerdos sobre y bajo la mesa, se creaban negocios millonarios, se autorizaban cuotas de pesca, usos de agua, explotación de suelo minero, etc. y siempre con la sonrisa y la palmadita en las nalgas a lo Karadima, siempre con la promesa del ansiado futuro en que todos estaremos donde queríamos estar, pero también con la amenaza de no cometer el pecado de “desear”, de aspirar a la “lujuria”, de no “tocarnos”.
Aquí, “El Bosque de Karadima” adquiere su carácter más claramente metafórico, cuando comienzan a caer los velos, a quedar al descubierto que quien prometió protegerte no construía sino una mascarada para seguir satisfaciendo, esta vez a tu costa, sus deseos e instintos. Hemos observado con dolor que esto ha estado ocurriendo también a nivel de la política, del empresariado, de las iglesias; es decir, a nivel de los grandes lideres y guías de nuestro país. Hemos ido sabiendo con dolor que, a nombre de nosotros y de la construcción de nuestro futuro como nación, se pagaban grandes sumas de dinero, se hacían acuerdos sobre y bajo la mesa, se creaban negocios millonarios, se autorizaban cuotas de pesca, usos de agua, explotación de suelo minero, etc. y siempre con la sonrisa y la palmadita en las nalgas a lo Karadima, siempre con la promesa del ansiado futuro en que todos estaremos donde queríamos estar, pero también con la amenaza de no cometer el pecado de “desear”, de aspirar a la “lujuria”, de no “tocarnos”. Eso está reservado para quienes tienen sus convicciones sólidas, pues en esos casos no se trata de la actitud pecaminosa dictada por el demonio, sino de derechos adquiridos por el guía espiritual, por ese mentor que nos enseña y nos cuida, y que -de tanto en tanto- nos tira boca abajo para enseñarnos con su santiguado falo de leyes y normas económicas y de buena crianza social cómo y por dónde es que realmente se ejerce el poder.
*Fuente: El Mostrador

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El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM Por

Redacción piensaChile — Sat, 04 Jul 2015 09:38:42 +0000

LAS NUEVAS PIEZAS DEL PUZZLE SOBRE LA PRE-CAMPAÑA DE BACHELET

03.07.2015

Ex ministro Rodrigo Peñailillo

Un mes después de la declaración de Giorgio Martelli, la Fiscalía comenzó a desentrañar cómo operó la pre-campaña de Michelle Bachelet con otros dos testimonios de alto voltaje: el del ex ministro Rodrigo Peñailillo y el del ex director del SII, Michel Jorrat. CIPER indagó en los círculos de ambos y confirmó que las presiones ejercidas por Peñailillo para impedir que se investigara a SQM se sucedieron desde enero de este año en varios episodios que aquí se cuentan en detalle. También surgió el rol clave que tuvo Alberto Arenas en la pre-campaña y la fractura de Peñailillo con La Moneda.

La “muralla china” que se levantó para proteger a la Presidenta Michelle Bachelet de los efectos de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política, tiene una fisura. Se la hizo el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su declaración ante la Fiscalía el pasado miércoles 17 de junio. Desde el cambio de gabinete que desalojó a Peñailillo de La Moneda, el discurso del gobierno se ha centrado en que la Presidenta nunca supo de las gestiones para montar una pre-campaña con fondos ilegales en 2012; y que quienes articularon esa operación actuaron por cuenta propia. Ese escudo protector fue golpeado por Peñailillo cada vez que los fiscales le preguntaron si la Presidenta estuvo al tanto de los hechos que investiga el Ministerio Público. La respuesta no lo confirmó ni desmintió, y puso un manto de duda que encendió alarmas en el oficialismo.
La indagación que hizo CIPER en el entorno más estrecho de al menos tres de los protagonistas clave de esta arista del financiamiento político ilegal (Rodrigo Peñailillo, Giorgio Martelli y Michel Jorrat), indica que, en cada ocasión que los fiscales le preguntaron a Peñailillo por el conocimiento de la Presidenta Bachelet de actividades de pre-campaña realizadas en 2012, éste se limitó a responder que no hablaría de ese tema por recomendación de sus abogados. Nunca se salió de ese libreto.
La fórmula que ocupó Peñailillo -guardarse información por consejo de sus defensores- extiende el suspenso sobre quiénes decidieron y administraron la recaudación ilegal de fondos realizada en 2012, al tiempo que deja en evidencia el frío distanciamiento instalado entre La Moneda y el ex ministro.
La declaración de Rodrigo Peñailillo frente a los fiscales se suma a las que también prestaron el ex controlador de la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), Giorgio Martelli, y el ex director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat. Los tres son las principales piezas a las que ha tenido acceso el Ministerio Público, hasta ahora, para desentrañar cómo se organizó y se ejecutó la pre-campaña de Michelle Bachelet en 2012.

Michel Jorratt

Casi un mes pasó entre la primera declaración de Martelli (27 de mayo y que fue divulgada por TVN) y la que prestó Jorrat (25 de junio). Entre ambas, concurrió Peñailillo (17 de junio). La dos últimas aún se mantienen en reserva. CIPER buscó saber en el círculo más estrecho del ex ministro del Interior y del ex director del SII, el contenido de sus declaraciones. Y constató que fue Michel Jorrat quien aportó los más impactantes antecedentes sobre hasta qué punto la investigación del SII y el Ministerio Público –que entraba de lleno en los aportes ilícitos de SQM- provocaron el descontrol del ex ministro del Interior.
El segundo hecho que se desprende de la declaración que hizo Jorrat apunta a un protagonista hasta ahora solo tangencialmente nombrado en la estructura de la pre-campaña: Alberto Arenas, ex ministro de Hacienda. Es un hecho que Arenas también tendrá que declarar en los próximos días ante los fiscales.
Además, tal como lo reveló CIPER en un reportaje publicado el 8 de mayo pasado (vea “Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”), Michel Jorrat confirmó que en una de las reuniones que se hicieron para intentar parar la investigación que llevaba a cabo el SII sobre los aportes ilegales de Soquimich, participó como representante del Ministerio del Interior el abogado Samuel Donoso, quien a su vez actuaba como defensor de los intereses de SQM, la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Jorrat relató a los fiscales que el 9 de enero pasado fue citado a una reunión en dependencias del piso 11 del Ministerio de Hacienda. A la cita concurrió también el abogado Samuel Donoso, quien representó a Ponce Lerou en su querella contra la corredora Moneda en el caso Cascadas y que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir que la contabilidad de SQM llegara a manos del Ministerio Público.

Samuel Donoso

Lo grave es que en esa reunión en el Ministerio de Hacienda nadie le mencionó a Jorrat los vínculos de Donoso con SQM. Es más, le fue presentado como asesor del entonces ministro Peñailillo. Donoso intentó convencer a Michel Jorrat de que el SII debía desistirse de las acciones judiciales que había iniciado contra empresas que pagaron boletas y facturas falsas, como ocurría con SQM, porque a su juicio esas faltas no constituían delitos tributarios y bastaba con que fuesen rectificadas por la vía administrativa.
Lo que pasó después de esa cita, demuestra que Jorrat no fue receptivo al lobby de Donoso, quien fue interpelado duramente en esa misma reunión por el entonces subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. La investigación siguió adelante.
El que Donoso (ex presidente del Tribunal Supremo del PPD) estuviera sentado en una reunión oficial del gobierno para analizar la crisis provocada por la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, muestra el peso de la influencia que ha ejercido SQM en el mundo político. Un dato a tener en cuenta ahora que la empresa enfrenta el riesgo de perder la concesión estatal que le permite explotar el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de litio, negocio al que accedió gracias a un contrato que le reporta amplios beneficios y que se firmó durante el gobierno de Eduardo Frei (vea el reportaje de CIPER “El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou”).

LOS TRES NIVELES DE LA PRE-CAMPAÑA

Analizadas en conjunto, las declaraciones de Peñailillo, Martelli y Jorrat, permiten establecer que la pre-campaña de 2012 operó en tres niveles. El primero fue el relacionado con la obtención de los dineros para alimentar el sistema, aportados por SQM y el Grupo Angelini, entre otras empresas que están bajo el microscopio del Ministerio Público. Esta función estuvo a cargo de Jorge Rosenblut, quien recién renunció a la presidencia de Enersis debido, precisamente, a su rol de recaudador de estos fondos ilegales (vea el reportaje de CIPER “Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli”). Rosemblut ya fue citado a declarar como imputado por la Fiscalía.
El segundo nivel se encargó de la administración de los recursos. Esa labor la desempeñó Giorgio Martelli. Lo hizo a través de su sociedad AyN, la que en 2012 contrató y pagó a personas que habrían realizado informes, estudios y minutas que Martelli supuestamente vendía a las empresas que aportaron el financiamiento. Al año siguiente, cuando partió oficialmente la campaña, esas mismas personas fueron integradas al comando y, posteriormente, asumieron puestos en el gobierno.

Jorge Rosenblut

En el tercer nivel es donde aparecen Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. El primero se encargó del área que desarrolló estudios sobre temas económicos y el segundo de los informes políticos. Una división del trabajo que continuó cuando en 2013 ambos tomaron las riendas del comando electoral y del programa de gobierno de Michelle Bachelet.
Martelli declaró ante el Ministerio Público que fue Peñailillo el que determinó quiénes debían ser contratados por AyN y cuánto se les pagaría. Pero el ex ministro del Interior, al declarar ante la Fiscalía, intentó matizar lo anterior y sostuvo que él solo “sugería” los nombres y los montos. Deslindando responsabilidades con Martelli, también dijo que no tuvo relación con la creación de AyN.
Peñailillo, además, trató de restarle importancia política a la gestión de la sociedad de Martelli, al afirmar que la comercialización de informes a través de AyN solo tuvo por objeto dar estabilidad laboral a un grupo de personas que había quedado sin trabajo tras la derrota electoral de la Concertación en 2009. Esta descafeinada versión sobre los fines de AyN chocó con la declaración que Michel Jorrat prestó la semana pasada ante los fiscales. El ex director del SII aportó numerosos y detallados antecedentes sobre cómo Peñailillo se desvivió por frenar la investigación tributaria que terminó destapando los fondos que SQM aportó a la sociedad creada por Martelli.
Jorrat confirmó ante los fiscales lo que ya había revelado CIPER: fue presionado por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que el SII no investigara a SQM ni entregara la contabilidad de esa empresa al Ministerio Público. La declaración de Jorrat, además, muestra el nivel de desesperación en el que cayó Peñailillo cuando comprendió que SQM no podría esquivar la investigación judicial. Para entonces, Peñailillo ya sabía que su intento de influir en la investigación chocaba con una dura pared en el Ministerio Público. Por eso, se concentró en buscar a cómo diera lugar que Impuestos Internos no le entregara la contabilidad de SQM a los fiscales, la principal prueba que acreditaría los pagos hechos por SQM a la empresa de Martelli.
En su testimonio, Jorrat también aportó datos que ensombrecen el futuro judicial del ex ministro Alberto Arenas y de algunos de sus colaboradores. Las presiones de Peñailillo le fueron comunicadas por la jefa de gabinete del entonces ministro Arenas, Andrea Palma. Ella fue también quien lo citó a la reunión con el abogado Samuel Donoso. Además, Jorrat entregó antecedentes que indican que Arenas podía decidir contrataciones y honorarios a pagar por la sociedad AyN.

