En algunos medios de prensa digitales, como éste, expresamos que la invasiva intervención inmobiliaria consistía en 75 permisos de edificación y 30 anteproyectos todos ilegales, pues al contrario de lo que decía dicho intendente como también las autoridades del Minvu y la industria inmobiliaria, en ese territorio sí existe un PRC, que es el antiguo instrumento normativo urbano de la comuna de Santiago. En Estación Central ya están levantadas varias torres habitacionales que tienen alturas de entre 20 y 40 pisos, con innumerables y minúsculos departamentos.

Toda la prensa del establishment está muda respecto a este brutal acto de corrupción y para sacar de su modorra a los editores de esos medios, a quienes la fundación Defendamos la Ciudad les ha entregado oportunamente la documentación respectiva, expresamos que tenemos en nuestro poder el oficio Nº 3660, de fecha 30 de agosto de 2017, firmado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la Agrupación Defensa Barrios de Estación Central y al Director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central, documento público en el cual, repitiendo su particular teoría de que en esa comuna no hay un PRC, responde diversas acusaciones de esa corporación ciudadana respecto de varias ilegalidades cometidas por el DOM en la tramitación de 35 anteproyectos y permisos de edificación, exigiendo los vecinos con justa razón que se revocaran los actos administrativos mal cursados.    La respuesta del mencionado Seremi es por 31 anteproyectos y permisos de edificación, la que consideramos bastante concluyente y ordenada y para ello existe la siguiente clasificación con datos concretos para los interesados:

4 Resoluciones de anteproyectos vencidos

3 Resoluciones de anteproyectos con solicitud de permisos de edificación antes de la vigencia del congelamiento de permisos.

4 Permisos de edificación con recepción definitiva de obras otorgada.

12 Permisos de edificación cuyas faenas no se han iniciado

6 Permisos de edificación con construcción en obra gruesa

2 Permisos de edificación cuyas obras se encuentran en terminaciones

Total 31 actos administrativos, entre anteproyectos y permisos de edificación.

La diferencia entre el guarismo 35 informado por los vecinos y la cifra 31 antes aludida se debe, según el Seremi, a errores descriptivos asignados a la organización civil reclamante.

En síntesis, las ilegalidades de los proyectos acogidos a agrupamiento continuo, más una edificación aislada perpendicular al volumen anterior, construcciones llamadas “T”,  dicen relación con la inaplicación de rasante y distanciamientos a la parte aislada, con la consiguiente violación a la altura que hubiera admitido la rasante calculada en las bases de los medianeros. Este asunto el Seremi se lo explicó en detalle en el oficio Nº 4939 del año 2015 al DOM de Estación Central y como las normas urbanísticas se deben entender conocidas por todos funcionarios que se desenvuelven en las oficinas municipales que tramitan permisos de edificación, todos los actos que no se enmarcaron en la disposición señalada están viciados.

Para algunos proyectos consignados como continuos, se proyectaron rasantes que intentaban limitar la construcción aislada sobre la continua, situación que mereció el reproche del Seremi por no tener una limitante cierta y por ello se les asignó responsabilidades  a los arquitectos proyectistas, a los arquitectos revisores independientes y a todos los profesionales de la Dirección de Obras. Todos ellos procedieron discrecional y arbitrariamente, lo cual es demostrativo del laissez faire imperante en la Municipalidad de Estación Central.

Siguiendo con la posición del Seremi, en orden a que por no existir PRC en ese territorio escindido de la comuna de Santiago, se aplicaron alturas erróneas a los proyectos continuos debido a que, por esa ausencia normativa local, no era posible asignar alturas máximas. Por otro lado, no siempre el DOM exigió a los solicitantes de permisos la fusión predial inscripta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) tal como lo ordena la regulación sectorial y en los formularios de esos permisos se observan una serie de indefiniciones y en muchos casos los primeros subterráneos de las torres se ocupan con porcentajes superiores al máximo permitido.

