En Chile, dos de los nuevos parlamentarios surgidos del ascendente y combativo movimiento estudiantil (Jackson y Boric) propusieron reducir la dieta parlamentaria a valores aproximados a la mitad, cosa que surgiría de limitar la dieta de diputados y senadores a un máximo “equivalente a veinte veces el ingreso mínimo mensual”, además de descontar el proporcional por inasistencias o sustracción de quórum. Cuando fue consultada por un canal televisivo, la ex presidenta de la federación estudiantil y actual diputada, Camila Vallejo, de quien se esperaba particular acompañamiento, produjo cierto desconcierto: “La desigualdad no se combate disminuyendo la dieta de los parlamentarios. Creo que la discusión sobre la desigualdad es mucho más profunda y mucho mayor y no va a cambiar la desigualdad porque nosotros bajemos de una dieta líquida de cinco millones a tres millones y medio, porque eso igual nos deja muy lejos del promedio de la gente, que son 250 mil o 300 mil pesos”. Perogrullo seguramente acordó con la desvinculación entre la desigualdad social general y la reducción de la dieta, aunque no sin preguntarse ¿y entonces? Por twitter Boric aclaró la aparente desavenencia. «Estamos en misma línea con @camila_vallejo. Nuestro proyecto no soluciona desigualdad pero es señal ética contra ella».

A la vez, en su audición radial del 8 de abril (disponible en la página de presidencia) el presidente Mujica, con su habitual capacidad comunicativa, sencillez y contundencia, realizó varios subrayados que interceptan la problemática y ratifican tanto sus generosas actitudes como su espíritu conservador y sus insalvables contradicciones. Sin eludir precisamente el “peligro” de los privilegios materiales y de la “sensibilidad de bolsillo” de los políticos y los legisladores en particular, parte de premisas por mí compartidas para arribar luego a impotentes conclusiones. Las primeras aserciones de su alocución subrayan los aspectos más valorables –y valorados- de su autenticidad. Ratificó por ejemplo la idea de dar importancia prioritaria a los hechos en desmedro de las palabras y de vivir como se piensa y no inversamente, “pensar como se vive”. Reiteró la donación de buena parte del salario de legislador que se impusieron los parlamentarios de su sector (aunque sin nombrarlo, deduzco que alude al MPP) para la creación de lo que luego fue el Fondo Raúl Sendic y para ayudar a los compañeros enfermos, quedando para sí, sólo una magnitud equivalente al salario de la mayoría de los trabajadores. No sin conflictos internos, ya que produjo aparentes resistencias al interior de su propio espacio, que juzga encubiertas por debates más programáticos o ideológicos. Concluye por lo tanto que tales conflictos opusieron a quienes practican una solidaridad meramente verbal con aquellos que la sostienen con sus actos mediante la resignación de dinero.

Sin embargo, luego de exponer la propia filosofía que personalmente comparto y reconocer las implicancias de la distancia entre los emolumentos de los políticos respecto a la mayoría de la sociedad civil, concluye que no es algo que demandaría a las derechas, lo que es lo mismo que decir que no es institucionalizable, sino un mero gesto personal voluntario. Sería sólo una recomendación moral, que -entiendo además- no abarca siquiera a la totalidad del Frente Amplio. Aquello que resultó y resulta valorado por buena parte de la sociedad uruguaya y la opinión pública internacional representa una concepción y estrategia propia del período de resistencia y paulatina inserción en el poder legislativo bajo hegemonía derechista, de la que emana su indiscutible autoridad moral. Pero parece olvidar que tal período culminó hace 9 años y que la iniciativa la tiene, o debería tenerla, la izquierda. La solución de Mujica es solidaridad de un sector de la sociedad política (el propio) hacia otro de la sociedad civil (el más postergado) a través de la filantropía. Esta idea es consistente con otras intervenciones peyorativas hacia los sectores políticos más radicales o críticos, el feminismo o los intelectuales, a quienes reprochó -se recordará- no ejercer estas formas solidarias “haciendo un guiso” o “comprando medio kilo de chorizos” para compartir. Su propuesta no es de transformación del “estado de cosas”, sino a lo sumo de tenue morigeración -por vías informales y carentes de control ciudadano- de la incapacidad del Estado para contener las marginaciones que el régimen produce, económica, social y políticamente. Un reactivo voluntarista ante la impotencia en la gestión. ¿No es más eficaz profundizar y universalizar aún más la reforma de la salud para que los compañeros enfermos reciban la debida atención por derecho propio y no por dádivas? ¿Es concebible que haya aún quiénes requieran del auxilio de un guiso o de un micropréstamo para “inventarse un trabajo”, en un contexto de indisimulables mejoras en todos los indicadores económicos, aún por encima de las expectativas? Aún si transitoriamente lo fuera, ¿no es más justo -y sobre todo educativo- que toda la sociedad aporte para mitigar las penurias de los desheredados proporcionalmente a la magnitud de los beneficios materiales que obtiene del propio sistema económico y político?

