El Grupo de Puebla demandó el miércoles detener “de inmediato” la represión que el Gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha emprendido contra dirigentes políticos de la oposición de ese país suramericano.

En un comunicado, el CLAJUD -Consejo Asesor para temas jurídicos del Grupo de Puebla conformado por reconocidos juristas internacionales- denunció “la difusión sistemática de un falso discurso orientado a criminalizar a la oposición política y a los líderes sociales” de las protestas ocurridas en Ecuador en las primeras dos semanas de octubre.

Remarcó que las movilizaciones populares surgieron a raíz del decreto 883, mediante el cual Lenín Moreno reforzó “su agenda neoliberal al anunciar una serie de medidas orientadas a la pauperización de las mayorías sociales, que incluían una potente ofensiva contra los derechos laborales y una retirada inmediata de los subsidios a los combustibles” tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El CLAJUD recordó que la protesta social fue contestada por el Gobierno “mediante una estrategia marcada por el uso excesivo de la represión policial y militar, y con la difusión sistemática de un falso discurso orientado a criminalizar a la oposición política y a los líderes sociales”.

“El gobierno debe detener el uso selectivo y arbitrario del derecho contra líderes políticos, indígenas y sindicales y proceder a la liberación de los detenidos”, demandó el organismo asesor del Grupo de Puebla, este último conformado por unos 30 líderes progresistas de 12 países latinoamericanos y de Europa.

Persecución contra “los Correístas”

El sitio web de Misión Verdad publicó un artículo en el cual analizó la manera en la que el Gobierno de Lenín Moreno construyó “el expediente para dividir la protesta social y perseguir a ‘los Correístas’”, en referencia a los miembros del partido opositor Revolución Ciudadana, que dirige desde el exilio el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Las protestas populares contra el decreto 883, conocido como “el paquetazo económico”, iniciaron el 3 de octubre y desde los primeros momento Moreno y sus ministros acusaron a Correa y al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber activado un plan de desestabilización, recordó el análisis.

Mencionó que periodistas ecuatorianos difundieron la supuesta «llegada de agentes de inteligencia cubanos y venezolanos con fines desestabilizadores».

El 8 de octubre fue detenido el asambleísta Yofre Poma, dirigente cercano a Correa, y fue acusado por la fiscalía de presuntamente haber paralizado el funcionamiento del Oleoducto Transecuatoriano.

El sábado 12 de octubre, la expresidenta de la Asamblea Nacional, la opositora Gabriela Rivadeneira, se asiló en la embajada de México en Quito, para evitar ser detenida bajo la acusación de terrorismo e instigación a la rebelión.

El domingo 13, bajo esos mismos cargos, fue arrestada la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

El mismo domingo, el Gobierno de Moreno se sentó en una mesa de diálogo con dirigentes del movimiento indígena -que el régimen denominó como la protesta “legítima”- y ambas partes anunciaron la suspensión del decreto 883 y el cese de las manifestaciones, recordó el artículo.

Terminadas las protestas, el Gobierno ecuatoriano realizó una serie de allanamientos el lunes 14, cuando arrestó a la gobernadora de la provincia de Pichincha, la “correísta” Paola Pabón, y a Cristian González, uno de sus colaboradores, acusados de participar en un plan de «desestabilización financiado desde el extranjero».

El martes 15, la fiscalía allanó las oficinas de Revolución Ciudadana en busca del secretario de ese partido, Virgilio Hernández, quien tiene una orden de aprehensión en su contra, al igual que el esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira.

Misión Verdad señaló que como “pruebas” del supuesto plan insurrecional la fiscalía presentó escudos, cajas fuerte con dinero, material de protestas, “y una suma de efectivo embutida en el colchón de una cama”.

*Fuente: TeleSurTV