Elisa Montesinos, texto (entrevista realizada junto a Mario Antonio Guzmán y transmitida por la Radio Manuel Rojas) | Publicado: 10.08.2021

Tras dos años de trabajo y 80 entrevistas acaba de publicar «Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio» (Debate-Penguin Random House), una suerte de biografía en que da cuenta de la vida del joven fotógrafo de principio a fin. Revisa la entrevista completa en el video.

La periodista Pascale Bonnefoy vivió su infancia y adolescencia en Washington. Actualmente se desempeña como corresponsal para The New York Times y profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Anteriormente publicó los libros Terrorismo de estadio y Cazar al cazador. Tras dos años de trabajo y 80 entrevistas acaba de publicar Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio (Debate-Random House), una suerte de biografía en que da cuenta de su vida de principio a fin.

Pascale ubicaba a Rodrigo de la comunidad latinoamericana y chilena en el exilio en la capital estadounidense de los años 70 y 80. No fueron amigos, pero la cercanía posterior con su madre, Verónica De Negri, la motivó a contar la historia de este joven muy alto y preguntón que sacaba fotos y tenía una necesidad insaciable de saber “de Chile y cualquier cosa del planeta”. A los 19 años vino a reencontrarse con su país, pero el 2 de julio de 1986, día de paro nacional, una patrulla militar lo interceptó y el resto es historia conocida. Andaba con una cámaras, que se perdió.

La cámara pedida

-¿Cómo estos recuerdos de Rodrigo te llevaron a escribir un libro sobre él?

Él simboliza uno de los actos más crueles de la dictadura, o sea quemar vivo a una persona no es cualquier cosa. Es un caso conocido por su brutalidad y también era una manera de retratar la vida de él y de su familia como una oportunidad o una ventana para hablar sobre lo que pasa con los jóvenes en el exilio. Quise enfocarlo desde el punto de vista de su trayectoria de vida más que en el crimen mismo que llega muy al final del libro porque él es conocido en Chile como una de las víctimas emblemáticas entre muy comillas, pero poco se sabe de él lo que estaba haciendo aquí, por qué se vino a Chile, cuál era su historia o sea en realidad no se sabe nada de él. Es una forma de recuperar su vida y hacer un poco reparación por ese lado.

-Al final los que más saben de él son los fotógrafos porque aunque estuvo poco tiempo acá, dos meses, y alcanzó a participar de la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, y conoció a varios de ellos. También alcanzó a sacar fotos acá 

Se incorporó a varios ambientes, uno era con fotógrafos independientes luego de un periodo en que pensaban que él podía ser un infiltrado porque nadie lo conocía, andaba con máquinas de buena calidad, solo siempre y nadie sabía para qué sacaba fotos. Tal vez uno de los más cercanos fue Álvaro Hoppe, con quien tuvo una amistad a pesar de la diferencia de edad. Álvaro me decía que Rodrigo rara vez hablaba de su familia, hablaba algo de Estados Unidos y de cómo era el país, pero poco de su propia vida y de su familia. Hizo amistad también con estudiantes de la universidad de Santiago, pero todos coinciden en que era muy callado. Más que hablar de él o de su propia vida hacía preguntas y conversaba de política, temas internacionales, de lo que estaba pasando.

Respecto a las fotos quiero mencionar algo: él sacó muchísimas fotos. Sacaba en blanco y negro y a color, y trajo tres cámaras propias. Sacó veintidós rollos de fotos a color que se los mandó a su mamá en Washington por encomienda y le pidió que se los guardara en el refrigerador mientras él volvía, porque era muy exquisito y perfeccionista, y pensaba que en Chile no los iban a revelar bien. Esos rollos se perdieron porque nunca llegaron, entonces las únicas fotos que conocemos que sacó Rodrigo en Chile son las que estaban en las cámaras que se recuperaron, hay una que se perdió que era la que andaba trayendo el 2 de julio y otras fotos que alcanzó a revelar. Por eso no son tantas las fotos que tiene de Chile.

-¿Qué fue lo más difícil respecto a las entrevistas?

No creo que haya sido con Verónica porque ella ha dado tantas entrevistas también, pero sí fueron muy largas, muy frecuentes. Yo quería hacerlo de manera narrativa, estilo crónica, entonces también le pregunté muchos detalles. El hermano Pablo ha dado muy pocas entrevistas y creo que se abrió bastante, incluso tal vez fue algo novedoso para su mamá leerlo. Eso fue yo creo más difícil. Para los entrevistados era difícil, entonces la carga emocional de la entrevista era pesada, por eso agradezco tanto y aprecio que hayan aceptado porque es complicado hablar, es complicado recordar y algunas personas me rechazaron una entrevista por que no querían pasar por ese dolor.

«Justicia que tarda 35 años no es justicia»

-Del papá biológico tú mencionas que él trató de cobrar la indemnización aunque no había visto nunca a Rodrigo, ¿cómo es eso? 

Él no figuró nunca en la vida de Rodrigo, nunca estuvo presente en absoluto y no sabía nada de él. De hecho cuando quemaron a Rodrigo él vivía en España y Verónica no tenía idea, o sea una ausencia total. Cuando Verónica el año 2013 presentó una querella criminal a través de la Agrupación de ejecutados políticos y ahí lo tomó el juez Mario Carroza, a esa querella se fueron sumando Carmen Gloria Quintana, la USACH, el programa de derechos humanos del gobierno y ahí se sumó también Ramón Rojas en la querella y también en la demanda civil por indemnización. Entonces el ministro al condenar el año 2019 yo no sé cuál fue su criterio porque él sabe, me imagino, perfectamente bien que Ramón Rojas Ruiz- Tagle no tuvo ningún rol en la vida de su hijo pero no sé si por ley estaba obligado a entregar una indemnización igual a ambos padres biológicos. Entonces fijó una indemnización tanto a Verónica como a él que aún no se entrega. Lo que más me llamó la atención de la demanda civil de Ramón Rojas –yo lo lo había leído así que lo detecté de inmediato lo pude chequear–, es que incorporó todo el relato de vida de Rodrigo de un reportaje periodístico publicado un poco antes, completo, textual, corte y pega (ríe). Eso lo encontré increíble

–En el libro haces un enjuiciamiento, dices que «la justicia que tarda 35 años no es justicia»

Si la justicia tiene que ser efectiva, oportuna y proporcional, en el caso de Rodrigo no se cumple ninguno de esos requisitos, porque ya no fue oportuna. Las magras condenas de diez años a tres personas de más de una veintena que participaron –bueno, hubo los otros condenados pero en libertad– eso ya tampoco es proporcional al crimen. El ministro Mario Carroza recientemente pudo descubrir la verdad y que se impliquen condenas, él recibió el caso el 2013 y no se lo puede responsabilizar por todo lo que pasó previo al 2013, pero luego se ha sabido todo con lujo de detalles: quiénes son los responsables, quién hizo qué, de qué manera, todo plenamente identificado. Entonces eso no tiene explicación ni justificación alguna.

Dos conscriptos son los únicos dos que han hablado retazos de lo que sucedió ese día, pero tampoco coinciden. Ellos admiten al menos lo que pasó, la responsabilidad de los militares, pero yo no sé si es porque eran conscriptos de dieciocho años… O sea, pensemos en que presenciaron un evento traumático y hablan 35 después, algo pasa ¿no? Me da pena que todos estos temas de derechos humanos de la época dictatorial quedan bastante en el olvido, hay mucha gente que dice «ya, hasta cuando» sin reconocer que las repercusiones y el impacto hacia las familias siguen hasta hoy día y a las generaciones que les siguen o sea los padres, los hijos, los nietos. Eso se perpetúa hasta el día de hoy, o sea no es algo tan del pasado. Las consecuencias siguen. Justicia ya no hubo, pero hay que darles algún tipo de cierre a las familias con una verdad real que se difunda, que se eduque y que el tema de derechos humanos sea parte del currículum escolar y de las clases de historia.

El articulo Periodista Pascale Bonnefoy sobre Caso Quemados: «Justicia ya no hubo» apareció primero en piensaChile.

Pascale Bonnefoy acaba de llegar a su casa luego de los cinco días de cuarentena obligatoria que debió cumplir en un hotel sanitario en Santiago. Viene llegando desde Miami. Su padre, Claudio Bonnefoy, fue el único chileno fallecido en el derrumbe del edificio Surfside donde vivía: su cuerpo fue hallado el pasado 2 de julio junto a su esposa, luego de ocho días de búsqueda.

Los días de encierro, dice, le sirvieron para reincorporarse, dentro de lo posible, luego de la traumática situación. El tiempo en soledad lo ocupó para reflexionar y también para leer su más reciente libro: “Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio”, que llegó a las librerías el pasado 30 de junio, mientras su padre aún era buscado entre los escombros.

“Estaba totalmente desenchufada con el tema del libro, ahora me lo estoy leyendo para volver a encauzarme en esto”, dice Pascale.

La biografía, publicada por el sello Debate, retrata la corta vida de Rodrigo Rojas, y en ella se vislumbra a un joven que creció en el exilio y que buscaba incansablemente comprender al Chile, país desde donde fue desarraigado y donde luego terminó siendo asesinado a los 19 años.

La historia que presenta el libro no es sólo la de un joven que fue brutalmente quemado por una patrulla militar el 2 de julio de 1986, sino la de alguien lleno de vida y en una permanente búsqueda de sus raíces, su identidad y su lugar en un país que se rebelaba en contra la dictadura de Augusto Pinochet.

La vida de Rodrigo, además, tiene coincidencias con la de Pascale. Ambos fueron niños y adolescentes en Washington; y pese a no conocerse personalmente, se desenvolvieron en el mismo espacio. “Recuerdo haber visto algunas veces a ese muchacho callado y de ojos profundos, con cuerpo de hombre y cara de niño, que pululaba entre los chilenos exiliados de Washington”, escribe Pascale en el prólogo de su libro, donde adelanta: “Este libro no es el recuento de un crimen concebido en las cloacas de la miseria humana(…) Detrás de cada muerte hay una vida. Esta es la suya”.

–¿Cuánto incidió tu conexión personal con Rodrigo en la realización de este libro?

-Yo no tenía conexión con él en particular. Para transparentar, yo soy muy cercana con su mamá, desarrollamos una amistad con los años posteriores, no tanto en esa época, porque yo era más chica, pero sí a partir de esa época. Mi conexión con Rodrigo no es porque lo conociera, no éramos amigos, lo ubicaba perfectamente, pero lo que yo quería hacer con este libro era tomar una micro historia de una persona para retratar una época, un contexto, una juventud, retratar el exilio y me pareció que la historia de Rodrigo era esa historia.

–¿Por qué?

-Porque reúne muchas cosas. Un crimen realmente horroroso y emblemático, muy de terrorismo de Estado. Es distinto quemar vivo a una persona deliberadamente que pegarle un tiro… Además, para mí era muy importante que Rodrigo sirviera como vehículo para conocer el exilio en Washington, porque poco se conoce, y principalmente para conocer la persona detrás del caso emblemático. Hay una vida detrás, una familia detrás y las consecuencias perduran hasta hoy. Esto pasa con todas las víctimas de crímenes del Estado.

–Me imagino que la decisión de titular el libro con el exilio y no con el “Caso Quemados” fue una decisión que iba por ahí, ¿no?

-El título lo dice: Hijo del exilio; porque él no era el exiliado, era su mamá la exilada. Entonces, la segunda generación en el exilio lo vive de otra manera que los mismos exiliados y eso espero que se relate. Todas las contradicciones, la necesidad urgente (que tenía) de saber y saber de Chile y tener esa disyuntiva un poco cultural que se sentía un poco de aquí y de allá. Por eso, si tú miras el libro, el crimen llega en el capítulo 11 ó 12, es bien avanzado el libro. De ahí en adelante el crimen lo abordo bien en profundidad, también lo que pasó en la Posta Central y en el funeral. Pero el libro trata más bien de la historia de él como hijo del exilio que busca su identidad y su lugar en este país. Él solo alcanzó a estar seis semanas en Chile y alcanzó a hacer una gran cantidad de cosas, es impresionante.

–El libro muestra que Rodrigo era una persona más bien retraída con sus pares en el exilio ¿Crees que en corto tiempo que estuvo en Santiago él logró encontrar su identidad?

