#Colombia, mira esto tarifada @mbachelet MASACRE EN COLOMBIA , @mbachelet la Ciega Sorda y Muda. @mbachelet la $umisa @mbachelet la que limpia la alfombra por donde camina el genocida …. @ONU_es no tiene poder, donde está la @CIDH ? Que dice @IvanDuque ? Que no lo veo ! https://t.co/qhRzrrl4NL

— CarolWarriorOncaTvR (@TvrCarol) July 20, 2020

Denuncian una matanza de siete personas perpetrada por paramilitares en Colombia

Bogotá, 19 Jul. (EUROPA PRESS) – Una asociación campesina ha denunciado el asesinato de siete personas en una masacre que habría sido obra del grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’. El incidente ha ocurrido en Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo ya se ha presentado en la vereda Totumito de Tibú, Norte de Santander, donde desde el sábado comunidades campesinas denuncian una masacre. Unas 120 personas han huido de la zona. Los desplazados han manifestado su temor ante la inminencia de una posible incursión en contra de la comunidad por parte de grupos armados.

«Requerimos atención urgente de los entes de investigación, así como de atención inmediata para las víctimas y las numerosas familias que se han desplazado en la zona», ha indicado la Defensoría este domingo a través de Twitter.

Según la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) ha señalado como responsable a ‘Los Rastrojos’, uno de los grupos que se disputa el control de cultivos y rutas del narcotráfico cerca de la frontera con Venezuela.

ASCAMCAT ha denunciado además el asesinato de uno de sus miembros, Ernesto Aguilar Barreras, quien habría sido abordado en la mañana del sábado y luego llevado hasta una zona rural de Cúcuta, donde fue asesinado. Con este ya son 17 miembros de la ASCAMCAT asesinados.

«Exigimos al gobierno nacional y demás autoridades competentes las garantías para la vida, la seguridad y la permanencia en el territorio, responsabilizado por omisión a las instituciones competentes», han apuntado.

‘Fuente: ElPais.cr

Defensoría del Pueblo de Colombia investiga masacre en Cúcuta

Los desplazados han manifestado “su temor ante la inminencia de una posible incursión en contra de la comunidad, por parte de grupos armados que hacen presencia en el lugar.

Además de las afectaciones directas a las víctimas, la matanza generó un panorama de zozobra entre los pobladores, agregó la ASCAMCAT.

Denunció que, con el hecho actual, “son 17 miembros de la ASCAMCAT asesinados».

Asimismo, añadió, “exigimos al gobierno nacional y demás autoridades competentes las garantías para la vida, la seguridad y la permanencia en el territorio, responsabilizado por omisión a las instituciones competentes”.

En una reacción, el legislador a la Cámara de Representantes de Colombia por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Sergio Marín, expresó su rechazo a esa masacre y advirtió la fragilidad en la que se encuentran los acuerdos de paz firmados en 2016.

“2 días 2 masacres, una en Algeciras, Huila y otra en Catatumbo, Norte de Santander. ¿Esa es la Colombia a la que querían que volviéramos haciendo trizas el acuerdo de paz?”, manifestó Marín en un mensaje colocado en su cuenta de la red social de Twitter.

*Fuente: TeleSurTV

El articulo Colombia: «Paramilitares realizan dos masacres en dos días» apareció primero en piensaChile.

Con una participación de más del 60 % en las elecciones regionales colombianas del 27 de octubre, mayor a la registrada hace cuatro años, el país político comenzó a rearmar el nuevo esquema de poder a partir del año próximo, partiendo de la estruendosa derrota sufrida por el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, a lo largo y ancho del país.

Fue una de las campañas más intensas, con mayor número de candidatos y más alta participación electoral que se recuerde, llevada adelante en medio de la violencia que dejó siete candidatos muertos a manos de narcotraficantes y paramilitares, junto a decenas de dirigentes sociales, comunales, campesinos e indígenas también asesinados.

Los mandatarios elegidos en 24 de los 32 departamentos fueron avalados por una alianza interpartidista y en dos departamentos ganó un aspirante independiente, lo que evidencia la crisis de los partidos tradicionales. En las dos terceras partes de los departamentos, las gobernaciones las ganaron candidatos que se postularon en coalición.

Mientras el uribismo empezaba su declive, la Alianza Verde se convirtió en la fuerza política que más creció y ganó con Claudia López la Alcaldía de Bogotá (la primera mujer en lograrlo); los grandes partidos siguieron perdiendo hegemonía; los independientes fueron la sorpresa; las coaliciones la fórmula ganadora en todo el país; y de los clanes solo sobrevivieron los grandes.

El uribista Centro Democrático fue uno de los más apaleados en las elecciones: quedó en el último lugar en Bogotá, en Medellín contra todo pronóstico su candidato Alfredo Ramos Maya perdió, y en Cali Roberto ‘Chontico’ Ortíz no pudo con el “verde” Jorge Iván Ospina. Algo grave le está pasando al partido de Uribe –enjuiciado por la Corte Suprema- y su delfín Iván Duque.

La jornada electoral mostró un pequeño progreso hacia una democracia más creíble, donde no siempre se imponen las maquinarias, en la que los movimientos ciudadanos, las candidaturas independientes y las alianzas de grupos políticos y sociales les quitan terreno día a día a los partidos políticos. Los batacazos fueron los triunfos de Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín, William Dau en Cartagena y Jairo Yáñez en Cúcuta.

El balance de las encuestadoras también fue negativo y demostraron no incidir en los resultados finales. No acertaron en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, pero sí en Barranquilla, donde estaba cantada la victoria de Jaime Pumarejo (Cambio Radical) y en Cali con Jorge Iván Ospina.

En estos comicios los principales derrotados fueron los partidos tradicionales, a quienes ya les cuesta cada vez más elegir alcaldes o gobernadores con votos propios y se han visto forzados a refugiarse en las alianzas interpartidistas para mantener su poder, o parte de él.

El Partido Liberal pasó de cuatro gobernaciones propias a dos; Cambio Radical de cinco gobernaciones propias a ninguna. El Partido de la U tenía dos y se quedó con una. El conservatismo tenía cuatro y pasó a dos.

El uribismo sufrió una derrota que se amplifica si se tiene en cuenta que son el partido de gobierno. Tras 17 años de poder del expresidente Uribe como “el gran elector”, sus aliados políticos apenas ganaron dos gobernaciones: en Casanare, donde conservaron su hegemonía y en Vaupés, pero perdieron en la tierra más uribistas como, la Alcaldía de Medellín en Antioquia.

