Con bombos y platillos el gobierno y el parlamento aprobaron una ley de reajuste del salario mínimo. En un proceso que será gradual, se acordó que este ascendería a los 500 mil pesos a mediados del próximo año, a pesar de que el país enfrenta una inflación que podría afectar el poder adquisitivo de la cifra convenida.

Quienes concurrieron con su apoyo son todas autoridades que obtienen mensualmente cifras por encima de los 9 millones de pesos, unas 16 veces el salario mínimo que hoy reciben al menos 800 mil trabajadores chilenos. Muy expresivo de esta desigualdad es el hecho, además, de que el quintil más pobre de la población solo recibe el 5.38 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más rico recibe 17 veces más en promedio. Debe considerarse en este análisis un estudio realizado por CIPER Chile que determinó que los ingresos de los legisladores chilenos son más altos en relación a los países que conforman la OCDE, es decir Estados Unidos, Italia, Japón, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suecia y el Reino Unidos entre otros.

Curiosamente, esta noticia del reajuste fue aplaudida por la Central de Trabajadores de Chile, una entidad sindical controlada por los partidos oficialistas y que a esta altura le quedan muy pocos afiliados en todo el país. Al mismo tiempo que también estuvieron contestes con la Ley las principales entidades patronales y, desde luego, la gran prensa que financian.

La promesa de un nuevo salario coincide con las severas denuncias de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas, a las policías, a varios alcaldes y a los legisladores acusados de recibir sobornos de parte el mundo empresarial, tanto como cuantiosos aportes a su actividad electoral. Denuncias que, en realidad, comprometen a casi todo el espectro partidista. En la escala de los grandes desfalcos se ubican el “milicogate” y el “pacogate”, coloquiales expresiones con que el pueblo señala a los uniformados. La defraudación fiscal de los carabineros o “pacos” se considera el robo más alto de nuestra historia y favoreció a unos 130 funcionarios y miembros del alto mando policial, los que se habrían repartido unos 35 mil millones de pesos. Así como ahora último se descubre un nuevo episodio de estafa piramidal que tendría comprometidos a más de 4 mil policías uniformados, sin que se sepa todavía a cuánto asciende el robo organizado desde las cúpulas uniformadas.

El “milicogate”, en tanto, es un caso de corrupción dentro del Ejército que por años desvió a los bolsillos de sus oficiales los fondos que le otorgaba a las FFAA la Ley Reservada del Cobre y que ha dado lugar a una investigación ejemplar llevada a cabo por la jueza Romy Rhuterford que ya tiene procesados a los más altos comandantes de la Institución, asumiéndose que los recursos robados puedan superar todos los demás episodios de malversación de caudales públicos.

Todo esto en un país que hasta hace poco se ufanaba de su probidad. Hasta que estallaron episodios como el del Caso Chispas, Inverlink, Penta, Cabal y el Mopgate que comprometieron al cercano entorno de amigos y parientes de los expresidentes Ricardo Lagos, Michele Bachetet y Sebastián Piñera. Millones de recursos robados al abrigo de La Moneda, por supuesto, así como ahora se sustraen recursos desde los municipios, donde ya hay más de una decena de ediles enfrentando cárcel y se suceden bullados escándalos que indignan a la opinión pública.

Para colmo, recién ahora empiezan a evidenciarse las irregularidades que comprometieron las privatizaciones de Endesa y la sanitaria EMOS durante el gobierno del mismo Lagos quien discurriera, además, el Crédito bancario con Aval del Estado para financiar la educación superior de los estudiantes más pobres, los que han acumulado una millonaria deuda que ha prometido condonar el actual Presidente Boric. Aunque todavía no sepa cómo podría lograrlo si es que no consigue aprobar su Reforma Tributaria en un Congreso Nacional que le es muy adverso políticamente. Cuando la mayoría de los legisladores se opone a aprobar siquiera un Impuesto Patrimonial que apenas sugiere elevarles los impuestos al dos por ciento de los multimillonarios del país. Entre ellos, por ejemplo, a Iris Fontbona, cuya fortuna se calcula por sobre los 24 mil millones de dólares, y a otros poderosos empresarios como el ex presidente Sebastián Piñera que en menos de tres décadas ha sumado una riqueza por sobre los 3.5 mil millones de dólares.

Es obvio que el gobierno de Boric busca recaudar recursos para encarar los severos déficits educacionales y de salud, entre muchas otras demandas sociales. Todo esto en medio de otro escándalo que sindica a las administradoras privadas de salud, las isapres, en el cobro ilegal y por años de unos 800 mil millones de pesos a sus usuarios. Cifra que la Corte Suprema exige, ahora, restituir a las víctimas.

Paradojalmente, extraña que ante este nuevo defraude sea el propio Gobierno y, desde luego la oposición de derecha, quienes se demuestren dispuestos a facilitarles a las isapres formas de devolución de los cobros ilegales, cuando lo deseable sería que con su insolvencia enfrentaran la quiebra y el país tenga la posibilidad de sacudirse de un sistema oprobioso y que ha lucrado con la salud de tantos chilenos. Un oligopolio que junto a las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) era considerado uno de los más fructíferos negocios del país, como una oportunidad sabrosa para los inversionistas extranjeros. Más, todavía, que la de invertir en la minería y otras actividades productivas.

En su último mensaje presidencial, Boric le atribuye a su proyecto de reforma tributaria la posibilidad de atender las demandas sociales, con lo que ha dejado ahora en ascuas la posibilidad de cumplir sus promesas electorales, toda vez que la derecha tiene, como dicen, el sartén por el mango en el Congreso Nacional.

No recuerda nuestra historia que estos sectores sean propicios a elevar los impuestos a los más ricos y generar una más justa distribución del ingreso. Como en otras ocasiones, los partidos retardatarios le ofrecen al gobierno un pacto social que lleve a elevar el crecimiento económico para que el Estado pueda recaudar más en favor de los sectores pobres y desvalidos. Aunque todos sabemos que en los largos años en que nuestra economía creció, ello nunca logro traducirse en mayor equidad y ni siquiera en la posibilidad de erradicar la extrema pobreza.

En una realidad ahora afectada severamente por el crimen organizado y el narcotráfico, se desvanecen también aquellas promesas como la reforma de las policías. Después de los despropósitos que el país conoció respecto de sus conductas represivas y severas violaciones de los Derechos Humanos, de la noche a la mañana La Moneda es la primera aliada de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Cuyos efectivos reparte de norte a sur para hacer frente al crimen, pero también a las demandas de las etnias mapuches y de los estudiantes y profesores frustrados nuevamente por las promesas políticas incumplidas. Como el pago que se prometió de la deuda histórica con los profesores, cuyos montos ascienden a volúmenes imposibles de reunir y disponer. Si no se cuenta, al menos con la posibilidad de que los ricos tributen más.

Parece llegado el momento de cuestionarse la legitimidad de un Parlamento que obstruye tan descaradamente la justicia social. Cuando todos sabemos, además, que muchos de los que están allí se agenciaron sus cargos gracias a un sistema electoral de muy baja representatividad y solvencia democrática. Más bien lo que debe hacer un gobierno que se dice de izquierda es buscar un pacto social con los trabajadores y el pueblo. Reafirmar sus propósitos convocando y apoyándose en la masiva movilización popular, más que andar buscando aliados entre los que siempre han sido refractarios a los cambios.

Lamentablemente, en un país de tan pobre diversidad informativa, bajo estándar educacional y precaria madurez cívica, lo que está ganando terreno es el populismo y el caudillismo. Que el pueblo sienta que sus peores e históricos enemigos pueden ser ahora sus salvadores. Lo que tan bien se demuestra en quienes integran ahora la nueva instancia constituyente.

*Fuente: Juan Pablo Cárdenas

El articulo Con el pueblo o con el Parlamento apareció primero en piensaChile.

“Si los de arriba tocan el violín, ¿qué les queda a los de abajo sino ponerse a bailar?”
(Karl Marx)

INTRODUCCIÓN

No exageramos cuando decimos que la historia de las constituciones chilenas no es sino la historia de cómo un sector social impone su voluntad al resto del conjunto social. Una constitución no es sino el conjunto de reglas fundamentales que va a regir a esa comunidad; la carta, por tanto, debe asegurar el predominio de un sector social sobre otro. Por lo mismo, la historia de las constituciones chilenas es la historia jurídica del autoritarismo, del profundo desprecio que un determinado grupo social siente por el resto de sus compatriotas a quienes no puede sino concebir por entero subordinado a sus actos.

La imposición de esa voluntad no se hace burdamente. No. Las clases y fracciones de clase dominantes actúan con inteligencia y raras veces usan la fuerza física; solamente lo hacen cuando la inteligencia ya no les sirve para construir una forma de dominar. Entonces, terminan imponiéndose por la fuerza; y lo hacen con perversión. Porque, cuando la veleidad popular pone en peligro la estabilidad del sistema, cobran vida las expresiones del barón Von Bogulawsky, recabando, para su sector social, el ejercicio inmanente del derecho al golpe de estado.

No debe, pues, ser motivo de sorpresa o asombro que la ‘escena política’ nacional haya tomado sobre sí la tarea de fijar las condiciones sobre las cuales deba realizarse la dictación de la nueva constitución. Se trata de una política que no solamente impera en la sociedad actual[2] sino que, en el caso chileno, fue heredada de la dictadura, sigue vigente y se reproduce como una peste maligna en todos los estratos sociales, manifestándose, principalmente, en las instituciones políticas. Explica, en cierta manera, que los indultos presidenciales sean desconocidos cuando los decretan determinados líderes, y aceptados cuando son otros quienes lo hacen.

UNA CIRCUNSTANCIA QUE SE SUPONÍA

El día miércoles 11 del presente, puso el Congreso Nacional término a los trámites que estableciera en orden a conferir carácter de legalidad a la reforma constitucional para la apertura de un nuevo proceso constituyente. Al mismo tiempo, y de la misma manera, dio inicio a una de las más sucias maniobras que la escena política nacional a lo largo de la historia ha realizado en perjuicio de la comunidad nacional. Una maniobra indecente que pone en ridículo no solamente a la dirección política del país sino a toda la población que mira, incrédula cómo ese grupo de audaces pudo llevar a cabo semejante misión.

 “Una vez materializado el denominado “Acuerdo por Chile”, la reforma constitucional inició una ágil revisión en el Congreso Nacional, desde su ingreso al Senado hasta su evacuación ayer martes desde la comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde luego de dos días consecutivos de votaciones se rechazaron por completo las 350 indicaciones que fueron presentadas, por lo que no se vio alterado su contenido, con excepción del calendario electoral que, por ejemplo, fijó finalmente para el próximo 7 de mayo la elección de los consejeros constitucionales”[3].

