“Los aportes directos vía impuestos serán cercanos a 0 por ciento”, advirtió en enero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, apuntando a la caída del precio internacional del cobre, el que de hecho podría seguir bajando, según lo anticipado por las autoridades.
A esto se suman anuncios desde la empresa estatal respecto de un nuevo plan de ahorro para optimizar los recursos, tal como lo ha planteado su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro. Una estrategia de austeridad para “hacer lo mismo, pero con menos”, al igual que el año pasado.
Proyecciones poco alentadoras para el Gobierno, dada la cada vez menor recaudación de utilidades. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de los ejecutivos de las transnacionales que dan vida en el país a la gran minería privada del metal rojo.
¿Qué está pasando en Codelco? Algunos hablan de una privatización encubierta. Otros, de un golpe blanco.
“A partir de los años noventa se ha consolidado un escenario en el que se abrieron de par en par las puertas para que las riquezas básicas de Chile fueran explotadas por compañías privadas extranjeras y chilenas”.
Así lo recuerda la periodista María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, en su último libro La máquina para defraudar. Los casos Penta y Soquimich.
Esto, a propósito de la preocupación que existe en distintos sectores de que Codelco esté siendo destruida desde dentro con el objetivo de privatizarla y entregársela a las transnacionales mineras.
“Eso de reventar por dentro a las empresas públicas viene del tiempo de la dictadura”, denuncia el economista Julián Alcayaga, director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
Su planteamiento radica en que “las reventaron y las dejaron perder. La previsión, las universidades, la salud, para que después hubiera una justificación, lo que fue inventado en Estados Unidos”.
La propia María Olivia Mönckeberg detalla en su investigación que “la avalancha de compañías extranjeras a la minería, y en especial al cobre, apareció con la transición a la democracia. Este escenario daba más tranquilidad que la dictadura a los grandes inversionistas foráneos”.
A eso, Alcayaga agrega que “es a partir del año 2010 que se está intentando sistemáticamente destruir a Codelco desde dentro, porque ahora es dirigido por las transnacionales mineras”.
Pero también en el Congreso existe preocupación, aunque claramente solo en algunos. “El estado en el que se encuentra Codelco Chile da para pensar y sospechar que efectivamente pudiera haber algo detrás y alguna mala intención de características siniestras”.
Los cuestionamientos del diputado independiente Gaspar Rivas, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, apuntan a una estrategia “para colocar a la principal empresa pública en un estado financiero tal, de características insalvables, como para justificar una posterior privatización, ya sea a través del sistema antiguo, derechamente vendiéndola, o a través de lo que se podría llamar una privatización blanda”.
Esto, agrega, en el contexto de “solicitarle a una empresa transnacional que se haga cargo de la empresa de todos los chilenos, la más antigua, con más trayectoria y con más prestigio en lo que son las empresas públicas chilenas”.

¿Errores intencionales?

