Extraigo de  ”El libro negro de la justicia chilena ” (Planeta, 1999), obra de la periodista Alejandra Matus, valiosa información sobre hechos  que  rodean los orígenes del narcotráfico en nuestra región y en el propio país, hechos que se remontan a los tiempos inmediatamente anteriores al golpe cívico-militar de derecha de septiembre de 1973. La Corte Suprema de Justicia,  aun después del fin de la dictadura, siguió el mismo cauce que orientó su vergonzosa actuación después del cuartelazo, y por esa razón la periodista, en calidad de perseguida,  debió huir de Chile, luego que  la Corte Suprema  ordenara su detención y la requisición del libro un día antes de que saliera a las librerías.

El 14 de abril de 1999, Matus fue acusada por el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, del delito de desacato, tipificado en ese entonces en el artículo 6-B de la Ley de Seguridad del Estado. Luego de su arribo a Estados Unidos, Matus solicitó asilo político en ese país, el que le fue concedido. Este libro fue el mayor antecedente que permitió la redacción de la Ley de Prensa (mayo de 2001), en que no se consignó el delito de desacato sobre el cual se produjo la orden de detención de la periodista y la requisición de su libro. No obstante, a pesar de la vigencia de la nueva ley, no fue hasta diciembre de 2001 que las copias incautadas del libro fueron devueltas a la editorial Planeta para su comercialización. Alejandra Matus volvió a Chile después de dos años de exilio en Estados Unidos.

Vamos al libro de Alejandra Matus:

Cuenta la escritora que Ángel de la Cruz Venegas, vecino de Pisagua, era un obrero aseador del retén de Carabineros del pueblo, en el que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Este trabajador fue el mayor testigo de la matanza de seis prisioneros políticos que, según el parte militar de octubre de 1973, murieron al intentar huir de la cárcel de Pisagua. De la Cruz Venegas, entrevistado por la periodista, contó que vio un día a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Luego que les dispararon, vio cómo los ensacaron. Los que dispararon eran militares. También señaló Venegas que en la Gobernación de Pisagua vio a varios detenidos que les arrancaban las uñas, sindicando a Mario Acuña Riquelme, el fiscal de los juicios de guerra en Tarapacá como quien daba las órdenes.

Si hablamos de narco-tráfico es, precisamente, de Mario Acuña a que debemos hacer referencia, como el personaje clave en este opúsculo.

Acuña no era iquiqueño. Inició su carrera en Santiago, y la Corte Suprema de la capital acogió reclamos en su contra por su mala gestión. Lo trasladó a Iquique al comenzar los años 70. Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico. En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladara al norte a investigar.

El magistrado, como correspondía, contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Julio Cabezas Gacitúa. En Santiago, Correa había contado con la colaboración del abogado Manuel Guzmán Vial, y agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), que, junto a otras entidades del Estado, habían reunido información sobre los magistrados involucrados en narcotráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Era de tal gravedad lo que Correa pudo colegir durante su estancia en Iquique, que tras un informe a la Corte Suprema, el presidente de la Corte iquiqueña y el fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia fueron destituidos. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, solo fue trasladado o amonestado. Mario Acuña se había salvado. El autor principal de las acusaciones sobre las cuales Correa basó su informe, fue Julio Cabezas. Como jefe del CDE y del Servicio de Asistencia Judicial de Iquique, su actuación fue netamente profesional y, como ya veremos, la causa de su muerte.

En 1973, Cabezas y el director de la Oficina de Planificación Regional (Odeplán) Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes de la región que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Por su  peso económico, ellos habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique. Eran Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez. Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo del desabastecimiento y las “colas” bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, relata Matus en su obra, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semi-elaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración y desde allí para embarcarlo al sur del país. Alejandra Matus relata en su libro:

“Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151.”

Mario Acuña fue vinculado por la investigación ordenada por Cabezas a la policía local con la gestión de tal laboratorio. Había contra Acuña otros pesados cargos, a saber: desde mayo de 1970, cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque esta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo; había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos; adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica;  pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre “por falta de méritos” justo después de extender ese documento; había recibido “regalos de navidad” del conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, alias “el Gallina;” etc.

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido. Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo “perdió” sin explicación. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño. Gallardo nunca fue procesado.