Y no podía ser de otra manera. Porque quienes firmaron el llamado ‘Acuerdo por Chile’ son los mismos llamados a ponerlo en ejecución. Por lo que no debe sorprender que, en estos momentos, comiencen tales segmentos a preparar listas y avocarse a la tarea de seleccionar a los expertos y especialistas que le van a indicar al ‘pueblo’ lo que debe o no debe hacer.

NATURALEZA DE LA ‘ESCENA POLÍTICA’ Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA CAPITALISTA

Para comprender los hechos que condujeron a la firma del ‘Acuerdo por Chile’, previo es recordar que el sistema capitalista se organiza en forma de Estado y éste adopta la democracia representativa como forma de gobierno[4].

La democracia representativa, por consiguiente, ante la imposibilidad que ese Estado se administre a sí mismo, resuelve tal intríngulis en virtud de la ‘representación’, figura jurídica que permite a la ciudadanía elegir a quienes la van a representar y, a la vez, organizarse en la forma de ‘partidos políticos’ para participar periódicamente en elecciones que han de ser libres, secretas e informadas.

Los diversos estados no siempre poseen sistemas electorales similares: unos emplean la votación obligatoria; otros, la voluntaria. La primera es empleada por regímenes que requieren estar constantemente legitimándose, generalmente, los llamados ‘autoritarios’; la segunda es empleada por democracias que presumen en los votantes interés en la cosa pública. La generación de la autoridad se realiza, pues, a través del sistema electoral.

Frecuentemente, se acostumbra a señalar a los ‘partidos’ como ‘corrientes de opinión’. En verdad, lo son; pero, además, son estructuras que se preparan para gobernar y se organizan para representar los intereses de determinadas fracciones de las clases que existen dentro de determinada sociedad.

Representación y partidos forman un componente que facilita la aparición de estructuras sociales de tipo jurídico/político, actores políticos que van a desenvolverse en una ‘escena política’ para dar origen, a su vez, a la aparición de castas privilegiadas, consecuencia natural e ineludible de toda sociedad dividida en clases.

LA ‘ESCENA POLÍTICA’ DE LA NACIÓN

La ‘escena política’ de la nación es un campo en donde actúan ‘actores políticos’, y dentro del cual se barajan sucesivos y eventuales escenarios; en esa estructura opera, también, la representación del Ejecutivo, es decir el universo de los ministros de Estado, personal diplomático y jefaturas de los diversos partidos e instituciones estatales.

La ‘escena política’ de la nación, si bien la hemos conceptualizado como el campo en donde operan los ‘actores políticos’, también es

“[…] el lugar donde pueden descubrirse una serie de desajustes entre los intereses políticos y las prácticas políticas de las clases, por una parte, y su representación en partidos políticos, por otra”[5].

En consecuencia, la denominación tanto de ‘escena política’ como de ‘actores políticos’ no es una denominación peyorativa. Por el contrario: identifica con admirable precisión el rol que desempeñan todos y cada uno de los sujetos que participan o se desenvuelven en el espectro político del país. Principalmente, en el Parlamento, instituto del Estado que ha decidido por sí y ante sí, convertir, de hecho, el régimen presidencial —estatuido en la constitución vigente—, en régimen parlamentario.

En el caso de la suscripción del llamado Acuerdo Por Chile podemos distinguir dos grandes actores: aquellos que no participaron en la firma del mismo y aquellos que sí lo hicieron. Aún cuando esta distinción puede parecer un tanto inoficiosa, no lo es, sin embargo. Porque ambos sujetos políticos actuaron: unos lo hicieron por acción; otros por omisión. Pero ambos son el reverso y anverso de un mismo hecho. Actores que, aunque quisieran evitar desempeñar semejante rol, lo hacen, de todas maneras, pues son partes de la obra a representar.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE SUSCRIBIERON EL ‘ACUERDO POR CHILE’

Entre quienes sí suscribieron el referido Acuerdo hay partidos y organizaciones.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE NO SUSCRIBIERON EL ACUERDO

En este caso, hay solamente partidos y ninguna organización. Los partidos son:

Republicanos                                                                   20.475
Partido de la Gente PDG                                                45.908
Total                                                                                  66.383

DATOS INTERESANTES

Los datos que, al respecto, proporciona el SERVEL al 30 de noviembre de 2022, no dejan de ser en extremo interesantes: informan sobre la militancia de todos los partidos políticos en Chile y, en consecuencia, del escaso o casi nulo interés que existe en la comunidad nacional de participar en la política contingente. Del profundo desafecto que la ciudadanía tiene en quienes se arrogan el carácter de ser sus ‘representantes’ y de tener la capacidad de decidir por los demás. Porque los datos a la fecha indicada muestran que la militancia partidaria era, apenas, en Chile, de 425.739 personas, cifra que contrasta con el número de personas habilitadas para sufragar el 04 de septiembre de 2022 y ni siquiera alcanza a representar un 0,50 del total de aquellas: 14.959.956.

Vamos un poco más allá de esas cifras. Intentemos determinar el número de dirigentes de los partidos políticos. Sabemos que, con mucha generosidad, no van más allá del 10% de la respectiva militancia. No olvidemos que, al interior de los partidos existe, al igual que en la empresa privada, concentración de poder. Pero aceptando ese 10%, necesariamente hemos de concluir que no más allá de 42.574 personas han tomado como su divina y exclusiva misión decidir sobre el destino de los 14.959.956 ciudadanos chilenos.

La pregunta que surge de inmediato es: la comunidad nacional ¿está obligada a aceptar que tan reducido número de personas dirija sus destinos a su entera discreción? Dicho de otra manera, ¿estamos dispuestos a consentir que un pequeño número de audaces nos imponga lo que debemos hacer o decidir? Y, expresado de otra manera, ¿no podemos, en este caso, dirigirnos a esos sujetos y reprocharles su falta de decencia, la indignidad de su proceder? No, no podemos. Estamos frente a personas que la jerga popular acostumbra a calificar como de ‘caras duras’ o con otros eufemismos que impiden el uso de la injuria o la descalificación.

Nos queda, sin embargo, saber quiénes son tan desmesuradas personas. Hagámoslo con ayuda de la teoría.

‘ESCENA POLÍTICA’ Y BLOQUE EN EL PODER

La rigurosidad conceptual nos obliga a insistir en el concepto de ‘representatividad’. En la escena política nacional hay personas que ‘representan’ los intereses de otras. Por ello cobra importancia otro concepto que es el de ‘hegemonía’. Para ello debemos hablar de las clases sociales.

La clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo se fracciona y especializa en el fenómeno que se conoce como ‘rotación del capital’ dividiéndose en ‘industrial’, ‘bancaria’ y ‘comercial’. Así dividida no podría dirigir en conjunto a la sociedad; por consiguiente, una de esas fracciones se impone sobre las demás y las subordina en una operación que se denomina ‘hegemonía’, operación que implica la unión de todas ellas en un bloque que, por lo mismo, se denomina ´Bloque en el Poder’. En el caso de Chile, esa hegemonía, desde la instalación de la dictadura pinochetista, no es ejercida sino por la fracción bancaria (o ‘financiera’, como quieren denominarla otros) en estrecha alianza con la fracción comercial (o ‘retail’ para los que gustan de los neologismos), y en detrimento de la fracción industrial que se subordina a aquellas.

En consecuencia, bajo el sexto gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, en su expresión frenteamplista, el rol hegemónico lo ejerce sobre el conjunto social la fracción bancaria (financiera) de la clase de compradores de fuerza o capacidad de trabajo. Es, por lo mismo, la fracción que ejerce la hegemonía del Bloque en el Poder. Lo cual identifica el carácter del gobierno actual como otro más al servicio del gran capital (financiero)[8].

COMPOSICIÓN SOCIAL DE LA ‘ESCENA POLÍTICA’ NACIONAL

En el sistema capitalista actual, raras veces la fracción hegemónica del Bloque en el Poder actúa por sí misma desempeñando cargos políticos. El gran capital está preocupado de su propia multiplicación o acrecentamiento, no de las veleidades que caracterizan las justas políticas en los diversos institutos del Estado. Para eso están sus ‘representantes’, que son algo así como sus ´mocitos’, sus ‘niños para los mandados’, personajes asimilables (en otros modos de producción) a los ‘libertos’ o sujetos manumitidos, que no son, en sí, clase compradora de fuerza o capacidad de trabajo sino vendedores de esa mercancía, sujetos con grandes aspiraciones a ser reconocidos por aquella como parte de la misma. Son los ‘vasallos’ de la Edad Media. Personajes que raras veces conocen el rol que desempeñan sino se sienten superiores precisamente porque representan los intereses de sus ‘patrones’. Desde el punto de vista psicológico son sujetos de carácter narcisista, con irrefrenables ansias de protagonismo y, en consecuencia, de encontrar el ‘ethos’ que requieren para poder seguir actuando en la vida política del país. Pertenecen a un estamento que, generalmente, proviene de la descendencia de inmigrantes (alemanes, judíos, coreanos o palestinos) que lograron resolver los problemas de supervivencia personal y de sus familias y están guiados por un enfermizo afán a ser reconocidos. Sin embargo, ello no impide que, a menudo, se vean involucrados en escándalos financieros[9]. Son tremendamente celosos de la labor que han de desempeñar y, en consecuencia, a menudo defienden con mayor celo el interés de aquellos a quienes representan. A veces se unen a ellos, algunos representantes de la pretendida ‘aristocracia’ nacional en acelerado proceso de empobrecimiento; pero éstos no son muchos.

En general (salvo la honrosa excepción de Piñera), la fracción hegemónica del capital está dedicada a multiplicar sus ganancias y abandonan en su representación política advenediza las inevitables disputas políticas que se generan con motivo de las medidas que es necesario adoptar[10].

La representación de la fracción hegemónica de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo no se encuentra solamente en los partidos llamados ‘de derecha’ sino es posible encontrarla, incluso, en personajes que se autocalifican de ‘izquierda’ o ‘clase media’. En los gobiernos concertacionistas ha sido frecuente encontrar estos ‘hijosdalgos’ representando el interés de la fracción hegemónica al aprobar proyectos de ley[11]. En el gobierno actual, la escena se reproduce en los personajes de los partidos tradicionales, en la composición política de los partidos del Frente Amplio y en la descendencia de quienes fueron dirigentes concertacionistas.

Pues bien: son éstos los sujetos que han tomado para sí la administración de la nación sin que nadie les haya investido para desempeñar semejante rol. Se trata, por consiguiente, de personas que han usurpado funciones, de individuos que han cometido una acción desvergonzada, acción que, por lo mismo, merece el más grande repudio de la comunidad nacional. En la respuesta ciudadana, a la convocatoria que tales sujetos han hecho, deberán confluir necesariamente quienes no participarán en la misma, quienes anularán su voto y quienes votarán por el rechazo. Es una voluntad orientada en una sola dirección. Aún hay tiempo para un poco de decencia.

