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Más de 150 organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria redactaron carta, alertando sobre el peligro que se cierne sobre Chile con un gobierno en manos del extremista de ultraderecha José Antonio Kast. Representantes de los firmantes se reunieron esta mañana a los pies del monumento al presidente Salvador Allende para dar lectura colectiva al documento.

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Nosotros, representados por organizaciones o a título personal, le solicitamos que haga uso de sus atribuciones como presidente, para otorgarle el indulto a todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país.

«Sin justicia no hay paz. ¡Libertad para todos los presos políticos en Chile!»

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El articulo Solicitan a Presidente Boric el indulto a todos los presos políticos. ¡Sin justicia no hay paz! apareció primero en piensaChile.

Qué duda cabe que el pueblo está cansado, que se está haciendo escuchar y que esta multitudinaria movilización social va mucho más allá de ser tan sólo una “conmoción emocional”, como la definiera un erudito columnista del diario El Mercurio.

Es evidente que estamos asistiendo a una de nuestras peores crisis como sociedad. Son muchas las demandas que se han instalado a lo largo de todos estos años y en términos generales sus contenidos ya son por todos compartidos. Pero me temo que a pesar de la gran explosión social que se está produciendo y de las largas jornadas de marchas, protestas, caceroleos, incluidos el vandalismo, los saqueos, etc., con un gobierno de derecha al frente, las propuestas de solución siempre serán insuficientes o tenderán a ser las mínimas necesarias para calmar los ánimos y con el único objetivo de aplacar la convulsión social. Aunque cabría señalar que con un gobierno de centro izquierda o de otro color político la ciudadanía tampoco podría darse por satisfecha en el cumplimiento de sus demandas. Esto se debe a que, para lograrlo en gran medida, se requiere realizar cambios estructurales. Y para que ello ocurra existe una piedra de tope: la Constitución Política de la República.

El ciudadano común se confunde, ya que tiende a pensar que por el sólo hecho de ejercer su derecho a voto basta para estar en democracia. Pero en el fondo su decisión no es relevante, ya que independiente de quien sea elegido (del sector político que sea), el poder lo seguirá ejerciendo el poder económico.

En momentos como estos y habiendo sido testigo de la evolución del proceso político chileno desde los tiempos de la dictadura, no puedo evitar que resuenen en mi mente los argumentos planteados por el propio Jaime Guzmán en los momentos en que se validaba la constitución de 1980, quien abiertamente señalaba que, aunque el juego tendría una apariencia “democrática”, la cancha estaría diseñada de tal forma que siempre habría sólo un equipo ganador (la derecha), lo cual estaría garantizado por las reglas del juego (la constitución). Esto significa que la constitución le garantiza una permanente ventaja a su equipo por sobre el rival, lo cual -continuando con la analogía-implica que la cancha siempre estará inclinada a su favor y que el equipo contrario siempre jugará con el viento en contra, o bien que el arco del equipo rival será más grande que el arco propio.

Lo anterior se traduce en que, independiente de la coalición política que esté en el gobierno, siempre terminan siendo los de un mismo sector quienes en buenas cuentas dirigen los destinos del país, es decir quienes concibieron la constitución.

Y por si lo anterior fuera poco, el diseño de la constitución contempla elaborados mecanismos para trabar las modificaciones y especialmente para impedir su reemplazo. Por cierto, que a la fecha ya se han realizado una serie de reformas, pero estas no han sido suficientes, ya que su esencia antidemocrática prevalece hasta hoy.

Algunas de las características permanentes de la constitución son que cada vez que el ciudadano común se ve enfrentado a alguien que tiene poder pierde y no permite establecer sistemas efectivos de control y/o de regulación para evitar el abuso. Los políticos no pueden tomar decisiones que afecten el poder económico, lo que ha contribuido a su desprestigio ante la ciudadanía. Sólo permite rectificar o perfeccionar (la educación, el sistema previsional, el de salud, etc.), pero no permite realizar transformaciones importantes. Permite a la derecha utilizar al tribunal constitucional para frenar cualquier intento por evitar los abusos. Se requiere de unos quorum muy altos para aprobar leyes y reformas constitucionales. Además de otras trabas que no se visibilizan directamente en el texto, pero que se concretan en su aplicación.

La constitución es el origen, la causa de la desigualdad y de los abusos. Una de las razones por las cuales la demanda de una nueva constitución no prende fácilmente en la ciudadanía tal vez se explica en que el ciudadano no alcanza a asociar directamente el abuso que experimenta a diario con el problema constitucional. Pero a la luz de los últimos acontecimientos que están sacudiendo a nuestra sociedad, la ciudadanía está comenzando a visualizar que en la constitución es donde se definen las reglas del juego, que contiene la trama sobre la cual se configura nuestro sistema político e institucional y es en donde se definen tanto la forma como los límites dentro de los cuales se desarrolla nuestra democracia.

Un primer paso será lograr que la ciudadanía toda asimile la idea del “que” hacer para afrontar esta crisis, luego se tendrá que llegar a un gran acuerdo social y definir la forma de hacerlo, es decir el “como” superarla.

No pretendo ser majadero, pero sin temor a equivocarme me atrevo a anticipar que las medidas adoptadas por el presidente Piñera y las que pueda proponer más adelante, serán pan para hoy y hambre para mañana. Ya se ha comprobado que el sistema siempre termina maltratando a la gente. Las reglas del juego están del lado de su sector político y ello les permitirá seguir controlando los destinos del país de acuerdo a su conveniencia. Para salir adelante de esta crisis se requiere efectuar cambios importantes, algunos de ellos estructurales, los cuales de antemano sabemos que la derecha no estará dispuesta a realizar.