Ya estábamos en 1973, y por entonces, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su simpatía con la salida del presidente Allende- del poder del gobierno.  Pese a sus antecedentes, ampliamente conocidos por la Corte Suprema, presidida por José Urrutia Manzano, Acuña fue autorizado por ella para ejercer como fiscal en los Consejos de Guerra en Tarapacá. La Corte Suprema lo hizo a petición expresa del general  Carlos Forestier Haensgen, el jefe político y militar máximo de la región designado por la Junta de gobierno. Es importante recordar que Urrutia Manzano públicamente se pronunció en favor de la dimisión de Allende a solo unos meses del golpe militar, acto, obviamente no solo anti-ético, sino ilegal.

Mediante llamados radiales y de prensa, Acuña convocó a los dirigentes más importantes de los partidos de gobierno a presentarse en el cuartel de la VI división de Ejército. Sorprendió a todo Iquique que también fuese llamado el abogado Julio Cabezas, funcionario de carrera de Estado que no tenía militancia política alguna. El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional acudió a entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho estudiantes de Leyes que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos.”Yo vengo luego,” les dijo. “Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta.”

Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos, con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios del gobierno de Allende, lo acompañaron hasta la puerta del lugar. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato. Trágico error. Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro de un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no tenía ninguna relación de carácter político con los partidos de gobierno, menos aun que fuese de izquierda. Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio a Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional de Cabezas y de sus cualidades como un “hombre de paz”.

Forestier no respondió, lo que no puede dejar de llamar la atención. Forestier sabía que el mayor mérito profesional del jefe del CDE eran los exitosos resultados que había obtenido en sus investigaciones sobre el narcotráfico. Luego de una breve farsa de juicio, Cabezas fue sentenciado a muerte y fusilado el 10 de octubre de 1973, junto a cuatro militantes de partidos políticos de izquierda. Calza aquí muy bien el aforismo de Napoleón “entre lo trágico y lo ridículo, hay solo un paso.” La acusación, redactada íntegramente por Acuña, fue “condenado a muerte por alta traición a la Patria.” El expediente del supuesto Consejo de Guerra, que sentenció a muerte a Julio Cabezas y a los militantes de izquierda  que murieron con él nunca apareció.

También fue fusilado en Pisagua el ex-director de Odeplán Freddy Taberna, primer dirigente del Partido Socialista de Iquique, quien había participado activamente en las investigaciones de Cabezas. No fueron los únicos. También fueron asesinados “burreros” (individuos portadores de drogas desde Bolivia hasta Iquique) en un número hasta hoy indeterminado, además de  algunos funcionarios de aduana y de la entonces Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), que por razones obvias, también habían colaborado en las investigaciones lideradas por Cabezas.

Alejandra Matus investigó a fondo todo el caso del narcotráfico. Por primera vez, en su libro se supo que desde antes del golpe militar, la aduana de Iquique actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y que varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba un socialista y un reconocido político anti-imperialista, Salvador Allende. Ocho agentes de la aduana fueron asesinados.Entre ellos, Mario Morris Barrios, Juan Efraín Calderón y Juan Jiménez, quienes fueron ejecutados en el supuesto intento de fuga del que fue testigo ocular el aseador De la Cruz Venegas. Calderón y Jiménez fueron fusilados a pesar de las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

Un grupo de narcotraficantes fue arrestado y llevado a Pisagua.  En el grupo figuraba Francisco Manríquez,  Nicolás Chánez,  Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello. Todos eran cómplices de Acuña pero al parecer “sabían demasiado.”José Ramón Steinberg, médico cirujano, preso político detenido en Pisagua, reveló a la periodista Matus lo siguiente:

“En el mes de enero de 1974 llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por orden del fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes, el carabinero Barraza y el teniente Muñoz.  Fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después.”