-Exacto, aquí tuvo amigos de su edad, compañeros de pensamiento político similar. En Santiago tuvo amigos de su edad, pares con quienes podía compartir una visión común, una motivación común. Yo ahora siento que lo conozco, antes no, y yo creo que Rodrigo se hubiese quedado en Chile. Si especulamos, yo creo que hubiese vuelto a Estados Unidos a buscar sus cosas, para venirse. Estoy casi segura.

–Dices que ahora lo conoces. Para ti, ¿quién era Rodrigo?

-Uy. Rodrigo era un joven conflictuado por su propia historia personal y familiar. Criado en el exilio, que nunca se adaptó a los países dónde vivió y que su viaje a Chile era una necesidad imperiosa de descubrir el país del que tanto hablaban los adultos, de descubrir el país desde el cual él fue desarraigado, descubrir si el país era como le decían que era, si es que él podía encajar ahí.

–En el libro hay un testimonio que decía que Rodrigo se sentía en deuda con Chile por no sufrir lo que sufrió la gente de acá. ¿Él creció con esa culpa?

-Yo creo que no sentía culpabilidad, pero su psiquiatra decía que resentía mucho el hecho de que él estuviese sufriendo ese exilio por la mamá. No era su destino, entonces era el problema típico de adolescente con su madre. Que uno le pasa la cuenta de mil cosas y ésa era una cuenta que pasaba. Porque la verdad es que nunca lo pasó bien en el exilio.

–Bueno, el libro también narra que fue él mismo quien juntó dinero para volver

-Sí, él, parientes y la mamá. Fue todo un esfuerzo colectivo.

–Pero que él trabajara para poder venir da cuenta de que su deseo era propio y no impuesto.

-Su hermano Pablo, el menor, siempre decía que Rodrigo hablaba de irse de Estados Unidos y volver a Chile. Nunca le gustó Estados Unidos, no le gustaban los estadounidenses tampoco, siempre estaba en su mira volver a Chile.

–¿Cómo encajó cuando llegó a Chile?

-Yo creo que era bien atípico, no era un cabro común y corriente que llegaba y se incorporaba al grupo sin que vieran sus diferencias. Él tenía un leve acento y su forma de relacionarse era distinta.

Rodrigo en Chile

–En el libro se destaca que, por esas diferencias, muchos pensaron que era un “sapo”

-Sí, eso le pasó por desubicado. Él llegó a estar en la Facultad de Medicina de la Chile porque un ex exiliado, Benjamím Suarez, era profesor ahí y le ofreció un espacio en el laboratorio que tenía. Rodrigo en verdad no iba a estudiar, trabajó un poco en la computación, pero básicamente iba a meterse a las movilizaciones, las marchas, las peleas con los Carabineros para sacar fotos. Nunca se involucró políticamente, pero como no tenía ese sexto sentido de los riesgos de seguridad sacaba fotos de los estudiantes tirando piedras y les enfocaba las caras o se metía a las asamblea y sacaba fotos de quiénes estaban. Nadie quería salir en fotos y nadie sabía quién era Rodrigo ni porque sacaba fotos. Para ellos era probablemente un sapo. Lo mismo le pasó con fotógrafos independientes en la calle. En la universidad la cuestión llegó a tal punto que lo sacaron un día para atrincarlo, la situación podría haber llegado a golpes.

–¿Crees que esas imprudencias encauzaron en lo que le terminó pasando?

-Yo creo que él tenía muy claro los riesgos, pero nunca nadie se va a imaginar algo como lo que le pasó. Él venía con la mentalidad gringa de “yo voy a sacar fotos, qué me puede pasar por sacar fotos, yo no soy el que va a armar las barricadas, yo lo voy a registrar”. Esa mañana iba a sacar fotos, eso iba a hacer.

–Hay poco de ese material fotográfico de él en Chile ¿Tienes alguna noción de su mirada o sensibilidad con la cámara?

-No hay mucho, hay material de las cámaras que habían quedado, esas fotos fueron reveladas después, pero los 22 rollos de todo lo que pasó en las seis semanas anteriores no sabemos dónde están, se perdieron. Ojalá lo hubiese visto, porque así yo hubiese sabido dónde estuvo y qué estuvo haciendo, pero imposible. Es una gran pérdida.

–Otra pérdida fue la cámara del día que lo quemaron junto a Carmen Gloria Quintana

-Sí, yo no sé si la destruyeron o Julio Castañer todavía la tiene como trofeo en su casa.

Después de 35 años, no hay justicia

–¿Me imagino que fue fuerte revisitar el momento del ataque?

-Fue duro, todo fue duro. Pero a mí me interesa que conozcan a Rodrigo por su vida más que por el crimen que sufrió, que es conocido. Yo lo relato con detalles porque es parte de la historia, pero eso se conoce, lo que no se conoce era quién era y cómo él fue producto de su contexto, circunstancia e historia familiar. Eso es lo que más me importa, junto con que se sepan los nombres de los responsables y del responsable específico que le roció y le prendió fuego; eso no quedó establecido en el expediente judicial.

–¿Te refieres a la causa reciente?

-A la antigua y a la nueva. Se estableció que los jefes de las patrullas son los responsables, pero a pesar de la cantidad enorme de testimonios que tienen desde el año 86, como que el juez nunca determinó responsabilidad específica: no dice “éste es el que le roció, éste les tiró la Molotov”, que fue Férnandez Dittus, eso está en los testimonios, pero no queda establecido judicialmente. A mí sí me interesa que eso se sepa.

–¿Pero la verdad que estableció tu investigación no es la misma que la “verdad” judicial?

-La verdad judicial es un poco más generalizada, a mí me interesa que se sepa que fue Férnandez Dittus quien los roció y les tiró la molotov que los prendió en llamas. Él era el jefe de la patrulla y del operativo. Yo no sé en qué medida esto fue premeditado, yo especulo que todos los uniformados que salieron ese día, que era una gran jornada de protestas, yo me imagino que venían todos en son de guerra y tal vez con la idea de hacer un acto ejemplificador para aterrorizar a la población. Yo me imagino que venían con eso en la cabeza.

–En el libro hay una frase súper potente que dice que después de 35 años no hay justicia. Hoy no hay nadie en prisión por este hecho. ¿Sientes que tu investigación hace un poco de justicia con su familia?

-Yo creo que no hace justicia, pero sí puede hacer un poco de reparación. Hay una vida detrás que se perdió. Hay un ser humano en potencia que se perdió. Es un ser humano del cual nos perdimos, su potencialidad, su contribución a esta sociedad. Yo creo que es reparativo conocer su historia.

–En el relato se da cuenta de las horas posteriores al ataque. De este joven de 19 años levantándose quemado en la agonía y luchando luego tres días por su vida ¿Qué reflexión sacaste tú de ese momento?

-Él estaba agónico. A mí me llama la atención que después que los tiraron en la zanja él se pudiera parar. Ambos caminaron y él tenía la vista muy dañada, porque el fuego comenzó por la cabeza. Él quedó muy mal al segundo día. Ya estaba muy mal, ambos estaban entrando y saliendo de consciencia. Rodrigo tuvo plena conciencia de lo que le hicieron porque hizo la declaración (judicial), pero después ya no tenía mucha conciencia.

Crítica a “La Mirada incendiada”

–Hace poco estrenó “La Mirada incendiada”, una película que ficciona el caso. La familia de Rodrigo criticó que no se respetara la historia real ¿Cómo recoges esas críticas en perspectiva a tu investigación?

-La objeción de la familia con esa película no es que le hayan o no pedido permiso, porque eso no hay que hacerlo. Yo tampoco pedí permiso, la familia recién está leyendo el libro. El problema es que si tú vas a retratar a una persona, aunque sea para una película de ficción, empiezas a juntar información y hablas con la mamá o con la tía y les preguntas cómo era. Eso es lo mínimo, porque ésta no era una película cualquiera. Tú puedes ficcionar muchos detalles, pero la película tenía cero realidad. Hasta los más mínimos detalles. Por ejemplo, en la película nadie fuma, salvo Rodrigo, pero en verdad Rodrigo odiaba el cigarrillo, él tampoco fue a vivir a una población con la tía, la tía no empezó a pololear con un señor del local fotográfico. Yo creo que el problema de la película es que está muy descontextualizada, porque Rodrigo aparece como un tontito que viene de afuera y no cacha nada; y eso no era el caso.

–¿Hablaste con sus familiares sobre esto?

-La mamá (Verónica de Negri) se rió porque dijo: “Era tanta la ficción que no reconocí a Rodrigo en esa película”. Y es cierto, no se asemeja en nada: ni su historia, ni su forma de ser, ni lo que hizo, ni lo que dejó de hacer. No sentí ningún vínculo con Rodrigo Rojas. El problema original de la película es que no se molestaron en averiguar cómo era, yo creo que hicieron mucho trabajo de prensa, que tiene que ver más con el crimen que con su vida, pero ni eso lo respetaron. Son buenos actores, pero yo creo que el problema estuvo en la producción y en la investigación.

–Eso contrasta con tú libro que tiene más de 80 entrevistas

Ellos no tenían que hacer eso, pero cómo no van a hablar con una sola persona de la familia. Una.

“Creo que Rodrigo se encontró aquí”

–Sientes que el espíritu de Rodrigo se puede ver reflejado en ese sector que se movilizó y hoy se encuentra en este momento particular del estallido social, el proceso constituyente ¿Por qué crees que se revisita tanto su figura en la calle? 

-Yo no sé si viste, pero pintaron su rostro en murales, hubo afiches y a mí me sorprendió mucho ¿Por qué él y no otros?, tal vez por la brutalidad del crimen o porque era fotógrafo. Yo tiendo a pensar que es por el símbolo que significa ese tremendo acto de deshumanización y crueldad, yo imagino que es algo así porque la gente no conoce realmente a Rodrigo.

–¿Qué crees que hubiese sido de él si hubiese sobrevivido?

-Yo creo que Rodrigo se hubiese quedado aquí en Chile. Pero no sé si se habría aguantado la transición de los 90. Tal vez se habría asqueado y se habría ido a viajar por el mundo. Pero yo creo que en las movilizaciones hubiese estado de todas maneras, porque eso hacía, él sacaba fotos, vibraba con eso. No era un fotógrafo neutral, era parte de sus propias causas, así que estaría ahí de todas maneras, siendo muy crítico.

–A pesar de que Rodrigo solo alcanzó a estar dos meses en Santiago, ¿Crees que en esa estancia tan corta logró encontrar lo que estaba buscando?

-Él estaba feliz. Además él se lo dijo a su mamá. Él estaba feliz acá, a pesar de la dictadura y la represión. Yo llegué a Chile el mismo año que él, yo sé a qué vino, yo sé cuál era el contexto cuando él vino. Seguramente era chocante ir a marchas y ver el nivel de represión que no se veía en Estados Unidos. Aún así, él había encontrado su nicho entre los fotógrafos, los estudiantes, tenía amigos de su edad y estaba dónde él sentía que tenía que estar. Yo creo que finalmente Rodrigo Rojas se encontró aquí.

Ficha técnica:
Título: Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio
Autora: Pascale Bonnefoy Miralles
Sello: Debate
Páginas.: 392
Precio: $16.000

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Un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.

En la página web del Registro Civil cualquier persona puede solicitar certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de un ciudadano chileno. Esas solicitudes de certificados de libre disposición fueron la hebra que jaló la Fiscalía para saber si el Ejército ha estado monitoreando a periodistas que investigan las zonas oscuras de la actividad militar.

En la investigación penal de la “Operación W” –el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario desfalco conocido como “Milicogate”–, el Ministerio Público ya acreditó que al menos dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) solicitaron al Registro Civil antecedentes relacionados con el reportero y con ex militares denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense. Esos dos funcionarios de la DINE son Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo.

Un informe reservado de la PDI, al que CIPER tuvo acceso, indica que Luis Toledo pidió certificados de Mauricio Weibel y de Carlos Farías (uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército). El documento también señala que Aida Segovia pidió antecedentes de la madre del capitán (r) Rafael Harvey, otro denunciante de irregularidades.