LA HISTORIA QUE SALPICA A ARENAS

Michel Jorrat le cobró a AyN un millón de pesos líquidos mensuales entre enero de 2012 y marzo de 2013. A cambio, emitió 14 boletas de honorarios. Los informes que redactó para esa sociedad los entregó por correo electrónico a Alberto Arenas, con copia a Fidel Miranda, un colaborador histórico del ex titular de Hacienda. Estos informes finalmente fueron la materia prima principal del proyecto de reforma tributaria que impulsó Arenas en el primer año de este gobierno.
Alberto Arenas fue parte del círculo que determinaba quién debía ser contratado por AyN y a cuánto ascenderían sus honorarios. Un rol que fue confirmado por el ex director del SII quien aseguró que fue el ex ministro de Hacienda quien le pidió trabajar en el proyecto de reforma tributaria y que fue el propio Arenas quien le fijó el monto que se le pagaría.

Alberto Arenas

Lo que más complica el futuro procesal de Arenas es que Jorrat, para respaldar su testimonio y entregar las evidencias de que él efectivamente hizo los trabajos por las cuales se le pagó, es que entregó a los fiscales no solo las copias de los estudios que confeccionó y de sus boletas, sino también de los correos que intercambió con el ex ministro de Hacienda y Fidel Miranda. También autorizó a los fiscales a revisar sus cuentas bancarias. Un acceso que Rodrigo Peñailillo no concedió aunque dijo que lo analizaría con sus abogados.
El ex director del SII relató que su vínculo con el grupo comenzó a tejerse en diciembre de 2011, cuando Alberto Arenas lo citó a la oficina que ocupaba en la Universidad de Chile y le dijo que estaba trabajando en el programa del futuro gobierno y que requería una propuesta de reforma tributaria. Le pidió que trabajara media jornada para este propósito, pero al final acordaron de 10% a 20% de jornada, debido a compromisos anteriores de Jorrat. Arenas le informó que al equipo se unirían Fidel Miranda, que se encargaría de las coordinaciones, y Jorge Rodríguez Cabello, experto en temas de educación. Con el mismo Arenas acordó el pago de $1 millón mensual líquido.
El 4 de enero de 2012, según la versión de Jorrat, se realizó la primera reunión de trabajo en dependencias de la Universidad de Chile, a la que asistieron Arenas, Miranda y Rodríguez. Le pidieron un diagnóstico del sistema tributario chileno y se definió una lista de los informes que debía entregar a futuro. En principió el trabajo se programó hasta agosto de 2012, pero finalmente se extendió hasta marzo de 2013.
Fue el 29 de enero de 2012 cuando Jorrat supo de la existencia de la sociedad AyN. Ese día recibió un correo de Arenas, con copia a Miranda y Rodríguez, en el que venían los datos de AyN y se le explicaba que esa era la empresa a la que debía emitir las boletas y con la cual, además, firmaría contrato.
Casi un mes y medio más tarde Jorrat se cruzó por primera vez con Giorgio Martelli. El 11 de marzo recibió un correo de Martelli, al que no conocía. Debían reunirse para firmar el contrato y efectuar los pagos de enero y febrero, porque a esas alturas ya había entregado informes. Se juntaron en un café de Providencia para suscribir el contrato y, según la versión que Jorrat entregó a los fiscales, nunca más volvieron a verse.
Jorrat firmó tres contratos con AyN: uno abarcó de enero a julio de 2012; el segundo, de agosto a diciembre del mismo año y un tercero, de enero a marzo de 2013. En todo ese periodo jamás le entregó informes a Giorgio Martelli y tampoco a Rodrigo Peñailillo, a quien asegura que conoció recién en julio de 2013 en el comando de la campaña presidencial. Los informes los entregó a Arenas.
Respecto del origen de los recursos con los que le pagaban sus estudios, Michel Jorrat sostuvo que nunca supo de dónde venía el financiamiento. También señaló que no sabía si Bachelet estaba al tanto de que los informes y estudios realizados para AyN serían usados en su candidatura.
Sobre el uso que Arenas le dio a sus informes, Jorrat relató que el 2 de agosto de 2012 recibió un correo del ex ministro de Hacienda: le pedía una de sus minutas para participar en una comisión legislativa donde se discutiría la reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera. Y sí sabe que el 70% del contenido de los estudios que hizo para AyN fue recogido en el proyecto de reforma tributaria que presentó Arenas, ya como ministro, en 2014.

LAS PRESIONES PARA NO TOCAR A SQM

En abril de 2013, una vez finalizado su último contrato con AyN, Alberto Arenas invitó a Michel Jorrat a participar en la Comisión de Reforma Tributaria, la que integraría junto a Andrea Repetto, Óscar Landerretche y Ricardo Lagos Weber. En esa instancia su aporte fue ad honorem y se basó en los informes que ya había hecho.
En la segunda semana de marzo de 2014, cuando el segundo gobierno de Bachelet recién se había instalado, Arenas le ofreció la dirección del SII. Poco después de su designación, Jorrat nombró como subdirector jurídico a Cristián Vargas, quien hasta ese momento era jefe del Departamento de Técnicas Tributarias de la Subdirección Normativa.
Los problemas comenzaron en noviembre de 2014. Michel Jorrat recordó que ese mes la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, le informó que el ministro Peñailillo estaba muy preocupado porque el SII investigaba a SQM. Jorrat aseguró que hasta ese momento él desconocía la vinculación de SQM con las pesquisas del financiamiento político ilegal, pues el subdirector Vargas manejaba la indagatoria con total autonomía.
El 10 de noviembre pasado, Andrea Palma llamó a Jorrat para comunicarle que Peñailillo quería saber por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios. Michel Jorrat no sabía quién era Tatiana Aránguiz y tuvo que preguntarle al subdirector Vargas por qué estaba citada al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet): Aránguiz había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM.
A Jorrat le sorprendió que el ministro del Interior estuviera tan bien informado de las acciones del SII relacionadas con SQM. De hecho, sostuvo que muchas veces se enteró de que la Didet investigaba asuntos relacionados con SQM por informaciones que le eran transmitidas por Andrea Palma y que provenían del entonces ministro del Interior. Pero aclaró que nunca lo llamó ni Peñailillo ni Arenas para hacer consultas, pues siempre fue Palma la correa transmisora.

Rodrigo Peñailillo

El 9 de enero de este añó la preocupación inicial de Peñailillo se convirtió en ira. Ese día el SII interpuso una querella contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI) y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por ilícitos que incluían una boleta falsa emitida a SQM. Junto con esa acción judicial, Impuestos Internos pidió incautar la contabilidad de SQM del periodo 2009-2014. Apenas unas horas después de presentada la querella lo llamó la jefa de gabinete del ministro Arenas para manifestarle a Jorrat que Peñailillo se había enfurecido por las diligencias que pidió el SII, porque con ello prácticamente se obligaba a la Fiscalía a abrir la investigación de SQM.
En la tarde de ese mismo 9 de enero, Andrea Palma citó a Michel Jorrat a una reunión al Ministerio de Hacienda. Esa fue la cita en la que apareció sorpresivamente el abogado Samuel Donoso. Junto a Jorrat concurrió también el subdirector Vargas. La reunión se realizó en un ambiente tenso, porque Donoso fue prepotente y criticó de manera dura el actuar del SII. A lo que el subdirector del SII replicó en términos aun más duros. Pocos días después Jorrat supo que Donoso era abogado de SQM y que Vargas le comentó que le parecía impropio todo lo sucedido en dicha reunión.
Días más tarde Andrea Palma le comunicó a Jorrat que Peñailillo había ordenado que el SII paralizara sus acciones. El ex director de Impuestos Internos sostuvo que con la jefa de gabinete de Arenas comentaron lo absurdo de esta instrucción, por lo que él entendió que ella no se estaba prestando para presionarlo, sino que solo le contaba cómo estaban sucediendo las cosas.
El siguiente round tuvo lugar en marzo pasado, cuando el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, presentó al Tribunal Constitucional un requerimiento para impedir que la Fiscalía accediera a la contabilidad del periodo 2009-2014 que la propia empresa había entregado al SII. Contesse fue representado por el abogado Samuel Donoso, el mismo que se había reunido con Jorrat en el Ministerio de Hacienda y que le fue presentado como asesor de Peñailillo.
Fue nuevamente Andrea Palma quien le transmitió a Jorrat que el ministro del Interior, aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso que interpuso Donoso, quería que el SII concurriera a la sede de esa empresa con camiones si era necesario para sacar toda la información contable de SQM. El objetivo era que la Fiscalía no pudiese encontrar esos antecedentes. Michel Jorrat aseguró que él y Andrea Palma no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la ocurrencia de la Peñailillo, pues el SII no concurre con camiones a revisar la contabilidad de las empresas y los documentos ahora se guardan en formatos electrónicos.
Cuando en esos días se supo que la Fiscalía ya había solicitado al SII la información contable entregada por SQM, Peñailillo le transmitió a Jorrat, también por intermedio de Andrea Palma, la idea de que Impuestos Internos entablara un juicio de contienda de competencia para no entregar esa documentación. Y también que estudiara si la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el recurso impedía al SII entregar a la Fiscalía la contabilidad de SQM. Jorrat consultó a los abogados del SII, quienes le indicaron que no había impedimento, por lo que entregó los documentos al Ministerio Público.
Finalmente, la misma jefa de gabinete del ministro de Hacienda le entregó a Jorrat la minuta atribuida al abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, donde se explica la tesis de que las boletas o facturas ideológicamente falsas –como las usadas en el financiamiento político ilegal- no constituyen delito tributario.
Escobar, cuyo estudio jurídico defiende a ejecutivos del Grupo Penta y al controlador de SQM Julio Ponce Lerou (además del principal ejecutivo de La Polar), ha argumentado públicamente que este tipo de irregularidades debe ser rectificada por la vía administrativa y no dar origen a juicios.

