En el debate organizado por la Archi, supimos que el mismo candidato que habla de mano dura contra los delincuentes y de “fusilar a los violadores” (aunque antes “bromeaba” con condecorarlos con una medalla de honor), ahora quiere liberar vía indulto a algunos de los peores criminales de nuestra historia.

Si algo distingue a los delincuentes de Punta Peuco, es el sadismo y la cobardía con que ejecutaron sus crímenes.

Ellos tratan de disfrazarse de honor militar, y hablan de sí mismos como soldados participantes en una guerra. Pero los crímenes por los que purgan condena no se cometieron en ningún campo de batalla.

El trabajo principal de estos burócratas del terror consistía en secuestrar a civiles y encerrarlos en campos de tortura donde ejercieron los más sádicos vejámenes sobre seres humanos indefensos, incluyendo agresiones sexuales y violaciones, para luego asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.

El término “violaciones a los derechos humanos” es un eufemismo que ha contribuido a edulcorar el horror, y ha permitido a ciertos políticos usar la expresión “derechos humanos” como una especie de broma.

Tal vez haya que ser más explícito, y dedicar unos párrafos a explicar en qué consisten esas violaciones a los derechos humanos.

La parrilla era un catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido para aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre labios, heridas o genitales.

Usaban también una “parrilla doble”, en que a la víctima se la interrogaba en una cama, mientras en la otra se torturaba a un padre, hijo, pareja o amigo.

La asfixia era otro método habitual. Había dos modalidades. En el submarino húmedo, mantenían la cabeza de la víctima dentro de un recipiente con agua sucia o con excrementos. En el submarino seco, se les asfixiaba cubriendo su cabeza con una bolsa plástica.

Las agresiones sexuales también eran parte del menú, incluyendo las violaciones a víctimas delante de sus parejas o padres; para estos vejámenes sexuales se usaban artefactos de tortura e incluso perros amaestrados.

Podríamos seguir por páginas y páginas, más detalladas y escabrosas. Cualquier persona que haya estudiado algo del horror que se vivió en Chile sabe que los “abuelitos de Punta Peuco” no son más que criminales cobardes y abyectos.

Por décadas, la justicia tuvo las manos amarradas para poder perseguir estos delitos, por la acción de los mismos políticos que hoy se espantan de que haya personas de avanzada edad pagando por sus crímenes.

El escándalo es que esos criminales no hayan sido encarcelados cuando debieron serlo. La ley de amnistía, los pactos de silencio, la defensa de la cúpula militar, el respaldo político a la impunidad, y la inacción de muchos jueces, postergaron la justicia.

Estos cobardes han tenido privilegios de los que no goza ningún delincuente en Chile. Su primer beneficio fue la impunidad. Gozaron décadas de vida espléndida, con rango y sueldo fiscal, los privilegios y beneficios propios del poder y, luego de pasar a retiro, millonarias pensiones.

Luego, se les construyó una cárcel especial, e incluso se habilitó un centro vacacional del Ejército, junto al mismo Comando de Telecomunicaciones desde el cual se espiaba a políticos: el Penal Cordillera. Un cómodo resort para la tercera edad, con coquetas casas en torno a un espléndido prado.

Cuando en 2013 entrevistamos a Manuel Contreras en ese lugar, pude ver el plácido día a día de estos sujetos, y su trato despectivo hacia los gendarmes, a quienes trataban como sus sirvientes. “Está para llevarme el bastón”, me dijo Contreras sobre el gendarme que lo acompañaba.

Todo esto, a un alto costo fiscal. Entonces se reveló que el mantenimiento de cada “preso” (huésped, más bien) de Cordillera costaba seis veces más que un reo común, con una dotación de 6,4 gendarmes por cada preso, y derecho a visitas ilimitadas durante todo el día.

Punta Peuco es un poco más “barato”; entonces se calculaba que el costo de cada uno de estos huéspedes era cuatro veces mayor al de un reo en una cárcel común, sin contar atenciones de salud y largas estancias en hospitales castrenses, todo financiado de nuestro bolsillo.