Precisamente la consagración de derechos, la fijación de impuestos con fines redistributivos, las limitaciones al poder y los controles sobre él, en suma, las medidas económicas y políticas institucionalizadas, son hechos y no meras palabras. Hechos  -potencialmente al menos- perdurables e independientes de la buena o mala voluntad de los actores y del carácter de sus discursos. Paradójicamente, la crítica de Mujica y su llamamiento a la generosidad y a la solidaridad, son sólo palabras (autorizadas y fundadas en la coherencia de actitudes individuales, pero palabras al fin), de las que tanto desconfía. No hace mal en desconfiar, ya que si se confiara en que las palabras y sus intenciones produjeran mecánicamente hechos, se podría llegar al absurdo de dejar librada la magnitud de la contribución impositiva a la conciencia ética de los ciudadanos. Si, como sostiene, “el bolsillo es el órgano más sensible” (aún más que el corazón) ¿por qué no recetarle limitaciones institucionales que le eviten excesos y tentaciones? El individualismo moralista, en vez de moralizar la institucionalidad, desmoraliza la capacidad institucional de alentar la solidaridad social y naturaliza los límites y la ineficiencia de la política bajo este régimen fiduciario.

Sin embargo, el debate es la punta de un iceberg sumergido en silentes profundidades cuya verdadera caladura es la del financiamiento de la política. En ausencia de institutos y leyes que transparenten los mecanismos de financiación necesaria de los partidos políticos, que otorguen cuotas de publicidad y difusión gratuita en los medios, que sostengan infraestructura para reunión y organización, entre otras, se recurre al perverso mecanismo de otorgar altos privilegios pecuniarios a los políticos para que éstos deriven parte de ellos a sus estructuras organizativas, contribuyendo de este modo a su propia reproducción objetiva y subjetiva como políticos. Constituye una parte de la llamada “caja negra” de la política, de cuya preservación y utilización las izquierdas no están exentas. En lugar de subvertir el régimen, se intenta aprovechar las desigualdades y privilegios que genera, aunque con fines loables. La perversidad de los dispositivos de poder del régimen político, no la altera la participación en él de las “almas bellas” que Schiller concibió en el siglo XVIII.

En modo alguno me opondré al ejercicio solidario individual o ceñidamente colectivo y menos aún dejaría de destacar la estatura moral y la coherencia de quienes lo practican. Bajo cualquier régimen o circunstancia. Pero el don, la entrega, la generosidad, no pueden librar con éxito una lucha libre, sin reglas ni jueces, contra la agigantada hegemonía de su antonimia sistémica: la depauperación ajena, la codicia, la desigualdad como medida del éxito. Equilibrar fuerzas, requiere mucho más que temple moral.

Así como en la esfera económica, la ideología dominante incorporó entre otras falacias la mano invisible de Adam Smith para legitimar la desigualdad y la barbarie, en la esfera política uno de los auxilios conservadores se lo presta el individualismo.

– El autor, Emilio Cafassi, es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar

El articulo ¿Redistribución filantrópica o la caja negra de la política? apareció primero en piensaChile.

Estimada como el gobierno del pueblo, lo cierto es que la democracia es apenas una promesa, todavía en el mundo, como una ilusión en nuestro país. Por más que los ciudadanos concurran a votar periódicamente para elegir a sus autoridades, la práctica del sufragio no garantiza necesariamente que los gobernantes tengan en consideración el deseo de sus ciudadanos, como tampoco los pueblos tienen realmente la posibilidad de mandatarlos y removerlos si incumplen con ellos. A lo más, ocurre, que el pueblo propone, pero la política dispone.

Al término de la Dictadura Militar, el clamor nacional fue la recuperación de nuestra democracia, pero a más de dos décadas vemos que en Chile sigue vigente la constitución pinochetista y su institucionalidad. Ni siquiera el régimen electoral binominal ha sido reemplazado, como tampoco todavía hemos consolidado el sufragio universal, cuando aún no tienen voto los chilenos del exterior,  y lo que han hecho los últimos gobiernos ha sido desincentivar la concurrencia electoral mediante un acuerdo político en que se determinó la voluntariedad de este derecho y deber cívico. El 58 por ciento de abstención en las últimas elecciones presidenciales habla de la poca representatividad que tendrá el gobierno elegido por aquella  minoría que concurrió a votar por las candidatas que llegaron a la segunda vuelta.

En relación al Parlamento,  es evidente, asimismo, que su correlación de fuerzas ha resultado más de los conciliábulos cupulares que de la competencia amplia y plural de los postulantes. En este sentido, de no operar los pactos entre los partidos, habría una buena cantidad de diputados y senadores que no habrían ganado su escaño en las cámaras legislativas, como hay tantos otros que se postulan sin posibilidad alguna de romper el binominalismo.

Sin embargo, con una pavorosa falta de autoridad moral, se critica desde Chile los sistemas políticos de otras naciones. Y lo hacen, principalmente, los mismos que instigaron a los militares en 1973 y prescribieron  por largos años la suspensión de todos los derechos ciudadanos, además de justificar la represión y las severas violaciones de los DDHH. Muchos de los cuales en estos años se han asegurado continuidad en el gobierno y en el Congreso Nacional después de haber sido colaboradores del Dictador.