Ese informe de la PDI, que fue entregado a la Fiscalía, señala que las solicitudes que Toledo y Segovia hicieron al Registro Civil provienen de la misma dirección IP: 200.72.183.76. El documento de la policía civil revela que desde esa misma dirección IP también se pidieron al Registro Civil antecedentes de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

Desde otras direcciones IP investigadas por la policía se solicitaron antecedentes de ex miembros del Ejército que denunciaron corrupción, y también de los periodistas Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic  –y de algunos de sus familiares directos–, y de Danae Fuster. En las fechas en que se pidieron sus datos al Registro Civil, todos ellos investigaban casos relacionados con corrupción militar o violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura.

Las direcciones IP son la “huella digital” de las conexiones de internet. Cada vez que algún computador o un celular se conecta a internet “sale” a la red con una dirección IP. Y aunque en el caso de las conexiones que corresponden a domicilios particulares esa IP puede variar en el tiempo, las instituciones utilizan IP fijas, porque dan más estabilidad a la conexión.

Todas las IP desde las que se solicitaron certificados personales de denunciantes y periodistas, son del proveedor Entel. Según le explicó a CIPER alguien que trabaja en el área de redes de esa empresa, aunque para las conexiones de hogar las direcciones IP pueden cambiar cada vez que alguien desde esa casa se conecta a internet, en el caso de las instituciones, las direcciones IP son fijas (no cambian) y por lo general usan varias IP, porque conectan a un gran número de equipos a la red. Es lo mismo que dijo a CIPER Jorge Pérez, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Por eso, el hallazgo que la PDI comunicó a la Fiscalía cobra importancia: la misma IP desde donde dos funcionarios de la DINE pidieron al Registro Civil los antecedentes de personas que estaban bajo espionaje militar (Weibel, Farías y Harvey), es la que se usó para requerir datos de otros periodistas.

A pesar de esa evidencia, fuentes de la investigación judicial señalaron a CIPER que aún no logran que el Ejército o Entel les confirmen qué institución utiliza cada una de las direcciones IP investigadas.

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Fue a fines de 2019 que la Fiscalía envió al Registro Civil una nómina que incluía a ex funcionarios del Ejército que han denunciado corrupción y periodistas que han investigado el desfalco militar y violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público pidió que el Registro Civil le informara si se habían requerido a través de su página web antecedentes sobre esas personas y, de ser así, desde qué correos electrónicos y direcciones IP se habían emitido esas solicitudes.

El 28 de enero de 2020 la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI tuvo listo el informe con la información facilitada por el Registro Civil. Allí figuran los correos electrónicos y direcciones IP que requirieron certificados de los periodistas Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile de The New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos); Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de Informe Especial, de TVN); Danae Fuster (ex periodista de Informe Especial) y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura).

La conclusión del informe de la PDI es clara: a la plataforma del Registro Civil se solicitaron certificados de todos esos periodistas y quienes los pidieron utilizaron correos electrónicos coincidentes, además de direcciones IP comunes. En algunos casos, mails anónimos también requirieron al Registro Civil certificados sobre sus cónyuges o sus hijos.

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte mantiene activa una indagatoria, hasta ahora desformalizada, sobre el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien actualmente colabora con CIPER (vea reportaje de CIPER “El documento que muestra cómo el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel”). También investiga la “Operación Topógrafo”, el espionaje a cuatro ex militares que denunciaron corrupción en el Ejército. Pero ahora la investigación de la Fiscalía se amplió, luego de que el fiscal Jaime Retamal, a cargo de la indagatoria, solicitara extender el radio de búsqueda, lo que dio origen al informe de la PDI.

CIPER preguntó al Ejército si, además de Mauricio Weibel, su dirección de Inteligencia también había monitoreado a otros periodistas. También le consultamos si las direcciones IP que figuran en el informe de la PDI eran utilizadas por la DINE. Pero la institución castrense evitó responder, amparándose en la Ley de Inteligencia:

“En lo particular, y como se ha señalado anteriormente, el Ejército en cumplimiento a la ley N° 19.974 y al Artículo 182 del Código Procesal Penal, no le está permitido referirse a materias que poseen carácter reservado y que son parte de una investigación que desarrollan los Tribunales de Justicia”, dice la respuesta enviada a CIPER por el Departamento de Comunicaciones del Ejército.

En la misma comunicación, el Ejército señaló que el comandante de su Brigada de Inteligencia manifestó a la comisión de los diputados que fiscaliza los servicios de inteligencia que está disponible para aclarar dudas en esa instancia. Pero como esa comisión no elabora actas de sus reuniones, las que además son secretas, la opacidad es total (vea aquí la respuesta del Ejército).

TRAZANDO LA HUELLA DIGITAL

El informe de la PDI estableció que desde la dirección IP 200.111.136.4 se pidieron, entre 2013 y 2016, certificados de los periodistas Mauricio Weibel y Pascale Bonnefoy, pero también sobre tres de los ex militares que denunciaron casos de corrupción: Rafael Harvey, Sergio Tudesca y Carlos Farías. Desde esa misma IP se solicitaron al Registro Civil documentos relacionados con Cesar Fuentes Campusano y Raúl Fuentes Quintanilla, proveedores del Ejército procesados en la causa sobre el desfalco en esa institución.

Desde una IP casi idéntica a la anterior (200.111.136.5) se requirieron certificados de Mauricio Weibel y de su ex cónyuge, y nuevamente sobre Raúl Fuentes Quintanilla. Otra dirección IP que está en la mira de la Fiscalía es la 200.111.134.82, desde donde se solicitaron certificados de la ex esposa de Weibel y de la ex pareja del periodista Santiago Pavlovic y de su hijo.

La indagatoria de la Fiscalía ya comprobó que una de las IP que figuran en el informe de la PDI ha sido utilizada por funcionarios de la DINE. Se trata de la dirección 200.72.183.76, desde donde se pidieron certificados de los periodistas Rebolledo, Peña y Weibel; del denunciante de corrupción Carlos Farías y de la madre del capitan (r) Rafael Harvey.

Uno de los mails que se emitieron desde esa IP prevenía del correo personal de Luis Toledo Cid, quien se reveló como miembro de la DINE cuando los detectives buscaron su nombre en Google: allí figuraba un documento donde Toledo solicitaba feriado legal al Ejército. En el mismo archivo aparecía la repartición para la que trabajaba. Toledo Cid terminó de confirmar todo cuando declaró ante la PDI el 23 de enero de 2020.

“Desde el año 2003 que me desempeño en la Dirección de Inteligencia del Ejército, mi jornada laboral es de 08:00 a 17:00”. Así comenzó Toledo Cid su declaración ante los policías, a quienes informó que era psicólogo titulado en la Universidad Andrés Bello.

Luis Toledo apareció en el radar de la PDI porque el 16 de junio de 2017 solicitó un certificado de matrimonio de Mauricio Weibel. Cinco días después, el 21 de junio, hizo lo mismo para obtener certificados de Carlos Farías, ex militar denunciante de corrupción.

Cuando los detectives le preguntaron por estas solicitudes, Toledo Cid recordó solo una parte de lo que, según él, había sucedido:

“A raíz que el terminal de internet que utilizo es solo para materias de uso público, solo se utilizan sitios o lugares que cualquier persona puede ver, por lo que, en el caso de los certificados electrónicos de Mauricio Weibel Barahona y Carlos Farías Ramírez, yo solicité esos certificados a petición de un funcionario del DINE, a quien no recuerdo. No redireccioné los certificados digitales a otra casilla de correo electrónico, ya que siempre los imprimo y entrego a la persona que me lo solicitó”.

El psicólogo agregó en su declaración que en las oficinas de inteligencia del Ejército trabajan más de cien personas, entre civiles y militares, y que no todos los computadores están conectados a internet, ya que los que contienen material sensible no tienen acceso a la red.

Sobre sus funciones en la DINE, contó que solo se remiten a materias relacionadas con su disciplina: “Responder dudas o requerimientos que tenga el mando respecto a asuntos afines a mi profesión, como tomar un examen psicológico a una persona que quiera postular a un cargo, conversar con funcionarios del DINE a fin de efectuar una evaluación psicológica (…) tomo encuestas de clima laboral, entre otras funciones siempre ligadas a mi cargo de psicólogo”.

Además, Luis Toledo Cid figura con contratos a honorarios en la Defensoría Penal Pública desde 2008. En esa repartición señalaron a CIPER que ha prestado servicios como perito psicológico y también caligráfico en causas de la Defensoría Regional Metropolitana Sur.

En su declaración ante la PDI, Luis Toledo entregó un dato clave para identificar a otra persona que también figura pidiendo antecedentes al Registro Civil: “Tengo entendido que Aida Segovia Crisóstomo es militar y trabaja en la DINE, no tenemos una amistad ni tampoco sé qué funciones cumple”.

El 13 de diciembre de 2016, Aida Segovia utilizó su correo personal para solicitar un certificado de la madre del capitán (r) Rafael Harvey. Lo hizo desde la misma dirección IP utilizada por Luis Toledo Cid, y la misma desde la que se pidieron certificados de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

CIPER envió correos electrónicos a cada una de las direcciones identificadas en el informe de la PDI, explicando que estábamos elaborando un reportaje y que necesitábamos comunicarnos con los usuarios de esas cuentas. Solo hubo una respuesta: la persona escribió un escueto mensaje, señalando que “antes compraba y vendía autos”. Además, llamó a las oficinas de CIPER para verificar que efectivamente se trataba de una investigación periodística, sin entregar sus datos de contacto. No volvió a contestar.

PERIODISTAS INVESTIGANDO A MILITARES

El periodista Juan Cristóbal Peña, autor de libros como “La secreta vida literaria de Augusto Pinochet”, “Los fusileros” y “Jóvenes pistoleros”, señaló a CIPER que estaba trabajando en la investigación para este último libro en la fecha en que sus certificados fueron solicitados desde una dirección IP asociada a funcionarios de Inteligencia del Ejército:

-En esa época estaba escribiendo “Jóvenes pistoleros”, que trata sobre la violencia política durante la transición a la democracia, la época del secuestro de (Cristián) Edwards. Investigué operaciones de la DINE, que en ese tiempo hacía seguimientos a la PDI, la que a su vez seguía a grupos subversivos. Todo esto a través de consultas y desarchivos de causas en las fiscalías militares.

Peña contó que en 2012, cuando preparaba su libro sobre la biblioteca de Pinochet, alguien entró a su casa, pero no robó nada: “El computador estaba en otro lugar de donde yo lo tenía y la pantalla estaba en el suelo de mi estudio. Mi disco duro lo cambiaron de lugar. Los juguetes de mis hijos los dejaron encima de sus camas. Dejaron todos los closet abiertos. No parecía que hayan estado buscando nada, más bien dejando una señal de que alguien había estado ahí. No había ninguna puerta ni ventana forzada”. El periodista dice que realizó una denuncia ante la PDI, pero que nunca tuvo novedades.

Los certificados electrónicos de la periodista Pascale Bonnefoy, corresponsal de The New York Times y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, fueron solicitados el 26 y 30 de agosto de 2016. La periodista buscó en sus archivos y detalló lo que estaba investigando en esa época:

-Entre marzo y abril de 2016 hice seis solicitudes por Ley de Transparencia al Ejército. Una sobre la supuesta investigación de quema de archivos en 1989; sobre causas de fiscalía militar en 1973; una tercera sobre el Servicio de Inteligencia Militar de 1973; sobre el jefe del servicio de interrogadores de las Fuerzas Armadas en 1973; otra sobre una investigación interna de la DINE respecto del asesinato de Charles Horman en 1973 y la última sobre las jefaturas de distintos departamentos de la DINE en 1973. Todo eso para la segunda edición actualizada de mi libro “Terrorismo de Estadio”, publicado en septiembre de 2016.

Poco antes, en julio de ese mismo año, recordó la periodista, publicó en The Clinic el reportaje “Piden procesar a edecán de la Cámara de Diputados por ejecución de detenido en 1973”, basado en documentos de expedientes militares.

Santiago Pavlovic, el periodista ancla de Informe Especial de TVN, señaló que desde 2015 no ha dejado de investigar corrupción militar. Contó a CIPER que durante estos años ha recibido solicitudes para reunirse con distintos comandantes en Jefe del Ejército, y que también han existido cartas y llamados a su jefatura en el área de prensa del canal, pero que no ha recibido amenazas. Antes, dice, sí las hubo. Ocurrieron, cuenta, cuando investigó asuntos relacionados con la represión en la dictadura:

-Ahí me llamaron por teléfono y me amenazaron, pero no realicé ninguna denuncia, sino que opté por tomar resguardos personales.