Hasta hoy, mantienen una situación de privilegio, con condiciones de vida infinitamente mejores que las de cualquier cárcel común y acceso a atención de salud de excelencia.

José Antonio Kast ha visitado varias veces a los criminales de Punta Peuco. En campañas anteriores, ha dicho que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”. En 2025, se ha negado a hablar de ese tema al ser consultado.

Su posta la ha tomado Johannes Kaiser, quien en el debate de las radios, dijo sobre un indulto a Krassnoff, un criminal condenado a más de mil años de cárcel, que “voy a cerrar el capítulo, para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”.

Tomemos nota que secuestrar, torturar, violar, asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de seres humanos, hoy se resume como “no caer bien políticamente”.

Kaiser también dijo que los derechos humanos de estos criminales se verían afectados si se permite que Punta Peuco reciba a otros presos, además de sus camaradas de crímenes.

Y aseguró que “muchos de ellos han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina”.

Esa es una mentira, difundida por bots de ultraderecha y ahora repetida en un debate por un candidato presidencial. Ningún militar fue condenado por el caso de Bernarda Vera. El criminal Hugo Guerra, al que se refiere este bulo, fue sentenciado por otros múltiples casos.

Todo vale para lavar la imagen de estos abyectos delincuentes; incluso mentir en medio de una campaña presidencial.

Ante eso, solo queda responder llamando a las cosas por su nombre. La justicia es justicia, no venganza. Los secuestradores, violadores y asesinos son criminales, no abuelitos. Los cobardes son cobardes, no valientes soldados. Las mentiras son mentiras y nada más.

Secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a una persona es una violación a los derechos humamos. Hacer que el responsable de esos crímenes responda por ellos, no lo es.

Son criminales, cobardes y abyectos. Y punto. Aunque algunos intenten torcer la historia con un giro macabro, para convertir a esos victimarios en víctimas.

*Fuente; LaTercera

Villa Grimaldi, métodos de tortura

Y ella, la mujer que entrenaba peros para torturar, a pesar de todos sus crímenes, no pasó un sólo día en la cárcel:

«Bestia»

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«No se arrepienten»: oficialismo critica carta de reos de Punta Peuco y oposición apunta a tribunales

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En el registro, el abanderado del Partido Republicano propone beneficios carcelarios y un indulto a los presos del penal destinado a violadores a los DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El ex parlamentario realiza el polémico comentario al responder una pregunta del cuestionado diputado electo Johannes Kaiser, quien durante una transmisión en Youtube vinculó la inmigración con los delitos sexuales sufridos por las mujeres, así como la legitimidad de su derecho a voto.

“Soy partidario, si no tuviera mayorías parlamentarias, de dictar una ‘Ley de punto final’, porque esto no puede seguir. Si eso no es posible, procedería con indultos presidenciales en situaciones de procesos basados en ficciones jurídicas”, expresó Kast.

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Además, añadió que “aplicaría todos los beneficios carcelarios que hoy día son negados a personas que cumplen condena en Punta Peuco y, lamentablemente, en Colina 1″.

“Se pueden hacer muchos avances si es que hay carácter y voluntad de parte del presidente de la República, cosa que hasta ahora no ha existido y todo eso dentro del marco legal que tenemos, se puede indultar a muchas personas que están cumpliendo condena y que no debería ser así”, cerró.

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El abogado Maximiliano Murath ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad por igualdad ante la ley y protección de la vida, ante la iniciativa de indulto del gobierno y que se enmarca dentro de las medidas para frenar los contagios por Covid-19. La solicitud pide que todos los mayores de 70 años puedan cumplir sus penas fuera de los penales.

La Cámara de Diputados rechazó ayer algunas disposiciones clave del proyecto de ley del gobierno que busca frenar los riesgos de contagios del coronavirus, ahora en la población penal. La iniciativa propone que los adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas cumplan su pena en libertad, aunque no todos: se excluiría de este beneficio a quienes fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad y violaciones, es decir, la población con más compromiso delictual.