Santiago, enero de 2023

Notas

[1] La reducción es “ Los senadores son buenas personas, pero el Senado es una bestia mala”.

[2] Véase de Gideon Bachman su obra “La era de los líderes autoritarios”, Editorial Crítica, 2022.

[3] Palma, Natalia: “Congreso Nacional despacha a ley reforma que habilita a nuevo proceso constituyente”,  Radio Universidad de Chile, 11 de enero de 2023.

[4] La democracia puede ser directa o popular e indirecta o representativa. Si el sistema capitalista optó por la democracia representativa no fue sino por la circunstancia del precario desarrollo que hasta ese momento habían experimentado las fuerzas productivas; hoy, ese desarrollo permite un drástico cambio en esa dirección.

[5] Poulantzas, Nikos: “Poder político y clases sociales en el Estado capitalista”, Siglo XXI Editores S.A. de C.V., Ciudad de México, México, 2007, pág.320.

[6] Datos tomados del SERVEL, disponibles en INTERNET. La organización ‘Acción Humanista’ no tiene, igualmente, datos en el organismo público.

[7] Dado que no son partidos, el SERVEL no tiene información acerca de la militancia de tales estructuras.

[8] Véase de la Redación “Marcos Kremerman y Refirma Previsional: ‘Fortalece el mercado de capitalespor sobre pagar buenas pensiones’”, Radio Universidad de Chile, 12 de enero de 2023.

[9] Véase, al respecto, el caso más reciente que es el de Álvaro Berger, ex alcalde de Puerto Varas, condenado por defraudación al Fisco (Mesa de Noticias: “Tribunal declara culpable a ex alcalde de Puerto Varas Álvaro Berger por fraude al Fisco”, ‘El Mostrador, 15 de enero de 2023). ¿Necesitamos citar aquí lo ocurrido con los ex alcaldes de Vitacura Raúl Torrealba y Felipe Guevara de Lo Barnechea, además de otras ‘autoridades’?

[10] No hay referencias a ningún Saieh, Said, Yarur, Paulmann, Luksic u otro representante de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder (financiera) ocupando cargos parlamentarios o de Gobierno. El verdadero capitalista está al margen de las veleidades políticas.

[11] La expresión ‘hijosdalgos’, a pesar que ciertas publicaciones acostumbran a referirse a ellos como ‘hijos de hidalgos’, no es exacta; en realidad, se trata, más bien, de una vocablo peyorativo que hace referencia, en España, a una condición social disminuida.

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Apuntes sobre la normalización parlamentaria en Venezuela, las tensiones con Guyana y el comportamiento de la pandemia.

Con este boletín retomamos la senda que comenzamos el año pasado, cuyo propósito es presentar de manera suscinta los principales acontecimientos desarrollados en Venezuela, en el periodo de una semana; así como claves para el análisis de estos hechos, lo que esperamos permita una mayor comprensión de la dinámica venezolana y de la revolución bolivariana, especialmente para compañeras y compañeros que están fuera de nuestro país y con los que promovemos la solidaridad entre los pueblos.

En esta primera entrega, nos permitimos reseñar los acontecimientos en lo que va de año, lo supone un mayor desafío en la síntesis de los hechos. Dicho esto, se sostiene que las noticias más relevantes hasta la fecha, están relacionadas con la normalización legislativa, cuyo hito es la instalación del nuevo periodo parlamentario. En el plano internacional, suben las tensiones en relación al diferendo limítrofe con la República Cooperativa de Guyana, a raíz de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para conocer de la disputa, lo que ha generado una ofensiva integral desde el Estado venezolano para seguir promoviendo una resolución bilateral.

Apuntes sobre la normalización parlamentaria en Venezuela.  

Desde 2015, cuando la oposición venezolana en bloque ganó democráticamente la mayoría en el parlamento, comenzó a desarrollarse una dinámica legislativa caracterizada por anteponer los intereses partidistas de la oposición al chavismo, antes que los del país. Esta orientación ha derivado en un sinnúmero de situaciones que dan cuenta de un trastorno legislativo, siendo una muestra de ello, el hecho de que hasta ahora, es uno de los periodos con menos leyes discutidas y aprobadas.

De tal manera que en el ámbito político, el evento más relevante de este principio de año, como era de esperarse, ha sido la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, por los diputados y diputadas que resultaron electas en diciembre pasado. Es así, como se percibe como extraordinaria la normalización parlamentaria, después de años convulsos, promovidos por la oposición al chavismo en nuestro país, tal como lo acabo de apuntar.

Este cinco de enero, sin mayores sobresaltos se instaló el nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional venezolana, siendo uno de los primeros actos la elección de una nueva directiva, compuesta en su totalidad por diputadas y diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido que formó parte del Gran Polo Patriótico y que sacó la mayoría de los votos en los comicios parlamentarios. La conformación de la nueva directiva es producto de un diálogo entre los distintos sectores que hacen vida dentro del chavismo y un reacomodo de la correlación de fuerzas, donde figuras como Diosdado Cabello, quedan como Jefe de la Fracción parlamentaria del Psuv, después de haber presidido la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que la conformación de las directivas de las comisiones, la composición es más variada y hay designaciones para diputados de la oposición al chavismo.

La primeras acciones legislativas ha ido en dirección a la organización interna, pues se aprobó la modificación del Reglamento de interior y debate, es decir la norma que establece las pautas concretas del trabajo legislativo, y se conformaron las comisiones  permanentes, que en este caso son: Política interior, política exterior, contraloría, defensa y seguridad, participación ciudadana y medios de comunicación .

Asimismo en la Asamblea Nacional se han conformado tres comisiones especiales, que buscan el diálogo, la investigación de delitos contra la República y la defensa del Esequibo. La primera está orientada a establecer canales de diálogo con los distintos sectores del país, en función de establecer acuerdos que permitan la estabilidad política y la reactivación económica; la segunda investigará las actuaciones de la junta directiva de la Asamblea Nacional saliente y propondrá antes los órganos de justicia establecer las responsabilidades según el caso; y la última busca apoyar al ejecutivo en la resolución bilateral para la recuperación de la soberanía en el Esequibo.

Asimismo la directiva de la Asamblea Nacional ha comenzado una serie de encuentros con las representaciones diplomáticas en Venezuela, comenzando con la de la República Popular de China. Estas acciones son claves, pues en la dinámica de cooperación con otras naciones, la participación de la Asamblea Nacional es importante, en cuanto ratifica los acuerdos suscritos por la República, representada por el ejecutivo nacional.

Después de varios años el presidente Maduro presenta su memoria anual ante la Asamblea Nacional, sin mayores contratiempos. La constitución de la República establece que quien sea presidente o presidenta debe rendir cuentas ante el órgano colegiado. De igual manera se ha previsto desarrollar una agenda de encuentros para interpelar a los ministros sobre el campo de su responsabilidad, lo que busca activar la facultad contralora del ente legislativo.

Ahora es necesario examinar la contraparte política, es decir el sector de la oposición que se negó participar en las elecciones y que se encuentra atrincherado ahora, en una nueva ficción política, sin carácter vinculante a lo interno. Recordemos que antes que finalizará el año, la junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, en una sesión fuera de todo escrutinio público, como es costumbre; aprobó un texto que denominaron Estatuto de Transición, donde se estableció que una Comisión delegada, representaría el parlamento y se sostendría la ilusión de la “presidencia interina”, luego de vencido el término de su legislatura, hasta que se den elecciones que sean reconocidas por estos actores políticos. Diputados de oposición, pero del sector que decidió medirse en las parlamentarias, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del acto parlamentario y por lo tanto de su resultado.

Ante esta situación gobiernos como el de los Estados Unidos de América, reconocieron esta nueva ficción, así como sus aliados agrupados en el Grupo de Lima. El tono diferente lo colocó en esta oportunidad la Unión Europea, que pese a desconocer las elecciones parlamentarias, ha comenzado a dirigirse a Guaido, en términos diferentes a los que ya había asumido, al reconocerlo como “Presidente”. En todo caso, frente a la progresiva devaluación interna de este sector político, lo importante es conservar el poco crédito político que tiene y el acceso a recursos financieros propiedad de la República para financiar sus planes antichavistas. Dicho de otro modo, ya les hace falta menos financiamiento internacional, pues los gobiernos como el estadounidense le están dando acceso ilegal a cuentas y recursos de la república.

En un primer balance, podemos afirmar que presenciamos un avance importante de los actores políticos asociados a la revolución bolivariana, en el campo político, no solo al controlar nuevamente el poder legislativo, sino que suman a actores de oposición, aunque estos sean minoritarios y no cuenten con el respaldo público de los gobiernos como el estadounidense y los de la Unión Europea. Coloca en mejores condiciones a los líderes de la revolución bolivariana, para sortear las medidas coercitivas unilaterales y avanzar para la recuperación económica, en una perspectiva donde el capital privado tiene un papel importante.

La latente tensión por el diferendo limítrofe con Guyana.

La Corte Internacional de Justicia a finales del mes pasado se asumió como competente para conocer de la disputa limítrofe entre nuestro país y la República Cooperativa de Guyana, a solicitud de esta última. Ante tal pronunciamiento el ejecutivo nacional, se declaró en contra y ha emprendido un conjunto de acciones que se ha desarrollado en este principio de año.

La primera de ellas, es una carta al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterrez para que abogue por una resolución bilateral, y en consecuencia se desestime el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

De igual manera el ministro Arreaza se ha reunido con el encargado de negocios de la República Cooperativa de Guyana, para manifestar la no aceptación de terceros en la disputa por la soberanía del Esequibo, por lo tanto desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el asunto.

Asimismo uno de los primeros actos unánimes de la recién instalada Asamblea Nacional, ha sido una declaración de rechazo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por último el presidente Maduro anunció la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, que implicaría desarrollar una estructura especial de gobierno, para atender esta zona que tiene límites con las zona en disputa.

La situación del Covid en Venezuela.

En el mes de diciembre, como es necesario recordar; hubo una flexibilización en los hechos total, pues casi todos los sectores económicos operaron sin más restricciones, que el llamado a la estricta observancia de las medidas de bio-seguridad. En el caso de la conectividad aérea interna, como internacional fue limitada, mientras que la terrestre a lo interno, no tuvo restricciones.

El gobierno bolivariano anunció que en este nuevo año, se retomaría el esquema 7 por 7, que implican restricciones una semana, para que en la otra estas disminuyan. Nuevamente nos vamos a los hechos, donde la mayoría de las actividades económicas funcionan, a pesar de la veda prescrita.