Hay otras tantas inconsistencias que, por ahora, no las consignados para no aburrir a los lectores, pero el Seremi trasladó a la Contraloría todos los antecedentes, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo en contra de los funcionarios municipales que olvidaron ejercer con probidad sus roles y de paso también se le informó de ello al alcalde Delgado y a los concejales que, por negligencia o por otras curiosas razones, nunca desarrollaron sus facultades fiscalizadoras en la díscola DOM de Estación Central.

Como vemos, los 31 actos municipales, anteproyectos y permisos de edificación, informados por el Seremi son ilegales y por ello el 06/09/17 se le entregó el listado con la totalidad de los actos para que se pronuncie sobre los 74 faltantes, teniéndose en cuenta que el artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) dice que en este tipo de vulneraciones existe responsabilidad civil, administrativa y penal por parte de los funcionarios públicos que cometieron infracción, podría ser prevaricación, al entregar a privados actos viciados.

Finalmente, si las instituciones llegaran a funcionar, lo cual podría ser posible, este episodio deberá llegar al Ministerio Público para que el fiscal de la zona occidente sepa, después de interrogar a agentes públicos y actores privados, porqué algunas inmobiliarias fueron favorecidas con este tipo de “desinteligencias” cometidas por funcionarios de la Municipalidad de Estación Central.

*Fuente: Diario UdeChile

En ese programa, visto por cientos de miles de telespectadores de todas las edades, no solo porteños, en el cual sus contendores revelaron sus debilidades, se catapultó su ascenso gracias también a un esforzado trabajo de base.

El triunfo de Sharp fue arrollador, pues obtuvo el 54% de los sufragios válidamente emitidos, y lo interesante es que también salieron electos, como concejales, dos arquitectos afines al alcalde, quienes conocen muy bien lo que sucede en esa ciudad puerto declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El presidente regional de la Cámara de la Construcción, el presidente de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el intendente de la V Región de Valparaíso pusieron en duda la capacidad del joven abogado, quien deberá implementar una reingeniería total en el municipio que asumirá como máxima autoridad en diciembre próximo. Ello, para fijar políticas urbanas sustentables acorde al mandato de sus votantes y de su propio deseo.

Un diario impreso en papel, a raíz de los proyectos Terminal Nº 2 y mall Barón, tituló con insolencia desmedida la crónica “Intendente advierte a Jorge Sharp sobre las funciones del alcalde”, en la cual el funcionario de confianza de Bachelet, creyéndose su superior jerárquico, le trasmitió que esas dos iniciativas eran legales y que las normas jurídicas se deben respetar. Es decir, asegurando que todo estaba en orden (sic), lo cual es una falacia.

El mismo medio, un día anterior, reprodujo los dichos del presidente de la EPV en un reportaje titulado “Puerto Valparaíso pide a alcalde electo apegarse a la institucionalidad vigente”, con lo cual compitió con el intendente regional en ser osados, ya que con sus dichos audazmente le advierte a Sharp que su empresa pública no aceptará la necesaria revisión de ambos proyectos de inversión.

Los tres personajes antes nombrados están al tanto, aunque no lo reconocen públicamente, del sinnúmero de ilegalidades de todo orden (ambiental, vivienda y urbanismo y patrimonio) que tiene el proyecto de estructura comercial de la empresa Plaza Valparaiso S.A., filial de la influyente y poderosa Falabella S.A. Esa empresa del retail desea edificar sobre un terreno costero de 12 hectáreas, de propiedad de EPV, en cuyo subsuelo se encuentran antiquísimos y diversos restos arqueológicos, asunto que está analizando el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

A modo de ejemplo, le recordamos al presidente de la EPV que la Contraloría, mediante un dictamen, declaró contrario a derecho una modificación al permiso del centro comercial, mediante el cual se agregó una nueva edificación consistente en un terminal de pasajeros VTP. Aparentemente ese señor tampoco sabe que la solicitud de reconsideración planteada por su empresa pública fue desestimada por el ente fiscalizador el 13 de junio de 2016.