En el informe de la PDI al que accedió CIPER, aparecen distintos correos electrónicos solicitando certificados de Pavlovic y también de integrantes de su familia. En 2015 el periodista trabajó en Informe Especial junto a Mauricio Weibel en investigaciones sobre el desfalco militar conocido como “Milicogate”.

Otra periodista que formó parte de ese equipo de Informe Especial, Danae Fuster, también figura en el informe de la PDI. Un correo electrónico solicitó un certificado de ella al Registro Civil el 10 de julio de 2015. Ese día, la misma dirección de correo pidió un certificado de Sergio Tudesca, uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército.

El quinto periodista que figura en el reporte de la PDI es Javier Rebolledo, quien se ha especializado en la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Rebolledo ha publicado libros como “La danza de los cuervos”. Sobre sus certificados, el informe de la PDI señala que se requirieron en dos fechas: el 28 de octubre de 2016 y el 18 de febrero de 2018.

-En octubre de 2016 estaba en pleno periodo de reporteo de “Camaleón, doble vida de un agente comunista”, que cuenta la historia de un comunista que se acercó a los servicios de inteligencia de la dictadura para camuflarse al lado de ellos. Debí investigar a ex funcionarios de la DINE, para lo cual me entrevisté con uno de ellos en fecha cercana al 20 de diciembre de 2016. Sin embargo, venía gestando esta reunión desde mediados de ese año. Después, en 2018, estaba en la parte investigativa del libro “Los hijos del frío”, relacionado con el centro de exterminio Simón Bolívar. En febrero viajé a entrevistar al testigo clave en causas de lesa humanidad contra militares, Jorgelino Vergara. Él me manifestó, no sé si con sustento, que yo tenía seguimiento.

El periodista, que acaba de lanzar su libro “Rati” -sobre el rol de “La Oficina” de La Moneda en los inicios de los gobiernos de la Concertación-, aseguró que el mismo día y a la misma hora en que era entrevistado por el programa El Informante, de TVN, por su investigación sobre la participación de Cristián Labbé (ex alcalde de Providencia) en la DINA, el local de la editorial Ceibo, que había publicado el libro donde se relataban esos hechos, sufrió un robo. Los ladrones, cuenta, además de llevarse equipos valiosos dejaron una huella singular: una hilera de billetes ordenados en el piso.

El periodista Mauricio Weibel también ha denunciado hechos similares. En la misma semana de 2012 en que entraron a la casa de Juan Cristóbal Peña, Weibel asegura que le robaron su computador y pendrives desde su casa. También ha relatado que, años después, cuando estaba publicando en The Clinic sus reportajes sobre el “Milicogate”, las oficinas de ese medio sufrieron un robo en el que se llevaron computadores.

*Fuente: CiperChile

El articulo Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a otros cinco periodistas apareció primero en piensaChile.

Cazar al cazador: Periodista Pascale Bonnefoy publica exhaustiva investigación sobre policías que capturaron a criminales de lesa humanidad

• El libro aborda la historia de un grupo de policías encargados de perseguir y capturar a criminales de lesa humanidad a principios de la transición democrática en los noventa.
• La presentación de Cazar al cazador se realizará el viernes 9 de noviembre a las 19 horas en el marco del Festival de Autores de Santiago FAS en el Centro Cultural Gabriela Mistral y participan, junto a la autora, María Olivia Mönckeberg y Juan Cristóbal Guarello.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, y bajo la frágil estabilidad que marcó el inicio de la transición política, la Policía de Investigaciones creó una discreta unidad, instalada en el Departamento V de Asuntos Internos, que tuvo por objetivo rastrear y perseguir a civiles y militares vinculados a crímenes de lesa humanidad.

A través de una exhaustiva investigación, la periodista Pascale Bonnefoy se introduce en los archivos y en los recuerdos de aquellos policías que fueron protagonistas de esta historia para ofrecer un ángulo inédito con el cual observar el pasado reciente.

Bonnefoy reconstruye el camino que recorrieron los detectives tras la captura, tanto fuera como dentro del país, de violadores a los derechos humanos como Manuel Contreras, Miguel Estay Reyno (el «Fanta»), Eugenio Berríos, Osvaldo Romo y Paul Schäfer, entre otros cómplices de torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar.

La presentación de Cazar al cazador se realizará el viernes 9 de noviembre a las 19 horas en el marco de la Feria de Autores de Santiago (FAS). Participarán junto a la autora los periodistas María Olivia Mönckeberg y Juan Cristóbal Guarello y tendrá lugar en la Sala de Conferencias 2 del Centro Cultural Gabriela Mistral.

Pascale Bonnefoy es periodista de la Universidad de Santiago de Chile. Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de la Universidad George Washington y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Ha colaborado o trabajado como reportera, investigadora o corresponsal para medios chilenos y extranjeros, entre ellos The Washington Post, Global Post, Canal 13, El Mostrador y La Nación Domingo. Actualmente cubre Chile para la oficina regional de The New York Times y es docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

Ficha técnica

PREFACIO

El día que decidí escribir sobre los detectives que investigaban causas de derechos humanos fue histórico, aunque no precisamente por eso. Era el 17 de diciembre de 2014 y había quedado de juntarme a almorzar con una pareja de académicos, Anne Pérotin-Dumon y Alexander Wilde, quienes estaban de paso en Chile. Llegué atrasada por culpa de Barack Obama y Raúl Castro. Me había quedado pegada leyendo las noticias urgentes de ese día, cuando los entonces presidentes de Estados Unidos y Cuba, respectivamente, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Esa reunión en un local de Plaza Ñuñoa la tildamos de «almuerzo histórico» porque la mitad se fue en comentar la noticia. Cuando finalmente llegamos al tema que nos convocaba, relacionado con la investigación de violaciones a los derechos humanos en Chile, la conversación giró sobre la brigada especializada en derechos humanos de la Policía de Investigaciones. Me llamaba la atención la juventud de los detectives, les comenté, para quienes estos crímenes eran en realidad cold cases, parte de la historia.

Pensé que era interesante el hecho de que no hubiesen vivido esa época, que tal vez tenían víctimas o victimarios dentro de sus propias familias o quizás solo habían leído algo en un libro, o que todo lo que tenía que ver con la dictadura militar les resultaba algo ajeno. Me pregunté qué pensarían o sentirían cuando entrevistaban a torturadores, a personas que mataron e hicieron desaparecer a otros seres humanos, a los que siguen negando hechos históricos irrefutables y, también, qué sentirían cuando hablaban con quienes seguirían buscando a los suyos y esperando algo de justicia, tantas décadas después. Entonces Anne me planteó:

—¿Por qué no escribes sobre ellos?

Y así fue como esa idea de a poco se convirtió en una obsesión. Por esto, un primer agradecimiento va para Anne Pérotin-Dumon.

Quería entrevistar a los jóvenes hombres y mujeres que hoy forman parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI. Me veía acompañándolos en sus salidas a terreno, a excavaciones con el Servicio Médico Legal en busca de restos de detenidos desaparecidos; quería desentrañar cómo trabajaban con el pasado, cómo se relacionaban con los inculpados y con los familiares de víctimas, y cómo funcionaba la rueda de la justicia que involucraba a policías, jueces, peritos forenses, abogados y testigos.

Partí por el comienzo, y ahí me quedé, en la tumultuosa transición posdictatorial de los noventa y con los detectives que avanzaron, contra todo pronóstico, hacia el establecimiento de la verdad.

Comencé a comprender el proceso que vivió la policía civil al finalizar la dictadura militar y a conocer a los detectives que de un día para otro tuvieron que investigar un reciente pasado criminal del cual su propia institución había formado parte. La Policía de Investigaciones estuvo severamente comprometida con la represión política, y eso significó que tuvieron que investigarse a sí mismos en una época en que aún había ex agentes de seguridad al interior de la institución y en que todavía se torturaba en algunos cuarteles.

En ese periodo, la Brigada de Homicidios destinó tres equipos para investigar los mal llamados casos «emblemáticos» a los cuales, por la conmoción pública que causaron —entre ellos los de Orlando Letelier, Santiago Nattino, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Tucapel Jiménez—, se les asignaron ministros en visita de la Corte de Apelaciones.

En paralelo, en abril de 1991 el entonces director de la policía civil, Horacio Toro, creó una reservadísima unidad dentro del Departamento V de Asuntos Internos para investigar las demás causas de derechos humanos, basándose en los nuevos antecedentes aportados a los tribunales de justicia por la Comisión Rettig.

Al principio eran solo dos oficiales. Rápidamente la unidad comenzó a crecer, sumando detectives jóvenes, casi todos de origen modesto y de provincia. La gran mayoría se formó en la Escuela de Investigaciones Policiales durante la dictadura, cuando la institución, dirigida por un general de Ejército, era parte del engranaje represivo.

Ese fue el germen de lo que hoy se conoce como Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI.

En ese contexto, los detectives de la Brigada de Homicidios y del Departamento V enfrentaron enormes muros de silencio, la desconfianza de los familiares de víctimas y sobrevivientes, las amenazas y la vigilancia constante por parte de la inteligencia militar, un gobierno timorato que no obstante les multiplicó los recursos, y un poder judicial que no estaba a la altura de las circunstancias, salvo excepciones.

Descubrí que, a pesar de la decisión de aspirar a una «justicia en la medida de lo posible», según las palabras del presidente Patricio Aylwin, del aparente desinterés del presidente Eduardo Frei, de la tozudez de la mayoría de los jueces que seguían aplicando la Ley de Amnistía sin siquiera averiguar a quiénes debían amnistiar, y de la absolutamente nula colaboración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se hizo mucho.

Pero no se hizo justicia, no de la manera que exigía la magnitud de los crímenes.

Este libro aborda la travesía de los detectives del Departamento V y de la Brigada de Homicidios dedicados a casos de derechos humanos en los noventa. Sé que quedan muchos secretos que no llegué a conocer. También que la realidad no es en blanco y negro; hubo mucho gris en el tránsito desde un régimen militar autoritario a una democracia restringida y presa de amarres, pero democracia al fin y al cabo.

Las fuentes documentales consultadas para este trabajo son varias, pero la principal fue el archivo de la propia Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que este año fue declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Entrevisté a muchas personas, pero más que nada a detectives, casi todos ya en retiro. En el camino llegué a conocer y a estimar a muchos de ellos.

A algunos no los pude entrevistar por distintas razones, ya sea porque estaban en delicado estado de salud, habían fallecido o me fue imposible ubicarlos. Dos declinaron ser entrevistados.

La mayoría de ellos son desconocidos para la opinión pública. Sus nombres y sus rostros rara vez salían en la prensa, manteniendo un bajo perfil. No emprendieron una cruzada: solo cumplían su deber profesional como integrantes de un órgano auxiliar de la justicia.

No obstante, a prácticamente todos les escuché decir que esta experiencia les cambió la vida, y que ellos contribuyeron a cambiar la del país. No han buscado reconocimiento, aunque lamentan no haberlo recibido.

Este libro no aspira a convertirlos en héroes, si bien hubo algo de heroísmo y ciertamente de sacrificio y compromiso en sus acciones. Más bien, intento retratar una época compleja, inestable, desde la perspectiva de una policía civil que pasaba por sus propias transformaciones internas.

Estoy sumamente agradecida de todos esos detectives que me ofrecieron una ventana a sus vidas personales y profesionales para contar esta historia, que es individual, institucional y nacional.

Agradezco especialmente a Luis Henríquez Seguel, porque sin su ayuda este libro probablemente no habría sido posible; a Nelson Mery Figueroa, quien, a pesar de su aversión a los periodistas, me abrió su casa para largas conversaciones; a Nelson Jofré Cabello por su generosa colaboración; a los sucesivos Jefes Nacionales de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas de la PDI, Tomás Vivanco y Sergio Claramunt, quienes me autorizaron a revisar el archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos; y al comisario Braulio Abarca, por su excelente voluntad para acogerme durante semanas en la casona de Condell 264 mientras hurgaba en ese acervo documental.

También agradezco a mi ex alumna y ahora colega Arak Herrera Godoy, quien me ayudó en la revisión de prensa; a la periodista María Olivia Mönckeberg por su apoyo constante; y a todos mis cercanos, quienes tuvieron que soportarme mientras les hablaba sobre aventuras policiales.

