Es muy extraño que el presidente ejecutivo de Codelco ponga entre las causas de la caída de los excedentes, los precios de realización, siendo que el precio del cobre y el molibdeno en el año 2018 fueron superiores a los del año 2017. Los precios de realización, lo podríamos interpretar en el sentido que Codelco estaría vendiendo el cobre y subproductos, a precios inferiores que lo que se dan en el mercado internacional.

El análisis que sigue, se referirá únicamente a las ventas o los ingresos de Codelco, sin referirnos a los costos, que corren por un canal paralelo.

El año 2018 Codelco produjo 1.678.000 T. de cobre, y sus ventas alcanzaron solamente a U$ 14.253 millones, con un precio del cobre de 2,96 dólares, lo que vamos a comparar con el año 2006, en razón que en cuanto a precio y producción son muy similares. El año 2006 La producción de cobre fue de 1.676.000 T. y el precio fue de 3,05 dólares. El pequeño aumento de nueve centavos en el precio del cobre el año 2006, en relación al 2018, tiende a compensarse con una producción superior de  2 mil T., el año 2018. Sin embargo, las ventas de Codelco el año 2006 fueron de US$ 17.077 millones, y solamente U$ 14.253 el 2018. ¿Cómo se explica que casi con una idéntica producción y precio del cobre, los ingresos por ventas el 2018 sean U$ 2.824 millones menos que el año 2006?

Esta lamentable, y sin explicación, caída de las ventas o ingresos de Codelco el año 2018, no es el fruto de una mala administración, sino el resultado de una política planificada para endeudar y arruinar Codelco, que viene implementándose desde abril del año 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando las trasnacionales mineras lograron apropiarse de la administración de la Corporación, al asumir  Diego Hernández la Presidencia Ejecutiva, Thomas Keller la Vicepresidencia de Finanzas, y una serie de otros ejecutivos que asumieron las vicepresidencias y diversas gerencias de Codelco. El objetivo no explícito de las transnacionales mineras para apoderarse de la administración de Codelco, es generar las condiciones para su privatización.

Las transnacionales mineras pudieron apropiarse de la administración de Codelco gracias al Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009 en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esta ley permitió, entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el presidente de la República, sino por el Directorio, del cual además se sacó a los Ministros de Hacienda y de Minería, dejando al Estado fuera de la administración de Codelco.

La casi totalidad de los comentarios de la prensa y de los “expertos”, fueron muy favorables a estos nuevos ejecutivos, quienes, por su gran capacidad técnica y experiencia en diversas transnacionales mineras, aumentarían en forma muy considerable los resultados de Codelco. Sin embargo, estos pronósticos no se cumplieron, porque desde el año 2010, se han registrado los peores resultados de Codelco en toda su historia. Estos pésimos resultados, no se deben a un aumento catastrófico de los costos, sino a una inexplicable caída de las ventas de Codelco en cerca de US$ 20 mil millones por subfacturación, desde el año 2010 a la fecha.

En un informe de la UNCTAD, de julio de 2016, se denuncia que en Chile existe subfacturación en la exportación de cobre y otros minerales, pero no se señala cuáles son las empresas involucradas en esta subfacturación.

No existe ninguna razón válida para una caída tan considerable de los ingresos por ventas de Codelco, salvo que el cobre y sus subproductos hayan sido exportados a precios muy inferiores a los del mercado internacional, como lo denuncia la UNCTAD. Aquí comienza a emerger el fraude, porque ni Codelco ni ninguna minera extranjera, pueden vender el cobre a precios inferiores a los del mercado internacional, salvo que se haga al margen de la ley.

En vista que no era razonable, ni lógico, que desaparecieran los ingresos por ventas de Codelco, desde el año 2010 en adelante, en abril de 2015, por intermedio de la “ONG Chile-Cobre”, interpusimos una querella contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de pérdidas en Codelco por más 18 mil millones de dólares, entre los años 2005 y 2014. Esta querella fue presentada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que designó al Fiscalía Centro Norte para la investigación.

La querella concernía dos tipos de pérdidas. Primero, estaban las pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron desde el año 2006 al 2012, y cerca de US$ 2 mil millones del contrato de venta a Minmetals, pérdidas que aún se siguen produciendo. El segundo hecho denunciado, es precisamente las pérdidas por cerca de US$ 12.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas de Codelco, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos.

Han pasado 4 años de la presentación de la querella. La primera fiscal designada, Sra. Giovanna Herrera, durante los 8 primeros meses, no hizo absolutamente nada para investigar. Ante un reclamo al Fiscal Nacional Sr. Sabas Chahuán, el Fiscal Regional traspasó la investigación a la fiscal Sra. Macarena Cañas, de la Fiscalía de Alta Complejidad. En los primeros meses la fiscal Macarena Cañas, realizó una parte de diligencias que habíamos solicitado, como requerir información a Cochilco, Codelco, Aduanas, y ella incluso agregó requerimientos a algunas mineras extranjeras, pero después detuvo su avance, como si alguien le hubiera solicitado no avanzar en esta investigación, porque ni siquiera nos dio acceso a la información enviada por Codelco, Aduanas, BHP Billiton y Antofagasta Minerals.

El hecho es que han pasado 4 años, y nadie ha sido formalizado por el Ministerio Público, por estas multimillonarias pérdidas de Codelco y de todos los chilenos. Para tener una idea de lo que pasó en mercados de futuro, lo resumiremos en la operación más escandalosa y que produjo el 60% de las pérdidas en mercados de futuro, que arrojó pérdidas por US$ 2.983,9 millones. En una sola operación de venta a futuro de 700 mil T. de cobre de Gaby, en julio de 2007, se vendió a futuro a US$ 1,36 la libra para el periodo 2008 a 2012, cuando en ese mismo mes que se realizaba esta operación, el precio del cobre era de 3,62 dólares. El 2006, el precio había sido de 3 dólares la libra, y fue de US$ 3,31 en promedio, en el periodo 2008-2012, de vigencia de dicho contrato. Vender a 1,36 dólares solamente, cuando el precio era de 3.62 dólares, no es un error de cálculo, sino una operación deliberada para perder dinero en favor de ciertas empresas, para que ellas a su vez paguen una suculenta “coimisión”, tal como ocurrió en los años noventa con J.P. Dávila.

Esta operación fue autorizada por el Acuerdo N° 17, del 19 de abril de 2007, del Directorio de Codelco, que en ese momento era presidido por la Ministro de Minería de la época Sra. Karen Poniachik, y que integraba también el Ministro de Hacienda Sr. Andrés Velasco, y entre otros, el Sr. Jorge Bande Bruck, Nicolás Majluf y Raimundo Espinoza. A pesar que lo solicitamos, ninguno de ellos ha sido citado para declarar para que la fiscalía conozca las razones por las que autorizaron vender el cobre a futuro a 1,36 dólares, si en ese momento el precio era de 3,62 dólares, y fue superior a 3 dólares en los 4 años que duró dicho contrato.