Que el presidente declare que ha escuchado la voz de la gente, en ningún caso significa que aceptará algún cambio en las reglas del juego. Eso no sucederá, ya que el cambio de constitución es un tema que la derecha ha evadido durante todos estos años. El peor escenario posible para emprender un cambio de constitución es bajo un gobierno de derecha. Sencillamente porque ellos fueron quienes la diseñaron y la implementaron pensando en beneficiar a su sector, aunque ello fuera en perjuicio del resto.

Los intentos del proceso constituyente iniciado durante el segundo período de Bachelet no fueron suficientes y quedó inconcluso por distintas razones, una de ellas fue la baja en el apoyo hacia su gobierno. También debemos considerar que para la clase política la prioridad ha sido permanecer en el poder, aunque ello fuera en desmedro de las demandas ciudadanas.

Quizá cuánto tiempo más los ciudadanos tendremos que seguir tolerando los abusos,  dependerá en buena medida de los intelectuales, políticos, artistas, profesionales, comunicadores y todos aquellos líderes de opinión que con una visión de país asuman la tarea de transmitir al pueblo la certeza de que en el trasfondo de las demandas subyace el problema constitucional. Será fundamental incluir a las organizaciones sociales y por cierto que a toda la ciudadanía, para llegar a un acuerdo mayoritario en el cual se incorpore el ya imperativo cambio por una constitución democrática.

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Martes 30 de agosto del 2016
Se ha destacado mucho el hecho de que cada ley que se aprueba en los últimos tiempos no deja contentos ni al gobierno ni a la derecha, como tampoco a los sectores sociales involucrados. La promulgación de la  Reforma Laboral fue una expresión patética de esto por la frustración reconocida por la propia jefa de Estado, el desacuerdo de la derecha y del empresariado, además del malestar del mundo del trabajo. Más de un año de debates en el Congreso Nacional para que lo acordado por la mayoría parlamentaria fuera desbaratado, finalmente, por el Tribunal Constitucional; algo que ocurre solamente en una “democracia” más de veintiséis años tutelada por la Constitución de Pinochet, por sus leyes de amarre y por el cogobierno de un duopolio político –derecha y oficialismo- que tienen en común ser refractarios a los cambios más profundos y demandados por los chilenos.

Tendremos ahora una institucionalidad laboral que no reconoce la titularidad sindical, cohíbe la negociación colectiva e impide la acción organizada de los trabajadores en las llamadas empresas “estratégicas” que son, dicho sea de paso, las que la Dictadura le arrebató al Estado para cederlas a sus empresarios abyectos. Por la ambigüedad de una Ley se augura por esto que los próximos conflictos laborales vayan a terminar por judicializarse, resolverse a medias o con muchas dilaciones y contratiempos en los tribunales de Justicia.

Ciertamente que en cuanto a la reforma tributaria, como en la educación y otras materias viene resultando siempre lo mismo. Es decir, un descontento  generalizado. Esto explica que sea el conjunto de la política el desacreditado y que la gran mayoría de los ciudadanos ya no tenga interés en participar en las elecciones. Pero, además, de los principales actores políticos y empresariales, lo cierto es que ha colaborado mucho a este desencanto social la bochornosa realidad de nuestras organizaciones laborales, el enquistamiento en ellas de operadores políticos postrados ante los gobiernos de turno y envueltos, también, en toda suerte de sospechas respecto de su probidad.

Prueba de ello son las últimas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), descalificadas desde el interior de los sindicatos que agrupa por haber repetido un proceso espurio, marcado por las irregularidades y dispuesto a perpetuar a  las mismas cúpulas dirigentes que cumplen largas décadas en sus cargos. Como las de la ANEF y otros referentes encabezados por sus añosos caudillos que, como se sabe, terminan siempre anteponiendo su militancia a los intereses de sus afiliados. Situación muy similar a la de un conjunto de instancias gremiales que, en vez de velar por el libre ejercicio de sus profesiones o actividades buscan aferrarse a sus “cuotas de poder” dejarse seducir por la clase política y hasta por las cúpulas empresariales.

Nada sería tan grave si en esta actitud los dirigentes sindicales y gremiales defendieran ideas y fueran fieles a las convicciones que proclaman. Se trata, muy por el contrario,  de que lo único que los motiva es permanecer en sus puestos, gozar de sus fueros y, muchas veces, recibir las dádivas de los gobernantes. Para muestra, años atrás, el propio Colegio de Periodistas recibía un estipendio regular de la Secretaría General de Gobierno para su funcionamiento, lo que ciertamente impidió que su directiva defendiera al gremio de los despropósitos comunicacionales de los gobiernos de la Concertación.

Es curioso que hasta los partidos políticos se hayan rendido a democratizar sus procedimientos internos, a practicar primarias y elecciones internas en que cada militante represente un voto, cuanto a transparentar sus cuentas, sus ingresos y gastos electorales. Sin embargo, en lo que respecta a federaciones y confederaciones sindicales lo que impera todavía son los turbios manejos que saltan de una elección como el que hemos visto recién en la CUT, al grado que después de cuatro o cinco días aún no se conocían sus escrutinios ni resultados.

Ya se sabe que ministros y parlamentarios están obligados, ahora,  a reconocer su situación patrimonial antes y después de desempeñar sus cargos. Pero nada similar rige, curiosamente,  para estos perennes “servidores” sindicales o gremiales, aunque se sabe que en varios casos podría descubrírseles enriquecimiento ilícito,  la recepción de sobornos, como la práctica del nepotismo, esto es en la contratación de familiares y amigos en la administración de sus organizaciones.

Es un hecho de la causa que quienes nos gobiernan conocen perfectamente la precariedad ética de muchos de estos representantes de la sociedad civil, lo que ciertamente les sirve para hacernos víctimas de sus aberrantes políticas previsionales, de sus vergonzosos reajustes salariales y, en definitiva, del imperio del modelo económico y social vigente, sacralizado por los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. Y que hoy hace crisis en las pensiones que pagan las AFP,  el desmoronamiento del sistema de salud pública, en el grosero lucro que ejercen las universidades, como en fracasos monumentales como el Transantiago.