PRESIONES POR MARTELLI Y NOVOA

El pasado 11 de mayo el SII se querelló contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. Por ambos, Jorrat enfrentó problemas. En el caso de Novoa, dijo que fue presionado por la UDI. Según relató a la Fiscalía, el 4 de mayo recibió en audiencia al senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió la reunión supuestamente para aclarar dudas sobre el proyecto de modernización del SII. En realidad, Coloma dedicó la cita a quejarse de un supuesto trato arbitrario del SII en la investigación a Novoa. El senador intentó entregarle una minuta que describía las eventuales arbitrariedades, pero Jorrat ya la tenía: se la había pasado días antes la jefa de gabinete de Alberto Arenas, Andrea Palma.
Jorrat afirmó que Coloma le manifestó que si el SII se querellaba contra Novoa, la UDI iba a contraatacar, pero no le detalló en qué consistiría esa ofensiva.
En relación a Martelli, el problema fue mucho más grave y generó un profundo quiebre entre Jorrat y el subdirector Vargas, episodio que al hacerse público terminó sellando la salida de Jorrat del SII.

Giorgio Martelli

El 3 de mayo pasado, Jorrat recibió el primer informe que le envió Cristián Vargas sobre la situación de Giorgio Martelli y de la contadora Clara Benzan (DC), ambos involucrados en los aportes ilícitos que SQM entregó a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009. Vargas deseaba presentar una querella contra Martelli el jueves 7 de mayo, a la que se anexaría otra contra Jovino Novoa.
Jorrat le pidió a Vargas que primero le tomara declaración a Martelli, lo que fue interpretado por el subdirector del SII, en el contexto de presiones que venían desde el Ministerio del Interior, como una “dilación” innecesaria. Fue en esos precisos momentos que se supo, además, que internamente en el SII le habían aceptado a Jovino Novoa realizar una rectificación por impuestos no pagados. El beneficio se le concedió a Novoa a pesar de que en el sistema aparecía una anotación que lo impedía porque estaba bajo investigación. ¿Quién fue el responsable de esa violación a las normas del SII? Hasta ahora no se sabe. Jorrat ordenó hacer una investigación cuyo resultado aún se desconoce.
La tensión que se vivía al interior de Impuestos Internos era la de una caldera a punto de explotar. Y así fue. Porque Vargas no estuvo dispuesto a hacerse responsable de retrasar la querella contra Martelli y le pidió a Jorrat que le revocara la facultad de ejercer las acciones penales del SII. Esa facultad es privativa del director de Impuestos Internos, pero por años estuvo delegada en el subdirector jurídico.
Ese quiebre entre Jorrat y Vargas, gatillado por las presiones que ejerció el entonces ministro Peñailillo y las reuniones realizadas en Hacienda con abogados de SQM, fueron publicadas el viernes 8 de mayo por CIPER. Dos días antes la Presidenta Bachelet había anunciado un cambio de gabinete. Y tres días después, el lunes 11, tanto Peñailillo como Arenas dejaron de ser ministros.
La investigación a los ilícitos de SQM siguió adelante. Hoy están en la fila para ser interrogados por la Fiscalía Jorge Rosenblut, Alberto Arenas y otros miembros de la G-90, el grupo del PPD que lideraba Rodrigo Peñailillo y que integraron el equipo pagado de la pre-campaña. Y las esquirlas no dejan de expandirse. Porque también afectan a José Tomás Guzmán, el hombre que negoció con Rosenblut los aportes ilícitos del Grupo Angelini a la sociedad AyN.
El rumbo que ha tomado la investigación del Ministerio Público -a la que ahora se agregó los pagos ilícitos de Corpesca- así como los nombres que figuran en la lista de los involucrados son la prueba más clara de que la desesperación que determinó los pasos de Rodrigo Peñailillo desde enero de este año, tenía fundamento.
*Fuente: Ciper Chile en Actualidad y Entrevistas

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12 Jóvenes dignos y la corrupción política actual

Redacción piensaChile — Fri, 19 Jun 2015 13:04:05 +0000

Termina esta fría semana en Santiago, a pesar de la temperatura gélida, cientos de chilenos, por sobre todo jóvenes, militantes de diferentes orgánicas del rodriguismo, del movimiento estudiantil, de trabajadores y la izquierda popular, junto a familiares de los combatientes caídos, rememoraron con respeto y dolor la memoria ejemplar de los 12 héroes de la Matanza de Corpus Cristi. Se han escuchado palabras emocionadas, visto múltiples banderas, flores, lágrimas y puños en alto, en cada fatídico lugar donde los elementos terroristas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile asesinaron a los doce combatientes y jefes del FPMR entre los días 15 y 16 de junio de 1987.
Ese asesinato fue la respuesta brutal del gobierno de los militares, ante la decisión de lucha y la audacia de las acciones rodriguistas que despertaban la simpatía y admiración popular. Tres compañeras, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz y Esther Cabrera, junto a nueve compañeros, Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Waldemar Henríquez, Wilson Henríquez, Julio Guerra, Joaquín Valenzuela, Ricardo Rivera, Ricardo Silva y Manuel Valencia, entregaron la vida por intentar terminar con una de las más criminales dictaduras de Latinoamérica. Entre veinte y treinta años eran sus edades al momento del crimen.
Un montaje cubrió este crimen. El gobierno golpista, las FFAA, Carabineros, los órganos de inteligencia y la prensa mercurial, dilataron la justicia por años. Solo la decisión de los familiares hizo el milagro para que fluyera la verdad, nunca creyeron la versión del gobierno militar y lograron que la justicia chilena los encausara y finalmente condenara, pero los asesinos en correspondencia con la filosofía de justicia de la “Transición” -en la medida de lo posible- recibieron condenas insignificantes, conservaron sus grados militares y premiados con jubilaciones millonarias.
Hoy la dignidad de estos doce héroes resalta ante la podredumbre que aflora cada día y que sale a la luz entre los miembros de la clase política, precisamente los que negociaron la “transición política de los ochenta” y que ha gobernado Chile todos estos años. El último cambio de gabinete y el discurso del 21 de mayo pasado, no cambió la situación. En tiempo record cayó un nuevo ministro envuelto en redes de dinero, surgen nuevos antecedentes de abusos, se dice que solamente pocos diputados y un senador no recibieron fondos “reservados” para sus campañas políticas, verdaderos “billetes encapuchados” que ponen en duda la independencia de diputados y senadores, en su mayoría de orientación neoliberal de derecha e izquierda. Se ha descubierto lo que se sabía, que dinero sangriento proveniente del pinochetismo llegó a manos de los candidatos de la coalición de la presidenta Bachelet, lo que constituye una vergüenza para los llamados “izquierdistas” de la Nueva Mayoría.
Hoy con las “boletas truchas” a la vista, quedan claras muchas interrogantes de la negociación de la Transición de finales de los años ochenta, entre ellas, las razones de por qué nunca se cumplieron las promesas de la Concertación, de NO cambiar la Constitución de Pinochet, de NO devolver las empresas del Estado apropiadas por sicarios afines a la dictadura y de NO hacer justicia por las violaciones de DDHH, como se esperaba. Para la Concertación no cumplir las promesas de esa campaña era y fue sencillamente un lucrativo negocio a futuro.
La presidenta en gira, dice que política chilena no es corrupta y nadie le cree. Su imagen de víctima de la dictadura, explotada permanentemente por sus partidarios se cae, recibe contramanifestaciones en Europa por la represión de su gobierno, aplicada con especial rigor contra mapuche y estudiantes.
Para la izquierda, a la que pertenecemos, no nos cabe duda que la Alianza y la Nueva Mayoría, están negociando a escondidas una salida a la situación, como siempre lo han hecho. Anunciarán tarde o temprano un arreglín a la corrupción, tal como lo hicieron para que Pinochet no fuera juzgado como debía, y también cuando relativizaron las consignas de Educación Gratuita y de Calidad del masivo movimiento estudiantil del 2011, haciéndolas bandera de su última campaña presidencial, engañando a los estudiantes y cooptando a parte de sus líderes.
Quien imaginaría la casualidad histórica que vivimos estos días: Doce muchachos y muchachas fueron masacrados ese aciago 15 y 16 de junio de 1987, acusados en la época del gobierno ilegal de Pinochet como de “terroristas”, y ahora, veintiocho años después, nuevamente doce seres humanos dignos, trabajadores en huelga de la empresa Express de Transantiago, luchando por sueldos y condiciones justas de trabajo, que tomaron una vía del Metro de Santiago, son acusados por el gobierno de Bachelet de violar e infringir la Ley de Seguridad del Estado. Castigo implacable a los trabajadores y vergonzosas excusas para no condenar a políticos corruptos.
Pero esto no debe ser novedad para nosotros, otra cosa es lo grave.
Los partidos históricos de la izquierda chilena al aliarse a la Concertación y hoy Nueva Mayoría, desecharon los paradigmas socialistas y anti capitalistas, los principios revolucionarios y las posturas clasistas. Se han transformado en gran medida, en grupos con demandas de poder para sí mismo, en luchas por cuotas de recursos del Estado y de dádivas mal habidas de los grandes empresarios capitalistas beneficiados del modelo económico impuesto por dictadura.
Quizás esa sea la razón de que hoy, la fuerza que irrumpe de los movimientos sociales y sus demandas, se imponga desde de las bases, y se desarrolle principalmente en grandes luchas de carácter sectorial. En otras palabras, el movimiento popular no tiene todavía respuestas unitarias, a pesar de la evidente descomposición de la clase gobernante, lo necesitamos, para hacernos cargo de nuestro país y alcanzar mejores condiciones de vida. En esa dirección, poco a poco se ven luces y pasos en las fuerzas que representan a las y los que luchan.
La unidad y lucha de los movimientos sociales, sus bases, los partidos de la izquierda popular, constituyen el mejor homenaje a la entrega de nuestros héroes, como los jóvenes de Corpus Cristi.
Construyamos un Chile Digno.
José M. Carrera @JosMCarreraC
Santiago, Chile, junio 2015