¿Cuáles son las empresas que ganaron los miles de millones de dólares que perdió Codelco? No lo sabemos, porque el Ministerio Público se niega a investigar cuales son estas empresas. Pero el Sr. Roberto Souper, Vicepresidente de Comercialización de Codelco, desde el año 2000 al 2010, conoce muy bien estas empresas: “Son once contrapartes que tiene Codelco -lo sé muy bien-, porque el directorio me designó para hacer esta fijación”. Esto lo declaró el Sr. Roberto Souper, el año 2014, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por “Pérdidas de Codelco en mercados de futuro en cerca de US$ 7.000 millones”, Comisión que presidió el ex diputado Luis Lemus, que también no quiso investigar. Pero además, también se ha negado a investigar estas pérdidas, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y Cochilco.

El Ministerio Público, parece “no estár ni ahí” con el hecho que Codelco haya perdido fraudulentamente, miles de millones de dólares en mercado de futuro y en subfacturación a partir del año 2010. Y ante la inmovilidad del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, del S.I.I. y por cierto de Cochilco, parece no haber impedimento para que el año 2018, siga existiendo subfacturación en Codelco, aunque, hay que reconocerlo, es bastante inferior a la subfacturación que se observó desde el año  2010 al 2015.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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Pero la votación de izquierda no es traspasable tan fácilmente a Guillier, porque aquella juventud que se movilizó para votar por Beatriz Sanchez, no es muy fácil movilizarla para que vaya a votar en la segunda vuelta, aunque exista el peligro que gane Piñera. Por otra parte, si el electorado del Frente Amplio concurre a votar en la segunda vuelta, es impensable que pueda votar por Sebastián Piñera.

Sin embargo, por quién votar no es problema que debe preocuparnos con el electorado del Frente Amplio, sino el que pueda concurrir a votar.

Para que estos votantes se movilicen a votar, es necesario que Alejandro Guillier los convenza que no es lo mismo Piñera que Guillier, en razón que sería un gran retroceso en lo que hasta ahora se ha conseguido, como por ejemplo, que pueda derogar la recién aprobada ley de aborto, como Piñera ya lo había insinuado abiertamente.

Contra de este argumento, juega el hecho que es muy difícil que Piñera pueda aprobar políticas más conservadores o más neoliberales que las actuales, porque el está lejos de tener una mayoría en el Congreso Nacional, que le permita “revolucionar” las políticas más progresistas que hasta ahora se han aprobado, a menos que consiga el apoyo de una parte de la vieja Concertación, lo que no es fácil visto el peso de la bancada del Frente Amplio e incluso del PC. Desde ese punto de vista, al no ser Piñera un peligro en la aprobación de las leyes, una parte del electorado frente amplista puede pensar que no vale la pena ir a votar, porque no existe un real peligro de vuelta atrás si gana Piñera.

Si bien Piñera no contaría con mayoría parlamentaria que le permita refundar la República, hay que tener presente que existen numerosas medidas que no pasan por el Congreso Nacional, que dependen únicamente de las facultades del Presidente de la República. No olvidemos que la actual Constitución es muy presidencialista, porque fue hecha para que Pinochet gobernara aunque tuviera minoría en el Congreso Nacional, que además funcionaría en Valparaíso.

Entre las facultades del Presidente de la República, está la de disponer la administración de las empresas del Estado, y entre ellas, la más importante de todas, CODELCO, que le ha entregado al país más de US$ 120 mil millones de dólares, lo que es más que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado ABSOLUTAMENTE TODAS las empresas privadas que existen o han existido en Chile, desde 1971 a la fecha. Esa es la importancia de CODELCO.

Si bien Piñera no puede privatizar CODELCO, -para ello necesita una reforma constitucional con los 3/5 del Congreso Nacional-, si puede asestarle un golpe mortal, como ya lo hizo entre los años 2010 y 2014, cuando designó un directorio y Presidentes Ejecutivos de la Corporación que venían directamente de las transnacionales mineras, como Diego Hernández y enseguida Thomas Keller.

Durante la presidencia de Piñera, CODELCO se endeudó en más de US$ 10 mil millones, y además se perdieron en subfacturación más US$ 15 mil millones, que es precisamente una de las razones por las que interpusimos una querella por malversación en CODELCO. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿En que se gastó? Es lo que debería investigar la Fiscalía Centro Norte, pero no lo hace, solo le interesa los juicios faranduleros.

Entre los años 2010 y 2014, bajo la presidencia de Piñera, se registraron los más altos precios del cobre, llegando a 5 dólares la libra durante algunas semanas del año 2011, terminando el año con un promedio de 4 dólares la libra, es decir el precio más alto de la historia. Sin embargo, entre los años 2010 y 2014, se registraron los peores resultados de CODELCO de toda su historia.

Los malos resultados no eran el fruto de una mala gestión, sino el objetivo perseguido por las transnacionales mineras que dirigían la Corporación, por intervención directa del Presidente Piñera.

Destruir financiera y económicamente a CODELCO, era el paso necesario para crear la necesidad de su privatización, a la que siempre han aspirado las transnacionales mineras.

Tras los 4 años de la Presidencia de Piñera, CODELCO aún está en la UTI, -no olvidemos la frase que no hay un puto peso-, pero ahora está en recuperación.

Si Piñera llega nuevamente a la presidencia, existe un gran riesgo de quiebre de la empresa, y gracias a ese peligro, se pueda lograr que el Congreso apruebe la privatización de algún yacimiento para salvar a la Corporación. Desde el tiempo que Diego Hernández era Presidente Ejecutivo de Codelco, corre el rumor que el grupo Luksic pretende quedarse con Chuquicamata. Al dejar la Corporación, Hernández fue designado presidente ejecutivo de Antofagasta Plc, cargo que dejó al ser elegido presidente de SONAMI, pero sigue siendo asesor del directorio.

La destrucción y privatización de CODELCO, o de alguno de sus yacimientos, es un real peligro si Piñera llega nuevamente a la presidencia de la República.

Este peligro se debe a que el Presidente de la República puede elegir directamente 3 miembros del directorio de CODELCO, e interviene en la elección de otros 3 miembros que escoge la Alta Dirección Pública, entre postulantes que demuestren que han trabajado en empresas mineras.

De esta manera, todo el directorio puede ser elegido directa o indirectamente por el Presidente de la República, por lo que este directorio puede estar integrado por ejecutivos que vengan directamente de las transnacionales mineras.

Este directorio, elige al Presidente Ejecutivo, que también viene de transnacionales mineras, quien a su vez puede designar nuevos vicepresidentes y gerentes de la Corporación, que también vengan de transnacionales mineras, como en los hechos ocurrió el año 2010, con las consecuencias desastrosas para la Corporación, que muy poca gente conoce.

Alejandro Guillier en varias ocasiones ha defendido a CODELCO en el Senado, y me parece poco probable que nombre ejecutivos que vengan de transnacionales mineras. Creo firmemente que Guillier, a pesar de las presiones que pueda recibir de los grupos de poder de la Nueva Mayoría, o de la debilitada antigua Concertación, tendrá la fuerza para designar en CODELCO a ejecutivos que la saquen del marasmo actual.