Como se sabe, primero se hizo necesario el Plan Laboral de la Dictadura para luego materializar el sistema previsional, la privatización de la educación y tantos otros horrores neocapitalistas que no hubieran sido posibles si hubiésemos mantenido una organización sindical y gremial fuerte, consciente de sus deberes y dispuesta a encarar a las autoridades. Si no se hubiera desactivado desde La Moneda, después de 1973 y de 1990, a las organizaciones sociales, incluidas las señaladas, además de las poblacionales, juveniles y de Derechos Humanos. Si el gobierno de Patricio Aylwin y sus sucesores no hubiesen llevado a cabo el homicidio programado de los medios de comunicación democráticos y libres,  para terminar en connivencia con aquellos diarios, revistas y canales de televisión que habían sido cómplices del Quiebre Institucional y de los horrores seguidos.

En todo un proceso de complicidades que ha derivado, consecuentemente,  en la corrupción generalizada, no solo de la política, sino de las grandes empresas e instancias sindicales. Bajo el abrigo, siempre, de las Fuerzas Armadas que, en vez de conspirar y matar en este tiempo, se han dedicado a disfrutar de sus presupuestos multimillonarios, de sus onerosos y fratricidas juguetes de guerra, cuanto de una repugnante Ley Reservada del Cobre que se lleva en su beneficio el 10 por ciento de las ventas de nuestra minera principal, incluso en momentos de zozobra de esta empresa,  a consecuencia del bajo precio del metal en el mercado mundial. Con lo que nuestros “valientes soldados” no solo demuestran su inconsistencia moral, su impostura, sino su falso amor por la Patria y nuestra condición republicana. Aunque ya sabemos que hoy los militares solo ofician de gendarmes de las inversiones extranjeras empoderadas en toda nuestra geografía. Gracias, por supuesto, a la cobardía o complicidad de los gobiernos de turno y a la forma en que sus ministros de defensa, como se ha hecho evidente,  terminan rendidos a sus lisonjas.

Porque la culpa es de los chanchos, como también de los que le dan afrecho.

-El autor, Juan Pablo Cárdenas, es periodista y académico chileno. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de Chile en 2005. 

*Fuente: Diario UdeChile

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Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: La Concertación exterminó la prensa independiente
por Juan Pablo Cárdenas (Chile)
Publicado el 31 marzo, 2008 , en Declaraciones

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“Pero sabed muy bien que hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, todos estamos de acuerdo”.

Unidos por lo que, en términos empresariales, se denomina ‘espíritu de cuerpo’, que es la conducta de quien se siente parte de una cofradía y sale ciegamente en su defensa sin siquiera preguntarse por qué lo hace[4] actúan, a menudo, como una sola mente. En el fondo, adoptan una actitud de pertenencia, en donde cada persona se siente parte del grupo humano al que ha ingresado.
Esta actitud no es privativa de la ‘izquierda’; también la ‘derecha’ la practica. Y es tan manifiesta dicha conducta que el día 9 de abril recién pasado, todos los partidos (‘importantes’, por supuesto), desde la Unión Demócrata Independiente UDI al PC firmaron una carta en la que, junto con asumir sus plenas responsabilidades en los hechos que han puesto en tela de juicio la legitimidad de todos ellos, se comprometen a

“[…] superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nuestro mea culpa es transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia responsabilidad”[5]

La ‘izquierda’ está constituida por organizaciones políticas de las cuales las más relevantes (PS, PPD, PDC) reciben hoy el peso de la crisis de legitimidad que, en un principio, pareció afectar solamente a los sectores empresariales y a su representación política natural que es la ‘Alianza Por Chile’. Paradojalmente, esta circunstancia constituye la más fehaciente prueba que dicho sector, durante todos los años de democracia post dictatorial, ha desempeñado el rol de representante espurio del interés de las clases dominantes. A este conglomerado se ha unido, pues, el partido Comunista y Revolución Democrática, que también han iniciado la ejecución de prácticas en donde está presente el nepotismo y su variante del ‘amiguismo’[6]. Formando todas esas organizaciones parte integrante del pacto ‘Nueva Mayoría’ y, en consecuencia, manifestándose como constructoras de la crisis actual, parece difícil que opten por una salida a la misma que dé adecuada respuesta a las reivindicaciones sociales por tanto tiempo postergadas. Por lo demás, tienen directo interés en que así suceda. Y es que, sin perjuicio de las prácticas nepotistas en que ha incurrido gran parte de la militancia de esos partidos, la generalidad de sus miembros está directamente involucrada en los escándalos. Aunque intentara convencer de lo contrario a la población nacional, más que difícil, dicha tarea parece imposible. Su militancia ya ni siquiera cuenta con el apoyo de quienes votaron por sus candidatos y el escándalo de la corrupción está conmoviendo seriamente las estructuras partidarias del pacto[7]. No hay que olvidar que han sido, precisamente, militantes de ese pacto quienes han propuesto como solución a la crisis de legitimidad la realización de elecciones anticipadas. Por lo demás, parece difícil que la población acepte que quienes han cometido los desatinos legislen, ahora, para poner fin a los mismos. Porque, como lo señalamos en otro de nuestros documentos, la población se ha puesto reacia a dejar el gato a cargo de la carnicería.
En resumidas cuentas, los partidos tradicionales y los nuevos que conforman ese pacto se encuentran entrampados; y para el colmo, no tienen voluntad política para resolver la crisis, si intentaran hacerlo nadie les creería y, en todo caso, ni siquiera disponen de la capacidad necesaria para llevar adelante tales iniciativas.
Los sindicatos
El movimiento sindical no se encuentra en una situación mejor. Las disputas por el liderazgo y la conducción gremial han hecho estragos entre las organizaciones sindicales. La Central Unitaria de Trabajadores, que no es la CUT antigua, se encuentra aislada del resto de los movimientos que no forman parte de ella y que no son pocos; como lo señalara una de las diputadas del partido que dirige esa central, dicha organización se encuentra ‘con un pie en la calle y otro en el Gobierno’, intentando llevar adelante una reforma laboral que es resistida por la generalidad de los asalariados. No dice verdad, por ende, su presidente Bárbara Figueroa, cuando afirma que

