La localidad  ha sido prácticamente ocupada por la industria forestal maderera, y ante la eventualidad de un incendio forestal en la zona, podría ser realmente catastrófico para un pueblo grande en la escala rural.

¿Qué medidas se pueden tomar a la hora de prevenir?
Luego de los incendios de 2012 (Quillón y Ránquil), nada se ha avanzado tanto en legislación que regule la convivencia entre la actividad forestal y la población, como en la institucionalidad capacitada para prevenir y enfrentar catástrofes. Es más, varios proyectos duermen actualmente en el Congreso.

El senador Alejandro Navarro (PAIS), solicitó al Ejecutivo que dé urgencia al proyecto de ley de su autoría, presentado en diciembre de 2014, que establece una distancia mínima de 500 metros entre predios forestales y asentamientos urbanos, moción que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

“Las imágenes del incendio forestal amenazando las viviendas que se encuentran en la orilla del lago Vichuquén no son nuevas y han tenido mayor difusión por tratarse de una zona de veraneo de las familias más acomodadas. Sin embargo, este tipo de catástrofes se repite año a año en distintas zonas del país con presencia forestal, tal como ocurrió esta semana, con dos hogares en la comuna de Florida en la Región del Bío Bío, los que resultaron quemados producto de las llamas”, sostuvo Navarro.

El parlamentario afirmó que este tipo de catástrofes ocurre particularmente en zonas de transición, donde terminan las áreas urbanas y comienza la vegetación, por lo que son totalmente evitables.

“Para ello, hemos insistido en la imposición legal de ‘áreas de separación’ entre predios forestales y asentamientos humanos, que sean parte de los planes de prevención y combate de incendios”, dijo.

Y agregó: “Ojalá el peor incendio forestal de la historia de Chile, que ha devorado miles de hectáreas, sea un punto de inflexión que haga entender a las forestales que se requiere una reforma estructural al modelo forestal, que con el 1% de sus ganancias que gastan en prevenir incendios, no basta; sobre todo, cuando la norma internacional dice que debe ser el gasto en prevención de al menos un 5%”, dijo.

Otro proyecto ingresado en enero de 2013 al Parlamento busca garantizar capacitación, condiciones laborales y de seguridad a los brigadistas a través de un contrato especial en el Código del Trabajo.

Navarro recordó que “el 73% de las personas que fallecen en un incendio forestal son brigadistas forestales. Solo Conaf tiene 23 mártires, y con esta iniciativa buscamos disminuir ese número a cero”.

Y añadió: “Los brigadistas forestales deben trabajar durante todo el año realizando campañas de sensibilización y prevención de incendios forestales en los colegios. La clave para cero incendio forestal es educar y prevenir, y qué mejor que los propios brigadistas cuenten sus experiencias a los estudiantes y se genere educación para la prevención”.

EN RIESGO PERMANENTE
Felipe Harboe (PPD), en tanto, viene planteando desde hace años la necesidad que tiene Chile de asumir su condición de país de riesgo de emergencias.

“Es indispensable que como sociedad asumamos nuestra condición de riesgo permanente y adoptemos mecanismos institucionales preventivos, reactivos y de reconstrucción que nos permitan contar con un sistema con herramientas eficaces y eficientes para hacer frente a tan variada gama de catástrofes naturales.

Desde el punto de vista preventivo, es indispensable incorporar en todo proceso de evaluación de proyectos de inversión, el criterio de zona de riesgo de emergencia, sea inundación, incendio, desplazamiento de aguas, erupción volcánica u otros que puedan poner en riesgo a sus habitantes, o a aquellos que circundan el proyecto en cuestión. Así, la autoridad no debiera autorizar plantaciones forestales si no cuenta con sistema certificado de cortafuegos destinado a evitar la afectación de predios aledaños o centros poblados; y rechazar de plano aquellos proyectos de inversión emplazados en zonas de riesgo o cuya materialización origine una nueva zona de riesgo para sus actuales localidades”, aseveró el legislador, quien cree que la conectividad es otro punto a mejorar.

“Chile no soporta tener solo una carretera que nos una de norte a sur; debemos proyectar infraestructura vial alternativa para enfrentar eventuales cortes de nuestra columna vertebral (Ruta 5) e incorporar criterios de descentralización zonal para la distribución de productos básicos (alimentación, combustible y medicamentos) que permitan mantener adecuada cobertura frente a situaciones de interrupción vial. De igual forma, resulta fundamental contar con infraestructura crítica de telecomunicaciones que permita mantener conectado el territorio en comunicación de voz (al menos de datos) y la red de radiodifusión para informar y orientar a los ciudadanos en los primeros momentos de la emergencia. Todo lo anterior debe estar coordinado por una institucionalidad moderna, ágil, eficiente, descentralizada y con mando único, dotada de facultades vinculantes para todas las instituciones que participan de una emergencia: Bomberos, Carabineros, FF.AA., brigadas de incendio, equipos municipales y otras que se estime pertinente”, aseveró, incorporándose en las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas y de Orden cursos de especialización para enfrentar emergencias naturales, a fin de contar con personal de las FF.AA. y de Orden y Seguridad realmente especializado para enfrentar este tipo de contingencias.

En cuanto a la reconstrucción, Harboe sostuvo que  “se debe crear un derecho administrativo de emergencias o de excepción, donde se simplifiquen los procedimientos de adquisición de materiales, viviendas e infraestructura o donde se contemplen facultades extraordinarias a la autoridad para relocalizar familias, instruir a medios de comunicación y empresas de servicios básicos para la realización de acciones destinadas a un pronto retorno a la normalidad”.

EL ROL DE LAS FF.AA.
El senador Víctor Pérez (UDI) recordó un proyecto de ley presentado durante el gobierno de Sebastián Piñera relativo a la creación de una institucionalidad especial que enfrente catástrofes y emergencias, el cual está entrampado actualmente en el Senado.

“En el fondo, se trata de transformar a la Onemi en un gran servicio. El problema que ha tenido este proyecto es que no está dotado de recursos y las Fuerzas Armadas no tienen una participación en esta nueva institucionalidad, acorde a los requerimientos del país. Todo el mundo sabe que apenas sucede una catástrofe, sobre todo como la que estamos viviendo, la gente pide la participación de las FF.AA., y eso se debe institucionalizar”, indicó el legislador.

Según Pérez, la iniciativa está paralizada hace ocho meses a la espera de indicaciones sustitutivas de parte del Gobierno. “Este proyecto debería servir de base para una nueva Onemi, con presencia nacional y descentralizada, que incorpore a los municipios, y le dé un rol claro a las FF.AA., que como en otros países, podrían tener unidades especializadas”, añadió.

Pérez puso énfasis en que el principal trabajo de este servicio durante el año debe ser la prevención. “Sistemas preventivos, planes de prevención, deben ser una tarea esencial, para que cuando se produzca la catástrofe, esta se enfrente de manera coordinada. Espero que a raíz de esta tragedia, se reactive este proyecto, porque no puede ser que para ingresar un avión al país, se deba consultar a Conaf, un organismo privado que ha mostrado poco criterio al respecto”, sentenció.