Piñera no me asusta por las leyes que pueda promover, porque no tiene mayoría en el Congreso Nacional, pero si me asusta por las facultades que le otorga la Constitución y la ley, para intervenir en la administración de CODELCO, entregándola a ejecutivos al servicio de transnacionales mineras. Ya lo hizo, no es una mera especulación.

En razón del peligro real que Piñera representa para la existencia de CODELCO, no se debe permitir que llegue una vez más a la Presidencia de la República. Para que ello no ocurra, no basta con no votar por Piñera, es absolutamente necesario votar por Alejandro Guillier.

Por la defensa de CODELCO votaré por Guillier, y me permito llamar a votar por él.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

El articulo La segunda vuelta, votar o abstenerse apareció primero en piensaChile.

Por ejemplo, un alto gerente de una minera privada, planteó como solución el sacar a bolsa el 20% de Codelco. De esa forma los privados pueden aportar el capital que falta a Codelco para ampliar y continuar sus operaciones de inversión estratégica.

Otro, también alto ejecutivo privado, pero con un agudo sentido de la oportunidad, propone reducir y congelar los ajustes salariales y bonos de desempeño correspondientes a los trabajadores y convertir esos dinerillos extras en participación accionaria en Codelco. De esta forma se estimularían a producir más y trabajar con más ahínco, generando una capitalización adicional.

Bueno, dirá usted, en Chile hay ejecutivos privados que son muy sensible al interés del sector trabajo, pues los quieren enriquecer y transformar en accionista de una gran empresa.

Pero, sin querer decepcionarle, querido lector, debo advertirle que estas posturas son  bastante tradicionales en la derecha empresarial y política. La resultante final es que con el 20% del capital accionario exigen, a poco andar, la dirección de la empresa, luego la creación de acciones preferenciales y finalmente la propiedad efectiva de la totalidad de la gestión y de las ganancias. Basta ver todas las empresas del Estado intervenidas por la dictadura y sus propietarios actuales.

El capitalismo popular, que también se propone, con esto de dar participación a los trabajadores, es otro engranaje  en el traspaso de la propiedad a capitalistas privados de mayor calibre. Eso se ha hecho con las plantaciones de bosques en la zona central y sur de Chile, que se inició como aporte de capital de pequeños accionistas  y propietarios para terminar en manos de los Matte y Cia, a bajo precio y cuando los árboles ya estaban a punto de ser utilizados económicamente. Igual aconteció con el capitalismo popular de Soquimich, cuando Ponce Lerou mandó a unas monas pintarrajeadas y en faldas cortísimas a entregar regalos y hacer firmar a cada uno de los trabajadores su traspaso de propiedad al yernísimo, por unas cuantas piedrecillas de colores.

También se hizo lo mismo con los parceleros agrícolas, luego que Pinochet transformó la propiedad comunitaria de la reforma agraria en parcelas de propiedad individual. El resultado fue la venta de una a una de las parcelas a los propietarios adictos al régimen, con lo que se reunificó la tierra en manos de los mismos y sus descendientes o los amigos de los mismos. Para qué vamos a recordar lo que se hizo con las tierras de nuestros araucanos en el sur, pues ese traspaso de propiedad fue en base a plomo y alcohol.

Entonces, queridos lectores, cuando aparecen estos genios de la solucionática, debemos ponernos en guardia. Cuando veas a un derechista llorar de un avaricioso amor a los trabajadores, tienes que saber que son como los tangos, que a pesar de las lágrimas iniciales, terminará necesariamente en tragedia….Pero usted sabe quién terminará con el puñal clavado en el corazón.

¿Por qué quieren privatizar CODELCO?

Simplemente porque es una empresa enormemente rica, tanto por sus activos en libro como por sus reservas. Si usted compra acciones de esa empresa, simplemente paga lo que se ve del iceberg, en la superficie, pero se lleva para casa lo que está bajo tierra, que no se paga en esa compra, es decir se lo lleva gratis; pero, además, es ahí donde está la más formidable riqueza de la empresa, en sus reservas. Estamos hablando de billones de dólares…que se incluyen en el traspaso de propiedad. Debemos recordar el concepto de “concesión plena” y de “propiedad perfecta” que es la que rige en estos ámbitos del derecho.

Nuestra burguesía, que siempre ha tenido un fino olfato y un apetito pantagruélico para la riqueza fácil, sabe que tiene que ablandar las resistencias que se oponen a tan grande y magnífico banquete. Han sido muchos sus intentos y lo seguirán pretendiendo. Logran convencer, por el camino, a algunos que deberían estar en una postura diferente, como los economistas De Gregorio, Aninat y varios más que transitaron del “progresismo” al más reaccionario de los mundos posibles, sin más explicación que una enorme oquedad en la cabeza, es decir una incapacidad (intelectual y moral) de recrear su mundo ideológico, y optaron por inclinar la cerviz al mejor postor. Como anécdota que viene al caso, recordemos que el señor De Gregorio manifestó (en un encuentro con grupo defensor de la riqueza natural), con sobrados gestos de experto, que el Estado no debía tener empresas, por tanto se debía vender Codelco en el mercado, a un precio que podía ser cercano a los 9 mil millones de dólares (año 1997), poner esos dineros en el sector financiero y de las ganancias obtenidas por esas colocaciones el Estado chileno podría sacar para financiar sus gastos. La verdad es que si se le hubiese hecho caso a estos genios de la economía, el Estado estaría percibiendo no más de 200 millones de dólares anuales y con el riesgo de haber perdido gruesa parte de esos recursos en las corridas financieras. Con la permanencia de Codelco en manos del Estado, a pesar de la depredadora política  que han ejercido sus responsables, ha entregado desde 9000 a 3000 millones de dólares anuales, dependiendo de los precios variables del cobre. De la bonanza se ha podido ahorrar unos 30.000 millones de dólares, de los que ya quedan unos 20.000 millones; pero se ha podido con ellos  sortear la crisis del 2008 y gastos extras en los últimos años. También es posible que en esos fondos obtenidos desde Codelco podamos comenzar a salir del atolladero actual. Pero, por favor…….No presten oídos a los cantos de sirena, aunque tengan que atarse al mástil. Como lo hiciera el pícaro de Ulises.

El articulo Las propuestas atrabiliarias apareció primero en piensaChile.

En mayo de 1999, el candidato presidencial Ricardo Lagos Escobar, en una entrevista en EEUU para la Revista Latin Trade, sostuvo que:

            «Es muy importante introducir capital privado en Codelco para que pueda expandirse. Pero para privatizar Codelco tenemos que suspender la entrega del 10 % de sus ingresos a las fuerzas armadas. No creo que ningún inversionista privado esté interesado en Codelco hasta que superemos este problema”.

Ya han pasado 16 años, desde que el candidato Lagos, expuso ante los inversionistas  estadounidenses, que para poder introducir capital privado o privatizar Codelco, era necesario con anterioridad, derogar la ley que destina el 10% de sus ventas a las FFAA. Fundaba su argumento el Sr. Lagos, en que ninguna empresa querrá comprar Codelco, si tiene que entregar el 10% DE SUS VENTAS a las Fuerzas Armadas. Con esa mochila, la empresa que compre Codelco, no podría competir con las otras mineras extranjeras.

La derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, no es entonces un asunto de carácter ideológico o político, o de militaristas o antimilitaristas, sino una condición sine qua non, para llevar a cabo el objetivo principal: poder acometer la privatización parcial o total de Codelco.

A pesar que la derogación de la Ley Reservada no requiere de un quórum especial, y que siempre ha habido mayoría para hacerlo,  ello no se ha concretado hasta la fecha, principalmente porque su derogación no tiene sentido si a la vez no se acomete el objetivo principal de privatizar Codelco. Y este sí que es un escollo difícil de pasar, porque para privatizar Codelco se tiene que reformar la Constitución, para lo cual se requiere los dos tercios del Congreso Nacional, 25 senadores y 80 diputados.

Además, con los extraordinarios excedentes que Codelco ha entregado al país, más de US$ 120 mil millones, era prácticamente imposible lograr el quórum de los dos tercios de una reforma constitucional para privatizar Codelco, y por la misma razón, no prosperaban los proyectos para derogar la Ley Reservada, a pesar de no necesitar un quórum especial para su derogación.

Pero ahora, con la espectacularidad de la declaración de no haber “un puto peso en Codelco”, y que días después se anuncie pérdidas por US$ 97 millones en el primer semestre de 2016, pérdidas que se producen por primera vez en la historia de Codelco, las transnacionales mineras, creen que el viento sopla a su favor, para conseguir ambos objetivos, derogar la Ley Reservada y abrir Codelco al ingreso de capital privado.

Por ahora, la derogación de la Ley Reservada ha adquirido carácter de urgencia, con apabullante publicidad mediática, y apoyo transversal, desde la derecha más conservadora hasta los más progresistas de la Nueva Mayoría.

La Ley 13.196 o Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, fue promulgada como ley secreta por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en 1958, y disponía que una parte de las UTILIDADES de las empresas de la gran minería, deben destinarse al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas. En 1976, la Junta Militar, con el DL 1.530 modificó esta ley, y dispuso que el 10% de las VENTAS, ya no de la gran minería, sino nominativamente de Codelco, se debe destinar  exclusivamente al equipamiento militar de las FFAA. A partir de 1976, ya nadie se atrevió a plantear la privatización de Codelco. La Ley Reservada era la trinchera que defendía a Codelco de su privatización.

Solo a partir de 1994, a raíz de las pérdidas de US$ 200 millones de Codelco en mercados de futuro, nuevamente renacieron propuestas transversales para privatizar Codelco, pero que no encontraron apoyo suficiente en el Congreso, precisamente por los importantes excedentes que Codelco entregaba al país.

Pero ahora, que el Sr. Nelson Pizarro, y sus antecesores Diego Hernández y Thomas Keller, ejecutivos de clase mundial, endeudaron en exceso a Codelco y lo dejaron, además, sin un “puto peso”, se ha generado un consenso transversal, de políticos y “expertos”, desde la derecha más conservadora hasta los más progresistas de la Nueva Mayoría, para derogar la Ley Reservada, con el fin que dichos recursos queden en Codelco para financiar sus proyectos estructurales.

El Mostrador del sábado 3 del presente, nos informa que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que preside Jorge Tarud, ha citado para el martes 6 a los ministros de Hacienda y Defensa,  para que expliquen la compleja situación que atraviesa Codelco y que se siga manteniendo la Ley Reservada. Dice la nota de El Mostrador:

“Para el diputado Tarud es primordial que el titular de Hacienda explique por qué este tema no es prioritario para el Gobierno, «ya que de verdad no se entiende que no se le ponga urgencia a un proyecto de ley de este tipo cuando el presidente de Codelco nos dice que no hay un peso, porque el 10 por ciento del presupuesto se va a las Fuerzas Armadas”.

Sostener que si se deroga la Ley Reservada dichos recursos quedarán en Codelco, es fruto de la falacia o de la ignorancia, o de ambas cosas, puesto que si Codelco deja de pagar este tributo a las Fuerzas Armadas, ello se trasformaría inmediatamente en un aumento neto de sus utilidades, y por lo tanto, tendría que pagar el 69% de dichas utilidades en impuestos al Fisco: 24% de impuesto de primera categoría (que el 2018 subirá a 28%), más 40% de impuesto del DL 2.398, y 5% de impuesto específico o royalty. En consecuencia, el 69% (el 73% a partir del año 2018) del monto de la Ley Reservada, no quedará en Codelco porque pasará directamente al Presupuesto Nacional, del cual igualmente se tendría que financiar el equipamiento militar.

Del 31% que resta de la Ley Reservada, pasa también al Presupuesto en forma de ganancias del dueño, el Estado. Solo parte ese 31% podría quedar para capitalizar a Codelco, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo autorice. En consecuencia, es una falsedad absoluta, o ignorancia supina, que al derogar la Ley Reservada, dichos recursos quedarán en Codelco para financiar sus inversiones.

Pero también existen otros argumentos, en el pasado y en la actualidad, que se han barajado para justificar la derogación de la Ley Reservada.

            1.- Si sostiene que si se deroga esta ley, ello permitiría limitar el gasto en armamento, para destinarlo al gasto social.

Este es un argumento inconsistente, puesto que para limitar el gasto en equipamiento militar, no es necesario derogar la Ley Reservada, ya que bastaría con modificarla, para que no sólo contemple un piso para los aportes, sino que también contemple un techo, y todo lo que sobrepase de ese techo se destine al Presupuesto Nacional. Al respecto es necesario considerar que esta ley ya ha sido modificada en varias ocasiones para aumentar el piso de los aportes, y nada impide entonces que también se le fije un techo.

            2.- Se sostiene que esta ley, no permite que el Congreso Nacional discuta y apruebe el gasto en armamento y la prioridad de su distribución entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas.

Este también es un falso argumento, puesto que sin derogar la ley, solo modificándola –es una ley ordinaria-, se puede establecer que sean comisiones tripartitas de las Fuerzas Armadas, del gobierno y del Congreso Nacional,  que planifiquen a largo plazo las inversiones en armamento y fijen las prioridades entre sus diversas ramas, para que finalmente el Congreso Nacional apruebe el gasto anual. En consecuencia, en la misma Ley Reservada, se puede establecer la discusión parlamentaria en el gasto en defensa.

            3.- Otro argumento que se ha utilizado para justificar la derogación de esta ley, es que ella es discriminatoria para Codelco, ya que “el costo” extraordinario que significa este impuesto, lo dejaría en pésimas condiciones de competitividad frente a su concurrencia.