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Un parlamento compuesto por empresarios e imputados por corrupción

Redacción piensaChile — Tue, 16 Jun 2015 13:41:34 +0000

Casi la mitad de los parlamentarios son empresarios. Según la declaración de intereses de los políticos, 73 legisladores tienen participación en sociedades, de un total de 157 parlamentarios en ejercicio. Una cueva de corruptos. Al menos 15 legisladores son investigados por la justicia en casos de corrupción.
Ya es sentido común en amplios sectores de la población que los parlamentarios legislan a favor de los grandes empresarios. No sólo existen lazos políticos o familiares, sino que casi la mitad de los legisladores tienen participación en alguna sociedad o empresa.
Actualmente existen 157 parlamentarios en ejercicio, entre diputados y senadores. Según las declaraciones de intereses publicadas por los mismos legisladores, existen al menos 73 parlamentarios que tienen participación o propiedad en sociedades civiles o comerciales.
En el caso de los senadores, de un total de 38, la mitad tiene algún tipo de sociedad. Por parte de la derecha, Andrés Allamand, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Ena von Baer, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Jacqueline Van Rysselberghe, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Juan Antonio Coloma y Alejandro García-Huidobro tienen participación en una o más sociedades.
Desde la Nueva Mayoría, los senadores Ignacio Walker, Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Felipe Harboe, Eugenio Tuma y Manuel Antonio Matta califican como empresarios.
En el caso de los diputados, 37 de ellos admite tener una firma y 17 más de una. Llamativo es el caso de José Antonio Kast de la UDI, quien declara tener participación en 14 sociedades.
Recordemos que los diputados ganan por sobre los $ 14 millones de pesos mensuales, es decir, 40 veces el sueldo mínimo. A su vez, los diputados chilenos tienen el promedio de sueldos más altos de todos los países que conforman la OCDE. Y esto corresponde sólo a la dieta, puesto que en la cifra no se incluye lo que perciben por su participación en empresas.
Un Congreso atravesado por casos de corrupción
No es sólo un Congreso compuesto por empresarios, sino que también está atravesado por casos de corrupción. Al menos 15 parlamentarios están siendo investigados por la justicia por diversos escándalos.
Desde la UDI, Jaime Orpis será formalizado por el dinero recibido por Corpesca del grupo Angelini. Iván Moreira será formalizado en el marco del caso Penta. Jacqueline van Rysselberghe está siendo investigada por presunto uso indebido de fondos municipales durante su mandato de alcalde de la ciudad de Concepción. Ena von Baer enfrenta querella por delito de cohecho en el marco del caso Penta-SQM. El diputado Felipe de Mussy (UDI) también será formalizado por presunto financiamiento irregular de campañas políticas.
Por otra parte, Rosauro Martínez, diputado desaforado de Renovación Nacional, está procesado por el homicidio de tres miristas en 1981, mientras se desempeñaba como oficial del Ejército. En el caso de Carlos Bianchi, senador independiente, el parlamentario fue desaforado y formalizado por el arriendo irregular de una oficina a sus familiares.
En el caso de la Nueva Mayoría, se encuentra el PPD Eugenio Tuma, quien es investigado por presunto mal uso de asignaciones parlamentarias. Fulvio Rossi (PS), Jorge Pizarro (DC) y Roberto León enfrentan una querella por presunto financiamiento irregular por parte de SQM. Por su parte, el diputado Cristián Campos (PPD) se acogió a la suspensión condicional del procedimiento tras reconocer el cobro de horas extraordinarias mientras era administrador municipal de Hualpén. A su vez, el diputado Christian Urízar (PS) fue formalizado por supuesto fraude al Fisco, mientras que Marcelo Chávez (DC) fue formalizado en abril por manejo en estado de ebriedad.
*Fuente: La Izquierda Diario

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Las manos manchadas de Chile

Redacción piensaChile — Sat, 06 Jun 2015 18:44:09 +0000

Domingo 31 de mayo 2015

Marcharon con las manos en alto.
Ay, de despertar yo vengo/
con mi carita negra/
que nuestra gente aquí/
se está muriendo…
Entonaba el grupo de estudiantes de Teatro de la Universidad Católica que inició la marcha del jueves pasado por el centro de la capital. Con los rostros y las manos teñidas de blanco realizaron lo que ellos denominaron El Funeral de la Libertad: un lamento triste y cadencioso.
Ay, de despertar yo vengo/
con mi carita negra/
que me han venido a decir/
que nada está sucediendo./
Negra es la herida,/
canto yo a los cuatro vientos./
Roja es la herida/
que lleva mi descontento.

Era una suerte de llanto colectivo, por la violencia, por la muerte de dos de los suyos hace unas semanas, por el grave estado de salud de otro… El dolor y la peregrinación de más de cien mil jóvenes fueron ignorados. Los medios de comunicación tradicionales ni siquiera mencionaron la estética y ética de su paso por la Alameda, menos aún cuando de rodillas y con los brazos en alto hacían su rogativa por la libertad frente al Palacio de La Moneda. En cambio, a la vieja usanza de los métodos de desinformación y manipulación de la dictadura, las pantallas de televisión y los diarios sobre esa jornada desplegaron las imágenes de los destrozos causados por un puñado de antisociales que de manera inaudita supera a Carabineros… ¿un cuerpo policial que se considera uno de los mejores del mundo?
Las manos blancas e impolutas de nuestros jóvenes frente al palacio presidencial fueron un llamado a nuestra conciencia. A la conciencia de un país dominado por quienes tienen las manos teñidas de sangre o de corrupción, y que se niegan a mostrarlas, que las esconden, las disfrazan. Manos pertenecientes a una clase política y empresarial, eclesiástica y jurídica, en su mayoría cómplice cuando no culpable, de una forma de contagio que ha hecho de Chile un país enfermo.
Nuestros jóvenes son nuestros Semmelweis. Ese obstetra húngaro cuyo nombre completo era Ignác Fulöp Semmelweis, quien ha sido reconocido como personaje del año por la UNESCO, no a manera de homenaje, sino que como un muy tardío acto de desagravio, a quien demostró, hace 170 años, que era la falta de medidas higiénicas básicas de los profesionales que atendían a las mujeres que daban a luz, lo que transmitía las enfermedades y ocasionaba sus muertes. El padre de la asepsia y nadie lo sabe. Pero por haber establecido que eran los propios médicos los que contagiaban y por ello mataban a sus pacientes simplemente por no lavarse las manos infectadas, hizo caer a Semmelweis en desgracia al punto de ser rechazado por la comunidad científica de su país quedando como un paria.
El cruel trato que recibiera el malogrado Semmelweis es el mismo que damos hoy a nuestros jóvenes que de manera valiente y persistente salen a mostrarnos esas manos infectadas de corrupción o de desidia que manejan los hilos del poder y que nos están matando.
Las manos de nuestros jóvenes, en cambio, son inteligentes y se dan cuenta cómo es el juego de esas otras manos que se han venido estrechando de manera constante y dolosa durante años, mezclándose, viralizándose. Esas manos que hace unas décadas cargaban un fusil revolucionario pero que hoy se cruzan convenientemente con las de quienes se negaban a firmar los recurso de amparo para proteger la vida de los perseguidos; manos que salieron del país con un pasaporte rojo y una enorme letra L que se enlazan alegremente con las de quienes en su ausencia compraron a precio vil las empresas del Estado… Manos con manos, contagiándose unas a otras en una cadena infecciosa e imposible de determinar.
Manos que cuando son apuntadas por otras más jóvenes, abiertas en lo alto y pintadas de blanco acusándolos de la pandemia que nos azota, se hacen las ignorantes, las ofendidas, como aquellas de los médicos húngaros colegas de Semmelweis.
A las manos jóvenes, por el atrevimiento de acusar a La Moneda y a sus cómplices, esos guardianes policiales, políticos, operativos, empresariales, las maltratamos, excluimos, las matamos…
Semmelweis murió en un hospital siquiátrico debido a una septicemia que se ocasionó él mismo intentando demostrar su teoría. Su muerte es un oscuro presagio para esas manos que hoy siguen su ejemplo de valentía y clarividencia.
*Fuente: Radio U de Chile

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Tarapacá : Crónica de una crisis anunciada

Redacción piensaChile — Mon, 01 Jun 2015 01:27:16 +0000

En los últimos 12 meses Tarapacá ha pasado a hacer noticia nacional por un conjunto de graves y tristes conflictos y problemas que han excedido los límites de su territorio:

Un Intendente regional (Mitchel Cartes) impuesto por el senador oficialista a pesar de antecedentes claros sobre su falta de probidad y de competencia para el cargo (Intendente que, hoy se comprueba, fue asignado a la casi exclusiva función de servir a los intereses electorales del senador Rossi);

Un Consejo Regional electo con la menor representatividad electoral del país y que elige como Presidente a un dirigente político (Richard Godoy) sin capacidad técnica ni de articulación de actores;

Senadores regionales (Fulvio Rossi y Jaime Orpis) y una ex diputada (Marta Isasi) que reciben financiamiento ilegal de empresas que operan en la región (mineras y pesqueras) y que las benefician en la dictación de leyes;

Alcaldes (Myrta Dubost y Ramón Galleguillos) que solicitan recursos a empresas de servicios a las que deben fiscalizar (Aguas del Altiplano, Pesqueras) y que no protegen a los ciudadanos de sus abusos e ineficiencia.
Grupos de funcionarios públicos, comandados por el senador Rossi y el Intendente Cartes (el PS recargado), que forman un mecanismo de comunicación (WhatsApp) para confabularse en contra de otras autoridades designadas por la Presidenta de la República (Gobernador del Tamarugal, Claudio Vila y el Delegado Presidencial para la Reconstrucción, Julio Ruiz) y el parlamentario de la Nueva Mayoría (Hugo Gutiérrez), aún a costa de afectar gravemente el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía regional.