La personalidad de Acuña se refleja en otra situación relatada por el médico Steinberg. El 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga, en calidad de “prisionero de guerra.” Higueras fue sometido a torturas y en ellas perdió el conocimiento. Steinberg fue llamado para diagnosticar lo sucedido a este preso, y  constató que estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un “vaso dilatador y un tranquilizante”, pero en el mismo lugar, Acuña, después de preguntar a Steinberg qué efecto tendrían esos medicamentos, negó la autorización para administrarlos. Dijo “tengo que seguir interrogándolo” a lo que el médico respondió “no puede seguir interrogándolo en estas condiciones y debe  permanecer en reposo absoluto.”  Acuña ordenó que lo dejaran tal como estaba, diciendo que volvería en quince minutos. Higueras murió breves instantes después que Acuña abandonó el lugar.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera el poder e influencia de Mario Acuña en Iquique y en toda la región de Tarapacá. Los años, sin  embargo, pasaron y el exceso de alcohol y las drogas lo enfermaron de cirrosis y diabetes. Su cónyuge y su familia lo abandonaron, y poco después fue expulsado del Colegio de Abogados. En democracia, los familiares de muchas de los asesinados por orden de Acuña, recurrieron a la ley. Sin embargo cuando sus acusaciones llegaron a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía, dictada por la dictadura en 1978 (Decreto Ley 2191). La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se supo más de Acuña, excepto que en el año 2000 murió en Santiago en un hospital militar. La Ley de Amnistía que salvó a Acuña y transitoriamente a tantos criminales de la dictadura, dejó de aplicarse desde 1998, aunque curiosamente, derogada años después. ¡Qué país tan raro tenemos!

Sobre la muerte de Acuña, es preciso agregar un hecho clave que devela la relación entre narcotráfico y FF AA:

Forestier eligió a Acuña como fiscal en las farsas de juicio que advinieron con el golpe militar, sabiendo perfectamente de las probadas andanzas de Acuña en el narcotráfico, ampliamente investigadas por Cabezas. Lo eligió aunque había  muchos abogados de derecha a su disposición, libres de toda sospecha de corrupción, prevaricación o dolo,  y de una hoja profesional impecable. Forestier, el jefe supremo de la dictadura en Tarapacá, fue el responsable formal del asesinato de Cabezas, al firmar personalmente su sentencia de muerte, la de un abogado y funcionario de Estado de carrera, un hombre no solamente inocente, sino quien era el primer líder de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el norte de Chile como en todo el país.

Entonces, concluyamos:

Aunque suene duro,  resulta, por lo menos lógicamente deducible que el narcotráfico ya había penetrado nuestras Fuerzas Armadas, y que oficiales como Forestier podían perfectamente ser sus “clientes”. Finalmente, un  hecho que da demasiado que pensar:

Acuña fue a morir en un hospital militar, aunque ya no era el fiscal militar de años antes, y cuando ni siquiera gozaba del más mínimo respeto ante la ciudadanía entera, sus colegas y del Ejército. La pregunta de Perogrullo y final: ¿Habrá corrido Mario Acuña la misma suerte de los “burreros” y “coqueros” fusilados luego del cuartelazo de septiembre de 1973, por “saber demasiado”?

*Fuente: Edición Cero

En la localidad de Pisagua, cuya cárcel fue utilizada como sitio para recluir a presos políticos durante la dictadura, continuaron este martes 22, diversas diligencias establecidas en el Plan de Búsqueda y cuyo propósito es dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Todas  las diligencias dirigidas por el ministro en visita  Enrique Troncoso y sin que hasta ahora, arrojaran resultados positivos, en el sentido de encontrar algún vestigio de los detenidos desaparecidos.

En las diligencias en Iquique y Pisagua participan de equipos de Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Programa de Derechos Humanos de Subsecretaría de DDHH, Servicio Médico Legal (SML), Seremi de Justicia, Sernageomín, PRAIS  y Poder Judicial.

También participan familiares directos de los detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, y la AFEPI, que preside Héctor Marín Rossel.

LUNES 21

Las diligencias partieron este lunes 21 en Iquique en el Patio de Autos de la Municipalidad de Iquique, donde se utilizó un georradar en busca de restos humanos asociada a tres victimas víctimas, cuyo rastro se perdió en Iquique.

Se trata de Williams Robert Millar Sanhueza (42) y Jorge Rogelio Marín Rossel (19), ambos militantes del Partido Socialista y víctimas de un macabro montaje en el que se les acusó de parapetarse armados en el Cementerio N° 3 de Iquique y disparar contra los militares, historia que queda absolutamente descartada en la investigación judicial. Ambos DD.DD, según testigos fueron sacados del Regimiento Telecomunicaciones, hoy Caballería Blindada, en muy malas condiciones físicas, siendo llevados por una puerta interna, desde esa Unidad Militar al Camposanto. Hoy,  los corrales Municipales, ocupan parte del terreno por donde pasaron los detenidos.