Finalmente, va mi profunda gratitud a Melanie Jösch, directora editorial de Penguin Random House, y a todo el equipo editorial, especialmente a Aldo Perán, por su dedicación, delicadeza y contagioso entusiasmo.

Santiago, septiembre de 2018

Capítulo 1

PERDIDO EN FRESIA

Llovía torrencialmente. El viento azotaba a la pequeña avioneta Cessna suspendida en el negro de la noche, en vuelo de Santiago a Puerto Montt. Los cuatro pasajeros rebotaban adentro como pelotas de ping-pong. Bromeaban y saltaban como niños para calmar la ansiedad. El piloto, el experimentado jefe de la Brigada Aeropolicial de la Policía de Investigaciones, Eduardo Giorgi Gobetto, los retó.

—¡Ya paren el leseo!

Fue un viaje breve pero intenso. La aeronave, presa de ráfagas de viento mientras se aproximaba a aterrizar en el aeropuerto Tepual de Puerto Montt, casi se cae a tierra, recuerda el ex detective Héctor Silva Calderón.

«Nos está penando el Mamo», pensó Silva. «No quiere que lleguemos».

No era el temporal sureño lo que tenía a los detectives de la Brigada de Homicidios con los nervios de punta. La procesión iba por dentro: viajaban con la incierta misión de detener al general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, el «Mamo», ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer aparato represor de la dictadura militar.

Era el 17 de septiembre de 1991 y estaban a punto de emprender una osadía.

Aún resonaban las palabras del general Augusto Pinochet vociferadas a fines de 1989, meses antes de abandonar la presidencia, mas no el poder, luego de diecisiete años.

—¡Si tocan a uno de mis hombres, se acaba el estado de derecho! —advirtió a los futuros gobernantes civiles. Manuel Contreras había sido su hombre de confianza, el que le rendía cuentas cada mañana a él y solo a él, el que dirigió con gran eficacia el trabajo sucio de los primeros años. Contreras, al igual que Pinochet, aún conservaba su aura de intocabilidad.

«Creo que en ese momento no dimensionábamos lo que significaba todo eso. Sabíamos que la cuestión era delicada y estábamos entre tranquilos y nerviosos. Entre talla y talla siempre llevamos todo a la simplicidad. Era una especie de terapia», recuerda el detective en retiro Nelson Jofré Cabello de ese vuelo.

Viajaban al sur para arrestar al otrora segundo hombre más poderoso del país, y nadie sabía cómo terminaría esa historia. No iban con nada especial, solo con sus placas y pistolas reglamentarias.

Ni siquiera llevaban un plan.

A CONTRARRELOJ

Semanas antes, el ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados, designado para investigar el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, había pedido a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones dos detectives para que trabajaran con él en el caso. El jefe de la brigada, el subprefecto Osvaldo Carmona Otero, destinó al subcomisario Rafael Castillo Bustamante, y Castillo llevó con él al inspector Nelson Jofré.

Hacían una buena dupla. Los dos hombres habían comenzado a trabajar juntos en 1989, cuando Jofré llegó a la brigada. Castillo ya llevaba casi una década en Homicidios. Encajaron desde el principio y se hicieron buenos amigos. Investigaron delitos comunes hasta que en marzo de 1991 les tocó un caso de naturaleza política: la muerte del mayor de Ejército y médico militar Carlos Pérez Castro y de su esposa en Rancagua, perpetrada por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pérez había sido médico torturador de la Central Nacional de Informaciones (CNI), órgano sucesor de la DINA.1 Ayudados por un golpe de suerte, Castillo y Jofré pronto resolvieron ese caso. Fueron felicitados por el ministro del Interior y se convirtieron en detectives destacados de la brigada. Carmona no dudó en nombrarlos.

Los dos oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PICH)2 se reunían diariamente con el ministro Bañados para recibir sus instrucciones y revisar informaciones y avances del caso Letelier. Hasta ese momento Jofré, de 33 años, no sabía ni quién era Orlando Letelier ni detalles de su muerte. En esas primeras semanas, mientras estudiaba el expediente y escuchaba los testimonios de familiares y testigos, se puso a leer libros de historia reciente y de derechos humanos para comprender el terreno que estaba pisando. Conoció la persona y vida de Letelier, aprendió nombres y lugares, y fue descubriendo la historia subterránea de su país. Fue una inducción rápida a la mano de hierro de la DINA y al dolor de sus víctimas.

El ministro Bañados trabajaba a contrarreloj. El plazo de quince años para que prescribiera el caso vencía el 21 de septiembre, fecha del atentado con autobomba organizado por la DINA, que destrozó el cuerpo de Letelier en medio de Sheridan Circle, el sector diplomático de Washington, y que mató también a su colega estadounidense Ronni Moffitt, quien lo acompañaba en el vehículo.3 Había más que suficiente evidencia para inculpar al general Contreras y al segundo en la DINA, el brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autores intelectuales del crimen, pero debía asegurar su comparecencia para procesarlos. Debía tener a ambos hombres frente a él para tomarles declaración y encargarlos reo. Ya había ordenado su arraigo semanas antes.

Bañados era un juez extremadamente discreto y reconocido por su rigurosidad. Al hacerse cargo de la investigación la siguió con esmero hasta el final. Al cabo del primer año de conducir el caso Letelier, el ministro había interrogado a unos cien militares y civiles ligados a la DINA.

Años antes le había tocado otro caso de derechos humanos que causó gran conmoción pública. En noviembre de 1978, siendo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue designado para investigar el hallazgo de los restos de quince detenidos desaparecidos en los hornos de una abandonada mina de cal en Lonquén. En esa investigación trabajó con Rafael Castillo.

Bañados destacó por la suma delicadeza con la que trató a las familias de las víctimas y su empeño para alcanzar la verdad de los hechos. Estableció la responsabilidad de Carabineros en las detenciones, refutando la versión oficial de un enfrentamiento; no obstante, como era habitual en ese tiempo, debió declararse incompetente para seguir investigando, ya que involucraba a personal policial. El caso pasó a la justicia militar.4

Desde que asumió el caso Letelier en agosto de 1991, el ministro Bañados vivía con resguardo policial permanente en su hogar en la comuna de La Reina. Recibía amenazas de muerte. Fuera de su despacho en el Palacio de los Tribunales montaban guardia una tropa de periodistas, atentos a cualquier novedad.

Esa mañana del 17 de septiembre, el ministro les anunció a los detectives de Homicidios, sin mucho preámbulo, que les hacía entrega de dos órdenes de aprehensión que debían ser cumplidas de inmediato. Una para Contreras y la otra para Espinoza. No comentó mucho más. Bañados era de pocas palabras.

Los detectives miraron estupefactos los dos decretos de aprehensión en la mano. Saliendo del despacho del ministro llamaron a su superior, el director de la Policía de Investigaciones, Horacio Toro Iturra, pero no se encontraba en el cuartel. Estaba en el gabinete del ministro del Interior, les informaron. Para allá partieron.

Llegaron al palacio presidencial y pidieron hablar con el general Toro.

—Señor director, necesitamos conversar con usted de forma privada sobre un asunto urgente —le dijo Castillo.

El general Toro se acercó.

—Señor, el ministro Bañados nos ha entregado una orden de detención para Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

Toro se mantuvo muy sereno.

—Vayan a mi oficina y espérenme allí —resolvió.

Castillo y Jofré se fueron caminando a toda prisa las cuadras que separaban el Palacio de La Moneda y el cuartel central de la PICH, ubicado en avenida General Mackenna, entre las calles Amunátegui y Teatinos. Mientras, el director Toro informaba al ministro del Interior, Enrique Krauss, y este al presidente Patricio Aylwin.

—¿Conocen la ubicación de Contreras y Espinoza? —les preguntó Toro a su arribo al cuartel.

Los detectives ya habían cotejado esos datos en los archivos policiales.

—Sabemos que Contreras registra domicilio en un fundo llamado El Viejo Roble en Fresia y Espinoza tiene un campo en Osorno —dijo Castillo.

Ambos oficiales del Ejército, al igual que otros ex agentes de la DINA, habían comprado terrenos en el sur de Chile. Contreras adquirió el fundo algunos años después de pasar a retiro en septiembre de 1978 justamente a propósito del caso Letelier. Desde ahí dirigía las operaciones de su empresa maderera Imeteg.

La red de agentes en las cercanías y una población que tendía a ser conservadora les brindaba algo de seguridad. Y felizmente, uno de los suyos había asumido, en enero de 1988, como jefe del Estado Mayor de la IV División del Ejército en Valdivia. El brigadier Miguel Krassnoff Martchentko, miembro de la cúpula de la DINA, estaba a cargo de siete regimientos militares desde Angol a Puerto Montt.

Toro llamó a su oficina al subdirector operativo Mario Mengozzi Solar, y juntos analizaron los pasos a seguir. Le ordenó coordinar con el jefe de la Brigada Aeropolicial el avión institucional para una salida a Puerto Montt.

—Se van ustedes al sur —sentenció Toro.

Enseguida, Mengozzi llamó al prefecto de Puerto Montt.

—Esta noche viaja un equipo de la Brigada de Homicidios a la ciudad. Por favor prepare un buen vehículo para ponerlo a su disposición, ya que tendrán que desplazarse por varios lugares de la región —le dijo.

Pidió que los fueran a buscar al aeropuerto, pero no ofreció pista alguna sobre el carácter de la misión.

Carmona, jefe de Homicidios, decidió incorporar a otros dos oficiales. Castillo pensó en el detective de la segunda subcomisaría, Héctor Silva. Le tenía aprecio y sabía que era un buen policía. Silva, además, era muy amigo de Jofré desde cuando se conocieron en la Escuela de Investigaciones. Tenía otras características que podrían servir para esta tarea: Silva era mesurado, de trato amable; además, en los últimos cuatro años de la dictadura militar estuvo en la CNI. Tal vez ese pasado podría serles útil. Se lo propuso a Carmona.

—Señor, ¿me podría decir de qué se trata la misión? —le preguntó Silva al jefe de la brigada.

—Es algo bien puntual —le contestó. Y se lo explicó.

—No tengo muchas ganas de ir, señor —aventuró Silva—. Es que el general Contreras tiene un hijo un poquito loco, un poco acelerado, y lo más probable es que intente hacer algo.

—Tienes que ir —dijo Carmona.

No había vuelta.

«Estaba preocupado, pero al mismo tiempo, si me estaban pidiendo para algo tan importante como eso, igual me sentía bien. A Castillo le agradecí la confianza que tenían en mí», señala Silva.

El otro escogido para la detención de Contreras y Espinoza era un detective de la cuarta subcomisaría de Homicidios, Bernabé Cortez.

Les concedieron un par de horas para ir a sus casas a empacar un poco de ropa y despedirse. A sus familias solo dijeron que salían fuera de Santiago y no sabían cuándo regresarían. Todo sucedió muy rápido. No hubo oportunidad para cuestionar la orden ni la situación, pero la incertidumbre pesaba en el ambiente.

Los cuatro detectives se encontraron en el aeropuerto de Cerrillos, y a ellos se sumaron los dos pilotos policiales. Atardecía en Santiago y el cielo estaba gris. Antes de abordar, Nelson Jofré prestó su cámara para que les tomaran una foto. Aún guarda esa foto de los seis colegas sonrientes delante del Cessna. Solo ellos conocen su significado histórico.

Viajaron esa misma noche. A la altura de Concepción comenzó la tormenta.

AMIGOS DE «DON MANOLO»

Llegando a la prefectura policial de Puerto Montt, le explicaron al jefe de la unidad las razones del viaje.

«Casi le dio colitis (se ríe). Nunca me voy a olvidar de eso», dice Jofré. «El prefecto se asustó harto y estaba muy nervioso, pero más nervioso estaba el conductor que nos pasó cuando se enteró a lo que íbamos. Manuel Contreras y Pedro Espinoza eran personajes en la zona, y todos sabían lo que había detrás de ellos».

Pidieron un conductor que conociera bien la región y sus caminos rurales, y ya cerca de la medianoche, partieron en camioneta hacia Fresia, unos 67 kilómetros de camino de tierra al noroeste de Puerto Montt. Por el momento, el objetivo era reconocer la propiedad y, de alguna manera, ingeniárselas para saber si Contreras se encontraba ahí.

