Imagen superior: El texto que hemos publicado en la imagen superior, es un pensamiento del sabio andalusí Averroes (1), escrito hace ya casi 900 años y lo hemos elegido luego de leer lo que dicen, escriben, declaran dirigentes y militantes republicanos chilenos. Les llamamos a reflexionar. No nos engrandecen sus ideas, sus amenazas, la violencia que encierran los caminos que proponen para solucionar los problemas que enfrenta el país.
La Redacción de piensaChile

El articulo La violencia no brota del conocimiento, nace de su ausencia apareció primero en piensaChile.

Los ex presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Bolivia, Jeanine Áñez, purgan en la cárcel sus ataques a la democracia, porque las sociedades liberales condenan los golpes de Estado. Incluso en países con sistemas políticos debilitados no se transa ese principio, no hay circunstancia alguna que justifique interrumpir la democracia, ni método posible para solucionar problemas políticos que no pasen por la soberanía popular.

Pero Chile se ha ido alejando de ese consenso de manera progresiva. Los líderes de la mayoría política de derecha reivindican con más fuerza que antaño el golpe de Estado de 1973 y un 36% de la ciudadanía -según la encuesta Mori- cree que los militares tuvieron razón en destruir la democracia. Algunas figuras relevantes de la ultraderecha que domina el Consejo Constitucional levantan al dictador Augusto Pinochet como un estadista y muchos de sus seguidores han llegado a justificar los delitos de lesa humanidad.

En ese contexto de fragilidad democrática se produjo la renuncia del coordinador del cincuentenario, Patricio Fernández, cuyo diseño de conmemoración no empatizaba con la sensibilidad de las organizaciones de las víctimas de la dictadura. Sus dichos acerca de la ausencia de un consenso en torno a las causas del golpe fueron una mera constatación de la realidad; aunque fría y confusa para quien se encarga de una tarea tan sensible y delicada como recordar el once de septiembre. De ahí que se requiera una interpretación más acabada de las conductas de dolor, rabia y hasta ensañamiento de quienes pidieron su salida, porque reflejan un fenómeno de frustración que trasciende al ex coordinador y va mucho más allá de la comunidad de DDHH.

Chile sufre una feroz regresión autoritaria; actores protagónicos de la política se han permitido maltratar a las víctimas de los horrores de la dictadura. Las redes sociales hierven en negacionismo y violencia verbal hacia quienes padecieron la brutalidad de la represión, con burlescos insultos que revictimizan a los familiares de los desaparecidos. “Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua” dijo el diputado Johannes Kaiser, durante su exitosa campaña electoral, desplegando un discurso de odio que se disemina en las plataformas digitales y también se expresa en los espacios públicos y medios tradicionales.

Hace algunas semanas la secretaria general de la UDI se permitió decir en televisión que “son bastante equiparables las barbaridades de Allende con la dictadura”. El diputado de ese partido Jorge Alessandri dijo unos días después que justifica plenamente el golpe militar porque “íbamos por un camino peligroso para el país”. Es previsible que conforme nos vayamos acercando a la fecha del golpe, este tipo de juicios se siga acumulando como dedo que escarba las llagas de un país fracturado, no solo por su pasado, sino también por su presente. No solo entre sus viejos, también entre sus jóvenes.

En este contexto de polarización y descalificaciones, no corresponde pedirle a las víctimas que se hagan cargo de aquello que no ha logrado la política: ampliar la convocatoria a una conmemoración de Estado y buscar un diálogo unitario en un país severamente dividido. No es justo pretender que el reencuentro político sea de responsabilidad de quienes han cargado el peso de mantener viva la memoria de las violaciones a los derechos humanos, recibiendo una justicia a cuentagotas y una reparación mezquina.

El lema del Gobierno para este aniversario: “memoria, democracia y futuro” soslaya que ninguno de los tres conceptos concita unidad. Se buscan puentes de diálogo más transversales para unir el pasado y el porvenir, a través de un principio básico pero debilitado: la democracia. Una expectativa que parecía de perogrullo, pero que está resultando cada día más ambiciosa para el actual ciclo político. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos reveló una inquietante disminución del afecto ciudadano por la democracia, con solo un 49% que la considera “preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Un cuarto de los encuestados dice que le da lo mismo si el régimen es autoritario o democrático y un 19% cree que a veces es mejor el primero.

Basta un repaso ligero de los últimos aniversarios del fatídico golpe para concluir que el retroceso democrático está siendo implacable. La conmemoración de los 30 años rehabilitó la figura de Salvador Allende y tuvo como símbolo la reapertura de la puerta de Morandé 80. Un año después se produjo el compromiso de “nunca más” que hiciera en nombre del Ejército su Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre, en noviembre de 2004.