Como resultado de un año de incompetencia y falta de dedicación a la labor de gobernar la región, a inicios de junio de 2015, Tarapacá es la región que ha experimentado el mayor deterioro del país, en diversos ámbitos claves de la vida de sus ciudadanos:
La de mayor tasa de desocupación:
En el trimestre febrero-mayo de 2015 según INE Tarapacá posee un 7,3% de desocupación versus el 6,1% nacional, siendo especialmente crítico en Alto Hospicio (10,7%, la peor del país, después de Lota). Más de 12 mil personas se encuentran desocupadas en Tarapacá. Es decir, el Intendente Cartes recibe el gobierno regional en enero-marzo de 2014 con un 6,4% de desocupación y después de un año lo tiene 1,2 puntos sobre el promedio del país (6,1%), en una región acostumbrada a estar uno o dos puntos bajo del promedio nacional.
Los peores índices de delincuencia y violencia:
La delincuencia se ha enseñoreado de Tarapacá ya que el índice de victimización de Iquique a fines de 2014 supera el 52%, el más alto del país. Es decir, los ya altos niveles de delincuencia de la década, se incrementan aún más: 4,7% durante la actual administración regional, según Paz Ciudadana.
Los peores resultados educacionales:
Los resultados SIMCE 2014 muestran que Tarapacá sigue siendo la región que entrega peor educación básica en el país en sus niveles de 2º, 4º y 6º Básico en casi la totalidad de las asignaturas. De cualquier forma en todos los cursos y asignaturas (Lectura; Matemáticas; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y Ciencias Naturales) Tarapacá posee en octubre de 2014 puntaje inferiores al promedio del país. Adicionalmente, su universidad estatal regional, UNAP, es la peor del país en su categoría según los diversos rankings de 2014. Por si no fuera bastante, Tarapacá tampoco posee instituciones de educación superior técnicas sin fines de lucro acreditadas que puedan ofrecer gratuidad a los alumnos de la región a partir de 2016.
Caída de la actividad económica regional:
Según datos del Banco Central de Chile, la actividad económica de Tarapacá viene decreciendo desde comienzos de la década, ya que el PIB regional cae 7,9% entre 2010 y 2013 (especialmente en Minería, Construcción, Pesca y servicios financieros, siendo el comercio y turismo el único rubro que se mantiene y apuntala la economía regional hasta 2013).. Durante 2014, en el periodo del nuevo Gobierno Regional, estas señales de decaimiento se incrementan ya que el Índice de Actividad Económica Regional, INACER de octubre-diciembre de 2014 muestra una caída de 3,1% respecto de igual periodo de 2013 (el tercero peor del país). Allí se advierte que, según INE, todos los sectores importantes caen, incluso el comercio y el turismo, los que demandan más empleo y mejor difunden el ingreso.
Llama la atención la baja de actividad de la Zona Franca de Iquique en el último año, con una reducción de un 12% durante 2014, la que se estaría agudizando durante los primeros meses de 2015. Dado que ello coincide con la caída sustancial de las exportaciones de cobre (55% en los últimos 12 meses), la región de Tarapacá enfrenta una difícil coyuntura económica a mediados de 2015, la que podría llegar a ser dramática si la expansión de la mina Cerro Colorado se torna inviable.
La peor calidad de vida urbana del país:
Como resultado de todo esto, según el ICVU del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, las principales ciudades de Tarapacá se ubican en 2015 entre las de peor calidad de vida urbana : Iquique 77º lugar y Alto Hospicio 87º lugar, entre 93 comunas del país. Durante la administración de Cartes Iquique cae del lugar 58º al 77º. Sus principales problemas son de Vivienda y entorno y Condiciones socio-culturales.
Ingobernabilidad regional:
La prensa regional escrita y electrónica da cuenta regularmente de diversos escándalos que reducen la legitimidad y popularidad de la máxima autoridad regional y de los funcionarios públicos designados por el senador Rossi, al punto que las funas y manifestaciones ciudadanas y de autoridades regionales como el Consejo Regional exigen la remoción inmediata del Intendente y de las autoridades involucradas en el escándalo conspirativo liderado por Rossi. La expulsión de ellos de la conducción del gobierno de Tarapacá es vista como una condición básica (no la única pero sí indispensable) para enfrentar la crisis.
Desidia del gobierno interior nacional:
Sin embargo, el equipo político de gobierno interior no parece interesado en dar prioridad a los urgentes cambios que derivan de un error o pecado original: haber entregado a los senadores oficialistas de las respectivas regiones elevada influencia en la designación de los Intendentes y SEREMIas y Jefes de servicios de cada región. Si bien el Subsecretario Aleuy, responsable de dicha nefasta estrategia centralista, ha reconocido el error (dado el feudalismo, clientelismo y corrupción que ha incentivado en las regiones) aún continúa en su cargo, deteniendo el urgente cambio que las regiones afectadas exigen. Con la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior existe la esperanza que la incompetencia y inadecuada racionalidad de su Subsecretario (experto electoral administrando el gobierno interior del país…??) llegue a su fin, de manera de que las regiones de Chile dispongan de personas competentes para gobernarlas y no meros operadores políticos del senador oficialista (que para ser leales necesitan ser poco calificados y poco escrupulosos).
Sin gobiernos regionales de calidad (aunque designados) será difícil que las comunidades regionales vean llegar pronto la elección de su máxima autoridad regional porque los detractores de la descentralización continuarán teniendo la excusa de siempre: las regiones no están preparadas para autogobernarse. Una profecía auto-cumplida.
Tarapacá, la región más debilitada en el país con la designación del Intendente Cartes y los PS recargados transformados en autoridades regionales, ha entrado en una fase de conflictividad e ingobernabilidad de la que difícilmente podrá recuperarse en el futuro cercano. Mientras la crisis económica comienza a manifestarse , insinuando su inminencia y gravedad, los actores regionales se encuentran sumidos en conflictos que no provienen de ella sino de la voracidad electoral de su senador, de la incompetencia de sus colaboradores y la negligencia de las autoridades políticas del Ministerio del Interior. Ese es el verdadero Macondo regional.
Porque esta crisis de legitimidad no se resuelve con las autoridades regionales pidiendo disculpas y quedándose en sus bien remunerados cargos como si nada hubiera pasado (fue un error involuntario, dirán), incluso reclamando por ser descalificados por la ciudadanía y acusando a los demás de crear incertidumbre y pánico y no actuar por el bien común (definido por ellos y para ellos, por cierto).
La crisis de Tarapacá que afecta a sus principales fuentes de trabajo, la minería y Zona Franca, no puede ser enfrentada por las autoridades que han demostrado su miopía, incapacidad, negligencia y/o falta de ética para abordarla. Todos ellos ya no son autoridades legitimas para la ciudadanía regional.
Sólo falta ahora que la autoridad nacional, haciéndose cargo de la demanda ciudadana regional, adopte las medidas legales para sacarlos de sus cargos. Donde nunca deberían haber llegado.
– El autor, Eduardo Montecinos, es Antropólogo de la Universidad de Chile
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Fulvio Rossi en Tarapacá: “El Estado soy yo”
por Hugo Gutiérrez (Chile)
Publicado el 21 mayo, 2015

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Chile, la corrupción y Michelle Bachelet

Redacción piensaChile — Thu, 21 May 2015 17:45:07 +0000

20 de mayo de 2015

¿Es Michelle Bachelet una persona corrupta?
Aparentemente, no. Una persona corrupta es aquella que abusa del poder que se le ha encomendado en beneficio propio; y Michelle Bachelet, hasta donde sabemos, nunca ha metido las manos en el erario público; en momento alguno ha obtenido réditos ilícitos con su actuar político; jamás ha sacado provecho monetario indebido gracias a su investidura.Cierto. Pero no solo es corrupto el que recibe directamente los beneficios generados por el abuso de poder. También lo es el que hace la vista gorda, el cómplice, el que sabe que se han cometido o se están cometiendo actos de corrupción en su entorno y, pese a disponer del poder necesario, no ejecuta acción alguna para impedirlos, denunciarlos o sancionarlos; aquel que, peor que eso, actúa en sentido contrario, intentando evitar que los hechos corruptos se conozcan, se investiguen o se penalicen.
Es tan corrupto el que actúa como el que se lo permite; el que hace, como el que le deja hacer.
Y perdóneme que insista, pero desde esta perspectiva la pregunta es válida y pertinente: ¿es Michelle Bachelet una persona corrupta?
Le propongo que ahondemos en el tema para intentar responderla.