Fracasaron también en Córdoba, donde el propio Uribe se comprometió en la campaña, asimismo en Santander, Caldas, Meta y Sucre. Y quedó claro que en Bogotá y en Cali no tiene lugar el Centro Democrático ni el uribismo.

En cuanto a la oposición política, en términos generales mostró sus avances. En especial, la Alianza Verde, que ganó con Claudia López la segunda plaza política más importante del país, y sumó victorias en Cali, Manizales, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta.

En tierras del realismo mágico no puede sorprender que un excombatiente de las Farc llegara al poder. Se llama Guillermo Torres, pero todos lo conocen como Julián Conrado, cantante de la guerrilla, que ganó en Turbaco (Bolívar).

Tampoco, como destaca Alfredo Molano en El Espectador, sorprende la de Jairo Yáñez, el nuevo alcalde de la capital de Norte de Santander, un empresario de la arcilla de 68 años que, perífono en mano, venció al titán de la frontera, Ramiro Suárez Corzo, conquistando a un pueblo agobiado por la maquinaría dirigida desde la cárcel.

Desde la óptica de los clanes regionales, los resultados del domingo 27 mostraron que las casas más consolidadas lograron mantener su poder: En Atlántico, la casa Char, los Gnecco en el Cesar; los Aguilar en Santander; los Bler en Bolívar, los Mehreg en Rosaralda. Los cacicazgos regionales fueron derrotados en Cartagena, Magdalena, Villavicencio, Sucre, Córdoba y La Guajira.

Entre los triunfos “cocaleros” se anota el de Arnulfo Gasca, “el patrón de patrones”, quien ganó la Gobernación de Caquetá (se hizo famoso por protagonizar un narcocorrido); Andrés Gómez, a quien relacionan con la masacre de la Guaripa (2018) y Buanerges Rosero en Putumayo, a quien relacionan con Edgardo Figueroa, capturado en la famosa narcoambulancia con 250 kilos de cocaína.

Mientras el presidente Iván Duque sigue en su agresión constante contra Venezuela, se le mueve el piso en su propio patio: gran fiasco electoral, Uribe enjuiciado, violencia en crecimiento, crisis económica, financiera y social.

–El autor, Camilo Rengifo Marín, es economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

El articulo Colombia: La estruendosa derrota del uribismo y el triunfo verde y feminista en Bogotá apareció primero en piensaChile.

El ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y acusado de fuertes vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que ahora lo lleva a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos ocho años de cárcel.

En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otras 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura que le valieron numerosas acusaciones de genocidio, ingresó a la diligencia judicial fuertemente escoltado y sin hacer declaraciones a los medios. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores. Se fue de la Corte Suprema por la puerta de atrás, eludiendo a los manifestantes.

El peso político y la popularidad del hoy senador Uribe, fuertemente apoyado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque, hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico, y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.

El apoyo al político ha mermado desde que abandonó la presidencia, según sondeos. Sobre todo por la política aplicada por su delfín Iván Duque, quien recientemente protagonizó un bochorno al acusar con fotos falsas una supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, en su permanente agresión a su vecino.

El ex mandatario –señalado en varios frentes de tener vínculos con narcotraficantes y paramilitares– terminó enredado en un giro insospechado de la justicia. El caso arrancó en 2012 precisamente por una denuncia ante la Corte Suprema del propio Uribe contra el senador izquierdista Iván Cepeda, a quien acusó de manipular a testigos para que lo vincularan a él y a su familia con los grupos paramilitares.

El alto tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero decidió investigar a Uribe por la misma acusación y el expresidente pasó de acusador a sospechoso: el tiro le salió por la culata.

Desde entonces se han abierto dos investigaciones contra Uribe: una por presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las autodefensas en Antioquia, grupo armado que se desmovilizó con el proceso de Justicia y Paz de su gobierno (2002-2010).

El paramilitar le aseguró a Cepeda que en «Guacharacas», una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Si bien Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía «bajo presión».

Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes, quien también es señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos a declarar a favor de Uribe. Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena, quien reconoció haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».

Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma «accidental» durante el curso de otra investigación.

Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe. Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas al proceso han sido infructuosos.

Para apoyar sus acusaciones, Cepeda presentó varios testimonios de antiguos paramilitares, y concretamente, señaló a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano menor Santiago, al Bloque Metro, una rama de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Éste se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.

E 2018 la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal. En el último mes, el alto tribunal escuchó los testimonios de varios ex paramilitares –algunos de ellos detenidos en Estados Unidos–, ex fiscales, abogados y periodistas. En total, ha citado a 42 personas, incluido Uribe, cuyo turno tocó el martes 8 de octubre.

Indagatoria

La indagatoria es la etapa previa a un juicio penal, y en la historia contemporánea de Colombia ningún expresidente había llegado a esta situación.  El de Uribe es un proceso penal que decidirán los magistrados del máximo tribunal del país. Si después del llamado a indagatoria se decide llevarlo a juicio, el país podría entrar en un proceso de impredecibles consecuencias, alerta la prensa hegemónica.

Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados. Y como el caso tiene tanto de jurídico como de político, la Corte Suprema de Justicia afronta un reto monumental.

Éste no es el único caso contra Uribe, quien suma más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema.  Uribe encabezó la campaña contra el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con la guerrilla, suscrito por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

El gobierno de Iván Duque también tomó partido. Primero, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que marchar en apoyo del exmandatario no es, en ninguna circunstancia, una manera de presionar a la justicia y que, por el contrario, es el apoyo que Uribe necesita de la ciudadanía. También expresó su respaldo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quien escribió un Twitter que luego se apuró en borrar.

Uribe, tras hacer un recuento de varios episodios en los que testigos lo vincularon con hechos delictivos –como la masacre de El Aro–, los calificó como fantasías. Explicó que se había retirado de la Corte por el sótano porque le habían informado de los enfrentamientos que se estaban produciendo en las afueras del Palacio de Justicia entre sus seguidores y detractores. Una hora y 20 minutos después, el presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, publicó en redes un video con un mensaje contundente.

“Frente a voces que atacan la legitimidad institucional contra el senador Álvaro Uribe, el llamado es a la cordura y a confiar en la justicia. Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en derecho los magistrados”, dijo. Y reiteró que Uribe está formalmente vinculado a los delitos de fraude procesal y soborno.

Tras hacer un recuento de varios episodios en los que supuestos testigos lo vincularon con hechos delictivos –como la masacre de El Aro–, los calificó como fantasías.

