Un reportaje de Sebastián Salgado para HispanTV, donde podrás ver la realidad de la presencia militar en la Patagonia, de soldados israelíes con pedido de captura internacional por crímenes en la Franja de Gaza. Un proyecto de $ionismo para la ocupación de Argentina que nació a fines del siglo XIX y que hoy se encuentra en una etapa muy avanzada.

Mapa de las provincias argentinas que ya entregaron su agua a la empresa israelí Mekorot

 

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El articulo Mochileros de Zion – «Andinia» el proyecto de Israel en la Patagonia apareció primero en piensaChile.

 El día 2 de marzo de 2021 ha dado comienzo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la vista del recurso presentado por el Frente POLISARIO, el 27 de abril de 2019, contra la Decisión del Consejo de la UE de fecha 28 de enero de 2019 ( caso T- 279/19).

Como antecedentes, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016 el TJUE había establecido que los acuerdos de cooperación bilateral entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental, ya que éste no forma parte del Reino de Marruecos, sino que es “un territorio distinto y separado”. Dispuso también el Tribunal que, para que pudiera haber cooperación económica con el Territorio, era preciso que el Pueblo del Sáhara Occidental diera su consentimiento.

Estos principios fueron confirmados por dos sentencias de 2018 relativas a la pesca y al espacio aéreo. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 28 de enero de 2019 la Decisión (UE) 2019/2017, contrayendo un acuerdo de asociación con Marruecos que incluía en su ámbito de aplicación el Sáhara Occidental. Contra dicha decisión el Frente POLISARIO interpuso ante el TJUE un recurso, instando la anulación del acuerdo de ampliación de los Acuerdos de Asociación y Libre Comercio UE / Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. El recurso se basaba en los siguientes argumentos:

• Incompetencia de la UE y de Marruecos para celebrar acuerdos que afectan a un Territorio No Autónomo pendiente de
• La Decisión ha sido adoptada en violación del estatuto distinto y separado del territorio saharaui con respecto a
• La UE ha incumplido su deber de examinar la situación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui bajo ocupación militar marroquí.
• Vulneración del    Derecho    del    Frente    POLISARIO,    como    legítimo representante saharaui, a negociar y decidir sobre sus recursos
• Con la Decisión impugnada la UE fomenta las políticas de ocupación militar marroquí.
• Violación del derecho a la autodeterminación del pueblo
• Falta de consentimiento por parte del pueblo saharaui en la firma del
• La Decisión amplia el control marroquí sobre el territorio al incluir el espacio aéreo
• Vulneración del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas al promocionar la ocupación ilegal por la fuerza de un territorio no autónomo.
• Incumplimiento por la UE de la obligación de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en su política

Resulta pues, doblemente reconfortante el regreso de la cuestión del saqueo, expolio, de los recursos naturales del pueblo saharaui, en contra de su consentimiento y en violación flagrante de su soberanía permanente sobre los mismos, a la agenda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y además porque, desde una perspectiva jurídica, no puede ser más diáfano el inalienable derecho del Pueblo saharaui a la autodeterminación y a su soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

El dictado de todas las anteriores sentencias por el TJUE parece haber incomodado muchísimo a Marruecos, motivando que Naser Bureita, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, tildara, la semana pasada, la batalla legal saharaui ante un alto tribunal de «acoso judicial», según recoge un despacho de la agencia oficial MAP, del que se hizo eco la agencia francesa AFP, añadiendo, según la misma fuente, que “Marruecos pretende defender «la legitimidad de su partenariado comercial» con la UE. A lo cual los saharauis no tenemos nada que objetar si no fuera porque incluye el Territorio del Sáhara Occidental, un territorio separado y distinto del territorio marroquí según la máxima instancia jurídica europea.

Esta vista oral ante el TJUE tiene lugar en momentos marcados por una serie de hechos.

Entre otros:

Marruecos con su incursión, el 13 de noviembre de 2020, en una zona tapón y por tratar de forzar la apertura de la brecha ilegal del Guerguerat, situada en una zona de amortiguación y libre de armamentos, fronteriza con Mauritania, en la que se encontraban unos manifestantes saharauis inermes, ha hecho saltar por los aires un cese al fuego que lleva vigente desde hace veintinueve años. Por consiguiente, la situación reinante desde entonces es de una vuelta a las hostilidades por culpa de Marruecos y por la inacción de la ONU a lo largo de todos estos años.