Producto de este montaje, también resultó muerto el soldado Pedro Prado Ortiz, que fue enviado de guardia, frente al Cementerio N° 3, donde supuestamente estaban parapetos Millar y Marín. Finalmente el conscripto también fue alcanzado por “bala amiga”, en el falso enfrentamiento, resultando muerto. Su figura fue levantada como un “héroe”, en circunstancia que fue otra víctima más de la dictadura.

La tercera búsqueda corresponde a Rolando de la Cruz Silva López, (21), ejecutado en octubre de 1973 en Iquique.
Según el portal Memoria Viva, Rolando Silva López murió en esa fecha en el sector de Huantajaya, carbonizado, quemadura total del cuerpo, como acredita el Certificado de defunción.

La detención la efectuó una patrulla de Carabineros de la Tenencia El Colorado, la que trasladó a los detenidos a dicho recinto policial. Una de las personas detenidas fue liberada posteriormente y narró lo ocurrido a la familia. De Rolando Silva no se volvió a saber más, hasta enero de 1974, cuando su cuerpo calcinado fue encontrado en un pique minero del sector de Huantajaya.

MARTES 22

En esta jornada de martes 22, los equipos y familiares, se trasladaron a Pisagua, hasta donde también llegó Leila Nash la hermana del soldado Michael Selim Nash Sáez (19), quien se encontraba en Iquique cumpliendo con su servicio militar en el Regimiento Granaderos. Al negarse a empuñar su arma contra otros chilenos, fue despojado de su uniforme y enviado a Pisagua, donde desapareció. Sus padres murieron sin encontrar nunca los restos de su amado hijo, de 19 años.

Su hermana Leila, ha dado una dura lucha para que se restituya el honor militar del joven soldado asesinado en Pisagua.

Ha dicho Leila en otras visita a Iquique: «Michel fue un joven soldado, con 19 años, deshonrado y asesinado en septiembre de 1973 por cumplir su juramento a la Bandera de defender la Patria. Con valentía y dignidad se negó a participar en el golpe militar y a disparar contra otros chilenos. Michel era un joven que como millones de chilenos actuaba para construir un futuro con mayor libertad, igualdad y solidaridad».

MIÉRCOLES 23 Y JUEVES 24

Las diligencias de los especialista, continuarán este miércoles 23 y jueves 24, con excavaciones que se realizarán en el Camping de Pisagua. En Iquique, se realizarán inspecciones este último día, en la ex tenencia de Aduana de Iquique, asociada a la muerte de Marcelino Lamas Largo (23)

La muerte de Marcelino Lamas ocurrida el 26 de diciembre de 1974, logró condena por secuestro en contra de sus perpetradores, sin embargo, pese a la justicia, el joven militante, de oficio carpintero, sigue siendo un detenido desaparecido.

El secuestro de Lamas ocurrió mientras se encontraba en casa de sus padres. Hasta el domicilio llegaron efectivos militares, al mando de Roberto Fuentes, procediendo a llevarlo detenido a la Tenencia Aduanera de Iquique, desde donde se perdió su rastro.

Lamas ya había sido detenido por primera vez el 13 de septiembre, a solo dos días del golpe de Estado, pasando por el Regimiento de Telecomunicaciones y Pisagua, donde permaneció un año, recuperando la libertad el 18 de septiembre de 1974.

A los meses después, militares vestidos de civil, identificados en el curso de la investigación como Luis Maldonado Barraza y Miguel Aguirre Álvarez, irrumpen en el domicilio de los padres de Lamas Largo, en busca de armas. Luego el 26 de noviembre de ese mismo 1974, otros agentes se lo llevaron detenido.

Hay testimonios que establecen que fue conducido hasta la Tenencia de Aduana, donde se pierde su rastro. Sus restos no aparecieron en la fosa clandestina, descubierta en Pisagua el 2 de junio de 1990, por lo que sus familiares siguen buscándolo.

AFEPI

El Presidente de la Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, Héctor Marín, dijo que estas diligencias son vitales y que surgen en el contexto del Plan de Búsqueda.  Destacó el uso de un georradar para inspeccionar los lugares establecidos. Ayer en Iquique y hoy en Pisagua.