La iniciativa no contó con el respaldo del oficialismo y complicó al gobierno. De hecho con el proyecto despachado y en estado de promulgación, actualmente La Moneda evalúa la opción de presentar un veto.

En medio de todo este escenario ayer en la noche un grupo de senadores de Chile Vamos (Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente) decidió ir al Tribunal Constitucional (TC) para que se declare la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, y todo aquel que haya cometido un ilícito de gravedad.

El documento de 29 páginas fue ingresado ayer en a las 22.09, con el patrocinio del abogado Maximiliano Murath. En el texto se señala que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, argumentando que toda la población mayor de 70 años es parte del grupo de riesgo al Covid-19, independiente del penal en que esté cumpliendo la pena.

En el requerimiento se expone que “el hacer un trato distinto entre quienes se encuentran en el mismo grupo etario o de edad (75 años en adelante), y hacer un trato distinto entre quienes están en la misma situación de riesgo y peligrosidad frente al COVID-19 (mayores de 75 años cumpliendo condenas), es una desigualdad ante la ley que no se puede y que no se debe tolerar”.

Además, el recurso señala “en un recinto carcelario se concentra una población penal de adultos mayores de 70 años todos privados de libertad, con patologías médicas como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cardiopatía Coronaria y alguno de ellos se contagia producto de una visita o de Gendarmes que no saben que están contagiando (pues en promedio el contagio empieza dos días antes del inicio de los síntomas), en dos semanas tendremos un gran número de adultos mayores requiriendo hospitalización y eventualmente uso de ventiladores mecánicos. Entonces, ¿tendrán ellos alguna posibilidad de ser beneficiado con el tratamiento de UCI o UTI si hay otras personas más jóvenes y sin otras patologías que también lo requieren?, ¿tendrán ellos en tiempos como los que vivimos la posibilidad de un oportuno y adecuado acceso y derivación a la atención médica que requieren, cuando ello no es posible en situaciones de normalidad?”.

Murath explicó que esto tiene como objetivo “proteger a vida y la integridad física de todos los adultos mayores que están cumpliendo condena sin importar la cárcel que se encuentren y el delito que hayan cometido, porque ellos son hoy los grupos más complejo para enfrentar esta pandemia».

El abogado también detalló que ingresaron el recurso en plena tramitación del proyecto pues, “ante la ausencia de quórum para aprobarse el proyecto, es indispensable apurar la discusión, ya que mientras antes se dilucide si es inscontitucional o no, mejor»

*Fuente: La Tercera

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El beneficio de la libertad condicional otorgado a siete violadores de los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet tiene a tres magistrados de la Corte Suprema chilena al borde de la destitución. Diez parlamentarios de izquierda presentaron una acusación constitucional en su contra por «notable abandono de deberes»: consideran que los jueces no aplicaron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad, como el Estatuto de Roma, el texto fundacional de la Corte Penal Internacional, que establece determinados requisitos para este tipo de causas.

Justamente en la semana en que Chile conmemora los 45 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la acusación, que ha provocado un enfrentamiento inédito entre el poder legislativo y el judicial, que considera que está en juego «la vigencia del Estado de Derecho» y la autonomía de los magistrados. La votación se celebrará el próximo viernes y se dividirá en dos partes. Primero se revisará si la acusación cumple con los requisitos que establece la Constitución. De pasar esa etapa, para lo que la oposición necesita una mayoría simple, los diputados deberán votar si la declaran admisible. Posteriormente, pasaría al Senado, que tendrá la última palabra.

Los jueces no desconocen la facultad del Parlamento para acusarlos constitucionalmente y buscar su destitución en caso de notable abandono de deberes. Hay un precedente: hace 16 años, el juez Hernán Cereceda —operador de Pinochet en la Corte Suprema— se convirtió en el único magistrado destituido desde la llegada de la democracia, dos años antes. Pero creen que, en este caso, lo que los parlamentarios buscan es cuestionar los fundamentos del fallo. «El ejercicio de la jurisdicción fue confiado de manera exclusiva y excluyente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones», señaló el magistrado Sergio Muñoz, presidente subrogante de la Corte Suprema, que en 2005 pidió el desafuero de Pinochet en el marco de la investigación por las cuentas secretas del dictador en el Banco Riggs.