“[…] nunca el movimiento sindical se había visto en mejor situación que ahora […]”[8]

para defender con esas palabras las bondades que implica una reforma laboral como la que ha propuesto el Gobierno.
La CUT no está en condiciones de asegurar que tiene la representatividad del mundo laboral; es la más grande organización que existe, pero no es la central ‘única’.
El intento más serio de unificación sindical está siendo llevado adelante por el llamado Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical CIUS, pero esa labor requiere de tiempo y perseverancia. De lo cual podemos inferir que, de imponerse tal iniciativa, el proceso de unidad no ocurrirá de súbito, de inmediato, como un acontecimiento, sino a un mediano o largo plazo. La tarea, sin embargo y a partir de ahí, no estará terminada: la necesidad de unificar por la base a las grandes organizaciones que no han estado presente en ese proceso se hará urgente[9].
Los problemas de unificación del mundo sindical constituyen solamente una parte de la problemática. Al margen de todo aquello, el sindicalismo se encuentra tremendamente debilitado por efecto de la legalidad impuesta por la dictadura. Las huelgas no han logrado levantar a la aguerrida clase trabajadora ni tampoco elevar su calidad de vida; curiosamente, la generalidad de los conflictos laborales que se han generado en los últimos años, resultaron dañinos para el interés de los trabajadores. Un estudio hecho por Gonzalo Durán y Marcos Kremerman, investigadores de la Fundación ‘Sol’, indica que

“[…] en los años 2014 y 2013 el promedio de los reajustes salariales tras negociaciones colectivas no logró superar el 1%”[10].