Aún la Corte debe escuchar a varios testigos. Uribe le dijo al magistrado que se han producido hechos nuevos y que pedirá que se recoja nueva evidencia. Uno de los posibles resultados al final de la indagatoria por parte de los magistrados es que decidan acusar formalmente a Uribe e incluso ordenen su detención preventiva.

De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel. Cabe la posibilidad, también, de que los magistrados después de la declaración de este martes y ante las múltiples presiones recibidas, archiven la investigación.

-El autor, Camilo Rengifo Marín, es economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Fuente: SurySur

La masacre de Segovia

El Baile Rojo – La historia sobre el genocidio contra la Union Patriotica

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24 Sep 2019, 10:00 pm.

Este tratamiento político e informativo ha escalado durante los últimos meses hasta proyectar a Venezuela como un «santuario» de «grupos terroristas de origen colombiano», y específicamente al Gobierno de Venezuela como una «amenaza para la seguridad de Colombia y de la región».

De esta forma, la retórica del gobierno de Colombia busca responsabilizar a Venezuela de la incapacidad de resolver sus dos grandes deudas históricas pendientes: la reducción del narcotráfico y el control del paramilitarismo que diariamente cobra la vida de luchadores sociales y dirigentes políticos e impide una solución política e institucional del conflicto armado.

Pero un breve repaso por hechos recientes nos permite ver que, a contrapelo de la retórica desplegada por el gobierno de Duque, el Estado venezolano ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo, ambos fenómenos que impactan notablemente al país al insertarse como parte del engranaje de la desestabilización y el golpe continuado.

En este campo, el gobierno de Duque tiene pocos logros que exhibir, y quizás de allí proviene parte de su molestia y agresivo comportamiento frente a la República Bolivariana de Venezuela.

LOS ÚLTIMOS GOLPES DE LA SEGURIDAD VENEZOLANA A LAS MAFIAS FRONTERIZAS

Previniendo los recurrentes intentos de golpe de Estado que se apoyan sobre las estructuras de grupos criminales de origen colombiano, el Gobierno de Venezuela ha ido diseñando una política de seguridad para reducir la movilidad y despliegue que en la frontera tienen estos frentes armados.

Es bien sabido que los intentos de cambio de régimen en Venezuela tienen una vinculación orgánica con la violencia criminal y paramilitar, y ello ha quedado demostrado en los ciclos de golpe no convencional desarrollados desde «La Salida» (2014) hasta la actualidad.

Para muestra un botón: el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 fue planificado en el departamento Norte de Santander, con la anuencia del gobierno de Colombia, el cual permite la existencia de todo el ecosistema de grupos paramilitares y economías sumergidas que opera en Cúcuta y zonas aledañas.

A partir de ese evento hasta hoy, se han hecho cada vez más frecuente los comunicados del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mostrando con evidencias cómo grupos armados y criminales participan directamente en cada maquinación del golpismo nacional y extranjero.

En semanas recientes, cuando el aliado más diligente de Estados Unidos subió la apuesta falsificando noticias para implicar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con grupos guerrilleros colombianos, el país respondió activando la alerta naranja en la frontera colombiana.

Esta medida precedió la convocatoria a los ejercicios militares «Venezuela Soberanía y Paz 2019», y fue acompañada con la activación del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para que asumiera la conducción de una nueva etapa de conflictividad en las relaciones entre Colombia y Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro ordenó desplegar «toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea» en la frontera con Colombia (Foto: Cuarto Oscuro)

En menos de un mes, los más de 150 mil efectivos militares desplegados a lo largo de la frontera occidental del país presentan los siguientes resultados:

• Se encontraron y quemaron 25 mil litros de combustible que estaban en dos depósitos ilegales en el municipio Samuel Darío Maldonado (Táchira), igualmente en el sector Caño Amarillo fueron encontrados otros 6 mil litros. El operativo fue realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y el Grupo Antiextorsión y Secuestro. El contrabando de este insumo es una de las vías de financiamiento del grupo narcoparamilitar de Los Rastrojos.
• Una base de telecomunicaciones de esta misma banda fue identificada y desmontada por la FANB. Los equipos de transmisión de señal que tenían dirección hacia Colombia, estaban en una caseta improvisada en San Cristóbal.
• En el estado noroccidental Zulia, frontera con Colombia, la Oficina Nacional Antidrogas en colaboración con la FANB, incautó 3.5 toneladas de droga que estaban en cuatro laboratorios para su producción, además de 7 toneladas de productos químicos. En el balance presentado por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicó que en todo el año se han incautado 23 mil 344 kilos de distintos tipos de droga de origen colombiano.

De las acciones en el marco de los ejercicios «Venezuela Soberanía y Paz», destaca la captura en la zona norte del estado Táchira del paramilitar colombiano Sauro Jesús Batista Rivera, alias «El Negro», por unidades militares de la REDI Los Andes.

Igualmente destaca la detención de Iván Posso Pedroso, alias «Nandito», en el sector Coloncito-Santa Cruz del estado Zulia, bajo la coordinación de la Fiscalía con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El fiscal general Tarek William Saab muestra las fotos de Juan Guiadó con miembros del grupo criminal Los Rastrojos (Foto: AP)

Ambos son miembros del grupo Los Rastrojos, el cual controla buena parte de las economías sumergidas de la frontera con beneplácito de autoridades colombianas.

El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien encabeza los operativos en el estado andino, ha confirmado que en el último mes 19 paramilitares resultaron abatidos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad venezolanos.

Depósitos con 25 mil litros de combustible para el contrabando fueron incautados por el Gobierno venezolano, un duro golpe para grupos como Los Rastrojos (Foto: Eknuus.com)

Por su parte, «Nandito» está sirviendo de testigo principal en las investigaciones para determinar las conexiones del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, con el paramilitarismo colombiano, a raíz de las fotos tomadas con líderes de la banda durante su salida del país con dirección a Cúcuta el 22 de febrero de este año.

Su testimonio ha esclarecido la colaboración de funcionarios del gobierno de Duque con Los Rastrojos para hacer efectivo el traslado de Guaidó.

ATACAR A VENEZUELA, ENCUBRIR A LOS VERDADEROS CULPABLES

El choque, a principios de año, entre las visiones del presidente Iván Duque y la Administración Trump acerca de la estrategia para combatir los carteles del narcotráfico, es un punto de inflexión en la escalada de violencia y cultivo de coca en Colombia.