El aniversario de la década siguiente estuvo marcado por la sentencia del Presidente Sebastián Piñera contra “los cómplices pasivos que sabían y no hicieron nada”. Poco antes, su ministro y hombre poderoso de la UDI, Andrés Chadwick, expresó su contrición por las violaciones a los derechos humanos. “Tengo un profundo arrepentimiento de haber sido partidario de un Gobierno donde esos hechos sucedían”, dijo en junio de 2012. Chile parecía encaminarse hacia un cincuentenario como el que conmemoró Uruguay, el pasado 26 de junio. El Presidente Luis Lacalle Pou encabezó el acto junto a sus antecesores José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. “Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber para siempre democracia”, dijo el primer mandatario de signo conservador.

La democracia es lo que une a los uruguayos 50 años después de su golpe de Estado; es lo que llevó a la cárcel a los golpistas Pedro Castillo en Perú y a Jeanine Añez en Bolivia… pero en Chile parece ser lo que nos divide cuando después de 50 años los golpistas preparan su celebración.

*Fuente: Interferencia

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Ante los permanentes y cobardes hostigamientos de que ha sido objeto nuestra colega Elisa Loncon Antileo durante los últimos meses de este año 2023, propiciados por una suerte de campaña que busca poner en duda la legitimidad de sus títulos académicos y la de su año sabático; los y las abajo firmantes, declaramos que quienes propician y difunden este tipo de acciones, además de evidenciar un alarmante odio racial, clasista y de género, simulan desconocer (para confundir a la opinión pública)

o bien ignoran lo que es el mundo universitario y las exigencias que este demanda hacia su comunidad académica. Especialmente en universidades complejas y de prestigio internacional, como son aquellas en las que se desempeña Elisa Loncon y aquellas en las que, luego de arduos años de estudio y preparación, ella ha obtenido todos y cada de sus títulos y grados académicos.

Texto completo de la declaración y los nombres de los firmantes:

Entrevista a Elisa Loncon: «A veces tenía que caminar una hora y media por el camino de tierra y barro, para llegar a la escuela»

Y a este… señor,  ¿quién le dijo nada? Claro, tiene un apellido extranjero, es hombre, blanco y por todo lo que hizo y sigue haciendo ¿quién protesta?

J.J. Brunner, el Abogado y Doctor, que no es ni Abogado ni Doctor. El Gurú de la Educación

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El hambre en Brasil se dispara a niveles de hace tres décadas al alcanzar los 33 millones de personas

Las personas hambrientas aumentan en 14 millones en un año, según una encuesta nacional realizada por la red Penssan, una alianza de investigadores académicos y ONG

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo – 08 JUN 2022 – 18:23 UTC

Una encuesta realizada puerta a puerta por todo Brasil ha traducido en una detallada radiografía lo que salta a la vista con el espectacular aumento de personas sin techo, de las colas ante los comedores benéficos y de lo vacías que están las carnicerías en las zonas rurales o en las favelas: el fuerte aumento del hambre.

Unos 33 millones de brasileños (el 16% de la población) no tienen qué comer, según una encuesta realizada por la Red Penssan, una alianza de investigadores académicos y organizaciones de la sociedad civil, divulgada este miércoles. En poco más de un año, los hambrientos se han incrementado en 14 millones (es decir, más que los habitantes de São Paulo, la ciudad más poblada de América Latina). Durante la pandemia, el hambre se ha disparado a niveles de hace tres décadas.

Ni la epidemia del coronavirus, ni el agravamiento de la crisis económica que ha conllevado son el único factor que explica este brutal aumento del hambre. Esta segunda encuesta nacional apunta a los desastrosos efectos del desmantelamiento de políticas públicas vitales para las familias pobres. Por ejemplo, las compras institucionales que permiten a los pequeños agricultores disponer de una renta por suministrar alimentos a las escuelas. Que los niños no vayan al colegio significa aprender menos, pero también alimentarse peor porque ya no tienen un desayuno o una merienda garantizados.

La encuesta se basa en visitas a más de 12.000 hogares repartidos por casi todo el vasto y desigual territorio del país, que fueron realizadas entre noviembre y abril pasados.

Nilson de Paula es investigador de Políticas Públicas, uno de los autores del informe de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y así define el hambre: “Cuando un miembro de la familia deja de alimentarse, ya no queda comida ni tienen dinero para comprarla”. El profesor de la Universidad Federal de Paraná recalca al teléfono desde Curitiba que “el hambre es un proceso”.