En términos de indicadores, el comportamiento se mantiene como en los últimos dos meses pasados, donde el promedio de casos diarios no supera las quinientas personas, así como que la tasa de recuperación se mantiene en promedio en 95 % de los contagiados.  A la fecha, tenemos 119.306 casos diagnósticos positivos, de los cuales 5.583 se encuentran activos (la mayoría atendidos por el Sistema Nacional de Salud Pública y más de la mitad son asintomáticos), mientras que los fallecidos llegan a 1.101 personas.

El gobierno bolivariano ha establecido un convenio con la Federación Rusa y se espera que en el primer trimestre del presente año lleguen cerca de diez millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, por lo cual se da cuenta de los arreglos logísticos para la campaña de vacunación, mientras que se anuncia que se examinan las condiciones para la elaboración del preparado en el país.

Breves:

·         Esta semana un tribunal estadounidense autorizó la venta de acciones de la empresa venezolana Citgo, controlada ilegalmente por la oposición al chavismo, para responder a la decisión de una demanda que favorece a la empresa Cristalex, que demandó a la República en ese país, luego de los procesos de nacionalización que emprendió en Comandante Chávez.

·         En el marco de la normalización de las relaciones entre nuestro país y el Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Maduro recibió las credenciales del nuevo embajador.  

·         En el campo económico, se resalta una devaluación de la moneda venezolana, es decir el bolívar, en casi 60 %, dado que ese ha sido el porcentaje que ha aumentado con respecto al dólar estadounidense en las últimas dos semanas. Este aumento pulveriza aún más los deprimidos salarios de quienes vivimos del salario.

Autor: Jesús A. Rondón

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Algunos diputados tienen instinto de supervivencia…

*Fuente: Politika

El articulo Cuando el barco se hunde, las ratas ya están en los botes… apareció primero en piensaChile.

Más sobre el tema:

Secuestro Agustinas/Santa lucía

Esto pasó HOY 15:08 en Santa Lucía con Agustinas estos agentes intentaron secuestrar a este trabajador . Solo por la intervención ciudadana logró evadir @_PuebloInforma @PiensaPrensa#ExtremaDerechaViolenta @Chileokulto #LeyAntiSaqueos pic.twitter.com/754VLKIRPp

— Funao Yeta (@FunaoYeta) 14 de enero de 2020

Secuestro en el Cerro Huelen (ex Cerro Santa Lucía)

URGENTE!!!
VIDEO| Civiles secuestran a un joven en el cerro Huelen (Cerro Santa Lucía) aproximadamente fueron 5 personas que subieron a la persona a una camioneta Peugeot blanca modelo Partner.
El joven pide ayuda desesperado!!!
….
….#PlazaDeLaDignidad pic.twitter.com/cfWQmoFcKN

— Carlos Muñoz (@cmunoz_tgc) 11 de enero de 2020

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6 de diciembre de 2019

Pretendiendo dar una respuesta al clamor de la ciudadanía por reducir el enorme gasto que demanda actualmente el funcionamiento del desprestigiado Congreso Nacional, el gobierno de Sabastián Piñera anunció ayer, con gran despliegue publicitario, el envío al Congreso de una indicación que busca disminuir el número de parlamentarios de 155 a 120 diputados y de 43 a 40 a senadores, proponiendo además que este cambio entre en vigencia en los comicios del próximo año.

Sin embargo, como suele suceder con las iniciativas de la casta política que nos gobierna, las apariencias engañan. En efecto, el verdadero objetivo de esta iniciativa no es satisfacer la sentida demanda de la ciudadanía por contar con un sistema político que se haga realmente cargo de defender y promover sus derechos, intereses y aspiraciones, y que sea a la vez que austero y diligente en su modo de operar, sino todo lo contrario.

Lo que el gobierno en verdad busca con su propuesta es configurar mediante ese expediente una representación  parlamentaria que refleje en menor medida que el actual el veredicto de las urnas, retrotrayéndonos en alguna medida hacia el tipo de distorsiones que generaba el anterior sistema binominal. De ese modo a los sectores que representan más directamente a los poderes facticos empresariales le resultaría mucho más fácil alcanzar en las votaciones parlamentarias el tercio que necesitan para impedir cualquier cambio legal significativo.

Si de verdad le interesara al gobierno reducir el abultado gasto público que demanda actualmente la existencia del parlamento, a la vez que lograr que la composición del mismo  sea más representativa del sentir ciudadano y también mucho más expedito el trámite legislativo, la solución más conveniente sería, en cambio, eliminar el senado, pasando a contar entonces con un parlamento unicameral como el que hoy ya existe en numerosos países. ¿Por qué no se opta por una solución de este tipo?

La razón de ello es que la verdadera función del Senado en el marco del Estado burgués es la de servir de dique de contención ante aquellos repentinos cambios en el sentir ciudadano que pudiesen implicar un peligro para la estabilidad del sistema de explotación capitalista. Es precisamente por eso que su composición no se renueva en su totalidad al unísono con la de la cámara baja, ya que para cumplir ese rol de contención no debe reflejar el sentir presente de la ciudadanía. Este solo hecho le resta una importante cuota de representatividad, y por tanto de legitimidad, al parlamento que hoy tenemos.

En consecuencia, el órgano del Estado que por su función estaría llamado a constituir la más clara expresión política del sentir ciudadano, es decir el Parlamento, está hoy muy lejos de satisfacer ese objetivo. Y si a ello agregamos los cuórums supramayoritarios que la Constitución de Pinochet establece para aprobar cualquier modificación de la misma, o de cualquiera de las leyes orgánicas constitucionales, lo que tenemos por poder legislativo no es más que una ciénaga en que inevitablemente se empantanan todas las iniciativas que más pudiesen interesar a los sectores populares.

Por lo tanto, lo que corresponde es rechazar y denunciar el verdadero objetivo de la medida propuesta ayer por el gobierno y demandar en cambio la clara, simple y elemental medida que, junto con reducir de manera sustancial el costo de la labor parlamentaria, permitiría contar con un Parlamento que esté más en sintonía con las aspiraciones y demandas de la población y con una capacidad de cumplir su misión de una manera realmente expedita: el paso desde un Parlamento bicameral a uno unicameral mediante la eliminación definitiva del Senado.

Por supuesto, un cambio institucional de esta naturaleza no lo podremos lograr en el marco del actual sistema político-institucional, ni tampoco de una Constituyente a la que la clase política de hoy le haya rayado la cancha imponiéndole los cuórums de la actual Constittución, como ocurre con el acuerdo cocinado el 15 de noviembre último, sino que deberá ser una de las banderas que empuñe el combate por abrir paso a una Asamblea Constituyente realmente soberana, como clara expresión de la reivindicación de una democracia real, sin cortapisas, componente central de la lucha por los derechos, intereses y aspiraciones del pueblo trabajador.

El articulo Por un parlamento unicameral: más representativo, más barato y más ágil apareció primero en piensaChile.

¿Por qué es necesario rechazar este acuerdo?

¿Es posible formular un camino que lo recoja y vaya más allá de él?

1. Es necesario rechazar este acuerdo, en primer lugar, porque ha surgido de una instancia completamente informal constituida a espaldas de todo canal de representatividad democrática. No es un acuerdo del Parlamento, como institución. No está firmado por todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Tampoco es un acuerdo formal entre un grupo de partidos políticos. Incluso algunos de sus firmantes han sido cuestionados por los propios movimientos políticos que se supone representan. Lo que ha ocurrido es que un simple grupo de parlamentarios, a título particular, se han arrogado la representatividad de sectores enteros de la sociedad, sin la menor consulta. Podemos asumir que algunos representarían a los empresarios, al poder económico, que otros representarían a los sectores medios o a la opinión de los chilenos moderados, incluso que habría entre ellos alguno que representaría a los sectores de izquierda o centro izquierda. Sin embargo, todo esto es simplemente un conjunto de supuestos: ni los empresarios, ni los sectores moderados, ni siquiera los militantes de los propios partidos involucrados, han sido consultados.

2. Es necesario rechazar este acuerdo, en segundo lugar, porque un grupo de parlamentarios, porque sí y ante sí, dicen representar los deseos de la ciudadanía sin consultarla en absoluto. No se ha considerado en ningún acápite la necesidad de contar con el acuerdo de las organizaciones sociales: las confederaciones y sindicatos de trabajadores, los colegios profesionales, las asociaciones de empresarios grandes y pequeños, las organizaciones de pobladores, las organizaciones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes. No solo no se las ha integrado a este acuerdo, ni siquiera se ha considerado consultarlas, ¡ni siquiera se las menciona! En una revuelta generalizada, en que en cada calle y cada esquina se grita en todos los tonos por la dignidad, por el reconocimiento, por las múltiples humillaciones sufridas a lo largo de treinta años, este gesto de omisión no es sino una bofetada contra el movimiento social. Un atropello más, perpetrado desde una de las instituciones más desprestigiadas del país.

3. En tercer lugar, este acuerdo debe ser rechazado porque, según el relato emocionado de sus propios firmantes, contiene imposiciones dictadas en las últimas horas de la negociación por los representantes del partido UDI, que en la última elección parlamentaria obtuvo solo 970.000 votos lo que, en un universo de 14 millones de ciudadanos, representa solo al 7% de los verdaderos incumbentes: los representantes del 7% de los chilenos han logrado imponer sus condiciones al otro 93% solo porque nuestros “representantes” han optado, de manera insolente, por acatar las condiciones de un sector ideológico abiertamente minoritario.

4. Es necesario rechazarlo porque el resultado de esa imposición es una regla que exige un quórum de 2/3 de la Asamblea Constituyente para cualquier acuerdo, lo que reproduce los odiosos quórums calificados establecidos por la misma Constitución que se declara querer superar. Una condición que, considerando que la redacción de la nueva Carta Fundamental partirá desde “una hoja en blanco” conducirá a una Constitución plana, que no se pronuncia a favor ni en contra de ningún contenido fundamental. Se nos dice, incluso desde prestigiosos profesores universitarios progresistas, que eso se resolverá más adelante, en la discusión parlamentaria, simplemente como materia de ley, sin reparar en un salto lógico elemental: la derecha podrá impedir los acuerdos que no favorezcan sus intereses exigiendo 2/3 de los constituyentes, pero luego podrá imponer esos mismos intereses recurriendo solo a la mitad del parlamento.