Históricamente, este argumento no tiene ninguna lógica ni sustentación real, puesto que las mineras extranjeras, hasta el año 2004, todas declararon pérdidas y no pagaron ni un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Escondida. Declaraban pérdidas, a pesar que no pagaban el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas, mientras que Codelco nunca dejó de entregar excedentes al Fisco, a pesar de tener que pagar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

Pero en los hechos, es evidente que es discriminatorio que este tributo lo pague únicamente Codelco, siendo que hasta 1976, lo tenían que pagar todas las grandes mineras, aunque solamente sobre las utilidades. Pero esa discriminación o arbitrariedad es fácil de solucionar, pero ello no pasa por derogar la Ley Reservada, sino que ampliando su aplicación a todas las empresas de la gran minería, de manera a que toda la Gran Minería quede afecta a este impuesto de 10 % de sus ventas en favor de las Fuerzas Armadas.

Jurídicamente nada impide que este tributo a favor de la Defensa Nacional se pueda aplicar a las mineras extranjeras, puesto que es un tributo autorizado expresamente por el Nº 20 del art. 19 de la Constitución, y tampoco está afecto a la invariabilidad tributaria de la Ley 20.026 de Impuesto Específico a la Minería. Además, es de plena justicia, que todas las empresas de la gran minería queden afectas a este impuesto, como lo fue hasta 1976.

Al ampliar la Ley Reservada a todas las mineras, la recaudación de este tributo se podría triplicar, pero como la ley también fijaría un techo, todo lo que sobrepase de ese techo, pasaría directamente al Presupuesto Nacional, para satisfacer las diferentes necesidades sociales.

Este es precisamente la ocasión para proponer que la Ley Reservada se extienda a todas las empresas de la gran minería, es la modificación que debieran sostener todos los partidos que otrora apoyaron al Presidente Allende, incluyendo al PPD, y por cierto la Presidenta Bachelet.

En suma, no es necesario derogar la Ley Reservada, porque todas las objeciones que se le hacen, no tienen sustentación fáctica o legal, o pueden ser solucionadas modificando la ley, sin que sea necesario derogarla, porque con o sin esta ley, igualmente se debe financiar el equipamiento militar.

Son las transnacionales mineras las que están detrás de esta derogación, porque al final existe un fabuloso botín: apropiarse de las colosales reservas de cobre de Codelco, que son alrededor de UN CUARTO DE LAS RESERVAS MUNDIALES.

            Las transnacionales mineras no pierden el tiempo, avanzan en la derogación de la Ley Reservada, proyecto que en principio sería presentado en diciembre próximo, y ya avanzan en un proyecto privatizador, con el apoyo del mismísimo Presidente del Directorio de Codelco, Sr. Oscar Landerretche. En efecto, en una noticia del Diario Financiero de 28.08.2016, se puede leer:

«Hay que calmarse un poco con las palabras. Porque cuando uno dice privatización significa vender todo Codelco y que lo controle un privado. La entrada de capitales privados a invertir en Codelco es una cosa completamente distinta», dijo el ejecutivo en entrevista en radio ADN. Según Landerretche «es perfectamente posible tener un esquema en el cual la abrumadora mayoría y el control lo tiene el Estado pero tiene capitales privados».

Queda muy claro entonces, que derogar la Ley Reservada no es más que el chivo expiatorio para privatizar Codelco.

• El autor, Julián Alcayaga, es economista y abogado

El articulo El “puto peso” y su rol en la campaña por derogar la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas apareció primero en piensaChile.

El articulo Crisis en Codelco: Entre la “política del terror” y los intentos de privatización apareció primero en piensaChile.

Si bien este artículo fue publicado el 3 de mayo de 2015 en el sitio www.verdadahora.cl lo reproducimos por la actualidad de su contenido y por las relaciones que descubrimos en él con el nuevo escándalo que azota a Codelco:
La Redacción de piensaChile

Es día de negocios y en Perú aterriza un vuelo proveniente de Santiago de Chile. A escasos metros de la base aérea Las Palmas opera el temido servicio de inteligencia de Alberto Fujimori y desde su interior el jefe, Vladimiro Montesinos, avizora la llegada de un hombre barbudo y ternado que baja de los cielos para conversar sobre un terreno pantanoso que su empresa de pastas Lucchetti acaba de comprar en Lima. Consciente de que la protección ecológica del predio está siendo reclamada por comunidades locales, el visitante chileno de sangre croata y boliviana saluda a Montesinos e ingresa al despacho del oscuro brazo derecho de Fujimori.
Andrónico Luksic Craig, miembro del grupo económico más poderoso y acaparador de Chile y cuya familia se ubica entre las cien más ricas del mundo, según el ranking 2015 de la Revista Forbes, desconocía que cada una de sus palabras estaba siendo fríamente registrada. A inicios del milenio cuando Montesinos, el otrora zar de la inteligencia peruana, estaba acorralado por las graves acusaciones de corrupción que terminaron sumergiendo al régimen fujimorista en aguas turbulentas, los detalles de esa reunión secreta, como tantas otras que el arequipeño había tenido con altos jerarcas de Lucchetti, vieron la luz en formato VHS.
El escándalo de los “Vladivideos” consternó al Perú y adquirió mayor relevancia cuando se sumaron testimonios de personalidades vinculadas a Montesinos. Una de ellas confirmaba que Andrónico Luksic había entregado dinero al mandatario de origen nipón – procesado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos – con el fin de emplear a su favor la red de influencias de Montesinos y lograr barrer con los problemas que obstaculizaban la construcción de su planta de fideos en el preciado humedal limeño.
“Montesinos ingresó a su oficina con el señor Luksic. Yo estaba presente. Luksic había hecho traer tres cajas de cartón que supuestamente tenían vinos”, declaró la ex secretaria del director del SIN peruano, Matilde Pinchi Pinchi, contenido que la Revista Caretas anunció en portada bajo el título de ‘Luksic pagó coima’ el 13 de octubre de 2005. Más que un Chardonnay Tabalí, relató Pinchi Pinchi, las cajas ocultaban dinero en efectivo: una sí tenía vinos, pero la siguiente 500 mil dólares y la tercera 1 millón 500 mil.
Las acusaciones, secundadas en parte por los capitanes de Ejército Mario Ruiz Agüero y Wilmer Ramos Viera, fueron negadas por la defensa del magnate minero y el proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias se declaró prescrito en 2006.
Quienes conocen a Luksic, el sagaz primogénito de un antofagastino hijo de inmigrantes que aprovechó la especulación provocada por la cumbre de Bretton Woods para enriquecerse en el mercado cambiario de libras y francos, saben que esa incómoda batahola en el país vecino, que gatilló incluso una orden de captura internacional en su contra, afectó la imagen del empresario. Lo hizo tanto o más que el reciente exabrupto del “Nueragate” en donde, por iniciativa propia, Luksic decidió estar presente cuando el Banco de Chile otorgó un millonario préstamo a la empresa Caval de Natalia Compagnon, propietaria de los vistosos Lexus de Sebastián Dávalos que en 2013 motivaron una denuncia de Tomás Mosciatti ante el Servicio de Impuestos Internos.
Un tropiezo, quizás, como los que Luksic evita dar cuando prescinde del teléfono y opta por enviar emisarios de extrema confianza para transmitir su entelequia. Los entendidos dirán que cualquier publicidad embarazosa, como aquella de las supuestas orgías homosexuales junto al ex embajador argentino Oscar Spinosa Melo – cuya difusión motivó un recurso que prohibió la venta del libro “Impunidad diplomática” de Francisco Martorell en 1993 – impone al presidente de Quiñenco una dificultad tan ardua como la de mantener en sigilo su apetito por los yacimientos cupríferos de Codelco.
EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