La situación es trágica para el sector laboral. Eliminado en gran medida el verdadero sector productor de plusvalor, que se concentra dentro del sector industrial (solamente quedan las áreas del cobre y de las forestales) en beneficio de las empresas importadoras, la clase obrera ha crecido en el ramo de la construcción y en el trabajador ocasional. Pero dicho crecimiento no basta para cifrar una esperanza en ella. Los duros años vividos por los trabajadores bajo dictadura y la veleidosidad de los partidos de la ‘izquierda’ en cuanto a defender con ahinco el derecho a obtener mejoras en las condiciones laborales, han sembrado temor en esa clase que prefiere, a menudo, un salario pequeño pero seguro antes de aventurarse en paros o peticiones que puedan desatar la ira de los patrones en contra de ellos y terminar con el precario empleo que poseen.
Los movimientos sociales
Los movimientos sociales están permanentemente apareciendo y desapareciendo a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, circunstancia que permite caracterizarlos como verdaderas estructuras disipativas, organizaciones esencialmente efímeras, transitorias, que sólo aparecen en el borde del caos[11]. Eso no es algo que deba sorprender. Los movimientos sociales surgen por indicarlo así las necesidades más inmediatas que afectan a un sector social, satisfechas las cuales (en todo o en parte) se retorna al estado anterior. No hay, por tanto, una proyección hacia el futuro en las demandas, sino éstas se plantean en torno a situaciones coyunturales y específicas. Difieren los movimientos sociales tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sindicales en que estas últimas estructuras sí tienen una vigencia mayor, proyectándose en el tiempo con tareas a futuro y programas de acción, lo que no ocurre con la generalidad de las organizaciones sociales.
En consecuencia, las organizaciones sociales no están preparadas para asumir el control de una nación porque el estrecho marco visual de sus reivindicaciones las hace nacer y morir dentro de períodos de extraordinaria brevedad.
El movimiento estudiantil
El movimiento estudiantil se presenta como un segmento social diferente a los otros. Consta de dos grandes ámbitos, herencia de la distribución que el mando jerárquico de la nación hizo de los jóvenes: los que pertenecen a la educación secundaria o ‘inferior’, y los que pertenecen a la educación universitaria o ‘superior’. Esta estructura divisoria se acrecentó hasta manifestarse como una separación absoluta de intereses hasta el momento de la derrota de los ‘pingüinos’ en 2006. Esta derrota no fue fruto del azar sino una maniobra consciente y deliberada que se perpetró y consumó bajo el primer período presidencial de Michelle Bachelet y con su directa participación; la unificación del movimiento estudiantil pudo alcanzarse sólo en los años posteriores y alcanzó su clímax en las grandes marchas de 2011 que se han prolongado hasta nuestros días.
El movimiento estudiantil es diferente porque constituye el segmento doctrinariamente más lúcido y decidido de la sociedad en cuanto a los objetivos de conseguir una sociedad más humana, fraterna y solidaria: se trata de jóvenes que, tarde o temprano, tomarán en sus manos las riendas administrativas de la sociedad. No son dependientes de un sueldo o una remuneración que les obligue a doblar la cerviz ante un empleador que pueda amenazarlos con el despido; dependen de sus padres y luchan por sus derechos y los de sus progenitores porque son capaces de constatar las dificultades económicas en sus propios hogares; no por otro motivo protestan. Son personas que no tienen hijos que cuidar ni proteger por lo que están libres de compromisos que puedan obligarlos a sacrificar sus ideales. Por eso son capaces de grandes sacrificios y tienen la osadía de la que carecen otros sectores de la sociedad más comprometidos con la defensa de sus hogares.
Pero tienen, también, desventajas; a ellas nos referiremos más adelante.
La crisis frente a los sectores dominados y la necesidad de la unidad
Así, pues, si bien es cierto que la actual crisis de legitimidad se presenta como una oportunidad para los sectores dominados en cuanto a efectuar las transformaciones estructurales que se requieren, también no es menos cierto que las condiciones para hacerlo no les son las más favorables. Porque no se trata de realizar las transformaciones que el pacto ‘Nueva Mayoría’ llama ‘estructurales’, sino aquellas que verdaderamente lo son[12].
Si el sistema capitalista posee una estructura basada en la existencia contrapuesta de compradores y vendedores de fuerza o capacidad de trabajo, una transformación estructural implica alterar esa composición, situación que, necesariamente, lo hace derivar a un sistema diferente. He ahí el quid del problema. Por eso, cuando se habla de ‘transformaciones estructurales’ no se habla de simples reformas sino de alteraciones en la composición estructural de un sistema. En palabras más directas, en el cambio de un sistema por otro. Todo lo demás es un eufemismo.
Pero, ¿es, acaso, posible realizar esa tremenda tarea? Para que una época de cambios se haga presente, para aprovechar las ventajas que arroja una crisis de los sectores dominantes como sucede en el país, es necesario estar en posesión de poder; y el poder se consigue acumulando fuerza social, lo que se logra unificando a los sectores desprotegidos. Dicha unificación se puede alcanzar de muchas maneras.
Por una parte, puede hacerse a través de proponer la consecución de la propia unidad en el carácter de meta a lograr en determinado plazo; por otra, puede igualmente conseguirse en virtud de establecer un objetivo que sirva para alcanzar esa unidad, es decir, entregando una propuesta que entusiasme al conjunto social de tal manera que lo haga plegarse en forma incondicional al logro de ese objetivo. Estas formas de alcanzar la unidad del conjunto social pueden estimarse como contrapuestas; no lo son, sin embargo. Por el contrario, pueden ser consideradas, incluso, como alternativas perfectamente compatibles entre sí. Pero este es sólo el primer aspecto del problema.
En efecto, la formulación de la tarea a realizar requiere de algo más: debe ser propuesta por alguien y ese alguien no puede ser un sujeto cualquiera. Por tanto, se trata de determinar a quién o quiénes van a realizar la propuesta, y si tal persona o personas tienen o no legitimidad para hacerlo. Porque cuando eso no sucede, cuando quien formula la propuesta no tiene aún reconocimiento de la sociedad, las consecuencias que genera su acción pueden desatar un movimiento e incluso desarrollarlo, pero este movimiento no va a poseer la fuerza social que permita producir el efecto deseado. Porque estamos hablando, aquí, de la legitimidad del convocante.
La legitimidad del convocante
Convocante es la persona u organización que convoca o llama a otro u otros a efectuar una determinada acción. Un convocante puede o no ser legítimo; pero eso nada significa. Lo que importa sí es que posea ‘moralidad’. La legitimidad de un convocante habla acerca de una conducta suya que es de sobra conocida y de la seriedad de su convocatoria. La conducta de un convocante que le otorga legitimidad implica ausencia de comportamientos anómalos, fracasados o dudosos, que puedan poner en tela de juicio su probidad o capacidad de conducción. La seriedad de su convocatoria, íntimamente relacionada con lo anterior, implica su compromiso de tomar parte activa en ella. Por el contrario, se pone en tela de juicio su legitimidad cuando el convocante es una persona acerca de cuya probidad o capacidad de conducción se duda; también, cuando se trata de una persona que acostumbra a convocar y no participa él o los suyos a su propia convocatoria.
Nosotros recordamos, en esta parte, lo sucedido en Chile antes de las protestas de 1983. ¿Qué las hizo posible? ¿Por qué la Coordinadora Nacional Sindical, el Grupo de los Diez, la ANEF nunca pudieron convocar a la ciudadanía a manifestarse en la forma que lo hicieron las protestas de 1983? A nuestro juicio, porque los convocantes no poseían legitimidad; en este caso, credibilidad social. Pero cuando tomó esa iniciativa la Confederación de Trabajadores del Cobre CTC y apareció un dirigente carismático como lo fue Rodolfo Seguel, la comunidad se sintió representada por esa organización establecida en medio de la columna vertebral de la riqueza chilena.
Quién o quiénes pueden ser los convocantes
Sostenemos nosotros en este documento que los partidos de la llamada ‘izquierda’ están impedidos de tomar en sus manos la convocatoria a realizar las transformaciones que la sociedad requiere por dos cosas:

1. No son convocantes legítimos; perdieron su legitimidad y se encuentran desprestigiados, incluso, ante sus propias bases;
2. Para el caso que lo fueran, no tienen la convicción ni están interesados en hacer transformaciones verdaderamente estructurales al sistema porque sus objetivos son otros;
3. Esos objetivos se pueden resumir en uno solo: el perfeccionamiento constante de la vigencia del sistema de dominación introduciéndole reformas que permitan reducir o amortiguar las contradicciones de clase;
4. Lo que lleva a concluir que, por ello, se han transformado en representantes espurios de las clases y fracciones de clase dominantes.