«En Pisagua el trabajo comenzó en la mañana, en varios  puntos que fueron identificados por dos testigos, que estuvieron en esta zona en los años 80 como relegados políticos y habían señalado al Ministro de haber visto osamentas humanas, donde los tenían prisioneros (…) En uno  de los trabajos forzados, hicieron con movimiento de tierra para que se pudieran instalar un campamento donde estaban los relegados. Y en eso de mover tierra, según los antecedentes que tiene el ministro y los testigos, habrían encontraron varios cuerpos que los vieron y los enterraron en otro lugar, que es el caming de Pisagua».

LA JORNADA DE HOY

Compartimos un registro valioso, captado por Kika Cisternas, familiar de Nolberto Jesús CAÑAS CAÑAS, 48 años, militante socialista, que se desempeñaba como interventor del Complejo Pesquero Norte.  Fue detenido en Iquique, trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y desde allí al Campo de Prisioneros de Pisagua y desde esa fecha, se encuentra en calidad de detenido desaparecido.

Recordar que el  29 de septiembre de 1973, en una acción criminal en Pisagua, se aplicó una falsa ley de fuga a 6 prisioneros políticos, siendo ejecutados, tras ser sacados de sus celdas para cumplir «trabajos voluntarios». Tres de ellos fueron fueron encontrados en las entrañas de la tierra en la fosa clandestina, descubierta en Pisagua en junio de 1990. Se trata de Juan Calderón Villalón (25) , Marcelo Guzmán Fuentes (39)  y Luis Lizardi Lizardi (29.

En tanto, hasta hoy permanecen en calidad de detenidos desaparecidos, Nolberto Cañas Cañas, Juan Jiménez Vidal y el joven conscripto Michel Nash Sáez.

Dejamos el registro de Kika Cisternas.

*Fuente: Edición Cero

“Consideramos pertinente que la reparación sea realizada colocando un monolito recordatorio en el frontis del ex regimiento Granaderos de Iquique y que la historia y ejemplo de Michel Nash sea divulgado en las clases de DDHH que se imparte a los soldados de la FF.AA. de nuestra Patria”.

(Ver entrevista a Leila Nash Sáez, más abajo)

Con una impresionante fortaleza, que le brota desde lo más profundo de su ser,  Leila Nash Sáez, con la frente en alto y sabiendo que su verdad, es la verdad, ingresó por primera vez  a las dependencias de la Sexta División de Ejército, que se levantan en lo que fuera el Regimiento Granaderos de Iquique, donde su hermano cumplía con el Servicio Militar, desde abril de 1973. Lo hizo para entregar una carta, donde pide que se restituya el honor militar de Michel Nash Sáez, ejecutado en Pisagua el 29 de octubre de 1973, por negarse, como conscripto, a  ser parte de las filas militares de la dictadura (ver carta más abajo)

La misiva, muy simple pero concreta en las peticiones, y desde lo simbólico muy importante, está dirigida al general de Brigada Lionel Curti Santibáñez, Comandante en Jefe de la VI División de Ejército, a quien le relata la historia final del joven Michel.

“En abril de 1973 viajó desde Santiago a Iquique un joven muy contento y entusiasmado a cumplir con su deber del servicio militar en el regimiento Granaderos. (…)  No alcanzó a terminar su período ya que fue apartado del Ejército el 12 de septiembre de 1973, posteriormente fue detenido y conducido al campo de prisioneros de guerra de Pisagua. Michel Nash fue separado del ejército, detenido y hecho prisionero puesto que se negó a disparar a sus compatriotas, señalando que había jurado defender la Patria, la Constitución y su Pueblo”.

Leila Nash declara en la misiva que el 29 de septiembre de 1973, “un comunicado militar señaló que Michel Nash fue abatido tras un intento de fuga junto a otros cinco presos en Pisagua, sus cuerpos no fueron entregados a sus familiares a pesar de que lo solicitaron en reiteradas ocasiones”.

Recuerda que sus padres jamás abandonaron su búsqueda y que ambos fallecieron sin haber encontrado a su amado hijo.

Señala la misiva:

“El 2 de junio de 1990 se realizó el hallazgo de la fosa de Pisagua donde se encontraron los cuerpos de 19 ejecutados, entre éstos tres de quienes fueron ultimados junto a Michel Nash. De acuerdo con declaraciones judiciales de otros soldados y oficiales, los cuerpos de algunos presos asesinados fueron desenterrados, calcinados, triturados y lanzados al mar. Entre ellos el cuerpo de Michel”.