Las diferencias vinieron cuando Donald Trump criticó las políticas de Duque para disminuir los cultivos ilícitos, afirmando que con su administración ha llegado más cocaína a Estados Unidos. Según los datos que maneja el magnate presidente, los envíos desde Colombia aumentaron en un 50%.

La FANB desmanteló un laboratorio para la producción de cocaína en la zona fronteriza del municipio Jesús María Semprun, ubicado en el estado Zulia (Foto: Últimas Noticias)

Con una actitud de confrontación relativa, Duque respondió a las acusaciones pasando la pelota del lado norteamericano, al referirse que el trabajo es compartido y que los países con los más altos niveles en consumo de droga deben restringir su comercio.

Ambas naciones comparten culpas en el flujo del narcotráfico en el hemisferio: el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reportó un récord en 2017 de la producción mundial de la cocaína, donde Colombia es responsable del 70%, muy por encima de sus competidores andinos, Perú y Bolivia, alcanzando 171 mil hectáreas de coca cultivadas.

Por otro lado, entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 12% en nuevos consumidores de este tipo de droga en la población de Estados Unidos, según cifras de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El balance de la DEA también indicó que no hubo reducciones de los consumidores habituales de cocaína.

En 2017, Naciones Unidas contabilizó 171.000 hectáreas sembradas de coca, la cifra más alta desde 1999 (Foto: Juan Karita / AP)

Colombia, en respuesta a las presiones de Estados Unidos, pidió a la Corte Constitucional la autorización para reactivar la aspersión con glifosato, un instrumento de erradicación de cultivo que, más que acabar con el negocio de la cocaína, provoca su desplazamiento a otras zonas, dejando un alto daño ambiental en los sitios donde es rociado el peligroso químico.

En lo que a carteles se refiere, no hay datos de ningún golpe fundamental a las organizaciones criminales que controlan la producción y transporte de la cocaína. Se observa un cambio en su constitución y perfiles de quiénes la dominan, lo que antes eran grandes carteles con figuras nacionales de la talla de Pablo Escobar, ahora se manejan en grupos mucho más reducidos en los que prevalece la presencia extranjera, sobre todo de los carteles del norte (México y EEUU), y en menor proporción, los de Brasil.

Con todo y la asistencia militar estadounidense, el gobierno de Duque tiene pésimas cifras en la reducción de la producción de cocaína y la violencia que de allí se deriva. Uno de sus mayores fracasos, los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana bajo el mandato del ex presidente Juan Manuel Santos, dan cuenta del poco interés que hay en recomponer la estabilidad social del país.

Según el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, no existen las condiciones en Colombia para hablar de un «posconflicto», debido a que aún prolifera la violencia por parte de distintos grupos.

Solo de 2017 a 2018, hubo un aumento de un 300% de las víctimas de artefactos explosivos improvisados. Harnisch y la Cruz Roja contabilizan al menos cinco conflictos que exponen la permanencia de las organizaciones armadas y el desinterés del gobierno de Colombia para luchar contra ellas y reducir el narcotráfico.

En este sentido, a Duque y a Estados Unidos parece molestarle enormemente que el Estado venezolano actúe en una dirección contraria, afectando un negocio histórico y con tantos dolientes como consumidores.

*Fuente: Misión Verdad

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De la televisión colombiana:  Gilberto Tobón, Colombia es un Narcoestado

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24 de abril de 2019

Desde el Consejo Regional Indígena de Cauca-CRIC, expresamos nuestra preocupación por la aparición de un panfleto firmado por el “Bloque Suroccidental de las Águilas Negras”, en el cual se declara como objetivo militar a las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y de víctimas del departamento del Cauca. Estamos en alerta ante esta nueva y grave amenaza, dirigida contra el conjunto de organizaciones sociales y procesos populares del departamento del Cauca y la Región.

Esta no es la primera amenaza de este tipo, ya que hemos contado un número de 17 panfletos amenazantes en el presente año, solo en la zona norte del Cauca. Estos panfletos muestran un vocabulario repetitivo cargado de odio, dando cuenta de un accionar concertado y planeado para atacar y amedrantar a las organizaciones indígenas y sociales del departamento, que se suma a los ataques cobardes, amenazas, señalamientos y estigmatización que se han lanzado desde sectores empresariales, criminales y políticos del centro democrático, vislumbrando una estrategia de generar un cerco de intimidación y muerte contra los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares que participaron los 33 días en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

Somos pueblos indígenas que defendemos la vida y la dignidad, y ningún actor armado, ni ninguna amenaza nos apagará la disposición milenaria de luchar por nuestra libertad y nuestros derechos en un Estado social de derecho plurinacional y multiétnico, tal como lo prevé la constitución colombiana. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de las acciones contra la vida de nuestros pueblos que se podrían desprender del accionar de estos grupos armados y violentos que fomentan la muerte, tal como nuestras comunidades lo han sufrido en el pasado, pues son los funcionarios del alto gobierno, en cabeza del presidente de la república Iván Duque, quienes en repetidas ocasiones han encabezado la desinformación y la estigmatización, justificando así la persecución violenta de la protesta social como ejercicio legítimo, democrático y pacífico, y el asesinato selectivo de líderes y lideresas.

Instamos a los organismos garantes de los derechos humanos nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo, la MAPP-OEA, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, a permanecer en máxima alerta, hacer seguimiento a estas amenazas y velar por la protección de la vida y la integridad de las personas y organizaciones amenazadas, ya que el paro nacional del 25 de abril de 2019, será un escenario que los violentos tratarán de aprovechar para expandir su proyecto de muerte contra las comunidades.

Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC

24 de abril del 2019

*Fuente: Resumen Latinoamericano

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Se trató tan solo de una de las tantas masacres que le tocó vivir a los y las tibuyanas. El municipio es un punto estratégico desde el punto de vista geopolítico por su ubicación, y, desde lo económico, por la posibilidad de explotación de variados recursos como la palma de cera, la coca, el petróleo y los minerales. Los distintos sectores armados se han disputado su control territorial y, tanto el conflicto armado como el extractivismo, han generado desplazamientos masivos.

A casi dos décadas de la llamada Masacre de Tibú, siguen frescas las huellas de la guerra. Sus habitantes se han traslado y han recomenzado su vida en otros sitios; los que se quedaron intentan reconstruir las suyas, a partir de prácticas colectivas de reparación que permiten el ejercicio de la memoria e impiden olvidar.