Antes de llegar a padecerlo, las necesidades se van acumulando.

Los 33 millones de ciudadanos hambrientos son parte de un grupo mucho mayor, el de los 125 millones de brasileños que viven de manera cotidiana con la inquietud de si van a tener dinero o alimentos que colocar en el plato para desayunar, comer o cenar.

El favorito en las encuestas para las próximas elecciones, Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, se ha referido a los preocupantes datos a primera hora de la mañana en un tuit. Lula ha recordado que cuando llegó a la presidencia, en 2003, su “meta era simple: garantizar tres comidas al día para los brasileños”. A eso ha añadido: “Sacamos a Brasil del mapa del hambre, pero desgraciadamente nuestro país retrocedió”. El hambre vuelve a ser una de sus banderas, como lo fue a principios de siglo.

Bien es cierto que entonces la situación económica del mundo en general, y de Brasil en particular, era mucho mejor. Eran los años del boom de las materias primas. Pero, además, los Gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff dieron a las políticas contra la pobreza una prioridad nunca vista en Brasil. El hambre cayó al 4,3%, según datos oficiales citados en la actual encuesta.

Una recesión económica impulsó el descontento y la destitución de Rousseff. La economía brasileña lleva una década estancada y los siguientes Gobiernos, grandes defensores de recetas liberales, fueron sistemáticamente desmantelando buena parte de esas ayudas. El presidente Jair Bolsonaro ha rebautizado Bolsa Familia, el programa más famoso y eficaz contra la pobreza, como Auxilio Brasil y ha duplicado la cuantía. Lo considera su gran reclamo ante los más pobres, pero ni así ha logrado atraer más apoyos entre ellos, según reflejan las encuestas. Para la red Penssan, “las medidas gubernamentales para contener el hambre son aisladas e insuficientes” con una inflación desbocada y rentas menguantes.

El hambre, como todo en Brasil, no escapa a la desigualdad. Como suelen decir los activistas brasileños, tiene género y color. La información recabada por los encuestadores permite hacer una radiografía de los hambrientos. Viven en un hogar —o una chabola— que encabeza una mujer negra con hijos y está ubicado en el campo en el norte del país.

El profesor de Paula subraya que, “en una sociedad marcada por una profunda desigualdad como la brasileña, no es posible que el problema del hambre sea resuelto por las meras fuerzas del mercado”. Explica que en los últimos años “la negligencia del Estado ha pasado a ser determinante. Existe una precarización sistemática de las políticas públicas”, impulsada por Gobiernos partidarios del Estado mínimo. Y la pandemia ha agravado un panorama cada vez más hostil para los pobres, con el paro en aumento y los salarios y la renta en caída.

Por si fuera poco, una inflación que está entre las más altas del mundo corroe especialmente el bolsillo de los que menos tienen. Y la inflación se come el aumento del salario mínimo. Datos que dibujan un panorama catastrófico para buena parte de los brasileños.

Un tercio de la ciudadanía vive con menos de medio salario mínimo, fijado en 1.212 reales (230 dólares, 250 euros). El hambre en Brasil es un problema, sobre todo, de renta, de falta de dinero, insiste el coautor del informe. Para ilustrarlo, ofrece el siguiente dato:

“Entre los que ganan por encima de un salario mínimo, el hambre, la inseguridad alimentaria grave, es solo del 3%”.



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*Fuente: ElPaís

El articulo Lula: «Una élite que odia a los que tienen hambre y tira comida a la basura» apareció primero en piensaChile.

Sobre la inédita sentencia de la Corte Suprema EN CONTRA de Johannes Kaiser (con costas) y el mensaje enviado a la ultraderecha chilena que insiste en propagar su discurso de odio: pic.twitter.com/vRYwLEeVAr

— Sebastián Gray (@sebastian_gray) December 19, 2022

Es posible utilizar argumentos humillantes como parte de la crítica política? ¿Es la negación de la tragedia un medio para promover el odio contra quie­nes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos? Ambas preguntas están en el corazón de un asunto que resolvió la semana pasada la Corte Suprema al confirmar la ilicitud de las expresiones utilizadas por el diputado Johannes Kaiser, en YouTube, en defensa de condenados por crímenes de la dictadura.

Sostuvo que «escuchen bien en la Suprema, estaban bien fusilados la gente en Pisagua (…), porque les voy a decir una cosa, toda esa gente que fue fusilada(…), la inmensa mayoría estaba metido o en grupo de opositores subversivos o era parte de carteles de drogas que tenían laboratorios en el norte». Kaiser se defendió ante los tribunales señalando que sus palabras eran opiniones políticas consecuencia de «debates activos, firmes y desafiantes».