Los parlamentarios que promueven la acusación constitucional a los jueces pertenecen al Frente Amplio de izquierda y la Nueva Mayoría de centroizquierda, el disuelto conglomerado de Michelle Bachelet que abarcaba de democristianos a comunistas. Consideran que el fallo de la Corte Suprema que permitió la libertad condicional a violadores de los derechos humanos es «aberrante» y que los jueces de la Sala Penal obviaron las normas de la comunidad internacional.

«La jurisprudencia internacional, a la que le ley chilena está subordinada, establece claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, criminales de guerra o de lesa humanidad», explica la diputada Carmen Hertz, portavoz del grupo de parlamentarios que presentó la acusación. «En primer lugar, que la pena sea proporcional a la gravedad del delito de cometieron, lo que en estos sujetos no se da. Apenas un puñado de criminales de lesa humanidad en Chile tienen una pena proporcional a las brutalidades que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido dos tercios de la pena. En tercer lugar, que hayan cooperado desde sus inicios y en forma continuada con la acción de la Justicia». Según el Estatuto de Roma, añade Hertz, deben entregar antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. «Y ese requisito ninguno de estos siete violadores de los derechos lo cumple».

Para la Corte Suprema, el citado Estatuto solo hace mención a la rebaja de las condenas respecto de las sanciones impuestas por la propia Corte Penal Internacional. Y, argumenta, si Chile quisiera negar las libertades condicionales a los violadores de los derechos humanos, debería adecuar su propia legislación.

Los jueces que podrían ser destituidos son Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, todos ellos integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó los beneficios hace poco más de un mes. La decisión del máximo tribunal del país se produjo pese a la resolución previa de un equipo especializado —la comisión de libertad condicional—, que había considerado que los informes psicológicos no acreditaban ni corrección ni rehabilitación.

Entre los beneficiados por la libertad condicional está Gamaliel Soto, suboficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado en 1974 de Eduardo González, de 31 años, director del hospital de Cunco (sur de Chile). También Moisés Retamal, ex coronel del Ejército, condenado a seis años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos en 1973. La comisión especialista le había negado el beneficio porque Retamal, según el informe de Gendarmería, tiene «insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado (…) validando o justificando conductas delictuales, entre otros aspectos negativos de su personalidad». Otro de los beneficiados es el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que recorrió el país en helicóptero Puma y que asesinó a 90 personas en diferentes ciudades.

Todos ellos estaban encarcelados en los penales de Colina 1 y Punta Peuco, la cárcel destinada a violadores de los derechos humanos en dictadura que tanto activistas como familiares de víctimas piden cerrar por considerar que ofrece condiciones especiales respecto a las que reciben los presos comunes. Bachelet -hoy alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU- había asumido el compromiso de clausurarlo, pero no llegó a concretarlo antes de dejar el poder en marzo pasado.

El Gobierno del conservador Sebastián Piñera no ha sido indiferente al enfrentamiento entre parte de la oposición y la judicatura. «Una mayoría política no puede invadir la esfera de acción de los tribunales de Justicia», señaló el ministro de Justicia, Hernán Larraín, antes de que Piñera recibiera en La Moneda a los líderes de la Corte Suprema de Justicia en una clara señal de respaldo.

En pleno debate, importantes penalistas y académicos se han manifestado públicamente a favor de una y otra posición. La controversia ha tenido incluso algunos capítulos surrealistas, como el intento frustrado del partido oficialista UDI de inhabilitar a la diputada Hertz por ser viuda de un ejecutado político. «Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen un conflicto de interés en materias derechos humanos. Ahora sí lo hemos visto todo…», los criticó el analista político Max Colodro.