Los actos corruptos

Independientemente de lo que diga nuestro Poder Judicial, limitado, vulnerable, elitista en extremo, a veces abusador, en muchas ocasiones sesgado y timorato, todos sabemos lo que ocurrió en los casos Penta y Soquimich (si tan imbéciles no somos; solo hasta la hora de almuerzo, como recalcó en una audiencia el fiscal Gajardo). Recurriendo a mecanismos ilegales, penados por la ley ―no hay aquí vacíos legales, como algunos pretenden hacernos creer; tampoco se trata de faltas, sino de actos dolosos hechos y derechos― candidatos, recaudadores y “operadores políticos” pasaron el platillo (poseen un platillo de dimensiones colosales) y los grandes grupos económicos procedieron a llenarlo con su cuantioso aporte.
¿En qué se gastó ese aporte? ¿Para qué se usó? En parte, para financiar campañas y precampañas políticas. Eso es, al menos, lo que han tratado de hacernos creer. Aparentemente, sin embargo, también se utilizó para financiar a los propios operadores y, por cierto, a quienes trabajaron en la precampaña. Además, casi de seguro, algo habrá ido a parar a los bolsillos de quienes facilitaron los documentos (boletas) para cometer algunos de los fraudes (las devoluciones de impuestos, para partir). Tampoco fue, por consiguiente, solo un mecanismo de financiamiento de campañas al que se vieron obligados a recurrir, empujados por las circunstancias, nuestros heroicos parlamentarios. De que hubo provechos personales, los hubo. ¿De qué montos? Aún no lo sabemos.
Algunos de los grupos empresariales aportantes están identificados –Penta, Soquimich, Alsacia, Ripley, CorpBanca, Aguas Andinas–, pero debe haber varios más. Da la impresión de que lo que ha salido a la luz es solo la punta del iceberg. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué efectuaron esas ingentes contribuciones? ¿A cambio de qué? ¿Qué adquirieron con ellas? Tampoco lo sabemos. Ha habido especulaciones pero, a la fecha, desconocemos qué fue lo que vendieron nuestros políticos, varios parlamentarios entre ellos, a los grandes grupos económicos a un precio tan elevado. Porque, coincidirá usted conmigo, alguna transacción tiene que haberse efectuado, ¿verdad? ¿O usted es de los que creen que fue solo el espíritu republicano el que movió a los donantes?
Los mecanismos usados también se conocen: facturas y boletas ideológicamente falsas, además de la simulación de contratos de fordwards. Desde luego, no estamos seguros de que sean los únicos. La creatividad de los genios tributarios en el ámbito de la evasión es inmensa.
Tenemos plena certeza de que se trata de delitos, con todas sus letras. No estamos hablando aquí de errores contables ni de gastos de los que se engloban en el concepto de rechazados. Son artilugios dolosos diseñados para sacar dinero de las empresas defraudando al Fisco –por la vía de reducir la base imponible de primera categoría y, con ello, el impuesto correspondiente– y a los accionistas minoritarios –birlándoles derechamente, por medio de contratos simulados, parte de sus legítimas utilidades (hay engaño y perjuicio económico fácilmente demostrables; ¿cuál sería la figura penal?)–.
Para que quede meridianamente claro, ejemplificaré con el caso de los hijos de Pizarro (“los hijos de Pizarro” parece el título de una película o telenovela mexicana; dígame que no), cuya consultora Ventus Consulting emitió y cobró facturas (¿exentas?) por $ 45 millones a cambio de ¡asesorías verbales! (qué explicación más ridícula!; ¿de verdad creerán estos señores Pizarro que somos tan estúpidos como para tragárnosla?).
La mencionada cifra, $ 45 millones, disminuye el impuesto de primera categoría pagado por SQM en $ 9 millones (asumamos que se trata de facturas exentas). Pero no es lo único, pues también reduce la utilidad que, de acuerdo con su participación en la propiedad de la empresa, les corresponde a los accionistas minoritarios. A manera de ejemplo, los Fondos de Pensiones administrados por Provida y Hábitat poseen, respectivamente, un 0,99% y un 0,8% de la propiedad de SQM S.A., por lo que el perjuicio patrimonial derivado de la “operación Pizarro” les representa $ 356.400 al primero y $ 288.000 al segundo (para obtener estos valores, simplemente multiplique el porcentaje de participación por el monto defraudado, previa rebaja del impuesto de primera categoría).
Siguiendo este análisis, si las operaciones de “financiamiento político” efectuadas por SQM ascendieran a $ 11.000 millones, como se ha deslizado por ahí, el perjuicio total para el Fondo administrado por Provida alcanzaría a $ 87,12 millones, mientras que el que está bajo la tutela de Hábitat se vería perjudicado en $ 70,4 millones. Agregue usted a estas cifras los montos que se vayan conociendo en las restantes empresas que recurrieron a este mecanismo, y tendrá una idea de la magnitud del fraude en contra de los accionistas minoritarios en el que estarían involucrados nuestros señores políticos (Chile, ¿un país no corrupto?; parece un mal chiste, ¿verdad?).
En consecuencia, estamos hablando de gente que ideó, diseñó e implementó mecanismos a gran escala destinados a engañar y despojar tanto al fisco (o sea a todos los chilenos) como a los accionistas minoritarios; gente que formó sociedades, confeccionó escrituras, las protocolizó, las inscribió en el Registro de Comercio y las publicó en el Diario Oficial con ese único fin; gente que hizo inicio de actividades, pagó abogados y contadores, que se consiguió a los palos blancos, en fin, que planificó los fraudes y luego, creyendo actuar sobre seguro, los ejecutó sin ningún asco; gente que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No nos estamos refiriendo aquí a blancas palomas que cometieron errores por ignorancia o descuido. Los tipos, valiéndose del engaño, se llevaron dinero que no les pertenecía para la casa. ¿Qué nombre recibe ese tipo de actos? ¿Qué nombre recibe ese tipo de personas?

El principio de probidad

El flagelo de la corrupción no estuvo dentro de las principales preocupaciones de quienes redactaron nuestra Constitución ni de quienes procedieron a modificarla. De hecho, en nuestra Carta Fundamental las palabras “probidad” y “transparencia” se mencionan una sola vez cada una, y el vocablo “corrupción” no se menciona. Sin embargo, el artículo 8° dispone que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
¿Y en qué consiste el “principio de probidad”? Nos lo aclara meridianamente el artículo 52 inc. 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. También, el Manual de transparencia y probidad de la administración del Estado, publicado en enero del 2008 por… Michelle Bachelet.
Según ambos registros, el principio de probidad consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Dicho de otra manera, no aprovechar el poder de que se dispone en beneficio propio o, lo que es lo mismo, no incurrir en actos de corrupción.
Ahora bien, como usted sabe, la existencia de una obligación da origen a un derecho. ¿De quién? Pues, de los mandantes de los funcionarios públicos, esto es, de los ciudadanos chilenos. ¿Y en qué consiste? Pues, es nada menos que el derecho de disponer de funcionarios públicos intachables, honestos, que jamás hayan incurrido en actos corruptos. El punto aquí es cómo impetramos ese derecho ya que, lamentablemente, ni la Constitución ni la normativa vigente nos lo señalan. Qué extraño, ¿verdad?

La obligación de denunciar

El artículo 175 del Código Procesal Penal establece, en su inciso 2°, que los fiscales y los demás empleados públicos están obligados a denunciar los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. El artículo 176, por su parte, señala que dichas personas deben efectuar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que lo hagan.
Pues ocurre que tanto los parlamentarios como la Presidenta y sus ministros, son empleados públicos (ocupan cargos públicos y sus remuneraciones se pagan con cargo al presupuesto de la nación). También, no cabe duda, lo era el director del SII. Todos ellos, en consecuencia, están (o estaban) sujetos a la obligación mencionada, y deberían, no faltaba más, cumplirla religiosamente, so pena de faltar al principio de probidad (dejarían de tener una conducta intachable). No obstante, si no lo hicieren, no tenemos manera de obligarlos.

Los sospechosos

La lista de sospechosos por haber incurrido en el comportamiento delictual señalado más arriba, como bien sabemos, es bastante extensa, y seguramente crecerá en el corto plazo. Ella incluye a varios parlamentarios, operadores políticos y a numerosos personeros que están enquistados en el Gobierno. Uno de ellos, Alberto Undurraga, depende directamente de Michelle Bachelet. Y estaba, por cierto, Michel Jorratt, quien era nada menos que el encargado de encabezar las investigaciones de la vertiente tributaria de los fraudes detectados (le correspondía, por lo tanto, investigarse a sí mismo). A ambos, nuestra Presidenta los confirmó en sus cargos a sabiendas de que podrían estar involucrados en defraudaciones al fisco y a los accionistas minoritarios de SQM (aunque, como sabemos, Jorratt acaba de ser removido). ¿Por qué hizo eso nuestra Presidenta habiendo tenido la oportunidad precisa para sacarse el cacho de encima? Misterio absoluto.

Chile, un país corrupto

Aunque nuestra Presidenta se desgañite intentando señalar lo contrario, los porfiados e insobornables hechos demuestran de manera indudable que vivimos en un país corrupto. Los países no corruptos poseen efectivos mecanismos orientados a impedir la ocurrencia de hechos corruptos o a detectarlos si ellos se producen. Chile no tiene ninguno. Todos estos abyectos hechos que hemos conocido, pese a que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, se detectaron por casualidad. Gracias a accidentes. Fue el torpe manejo de los involucrados respecto de relaciones con sus antiguos subordinados, lo que permitió que salieran a la luz. Si no hubiesen existido un herido Hugo Bravo o un indignado Sergio Bustos, nada de esto se habría sabido, y todo seguiría como antes, con el espeso manto de la ignorancia tapando el pozo sin fondo de la corrupción.
Incluso más, podríamos decir que en Chile existen mecanismos orientados a evitar la detección de la corrupción. Porque, ¿de qué otra forma pueden calificarse las indefendibles facultades del SII en materia de delitos tributarios? Que la calificación de los hechos punibles en materia tributaria sea efectuada por un funcionario político, con dependencia política, es una clara muestra de que la intención del legislador fue proteger a cierto tipo de infractores.
Los países no corruptos transparentan al máximo los casos de corrupción detectados. En Chile se actúa en sentido exactamente inverso, procurando no investigarlos y haciendo todo lo posible por ocultarlos. Así ocurrió, por ejemplo, con el obsequio de nuestros recursos pesqueros a siete familias. Pese a lo inexplicable de la decisión (nada justifica que tan enorme riqueza, que pertenece a todos los chilenos, se haya regalado) y pese a que se detectó un caso de posible soborno que está siendo investigado (¿por qué tendríamos que asumir que es el único?), hasta la fecha la investigación no se ha ampliado. Si existiesen sobornos, la forma de operar sería, con casi plena certeza, la misma que hemos conocido en los casos Penta y Soquimich. Bastaría, entonces, con revisar las contabilidades de las empresas para detectar eventuales facturas o boletas ideológicamente falsas. Nada se ha hecho, sin embargo. Y qué decir de la investigación de los casos Penta y Soquimich donde, con la excusa de los fundamentos técnicos, el SII ha dilatado de manera escandalosa las denuncias y querellas que debió haber efectuado hace varios meses (dicho organismo debió, según lo establecido en el artículo 175 del CPP, haber denunciado los eventuales delitos contra los accionistas minoritarios que había detectado). Ni hablar de la investigación que necesariamente debe efectuarse en los restantes grupos económicos (Luksic, Copec, Matte, Falabella, Paulmann, Enersis y un largo etcétera). Es altamente probable que nunca lleguemos a verla.
Lo países no corruptos sancionan con dureza los casos de corrupción. Si hay funcionarios públicos involucrados, estos pierden el cargo de manera inmediata. Revise usted las irrisorias sanciones que ameritan las conductas corruptas en nuestra legislación, para que compruebe que aquí existe impunidad casi absoluta. Agregue a esto la actitud de Jorratt (no denunciar los delitos detectados y limitarse a la sanción administrativa), la del presidente de la UDI (que trata de justificar a Jovino Novoa por todos los medios) y la de la directiva del PPD (que le ofreció una diputación a un sospechoso de corrupción como es el ex ministro Peñailillo) y tendrá la película clara: en Chile NO se sancionan, ni legal ni moralmente, los casos de corrupción.
Chile es, en consecuencia, un país corrupto. No cabe ninguna duda. Y, por cierto, es urgente explicarle a Michelle Bachelet que la reacción de los chilenos ante los abusos y privilegios que hemos conocido no prueba absolutamente nada. Su falaz argumento es equivalente a plantear que en un colegio no se comete bullying porque el niño victimado se atreve a denunciar el abuso. Así de absurdo y equivocado es. Además, es necesario que alguien le diga que no somos los chilenos de a pie los responsables de la corrupción, sino quienes tienen el poder. No debe mirar hacia esos millones de ciudadanos honestos que trabajan duro por amor a sus familias –que son las víctimas en esta historia–, sino hacia esos pocos miles que concentran el poder político y económico y que, gracias a ello, abusan hasta que se agotan de los primeros.