El conductor ya sabía dónde quedaba el fundo El Viejo Roble, y de inmediato les advirtió a los cuatro detectives:

—Llegando a Fresia vamos a pasar por un retén de Carabineros y Manuel Contreras va a saber altiro que va alguien hacia su fundo, porque los carabineros están comunicados por radio con su guardia. Cuando Contreras está en la zona todos lo sabemos porque se activan sus dispositivos de seguridad.

Había francotiradores en el sector, recuerda el detective Silva. «Contreras estaba muy blindado. En el equipo discutimos cómo abordar la situación sin provocar un enfrentamiento», dice.

Cerca de la una de la madrugada la camioneta se acercó a El Viejo Roble y se detuvo frente al portón. Había una caseta de seguridad y un hombre hacía guardia. Era un militar con boina, manta de Castilla y portaba un fusil; un militar en servicio activo resguardando la propiedad privada de un oficial en retiro.

—Este es el fundo —dijo el conductor, nervioso.

—Quédense aquí, yo me bajo solo —ordenó el jefe del grupo, el subcomisario Rafael Castillo.

No se veía mucho en la oscuridad. El detective se dirigió al guardia con desplante. Le inventó una historia.

—Oiga, somos amigos de don Manolo —le dijo Castillo, hablando como hombre de campo—. Vamos camino a otra parte ahora, pero queremos pasar a verlo mañana. ¿Estará?

—Sí, sí está.

Solo eso necesitaban saber.

«Rafael era muy astuto. Él siempre quiso ser actor. Era muy bueno para disfrazar las cosas, de esos tiras a la antigua. Cuando quería saber algo, contaba una larga historia; era hábil para sacar información. Era un hombre de calle, enganchador y bueno para la pelota. Esa era su particularidad», señala Jofré.

Castillo se despidió del guardia y volvió al vehículo. Siguieron de largo por el mismo camino interior, pero se perdieron. No podían retroceder porque no debían volver a pasar delante del fundo de Contreras. Terminaron dándose vueltas por caminos rurales hasta finalmente dar con Puerto Montt a las tres de la madrugada. Pero ya iban más tranquilos.

Desde la prefectura de inmediato llamaron al director Toro, dando cuenta del resultado. Toro les había pedido mantenerlo al tanto de todo, a cualquier hora. Pasaron por el fundo, lo conocieron y el sujeto estaría en el lugar, le informaron.

—Muy bien —les contestó Toro—. Esperen instrucciones.

Al poco rato Toro se contactó con Castillo.

—Vayan mañana a primera hora a Osorno a verificar si está Pedro Espinoza —le ordenó.

Esa noche durmieron en el cuartel.

EL PREDIO DE ESPINOZA

El día siguiente amaneció gris, pero sin lluvia. El cuartel policial de Osorno era un inmueble modesto y el guardia aún dormía cuando llegaron los detectives santiaguinos. El conductor los acompañó a regañadientes.

«Iba muerto de miedo. Todo el mundo se conocía, y él ubicaba bien el predio de Espinoza; sabía quién era. Cuando le explicamos a lo que íbamos, nos comentó que no quería ir», dijo Jofré.

El fundo de Espinoza quedaba en la comuna de San Juan de la Costa, al oriente de la ciudad de Osorno. El portón de entrada era muy sencillo y fácil de saltar. Subiendo una ladera se veía una pequeña casa, probablemente de inquilino. Aparte de eso no se veía nada, solo campo. Dudaron qué hacer. Tenían la orden de aprehensión y estaban facultados para ingresar y allanar si fuese necesario. Los detectives decidieron entrar. El conductor se quedó en la camioneta; ni siquiera bajó a estirar las piernas.

Los lugareños les habían dicho que el brigadier Espinoza tenía unos perros que parecían leones, y los cuatro detectives agarraron palos para defenderse de ellos si aparecían.

«Con Bernabé mirábamos los árboles para ver a cuál subirnos cuando llegaran los perros, pero resultaron ser dos perros chiquititos, muy inofensivos», recuerda Silva.

Iban bromeando mientras se adentraban en el campo de Pedro Espinoza. El humor siempre ayudó a apaciguar los nervios y la tensión. Se imaginaron cómo se veía el escenario desde el punto de vista del dueño de casa: cuatro hombres con pistolas, intruseando sin permiso en la propiedad privada de un alto oficial de Ejército y, más encima, armados con palos. Ni siquiera tenían parkas distintivas de Investigaciones que los identificaran.

De pronto apareció un hombre, muy molesto.

—¿Quiénes son? —ladró.

—Somos policías y queremos hablar con don Pedro —respondió Castillo.

—No está acá, no ha venido. Está en Reñaca —les dijo el hombre.

Las tratativas en Santiago, las llamadas urgentes entre los ministerios del Interior, Defensa y el comandante en jefe del Ejército, el general Pinochet, hacían ruido en los campos del sur. Pinochet ya se había comunicado con Contreras, y Espinoza lo supo de inmediato. Se fue enseguida de Osorno a la casa de familiares en la Quinta Región.

Le dieron las gracias al hombre y regresaron a Puerto Montt.

Se comunicaron nuevamente con el director Toro para dar cuenta de la diligencia.

—Muy bien. Ahora vuelvan al fundo de Manuel Contreras y procedan a la detención. Cualquier cosa, se comunican —les instruyó.

Había que actuar rápido.

LA REACCIÓN DE PINOCHET

La reapertura del caso Letelier había tensionado aún más la siempre tirante relación del gobierno con el Ejército en esos primeros años de transición a la democracia, y el procesamiento de Contreras y Espinoza iba a poner a prueba la reacción de Pinochet. Era un caso excepcional,el único crimen de derechos humanos que quedó exento de la Ley de Amnistía, que cubría el periodo entre 1973 y 1978.

Luego del atentado en 1976, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos realizó su propia investigación y rápidamente estableció la autoría de la DINA en lo que fue el primer acto de terrorismo internacional en suelo estadounidense. En 1978 una corte federal acusó del crimen a un grupo de cubanos residentes en ese país, y junto a ellos, a Manuel Contreras, a Pedro Espinoza y a Armando Fernández Larios, también de la DINA.5 Sin embargo, la Corte Suprema chilena denegó la solicitud para extraditarlos para enfrentar a la justicia en Washington.

En cambio, entregaron al ex agente de la DINA Michael Townley, de nacionalidad estadounidense. Sería sacrificado para que asumiera toda la responsabilidad por el crimen. Townley confesó su autoría y ofreció su colaboración, sirviendo de testigo en contra de un grupo de cubanos anticastristas que participaron en el doble homicidio. Luego de algunos años de encierro, se acogió al Programa Federal de Protección de Testigos. Sigue viviendo en Estados Unidos aunque con una nueva identidad. El mismo día que los detectives de la Brigada de Homicidios volaban a Puerto Montt, Townley prestaba declaración en Washington ante funcionarios estadounidenses sobre el caso Letelier.

En ese contexto, en 1978 el régimen militar se regaló a sí mismo el Decreto Ley de Amnistía para asegurar su impunidad al menos por los crímenes de sus primeros cinco años. La Ley de Amnistía dejó fuera el caso Letelier justamente por la presión del gobierno de Estados Unidos.

Mientras el FBI investigaba el atentado, Estados Unidos exigió una indagación similar en Chile. La causa que se abrió en Santiago se relacionaba al uso de pasaportes falsos para los agentes de la DINA que participaron en él (caso «Pasaportes»). Sin embargo, el caso terminó en manos de la justicia militar que, luego de no hacer nada, lo cerró en 1986.

Pero el gobierno estadounidense no aflojó la presión. En diciembre de 1990, luego de la visita del presidente George H. W. Bush a Chile, el Departamento de Estado declaró públicamente que el presidente Aylwin se había comprometido a trasladar el caso desde la justicia militar a la civil, y que buscaría el nombramiento de un ministro en visita. El anuncio venía aparejado con la certificación oficial del gobierno estadounidense de que Chile cumplía los requisitos para que se levantara la prohibición de asistencia militar a Chile impuesta en 1976 como reacción a los homicidios de Letelier y Moffitt.6

Pero si esta vez Chile no enjuiciaba a los autores intelectuales del crimen, Estados Unidos nuevamente se vería en la obligación de pedir su extradición, advirtieron las autoridades del Departamento de Justicia.7 Sería un lío. El nuevo mandatario chileno estaba en aprietos.

En momentos en que el gobierno chileno iniciaba negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a petición del presidente Aylwin, el 1 de agosto la Corte Suprema nombró a uno de sus pares, Adolfo Bañados, para investigar el asesinato de Letelier. Esto fue posible luego de la aprobación de las Leyes Cumplido en febrero de 1991, que, entre otras cosas, establecieron que la Corte Suprema tendría jurisdicción sobre casos que podrían afectar las relaciones internacionales con otro país, un estipulado claramente diseñado en función del caso Letelier.

«Creo que la preocupación era del presidente de la República para abajo; o sea todos, el ministro de Defensa, del Interior, el propio director, todos estábamos a la expectativa de lo que iba a suceder. Lo que entendimos de la conversación con el director Toro era que había una preocupación sobre cómo iba a reaccionar el general Pinochet. Recuerdo perfectamente que eso fue un tema, y cómo prepararse para cualquier situación que pudiera ocurrir», relata Jofré.

LOS INFANTES VIAJAN POR TIERRA

Ante el portón de El Viejo Roble, se encontraron con el mismo militar de la noche anterior.

—Venimos a ver a don Manuel Contreras —le anunció Castillo.

El guardia miró el auto, que no tenía distintivo policial.

—¿Quiénes son ustedes?

—Somos de Investigaciones. Don Manuel me conoce a mí.

Era cierto. El subcomisario Castillo conoció personalmente a Contreras tres años antes, en 1988. Ese año le había tocado investigar la muerte del mayor de Ejército en retiro Joaquín Molina Fuenzalida,8 enlace de la CNI con la fiscalía militar ad hoc dirigida por el general Fernando Torres Silva. Molina había sido asesinado por el hijo del jefe de la DINA, también llamado Manuel Contreras, o «Mamito», quien trabajaba en ese tiempo con el fiscal Torres.

Contreras hijo no era un hombre muy aplicado. Tuvo un paso fugaz por la Escuela Militar y luego estudió derecho en la Universidad Gabriela Mistral, pero abandonó los estudios. Era pareja de una hija de Molina. Durante una fiesta familiar en casa de este, el 30 de octubre de 1988, al «Mamito» le dio un ataque de celos cuando su polola se despedía de un invitado, hijo de un alto jefe de la CNI. «Mamito» comenzó a golpearlo, y entonces intercedió Molina, a quien el hijo de Contreras le disparó doce balazos. La jueza a cargo se declaró incompetente en tiempo récord y pasó el caso a la justicia militar. «Mamito» estuvo prófugo, luego se le descubrió repentinamente una supuesta hepatitis y fue internado en el Hospital Militar.

La Corte Suprema decidió que debía ser la justicia civil la que investigara y designó al ministro Adolfo Bañados, quien pocos años después tendría que enfrentar a su padre. Contreras hijo alegó que le disparó a Molina en defensa propia y fue absuelto. En estas circunstancias el oficial de la PICH Rafael Castillo conoció a Manuel Contreras, y de ahí que el detective Silva encontrara a su hijo un «poquito loco».

Desde la entrada del fundo solo se alcanzaba a ver la caseta de seguridad, un camino y la despoblada ladera de un cerro; alrededor solo había bosque.

Esperaron a que el militar se comunicara con alguien por radio. No alcanzaron a escuchar la conversación. Al rato llegó un jeep Land Cruiser conducido por un militar.

—Suban —les ordenó.

—Nosotros andamos en nuestro vehículo —le dijo Castillo.

—No, suban al jeep —volvió a ordenar.

Cuidando de evitar roces, los detectives dejaron la camioneta con el conductor y subieron al jeep. Fueron escoltados por militares con fusiles AKA. «Nos llevaron prácticamente secuestrados para arriba», recuerda Silva.

El conductor no les habló mientras subieron por el camino hasta llegar a una modesta casa. No era lujosa; más bien parecía una cabaña. Al lado había una construcción con muchas puertas. Eran las habitaciones donde dormían los escoltas de Contreras, cerca de diez.