*Fuente: El País

El articulo Chile: Tres jueces al borde de la destitución por otorgar la libertad condicional a violadores de los DD.HH. apareció primero en piensaChile.

*Fuente: Diario UdeChile

El articulo Canciller Ampuero fue orador en acto de militares (r) en favor de la impunidad en 2015 apareció primero en piensaChile.

La decisión fue tomada por los ministros de la Segunda Sala Penal del Máximo Tribunal, Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados integrantes María Gajardo y Ricardo Abuauad.

Ante el rechazo que generó la medida, principalmente para las agrupaciones de familiares de las víctimas, el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte, Hugo Dolmestch, sinceró las posturas: el arrepentimiento de los condenados y su cooperación eficaz en las investigaciones no son un requisito para acceder a beneficios penitenciarios. El criterio no solo prevaleció para estos amparos, sino que será la línea que se seguirá para resolver los siguientes de estas características, aclaró el ministro.

Si bien la atención ha estado puesta en su figura por el giro que estaría dando en relación a su antecesor, el ministro Milton Juica, quien jubiló en junio pasado, la información detrás de los abogados integrantes también resulta reveladora a la hora de analizar hacia dónde se inclina la balanza en las votaciones. Y, en este caso, especialmente respecto de Ricardo Abuauad Dagach.

La posición del abogado de la Universidad Católica de Valparaíso siempre fue favorable a otorgar libertad condicional para los siete condenados. Incluso, determinante en los casos en que no hubo unanimidad.

De los dos amparos que se resolvieron el pasado martes, en el caso de Moisés Retamal Bustos se adoptó por un 3-2, con los votos de mayoría de Dolmestch, Valderrama y Abuauad y las posiciones en contra del ministro Dahm y la abogada Gajardo.

En el caso de Emilio de la Mahotiere, el piloto del helicóptero de Sergio Arellano Starken la Caravana de la Muerte, la Corte ordenó por mayoría que nuevamente fueran evaluados sus antecedentes por la Comisión de Libertad Condicional, con voto de minoría de Dolmetsch y Abuauad, quienes fueron partidarios de otorgarle la libertad inmediata.

Además de su desempeño en la Corte Suprema, hoy el abogado integra -junto a once profesionales- el estudio jurídico Abuauad, Zamora y Cía, con sede en el centro de Santiago.

Uno de sus colegas es Tomás Zamora Maluenda, coronel en retiro de Carabineros que fue procesado en calidad de autor por el delito de homicidio simple por la muerte de Lina Garay Tobar, ocurrida en Valparaíso, en 1983.

En julio de 2016, Zamora fue procesado junto a otros trece funcionarios policiales por orden del ministro en visita extraordinario en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia (revisar documento).

En el documento, al que tuvo acceso nuestro medio, se detalla que la noche del 11 de agosto de 1983 ingresó un grupo de carabineros -pertenecientes a la séptima comisaría de Fuerzas Especiales- a la población Montedónico de Playa Ancha, disparando sus armas de fuego. Lina Garay recibió un disparo que traspasó una de las paredes de material ligero de su vivienda, impactando en su cráneo. Su muerte fue inmediata.

La resolución del ministro Arancibia se fundó en una serie de informes policiales que daban cuenta de las diversas diligencias que se realizaron en el marco de esta indagatoria, declaraciones entregadas por testigos, antecedentes sobre la víctima y requerimientos hechos por la fiscal judicial Beatriz Pedrals para esclarecer los hechos que se denunciaban.

Los procesados fueron detenidos por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) y, aunque por pocos días, estuvieron en prisión preventiva.

Sin embargo, casi cinco meses después, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso -integrada por las ministras Eliana Quezada, María del Rosario Lavín y por el abogado integrante Hugo Fuenzalida- dejó sin efecto el procesamiento. Señalaron que los antecedentes recogidos “hasta el momento no permiten establecer presunciones fundadas para estimar que los inculpados han tenido participación en el delito investigado como autores del mismo”.