5. Hay que rechazarlo porque establece una misteriosa “comisión técnica”, designada por los partidos políticos (no por el Parlamento), de manera paritaria “entre la oposición y el oficialismo”, que establecerá todo lo indispensable para materializar el acuerdo. ¿Qué se entiende acá por “oposición”? ¿a la Democracia Cristiana, que ha apoyado múltiples proyectos votando junto al gobierno’ ¿al Partido Comunista, que no ha firmado este acuerdo’ ¿a Evópolis que ha votado con cierta frecuencia en contra del gobierno? ¿Y qué se entienda por “oficialismo”? ¿Por qué los actores son ahora los partidos políticos, otra de las instituciones más desprestigiadas del país, y no una instancia que sea percibida con una mayor representatividad por la ciudadanía? ¿Quiénes, qué instancia y en qué forma, aprobarán las condiciones que defina esa “comisión técnica” que este pacto se compromete desde ya a acatar?

6. Es necesario rechazar este acuerdo porque dictamina que la elección de delegados constituyentes se hará con el mismo sistema pobremente democrático con que son actualmente elegidos los diputados , lo que obviamente conducirá a que la eventual Asamblea Constituyente no sea sino una réplica, en su composición y carácter, del parlamento actual. Un sistema electoral que favorece completamente a los partidos políticos grandes, en que es prácticamente imposible que sean elegidos candidatos independientes, que obliga, por meras razones de cálculo electoral, a formar coaliciones artificiales de partidos que luego no logran ponerse de acuerdo en el Parlamento.

¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo aprovechar lo que han acordado de manera ilegítima y convertirlo en algo que pueda ser reconocido y aceptado por una ciudadanía ampliamente indignada, cansada justamente de este tipo de manipulaciones?

1. En primer lugar, es necesario un diálogo entre Unidad Social, que congrega a la mayor parte de las organizaciones sociales importantes del país, y el Parlamento, institución que deberá aprobar la ley que convoque a la redacción de una nueva Constitución. Un diálogo en que los diversos sectores de la ciudadanía se sientan representados, o porque están presentes los parlamentarios que han elegido, o porque, aun desconfiando del Parlamento, están presentes los dirigentes intermedios que se han dado a sí mismos. Un diálogo que comience por aceptar la necesidad de un plebiscito de entrada, sobre el cambio de Constitución y sobre el mecanismo, considerando las dos alternativas que han sido planteadas, con los nombres que les corresponden.

2. En segundo lugar, es necesario que ese diálogo conduzca a una serie de condiciones que permitan generar una Constitución gestada y aprobada de manera realmente democrática, para que cuente con la más amplia legitimidad, para que no sea percibida como otro arreglo cupular de la clase política por sobre la ciudadanía. Para que no tengamos que pasar, en diez o veinte años más, por un nuevo estallido social que obligue a la clase política a escuchar lo que durante estos últimos treinta años no ha querido escuchar.

3. Las condiciones mínimas que se pueden plantear, que pueden recoger a la vez la preocupación de la ciudadanía por no volver a ser engañada y el miedo de los sectores de derecha ante las “mayorías circunstanciales” son las siguientes:

a. Que la elección de los constituyentes se haga con una ley electoral especial, que considere un sistema proporcional simple, y sobre la base de los distritos municipales, que son los más cercanos a la ciudadanía.

b. Que se acepte la regla del quórum de 2/3 de los constituyentes para alcanzar los acuerdos con la condición de que las materias relevantes sobre las que ninguna de las posiciones obtenga tal quórum, sean llevadas a plebiscito. En una Constituyente pensada para funcionar a lo largo de un año, esto requeriría la introducción de un plebiscito vinculante intermedio, después de nueve meses de funcionamiento, para que se lleven a consulta ante toda la ciudadanía cada uno de los artículos constitucionales sobre los que no se ha alcanzado acuerdo. En los tres meses siguientes, la Constituyente, acatando ese carácter vinculante, redactaría un texto que contenga las posiciones más votadas por los ciudadanos, y sometería ese texto a un plebiscito final ratificatorio. Tres plebiscitos: uno de entrada, sobre el mecanismo; otro intermedio, vinculante, sobre los artículos en controversia; uno final, ratificatorio.

c. El acuerdo entre Unidad Social y el Parlamento debe incluir, justamente buscando la confianza y adhesión ciudadana, una agenda social mínima, urgente, que se implemente a lo largo del funcionamiento de la Convención o Asamblea Constituyente, y un claro y contundente pronunciamiento sobre las violaciones de los Derechos Humanos que han ocurrido a lo largo de estas semanas de protesta.

d. El acuerdo debe incluir una cláusula que permita a la Convención o Asamblea Constituyente derogar cualquier acto de Estado que implique endeudamiento externo o acuerdos internacionales vinculantes dictados en un plazo de dos años antes de su establecimiento y hasta que la nueva Constitución entre en vigor. Esta precaución básica está destinada a que los gobiernos vigentes durante el período de redacción de la nueva Constitución no introduzcan leyes, deudas en la banca internacional, o acuerdos internacionales que operen como las muy conocidas “leyes de amarre” promulgadas en el último año de la dictadura, o que establezcan obligaciones del Estado chileno ante poderes supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la banca trasnacional, o la Organización Mundial de Comercio, obligaciones que actúen luego como una camisa de fuerza por sobre lo que la nueva Constitución pueda establecer.

El acuerdo adoptado por un grupo de parlamentarios de manera irregular, extra institucional, bajo imposiciones antojadizas e inaceptables contiene, sin embargo, logros que muestran el impresionante impacto que el estallido de Chile y la ira ciudadana expresada en las calles ha producido sobre la ya muy desprestigiada clase política de este país.

Rechacemos ese acuerdo y negociemos otro que lo supere, tanto en legitimidad como en su carácter democrático. Solo una legitimidad anclada profundamente en la ciudadanía, solo un carácter democrático, que confíe en el buen criterio del conjunto del pueblo chileno, puede hacernos avanzar hacia la paz. Hacia esa paz que hemos remecido con la expresión de nuestra justa indignación. Esa paz que no hemos tenido a lo largo de los últimos cuarenta y cinco años, debido a la implantación de un sistema económico y social injusto, humillante y que es hoy simplemente insostenible.

El articulo ¿Por qué rechazar el acuerdo “parlamentario»? ¿Cómo avanzar más allá? apareció primero en piensaChile.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional declara:

Los sucesos de Osorno, en donde la población de esa ciudad se vio privada del agua durante varias semanas, al igual de lo ocurrido, después, en Puerto Octay, Chiguayante, Quemchi y otras localidades, —además de las sombrías predicciones acerca de la situación del país en este aspecto—, nos ha hecho cavilar profundamente acerca de si, en las actuales circunstancias, es o no oportuno para el Gobierno realizar en Chile la llamada Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25 (‘Conference Of Parts’). Contribuye a ello, la dictación del decreto que, por falta de agua, declara zona de emergencia climática a casi la totalidad de las regiones del centro del país, incluida la Metropolitana, y las dramáticas denuncias sobre lo que sucede en la región de O’Higgins en cuya localidad de Chanqueahue —también afectada por la escasez hídrica—, la empresa ‘The Coca-Cola Company’ adquirió los derechos de agua. Sin embargo, no es lo único que ha sucedido: en Zúñiga, sector de San Vicente de Tagua-Tagua, se están vaciando los humedales; en Las Cabras, localidad del Valle de Quilicura, se arrasó con una enorme cantidad de hectáreas de bosque nativo y en Mostazal, se ha contaminado y secado el estero Los Troncos y la cuenca de Pilay.

Chile es la única nación del planeta en donde el consumo del agua se encuentra entregado a manos privadas, situación que nos irrita y avergüenza en extremo. El agua es el elemento central de la vida. Su apropiación en manos privadas implica una flagrante violación a los derechos fundamentales no sólo del ser humano sino de todos los seres vivos y, en consecuencia, una trasgresión a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resulta inexplicable que nuestro Parlamento hasta el día de hoy haya sido incapaz de resolver un problema fundamental como lo es la devolución de la propiedad de ese elemento esencial al Estado chileno en su calidad de representante legal de la comunidad nacional. Y resulta más inexplicable que, perseverando en esa dirección, el actual Gobierno haya insistido en realizar en Chile la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático a sabiendas que no podrá explicar a sus ilustres visitantes la explotación del líquido elemento por parte de propietarios particulares; menos, aún, que gran parte de su población viva en emergencia climática por la utilización desmedida de sus recursos naturales. Los antecedentes al respecto son escandalosos.

No hay que olvidar que la explotación sistemática de las napas subterráneas que alimentan el cauce del río Loa, por parte de la empresa estatal CODELCO, fue la causa del despoblamiento de una localidad donde vivía una población aymará de cuatro mil familias hasta dejarla reducida a menos de cuatrocientas personas. Ni que, hace algunas semanas, se haya trasladado grandes cantidades de ganado desde Atacama a Ñuble para evitar que esos animales mueran de sed en provincias asoladas por la explotación de las minas y del cultivo de árboles frutales con enorme capacidad de absorción, factores determinantes, en definitiva, del consumo indiscriminado de agua. Tampoco, que la población de Petorca haya emplazado a su alcaldía o que la empresa privada ESSBIO haya sido acusada de verter aguas servidas al río Biobio y pagar sobornos por el silencio.

Insistimos nosotros que no basta regular a través de la ley el uso de este líquido elemento ni, tampoco, establecer mayores controles a su consumo como parecen creerlo algunas autoridades; no basta igualmente con introducir reformas al Código de Aguas como suponen otras. Estimamos nosotros que ha llegado el momento de resolver, de una vez por todas, el inmediato traspaso de la propiedad del agua a manos del Estado chileno para enfrentar con éxito la COP25 que se avecina. Una medida semejante nos reivindica ante la comunidad internacional que mira atónita a este país del sur en donde lo único que falta para completar el imperio de los negocios es la venta del aire que respiran sus connacionales y la venta o arrendamiento de este último al capital foráneo.

Llamamos, en consecuencia, al Parlamento a adoptar las medidas necesarias tendientes a recuperar para el Estado de Chile el dominio, la propiedad y, en consecuencia, el control absoluto del uso y empleo del agua para la comunidad nacional y la imposibilidad de otorgar concesiones a particulares que impliquen, en el fondo, el traspaso de la propiedad de ese elemento a manos privadas y hacemos nuestro el llamado que, sobre el particular ha formulado el Frente Amplio en estos últimos días.

Por el COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES CODEHS

Raúl Elgueta González                                                                             Manuel Acuña Asenjo

Presidente                                                                                              Secretario General

Santiago, octubre de 2019

El articulo Declaración Pública: Nacionalización del Agua apareció primero en piensaChile.

Están presentes los amigos y cercanos de los que fueron tratados como ratas en esos abominables tiempos de la dictadura.

Algo ha cambiado y ese espacio no es regalado. Lo merecen los que por años han sido traicionados y postergados, a los que les han contado mentiras tras mentiras, y finalmente ver pasar a Chile entre migajas y sobrantes.