Al entrar a la casa se encontraron con Contreras sentado en un sillón. Detrás de él estaba su hijo, portando una pistola y vestido de militar, a pesar de no serlo. Sus escoltas pululaban alrededor, alertas.

—¿Cómo está, don Manuel? —comenzó Castillo.

—¿Qué te trae por acá? —preguntó Contreras, cortante.

—Acá estamos, general. Venimos con una misión no muy grata para usted. Tenemos órdenes de llevarlo detenido a Santiago.

Contreras recogió un papel fax de un escritorio y se lo mostró. —Acabo de recibir un fax de mi general Pinochet y me está dando él la instrucción de que me regrese a Santiago. Me ofreció un helicóptero —dijo.

El ex dictador seguía siendo comandante en jefe del Ejército y Contreras estaba confiado de que la política pinochetista de «no tocar a ninguno de sus hombres» aplicaba especialmente a él. Recién la semana anterior, entrevistado para el diario La Nación, Contreras había asegurado que se sentía «respaldado por mi institución en forma absoluta, y por mi general Pinochet también». Además, dijo entonces, «estoy muy tranquilo porque lo he dicho un millón de veces: nada tuvimos que ver en esto […]. Busquen a los asesinos en Estados Unidos».9

—General, tenemos el avión institucional a disposición para que usted viaje con nosotros —le dijo Castillo.

—Yo no voy a ir con ustedes. Me voy en la forma que yo quiera. Soy infante y como infante me siento más seguro por tierra. Ya le informé a mi general Pinochet que salgo de aquí mañana a las ocho horas.

Se produjo un duro intercambio entre los dos hombres. Castillo insistía en que la orden de detención implicaba que debía irse con los detectives, pero Contreras estaba a la defensiva, desafiante. A toda costa había que mantener la calma, darle tranquilidad. El objetivo era llevárselo a Santiago. Cuándo y cómo hacerlo fue resuelto en un tenso tira y afloja.

—No puedo dudar de la palabra de un general, si usted dice que va a ir —comenzó Castillo—. Pero debe irse con nosotros.

—Yo me voy con mi gente, con mi seguridad —afirmó Contreras, inamovible.

—Bueno, pero tiene que irse un funcionario nuestro con usted. Y le reitero, está nuestro avión; es largo el viaje —le planteó Castillo.

—Ni un problema que vaya un funcionario con nosotros, pero yo siempre viajo por tierra.

—Perfecto. Nosotros nos presentamos acá temprano.

Contreras viajaría a Santiago por tierra, en su vehículo y con sus escoltas, y lo acompañaría un detective. Fue un acuerdo de palabra.

«Fue una conversación dura, tosca. Contreras estaba demostrando que el general Pinochet estaba por sobre la Corte Suprema y él controló totalmente la situación. Encuentro que nuestra estrategia fue buena, porque era absurdo habérselo llevado a la fuerza. No sé qué habría pasado con los escoltas. Nosotros éramos cuatro y ellos, entre todos, como quince», reflexiona Jofré.

Se despidieron y volvieron en jeep a la salida, donde los esperaba el conductor dentro de la camioneta. En el trayecto de vuelta a la prefectura de Puerto Montt, Castillo anunció:

—Jofré, tú te vas mañana con Contreras y nosotros regresamos a Santiago en avión.

«Fue el viaje más largo de mi vida», recuerda el detective.

UN FRUSTRADO BIÓLOGO MARINO

Su vida comenzó en el campo, cerca de Quilpué, un tranquilo pueblo de la Quinta Región. Jofré era hijo de un suboficial de telecomunicaciones de la Marina y su madre, dueña de casa, cuidaba a sus cuatro hijos.

El tiempo transcurría entre el campo, los bichos y el colegio Guillermo Rivera en Viña del Mar. Jofré viajaba todos los días en tren para ir a clases.Todos los jueves se sentaba frente al televisor a ver el programa El mundo submarino de Jacques Cousteau. Lo entusiasmó tanto que decidió que quería estudiar biología marina. Incluso le escribió una carta al famoso científico y marino francés y este le contestó. Aún conserva esa carta.

«Le conté, a mi manera, que había navegado mucho porque habíamos vivido en Puerto Williams, que competía en un club de natación y había hecho un curso de gastronomía que ofreció la Universidad de Chile en el colegio. Me ofrecí para, por último, trabajar en la cocina de su barco, pero que quería aprender de sus hermosas experiencias. Esa era mi verdadera pasión», asegura Jofré.

Cousteau eventualmente vino a Chile, pero Jofré no se enteró a tiempo. Para entonces se encontraba en Copiapó estudiando ingeniería en minas en la Universidad Técnica del Estado. No le había alcanzado el puntaje para biología marina. Ingresó a la universidad en 1977, pero no le gustó la carrera. Además, aunque la educación aún era gratuita, había muchos gastos que solventar, partiendo por su estadía en la ciudad. Para sus padres era muy difícil.

Regresó a casa y de nuevo rindió la Prueba de Aptitud Académica. Quedó en licenciatura en matemáticas en la Universidad de Chile, pero tampoco encontró su nicho ahí. Entonces, en 1979, entró a la Escuela de Investigaciones, en la misma promoción de quien se convertiría en su amigo hasta hoy, el detective Héctor «Tito» Silva. Siempre le había gustado investigar. «Era curioso y tenía una obsesión para buscar la verdad», dice. Su hermano Raúl ya era detective.

«Me enteré de los crímenes de la dictadura cuando llegué a estudiar a Santiago, a través de mis compañeros de la Escuela de Investigaciones. Ellos fueron testigos de los hechos, de la detención de vecinos, de los cuerpos en el río Mapocho. Donde yo vivía, en Quilpué, nunca vi allanamientos ni nada», dice Jofré.

Tenía 15 años para el golpe de Estado, y no tiene muchas nociones de lo que ocurrió. Ese día su padre estaba acuartelado en el buque Latorre, cuyo comandante era el capitán Carlos Fanta Núñez. Su papá continuó su carrera en la Armada y pasó a retiro en 1976. Solo años después le contó a su hijo lo que había visto en esos agitados días de 1973.

Recién salido de la Escuela, en 1981, Jofré y otros veintinueve recién egresados fueron destinados al área de inteligencia de la policía civil. Rápidamente se dio cuenta de que no era para él, que no había estudiado para eso. Le ordenaron ir a las embajadas a ver quiénes se estaban refugiando. Era espionaje político y él quería investigar delitos. Duró menos de un año y pidió el traslado. En 1982 fue destinado a la 11a Comisaría de Las Condes.

A la comisaría llegaba todos los lunes un boletín en el que pedían voluntarios para integrarse a la CNI. Los tentaban con un sueldo 19 por ciento más alto y otros beneficios. Pero incluso sus superiores les advertían que no lo hicieran. «Nos decían: “cabros, no sean huevones. Esta cuestión después se va a dar vuelta, no se metan”», recuerda Jofré.

Con sus compañeros les tenían miedo a los agentes de la CNI. «Los de la CNI eran capaces de todo. Había que tener cuidado con ellos. Cuando salíamos en la noche nos daba temor pasar cerca de sus cuarteles porque usábamos autos sin distintivos… Evitábamos el contacto con ellos», afirma Jofré.

Pasó por varias comisarías en los ochenta, y estando en una de ellas, en Papudo, decidió que quería seguir estudiando. Regresó a Santiago e ingresó a la Universidad de Chile a estudiar auditoría. Trabajaba medio día en una unidad administrativa para poder ir a clases por la tarde, pero no pudo continuar debido al costo. La carrera universitaria —que para entonces era pagada— le consumía gran parte de sus ingresos, y ya estaba casado y tenía un niño. Así que Jofré dejó los estudios y se dedicó a ser detective. Además, le aburrían las tareas administrativas. Ya le había tomado el gusto a la calle y quería algo más especializado. De nuevo pidió traslado y, al igual que su colega y amigo Tito Silva, en 1989 se incorporó a la Brigada de Homicidios.

En esa unidad conoció a Rafael Castillo, el que le ordenó viajar solo con Manuel Contreras a la capital.

ONCE HORAS A SANTIAGO

A primera hora del día siguiente fueron a dejar a Jofré al fundo El Viejo Roble. A la entrada llegó el mismo jeep militar con su conductor y un acompañante.

—¿Quién de ustedes se va con mi general? —preguntó al grupo de detectives.

El detective Silva se ofreció para acompañar a Jofré en el viaje, pero el general Contreras no lo permitió. Nelson Jofré se bajó de la camioneta, se despidió de sus compañeros y subió al jeep. Quedó en el fundo mientras los demás regresaban a Puerto Montt a abordar el Cessna y volver a Santiago. Lo único que llevaba era su placa y un revólver calibre 38.

«Creo que lo que hizo Nelson fue muy arriesgado. Fue solo, y hasta ese momento nadie sabía lo que podía hacer este caballero [Contreras]», reflexiona Silva.

Manuel Contreras había dispuesto cuatro vehículos para «su gente» y los estaban limpiando. No se intercambiaron muchas palabras. El ex director de la DINA se subió a un Mercedes Benz rojo junto con su pareja, Nélida Gutiérrez, y su hijo Mamito. Le indicaron a Jofré que se subiera a un Ford que el detective describe como «uno de esos típicos autos de la CNI». Iba el conductor, un oficial de ejército de copiloto y Jofré atrás, solo. Todos eran militares vestidos de civil. En la caótica salida del predio, dos de los vehículos chocaron y uno de ellos terminó con el parachoques botado. Debieron dejarlo atrás.

Enfilaron en procesión, y el auto del detective quedó detrás del Mercedes Benz. Pero no salieron hacia la ruta principal que los llevaría a la Ruta 5 rumbo al norte, sino por un camino interior de ripio en medio del bosque. Jofré se asustó. No tenía idea hacia dónde se dirigían y solo veía árboles y más árboles.

Aquí puede suceder cualquier cosa, pensó. «Si me va a pasar algo, algo haré con mi arma. Iba tranquilo pero preparado para cualquier situación. Me sentía de alguna manera preso», relata Jofré.

No tenía forma de comunicarse con sus compañeros, con la prefectura o con el cuartel central en Santiago. Los detectives tenían apenas unos walkie talkie, pero Jofré no andaba trayendo uno. Además, habría sido inútil, porque no había cobertura en el campo. Ni siquiera andaba con el decreto de aprehensión, ya que Castillo se lo había quedado.

Dentro del auto, nadie le hablaba. Jofré iba nervioso pero atento, agudizando todos los sentidos. Trató de iniciar una conversación con el militar en el asiento delantero, pero él lo ignoraba.

—¿Cuál es su gracia? —le preguntó al militar.

—Mayor Flores —le respondió cortante. Horas después Jofré se daría cuenta de que ese no era su nombre.

Finalmente salieron de los caminos boscosos a una carretera interior pavimentada. Jofré aún no se ubicaba en el espacio. Siguieron una hora en esa vía y todavía no sabía por dónde andaban. A punto de llegar a un cruce con la Ruta 5, los vehículos se detuvieron. Jofré estaba inquieto. ¿No iban hacia Santiago? Andaba con su pistola de uso personal, pero era una magra defensa ante los escoltas armados de Manuel Contreras. No sabía qué esperar.

—¿Qué pasa acá? —preguntó.

—Estamos esperando un vehículo —le respondió el «mayor Flores».

De pronto apareció un vehículo particular. Venía raudo y se detuvo cerca de ellos. Un hombre se bajó de él y se subió al Ford, sentándose al lado de Jofré. Al saludar al oficial adelante, Jofré se enteró de que el «mayor Flores» tenía otro nombre. Entonces partieron nuevamente. Al detective lo aguardaban largas horas de viaje. Fueron once en total.

«Nunca me he olvidado de la conversación con él. Dijo que era marino de Talcahuano y formaba parte de la escolta de Contreras. Me habló al tiro de mi papá y dijo que lo conocía. Pero creo que era mentira; era demasiado joven. Esta cuestión está media extraña, pensé», cuenta Jofré.