A principios de abril, Álvaro Pérez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), fue asesinado a balazos en su camioneta mientras se dirigía en dirección a Cúcuta. En febrero, se encontró el cuerpo de Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tutumito Carbonera. La lideresa social había sido secuestrada de su casa por un grupo de hombres armados, en septiembre del año pasado. Cinco meses después, los tres impactos de bala que tenía en su cuerpo confirmaron el peor de los pronósticos. Los de Álvaro y Sandra son dos casos de los 385 asesinatos de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC.

El proceso de “desmovilización” paramilitar de los años 2003-2006 permitía pensar en un freno a la escalada de violencia que se vivía en la región. Las negociaciones del gobierno con las guerrillas abrían otra oportunidad para pacificar la zona. En el territorio, la continuidad del asesinato de líderes sociales, la represión a la organización social y comunitaria, la presencia paramilitar y el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) demuestran lo contrario. El domingo 27 de abril, casi 34 mil tibuyanos y unos 36.783.940 colombianos estaban convocados a elegir presidente de la Nación.

Los de Álvaro Pérez y Sandra Yaneth Luna son dos casos de los 385 asesinatos de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC del 2016.

A poco más de 100 kilómetros de allí, el 3 de marzo, mientras el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, realizaba una gira por el Parque Santander en la fronteriza localidad de Cúcuta, su caravana fue atacada a pedradas. Las imágenes de Petro dentro de la camioneta que lo transportaba y del vidrio lateral astillado por un proyectil recordaban los hitos trágicos de la violencia política en Colombia: Gaitán, Galán, la Unión Patriótica, entre otros tantos. También los representantes del flamante partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) padecieron abucheos y repudios durante sus giras y finalmente no participaron de la contienda electoral. Síntomas de un escenario polarizado entre las posiciones de izquierda y de derecha, entre dos propuestas de Colombia distintas, entre la paz y la guerra, en el marco de otro de los puntales de los acuerdos, como la participación política de la insurgencia, puesto en tensión.

Iván Duque, un abogado de 42 años, exsenador de la República y delfín político del expresidente Álvaro Uribe, consiguió quedarse con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en las que participó algo más de un 53% del padrón, un número mayor al de las últimas elecciones presidenciales. El candidato del partido Centro Democrático juntó casi un 40% de las voluntades del electorado (7.569.693 votos), sacándole una ventaja de 15 puntos a su inmediato competidor y próximo contendiente en el ballotage, el candidato de la centro-izquierda Gustavo Petro (con 4.851.254 votos). A menos de 300.000 sufragios quedó Sergio Fajardo, de la progresista Coalición Colombia.

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L’Ombelico del Mondo tuvo la oportunidad de conversar con el senador reelecto por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, quien compartió su mirada y su balance de lo que dejó la primera vuelta presidencial y sus reflexiones en torno a la actualidad colombiana.

“En primer lugar, decir que las elecciones que han tenido lugar en Colombia arrojaron un resultado positivo para las fuerzas de izquierda y de centro-izquierda en Colombia. Es la primera vez que llegamos a los 10 millones de votos, de ciudadanos que están hartos de la política de las castas tradicionales colombianas y que están hastiados de la corrupción. Entonces, en este contexto, hay que decir que en Colombia las cosas están cambiando, pero hay sectores que se aferran al pasado”, señala Cepeda en referencia a las adhesiones cosechadas por las propuestas de Petro y Fajardo.

El 17 de junio se dirimirá la segunda vuelta, en un escenario de polarización y de contraposición de dos modelos divergentes para proyectar el futuro del país.

El 17 de junio se dirimirá la segunda vuelta, en un escenario de polarización (más allá de la diferencia inicial) y de contraposición de dos modelos divergentes para proyectar el futuro del país. En estos días, se aceleran las negociaciones y las definiciones de las distintas fuerzas políticas en relación a cómo actuar de cara al ballotage. “En este momento estamos definiendo en Colombia cuáles van a ser los bloques que se van a enfrentar en las urnas el próximo 17 de junio. De un lado, se están generando adhesiones de lo más decrépito de la política colombiana al candidato Duque; y, por otra parte, sectores de izquierda, sectores sociales, la ciudadanía que está por un cambio, que adhiere a la candidatura de Petro y busca un acuerdo lo más pluralista y multifacético posible que permita una alternativa y un gobierno alternativo en Colombia”, afirma Cepeda.

La sorpresiva elección de Sergio Fajardo lo dejó en las puertas de la segunda vuelta, y los cuatro millones y medio de votos cosechados por Coalición Colombia (Partido Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático) resultan determinantes para lo que pueda llegar a ocurrir en unos comicios que se anticipan disputados. Iván Duque ya venía sumando apoyos de los partidos tradicionales de la política colombiana, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la bancada de Cambio Radical. En los últimos días, Fajardo manifestó que abandonará la política y que, en la segunda vuelta, votará en blanco para mantenerse coherente con lo dicho durante su campaña: “Ni Duque, ni Petro”. El Partido Alianza Verde optó por acompañar a Petro, al igual que el Polo Democrático, aunque un sector minoritario del partido, encabezado por el senador Jorge Robledo, manifestó que votarán blanco. Estas diferencias y el anuncio de que Fajardo deja la política siembran un manto de dudas en torno a la continuidad de Coalición Colombia. Por su parte, Humberto de la Calle señaló que votará en blanco, pero militantes de su espacio político promueven el voto a Colombia Humana. Más allá de los alineamientos partidarios y de los posicionamientos de los referentes políticos, la inclinación final de los electores, el caudal de voto en blanco y la participación serán claves para definir los resultados.

Iván Cepeda fue uno de los primeros referentes políticos que rápidamente hizo público su apoyo a Colombia Humana, la coalición encabezada por Petro para las elecciones del 17 de junio. Desde antes de los comicios, Cepeda abogó por una alianza más amplia que la que se terminó conformando en Coalición Colombia entre la Alianza Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano. “Siempre hemos sido partidarios de una alianza tripartita entre los sectores de centro-izquierda en Colombia. Creemos que esa es la alternativa. Ahora, por supuesto, hay sectores temerosos a los cuales les ha calado esta idea de que la candidatura de Petro representa ni más ni menos que el peligro de trasladar a Colombia al modelo venezolano o cubano. Y esta es una carta que utiliza la extrema derecha y la derecha internacional, no solo en Colombia, sino en muchos países”, plantea Cepeda.

Para el senador Iván Cepeda, el programa de Gustavo Petro es un programa que lo que exige es que se cumplan ciertos estándares de la Constitución de 1991.