El despliegue del ejército marroquí a lo largo de la frontera de Guerguerat y las agresiones al Pueblo saharaui han llevado al Frente POLISARIO a dar por concluido el acuerdo de paz firmado en 1991, activando todos los resortes de defensa militar en lo que se considera una escalada sin precedentes por parte de Marruecos.

La situación actual es una vuelta a las hostilidades, continúan los enfrentamientos entre el ejército saharaui y el ejército marroquí a lo largo del muro de la vergüenza marroquí, que divide al territorio del Sáhara Occidental. Una realidad que Marruecos trata de ocultar.

En otras palabras, el cierre de la brecha ilegal de El Guergarat evidencia no sólo la incoherencia de la ONU, sino que también la MINURSO se ha convertido en un sujeto parcial, facilitador de la ocupación marroquí e interesado más en la normalización del actual estatu quo que en cumplir la misión que le fue encomendada.

Las fuerzas de ocupación marroquíes vienen desarrollando una campaña de acoso, asedio, control de movimientos, detenciones arbitrarias, bloqueos domiciliarios y otras formas de presión, incluyendo amenazas de muerte y palizas callejeras de forma generalizada contra la población saharaui y especialmente contra las personas más destacadas en distintos ámbitos de la resistencia

Esta escalada es posible gracias a la complicidad de la Comunidad Internacional con el régimen dictatorial de Mohamed VI y a la pasividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyos miembros contemplan impasibles estas violaciones de los derechos humanos desde los vehículos con matrícula marroquí o acodados en la barra del bar del Parador, vigilado por fuerzas marroquíes.

El pasado día 4 de febrero de 2021, ENAIRE, la empresa pública que gestiona la navegación aérea en España, instó a través del Centro de Control del Tráfico Aéreo de Las Palmas de Gran Canaria (GCCC/Canarias FIR), a “evitar por completo el sobrevuelo de la parte del Sáhara Occidental” que depende de él, es decir, la mayoría del espacio aéreo del Sáhara

A diferencia de la Notam (notice to airmen), que evita explicar los motivos de sus recomendaciones, hace casi cuatro meses que otra nota emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que regula la aviación civil, advirtió del riesgo de realizar sobrevuelos dentro del espacio aéreo del Sáhara Occidental, debido a la guerra que se libra nuevamente entre el Frente POLISARIO y la fuerzas de ocupación marroquíes desde el pasado 13 de noviembre del año pasado.

La irresponsable decisión adoptada, el 10 de diciembre de 2020, por el Presidente saliente de los Estados Unidos, proclamando el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, que Marruecos ocupa ilegalmente y que no cambia en nada el estatus del territorio. Una decisión propia de una conducta errática y cuya finalidad última era un mero trueque: alentar a Marruecos a normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel de manera oficial. Pero no es menos cierto que hay algunos indicios que animan a pensar a que la nueva Administración norteamericana revoque dicho reconocimiento.

La repentina decisión de Marruecos de suspender sus relaciones con el Gobierno alemán y sus instituciones sin dar explicación alguna, tomada el 1 de marzo de 2021. Algunos analistas no descartan relacionarlo con la posición del Gobierno germano respecto al conflicto del Sáhara

Solidaridad de Parlamentarios Europeos en febrero de 2019:

En consecuencia, y dada la importancia de la sentencia del TJUE, prevista para los próximos meses, Marruecos estaría tratando de aliviar el potencial impacto de los previsibles reveses judiciales, lo que supone el punto final de la conspiración y connivencia del Ejecutivo europeo y el clavo final en el ataúd de la política de chantaje del Majzén, que sirvieron de paraguas para la adopción de aquellos acuerdos ilegales. Asimismo, sin lugar a dudas, será un atisbo de esperanza para la lucha del Pueblo saharaui y un espaldarazo a su apuesta legal.

Para concluir, no se puede hablar de la batalla legal saharaui sin hablar de Emhamed Jadad. Él nos dejó hará pronto un año. Él trasmitió la condena del Frente POLISARIO a la actitud de los líderes de la Unión Europea que han hecho todo lo posible por eludir las decisiones judiciales, abusando de su poder político y financiero en contravención de la decisión de la Corte Europea, al resolver ésta que Marruecos y el Sáhara Occidental son dos regiones distintas y que no podría haber actividad económica en la región sin el consentimiento del Pueblo saharaui. Este proceso era inaceptable porque violaba sus derechos soberanos. Pese a ello, las acciones del POLISARIO ante los Tribunales de la UE reflejan, en palabras de Jadad, la confianza del Pueblo saharaui en la justicia europea.