La Corte, sin embargo, señaló que sus dichos eran un abuso de la libertad de expresión, y que en el ejercicio de esta no se puede afectar la honra de quien no tiene posibilidad de respuesta; un asunto especialmente grave cuando se pretende tergiversar hechos establecidos judicialmente en condenas por delitos de lesa humanidad.

La memoria y el respeto a las víctimas son una fronteras inexpugnable para el debate político, un mínimo de decencia en una sociedad democrática.

Pero la decisión es algo más profunda. La Corte Suprema, en una sentencia redactada por la ministra Angela Vivanco, por primera vez califica palabras de este tipo vinculadas con la defensa de las actuaciones de la dictadura como «discurso de odio«, en la medida que lo que estas expresiones buscan, indicó, es incitar, promover o justificar la hostilidad basada en la intolerancia, un asunto que no sólo afecta a las víctimas, sino que compromete a la sociedad en su conjunto.

La resolución de la Corte llega en un momento difícil. En agosto, el diputado Cristián Araya ofició al Servicio Electoral para que se entregara información del número de detenidos desaparecidos que existen en el padrón electoral para evitar fraudes, desconociendo el contenido de una ley que busca recordar a las víctimas. En noviembre, un grupo de diputados rechazó las partidas presupuestarias relacionadas con derechos humanos, y la diputada Sofía Cid afirmó que esos dinero debían ser reasignados «a otras partidas que realmente reflejen las necesidades de las personas». Aunque el Senado revirtió la medida, los argumentos señalados en la Cámara implicaban degradar los recursos destinados a la memoria.

En 2023 se cumplirán cincuenta años del golpe de Estado, el inicio de una pesadilla para miles de familias que fueron afectadas por los delitos de la dictadura. De ahí que la sentencia de la Corte es una advertencia que la memoria y el respeto a las víctimas son una fronteras inexpugnable para el debate político, un mínimo de decencia en una sociedad democrática.

Texto del artículo publicado en La Segunda el día 19 de diciembre de 2022

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Un parlamentario es un ciudadano elegido y empoderado para proponer, elaborar, mejorar, discutir leyes, las que tienen una influencia decisiva en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que un ciudadano como Johannes Kaiser haya alcanzado ese nivel de poder de influencia sobre nuestras vidas, si él ni quisiera es capaz de manejar la suya propia?. Vealo! Son datos tomados de la Biblioteca del Congreso Nacional:

Estudios y vida laboral

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“Las Indomables de Patricia Maldonado” es un programa que hace la opinóloga junto a Catalina Pulido, y donde en el último programa tuvieron de invitada a Christel Felmer, ex candidata a diputada por el Partido Republicano y una de las líderes de la campaña de José Antonio Kast pic.twitter.com/LvcSoAZ09P

— VIA X (@viax) November 29, 2021

Señoras Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Christel Felmer

Las he visto en el video que circula en internet y no puedo creer lo que veo. Podemos tener diferencias de opiniones políticas, podemos ver el mundo de diferente forma, podemos tener sueños diferentes, pero lo que ustedes hacen y dicen, no tiene nombre. Y se supone que ustedes son personas cultas, educadas, cristianas, muy probablemente católicas, defensoras de la ‘democracia occidental y cristiana’. ¡Hipócritas!

¿Cómo es posible que se rían del apellido de una persona? ¿Cómo es posible que se rían de la representatividad de una persona que fue elegida -primera mayoría nacional- con más 400.000 votos?. ¿Ustedes creen que porque Fabiola no fue a una universidad no puede defender nuestros derechos en el Senado?. Estoy seguro de que ella va representar nuestros derechos en incomparable mejor forma que esos senadores que han sido enjuiciados por corrupción, por coimas, por servir los intereses de empresas privadas y no los intereses del país, de sus ciudadanos.

¿Ustedes son chilenas, no? Y si están tan metidas en política, me podrían decir ¿qué país quieren? ¿Cuántos ciudadanos caben en el país con que ustedes sueñan?. Con sólo ver la forma en que se comportan, nos basta para ir teniendo las respuestas a esas preguntas. Desgraciadamente es un poco tarde para recomendarles que se fueran a vivir a la Sudafrica del Apartheid, aunque no creo que hubieran aceptado a la Señora Maldonado. En el país de  vuestros abuelos o padres, que no precisamente por riqueza emigraron a Chile, lo que ustedes han hecho, no lo podrían hacer. Lo saben, ¿no?. Las castigaría la ley.