Una sonrisa se dibujó en el rostro de Andrónico el día en que el tranque de relaves El Mauro, de la Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, entró en funcionamiento. Cuentan que llamó a su oficina a Nelson Pizarro, el artífice material del proyecto que redujo copiosamente el acceso al agua de los caimaninos del Valle del Pupío, y le ofreció fijar su propio sueldo: un cuantioso monto de ceros inalcanzables. Por eso causó extrañeza que el bigotón ejecutivo, titulado en la Universidad de Chile, optara por renunciar a la gerencia de Antofagasta Minerals para hacerse cargo de la plana mayor de Codelco en 2014, donde percibe ingresos considerablemente menores.
Nelson Pizarro, que inició su carrera en Lota Schwager y se jacta de haber hecho escuela de “minería dura” en Exxon, mantiene estrechas relaciones con la Nueva Mayoría y comparte en eventos privados con la presidenta Michelle Bachelet. En los noventa conoció al patriarca del clan de los Luksic cuando trabajaba en la División Andina de Codelco. Dada su larga trayectoria en las transnacionales mineras, el regreso de Pizarro a la cuprera estatal, ocurrido antes de los fallos judiciales que decretaron la clasificación de El Mauro como una obra ruinosa, generó desconfianza inmediata.
Al mismo tiempo en que esto pasaba, se dejaba sentir el comienzo de un transvase simultáneo de ejecutivos de Antofagasta Minerals a Codelco, y de la estatal minera al grupo Luksic.
Siguiendo los pasos de André Sougarret, el cabecilla del rescate de los 33 mineros de San José, el académico Diego Hernández, con un pasado en Anglo American, ya había renunciado en 2012 a Codelco para asumir la presidencia del holding cuprífero de Andrónico y hermanos. En 2014 fue el turno del ex jefe de prensa de Ricardo Lagos, Pablo Orozco, el que pasó a trabajar con Luksic en una gerencia de comunicaciones. Un mes después, Iván Arriagada evacuó la vicepresidencia de Administración y Finanzas de la corporación estatal del cobre y anunció su llegada a Antofagasta Minerals.
Recíprocamente, en octubre del año pasado, el ingeniero civil metalúrgico Sergio Parada Araya arribó desde el grupo Luksic a la División Chuquicamata de Codelco. Su primera decisión al asumir el mando del depósito de cobre más grande del mundo, fue expulsar de la empresa a Juan George cuando el reloj daba recién las 8:00 de la mañana. Esto lo hizo luego de que George, ex encargado de Recursos Humanos de Chuqui, denunciara irregularidades en la adquisición de repuestos chinos por un valor de 5 millones de dólares, caso que afectó la nominación del ex gerente de Caserones, René Oliva Saldías, a una posición importante en la vicepresidencia de Codelco Norte, truncando así los deseos de Pizarro.
Similares vientos de cambio fueron percibidos en materia laboral. Otro hombre de Luksic anteriormente empleado en el Banco de Chile, el sociólogo Alejandro Salinero Berardi, emigró a la estatal como encargado de Relaciones Laborales para equilibrar la tarea de un militante de la DC con trayectoria de más de 20 años en Codelco: Daniel Sierra Parra. Éste es absorbido hoy por la línea dura de Pizarro, al carecer de mayores aliados al interior de la empresa frente a las transformaciones que podrían llevar a Chuquicamata a una completa quiebra, y propender así a la privatización de sus yacimientos.
En este escenario interviene activamente el sicólogo Patricio Chávez Espinoza, ex asesor comunicacional de Minera Los Pelambres, quien llegó en enero a la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco y asiste de manera íntima a Pizarro, tal como lo hace instalado en la División Chuquicamata el abogado Nemesio Orellana, ejerciendo un poder de facto en esa administración.
Para asegurar un papel funcional de la dirigencia sindical – afirman testigos de la red que Luksic está tejiendo lentamente en Codelco – se reclutó a Roberto Morales Puelma, involucrado en el conocido fraude de boletas de 40 millones de pesos por servicios no prestados en Correos de Chile. Morales sirve de nexo entre Antofagasta Minerals y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, en quien influyó para obtener su voto en la designación de Nelson Pizarro como líder de la corporación.
Esta nominación no pudo haber madurado tampoco sin el apoyo de la Nueva Mayoría. Y es que para la jefa de Estado no es secreto que Andrónico Luksic también goza de buenas relaciones con la ministra de Minería, Aurora Williams, la que hace algunas semanas instó a exigir transparencia en el rubro minero a propósito del caso SQM.
La ingeniera comercial y militante del Partido Radical se convirtió en la segunda mujer en dirigir esa cartera luego de Karen Poniachik, elección que no estuvo exenta de críticas en 2006 dada la cercanía de la periodista del PPD con el Council of the Americas de Nueva York, entidad que recibe financiamiento de Barrick Gold y otras multinacionales de Latinoamérica. En lo que respecta a Williams, aún pesa en el ambiente su pasado como gerente de administración y finanzas en el puerto de Antofagasta Terminal y su trabajo en una sanitaria de la región, ambas empresas de propiedad del grupo Luksic.
Los contactos políticos de los Luksic se extienden a todos los partidos a través de aportes de campaña o privados, pero especialmente al Partido Socialista, colectividad en la que apoyan económicamente a Camilo Escalona. La influencia de este último se manifiesta en el gobierno a través del subsecretario del Interior, Mahmud “José” Aleuy, operador histórico del escalonismo. Parte del referido financiamiento se retiraba en maletines desde Ahumada 11, esquina con Alameda.
Con estas piezas de ajedrez se intentarían explotar las actuales condiciones económicas de Codelco para provocar una crisis que, por su magnitud, aconsejaría la venta del total de la empresa o una parte de ella al sector privado.
DESTINADA AL FRACASO