En la estela de Emhamed Jadad, el Frente POLISARIO como único y legítimo representante del Pueblo saharaui, seguirá la batalla contra el saqueo de sus riquezas y contra los acuerdos ilegales que perjudican la soberanía y los derechos de ese pueblo.

El articulo Ministro de Exteriores marroqui califica de «acoso judicial» la batalla legal del Sahara Occidental en defensa de sus recursos pesqueros apareció primero en piensaChile.

Esta Dictadura legitimada en la Biblia y en el Cristo blanco, por Decreto transfirió 5 millones de dólares de presupuesto extra para que los militares compren armamento y municiones para disparar a mansalva contra los “enemigos internos del Estado”, los indígenas. De esta manera, no únicamente buscan escarmentar a los “indios” insubordinados en resistencia, sino restaurar la República criolla simbólicamente superada por el proyecto de Estado Plurinacional en el último decenio. Expulsa del país a todo periodista o comunicador extranjero que se atreva a transmitir en vivo las acciones de resistencia indígena y las masacres. Cerró todos los medios de comunicación del Estado Plurinacional. Persigue y asesina a los comunicadores comunitarios, incluso en el acto de transmisión en vivo. La autoproclamada Dictadura cristiana, ahora, prepara el “terreno de operaciones mediáticas” para cerrar el Órgano Legislativo (controlado por el partido político del gobierno derrocado), y así anular vía Decreto los resultados de las recientes elecciones generales (donde salió ganador Morales por encima de 10% con relación a su contrincante inmediato). Colocar, también vía Decreto a sus nuevos vocales de Organismo Electoral. Y, sobre todo, llamar a nuevas elecciones generales, vía Decreto, eliminando legalmente al Movimiento Al Socialismo (MAS). “El indio insubordinado nunca más debe gobernar”, al parecer es la consigna. El objetivo es aniquilar políticamente al sujeto sociopolítico indígena, y así evitar cualquier posibilidad de retomar el poder político y afianzar el Estado Plurinacional. Detrás de este objetivo está la entrega de las reservas de litio, gas y agua dulce a las corporaciones transnacionales, al igual que las decenas de empresas públicas creadas en los últimos 14 años del gobierno de Morales.

Los pueblos indígenas y sectores sociales históricamente excluidos saben por experiencia que la nacionalización de las reservas de gas y petróleo fueron los vehículos que convirtieron a Bolivia en el “país exitoso y modelo socio económico” en plena crisis mundial. Saben que la reprivatización de estos bienes los convertirá nuevamente en el país pordiosero. Los pueblos indígenas y campesinos saben que uno de los últimos vehículos que sacará por completo a Bolivia del empobrecimiento es el aprovechamiento/industrialización de las reservas de litio (principal reserva mundial en Bolivia). Por eso están dispuestos a evitar, incluso con el sacrificio de sus cuerpos, cualquier intento de privatización del litio y de las reservas de agua. Pero también es evidente que los agentes principales del sistema-mundo-capitalista están desesperados por apropiarse y controlar, incluso a la fuerza, las reservas mundiales de litio, agua, hidrocarburos, etc. Y para ello, incluso harán que desaparezcan estados naciones o plurinacionales asentadas sobre dichas reservas. Las matanzas premeditas y libres de responsabilidad (caso Cochabamba, La Paz) de indígenas movilizados en resistencia contra el Golpe de Estado y en defensa del Estado Plurinacional, evidencian que en Bolivia se vislumbra un genocidio en ciernes. Guatemala lo sufrió a finales del pasado siglo. Hoy, aún lloramos. Como humanidad, aún estamos a tiempo para evitar el lamento boliviano de mañana.

*Fuente: Ollantay Itzamná

El articulo Bolivia, Golpe de Estado, Dictadura cristiana y genocidio en ciernes apareció primero en piensaChile.

El articulo ¿“Falta de recursos” naturales en Cuba? (I) apareció primero en piensaChile.