A pesar de la dictadura cívico-militar, Codelco, la principal empresa del país, logró permanecer en manos del Estado a partir de las exigencias que desde el propio Ejército le plantearon a Augusto Pinochet, lo que incluso requería de resguardos en la Nueva Constitución.
“Representaba hasta hace 25 años más del 90 por ciento de la producción del cobre de Chile”, constata en su libro María Olivia Mönckeberg.
Y añade: “Eso se había logrado después de los procesos de chilenización en tiempos de Eduardo Frei Montalva, quien se refería al cobre como ‘la viga maestra’ de la economía, y la nacionalización que aprobó el Congreso Pleno en el Gobierno de Salvador Allende. Para él era ‘el sueldo de Chile’ y la gran minería del cobre, como se la llamaba, quedó en manos de la Corporación del Cobre de Chile (Codelco)”.
La misma profesora de la Universidad de Chile revela que “a partir de los noventa, la situación cambió. La producción de Codelco representa cerca del 30 por ciento de la producción cuprífera. El resto, es decir, el 70 por ciento aproximadamente, está en manos de compañías privadas, aunque en algunas de ellas la estatal conserva cierta participación”.
Datos que se suman a lo que no pocos consideran cuestionables decisiones al interior de la empresa.
“En los últimos años, la cantidad de despropósitos, de desinteligencias y de chambonadas que se han hecho con Codelco no caben en la mente de nadie como errores involuntarios, circunstanciales, faltas de cálculo, de prospección a futuro”, critica el diputado Rivas.
Por ello, insiste en que “aquí da para pensar que esto pudiera ser una maniobra calculada y premeditada, que está cumpliendo etapas, que hasta el momento han ido certificando, como pudiera estarse esperando”.
En ese contexto de incertidumbres, Julián Alcayaga, quien también se desempeña como presidente de la ONG Chile Cobre, asegura que “para abrir el camino es que tienen que destruir, pensando en que nadie se pueda oponer en el Parlamento y la reforma constitucional se hace y se vende Codelco”.
Para el economista, solo se trata de esperar que pase el tiempo. “Si para el próximo año anuncian que Codelco no tendrá excedentes, el año siguiente será que tendrá pérdidas y el subsiguiente también, entonces ahí está preparada la cancha para que todos aceptemos el sometimiento a la privatización”.
Aunque con una clara advertencia: “Para que Codelco pueda ser privatizada, a pesar de que la destruyan económicamente, de todas maneras necesitan una reforma constitucional”.

Entre la legalidad y la voluntad política

Como parte de la dictadura, fueron varias las leyes y reglamentos que se promulgaron respecto de la minería.
“El Estatuto de Inversiones Extranjeras en 1974, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de enero de 1982 que dio a las concesiones un carácter similar a la propiedad privada, y el nuevo Código de Minería de 1983. Pero los inversionistas extranjeros se resistían a llegar”, detalla el libro La máquina para defraudar. Los casos Penta y Soquimich.
Sin embargo, para Rivas, más que temas legales o de iniciativas legislativas, esto podría responder a una voluntad política y a un plan diseñado por parte de las autoridades.
“Y no me refiero solo a un gobierno, porque esto se viene generando incluso desde el gobierno anterior, como un plan para desmantelar de una manera más digerible frente a la opinión pública a la principal empresa del Estado, para presentársela a la ciudadanía como una empresa que ya no tiene vuelta atrás”.
Según el parlamentario, la idea sería “presentar a Codelco como un enfermo terminal que, a pesar de hacer todo lo posible para salvarlo, debe desconectarse del respirador mecánico al que ha estado conectado y entregárselo a una empresa privada”.
En ese sentido, se detiene en la necesidad de generar un cambio de mentalidad política. “Entender que la empresa más importante del sector público y que más le entrega al erario nacional, debe ser salvada, rescatada y mantenida como lo que siempre ha sido. Y no inventar estos chanchullos para hacerla desaparecer de una manera más aceptable para la opinión pública”.