Esto significa, claramente, que constituiría un error de magnitudes creer o suponer siquiera que ellos estarían en condiciones de llevar adelante un proceso de transformaciones que pueda superar el actual estado de cosas. Por el contrario: permitirles que encabecen un proceso de esa naturaleza constituiría una acción simplemente suicida que podría solamente conducir a nuevas y sucesivas derrotas de los sectores dominados de la sociedad. Por tanto, no sólo debe concluirse que jamás ha de contarse con esos partidos sino EVITAR LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRABAJO EN ESE SENTIDO con los mismos. Los partidos del pacto ‘Nueva Mayoría’ se han transformado en obstáculos para la satisfacción de los intereses de las grandes mayorías nacionales. Por consiguiente, lo único que queda es analizar las posibilidades de iniciar esos trabajos con el mundo sindical, los movimientos sociales y el movimiento estudiantil.
En el mundo sindical, la CUT no es un legítimo convocante. Descontando el hecho que no representa al mundo laboral pues los trabajadores sindicalizados constituyen apenas el 8% de la población laboral chilena, con buena voluntad podría aceptarse que un porcentaje cercano a la mitad de ese contingente humano se encontraría afiliado a la CUT, lo cual confirma nuestra aseveración; la CUT ha aceptado, además, la forma de funcionar del Parlamento en el sentido de imponer para quienes defienden a los trabajadores rentas que superan en diez o más veces las remuneraciones de sus defendidos[13]. Así, pues, hay que mirar hacia otras organizaciones. La Confederación de Trabajadores del Cobre es extraordinariamente importante pues el cobre ha sido y seguirá siendo la columna vertebral de la economía chilena; se trata, por consiguiente, de una organización sindical establecida en empresas del área estratégica de la economía. Así, esta confederación continúa manteniendo su predominio. Este predominio lo mantuvo hace algún tiempo atrás, pero lo perdió cuando uno de sus dirigentes más carismáticos, Cristian Cuevas, militante del partido Comunista, se separó del gremio luego del comienzo de la colaboración de ese partido con el pacto ‘Nueva Mayoría, siendo cooptado por el Gobierno para desempeñarse en el cargo de agregado laboral de Chile en España. También constituye un sector estratégicamente importante el sector bancario pues la fracción bancaria de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo es el sector que conduce hegemónicamente el Bloque en el Poder. Pero también es importante esperar las gestiones que realiza el Comité por la Iniciativa de la Unidad Sindical CIUS y no las opiniones de la CUT, pues ésta se encuentra cooptada por el Gobierno y ocupada en discutir una reforma laboral que no tiene futuro y en colocar a su dirigencia en cargos de dirección dentro de la Administración Pública. No han sido fruto del azar las manifestaciones paralelas del 1 de mayo y las protestas a la línea impuesta por la directiva de la CUT.
El movimiento estudiantil no está en las mismas condiciones que en 2011. Si bien la FECH mantiene la línea de acción que trazara Gabriel Boric en 2012, el apoyo del estudiantado de la Universidad Católica es limitado. La CONFECH ha podido realizar sus marchas no como antaño sino tan sólo con cierto éxito pues su llamado al cacerolazo tuvo escasa repercusión el día de la protesta. Los secundarios tienen dos organizaciones que son la Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios CONES y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, ambas con direcciones que buscan llevar adelante ideas bastante avanzadas.
¿Qué posibilidades tienen los estudiantes de constituirse en núcleo aglutinador de una nueva corriente proclive a los cambios?
El comportamiento de las dirigentes comunistas Carol Cariola y Camila Vallejo en cuanto al cambio radical que tuvieron, de contradictoras al gobierno del pacto ‘Nueva Mayoría a sostenedoras del mismo, aunque era fácil de prever, ha producido un severo daño a la credibilidad del movimiento estudiantil. Sin embargo, este deterioro ya venía de antes. En 2006 el sector estudiantil dirigido Rodrigo Peñailillo abandonó a su suerte al resto de sus compañeros incorporándose su directiva al PPD. No fue extraño que el entonces presidente de la FECH Rodrigo Roco (militante del partido Comunista) se viera obligado a considerar a Peñailillo como ‘traidor’ al movimiento estudiantil. Sin embargo, al incorporarse el partido Comunista al pacto ‘Nueva Mayoría’, también Rodrigo Roco fue cooptado por el gobierno de Michelle Bachelet; hoy se desempeña en calidad de asesor. No hay que olvidar, además que el propio vocero Álvaro Elizalde fue dirigente estudiantil y luchó activamente contra el gobierno concertacionista; hoy no sólo está incorporado a las labores del gobierno de ‘Nueva Mayoría’ sino tiene a dos de sus hermanas trabajando en el Gobierno como, asimismo, a su cuñado[14]. El diputado Giorgio Jackson, que luchara con tanto ahinco contra el Gobierno de Piñera y manifestara dudas respecto del pacto ‘Nueva Mayoría’, terminó llamando a votar por Bachelet en la segunda vuelta. Hoy, cuando se le pregunta por si los escándalos le hacen arrepentirse de haber apoyado a Bachelet, mueve negativamente la cabeza.

“No me arrepiento que en un contexto de segunda vuelta nosotros desde Revolución Democrática, que es el movimiento en el que participo, hayamos tenido una discusión comparando el programa de Michelle Bachelet con el de Evelyn Matthei, y haber dicho, saben qué, en esta disyuntiva nosotros estamos con Michelle Bachelet […]”[15]