Respiró con algo de tranquilidad cuando la comitiva de autos por fin tomó la ruta Panamericana hacia el norte. Se detuvieron una sola vez para cargar combustible y tomar un café. Jofré se compró unas galletas pero nadie conversó con él. Los escoltas no dejaban que se acercara a Contreras. Su mayor alivio fue el hecho de que, en el largo trayecto hacia Santiago, cada vez que pasaban por la salida a alguna ciudad, había un carro policial con su baliza encendida en la carretera. Ellos iban informando al cuartel central el trayecto de la caravana de Manuel Contreras.

Llegaron a la capital cerca de la medianoche del jueves 19 de septiembre y se dirigieron directamente a la Comandancia de la Guarnición del Ejército en el centro de Santiago. Ahí los esperaban el jefe de la Brigada de Homicidios Osvaldo Carmona, junto con el subcomisario Rafael Castillo y el comandante de la guarnición y juez militar de Santiago, el brigadier general Guido Riquelme Andaur. Carmona y Castillo recibieron a Contreras en calidad de detenido y se lo llevaron al Hospital Militar, dirigido entonces por el coronel Atiliano Jara.10 Quedó recluido en la suite 530, una de las seis habitaciones especiales reservadas para generales de Ejército.

Pedro Espinoza se rebeló un rato pero no le duró mucho. Ya estaba todo perdido, y ahora le tocaba a él acatar la orden de su comandante en jefe. El segundo de la DINA, aún en servicio activo, quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén. Ahí permaneció tres meses, hasta diciembre.

Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa de Contreras que buscaba paralizar la investigación. Ese mismo día, sin que nadie se enterara, el ministro Bañados encargó reos a Contreras y Espinoza por el homicidio de Orlando Letelier y el uso de pasaportes falsos.11 La prensa lo supo el lunes.

Así pasó las Fiestas Patrias de 1991 el inspector Nelson Jofré.

TAREA TITÁNICA

Pese a la gran expectación pública respecto del futuro del caso Letelier, poco o nada se supo de los pormenores para llevar al general Contreras y al brigadier Espinoza ante el ministro Bañados. Mientras Contreras se resistía a firmar la notificación judicial de su encargatoria de reo y se negaba a ser prontuariado, ese 20 de septiembre las portadas de los diarios titulaban en grande sobre la «fiesta cívico-militar» y la «brillante parada militar» del día anterior en el Parque O’Higgins, anticipando un firme camino hacia la reconciliación nacional. Pero en esos timoratos primeros años de la transición a la democracia, la reconciliación quedaba a años luz.

El caso Letelier agitó la duda latente sobre qué tan lejos podría llegar un juez al investigar el círculo de más confianza del ex dictador. Mucho menos atención se prestó a la posibilidad de que detectives de la Policía de Investigaciones, institución que aún no había sido plenamente depurada, pudieran investigar sin restricciones o imponerse a militares que contaban con el respaldo de su comandante en jefe y, a la sazón, responsable último de los crímenes.

A cambio de dejar la presidencia y permitir un tránsito pacífico a un gobierno civil, el general Pinochet había exigido lo suyo. En agosto de 1989, pocos meses antes de las elecciones generales que sepultaron su dictadura, Pinochet, aún dueño del país, fijó su posición —y por extensión, la del Ejército— ante eventuales esfuerzos por hacer justicia en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen.

Al conmemorar los dieciséis años desde que fuera ascendido a comandante en jefe del Ejército por el mismo presidente que derrocaría semanas después, Pinochet anunció las líneas gruesas que el nuevo gobierno debía obedecer si pretendía gobernar con tranquilidad. En resumen, que no se tocara el modelo económico, su legado institucional, a sus hombres o a su familia. Respecto de los derechos humanos, la pauta pinochetista incluía mantener la vigencia de la Ley de Amnistía de 1978, respetar la competencia de la justicia militar, que seguía reclamando jurisdicción sobre las investigaciones de casos de derechos humanos para luego cerrarlas o dejarlas en un limbo indefinido, y «velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, e impedir intentos de represalia hacia sus miembros por razones de orden político».12

En la lógica castrense y de quienes apoyaron el régimen militar, investigar los crímenes perpetrados por agentes del Estado y llevar a los responsables a la cárcel eran actos políticamente motivados por represalia en contra de patriotas que habían arriesgado sus vidas para levantar al país de las ruinas y restablecer el orden, porque los chilenos lo pidieron. Era indigno, un deshonor y un hostigamiento injustificado que esos verdaderos héroes tuvieran que comparecer ante un tribunal por culpa de las mentiras propagadas por el marxismo internacional. Se había librado una guerra para salvar al país, y en las guerras siempre hay bajas. Los eventuales excesos de unos pocos no podían condenar a toda una institución. Y por último, era el precio a pagar por el orden y la exitosa economía de mercado que las Fuerzas Armadas, junto a un empresariado con visión de futuro, habían obsequiado al país.

El gobierno del presidente Patricio Aylwin navegaba en aguas turbulentas y su misión, especialmente durante esos primeros años, era estabilizar el buque. ¿Cómo conjugar la democratización del país con las limitaciones políticas, legales y constitucionales dejadas por el régimen y una obstructiva oposición de derecha? ¿Cómo convivir con una constitución autoritaria e ilegítima que, no obstante, le permitió acceder al poder, y que, por lo tanto, se comprometió a respetar? ¿Cómo lograr la plena subordinación militar a la autoridad civil y a la vez cumplir los anhelos de verdad y justicia? ¿Cómo satisfacer las enormes expectativas y demandas sociales de toda índole, y lidiar con los grupos de poder de facto, manteniendo a la vez la gobernabilidad y la estabilidad económica? Era una tarea titánica, de múltiples frentes, y casi siempre había una en crisis.

Las Fuerzas Armadas conservaron nichos de poder en el nuevo sistema, que aún no podía llamarse democrático, y seguían jugando un papel político.13 Opinaban e intervenían en todo orden de cosas.

«El Ejército es un actor político central del proceso [de transición], quiérase o no», señala un informe de análisis del gobierno en junio de 1990.14

Los militares aún no regresaban del todo a sus cuarteles y en esta «democracia protegida», o «tutelada», el gobierno terminaba reculando cada vez que Pinochet golpeaba la mesa. Ya había quedado en evidencia en diciembre de 1990 con el «ejercicio de enlace». Una comisión parlamentaria entraba en la etapa final de su investigación sobre el pago irregular de tres cheques por casi mil millones de pesos y emitidos el año anterior por la Comandancia del Ejército al hijo mayor de Pinochet por la compra de Valmoval, empresa que fabricaba piezas de armamento bélico. La investigación de los llamados «Pinocheques» rozaba el comandante en jefe. Entonces el ex dictador decidió reunir a su cuerpo de generales y acuarteló en grado uno a sus tropas. Fue una clara advertencia a la autoridad civil de que no debía meter su nariz donde no correspondía y un desafío a las competencias del Congreso, estrenado en marzo luego del receso de diecisiete años.

Pinochet disfrazó el acuartelamiento, llamándolo un mero «ejercicio de seguridad, alistamiento y enlace» que «no tenía ninguna significación extrainstitucional», como transmitió el gobierno al día siguiente en un comunicado de prensa. Pero el mensaje se escuchó fuerte y claro, y por más que el Ejército y el gobierno intentaran bajarle el perfil, fue la imagen de la barbilla temblorosa del ministro de Defensa Patricio Rojas, ante la posibilidad de una sublevación militar, la que quedó en la retina de la ciudadanía.

El informe de la comisión parlamentaria absolvió de toda responsabilidad a Pinochet, tal como lo había exigido; el ex dictador siguió al mando del Ejército y la investigación sobre los «Pinocheques» se guardó en un cajón. Fue el fructífero resultado de negociaciones entre el ministro secretario general de Gobierno y principal operador político, Enrique Correa, y el jefe del Comité Asesor Político Estratégico del Comandante en Jefe, el general Jorge Ballerino.15

Un análisis de la Secretaría General de la Presidencia reflexionó sobre las relaciones con el ex dictador días después de su rabieta:

El reciente acuartelamiento del Ejército constituyó sin duda un ensayo de respuesta a una situación de acoso, con miras a establecer tanto las reacciones externas como internas a una convocatoria de ese tipo. Es decir, cada vez que hemos creído que Pinochet está lo suficientemente débil como para precipitar las cosas con miras a un desenlace determinado, hemos retrocedido en vez de avanzar en nuestra estrategia. […] El análisis de la posición de Pinochet no puede excluir a partir de ahora la hipótesis de algún nivel de movilización extraconstitucional. Más allá de la evaluación de la ausencia de condiciones para un putsch exitoso, debemos concentrarnos en eludir toda situación que dé motivo a acciones de ese tipo, en cualquier grado.16

Semanas después, el Ejército reiteró su «irrestricta lealtad» a Pinochet y la «indestructible cohesión institucional en torno al capitán general» en una declaración pública difundida por el entonces director de la Academia de Guerra, coronel Juan Emilio Cheyre, quien en 2002 asumiría la Comandancia del Ejército. La investigación de la comisión parlamentaria, según el Ejército, era una «irresponsable y sistemática forma de agresión» que «entraña una grave amenaza a la seguridad nacional».17

UN TEMA ESPINUDO

El mandato de Patricio Aylwin fue un vaivén continuo de fricciones, colisiones y negociaciones, formales y otras solapadas, respecto del nuevo sistema político-constitucional, reformas legales, el peso y el rol de los militares en la democracia y el espinudo tema de qué hacer respecto de los crímenes del pasado.

El programa propuesto a la ciudadanía en 1989 por la coalición de gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia,18 incluía juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, derogar o anular la Ley de Amnistía y reformar la justicia militar. Sin embargo, la valentía política y los votos en el Congreso nunca fueron suficientes. Al año 2018, la Ley de Amnistía aún no ha sido derogada formalmente, aunque los magistrados ya no la aplican.

Tampoco había acuerdo dentro de la propia coalición de gobierno sobre cómo abordar la justicia: ¿Ir al combate frontal, abrir investigaciones y anular la Ley de Amnistía? ¿Llegar a la verdad y luego amnistiar, al menos, los crímenes ocurridos antes de 1978? ¿Ofrecer incentivos o grados de impunidad a cambio de información? ¿Investigar y sancionar algunos casos para que sirviera como justicia simbólica para todos los demás? ¿Lavarse las manos y dejar que los tribunales resolvieran?

¿Pero cómo iban a dejar la suerte de la justicia en manos de los mismos jueces obsecuentes que rechazaron todos los recursos de amparo a favor de víctimas en el pasado, que aplicaron la amnistía sin investigar y traspasaron los casos a la justicia militar? Nunca hubo una sola posición al respecto.

Las Fuerzas Armadas y de Orden jamás recon …

*Fuente: Me Gusta leer

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El articulo Pascale Bonnefoy: Los horrendos crímenes del Estadio Nacional se mantienen impunes apareció primero en piensaChile.

Reseña

TERRORISMO DE ESTADIO es la más completa investigación periodística sobre el Estadio Nacional de Santiago cuando fue convertido en el mayor centro de detención de presos políticos en la historia de Chile inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. Por el Estadio Nacional pasaron miles de hombres, mujeres, menores de edad y ancianos, chilenos y extranjeros, incomunicados sin ninguna acusación formal, convertidos en “prisioneros de guerra”.

¿Quiénes eran los militares que tuvieron a su cargo a esos miles de prisioneros? ¿De dónde venían y cómo se organizaron? ¿Qué pasó adentro? ¿Quiénes eran los interrogadores y cómo se decidía el destino de los detenidos? ¿Dónde fueron a parar esos militares y los expedientes de esa etapa inicial de represión política?

Esta segunda edición de TERRORISMO DE ESTADIO responde a estas preguntas gracias a un nuevo universo de fuentes e información –incluyendo los expedientes de las fiscalías militares en 1973- como resultado de una década de investigaciones judiciales y periodísticas.

Desde la perspectiva tanto de los detenidos como de sus captores, este libro aborda las múltiples facetas y dramas que se vivieron dentro del principal coliseo del país y recrea episodios desconocidos, como el asesinato del oficial a cargo de los extranjeros, la ejecución de ex boinas negras del Ejército, el matrimonio de dos detenidos, el comportamiento de los médicos militares y los supuestos suicidios e intentos de fuga de algunos prisioneros, entre otros.

Noticia relacionada:

Piden procesar a edecán de la Cámara de Diputados por ejecución de detenido en 1973, http://www.theclinic.cl/2016/07/06/542848/

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