Alguna vez se pensó que en un gesto digno y valiente que pusiera orgullosa a la república, los parlamentarios iban a renunciar en masa a sus cargos pidiendo que el pueblo eligiera democráticamente a sus voceros/representantes que estaban en el parlamento. Nada, absolutamente nada, ni un pequeño gesto de rebeldía digno. Durante años y elecciones tras elecciones se fueron repartiendo distritos, uno tú y uno yo, no se hacían primarias, la dirección del partido proponía y el empresariado daba su signo de aceptación. Así casi todos fueron haciendo campañas con recursos provenientes de las mismas empresas que se coluden, los que controlan el crédito, los que aumentan sus capitales con los dineros de todos los chilenos en las secretas cajas de las AFP.

El Frente Amplio ya se quedó como una propuesta seria y concreta. No llegó con la receta del agua caliente. Hay grandes objetivos que sin duda pueden ser consumados y que ayudarán a construir un nuevo Chile, de eso se trata, los que siempre se han necesitado como si se tratara de la eterna urgencia/deuda histórica a consumar. Pero no todos en el FA piensan de la misma forma. Sabemos que no es partido único con un comité central nacido de un consejo de ancianos.

La voluntad de cambio, las urgencias sociales y económicas  por intentar alterar lo aterrador del neoliberalismo con su secuela de pobreza y desigualdad, hicieron que muchos se juntarán para colocar sus apuros y por ellos trabajar para ser escuchados. Los grandes asuntos que se tratan actualmente en las instancias de poder y control, son las que han nacido desde la calle, la educación de calidad y gratuita, el injusto sistema de pensiones, la pobreza del sistema de salud que hace más y más ricos al sistema privado y sus Isapres.

Chile no soporta más maquillaje y tanto gatopardismo. El largo listado de traiciones superó todas las expectativas que en algún momento se hubiera podido pensar. De nada sirvió a Revolución Democrática haber entrado al gobierno de la Nueva Mayoría, sencillamente porque en educación no pasó nada, ninguna respuesta seria a los miles que pidieron cambios. Universidades cerrándose, otras lucrando con el derecho a la educación, la peor puñalada como lo fue el CAE, idea nacida de los accionistas socialistas/pepedeistas de SQM.

“Sin educación podremos tener más plata, pero seguiremos siendo un país de brutos”
José Maza. Premio Nacional de Ciencias.

La alternativa popular y las corrientes antiimperialistas han demostrado que se puede avanzar bajo un camino distinto al capitalismo y su corte neoliberal, que es posible una alternativa seria para demostrar que se puede dar inicio a un modelo de desarrollo y crecimiento muy distante de las leyes del mercado actual. De aquel tiempo en que se daban pasos para potenciar un área social no han pasado siglos… eso pasó ayer.

La izquierda en Frente Amplio no nace para quitare votos a la izquierda, el FA se levanta para volver a enamorar a los chilenos pobres y sencillos. Allí radica la credibilidad de las banderas de la izquierda, de los millones que viven en las poblaciones pobres, en la marginalidad, allí donde está la mano de obra barata que requiere el sistema para sostener al 1% más rico. Allí hay que ir a trabajar para sumar voluntades y vencer.

“Una familia de cuatro personas con un ingreso de $ 400.000 a $ 500.000, demuestra que la pobreza en Chile llega al 20.6 % llegando a 3.610.622. Con el nuevo salario mínimo de $ 270.000 brutos, el valor por hora aumentó en $ 31 por hora”
Fundación SOL.

Es allí, en el Distrito 10 es donde hay que ir a compartir y hacer nacer las propuestas justas y necesarias. Se debe construir de forma diferente desde todos los sectores que quieran realmente aportar al Nuevo Chile. El capitalismo siempre será un enemigo al que hay que vencer, sencillamente porque privilegia los sectores de clase más pequeños, genera infelicidad y están allí para resistir a otorgar derechos a los ciudadanos. La miseria no es un detalle, es la vida a la que se condena a compatriotas que no merecen estar en ese lugar porque eso lo determina el empresariado y la clase dominante.

Muchas y sobradas razones existen para ir a batallar al parlamento con sobradas razones. Es de público conocimiento que es uno de los tres poderes del Estado más corrupto, más ilegitimo y más ególatra, el más desprestigiado, donde años tras año se van pactando las cuotas de poder y la construcción de leyes que favorecen a quien más dinero reparte.

MAYOL tiene mucha razón para ganar su espacio y ser diputado.

Desde allí seguir reafirmando que el derrumbe del modelo si fue posible al existir abundante evidencia concreta de como la especulación se apoderó del hombre y su vida, lo encadenó a la deuda, le vendió y le privatizó sus sueños.

Que nadie se llame a engaño. En el FA hay visiones distintas de proyectos y de actores, pero también se juntan cuando se piensa en el Chile y los millones de esperanzados. En el tren al sur para hacer nacer nuevos pueblos y darle a la patria un sueldo digno, distante de las migajas a las que acostumbran los que la roban y asaltan todos los días.

MAYOL diputado….es un buen asunto para la izquierda y notable tarea para los que se resisten a estar siempre en el rincón de los vencidos.     

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INFORME POLITICO

LA SITUACIÓN INTERNACIONAL

Comencemos este informe reiterando nuestra afirmación formulada en ocasiones anteriores: el modo de producción capitalista MPK impera sin contrapesos a lo largo y ancho del planeta con las salvedades de rigor  establecidas para cada uno de los centros mundiales que se han organizado luego del derrumbe de la URSS y que hoy disputan entre sí la hegemonía planetaria.

En cada uno de esos centros mundiales las clases y fracciones de clase dominantes han organizado un Bloque en el Poder que hegemoniza una de las tres grandes fracciones en que se divide la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (a saber, industria, comercio y banca), más o menos en la forma que se expone a continuación:

1) El Bloque en el Poder dentro del conjunto que integra USA, Europa y Japón se encuentra hegemonizado por la banca que actúa en estrecha alianza con el comercio;

2) El Bloque en el Poder de Rusia e India, es hegemonizado, igualmente por la banca que actúa, a diferencia del anterior, en estrecha alianza con la industria, relegando a un tercer lugar al comercio; y,

3) El Bloque en el Poder en China, hegemonizado por la burocracia estatal, en donde pueden distinguirse los sectores de la banca (que es estatal) y de la industria (también estatal), que actúan en estrecha alianza con el sector privado industrial.

Podemos, pues, concluir que el Bloque en el Poder a nivel planetario se encuentra claramente hegemonizado por la banca que, en ciertos casos, se presenta ligada a la fracción industrial del capital y, en otros, a su fracción comercial.

Esta estructura planetaria se reproduce a nivel regional en donde también vemos que la fracción hegemónica del capital se encuentra, indiscutiblemente, en manos de la banca con las diferentes variables que implica la alianza: a veces, en estrecha alianza con el capital industrial; a veces, con el capital comercial.

LA SITUACION REGIONAL

Por consiguiente, no debe sorprender que ese modelo se reproduzca en Latinoamérica donde coexisten sistemas que mantienen rasgos bastante particulares, como los que exhiben Venezuela y Cuba, países cuyas estructuras de Bloque en el Poder es posible compararlas con la que existe en China. En Latinoamérica se da una exquisita variedad de modelos que, sin apartarse de los parámetros comunes a toda la región, da cuenta de las diferencias que se producen a pesar de la proximidad continental. Están, también, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, países en los cuales la forma de composición del Bloque en el Poder parece propia de Rusia o de la India, y finalmente Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Costa Rica que intentan aplicar la forma de acumular del neoliberalismo lo más pura posible, abriéndose a todas las exigencias del capital. Bajo los nuevos gobiernos de Macri y Temer, Argentina y Brasil comienzan, respectivamente, a transitar por la vía de establecer un Bloque en el Poder en donde la banca considere como aliados principales a los sectores industriales, con las dificultades propias de las crisis que experimentan: Brasil, más que Argentina, es la zona a la cual han trasladado sus fábricas los capitales industriales europeos.

El caso de México merece una consideración especial pues dicha formación social, en atención a la estrecha ligazón que la une a Estados Unidos, funciona como parte de ‘Norteamérica’ junto a ese país y a Canadá.

No vamos a insistir en el hecho que un modo de producción MP actúa de la misma manera que un ‘modelo’ o forma de acumular. Ambos reproducen formas de comportarse y de actuar: las crisis políticas y culturales no constituyen una casualidad sino la consecuencia de un modelo que, luego de aplicarse, evidencia graves desajustes. Sin embargo, al igual que el MPK, los modelos o formas de acumular no desaparecen sino hasta que otro lo reemplaza. Pueden ser corregidos, enmendados, o reformados, pero jamás abolidos si no existe aquel que ha de relevarlo. Nuestro convencimiento es que el modelo de economía social de mercado no resuelve hoy los graves desajustes que experimenta el SKM por lo que requiere ser abolido y reemplazado por otro; pero, como ya lo expresáramos más atrás, eso no ocurrirá mientras no exista otro que lo reemplace. De manera que probablemente el modelo continuará vigente durante un largo tiempo; pero durante ese período ha de comenzar a experimentar drásticos cambios que, incluso, pueden hacer variar su naturaleza.

Si hay algo que identifica al imperio sin contrapeso del MPK en la generalidad de las formaciones sociales planetarias es la crisis política (corrupción) que afecta a las representaciones políticas como forma que adopta la reproducción de la avaricia de las empresas. No parece necesario insistir en las causas de este fenómeno, siempre presente en el MPK, aunque intensificado bajo la forma de acumular denominada ‘economía social de mercado’.

LA SITUACION NACIONAL

El Bloque en el Poder planetario se reproduce en la estructura que adopta el Bloque en el Poder regional y éste, en el local o nacional; por regla general. La hegemonía debe ser la misma, o, al menos, similar. En Chile la hegemonía en la conducción de ese Bloque la tiene la banca en estrecha alianza con la fracción comercial de la clase de los compradores de fuerza de trabajo. Este reordenamiento se produjo durante la dictadura consolidándose bajo los gobiernos post dictatoriales, como consecuencia de la aplicación literal de la nueva forma de acumular. Por razones de ‘economía’ (y rigurosa aplicación de la ‘teoría del juego’) se formaron dos grandes alianzas políticas que comenzaron a autodenominarse, con evidente regocijo de los medios de comunicación que buscan la existencia de dicotomías para simplificar su mensaje, ‘izquierda’ y ‘derecha’. Chile se asimiló, así, a Europa y Estados Unidos, regiones en donde la contienda política se resuelve en el juego alterno de dos grandes conglomerados que se atribuyen el carácter de ‘izquierda’ y ‘derecha’. Ese es el campo en donde se libra la lucha política.