Así, pues, la situación no es la de 2011: la confianza en el movimiento estudiantil también se ha deteriorado; sin embargo, a pesar de ello, es el más indicado para nuclear en torno suyo a los sectores más proclives a los cambios. Pero es dudoso si tiene o no la calidad de convocante dotado de legitimidad.
El convocante legítimo
Puede suceder que ese convocante legítimo no exista o no haya aún manifestado su presencia dentro de la comunidad; pero puede, además, suceder que la búsqueda del mismo se haya centrado en personas individualmente consideradas, como acostumbra hacerse respecto del ‘líder’. Y es que, corrientemente, el convocante legítimo es un sujeto particular pues así sucedió en su tiempo con Rodolfo Seguel y la convocatoria hecha a las protestas del 83. Pero la individualidad del convocante legítimo no es un requisito esencial de su existencia. Porque cuando tal convocante particularmente considerado no se manifiesta, en su reemplazo puede hacerlo como tal una persona colectiva, un conjunto de individuos que ha querido concertarse con el fin de presentar a la comunidad una propuesta para actuar en contra de los dominadores. En ausencia del convocante legítimo particular corresponde, en consecuencia, crear al convocante legítimo colectivo pues la sumatoria de sujetos, en potencia de ser reconocidos en el carácter de tal, actuando de consuno, dan nacimiento a un solo convocante dotado de legitimidad. Por lo demás, esta forma de proceder responde a la nueva forma de organización horizontal que ha ido adoptando la propia comunidad.
El convocante legítimo es, pues, un ‘factor de unidad’, pero de unidad social. Se trata de una persona, como ya se ha dicho —individual o colectivamente considerada—, reconocida por la comunidad como un actor cuyo llamado a la acción no sólo debe ser considerado, sino constituye, además, para ese conjunto social un imperativo imposible de resistir. Por consiguiente, repetimos que cuando el convocante legítimo individualmente considerado no aparece o no se manifiesta, es tarea de los movimientos sociales realizar encuentros sucesivos destinados a provocar la emergencia de aquel en el carácter de sujeto colectivo.
Problemas que se presentan[16]
En política —y, en general, en todos los actos de la vida que, de por sí, posee su propia dinámica de desarrollo—, la inmovilidad de un actor político no sólo implica el avance de su adversario sino le significa, a la vez, un verdadero retroceso pues, sin que para aquel constituya esfuerzo adicional alguno, le hace recuperar el terreno perdido en la imposición de sus ideas. Por eso, la incapacidad que presentan los movimientos sociales en cuanto a tomar en sus manos la conducción del proceso de reformas estructurales de la sociedad chilena, coloca naturalmente la solución de la crisis en manos de otros. Y esos otros no son sino los actores políticos. No actores políticos de ‘izquierda’ o de ‘derecha’; simplemente ‘actores políticos’, es decir, actores genéricos, de toda la gama posible de ideas que existen en política, no sociales. Porque la lucha de clases se ha trasladado a ese ámbito, en donde la escena política de la nación en su conjunto se ha vuelto representativa de los intereses del gran capital contraponiéndose al interés general de la población nacional. Entonces, los movimientos sociales, que no han podido ni pueden actuar (por las razones que sean), abandonan el campo de la lucha social para que los actores políticos vuelvan, una vez más, a tomar en sus manos la conducción de la nación con sus mismos personajes y sus mismas prácticas, que es lo mismo que decir, ‘con sus mismos usos y costumbres’. La inmovilidad puede hacer posible, pues, el triunfo del adversario.
En esas condiciones, la escena política de la nación cuenta con una extraordinaria herramienta: la administración del Estado o más exactamente, la Presidencia que, por razones estratégicas, al igual que el Estado mismo, se presenta en el carácter de ente neutro. En realidad, la razón es que tanto el Estado como el jefe de la nación o representante político del Estado, son ‘factores de unidad’ de una amalgama social: el Estado lo hace como ‘factor de unidad’ del Bloque en el Poder; el jefe de Estado lo hace como ‘factor de unidad del Estado/nación’. Por eso, aparentemente, se presentan en el carácter de elementos neutros. Y, sin embargo, representan los intereses del sector hegemónico del Bloque en el Poder. Por eso se les protege y se les presenta como entes inmaculados, capaces de conducir a la nación e incapaces de cometer un desatino.
El carácter neutro del jefe del Estado (en este caso, de la presidenta Bachelet) la hace aparecer como un ‘ibis de la paz’, un árbitro supremo en las disputas de las organizaciones políticas, un amigable componedor en los diferendos presentes o futuros que puedan amenazar la continuidad del sistema. Esta idea se encuentra admirablemente bien expresada en un artículo de Bet Gerber recientemente publicado en donde, a propósito de la discusión en donde algunos opositores a Bachelet acusan, al interior de ‘Nueva Mayoría’, existir una soterrada lucha generacional:

“No se trata de una generación joven de alto vuelo político dispuesta a luchar por sus ideales contra otras, vetustas y reaccionarias. Ciertas disputas parecen más bien darse en torno a la administración del poder. En este escenario, los caminos de salida habrá que construirlos entre muchos más, con el imprescindible liderazgo de la presidenta, que tiene en sus manos armar equipo con las y los mejores. Y éstos no se concentran ni en un grupo, ni en una generación”[17].