En el 2001, el Ejército de Chile reconoce en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que muchos cuerpos fueron lanzados al mar, entre éstos, el del joven Michel Nash. Dicha instancia  tenía la finalidad de avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

Si bien esta es la versión oficial, organizaciones de DDHH, no quedaron conforme con la respuesta entregada por el Ejército a la Mesa de Diálogo, porque con ello era como cerrar la búsqueda de sus seres queridos.

Continúa la carta, señalando que:

“En febrero del 2021, después de una exhaustiva investigación y 48 años después de los hechos, la Corte Suprema establece que no hubo tal intento de fuga y que se trata de secuestro calificado ya que sus cuerpos aún no aparecen. La situación de Michel es la misma que muchos otros soldados y civiles chilenos”.

Ante esos hechos Leila y quienes suscriben la misiva (la que será abierta para recoger más adhesiones” solicitan al Ejército de Chile, al Ministerio de Defensa y al Estado que se repare el honor militar de Michel Nash  quien se negó a disparar en contra de su propio pueblo.

“Consideramos pertinente que la reparación sea realizada colocando un monolito recordatorio en el frontis del ex regimiento Granaderos de Iquique y que la historia y ejemplo de Michel Nash sea divulgado en las clases de DDHH que se imparte a los soldados de la FF.AA. de nuestra Patria”.

Un Héroe anónimo llamado Michel Nash

La historia del joven conscripto Michel Nash Sáez, santiaguino, recoletano, -una calle en Recoleta lleva su nombre-, no era muy conocida. Más bien su brutal ejecución en Pisagua, se corría en  los círculos de las agrupaciones de derechos humanos.

Sin embargo, para los 40 años del golpe, su historia se empieza a expandir y su ejemplo se transforma en simbólico, y él, en “Un Héroe anónimo llamado Michel Nash”, como señalara una crónica de la autora, publicada en este portal.

Michel, nunca estuvo en el olvido para su familia.  Cuando se descubre la fosa clandestina en Pisagua, su padre, que le heredó su nombre Michel, vino a estas tierras con la esperanza de recuperar a su hijo, aunque fueran sus restos.  Pero no apareció, hasta hoy. Las imágenes de aquel hombre, recorriendo los alrededores de la Fosa Clandestina y el Cementerio, gritando “Michelito, Michelito ¿Dónde estás?, aún retumban en el desierto nortino. Sólo se reencontró con su hijo, en la eternidad, en septiembre del 2002, cuando fallece.

Pero la lucha, continuó.  Tomó el mando doña Ana Sáez, la madre, que no descansó jamás en su cometido, siempre acompañada de su hija Leila, la única sobreviviente de la familia Nash-Sáez y continuadora de buscar la verdad la justicia.

Doña Ana Sáez falleció en julio de 2018, cerrado sus ojos sin haber recuperado jamás el cuerpo de su primogénito. Por eso, su último deseo que encomendó a Leila, fue que sus restos fueran cremados y las cenizas, lanzadas al mar de Pisagua. Este Portal, acompañó a la familia, en ese ritual, triste y emotivo, pero también de reafirmación en la lucha por los derechos humanos. Como sea, ahora padre, madre e hijo, se reunían en el infinito.

Leila, la hermana mayor, hoy mujer adulta, con hijas adultas también, no decae. Y como ella dice, vive en la dicotomía de vivir la vida, reír y llevar la pena eterna de la descomposición familiar, desde aquel 29 de septiembre de 1973.

En estos días, coincidiendo con el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, Leila Nash, una vez más, está en Iquique. Ahora para entregar la misiva al Ejército de Chile y a quien lo representa en esta zona, la VI División de Ejército y su comandante Lionel Curti Santibañez. En definitiva, lo que busca, es que haya una reparación moral de su hermano, el joven soldado Nash. Y ello amparada en que la verdad se estableció judicialmente:

Michel nunca fue un traidor a la patria ni se dio a la fuga en Pisagua.  Fue asesinado.