¿Qué deberíamos esperar de nuestra Presidenta?

Michelle Bachelet nos ha informado que el combate contra la corrupción será uno de los tantos sellos de su Gobierno. Nos ha hablado latamente de su profundo compromiso con la transparencia y la probidad. Encargó incluso un informe especializado para definir el camino a tomar (al que cabría calificar solo como “reguleque” y bastante “aguachento”), a partir del cual puso en práctica varias iniciativas administrativas y legislativas.
Los gélidos hechos, sin embargo, no concuerdan con su discurso. ¿De qué probidad nos está hablando Michelle Bachelet cuando, paralelamente, mantiene en su equipo a numerosos funcionarios que emitieron facturas o boletas denunciadas como ideológicamente falsas o sospechosas de serlo? ¿De qué transparencia, cuando el director del SII estaba hasta hace pocas horas encargado de investigarse a sí mismo y podía definir, por sí y ante sí, cuáles denuncias efectuaba y cuáles no? ¿De qué compromiso, cuando sus iniciativas son superficiales (algo así como “en la medida de lo posible”) y no apuntan a enfrentar las causas que generan la corrupción? La consecuencia es un requisito básico para recuperar la credibilidad, y nuestra Presidenta no la ha tenido. No debe quejarse, entonces, si pese a sus esfuerzos, su popularidad no remonta. Menos en estos tiempos en que las redes sociales han incrementado el poder ciudadano, reduciendo con ello la posibilidad de abuso.
Repitámoslo: no solo es corrupto el que recibe directamente los beneficios generados por el abuso de poder. También lo es el que, pudiendo tomar acciones para combatir la corrupción, opta por no hacerlo (ser o no corrupto es una opción, no lo olvidemos). Michelle Bachelet, por lo expuesto, se halla en esta condición.
Sin embargo, me inclino por darle el beneficio de la duda, al menos hasta su próxima cuenta. Si en ella ventila lo que está ocurriendo, hace un reconocimiento de su falta de diligencia para enfrentar el tema y plantea las medidas correctivas indispensables (todos los funcionarios ímprobos para su casa, como primera de ellas), habrá que reconocer que el comportamiento que ha tenido hasta la fecha fue fruto de un lapsus, pero que ella, como funcionaria proba, está de vuelta y dispuesta a abordar el tema de la corrupción como corresponde.
Si, por el contrario, se mantiene en sus trece y no da su brazo a torcer, persistiendo en su inconsecuencia, tendremos que aceptar la peor y más dolorosa de las conclusiones: no podremos enfrentar la corrupción en este Gobierno porque nuestra líder, la persona que debe conducir las huestes hacia la batalla, lamentablemente no tiene ni la disposición ni las condiciones para hacerlo.
Sería una pena, ¿no cree?
*Fuente: El Mostrador

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Empresas sanitarias: negocios y política

Redacción piensaChile — Sat, 16 May 2015 12:56:01 +0000

15 de mayo de 2015
En nuestro país, la privatización de las empresas sanitarias data del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1997), proceso que tuvo la particularidad de cautelar para el Estado el 35% de la propiedad. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2003) la propiedad pública de las empresas sanitarias fue liberada por completo al arbitrio del mercado; mientras que Sebastián Piñera, antes de cumplir el primer año de su mandato, en diciembre del 2010, anunció la venta total de la participación pública de las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal.
En el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes; o los Vilos y Salamanca, enfrentadas de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, (Jorge Insunza) siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados.
La privatización de las empresas sanitarias en Chile se realizó bajo la máxima de que los privados garantizarían seguridad y saneamiento en el suministro de agua a la población, cuestión que se tradujo en la privatización del 99% de estas empresas.
Particularmente, Aguas Andinas es la empresa de mayor cobertura en el país, ya que abastece de agua potable a la Región Metropolitana. Esta empresa, que en el año 2013 reportó utilidades de $116.000 millones, no sólo se ha encargado de distribuir y lucrar con el agua que distribuye a la población, sino que también se ha transformado en una fuente de empleo y negocios para aquellos conspicuos políticos que fluctúan entre el Congreso y el sector privado. Prueba de ello es el senador en ejercicio Andrés Zaldívar (DC), quien recibió pagos por más de 150 millones de pesos en más de tres años. El mismo senador, recién comenzado el segundo mandato de Bachelet, sostuvo que la reforma tributaria debía fraguarse en la “cocina”, a espaldas de la opinión pública.
A propósito del tránsito desde el sector privado hacia el Congreso y del Congreso hacia el Gobierno, es pertinente señalar que Jorge Insunza (PPD) ha sido designado como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en el momento en que ejercía como diputado por el noveno distrito. Esto nos parece sumamente preocupante, ya que en el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes; o los Vilos y Salamanca, enfrentadas de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados. Afirmamos esto, recordando que Jorge Insunza, hace un tiempo, en su calidad de diputado de la Nueva Mayoría e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, votó junto a la UDI y RN para fortalecer el “Derecho Real” sobre los recursos hídricos, y recientemente con diputados del mismo sector votó en contra de la derogación de las “Aguas del Minero”, lo que significa que las empresas extractivas de minerales se pueden apropiar sin regulación alguna de las aguas presentes en sus dominios.
Lo vergonzoso es que este connotado lobbista, que trabajó en el Parlamento defendiendo los intereses de empresas tan cuestionadas como Soquimich y Penta cuando no era diputado, hoy está a cargo del Ministerio que tiene la facultad de asesorar al Presidente y sus ministros en materia legislativa; la de articular el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; y la de definir la agenda legislativa y dar seguimiento a la tramitación de las leyes.
Zaldívar e Insunza, en uso de sus “facultades”, se encontrarán frecuentemente en los pasillos del Congreso. El primero en su condición de senador y el segundo en su calidad de ministro Secretario General de la Presidencia. Ambos, y a propósito de sus “antecedentes”, ¿constituyen garantía para las mayorías sencillas del país que luchan por recuperar los bienes comunes como el agua y la desprivatización de los servicios básicos? Juzgue usted.
– Los autores, Alexander Panez, Rodrigo Faúndez y Rodrigo Mundaca, son Integrantes del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima)
*Fuente: El Mostrado

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Maestro de ceremonia de la transición: La función política de don Francisco

Redacción piensaChile — Thu, 14 May 2015 02:48:00 +0000

Convocado a unir a Chile tras las catástrofes, Mario Kreutzberger viene ahora a salvar la crisis de la elite política. A cargo de la entretención de un país en toque de queda, don Francisco fue el primer articulador público privado con la Teletón, ese primer pacto que estableció el primer gran consenso, mucho antes del fin de la dictadura, de que la solidaridad era posible comprando en el supermercado.

El reciente cambio de gabinete se inició con una insólita puesta en escena. La presidenta de la República anunciando el cese de funciones de todos sus ministros en una entrevista a don Francisco para el canal de Andrónico Luksic. Más allá de los protocolos republicanos y la independencia ficcional del poder Ejecutivo, la operación da atisbos del rol que ha asumido el reconocido animador de televisión en la política chilena.
De don Francisco se han hecho varias lecturas. Hace poco el lobista Eugenio Tironi decía que es el notario de la transición; “experto en entretención y hábil manipulador de la levedad emocional de las masas”, decía a fines del año pasado el columnista y rector de la UDP, Carlos Peña. Su programa Sábado Gigante “era a la vez un palacio y una casa del horror, el parque temático con el que la tele construyó nuestra identidad por décadas y una fantasía cultural tan potente que fue capaz de transformar el tedio de un sábado en la tarde en una mitología que tuvo que salir a vender al resto del mundo”, en palabras del escritor Álvaro Bisama. Hoy, tras la decadencia de los programas de concursos, don Francisco aparece como el maestro de ceremonia de la transición chilena. Su tribuna acaba siendo el altar en donde van a expurgar sus pecados confesionales los políticos. Iniciado en el arte de hacer llorar a personas pobres ante las cámaras (“mi idea es extraer emociones y mostrarlas”, dijo en una entrevista), sus últimos despliegues ha sido hacer llorar, cantar y bailar a los principales políticos del país. Un pacto que rejuvenece al patriarca de la televisión chilena y que le otorga a la decadente política de la postdictadura la oportunidad de seguir siendo protagonistas del show.
La entrevista de la presidenta representó a su vez los vaivenes de su estilo de gobierno. El periodista Pedro Santander comenta que Bachelet demostró “que está en un limbo entre optar por lo nuevo o aferrarse a lo conocido; que está con un pie dentro del pacto fundacional de los 80, pero sin saber dónde apoyar el otro; que transita entre la credibilidad de quien animaba al Chacal de la Trompeta y la promesa de un ‘proceso constituyente’”.
“UNA IDEA LUMINOSA”
El golpe de Estado dado por Pinochet fue la oportunidad para don Francisco de convertirse en el tirano de la televisión chilena y montar su parque temático hecho de jirones de pobreza y ambición. Iniciado en la televisión en 1962, el programa de variedades no prendía en el contexto de cambio social de la Unidad Popular. Pese a que contaba con buena audiencia, su falta de profesionalismo y las burlas frecuentes a los participantes no caían bien cuando los trabajadores se tomaban las fábricas y organizaban la producción y en la sociedad se discutía sobre el rol de la televisión pública.
El mismo día del golpe, según reconoció Mario Kreutzberger hace pocos años, fue convocado por los militares para que se encargara de registrar la casa bombardeada del presidente Allende en Tomás Moro. “Yo pensaba que esa era el final de mi carrera, porque nunca me había involucrado en política. Ahí se me ocurrió una idea luminosa y le digo al oficial: esta es una gesta del Ejército y creo que un civil no es el que tiene que transmitirla. Entonces, el oficial agarró papa y se puso a transmitir”- dijo don Francisco al programa TV o no TV del Canal 13.