En ese campo, los partidos que decían representar los intereses de las clases y fracciones de clase dominadas fueron asumiendo crecientemente el interés de las clases y fracciones de clase dominantes; la generalidad de su militancia se vio envuelta en escándalos, apropiaciones ilícitas, estafas, tráfico de influencias y otras figuras delictivas que ha sido bastante difícil de configurar en los pocos casos que tales desbordes han sido llevados ante los tribunales. Y si se pretendiera ejercer justicia sobre tales conductas, los casos son tantos que, al simple observador no le quedaría sino preguntar, como Lot al Altísimo:

“Señor, y si hubiese sólo un justo en Sodoma, ¿la perdonarías?”

Este fenómeno no afecta sólo a los sectores políticos de ‘izquierda’; por el contrario, se da mayoritariamente en los de ‘derecha’. Sin embargo, resulta doloroso para quienes han creído en la honestidad de los ‘defensores’ de las clases y fracciones de clase dominadas verlos involucrados en tales desvergüenzas como es natural que lo hagan los sectores dominantes como parte de su forma de vida.

Un hecho interesante en este comportamiento cuasi delictual de la representación política de las clases y fracciones de clase (dominantes y dominadas) es la nula importancia que han dado a los principios morales o éticos, al extremo de no considerarlos en absoluto en el debate ocasionado con ocasión de tales prácticas. No existe principio moral o ético alguno que se respete. Hablar de moral o de ética es hablar de algo que pudo existir en un pasado tan remoto que ya nadie recuerda. Puesto que la corrupción no es un delito (es decir, no ha sido configurada como tal por ley alguna) poco o nada importa ser corrupto; por tanto, a pocos les preocupa que se cometan actos de corrupción. Sólo son considerados aquellos que pueden ser llevados a los tribunales de justicia bajo la acusación de haberse cometido un presunto delito.

Chile salió de una dictadura hace muy poco. Los eslóganes que repiten las organizaciones de Derechos Humanos acerca de un ‘Nunca más’ parecen haber sido escritos sobre el agua. La impunidad sigue vigente; numerosos agentes de la DINA y CNI siguen libres. De los casi 1500 desaparecidos sólo han sido encontrados poco menos de 200. Y la crueldad sigue viva en el alma de las clases dominantes, con la tolerancia de los medios de comunicación y de las autoridades. ¿Necesitamos recordar aquí el espantoso crimen del hijo del presidente de RN Carlos Larraín cuando atropelló y dejó desangrarse a un pobre campesino sobre una cerca de alambre de púas?[1]

El Parlamento no sólo ha mostrado el lado corrupto de muchos de sus integrantes: también ha evidenciado su poca o nula voluntad de resolver los problemas de las grandes mayorías. Un ejemplo basta para demostrar esta afirmación: las Superintendencias, reorganizadas bajo la dictadura, están impedidas de aplicar sanciones que no sean multas a los organismos que están bajo su supervigilancia. Algunas de ellas (como la de Bancos) son pagadas por las mismas instituciones que supervigilan. No existe intento alguno por parte de los legisladores de corregir esos vicios y dotar de facultades suficientes a esos institutos. Por el contrario: es el descaro de los parlamentarios lo que impera, la mayoría de ellos pícaros o truhanes. A propósito de la ley que permitirá la elección de los intendentes, Jorge Navarrete nos cuenta un hecho insólito ocurrido recientemente y protagonizado por un grupo de representantes de la Cámara de Diputados. Escuchémosle:

“Después de que inexplicablemente el Gobierno les había concedido la posibilidad de que pudieran postular a estas elecciones de representación popular —manteniendo los cargos que tienen en el Congreso—, cuestión que  afortunadamente fue rechazada en el Senado, ahora se les ocurrió negociar una ‘excepción constitucional’, por esta vez y sólo para la próxima elección, que les permita exclusivamente a ellos gozar de este sorprendente privilegio. Pero atentos a lo siguiente: ¡incluso volviendo a ejercer sus cargos de parlamentarios si es que fueran derrotados en la elección de intendentes! […] Estamos ante un severo problema cuando el principal enemigo de la política son algunos de sus más conspicuos protagonistas”[2].

Chile es un país en donde impera la ley del más fuerte; existen vecinos que se han tomado calles y parques infantiles sin que las Municipalidades u otro organismo público puedan recuperarlas para la comunidad, guerras entre pescadores porque nadie resuelve sus problemas de extracción de mariscos, en fin.

Las instituciones estatales tampoco funcionan; tampoco las promesas presidenciales ni de los ministros ni de los parlamentarios. Chile es un país que se caracteriza porque nadie cumple su palabra. Es grave la situación de la Presidenta quien, tras el escándalo en que se ha visto involucrada (caso Caval), ha dejado de funcionar como debe hacerlo todo Primer Mandatario. Las pocas veces que se la ve es porque asiste a simposiums internacionales, a inaugurar obras, a conversar con los niños en las escuelas o a reclamar que todos los que critican al Gobierno son ‘machistas’ empedernidos y que no la respetan porque es mujer. Este ‘vacío de poder’ es peligroso. La política es un campo en donde la inactividad de uno es suplida por la actividad del adversario. La torpe interpelación de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA a través de un inserto en ‘El Mercurio’ y ‘La Tercera’ en donde urgen al Gobierno hacer respetar la Constitución en la región de Gualmapu (Araucanía) es un ejemplo de lo que puede resultar de la inactividad del Ejecutivo; del mismo modo, la respuesta (insolente, por cierto) del flamante nuevo presidente de las AFP Andrés Santa Cruz defendiendo el sistema de pensiones heredado de la dictadura, y las declaraciones del presidente del gremio de los transportistas de carga Sergio Pérez coincidiendo con las declaraciones de la SOFOFA. No es menos extraño el atentado en contra del presidente de la Corporación del Cobre CODELCO  Óscar Landarretche, cometido el día 13 del presente. Este clima enrarecido puede transformarse en un clima de subversión.

EL PANORAMA ELECTORAL

En estas condiciones, lo único que parece interesar, en el plano de la escena política nacional, son las próximas elecciones de 2017, paradojalmente, el único campo que poco o nada interesa a la comunidad nacional cuya abstención en las últimas elecciones municipales batió el record amenazando las futuras presidenciales y parlamentarias, hecho que, por lo demás, es necesario tener presente.

Hasta el momento, es posible que en ese campo eleccionario se presenten tres alternativas que serían:

1. La de Nueva Mayoría o Concertación;
2. La de Chile Vamos; y
3. La del Frente Amplio.

Examinemos brevemente lo que podría ocurrir en esas alternativas.

La primera alternativa se encuentra dominada por las estadísticas que señalan como la mejor opción al senador independiente ligado al PR Alejandro Guillier. No se le ve futuro a la campaña de Ricardo Lagos; mucho menos a la de José Miguel Insulza. Sin embargo, en el sector de la Nueva Mayoría (ex Concertación) existen buenos manipuladores de opinión y grandes intereses que defender. No sería raro que Ricardo Lagos, un hombre a quien el empresariado adora, fuese elegido como candidato de los tres partidos más importantes que son el PPD, el PS y la DC en virtud de ‘movidas’ al interior de esas colectividades; de hecho, el sábado 14 del presente fue proclamado oficialmente por el partido que fundara, el partido Por la Democracia PPD. Si así ocurriera, la opción de Guillier se desvanecería como por encanto, pues no cuenta con el apoyo de los movimientos sociales aglutinados más bien en torno al Frente Amplio que aún no elige su candidato. El problema del Frente Amplio es que debe atraer a todos esos potenciales votantes que, en la elección municipal, se abstuvieron; y aquellos no son pocos. En esa situación, la competencia se le hará difícil pues los partidos organizados en torno a la Nueva Mayoría (‘izquierda’) y Chile Vamos (‘derecha’) ya han mostrado su potencial. La esperanza para el Frente Amplio es, repetimos, la colaboración de los que se abstienen.

Alejandro Guillier se encuentra atado al PRSD y a una serie de personajes que buscan nuclearse en torno suyo pero con discutible pasado: uno de ellos es Patricio Tombolini; otro, Aurora Williams, actual ministra de Minería. Incluso, personajes que han renegado de la ‘izquierda’ como Pepe Auth, figuran entre los adherentes a su candidatura; también diputados con negro pasado mapucista como Rodrigo González, ex intendente de Valparaíso o Tucapel Jiménez que, junto con Juan Pablo Letelier, Isabel Allende y otros, está siendo demandado por un grupo de abogados que exigen den cuenta de los dineros que llegaron de Europa para ser entregados a las víctimas de la dictadura. El refrán que dice ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’ puede pasarle la cuenta al candidato, como asimismo sus declaraciones en torno a buscar acuerdos con la representación natural de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (‘Chile Vamos’). Si Guillier ha aceptado esos requiebros amorosos con ‘lastres políticos’ en tanto asegura su posición dentro del pacto ‘Nueva Mayoría’ y está dispuesto a librarse de ellos una vez se consolide aquella, bien; igualmente si las declaraciones de llegar a acuerdos con la ‘derecha’ han sido hechas sólo por cortesía. Si ello no es así, las cosas se complicarán de sobremanera para el candidato.

Hay un hecho, sin embargo, que puede empañar esa candidatura: Guillier no tiene, aparentemente, una lista de parlamentarios que lo va a acompañar. Si no la tiene (aparentemente) es porque verdaderamente no la tiene; también, porque la tiene y aquella no ha hecho pública su existencia. Si así ha sucedido, eso significa que alguien la confeccionó; ese alguien puede ser alguno o algunos de sus asesores o el propio PRSD. Se sabe que ya el PS trabaja afanosamente en confeccionar la suya, así como el PPD y la DC e, incluso, el Frente Amplio. La pregunta es: ¿cómo podría cumplir Alejandro Guillier con su programa si no cuenta con un Parlamento proclive a su gestión? Lo primero que hizo Michelle Bachelet una vez que aceptó ser la candidata de Nueva Mayoría en 2013 fue confeccionar esa lista con un slogan que decía ‘Un Parlamento para Michelle’, obteniendo más del 50% de los escaños que necesitaba para realizar las reformas, oportunidad que desperdició.