Así, la estructura social mediada por la fuerza se prepara para la defensa; y en esa tarea se empeñan todos los ‘socialistas’, liderados por la ‘regina mater’. La defensa de la institucionalidad, y, por ende, del Estado, la gobernabilidad y el resguardo institucional como salida a la crisis[18] pasan a ser ‘la’ necesidad de todos los actores políticos. La creación del Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción (simplemente ‘Comisión Engel’ fue el primer paso en ese sentido; la intervención de Bachelet a través de una cadena nacional de radios y TV del día 28 de abril pasado ha sido el segundo; probablemente el tercero tenga lugar el 21 del presente. De esa manera se configura el escenario en donde los involucrados en los escándalos serán los encargados de poner fin a los mismos. Jamás podrá el ratón experimentar mayor regocijo al quedar cuidando el queso.
Por tanto, y como conclusión: sostenemos nosotros que, de no ocurrir un cambio importante en la conducta de las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles en torno a encontrar cauces de unidad, y de no hacer su aparición un convocante dotado de absoluta legitimidad, es muy posible que los actores políticos vuelvan a tomar en sus manos el control de la situación y alejen, merced a maniobras realizadas en el plano del manejo de ciertas instituciones y de los recursos estatales[19], además de la propaganda y de los medios de comunicación[20], el fantasma de la crisis que ha penado hasta ahora por las instituciones estatales.
Santiago, mayo de 2015
Notas:
[1] Entre otros, la mantención del Director de Impuestos Internos Michel Jorrat a fin de impedir que se interpongan querellas contra los involucrados en el caso de SQM y el retiro de la urgencia al proyecto que dotaba de mayores recursos a la Fiscalía Nacional, con idéntico fin.
[2] Algunos periódicos han comenzado ya con la campaña de destacar en sus titulares a una presidenta que lidera su coalición, que ‘golpea’ fuerte en la mesa o habla ‘claro’. Se hermanan en esta tarea ‘El Siglo’ (del PC), ‘Cambio 21’ (de la DC), ‘Las Últimas Noticias’ (del consorcio de Agustín Edwards ‘El Mercurio’), en fin. Del mismo modo, de las dos marchas realizadas el 1 del presente, sólo se dio cobertura en los medios informativos a la oficial que encabezaron la CUT y algunos ministros del pacto ‘Nueva Mayoría’.
[3] El caso más notable es el de Thomas Piketty quien, en el prólogo a su obra “El Capital en el siglo XXI” reconoce no haber leído la obra de Karl Marx ‘El Capital’, a cuyo contenido dedica su trabajo.
[4] Este ‘espíritu de cuerpo’, o ‘identidad de grupo’ se manifiesta en la hinchada de los clubes deportivos, en las naciones, en las empresas, en fin.
[5] Redacción: “Desde la UDI al PC firman documento para fijar posición frente a la crisis […]”, ‘El Mostrador’, 09 de abril de 2015. La carta está firmada por los presidentes de todos los partidos ‘importantes’: Osvaldo Andrade (PS), Javier Macaya (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jaime Quintana (PPD), Guillermo Teillier (PC), Ernesto Velasco (PRSD) e Ignacio Walker (DC).
[6] Esta no es una afirmación antojadiza. En el caso del partido Comunista, a la participación de Julio Sarmiento Machado, marido de Camila Vallejo en la asesoría del Ministerio de Salud (Minsal), cooptado con el sueldo de $ 3.500.000, se han sumado la de Martín Pascual Arias, padre de la ministra Pascual, como asesor del Ministerio del Trabajo con un sueldo de $ 3.700.000.
[7] ¿Necesitamos insistir aquí, una vez más, sobre la suciedad en que se desenvuelve la política en el país? El 5 de febrero dos personas denunciaron haber sido inscritas por la vicepresidenta del PS Mónica Aguilera por la corriente de Escalona en el sector de San Ramón. (Véase el artículo de Pedro Pablo Ramírez “Elecciones PS: inscripciones falsas de militantes en San Ramón, la jugada del escalonismo en su comuna fuerte”, publicado en ‘El Mostrador’, 23 de abril de 2015). Un ejemplo: en las elecciones de la directiva del partido Socialista en abril pasado, de los 200 mil militantes inscritos votaron solamente 25 mil, aproximadamente.
[8] Entrevista a Bárbara Figueroa en ‘Hora 20’, Canal 4 La Red, 27 de abril de 2015.
[9] La CUT actual no es la vieja CUT. La distinción no es sólo semántica: la actual es una ‘central unitaria’, es decir, una central que no es ‘única’ sino busca lograr la unidad; los acuerdos con alcanzados con la DC que no quería saber de una ‘central única’ al término de la dictadura hicieron el cambio de nombre.
[10] Ramírez, P. y Barrera, K.: “Trabajadores que negociaron colectivamente en 2013 no alcanzaron el 1% en reajustes salariales”, ‘El Mostrador’, 21 de abril de 2015.
[11] Véase este concepto de ‘estructuras disipativas’ en la obra de Murray Gelman ‘El quark y el jaguar’, y en las diferentes obras del premio Nobel en Química Ilya Prigogine. También en la obra de James Gleick “Caos, el nacimiento de una ciencia”.
[12] ‘Transformaciones estructurales’ implican transformaciones en la estructura de un fenómeno o de un sistema, es decir, transformaciones que, de ocurrir, lo pueden hacer derivar en un fenómeno o sistema diferente.
[13] Las rentas de los dirigentes de la CUT son bastante elevadas. Bárbara Figueroa gana poco más de tres millones de pesos al mes.
[14] María Eugenia Elizalde Soto es directora del centro de salud ‘Capredena’ y gana $2.268.514; María Soledad Elizalde Soto es jefa de departamento en el Instituto de Seguridad Laboral, con un sueldo de $ 2.704.680; José Roa Ramírez, que se desempeñara en varios cargos de gobierno durante el período de Sebastián Piñera lo hace actualmente como Director del plan Estadio Seguro, con una remuneración mensual de $ 5.782.907.
[15] Redacción: “Giorgio Jackson no se ‘arrepiente’ de haber apoyado a Michelle Bachelet en segunda vuelta”, ‘El Mostrador’, 23 de abril de 2015.
[16] Sobre el contenido teórico de esta parte, nos remitimos a las obras de Nicos Poulantzas, en especial, ‘Poder político y clases sociales en el estado capitalista’.
[17] Gerber, Bet: “De viejas guardias y generaciones líquidas”, ‘El Mostrador’, 28 de abril de 2015.
[18] Cienfuegos S., Ignacio: “La gobernabilidad y el resguardo institucional como salida a la crisis”, ‘El Mostrador’, 28 de abril de 2015.
[19] Entre otros, la mantención del Director de Impuestos Internos Michel Jorrat a fin de impedir que se interpongan querellas contra los involucrados en el caso de SQM y el retiro de la urgencia al proyecto que dotaba de mayores recursos a la Fiscalía Nacional, con idéntico fin.
[20] Algunos periódicos han comenzado ya con la campaña de destacar en sus titulares a una presidenta que lidera su coalición, que ‘golpea’ fuerte en la mesa o habla ‘claro’. Se hermanan en esta tarea ‘El Siglo’ (del PC), ‘Cambio 21’ (de la DC), ‘Las Últimas Noticias’ (del consorcio de Agustín Edwards ‘El Mercurio’), en fin. Del mismo modo, de las dos marchas realizadas el 1 del presente, sólo se dio cobertura en los medios informativos a la oficial que encabezaron la CUT y algunos ministros del pacto ‘Nueva Mayoría’.

El articulo Las organizaciones sociales ante la crisis de legitimidad apareció primero en piensaChile.