En su carrera profesional, el socio del abogado integrante de la sala que otorgó la libertad condicionales a los reos de Punta Peuco también ha defendido a ex miembros de la policía uniformada en causas de Derechos Humanos. Un caso fue su defensa de los carabineros en retiro Hans Eduard Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Robert Santiago Teylorl Escobar, quienes fueron condenados por el delito de secuestro calificado cometido en contra de los hermanos y militantes socialistas Héctor y Guido Barría Bassay, en 1973, en el llamado “Episodio de Río Negro” de Osorno.

Contactado por nuestro medio, el abogado Rodrigo Abuauad señaló que por su calidad de abogado integrante de la Corte Suprema no comentaría el fallo en cuestión ni esta situación particular, mientras que el abogado Tomás Zamora indicó que no mantenía ninguna causa judicial pendiente. Estas declaraciones las hicieron llegar a través del abogado administrador del estudio jurídico aludido en este artículo.

*Fuente: Diario UdeChile

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DECLARACIÓN

LIBERTAD A LOS PRESOS DE ‘PUNTA PEUCO’

El COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:

En dos sucesivas sentencias dictadas en las últimas semanas de este mes, la Corte Suprema ha concedido el indulto a siete (7) personas condenadas por graves violaciones a los Derechos Humanos y recluidas en la cárcel ‘Punta Peuco’. Esas personas, autores de ‘delitos de lesa humanidad’, fueron, en un primer momento, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga; posteriormente, Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos.

No puede considerarse a la Corte Suprema —y al resto de los tribunales chilenos— como entes neutrales. Desde los albores de la República han estado permanentemente al servicio de las clases dominantes. No está de más recordar algunos casos al respecto.

En pleno régimen de la Unidad Popular dio, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Enrique Urrutia Manzano, orden a los jueces de acoger todos los recursos de amparo que interponían en su favor los enemigos de ese régimen. Fue aquel mismo sujeto quien, en compañía de los magistrados José María Eyzaguirre y Juan Pomés, concurrió a saludar al recién instalado gobierno militar en septiembre de 1973 y, posteriormente, terció la banda presidencial sobre el pecho de de Pinochet reconociéndolo como legítimo gobernante. Cuando, en 1974, viajó a Europa una comisión gubernamental, encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de ese entonces Alejandro Silva Bascuñán y el ex político Julio Durán Neumann, a explicar las razones y fundamentos del golpe militar, se sumó a ellos el magistrado José María Eyzaguirre quien asumiría, un año más tarde, la presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Urrutia. ¿Y qué decir de Israel Bórquez, hombre cercano a Pinochet, que ironizaba con los recursos de amparo a favor de los detenidos desaparecidos alegando que lo tenían ‘curco’?

La idea de dejar en libertad a los presos de ‘Punta Peuco’ no es nueva. Ha sido la constante de los grupos pinochetistas que aún perduran y aprovechan la instancia gubernamental que hoy detentan. Porque esta situación no es nueva y tiene manifiestos ribetes políticos. El presidente Piñera no es, en modo alguno, ajeno a ella. Si bien ha querido aparecer libre de toda sospecha otorgando indulto presidencial —junto a un caso de Temuco y otro de Colina II—, a una persona que falleció sin haber gozado de aquel (el ex coronel René Cardemil, enfermo de cáncer terminal), dicha acción sólo se enmarca dentro de una política que aprovecha el retiro de otros magistrados para reemplazarlos por quienes se inclinan por liberar a los genocidas. La decisión de la Corte Suprema, por consiguiente, no ha tenido carácter neutro sino eminentemente político.

Que este fallo crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que “lo más probable es que se aplique la misma decisión”. 

El CODEHS eleva su enérgica  voz para protestar por estos actos que no sólo son atentatorios contra el ordenamiento jurídico vigente y los convenios internacionales suscritos por Chile sino contra la moral de toda una sociedad, y justifican de sobremanera recurrir a los organismos internacionales en demanda de garantías jurídicas que no parecen existir en este país.

COMITÉ EJECUTIVO (CODEHS)

Santiago, 31 julio de 2018

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