Desde el inicio de su mandato en el año 2006, Bolivia construyó un orden económico propio. En absoluto, autárquico ni desconectado del mundo. Todo lo contrario: un modelo económico vinculado con el exterior pero en forma soberana e inteligente. Lo primero fue la nacionalización de los hidrocarburos, fundamental para edificar una casa propia. Justa en clave social y eficaz en materia económica. Se rompe así el mito que cualquier nacionalización merma capacidad de crecimiento. Bolivia multiplicó su PIB nominal por cuatro en este tiempo. Y aún continúa en su ciclo largo de crecimiento pese a la coyuntura internacional.

A medida que el gobierno de Evo fue repotenciando el papel del Estado en la economía, tampoco huyeron las inversiones extranjeras directas ni hubo fuga de capitales. El ahorro interno creció a niveles histórico. Hoy en día Bolivia presume de tener reservas (38% PIB) para afrontar efectivamente el actual shock externo negativo. Pero no es únicamente ahorro público, también hay un significativo crecimiento del ahorro privado. En total, contemplando todas las fuentes, Bolivia posee un ahorro de 48.000 millones de dólares. Muy por encima de su PIB (38.000 millones de dólares). Lo que le permite apalancar inversiones productivas para los próximos años. Tiene colchón suficiente para sortear la restricción externa.

Bolivia optó por una economía eficazmente precavida. No arrastrada por los vaivenes de los precios de las materias primas. Supo construir su cinturón de seguridad sin necesidad de sacrificar derechos sociales. Lo hizo gracias a una deliberada intención de conformar un mercado interno. La redistribución de la riqueza, además de satisfacer principios de justicia social, fue indispensable como método para ampliar la demanda interna. El consumo creció gracias a un incremento de los ingresos a lo largo de toda la distribución. Las políticas activas de empleo y los programas sociales para niños (Bono Juancito Pinto), mayores (Renta Dignidad) y mujeres embarazadas (Bono Juana Azurduy) fueron cruciales para este logro. Según el propio Banco Mundial, Bolivia es campeón planetario en mejorar los ingresos para el 40% de la población más pobre. El país se fue desendeudando socialmente sin mayor endeudamiento financiero; la deuda pública actualmente es del 19% del PIB. Y además, la inversión pública no paró de crecer pasando de 879 millones de dólares en 2006, a los 6.396 millones de dólares proyectados en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Este aumento de la inversión pública ha llegado hasta el punto que la formación bruta de capital fijo es mayor hoy en día que el volumen destinado a los salarios públicos.

La política económica boliviana no obedece a ningún manual. Tomó su propio camino mezclando un poco de todo con muy buenos resultados macroeconómicos. Tras ello, existe una indudable explicación: la política. Este éxito económico es fruto de una buena gestión técnica sometida a criterios políticos acertados e innegociables. Ejemplo de esto fue el serial de nacionalizaciones que Evo decidió a lo largo de esta década. En el sector minero, el Estado en promedio se queda con el 50-55% del excedente generado; en el sector hidrocarburífero, con el 85-93%. Se demuestra así que las decisiones políticas a favor de las mayorías no están reñidas con la eficacia económica. En el caso boliviano, la bonanza macroeconómica no viene acompañada de malestar microeconómico, ni austeridad social. Se impone la evoconomía: llegar a la meta pero sin rezagados ni excluidos.

-El autor, Alfredo Serrano Mancilla, es Director CELAG y Doctor en Economía
@alfreserramanci

Libro del mismo autor, para bajar en formato PDF: America en disputa-1

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

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El articulo Bolivia: una economía eficazmente precavida apareció primero en piensaChile.

En tal sentido, asumo por principio que con todos sus problemas, debilidades, e indefiniciones, PetroPerú encarna, es decir expresa el interés público, y espero que la nueva administración de PetroPerú, es decir, la Junta de Accionistas y el nuevo directorio, asuma el compromiso de fortalecer a la petrolera estatal.

Ésta está siendo cuestionada, por la derecha radical fundamentalista, las comunidades nativas de la selva afectadas por los reiterados derrames de crudo, la izquierda ecologista fundamentalista, y aunque parezca increíble por sus propios trabajadores, cuya preocupación central economicista, se reduce al aumento salarial al margen de los compromisos de inversiones necesarias para su fortalecimiento.