Para Leila, Michel Nash es un verdadero soldado, que se negó a disparar contra su pueblo, incluso a costa de su propia vida, dejando prematuramente este mundo. Pide que en las mismas dependencias del que fue el Regimiento Granaderos de Iquique, hoy sede de la Sexta División de Ejército, se levante un monolito y una placa en honor a su hermano y en el mismo lugar donde cumplía con su servicio militar, en el Regimiento Granaderos, porque afirma,

“es un verdadero mártir del Ejército, por eso quiero que se restituya su honor militar”.

Pero también pide, que, en la formación de los futuros militares e integrantes de todas las FFAA, se realicen clases de derechos humanos y se cuente la historia del soldado asesinado por la dictadura.

Cuando fue  el golpe militar, Michel se sintió asqueado por las acciones militares Allanamientos y malos tratos con la población civil. Entonces estando en el patio central del Regimiento Granaderos  le dieron la oportunidad de integrarse al Ejército, respondió que prefería la baja, lo que efectivamente ocurrió, siendo despojado de su ropa de soldado.  Y al salir, en las puertas de la que fuera su unidad militar, fue detenido de inmediato el 12 septiembre de 1973.

Es trasladado a otro regimiento, reconocido en Iquique por ser el principal lugar de torturas contra los detenidos, el Regimiento de Telecomunicaciones, donde hoy se levanta una moderna Escuela de Caballería. Hasta allá fue trasladado el joven Nash donde fue interrogado por 5 días.  El 17 de septiembre, junto a otros prisioneros políticos, es trasladado hasta el Campo de Concentración de Pisagua.

Así llega el 29 de octubre de 1973, donde se aplicó una falsa ley de fuga, por la cual fueron acribillados 6 detenidos. Michel era el más joven.

De acuerdo con la información oficial que se ha logrado reconstituir, es que los ejecutados, que permanecían en una fosa, fueron retirados en la llamada operación militar “retiro de televisores”, instruida en 1978 por el dictador Pinochet, con la finalidad de desenterrar los cuerpos de los ejecutados y hacerlos desaparecer por segunda vez, para que sus restos no fueran descubiertos jamás.

Cuando se crea la Mesa de Diálogo, el Ejército reconoce que Michel y otros detenidos de Pisagua y a los largo de todo Chile, -pese a haberlo negado siempre-, fueron lanzados al mar, después de desenterrarlos, calcinarlos y reducir sus restos para no dejar vestigios. “Los quemaron, los molieron y hechos polvillo los tiraron al agua, para que nunca nadie los encontrara”, concluye Leila, sabiendo la verdad, pero con una fuerza infinita, para seguir luchando.

Así la sorprendió este 2 de junio, en Iquique y caminando sobre los pasos que alguna vez dio su hermano sobre el Regimiento Granaderos, cuando ilusionado cumplía con su servicio militar y después decepcionado se negó a ser parte de la dictadura sellando su injusto destino.

Carta de su hermana, Leila Nash Sáez, al ejército de Chile

*Fuente: Edición Cero

¡Ni perdón ni olvido, justicia!
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«Enfatizamos y denunciamos que no hay ninguna condena, por parte de Martínez al golpe cívico militar. Al contrario, el ex General Ricardo Martínez pretende separar la acción del Ejército en tres funciones, como si se tratara de tres Ejércitos distintos»,

indican las organizaciones firmantes, en parte de una declaración pública, distribuida por las Agrupaciones de Familiares en todo el país.

«Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar»,

indica.

Por lo mismo, le restan mérito al informe

«del comandante renunciado e imputado por fraude. Ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo. (…) el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército. No ha existido colaboración».

Señalan, que por el contrario, lo que hay

«es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal, y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina».

DECLARACIÓN PÚBLICA

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Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos a nivel nacional, expresamos nuestra crítica ante el documento Informe Final: “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmado por el General Ricardo Martínez Menanteau.