Injerencia internacional y poder del grupo Luksic

Luego de dos años como presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, con pasos previos en BHP Billiton y Anglo American, renuncia sorpresivamente en mayo de 2012 para desempeñarse, en el mismo cargo, en Antofagasta Minerals, de propiedad del grupo Luksic.
En su reemplazo asume el entonces vicepresidente de administración y finanzas, Thomas Keller, quien sería destituido por el directorio en junio de 2014. Desde septiembre de ese año, el cargo lo detenta Nelson Pizarro.
“Diego Hernández ahora es de Antofagasta Minerals, pero antes perteneció a BHP Billiton y Anglo American, los grandes grupos mineros. Nelson Pizarro es de los Luksic. Trajo a Codelco una serie de personas de Antofagasta Minerals”, cuestiona Alcayaga.
Asimismo, aclara que en este caso, a nivel nacional, el poder no existe. “Luksic no es nacional. Luksic es de Inglaterra. Antofagasta Minerals es una sociedad inglesa. Además está el poder de todas las transnacionales mineras”.
Por su parte, para Rivas existen altas probabilidades de que el grupo Luksic esté detrás de esto. “No me extrañaría para nada. Recordemos que son personas que tienen puertas abiertas a nivel de La Moneda, lo que es de conocimiento público”.
No obstante, en opinión del legislador, aquello no sería suficiente. “También se pueden agregar las transnacionales que operan en nuestro país, como Anglo American y Barrick Gold, que podrían ver con ojos interesados la desaparición de Codelco, que es una competencia para ellos y, además, como la posibilidad para adueñarse de la misma”.
Sin duda que se trata de varios sectores o conglomerados que estarían interesados en ver desaparecer o en adueñarse de Codelco.
“Cerca de una decena de empresas, la mayoría filiales de transnacionales, inició actividades en el norte del país en yacimientos que pertenecían al Estado de Chile”, explica en su libro María Olivia Mönckeberg.
“Entre las que hoy obtienen mayores toneladas de producción al año están BHP Billiton, que explota la minera Escondida en Antofagasta y otras minas de menor tamaño; Anglo American Chile, en sociedad con Xstrata Cooper, que explota Doña Inés de Collahuasi en el extremo norte. A su vez, Codelco ha intentado recuperar para el Estado de Chile las minas que explota Anglo American Sur en la zona central, cerca de Santiago -El Soldado y Los Bronces-, aunque por ahora solo alcanza a un 25 por ciento de la propiedad”.
Pero no solo eso. “Otra de las grandes es Freeport-McMoRan, que está asociada con Codelco en proporción de 51 por ciento para la transnacional y 49 por ciento para Codelco, que explota la mina El Abra en Calama, que antes era un ciento por ciento de Codelco”.
¿Posibilidad de replicar este modelo con otras empresas estatales? “El problema es que ya no quedan”, advierte Julián Alcayaga. “Enami la han querido privatizar desde el año 1994, pero siempre se encontraron con parlamentarios de la Concertación que han estado en desacuerdo y también de aquellos que pertenecen a las zonas involucradas que están totalmente en contra de su privatización. Entonces, como no ha existido consenso, no lo han hecho”.

¿Resistencia desde el Congreso?

No es común entre los legisladores el discurso y la defensa de Codelco en contra de la privatización. De hecho, se trata de un complejo y adverso escenario para quienes lo promueven.
“Uno trata de convencer a los y las colegas de que en el cobre reside el futuro económico y financiero de Chile, pero desgraciadamente no todos, de uno y otro sector, lo entienden así”, lamenta el diputado Rivas.
Precisamente en ese escenario, recuerda que “en el contexto de la discusión de la iniciativa de ley del Día de la Dignidad Nacional, solicité que mi proyecto de renacionalización de la gran minería del cobre se trasladara desde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde está durmiendo el sueño de los justos, a la Comisión de Minería, para que pudiera ser analizado, debatido y luego votado y convertido en una ley de la República”. Petición que finalmente fue rechazada en la Sala de la Cámara.
“Hay quienes ponen obstáculos -denuncia el diputado- para impedir que este tipo de iniciativas se concreten. Muchas veces esto conlleva a que la ciudadanía crea que todos los parlamentarios no quieran avanzar. Desgraciadamente son algunos agentes, de ambos sectores, que funcionan casi a sueldo para determinados grupos económicos de poder, como hemos visto en los últimos meses, para hacerle zancadillas y trampas a las iniciativas que buscan ir en beneficio de todos los chilenos”.
Y si bien Alcayaga se manifiesta en esa misma línea, no duda en advertir sobre el complejo panorama. “En la actualidad aún hay resistencia, pero en la medida que pase el tiempo y aparezcan periodos cada vez más difíciles, esa resistencia se va a vencer”.
Incluso surge la idea de una bancada por la defensa del cobre. “Pero si va a ser un mero testimonio, como han sido otras bancadas, la verdad es que no tiene objeto alguno”, reconoce Gaspar Rivas. “Lo he analizado, pero salvo honrosas excepciones, terminan siendo solamente testimonios simbólicos, porque en definitiva quien manda es el Ejecutivo a través de las urgencias”, concluye el parlamentario.
*Fuente: Radio UdeChile