La campaña electoral estuvo (y estará) signada por la construcción del temor al “castrochavismo”, concepto acuñado por las derechas latinoamericanas, que suelen desempolvar a la hora de los debates mass-mediáticos preelectorales. A cualquier derecho social y a cualquier reforma, por tímida que sea, la inscriben bajo esa lógica, la cual indica que lo que sigue son las expropiaciones y la vulneración a la propiedad privada. En este caso, el apuntado es el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro. El senador del Polo Democrático, en diálogo con L’Ombelico del Mondo, manifestó que han demostrado que la candidatura de Petro y su programa “representan los intereses nacionales y un modelo auténtico que tiene propuestas para resolver los problemas no de Venezuela, sino de Colombia, que son muchos. La idea de que Colombia corre el peligro de convertirse en una Venezuela es una idea absurda, porque basta con ver los problemas que tenemos nosotros para decir que bastaría con resolver alguno de esos problemas para poder tener una situación mejor, que se asimila un poco a algunas conquistas sociales que hay hoy en Venezuela, valga la pena decir”.

En el fragor previo a los comicios, el propio Petro se tuvo que encargar de desmarcarse de los discursos que lo asociaban tanto al chavismo como a una propuesta radical de izquierda. “He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. ¿Una clase media rural qué es? ¿Socialismo? No. Nuestra propuesta es una clase media rural con tierras productivas que deben tener métodos privados y tener métodos mercantiles; en esa medida, lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo. Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático”, afirmó Petro. En el tramo final de la campaña, se consolidó su viraje a posiciones discursivas más moderadas y su abierto distanciamiento del proceso chavista en Venezuela, señalando que el país vecino “transita un doloroso camino de secuestro de la democracia”. “Ambos están planteando supeditar la justicia a la política, construyendo un régimen dictatorial, lo hace Maduro, lo hace Uribe y lo hace Duque”, declaró el candidato de Colombia Humana a menos de 24 hs. de conocerse los resultados de la primera vuelta.

A sus tres años, la familia de Iván Cepeda se vio obligada a exiliarse en Praga, y su padre, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica, fue acribillado por sicarios en 1994.

Para Iván Cepeda, el programa de Petro es un programa que lo que exige es que se cumplan ciertos estándares de la Constitución de 1991. Esa Constitución proclama que Colombia es un Estado social de derecho. Difícilmente, se puede decir que esa definición corresponda a la realidad. “Lo que proclama Petro son ideas, valga la pena decirlo, que no son ninguna revolución social. Lo que se pide es que haya una mínima reforma agraria; que se respeten los acuerdos de paz; que se profundice un modelo económico que salga del extractivismo minero, energético y petrolero; diversificar nuestra economía hacia una economía verde y ecológica que reclaman los peores efectos del cambio climático; que haya una universalización de la educación pública, que sea gratuita y que sea accesible a todos los sectores; que se permita un sistema de salud que tenga un carácter preventivo y que no se privatice la atención médica y el tratamiento de enfermedades terminales. Esos no son de ninguna manera consignas o proclamas que vuelvan a Colombia un proclama democrático, de derecho y social”, señala Cepeda.

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Iván Cepeda conoce de cerca lo que tiene que ver con la violencia política en Colombia. A sus tres años, su familia se vio obligada a exiliarse en Praga. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica que denunció un plan militar de exterminio a dicha fuerza política, fue acribillado por unos sicarios a bordo de un Renault 9, una mañana de 1994 en la esquina de Avenida de las Américas y Carrera 74. En 2003, fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para exigir verdad y justicia por las prácticas criminales llevadas a cabo por el Estado colombiano.

Cepeda entiende que la candidatura de Iván Duque representa a los sectores de la política colombiana que se aferran al pasado y al statu quo oligárquico del sistema político nacional. Y asegura que una eventual victoria de ese candidato pondría en riesgo los acuerdos de paz: “Si triunfa Duque, por supuesto va a haber una ofensiva contra los acuerdos de paz. Él ha sido muy explícito en que, si bien dice de manera un poco retórica que no quiere acabar con los acuerdos de paz, en la práctica quiere prohibir la participación política de los que estuvieron en la insurgencia armada, y quiere echar abajo el sistema de justicia que se creó como parte de los acuerdos de paz. Eso significa ni más ni menos que darle dos golpes a los fundamentos del acuerdo de paz y pondría en serios aprietos este proceso. El proceso de paz es parte de una lucha social y no basta con que se intente querer echarlo abajo. Es un proceso que ha traído cambios en los últimos años muy significativos para Colombia. Que yo creo que no van a ser tan vulnerables y tan fácilmente reversibles como lo cree la extrema derecha”.

Se discute la paz mientras las desiguales condiciones materiales persisten y mientras se profundiza la sistematicidad de los asesinatos selectivos.

La prédica guerrerista del uribismo busca retrotraer los avances en el intento por desmontar un conflicto armado que lleva medio siglo. Los sectores concentrados de la economía colombiana y la élite política se muestran poco dispuestos a realizar concesiones que desanden las injusticias que llevaron a la guerra y, en ese marco, un programa reformista como el de Gustavo Petro resulta amenazante. Se discute la paz mientras las desiguales condiciones materiales persisten y mientras se profundiza la sistematicidad de los asesinatos selectivos. Desde La Habana, donde se retomaron las negociaciones de paz con el ELN, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, manifestó que su orden es no retirarse de las negociaciones, y “si gana el señor Duque pues allí nos va a encontrar, en la mesa”.

A todo esto se suma el anuncio por parte de Juan Manuel Santos de que Colombia se asociará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un estatus que ningún otro país de Latinoamérica había osado ostentar. “Nosotros estamos, por supuesto, rechazando semejante decisión. Es totalmente contraproducente que un país que proclama que está llegando a resolver un conflicto armado de 50 años, que está haciendo esfuerzos ingentes por llegar a la paz, decida ahora instalarse en una máquina de guerra transnacional como es la OTAN. La OTAN es un pacto militar que tiene como exclusivo propósito generar iniciativas bélicas. Así que, por supuesto, si hay un gobierno de Gustavo Petro, tal vez una de sus primeras medidas que vamos a exigir nosotros que se tomen es desvincular a Colombia de semejante camino aventurista y bélico que significaría entrar en ese pacto militar” señala Cepeda. Para los sectores progresistas del arco político colombiano, una eventual victoria de Petro los habilita a añorar a una Colombia menos subordinada a los intereses imperiales de los Estados Unidos en la región.