Entre 1993 y 1994, el grupo Luksic empezó a estudiar la compra de una industria cervecera agonizante en Karlovac. Concretó la adquisición cuando el país estaba en plena guerra (con un porcentaje ocupado tras el conflicto de Los Balcanes) y logró sacar el negocio adelante. Para algunos, esto demostró el potencial de un desastre mirado con el prisma del consorcio económico, actualmente asesorado en secreto por ex oficiales de inteligencia del Ejército yugoslavo entrenados en la KGB.
Además de la cerveza, Davor Luksic Lederer, hijo de Andrónico, administra en Croacia los intereses turísticos de la familia: un selecto balneario de cinco estrellas en el Mar Adriático, en un pueblo poseído enteramente por el conglomerado. Atlas, el principal operador del rubro en el país natal del abuelo Policarpo, llevaba años registrando pérdidas en sus operaciones, hasta que el grupo se hizo con la apuesta y revirtió la precaria situación.
Este elegante y a la vez perverso sistema de orden a través del caos se repitió en Pakistán, cuando el vicepresidente del Banco de Chile – quien logró hacerse de él gracias a un crédito concedido por Jaime Estévez – envió a la frontera afgana a Humberto Fernandois, ex gerente de Recursos Humanos de Codelco en Chuquicamata, ligado a Antofagasta Minerals, con el fin de prospectar la posibilidad de participar junto a Barrick Gold en la explotación de las reservas de cobre y oro del pequeño poblado de Reko Diq, todo ello en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.
En cuanto al posiblemente desolador futuro de Codelco, el economista Julián Alcayaga reflexiona sobre la eventualidad de una debacle funcional a intereses privados. “Una forma de privatizar Codelco es destruirla económicamente”, afirma.
Es importante señalar que desde octubre de 2013 descansa una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado por la pérdida de 14 mil millones de dólares infligida a la cuprera de todos los chilenos en el período de administración de Diego Hernández y Thomas Keller, a raíz de contratos de ventas a futuro y otras irregularidades entre 2010 y 2012.
La actividad especulativa de los mercados a futuro consiste en vender materia prima aún no producida, que se transa apostando al precio que cada uno de los intervinientes estima que tendrá en un plazo determinado. Al término, el productor debe re-comprar los papeles por las cantidades transadas, pero en el precio vigente en ese momento, lo que en el caso de Codelco ha generado fuertes pérdidas.
Uno de los mayores escándalos conocidos a la fecha – similar al desfalco provocado por el adventista Juan Pablo Dávila, que le costó una sentencia de 8 años en prisión tras comprometer cerca de 200 millones de dólares en manejos financieros ilícitos – tuvo su génesis en 2005. El entonces presidente de la estatal, Juan Villarzú, se amarró con la empresa china Minmetals para vender 836 mil toneladas de cobre a un precio bajísimo hasta 2021. Lo más sorprendente lo descubrió el SII: Codelco y Minmetals crearon una sociedad en Las Bermudas para evitar cualquier fiscalización acuciosa de la operación.
En julio del 2014, un antiguo miembro del directorio de Codelco, Andrés Tagle, denunció la responsabilidad del ahora titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, un ex empleado del grupo Luksic, en el nefasto negocio chino que terminó acentuándose con el aval del Ministerio de Hacienda.
“Los ingresos de Codelco desaparecieron”, dice Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. “Hernández y Keller registraron los peores resultados en toda su historia. Vino el cambio de gobierno y llegó Nelson Pizarro, quien empezó a traer gente de Antofagasta Minerals y a operadores políticos como Raúl Díaz”.
“Lo nuevo es que ya no sean todas las empresas transnacionales mineras las que persigan a Codelco, sino sólo Luksic. Además, que no estén detrás de todo, sino de sólo una presa que es Chuquicamata”, agrega.
En efecto, esa faena elíptica constituye ahora el talón de Aquiles de Codelco. La división registra altos costos y malos resultados, con distancias de transporte que la hacen económicamente inviable. Sin embargo, desde hace algunos años se desarrolla un polémico proyecto estructural de conversión de mina de rajo a subterránea que ha tenido en pugna a la dirección de la empresa con los sindicatos.
La oposición argumenta que el cambio supondría una reducción dramática de trabajadores, con la terminación de alrededor de 3 mil puestos. Por dicha razón es que Hernán Guerrero, presidente del sindicato Nº 3 de Chuqui, ha hecho hincapié en la necesidad de explotar otras zonas del rajo y extender la producción de Quetena, un depósito cercano. Esto indudablemente significaría la postergación del proyecto subterráneo hasta el 2028 o, como declaró Guerrero al diario El Mercurio en agosto del año pasado, aplazaría la iniciativa por “cerca de una década”.
El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, intentó zanjar el freno de la iniciativa subterránea por medio de instancias de discusión que denominó Mesas de Convergencia Técnica. A finales de marzo, se anunció un avance en el Proyecto Empalme Fases 46/49 que extenderá la operación superficial de Chuqui y se concentrará en la actual pared noroeste del rajo. La negociación fue respaldada por el operador de Luksic, Sergio Parada.
Fuentes señalan que el plan de Antofagasta Minerals es, precisamente, que el proyecto estructural subterráneo fracase. La postergación indefinida del cierre del rajo podría significar una pérdida de inversión cercana a los 5 mil millones de dólares, algo que acentuaría el colapso económico de Codelco.
En este sentido, el ejercicio de 2014 habló por sí mismo: los excedentes de la empresa cayeron un 22% en relación a 2013. Nelson Pizarro, quien dio nuevo aliento a la relación del directorio con el mundo sindical – atestiguan que nunca antes el dirigente Hernán Guerrero se había juntado a tomar café en la oficina del presidente de la corporación – atribuyó la baja experimentada en Codelco a una variación negativa en el precio del metal rojo.
No obstante, en opinión del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y otras fuentes consultadas por este medio, hay una intención clara de arruinar por dentro a la estatal. En esas condiciones, plantean, Antofagasta Minerals tendría todo a su favor.
Llamamos al Sindicato Nº 3 de Chuquicamata para consultar su opinión sobre una eventual privatización de Codelco bajo la dirección de Nelson Pizarro y las implicancias de retrasar el proyecto de mina subterránea, sin embargo su presidente Hernán Guerrero no contestó nuestros correos electrónicos.
LOS NEXOS INTERNACIONALES