En torno a la candidatura de Sebastián Piñera, en representación del conglomerado Chile Vamos, hay posibilidades ciertas tanto que decline como que acepte ser candidato de esa coalición. Las dudas se dan en torno a los negocios hechos por una de sus empresas en Perú en tanto se debatía en la Corte Internacional de La Haya el diferendo marítimo con ese país en donde Chile perdió una parte considerable de su mar territorial. Informaciones procedentes de Perú señalan que, con posterioridad a ese hecho y luego de haberse asignado a Perú el mar territorial que Chile explotaba como suyo, la pesca de atún por parte de las empresas pesqueras peruanas se ha elevado ostensiblemente y se espera que en breve suba de 20 mil toneladas anuales a 36 mil. Según el ministro peruano de la Producción Bruno Giuffra:

«Ahora estamos aprovechando un mar donde antes no teníamos la oportunidad de pescar. Se debe reconocer el trabajo diplomático hecho y ahora tenemos los frutos con el esfuerzo del sector privado»[3].

La acción de Piñera ¿fue, desde el punto de vista ético/moral —ya que no es posible calificarla de ese modo desde el punto de vista penal—, una acción equiparable al delito de ‘traición a la Patria’ que sólo cometen los uniformados, de acuerdo con el Código de Justicia Militar? Este escenario se vería profundamente alterado si Piñera decide no participar en las elecciones porque las encuestas no dan como un candidato competitivo a Manuel José Ossandón.

Y en torno al Frente Amplio, hay aún mucho paño que cortar. No existe aún decisión de ese conglomerado acerca de numerosos temas y también se echan de menos debates relativos a las personas que podrían desempeñar determinadas funciones, entre ellas, la del propio candidato a la Presidencia de la República. Algunos movimientos sociales se han ido integrando a este referente y comienzan a figurar  nombres como los de la periodista Beatríz Sánchez, Gustavo Ruz, Cristián Cuevas (galardonado con el premio ‘Clotario Blest’ por el CODEHS), Luis Messina (de la organización ‘No + AFP’), Carlos Ruiz, en fin. A este grupo han adherido varias organizaciones políticas pequeñas entre ellas Poder Ciudadano, un grupo de Izquierda Ciudadana, el partido Humanista, en fin.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SINDICALES

Tal vez el nulo resultado de las huelgas emprendidas durante el año pasado en donde los trabajadores recibieron, al término del conflicto, menos de lo que había sido la primera proposición de la empresa (SODIMAC y ANEF) y el dramático caso de los mineros encerrados en una mina de carbón de Curanilahue pueda dar una idea de lo que sucede con esas estructuras sociales. No hay ayuda del aparato estatal al desarrollo de las organizaciones sociales o sindicales si es que éstas no se subordinan a la línea política impuesta por el pacto Nueva Mayoría. La Central Unitaria de Trabajadores —y su más grande filial, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF (creada por Clotario Blest), y el Colegio de Profesores— ha sido la más fiel expresión de esa subordinación del movimiento sindical al interés político del Estado. Los conflictos internos que conmueven a esas organizaciones dan cuenta de la magnitud de sus contradicciones. Paralelamente a ello, y paradojalmente, la incorporación de los trabajadores al mundo sindical creció, el año que recién termina, en un 20%, hecho que puede deberse a la irrupción del Movimiento ‘No + AFP’, detonante de nuevas protestas callejeras que, por una parte, eclipsó inicialmente a los movimientos estudiantiles de 2011 y contribuyó eficazmente al desarrollo del sindicalismo.

Una situación que tiende a agravarse es el conflicto con los pueblos originarios que tienden a agravarse como resistencia a las formas culturales que ha impuesto el modelo de economía social de mercado que todo lo mercantiliza. Unos pocos ejemplos pueden bastar: los empresarios desean desarrollar el turismo en la isla de Pascua instalando hoteles de lujo contra la voluntad de los pascuenses que solamente desean estar tranquilos en su tierra; lo mismo con los mapuches cuya reivindicación más sentida es la recuperación de sus tierras y la posibilidad de hablar su lengua de origen, el mapudungún. Inexplicablemente, existe un silencio de muerte acerca del verdadero conflicto que existe en Gualmapu (Araucanía) con las empresas forestales. Nadie, con la honrosa excepción del diputado Gabriel Boric, recuerda que los orígenes del conflicto están directamente relacionados con la compra que hizo la dictadura de sus tierras a los mapuches y su posterior concesión a las actuales empresas madereras. De acuerdo a lo expresado por Boric:

«La pelea por los territorios afecta a los territorios de Matte y Angelini  […] en la práctica, para darle una solución, hay que afectar los intereses de las familias más poderosas de Chile. Los intereses de estas familias, al tocarlos, afecta las relaciones que tienen con el vínculo político»[4].

DERECHOS HUMANOS

Sobre los derechos humanos, algo hemos explicado. Sin embargo, es grave que no exista acuerdo entre las organizaciones en cuanto a una serie de problemas que no se han resuelto y parece difícil que se resuelvan por la defensa corporativa que realizan los partidos y sus militantes del Gobierno. La generalidad de las organizaciones están controladas por militantes de partidos cuya única finalidad es poner la institución al servicio del Gobierno y no de sus integrantes. Por eso no hay solución al problema de los exonerados, de los ex presos políticos, de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los familiares de los detenidos ejecutados, en fin. Por lo mismo, es difícil suponer que esas organizaciones van a pronunciarse sobre casos que ocurren en Chile y que son un tanto ajenos a sus objetivos; menos, aún, respecto de los casos que suceden en Latinoamérica como lo es el asesinato de Berta Cáceres. O lo que sucede con el pueblo Kitu Kara de Ecuador.

LAS ELECCIONES DE USA Y SU REPERCUSIÓN EN CHILE

En este escenario, se producen las elecciones de USA que, miradas desde un ángulo diferente, parecen inducir a estimar que la forma de acumular denominada ‘economía social de mercado’ camina con pasos apresurados hacia su completa y total abolición. Lo que sucede en USA no es una excepción a lo que ocurre en otras regiones del orbe; los cambios en la escena política europea también inducen a pensar lo mismo respecto de lo que sucede en el viejo continente. Hay molestias en todas las naciones ricas que ven desaparecer sus empresas; y molestias en la población que no tiene dónde trabajar pues si bien es cierto que, como consecuencia de ello se presenta una creciente cesantía, la solución que se ha pensado dar al problema (el sueldo ciudadano) no parece ser la más adecuada. No hay que olvidar que es el trabajo lo que une al ser humano con la comunidad y lo pone al día en los avances tecnológicos; no su aislamiento a través de proporcionarle una suma de dinero como podría suceder de aplicarse, pura y simplemente, la propuesta del  sueldo ciudadano.

Trump no ha sido electo por casualidad. Representa la molestia de la comunidad norteamericana que se ve privada de sus fuentes de trabajo y ve morir sus industrias; consecuentemente, a ciudades antes prósperas. Representa, por lo mismo, los intereses de la industria nacional, lo que Nikos Poulantzas, el malogrado teórico griego-francés, denominara ‘burguesía interna’. Las exigencias de terminar con el traslado de las industrias automotoras a México no se han formulado sino en esa dirección. USA se da el lujo de tener ciudades y pueblos fantasmas cuyas actividades industriales han terminado abruptamente, y hoy carecen de habitantes. Por lo mismo, Trump representa, en suma, al empresariado que ha sido marginado de su participación en el Bloque en el Poder de ese país y reclama su derecho a ejercerla.

Por lo mismo, nos parece que los cambios que puedan producirse en USA en torno a la aplicación de la forma de acumular actualmente vigente pueden alcanzar a otras latitudes, en nuestro caso, Chile[5]. Y es posible que se transforme en un verdadero regalo para quienes van a optar por dar la lucha en la escena política nacional pues cualquiera que sea el nuevo presidente, éste tendrá en sus manos la posibilidad de introducir reformas al sistema político de la mano a lo que hace el presidente de USA. En palabras más directas, la asunción de Trump puede constituir para Chile un retorno al industrialismo que bastante falta hace en el país e, incluso, una posibilidad de romper el fatalismo que implica estar realizando actividades vinculadas a unas ventajas comparativas definidas por la dictadura pinochetista. En este sentido, y a pesar del bochorno de la muñeca en la premiación de ASEXMA, en la escena política nacional y a propósito de las elecciones presidenciales a realizarse este año, no nos parece descabellado que la representación espuria de las clases dominadas intente llegar a acuerdos con esa organización y, en especial, con Roberto Fantuzzi, e, incluso, formar una alianza política con esos sectores.

No nos olvidemos, sin embargo, que las fuerzas conservadoras están vivas y, a pesar de no tener otra alternativa que ofrecer de cambios que no sea la perpetuación del sistema pinochetista, pueden malograr cualquier intento que se quiera realizar en relación a una profundización decidida e irreversible de las reformas que el país requiere.

CONCLUSIONES

La crisis se ha propagado por toda la sociedad. Personajes conocidos ya por sus dudosas reputaciones como Fulvio Rossi, Carlos Ominami, Carlos Larraín, Jovino Novoa, Ernesto Tironi, Enrique Correa, siguen siendo entrevistados por los medios de comunicación y continúan dando opiniones acerca de lo que es necesario hacer en y por este país. Incluso, un hombre de negocios bastante discutibles como Sebastián Piñera y otro que, si bien no los hace directamente, permite a la familia de su mujer hacer esos negocios con el Estado como Ricardo Lagos, se presentan impúdicamente en el carácter de candidatos por excelencia a la presidencia de la República. No hay límites para el abuso y la arbitrariedad. La absoluta carencia de principios éticos en las relaciones sociales nos hace exigir, hoy más que nunca, de nuestra organización un rol más activo en la vida del país. Creada en 1970 por Clotario Blest para defender los derechos humanos, amagados por la policía política del freísmo, tiene en la figura de su fundador una reserva ético/moral de proporciones que le permite alzar su voz ante la corrupción generalizada que amenaza minar los basamentos de nuestra sociedad. Y esa labor es urgente realizarla.

Santiago, enero de 2017

Notas:

[1] Cuando se realizaron las marchas de 2011, Carlos Larraín criticó a los jóvenes que reclamaban la gratuidad de la educación llamándolos ‘inútiles subversivos’.

[2] Navarrete, Jorge: “Saltando sobre el piano”, ‘La Tercera’, 15 de enero de 2017, pág.6.

[3] Vera, Ignacio: “Gobierno peruano: Se han pescado 1000 toneladas de atún en zona marítima ganada a Chile”, ‘El Mostrador’, 11 de enero de 2017.

[4] Redacción: “Boric: ‘Para solucionar conflicto mapuche hay que afectar intereses de Matte y Angelini’”, ‘El Mostrador’, 03 de enero de 2017.

[5] En este sentido, nos parece interesante la posición del economista norteamericano Vikram Mansharamani que considera esa posibilidad con el triunfo de Trump. Véase el artículo de Lorena Tasca: “Vikram Mansharamani, el experto en burbujas financieras que considera que la llegada de Trump al poder puede ser bueno para el mundo”, ‘El Líbero’, 10.01.17.

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