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Restan dos semanas para unas elecciones en las que no solo se definirá el ganador de la segunda vuelta, sino que se dirimirá una puja entre dos modelos de país enfrentados, que determinarán la suerte del Estado que ha sido punta de lanza de la avanzada imperialista en la región y un actor clave en la desestabilización del proceso bolivariano en Venezuela. La polarización que, no pocas veces, deviene en violencia y atraviesa el escenario. El narcotráfico, la narcocriminalidad, el paramilitarismo y el sicaratio siguen operando y en francas relaciones con la política colombiana.

La semana previa a las elecciones, Iván Cepeda denunció a Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, por calumnias, injurias y hostigamiento por razones ideológicas, tras los tweets en los que amenazó a los seguidores de Petro y planteó que la “familia del No” debía colaborar en el combate a los “colectivos petristas”. “El caso del señor Popeye, quien fuera el jefe del ala militar y de las acciones terroristas del cartel de Medellín, hombre cercano a Pablo Escobar, es una demostración fehaciente de que hay todavía sectores que practican la política del terror en Colombia. Y cuando se habla de una familia del No se hace referencia a sectores extremistas de derecha que quieren prolongar en Colombia la guerra, la confrontación, el odio. Y que no vacilan en emplear toda clase de métodos”, asegura Cepeda. Y agrega: “le instauré una denuncia penal apenas puso esos trinos en la red al señor alias Popeye por seis delitos diferentes y, efectivamente, a los pocos días se ha producido un resultado, que me parece alentador, y es que el señor ha sido arrestado. Y en este momento afronta cargos, no solamente por mis denuncias, sino por haber reincidido en narcotráfico, extorsión y otros delitos”.

Para Cepeda, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones del 17 de junio, lo que sobrevendrá es un escenario de confrontación social muy seria. En Colombia han proliferado los genocidios, señala, y refiere a un proceso en el que la violencia nunca se detuvo. “Colombia sigue ostentando una categoría de un Estado democrático, que puede tener algunos problemas como el narcotráfico, como ciertas expresiones de violencia; pero, de lejos, esa definición pálida no expresa lo que ocurre en Colombia. Cada cuatro días están asesinando a un líder social en nuestro país, y eso no quiere decir que el proceso de paz no haya tenido un efecto benéfico. En Colombia han disminuido sensiblemente las cifras de violencia política, pero esa disminución no significa de ninguna manera que la criminalidad de Estado, el paramilitarismo y otros fenómenos como el narcotráfico no sigan siendo una amenaza contra muchos sectores que quieren un cambio político y social en Colombia. Así que ese es el contexto de la lucha que estamos dando en Colombia. Una lucha que está registrando avances pero, por supuesto, en medio de una confrontación encarnizada”.

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Este 11 de marzo son las elecciones parlamentarias en Colombia. Cerca de 36 millones de colombianos podrán acudir a las urnas para elegir 102 senadores y 167 representantes a la Cámara. Se han presentado cerca de 3000 candidatos que aspiran a llenar estas plazas. Es una campaña en que por primera vez en 56 años han desaparecido como grupo armado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP,  que se han desmovilizado y ahora también ellas concurren a las elecciones como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Persiste el enfrentamiento armado con el Ejército de Liberación Nacional, ELN,  en medio de una frágil negociación suspendida de hecho por las acciones armadas que esta guerrilla ha protagonizado al finalizar una tregua bilateral el pasado nueve de enero. La incertidumbre ronda a esa mesa de negociaciones que no da signos inequívocos de avance pues el ELN aún no ha definido su abandono a las armas como forma de ejercicio de la política. Esa es la realidad de fondo de la persistencia de la confrontación armada. También persisten las acciones armadas de los grupos paramilitares que sufren una arremetida de la Fuerza Pública en regiones en las que ejercen dominio territorial, apoyadas en poderes políticos locales que el Estado central no ha logrado desmantelar por la connivencia de sectores de la fuerza pública y actores políticos locales con esas organizaciones criminales. Una parte importante de los líderes sociales asesinados, 205 hasta comienzos de este mes de febrero, desde que se pactó la desmovilización de las FARC el 26 de noviembre del año 2106, han sido asesinados por estas organizaciones paramilitares.

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Todo esto ocurre bajo las narices de las fuerzas represivas del Estado, que tienen un despliegue en todo el territorio nacional sin precedentes. Esas fuerzas, tan efectivas para combatir los brotes de insurgencia, se muestran impotentes ante el avance del paramilitarismo y el sicariato. No es en realidad impotencia, sino falta de voluntad, pues la alianza perversa entre paramilitarismo y fuerza pública no ha sido desmantelada. Ni siquiera ha sido reconocida, pues el gobierno sigue negando lo evidente: que el paramilitarismo existe y se fortalece en todo el territorio nacional. Esto es como el alcoholismo. Si usted quiere superar su problema, primero debe reconocerlo. La negativa del Estado para reconocer el problema paramilitar es la prueba fehaciente de la falta de voluntad política para frenar esta masacre preventiva. Digo preventiva, porque la dirección con la que se está desarrollando esta matazón parece dirigida a evitar cualquier avance, por pequeño que este sea, de fuerzas políticas y sociales alternativas al bloque oligárquico en el poder. Dentro de este orden de ideas, el asesinato de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos es el elemento clave de este tipo de violencia de los poderosos contra quienes cuestionan su poder y sus privilegios.

Es hora de asumir este problema en su real magnitud y comenzar a pedir algo más que castigo para los responsables intelectuales y materiales de este auténtico genocidio en curso. Es hora de entender la gravedad particular de estos crímenes sistemáticos y exigir un tratamiento diferencial para este tipo de violencia. Aclaro, de antemano, que no soy un experto en derecho ni nada que se le parezca, pero creo que debemos comenzar a llamar las cosas por su nombre. Así como el asesinato sistemático de mujeres en el marco de relaciones de género asimétricas y desiguales ha sido llamado feminicidio, para resaltar el carácter particularmente grave de este tipo de violencia letal, es hora de que comencemos a hablar de socialicidio . Esto es, del asesinato sistemático de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos como una estrategia para evitar cualquier clase de cuestionamiento al orden social vigente.