Quien escribe estas líneas no es ajeno a una posición ideológica, más lo que importa es si tal identificación coincide,  promueve, y defiende el interés nacional. En la ciencia económica  como parte de las ciencias sociales, la ideología es indesligable de la ciencia, en tal sentido no existe economía químicamente pura ni neutra, de una u otra manera, todos tenemos un interés de parte.

Por ello, la defensa de PetroPerú que ejerzo como consumidor de combustibles en razón que determina el 47 por ciento de las ventas, abasteciendo el mercado interno allí donde no llega la empresa privada, como sería el caso de la Amazonía, donde hasta el 2015 no podía recuperar el 18 por ciento del IGV ni siquiera como crédito fiscal. Al margen que históricamente su rentabilidad es mayor a la competencia encarnada por Repsol La Pampilla, y por último capitaliza al país.

En otras palabras sus utilidades que debieran ser mayores si no estuviese sometida a una serie de contratos lesivos, perniciosos, deducciones inusuales etc., que medran su rentabilidad a favor de intereses privados, todo ello al margen de los efectos de una irracional privatización cuyas consecuencias seguimos asumiendo a pesar del tiempo transcurrido.

Es verdad, que producto de los últimos acontecimientos, y sobre todo por los elevados compromisos de inversión que demanda la modernización de la Refinería de Talara, y la reparación integral del Oleoducto norperuano, la integración vertical para la explotación de petróleo, requiere una dirección moderna, transparente y eficiente, que le permita  un comportamiento en el mercado como toda empresa, sin “partidas inusuales” ni cargas fiscales por su naturaleza estatal, y pueda obtener una rentabilidad para sus accionistas, ajena al manoseo político como agencia de empleo de los gobiernos de turno.

Se debe tener presente que la privatización que se puso en práctica en los inicios de los años noventa del siglo pasado estaba plena de una visión ideológica, que suponía la vigencia de las políticas del libre mercado en un sector de hidrocarburos que por su propia naturaleza es un negocio de grandes empresas, donde resulta mayoritaria la presencia de empresas petroleras estatales para compensar el gran poder de las empresas transnacionales.

Expresión de ello es que más del 75 por ciento de las reservas y producción mundial de petróleo y gas está determinada por empresas estatales, pues se considera que los hidrocarburos constituyen un recurso estratégico.

Es más, en los Estados Unidos de Norteamérica si bien la explotación del petróleo y gas es privada, el estado tenía desde 1971 al 2015 prohibida la exportación de los hidrocarburos por razones de seguridad. Ha sido recién cuando se tienen grandes excedentes de petróleo y gas enquisto, (shale oil, and shale gas) cuando el gobierno ha permitido la exportación, convirtiéndose USA en el principal exportador mundial del shale gas.

Es decir, en la meca del capitalismo mundial, el estado norteamericano consideraba la exportación de hidrocarburos un asunto estratégico ligado a la seguridad nacional. Mientras en el Perú se asume formalmente y legalmente que los hidrocarburos están regidos por la libre competencia, que dicho sea de paso solamente existe en los libros de texto de economía.

LA PRIVATIZACIÓN INCONCLUSA

En nuestro país gracias a la privatización de PetroPerú se privatizaron sus activos, filiales, lotes petroleros, con el argumento de incrementar la producción y reservas de petróleo. Así, hacia 1995 el último año donde la petrolera operó directamente los lotes X de Talara y 8/8X en la selva nororiental, la producción diaria de crudo bordeaba los 125 mil barriles diarios.

Hoy en el 2016 la producción diaria no supera los 45 mil barriles diarios, y la responsabilidad es fundamentalmente privada con la supervisión de PerúPetro, los que serían los  principales responsables de la debacle del sector.

Por tanto, se equivoca interesadamente el profesor Juan Mendoza, director de la unidad de Postgrado de la Universidad del Pacífico, obnubilado por el credo liberal cuando escribe en un artículo publicado en un diario de circulación local que “Si tener petróleo es estratégico, entonces gracias a Petroperú y al estatismo en la política de hidrocarburos cada vez tenemos menos petróleo. De acuerdo con Carlos del Solar, el Perú producía 200 mil barriles diarios en 1980. El año pasado llegamos a 58 mil. Este año apenas superaremos los 40 mil. Debido a la falta de exploración y caída en las reservas nos hemos convertido en importadores netos de crudo…”

Si los lotes productores de PetroPerú fueron privatizados antes de 1996, con el argumento de incrementar la producción interna y las reservas, podemos afirmar que en los últimos veinte años transcurridos 1996/2016, la responsabilidad sobre “la falta de exploración y caída en las reservas nos hemos convertido en importadores netos de crudo…” es íntegramente privada, compartida por la debilidad, obsecuencia, y sumisión del organismo regulador de contratos: PerúPetro.