Hoy a casi 49 años del golpe cívico militar, a 31 años de gobiernos post dictadura, el Comandante en Jefe del Ejército, imputado y rebelde ante una citación judicial por fraude; y en un informe de 120 páginas, señala que en Chile hubo un golpe cívico militar, y justifica la acción militar en el acuerdo de la cámara de diputados de agosto de 1973; señala que miembros del Ejército asesinaron al general René Schneider; que asesinaron al General Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert; que el General Sergio Arellano, delegado de Augusto Pinochet dirigió la Caravana de la Muerte que se desplazó a lo largo de todo el territorio asesinando a civiles detenidos e indefensos, que miles de chilenos fueron torturados por agentes del Estado pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; que la acción represiva se extendió hasta el gobierno de Patricio Aylwin, con el asesinato de Eugenio Berrios que, como la Operación Cóndor extendió su brazo criminal, coordinado con otras fuerzas extranjeras, más allá de las fronteras del territorio nacional; que el ejército que representa tuvo relaciones con la agencia de inteligencia norteamericana “CIA”, para propiciar el golpe cívico militar e impedir la presidencia legítima de Salvador Allende, subordinando la soberanía nacional a los intereses de un potencia extranjera, y a los intereses de una clase social cuyos privilegios se sintieron amenazados por el gobierno de la Unidad Popular.

Enfatizamos y denunciamos que no hay ninguna condena, por parte de Martínez al golpe cívico militar. Al contrario, el ex General Ricardo Martínez pretende separar la acción del Ejército en tres funciones, como si se tratara de tres Ejércitos distintos.

Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar.

Esto es, en línea gruesa, el informe del comandante en jefe del Ejército, emitido a dos días de su renuncia y a dos días de asumir la misma conducta, rebelde y no colaborativa con la acción de la justicia, que hicieron los militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar. Ellos tienen el conocimiento del destino final de cada una y uno de los detenidos desaparecidos y no entregan la información, manteniendo el Pacto de silencio al no revelar, donde están nuestros familiares.

Advertimos que todos los hechos, que en apariencia son reconocidos, constituyen una verdad que ha sido develada con el esfuerzo y la perseverancia de los familiares de las víctimas y las víctimas, con movilización social, y a través de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales, todas condenatorias de los crímenes del General Schneider, del General Carlos Prats y Sofía Cuthbert, de la caravana dirigida por el general Arellano que asesinó cumpliendo órdenes de Pinochet, de Tucapel Jiménez, de Eugenio Berrios, de los miles de prisioneros políticos detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados.

Es una verdad que están contenida en el informe de Verdad y Reconciliación (Rettig), cuestionado en su oportunidad por el Ejército, y en el informe Prisión Política y Tortura ( Valech). Es una verdad histórica.

Por esto, no tiene ningún mérito el informe del comandante renunciado e imputado por fraude. Ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo.

Concluye el Comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, que las violaciones de los Derechos Humanos no pueden descontextualizarse. Sepa el General que ningún contexto puede justificar crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles e inamnistiables.

Señala Ricardo Martínez que es injusto atribuir al Ejército en su conjunto la responsabilidad por las violaciones de los Derechos Humanos. Se equivoca el General imputado: Hubo acciones criminales como parte de una política de Estado ejecutadas por las Fuerzas Armadas que asumieron el mando supremo de la nación el 11 de septiembre de 1973, y que se extendió algunos años después de terminada la dictadura cívico militar.

Es cierto que las instituciones no responden criminalmente, pero no cabe duda que hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen.

El ethos militar sigue mancillado por la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional en sus filas.

Señalamos que el Estado de Guerra a que alude, establecido por el Decreto Ley N° 5 y que tuvo vigencia a través del Decreto Ley 641 hasta el 11 de marzo de 1975, para justificar y legitimar una obediencia debida, para detener, torturar y hacer desaparecer y ejecutar personas, no alcanza para justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período ni con posterioridad a esta fecha.

Al mismo tiempo, denunciamos que el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército. No ha existido colaboración.

Por el contrario, lo que existe es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal, y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina.

No nos engañemos con este informe, y su ethos militar, la garantía de no repetición no es tácita en las palabras de un comandante en jefe del Ejército que debe renunciar por estar imputado por fraude. El ethos militar, y el honor militar ha internalizado el crimen, el abuso y el fraude, denunciamos.

Nuestra demanda por Justicia, Verdad y Reparación por las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas durante la dictadura cívico militar, no ve un avance en este informe del ex General Ricardo Martínez, sólo contiene una retórica encubierta de la impunidad, que tanto ha costado vencer.

Verdad, Justicia y Memoria

*Fuente: Edición Cero

FIRMAN

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique – Pisagua, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos Político de Atacama

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- AFDD

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos – AFEP

Coordinador Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

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