Este tipo de crimen merece un tratamiento especial porque es particularmente grave y tiene un efecto multiplicador sobre la sociedad, creando apatía y terror. Eso lo saben bien las fuerzas siniestras que jalan el gatillo, que estigmatizan a las potenciales víctimas desde los medios y desde las instituciones del Estado, que facilitan esta masacre desde los organismos de inteligencia y desde los organismos represivos. Por eso lo aplican de manera tan entusiasta. Ellos saben que usted mata a un dirigente social y aterroriza a una comunidad entera de cientos, si no de miles de personas. El asesinato selectivo es tan eficaz como las masacres paramilitares de comienzos del milenio. Paraliza, silencia, amordaza, desmoviliza. Es por eso que este tipo de crímenes no pueden seguir siendo tratados de la misma manera que se trata un asesinato por una pelea de borrachos, o para utilizar el lenguaje oficial, como un mero lío de faldas. El asesinato de un dirigente social debe ser tratado con mayor rigor, pues cada asesinato a un líder o a un defensor equivale a asesinar a cien personas. Es más, el problema es aún más grave que el cálculo cuantitativo: se trata, en realidad, de matar el tejido social a través del asesinato del dirigente.

Este castigo ejemplar debe ser aplicado no sólo a las fuerzas materiales que están detrás de esta sangría interminable: debe también aplicarse a los autores intelectuales y a las fuerzas que desde los medios de comunicación incitan a esta cultura de la violencia en contra de los contradictores del establecimiento. Es hora de coger al toro por las astas. Lo primero, es reconocer la excepcionalidad de esta ola de crímenes que sacude a Colombia y que, a falta de un mejor nombre, llamaría un socialicidio , pues estamos ante el intento de suprimir violentamente a un sector de la sociedad y todo el tejido social alrededor de éste, mediante la supresión letal de sus representantes visibles. Debemos sacudir la indiferencia y esa cultura en la cual se ha normalizado el asesinato de los nuestros. No estamos ante una serie de asesinatos y crímenes inconexos: estamos ante una masacre sistemática, de varias décadas, propiciada por un ambiente hostil en el que desde los medios se exacerba el odio y se normaliza la muerte. La gravedad de la situación amerita medidas igualmente excepcionales.

Gracias a: Tlaxcala/La Pluma
Fecha de publicación del artículo original: 26/02/2018
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21/02/2018
El senador Iván Cepeda Castro, perteneciente al Polo Democrático, en calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, hace algunos había realizado una visita a  cárceles de Colombia, y junto con comprobar en terreno el inhumano trato a los internos, tuvo ocasión de entrevistarse con dos paramilitares que cumplían una condena de varios años por delitos de lesa humanidad, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes dieron al senador Cepeda algunos detalles del actuar del grupo paramilitar Bloque Metro, como los hechos criminales perpetrados por  los  hermanos Uribe Vélez, Santiago y Álvaro, y los Villegas Uribe, Luis Alberto y Juan Guillermo.

El ex Presidente de la República y actual senador, Álvaro Uribe, ha acumulado más de 250 procesos por su relación con los paramilitares, como también por los ilícitos cometidos cuando era gobernador de Antioquia y como Presidente de Colombia, durante dos períodos consecutivos. Estas causas se encuentran acumulados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero temporalmente archivadas.

Desde el 2014, el juez Gustavo Malo tiene también paralizada el  expediente contra los hermanos Uribe Vélez, y el único que está preso por otra causa distinta es Santiago Uribe por el asesinato de un camionero.

Álvaro Uribe se hizo elegir senador para ampararse en el fuero, frente a la ofensiva del Poder Judicial. Durante su gobierno ya había tenido fuertes choques con el Magistrado Juan Velásquez, quien estaba a cargo de “los falsos positivos” causa que, hasta el momento ha llevado a prisión al ex Director del DAS, General Naranjo, (Uribe utilizaba los organismos de inteligencia para perseguir a sus enemigos políticos y proteger a sus propios paramilitares).

Uno de los cuarteles del paramilitarismo era la Hacienda Guacharaca, perteneciente a la familia Uribe Vélez.

El actual senador Uribe Vélez, hasta ahora, había logrado zafar fácilmente, y sus delitos estaban quedando impunes, pero cometió un error que le puede resultar fatal: indignado por las acusaciones del senador Cepeda y su colusión con el paramilitarismo, acusó al senador Cepeda de haber manipulado a los testigos en su contra, entre ellos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Los jueces de Corte Suprema realizaron una investigación muy exhaustiva sobre el caso, llegando a la conclusión de que el senador Cepeda sólo cumplió con su deber como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, luego de entrevistarse con paramilitares presos. Los jueces Barceló, Castro y Hernández entregaron un Informe, de más de 200 páginas, documento en el cual declaraban inocente al senador Iván Cepeda y proponían una investigación en contra del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Uribe, que aún se siente dueño del país y apoyado por la parte más reaccionario de la población, no creyó, en ningún momento, que los jueces del máximo Tribunal fueran a tener el valor de iniciar una causa en su contra que, de comprobarse la autoría de los delitos por los cuales se le acusa, tendría de cinco a siete años de prisión por cada uno. De todas maneras, si es encontrado culpable, Uribe se convertiría en un muerto cívico, es decir, perdería el derecho a votar y ser elegido.

Los jueces dieron el pase se intervinieran los teléfonos de varios testigos utilizados por Uribe   para injuriar a Cepeda. Los colombianos llaman “chuzada” a la intervención de teléfonos y ya llevan más de 200 grabaciones de diversas conversaciones telefónicas entre Uribe y sus cómplices y entre estos entre sí. El senador Cepeda sostiene, rotundamente, que el celular de Uribe no ha sido intervenido, y que descubierto por llamadas del senador Uribe a sus cómplices.

La “chuzada” que más ha llamado la atención fue una conversación entre Uribe y Juan Guillermo Villegas Uribe, (al parecer, un reclutador de falsos testigos).Uribe, con “buen vocabulario”, le dice a su socio que tenga cuidado, pues su teléfonos están intervenidos “por unos hijos de puta”,( virginal manera de expresarse para un “paisa tan bien educado”).

Cabe preguntarse cómo supo Uribe Vélez que los teléfono de sus secuaces estaban intervenidos, salvo que tenga capacidades del más allá, o bien, tenga espías que le filtren lo que se dice y hace en la Corte Suprema.

En plena campaña electoral colombiana para parlamentarios y Presidente de la República, Uribe no podrá, por un prepotente que se haya mostrado hasta ahora, evitar el escándalo. Ya en un video, de siete minutos de duración, cometió dos errores graves, deslizando que había que manipular la Prensa; apenas se dio cuya de su imprudencia, cambió inmediatamente la frase, (todos recuerdan el subconsciente, de Freud que, en ocasiones, vence la censura y el paciente dice lo que realmente piensa).

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