En tal sentido, el más elemental conocimiento del sector de hidrocarburos debiera distinguir e identificar los objetivos de estas dos empresas estatales. De un lado, PetroPerú empresa básicamente reducida a la actividad de refino y distribución mayorista combustibles, y PerúPetro organismo responsable de promover la inversión en el sector y supervisión de los contratos.

Por tanto, con la privatización fragmentada de PetroPerú que enajenó los lotes petroleros en los años de la dictadura fujimorista, se perdió la integración vertical que constituye la manera más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos.

Ello significó que la petrolera estatal no tuviera acceso a la renta petrolera en los años de bonanza de precios del petróleo crudo, cuando los precios alcanzaron en promedio un valor de US $ 100 dólares el barril y el costo interno de producción a lo mucho llegaba a los 30 dólares el barril incluyendo las regalías pagadas, las mismas que se deducen como gasto.

En la década infame de los noventa del siglo pasado donde se privatizaron empresas estatales a precio de remate, a PetroPerú le sustrajeron  la Refinería de La Pampilla, la refinería más moderna ubicada en Lima, por tanto su transferencia al sector privado era equivalente a transferir el mercado más importante del país.

En el mismo sentido, a PetroPerú le enajenaron la rentable planta de envasado, y distribución de gas licuado de petróleo (GLP), Solgás, que representaba en dicho mercado el 40 por ciento de participación. Igualmente fueron privatizadas a vil precio sus filiales como la naviera Transoceánica, Petromar, la planta de lubricantes Petrolube, sus terminales marítimos entre sus principales activos.

Es más, el gobierno pasado tuvo la oportunidad de fortalecer la presencia de PetroPerú, con los contratos de hidrocarburos que tenían términos de vigencia contractual como los lotes del noroeste en Piura, adicionales al lote 1-AB ahora 192 en la selva nororiental.

Sin embargo, a pesar de esta privatización fragmentada PetroPerú reducida a la actividad de refinación, transporte por medio del oleoducto norperuano, y distribución mayorista de combustibles sigue ocupando el primer puesto entre las 10,000 primeras empresas de la economía peruana, en cuanto a la generación de ingresos, con utilidades operativas y netas positivas, a pesar de los contratos lesivos, deducciones indebidas, y partidas inusuales, en razón de su naturaleza estatal.

DEBATE: FORTALECIMIENTO O LIQUIDACIÓN

Urge fomentar un debate nacional con participación de los partidos políticos, los foros empresariales, académicos, laborales, regionales, frentes de defensa sobre el futuro de la política energética en nuestro país, y el rol que debería tener la petrolera estatal: PetroPerú.

A todos nos debiera interesar el costo real de la modernización de la Refinería de Talara, que según la última exposición del ministro del sector costaría US $ 3,530 millones de dólares sin IGV, por tanto su valor sería de US $ 4,165 millones de dólares a los cuales habría que sumar las inversiones adicionales de privados, que en última instancia asumiría PetroPerú que se estiman superiores a los US $ 800 millones de dólares.

En el mismo sentido, la reparación integral del oleoducto norperuano que hace posible la salida del crudo de la selva nororiental debe ser también estimada. Es decir, interrogarse sobre el costo real de la inversión necesaria, y el tiempo que debe requerir.

En este contexto, fortalecer PetroPerú exige y supone prácticas transparentes, un debate nacional sobre las consecuencias de la privatización en el sector de hidrocarburos, el futuro del sector y el rol que debiera tener la petrolera estatal en la política energética y el significado en la presente coyuntura de su fortalecimiento.

El articulo Por un debate nacional: ¿Petroperú debe ser privatizada? apareció primero en piensaChile.

El articulo La nueva riqueza de las naciones apareció primero en piensaChile.

El articulo Argentina en los planes de la élite mundial para la ocupación militar y el saqueo de América del Sur apareció primero en piensaChile.