Recordemos que la estatal concesionó “a lo compadre” su terreno a la empresa aludida. Es decir, con privilegios económicos, entre otras cosas, vulnerándose la propia Ley de Puertos, estatuto vinculante para la EPV. Por lo anterior, dado que estábamos ante un escenario verdaderamente fantasmagórico, como fundación Defendamos la Ciudad, nos vimos en la obligación de expresárselo personalmente el 6 de octubre pasado a la presidenta del Sistema de Empresas Públicas (SEP), ente superior de la EPV, lo que ratificamos por escrito en completa presentación descriptiva del reciente 20 de octubre.

La alianza público-privada en comento tuvo el descaro, en una modificación del contrato de concesión, de mentir explícitamente sobre el catastro de los restos arqueológicos, pues en ese documento oficial aseguraron, como buenos actores de comedias, que ambas partes no sabían de su existencia a pesar de que los mismos estaban declarados en el instrumento normativo local y en la propia Resolución de Calificación Ambiental Nº 23 cursada por las autoridades de la V Región. Con esa farsa se liberó al privado titular del proyecto a asumir los costos inherentes a sus protecciones y la dadivosa EPV se obligó a pagar esa obligación monetaria impuesta por el CMN.

Desmintiendo a las autoridades promotoras del mall de la discordia, debemos señalar que el permiso de edificación Nº 79 del 14 de febrero de 2013 cursado por la otrora Directora de Obras de la Municipalidad de Valparaíso cometió errores, muchos insubsanables, como por ejemplo que el proyecto no enfrenta vías idóneas, que el terreno es inundable en un eventual tsunami, los cuales, más otros tantos, se aprecian en columna publicada por mí y los porteños Jorge Bustos y Manuel Millones en el año 2014 en Ciper, ver link.

El mismo Jorge Bustos, con otros ciudadanos informados, interpusieron un recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del invasivo mall, calificado como equipamiento mayor en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y como esa instancia judicial regional manifestó que ellos no tenían legitimación para recurrir ante la justicia, apelaron ante la Corte Suprema, la que ordenó perentoriamente a la Corte de inferior rango a estudiar y resolver en derecho sobre la materia de fondo planteada. A esta fecha no hay sentencia, la que posiblemente se conocerá en los días previos a la asunción de Sharp al cargo.

Independientemente de lo que suceda con el Terminal 2 y con el mall Barón, proyectos que tanto patrocinan los que tienen el poder político y sus tutores privados, lo que sí está claro es que con el nuevo alcalde se acabarán las pillerías y los arreglines, porque a partir de diciembre próximo quien ejercerá el mando en el municipio será la ciudadanía organizada, y por ello esperamos que el contumaz moroso Congreso Nacional, donde se tramitan las leyes, le pague a la brevedad la deuda de más de mil millones de pesos que tiene con la Municipalidad de Valparaíso y que regularice las construcciones truchas existentes en ese edificio clandestino, pues a la fecha no cuenta con el certificado de recepción final de obras. Constatándose este despropósito, estimamos que Chile es el único país del mundo en donde las leyes se aprueban en un edificio ilegal: es un record Guinness.

Y ya que estamos hablando de edificaciones ilegales, estamos seguros que nunca más en Valparaiso se otorgarán permisos con violaciones al marco regulatorio, trampas que siempre han favorecido a los apitutados titulares de ciertos proyectos, tal como lo hemos acreditado en distintas oportunidades, materia conocida por todos los incumbentes de alto y bajo rango, pero jamás divulgada porque en el Chile de las elites que observan desde la estratósfera, es de mal gusto afirmar que estas lacras están insertas en la institucionalidad.

Desde la contaminada y congestionada Región Metropolitana de Santiago saludamos a Sharp y al Pacto Urbano La Matriz, quienes están decididos a hacer política con mayúscula, luego de verdad, para así iniciar democráticamente, escuchando a los porteños, la necesaria transformación de Valparaíso, que será muy bien vista por la Unesco y por todos aquellos que promovemos la inversión privada sustentable y enmarcada en la ley.