Cierto día, cuando era senador, Jorge Lavandero se acercó a Ricardo Lagos para compartir su proyecto de reformas al Código Minero. “Jorge – le contestó el hombre de hablar pausado que saltó a la fama por desafiar a Pinochet con un dedo – el cobre no está en mi agenda”. Tiempo después, Lagos abordaba un helicóptero para visitar las instalaciones de la flamante minera Los Pelambres invitado por Jean Paul Luksic.
A sus casi 85 años y con el peso de haber sido condenado por “tocaciones” en un juicio express, convenido a sus espaldas por el abogado Matías Balmaceda – hoy defensor de los acusados en el caso Penta al lado de Julián López, el representante de las supuestas niñas abusadas en la Región de la Frontera – Lavandero recuerda esta anécdota con la vívida frescura de los años en que luchaba para detener el saqueo de los recursos naturales a manos de la gran minería.
Por cierto, el ahora presidente de Codelco, Pizarro, había recibido con los brazos abiertos al entonces candidato Lagos en Pelambres, dando una señal clara de que sus jefes apoyarían al gobierno entrante de la Concertación. El camino fue abierto por Jaime Andrade, socialista cercano a Andrónico Luksic que a la vez tiene amistad con Raúl Díaz, Eduardo Loyola y otros militantes del PS vinculados a la estructura de dinero y poder de la familia Nº 83 de Forbes.
Según Lavandero – el retirado parlamentario temucano que rechazó las presiones ejercidas por Barrick Gold para instarlo a votar a favor del Tratado Minero Chileno-Argentino – el PS chillanejo Eduardo Loyola, antiguo partidario de la lucha armada cooptado por Antofagasta Minerals, tuvo un papel importante en el envío de un maletín con 100 millones de pesos al ahora intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, como pago de la participación de éste en un “complot” para asesinar su imagen.
Testigos que señalan haber sido inducidos a mentir por la Fiscalía, un análisis que revela transcripciones adulteradas de testimonios y la declaración del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sergio Toro, afirmando a un diario local que Lavandero “se echó a mucha gente poderosa encima” y que eso influyó negativamente en el Poder Judicial, son algunos de los antecedentes que el ex honorable bate a los cuatro vientos para alegar inocencia, pidiendo que se revise el proceso que lo llevó a cumplir tres años de presidio en la Cárcel de Alta Seguridad.
Resulta que para Lavandero también es indudable que Luksic guarda un apetito por las reservas de cobre que en este momento sólo puede explotar el Estado. “Bachelet tiene enquistados a todos los gerentes que él le puso en Codelco”, dice a El Ciudadano, agregando que el caso Caval dejó en evidencia las cordiales relaciones entre el magnate y la presidenta. El crédito a Sebastián Dávalos, opina, fue “un pago de servicios políticos a la madre”.
“Andrónico Luksic se consolidó en los gobiernos de la Concertación. Él junto a las multinacionales han financiado campañas presidenciales y transversalmente a diputados y senadores. Lo de SQM es una punta de iceberg al lado de esto”, enfatiza el ex demócratacristiano.
En la presentación del nuevo libro de Jorge Lavandero, “Asesinato de imagen”, realizada en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile a finales de marzo, que contó con la presencia de su director, el periodista Juan Pablo Cárdenas, uno de los ponentes leyó las duras frases de la contraportada de la investigación publicada por el diputado argentino Miguel Bonasso, titulada “El Mal”, que descompone la oscura red de contactos políticos de la canadiense Barrick Gold, responsable del desastre de glaciares en Pascua Lama, y en cuyo comité asesor internacional trabaja Luksic.
“¿Por qué el banquero Rockefeller condecoró a la presidenta Michelle Bachelet?”, dijo el orador, encendiendo una ola de aplausos estruendosos en el auditorio. Se mencionaba así el evento organizado por el Council of the Americas – nótese una vez más que la ex titular de Minería de Bachelet, Karen Poniachik, dirigía el programa de negocios de esa entidad – en septiembre de 2009, cuando la actual mandataria acomodó en su cuello la insignia de oro del foro empresarial patrocinado por Barrick, Exxon, Monsanto y principalmente su presidente honorario, David Rockefeller, cómplice de Agustín Edwards en el golpe de Estado de 1973.
Si miramos la historia veremos que la minera Anaconda Copper, de propiedad de la familia Rockefeller – y anteriormente de la dinastía europea de los Rothschild – controlaba enteramente la producción de Chuquicamata hoy proclive a la voraz codicia de los Luksic. El 11 de julio de 1971, dos años antes del putsch militar que derrocó a Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de reforma constitucional que recuperaba el patrimonio nacional del cobre en poder de Anaconda y otras dos compañías extranjeras, Kennecott y Cerro Corporation.
La expropiación perjudicó especialmente a Rockefeller, ya que cerca de dos tercios de las utilidades de Anaconda provenían de Chuquicamata. En 1976, la junta militar no se atrevió a modificar lo alcanzado por Allende y destinó a Codelco la administración de los yacimientos nacionalizados. En 1977, Anaconda fue adquirida por Atlantic Richfield Company (ARCO), y en 1986, ARCO traspasó sus minerales a Antofagasta plc., sociedad anónima abierta de la familia Luksic que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres.
Los Luksic están ligados a la familia Rockefeller a través de varios think-tanks. Uno es el ya mencionado Council of the Americas, al que Andrónico Luksic contribuye con gruesas sumas de dinero para “promover el desarrollo económico y social del Hemisferio Occidental”, como afirma su sitio web, aunque en realidad su función es ejercer un lobby permanente de la banca y la megaindustria de Washington en países de América Latina.
Otra entidad es la Comisión Trilateral, dedicada a reclutar a líderes del sector privado de Europa, Asia y Estados Unidos en torno a las ideas de la “interdependencia” global. Andrónico figuraba en su lista oficial de integrantes hasta 2012. Creada el mismo año en que Pinochet llegó al poder, de la mano del multimillonario David Rockefeller y el académico Zbigniew Brzezinski, la Comisión extiende sus redes en el mundo bajo la premisa de que la soberanía tradicional de los estados se debilita progresivamente, dada la injerencia que las multinacionales tienen sobre la política internacional. Al organismo se prohíbe entrar sin invitación.
Para aplicar contraste al cúmulo de informaciones entregadas en este reportaje, quisimos tomar contacto con Antofagasta Minerals y coordinar una cita con Andrónico Luksic. Conversamos con su secretaria y encargada de comunicaciones, y pese a insistir en que esperaríamos a su llegada desde Londres – se reunía con accionistas de la empresa en Europa – la respuesta fue tajante: el hombre por el que consulta no da entrevistas.
En Codelco rechazaron la posibilidad de que la estatal fuera privatizada, aunque al cierre de esta edición todavía no recibíamos una respuesta oficial desde el Ministerio de Minería.
Las cuentas secretas de Luksic
Un tema que en el último tiempo ha inquietado a Andrónico tiene que ver con la difusión de la denominada “lista Falciani”, una nómina de potenciales evasores de impuestos con cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC. En febrero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó los nombres de a lo menos dos sociedades millonarias vinculadas al magnate y sus hijos.
Hace tres años, HSBC reconoció ante el Senado de Estados Unidos que permitió miles de transacciones provenientes del contrabando ilegal de armas, el tráfico de drogas y grupos terroristas, lo que le significó una multa de 1.900 millones de dólares, la más grande jamás impuesta a una institución financiera en el país del norte.
Aunque todavía se desconoce el origen de los fondos de Luksic – el SII ya ofició a su contraparte europea para recabar más antecedentes de esas y otras cuentas opacas a nombre de Álvaro Saieh y familiares de Don Francisco – el único lazo públicamente conocido entre el mandamás de Quiñenco y personas sospechosas de participar en negocios ilícitos como el narcotráfico, se dio estando a la cabeza del Banco O’Higgins.
En su directorio se hallaba el abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano del ex senador y “recaudador de la UDI”, Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios cuando todavía no existía una legislación que reprimiera el lavado de dinero. Novoa era representante legal de las empresas del colombiano Jesús Ochoa Vásquez, mafioso de la cocaína que en Chile operó utilizando la empresa de motores de Edgardo Bathich, socio de un hijo de Pinochet.
En 1997, el O’Higgins se fusionó con el Banco Santiago, el que más tarde fue absorbido por el Banco Santander. Esta última entidad es administrada ahora por Saieh con brazos en Colombia.
*Este reportaje fue publicado en la Edición Nº 163 del diario El Ciudadano.
*Fuente: Verdad Ahora
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