El video divulgado se concentró en mostrar la bodega de vinos de Allende y muchas armas de fuego. Quien sabe el rol que jugó don Francisco en la selección de esas imágenes. Quizás dando ideas en las sombras y, a la vez, siendo muy cuidadoso de no involucrar su imagen en un golpe de Estado que sinceramente apoyaba. Lo cierto es que Mario Kreutzberger siempre cuidó de mantener una imagen despolitizada. Evitaba ser fotografiado por Pinochet y para el plebiscito del Sí y del No, que exigió tomar partido a los chilenos, mantuvo una santurrona indefinición. Si bien la dictadura militar le permitió construir su ideario televisivo, su fino olfato supo detectar que los tiempos de la dictadura acabarían algún día y tendría que encajar en la pactada transición.
LAS HORAS DE AMOR DEL DUEÑO DE PENTA
Durante la dictadura don Francisco quedó a cargo de la entretención de un país en toque de queda. En su programa, cada tarde de sábado familias pobres competían por planchas, secadores de pelo, refrigeradores y hasta un auto, si se le daba la gana al animador. Afuera, ni tan lejos del set de televisión, la DINA secuestraba personas en sus casas, se levantaban centros de tortura y helicópteros nocturnos botaban cuerpos de disidentes políticos al mar.
La década de los setenta y ochenta fueron de oro para don Francisco. El éxito de audiencia consiguió que en 1986 y 1987 durase hasta siete horas ininterrumpidas, base para su éxito internacional posterior que lo mantuvo 53 años en pantalla. Kreutzberger aprovechó incluso el espacio para proteger a amigos que eran perseguidos políticos, como el pianista Valentín Trujillo. Pero al mismo tiempo, la disolución del Estado de bienestar construido durante el siglo XX por la aplicación de las políticas neoliberales en la década de los ’70, y el arribo del modelo de consumo como principal rector de la economía, tuvo su fiesta televisiva con don Francisco regalando casas amobladas y autos a familias llorando de felicidad.
Bajo la dictadura también don Francisco labro su faceta más reconocida. El modelo de la Teletón lo convirtió en el primer gran articulador público privado, ese primer pacto que estableció el primer gran consenso, mucho antes del fin de la dictadura, en que la solidaridad era posible comprando en el supermercado. Según comentan los periodistas Óscar Contardo y Macarena García en La era ochentera, en 1978 impresionado por el impacto producido por la primera Teletón, Pinochet invitó a don Francisco al edificio Diego Portales para felicitarlo.
Luego vendrían los Chile ayuda a Chile convocados para cada catástrofe en un país cuyo sector público se jibarizaba bajo las reglas del Estado mínimo. La gran cruzada de don Francisco es la articulación público privada para producir grandes emociones televisadas. Su misión fue siempre de la ‘unir’ a todos los chilenos en una gran causa. Frente a tormentas de lluvias o grandes terremotos, la exigencia siempre fue olvidar todas las diferencias. Ahí no hay detenidos desaparecidos ni mujeres torturadas, tampoco mapuches asesinados por balas policiales o estafados por el Crédito Corfo. En ese altar todos sacrificamos nuestros rencores, nos damos la mano con Pinochet, vamos a comprar al supermercado de Wallmart, tocaremos el piano con Farkas, abrazaremos a Bachelet y recibiremos donaciones del grupo Penta. Y si es que falta dinero, al final de las maratónicas cruzadas, llega la celestial ayuda del grupo Luksic con donaciones de 2.500 millones de pesos.
La gran obra de don Francisco ha sido reducir la solidaridad a escoger una marca de cervezas y sentirse emocionados en las ‘maratónicas jornadas de amor’, nombre que le dio el procesado Carlos Délano cuando era presidente del directorio de la Teletón.
Tras el climaterio de Sábados Gigantes, considerado por la columnista de The Guardian, Aura Bogado, un espacio que “transformaba a las mujeres en objetos para el deleite suyo y de la audiencia” (recuerden el ‘así, así como mueve la colita…’), vemos a don Francisco refugiándose en otros micrófonos. Desde 2009 debutó entrevistando a los candidatos, dando muestras de que tiene cuerda para rato en la TV chilena. Sagaz en la explotación de la intimidad para producir espectáculo, los hizo cantar, bailar y hasta llorar frente a las audiencias.
La capacidad de don Francisco en convocar las emociones como no iba a ser considerada en la actual crisis política, la más mortal para el modelo de gobierno ‘público-privado’, principal soporte de la transición. Su primera entrada fue para defender al empresariado, actor caído en desgracia ante las audiencias. A través de radio Cooperativa (otro gran micrófono de la transición) salió a defender al controlador de Penta, Carlos Alberto Délano. “Fue un gran presidente de la Teletón, fue un hombre que hizo un gran aporte a la organización y al desarrollo de la Teletón”- sostuvo, cuando todos los políticos que recibían dinero del le hacían el quite.
Don Francisco contemporizo agregando que “Nadie se atreve a decir que esto lleva muchos años… De que hay una falta, hay una falta. Pero los partidos políticos que tenían empresas, amigos en Chile, recibían aportes chilenos, y los que no tenían amigos en Chile recibían del extranjero”.
Su capacidad articuladora de acciones público privadas es bien reconocida. Participante de los últimos ocho cambios de presidente, Mario Kreutzberger, ya ha mostrado sus simpatías por el ‘modelo social de mercado’, manifestándose en una entrevista a favor de un aparato estatal pequeño, rector y no gestor de actividades económicas. El modelo de la Fundación Teletón da muy buena cuenta de su ideal de gestión respecto a una discapacidad constitucional: una fundación privada a cargo de los niños que la sufren, tarea que en una sociedad de derechos corresponde a un Estado. La ‘cruzada de amor’ necesita cada cierto tiempo renovar su presupuesto convocando a un gran evento en el que las emociones son claves para que las multitudes prefieran las marcas adheridas a la campaña. En resumen, una danza de millones para la Teletón y para las empresas. Y los chilenos quedan con la sensación de haber sido solidarios. La revolución silenciosa de Joaquín Lavín tiene en las apoteósicas imágenes de cada ‘jornada solidaria’ su orgasmo preferido.
No en vano el directorio de Teletón reúne a todos los grupos económicos chilenos. Figuran allí Farmacias Ahumada, Lan, Clínica Las Condes, CCU, Ripley y Penta. Un cálculo hecho por El Mostrador da cuenta que de las 26 marcas que en 2014 auspiciaron la Teletón, 10 estaban ligadas a los grandes grupos económicos chilenos.
Pero tal vez la danza de millones acontezca en otros lugares, muy lejos de las luces y el brillo de las pantallas chilenas. Tal vez estén en las oscuras cuentas del banco suizo HSBC que ayudaban a los millonarios a esconder dinero y evadir impuestos en diferentes países. Entre los 428 chilenos que aparecen (Andrónico Luksic y Álvaro Saieh entre ellos), también figuran el hermano de don Francisco, René Kreutzberger, con cuentas por casi cinco millones de dólares, y los hijos del animador, Patricio, Francisco y Vivian (Vivi) Kreutzberger Muchnick.
Las boletas ideológicamente falsas de don Francisco tal vez se muevan en otro nivel. Don Francisco no necesitaba mandarle un email al gerente de Penta o inventar una fundación para recibir dinero de Julio Ponce Lerou. Ahora el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene la facultad de investigar a fondo o hacer la vista gorda respecto del desfalco del HSBC. Al mismo tiempo, los políticos y empresarios de la transición necesitan blanquearse ante la audiencia.
Convocado a salvar catástrofes don Francisco viene ahora a salvar la crisis de la elite política. Es la voz de ultratumba, mantenida en las sombras para asegurar la continuidad del modelo, y que tiene en sus hombros esa Teletón que nos recuerda cada año que Chile no es un país de derechos, sino que es propiedad del gran empresariado. Cristián Bofill, periodista operador primero de Saieh y ahora de Luksic, supo muy bien sacarle provecho al animador, y lo colocó de confesor emocional de la actual crisis política.
“Gracias a ti, Don Corleone” le dijo Mike Patton, vocalista de Faith No More, mientras besaba la mano del animador en la Teletón de 2010. La cita resulta ser un buen capítulo para una historia delirante. Un comic de la transición en la que tal vez el presidente en las sombras de Chile no es Agustín Edwards, como sospechábamos, sino que se trataría de don Francisco. La función política del animador es decirnos que nada ha cambiado. Que el parque temático que era Sábado Gigante simplemente cambió de protagonistas. Ya no son pobres llorando por una lavadora, sino los políticos de la transición haciendo muecas para parecer más sinceros.
*Fuente: El Ciudadano
RELACIONADO: Haciendo la historia de la TV en dictadura
Cristián Bofill: El periodista operador
Cuando Penta financiaba el noticiero de TVN
*Foto: Posteada en el facebook de El Ciudadano por un lector.

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