No solo aquí, sino en todos los países que presumen  ser democráticos se reconoce la inmensa influencia del dinero en la elección y el sostenimiento de las clases políticas, caudillos y partidos. Ello no significa otra cosa que es en las grandes empresas y los multimillonarios donde radica más soberanía que entre los trabajadores y la sociedad civil. Sobre todo en aquellos países, como el nuestro, en que se ha deteriorado el espíritu cívico de la población y el cohecho está institucionalizado, incluso, con los incentivos y falta de regulación de las normativas electorales respecto del gasto electoral, los aportes de las empresas y las erogaciones anónimas a los candidatos. Por algo la Dictadura eliminó las clases se educación cívica en los colegios, decisión que han mantenido los cinco gobiernos que la han seguido.

Es público y notorio que, en las últimas elecciones generales superamos todas las cifras anteriores en relación al gasto publicitario. Así es como es posible demostrar que los que ganaron las elecciones son, salvo contadas excepciones, los que más gastaron en propaganda. También desde aquí se objeta la calidad de algunas democracias que ciertamente han definido normas mucho más estrictas que las nuestras para controlar el gasto y perseguir el cohecho.

Aunque ya se reconoce universalmente a la libertad de prensa como un soporte y condición  fundamental de la Democracia, nuestro  país es indudablemente uno de lo que tiene peores estándares en diversidad informativa. Dichos informes son certeros en señalar la grosera concentración mediática en la prensa, la radio y la televisión, donde prevalece una visión única en orientación política, económica y cultural. De allí es que resulte jocoso que los medios que en Chile se enseñorean en el periodismo y la comunicación social se atrevan a criticar la situación del periodismo en Venezuela y otros países del Continente donde es cosa de pararse frente a un kiosco de diarios o encender la televisión para darse cuenta que los medios que mandan y estar perfectamente financiados son los de la oposición. Curioso es que sean otra vez los que persiguieron a los periodistas y encarcelaron el pensamiento disidente los que rasguen vestiduras desde nuestro Parlamento para condenar las supuestas transgresiones del gobierno de Maduro. Secundados, desde luego, por aquellos que  luego financiaron la política de exterminio del  gobierno de Patricio Aylwin y siguientes contra los medios independientes que se habían destacado en la lucha contra la Dictadura,  y ahora se proponían exigir el cumplimiento de las promesas democráticas. Cuya existencia ciertamente amenazaba esta interminable posdictadura que vivimos.

Bochornoso nos parece que en nuestros canales de TV y de  radio, especialmente,  los mismos rostros de la farándula y de la autocensura periodística sean los adalides de la denuncia contra nuestros países hermanos, bien financiados como están aquí por las cadenas informativas estadounidenses y españolas posicionados de nuestro espectro radiofónico  y televisivo. Algunos de los cuales nunca levantaron un dedo para protestar contra las persecuciones de Pinochet a la prensa.  Animadores y opinólogos que viven en plena convivencia con los desnudistas, chistólogos y otros que encarnan  la  principal “oferta cultural” del país y al cual la chabacanería  le pone alfombra roja y pasarelas, como es el Festival de Viña del Mar, los realities y las teleseries.

A lo anterior, cómo no agregar el que es, acaso, el peor enemigo de la democracia, cual es la intolerancia de los gobernantes al disenso, la persecución de las demandas callejeras y la intimidación de las organizaciones sociales. No en vano es que a los conspiradores venezolanos les han servido algunas imágenes de los apaleos policiales chilenos para imputárselos al gobierno de ese país. Por cierto que en una clara muestra de que nuestro pretendido régimen democrático lleva la voz cantante en las golpizas a los estudiantes, en el cerco y militarización de regiones indígenas, cuanto en la aplicación de una Ley Antiterrorista que impide los debidos procesos, fomenta la delación y la infiltración policial de las organizaciones que luchan por sus derechos y  contra de las múltiples impunidades que se  perpetúan.

Bajo el imperio de un régimen represivo, en que los ciudadanos  tienen muy precaria capacidad de expresarles a las autoridades su parecer o exigir la remoción de los que le incumplen, cuestión ésta que ya se establece como consustancial a un régimen de real soberanía popular. En un Estado, como el nuestro, que lo que menos tiene es de “derecho” cuando observamos, por ejemplo, la ira gubernamental y los improperios que se le lanzan desde La Moneda a los jueces y a las resoluciones que incomodan a sus moradores de turno. Cuando los militares que agreden a los civiles  continúan siendo “juzgados” por los tribunales castrenses.

En una realidad política en que campean, por lo demás, los operadores, el clientelismo y la falta de probidad. Donde muchas veces la Transparencia es ley muerta y hasta cómplice.

*Fuente: Radio de la U de Chile

El articulo Los grandes enemigos de la Democracia apareció primero en piensaChile.