1. Alimentación, un Derecho Humano Básico
2. Reforma Agraria
3. Protección de Recursos Naturales
4. Reorganización del Comercio de Alimentos
5. Eliminar la Globalización del Hambre
6. Paz Social
7. Control Democrático

Desde su presentación oficial el concepto de Soberanía Alimentaria se ha ido enriqueciendo en referencia a reconocer una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano; que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural.  Esto implica, además, el reconocimiento al control local/autónomo de los territorios, bienes naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas.
Existen innumerables situaciones que demandan cambios, en el ámbito de la minería, de las grandes obras, en la agricultura, entre otros.  A partir de la agricultura un camino posible para enfrentar y revertir el cambio climático es la agricultura campesina de base agroecológica, que preserva la biodiversidad, produce alimentos, preserva y produce agua, produce cultura, habita y defiende los territorios y genera muchos puestos de trabajo.
La agricultura campesina es un modo de ser, de vivir y de producir en el campo.  Está basada en el trabajo familiar, a partir de una base de recursos bajo control campesino (tierra, agua, energía y biodiversidad), es realizada en una relación fuerte con la naturaleza (co-producción), busca incesantemente una autonomía relativa en el proceso de producción y coloca el foco en las necesidades de la familia campesina (mejora de la condiciones de vida y disminución del trabajo pesado).
De acuerdo a un estudio realizado por GRAIN, en el mundo, el 92,3% del total de unidades agrícolas son campesinas o indígenas y ocupan solamente el 24,7% del total de las tierras. Probablemente el 90% de las familias campesinas e indígenas sobreviven con menos de 2 hectáreas y al menos la mitad de ellas con menos de una hectárea por familia!  En América Latina el 80,1% de las unidades agrícolas son campesinas o indígenas y ocupan sólo el 19,3% de las tierras.  Además, el estudio de GRAIN indica que casi la mitad de la población mundial, unos 3 mil millones de personas, son campesinas e indígenas y producen alrededor del 70% de los alimentos, por eso, no se trata de un sector marginal.
La agricultura campesina, de base agroecológica, biodiversa, poco dependiente, adaptada a las condiciones de suelo y clima, productora de alimentos, agua y cultura, protectora de la biodiversidad y de los territorios, es la única capaz de alcanzar la soberanía alimentaria y dar respuestas al cambio climático.
 
-Los autores,  Valter Israel da Silva y Facundo Martín, son miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y Vía Campesina.
Artículo publicado en la edición de abril 2016 de la revista América Latina en Movimiento (No. 512) de ALAI, titulada “Por los caminos de la soberanía alimentaria”.  http://www.alainet.org/es/revistas/512
 
*Fuente: Agencia Latinoamericana de Información
Notas:
^[1] Se denomina como “escépticos” al grupo de científicos que consideran que la trayectoria creciente de la curva de carbono no se debe a la acción humana sino que la misma obedece a ciclos naturales mucho más largos y que exceden de lejos la posibilidad de incidencia humana reciente.  Ver Baldicero Molion, Luis Carlos (2014) Alarme Falso: O mundo não esta em ebulição!, en Da Veiga, José Eli (Org.) O Imbroglio do Clima, Senac, Brasil.
^[2] El IPCC, por sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change, fue establecido en 1988 por la Organización Mundial Meteorológica (WMO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) para proveer información imparcial sobre el cambio climático (no realiza ninguna investigación ni monitoreo climático).  Habida cuenta de la cantidad de científicos y expertos involucrados y la cantidad de países que intervienen, se trata de documentos que marcan tendencia en la discusión mundial sobre el cambio climático.  Y si bien es cierto que no son aceptados de manera unánime, los informes expresan las principales corrientes de pensamiento y del abordaje concreto de la cuestión del cambio climático.  La manera en la que el IPCC funciona tiene relevancia más allá de los aspectos formales, por cuanto cristaliza buena parte de la gobernanza mundial del cambio climático y constituye la arena en la que se juegan las distintas valoraciones que se les otorgan a unos y otros saberes, la preeminencia de unas disciplinas sobre otras y los juegos internacionales y sectoriales de poder en la construcción de las hegemonías sobre un tema tan disputado.  Ver www.ippc.org.
^[3] En este aspecto es elocuente el gran trabajo de Mike Davis (2002) “Holocaustos Coloniais. Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo” Editora Record, Rio de Janeiro.
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