En el país con que soñamos nosotros, todos tienen cabida, todos los que respetan los derechos de los demás, teniendo la dignidad y el respeto al ser humano y a sus necesidades y derechos como límites inviolables

Ustedes son tan cretinas que se ríen de una mujer, que sin haber recibido nada de esta sociedad, lucha por mejorarla y hacerla más humana para todos. Y eso, a pesar del cobarde crimen que se ha cometido en contra de ella.  Mientras ustedes, que lo han tenido todo, no son ni siquiera capaces de defender su honor y dignidad frente a ese imbécil de Johannes Kaiser que ha ofendido a todas las mujeres, incluidas ustedes. Y es seguramente un gran amigo de ustedes, ¿no?. Ya quisiera ver dónde estarían hoy si hubieran tenido la misma infancia y juventud de Fabiola. Rían, síganse riendo. La vida sigue y la historia es nuestra. Que la vida les de el doble de lo que ustedes le dan hoy al mundo.

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El director de la iniciativa, Juan Pablo Luna, entregó en exclusiva para CNN Chile los detalles de su nuevo estudio sobre la percepción de la población en torno al proceso constituyente. «Tanto el panel empresarial como los paneles más populares, ven menos atractivo el que Elisa Loncón sea de izquierda», aseguró.

“La Convención Constitucional está bajo ataque”, ¿verdad o fake news?

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Se ha dicho de modo efectista, pero sin fundamento sólido, que una legislación de este tipo violaría el derecho a la libertad de expresión. No parecen darse cuenta quienes sostienen ello que a través de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión pueden también verse afectados derechos fundamentales de otras personas, particularmente el derecho al honor. De aquí el fundamento de la tipificación de los delitos de injurias y de calumnias en todas las legislaciones del mundo. Y por cierto que lesiona gravemente el honor de los familiares de las personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas; de sus abogados; y de los militantes de las ONG de derechos humanos que han luchado por años en las denuncias y en los juicios contra los autores de esos crímenes atroces, sostener públicamente que todo ello ha sido falso. Además, que lo anterior se ha complementado muy frecuentemente -casi siempre en privado- con la atribución de que los familiares y los abogados de aquellos han buscado fundamentalmente hacerse un “negocio” con ello.

Por otro lado, con esas difamaciones se ven afectadas la fe pública en documentos de alta trascendencia como el Informe de la Comisión de la Verdad que se hizo en Chile (Informe Rettig); y la propia labor subsiguiente de los tribunales de justicia que ha logrado juzgar y condenar a varios de los peores criminales contra la humanidad de aquella época. Y más aún, se imposibilita todo basamento ético futuro consensual en el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Además, con estas tipificaciones no se está afectando en absoluto la posibilidad de tener un juicio político favorable respecto de la dictadura. Es casi increíble la confusión generada al respecto. ¡Si hasta el liderazgo de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición, nominalmente de centro-izquierda, que ha gobernado en casi toda la post-dictadura; y que experimentó un giro copernicano hacia la derecha desde fines de los 80) ha tenido un juicio positivo respecto del modelo económico-social legado por la dictadura!; legitimándolo, consolidándolo y perfeccionándolo en sus 20 años de gobierno. Incluso, líderes de aquel conglomerado se han expresado muy positivamente de la obra económica, social y cultural de la dictadura y de Pinochet mismo. Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994) y luego senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y más tarde canciller de Michelle Bachelet (2006-2009), Alejandro Foxley, ha señalado que “Pinochet (…) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, el destacado intelectual del Partido Por la Democracia (PPD), Eugenio Tironi, ha dicho que

“la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Grijalbo, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Además, algunos han dicho que solo tiene sentido tipificar y condenar incitaciones al odio, pero no negar la existencia de realidades evidentes. Por supuesto que, por ejemplo, negar públicamente que la tierra sea redonda, o que se han extinguido los dinosaurios, o que Carlos Ibáñez fue presidente de Chile entre 1952 y 1958; no podría ser tipificado y sancionado… No perjudica el honor de nadie; solo la credibilidad de quien efectúa tales afirmaciones disparatadas. Muy distinto es negar la existencia del atroz método de la DINA-CNI (policía secreta de Pinochet) de hacer desaparecer personas para siempre. En este caso, la negación del acto criminal ha constituido uno de los mayores agravantes de dichas atrocidades. Se le buscó agregar -¡para toda su vida!- a los familiares el calvario de ni siquiera saber con certeza de si sus familiares han muerto y cómo; y donde están sus restos para, al menos, poder honrarlos. En verdad, debe ser muy difícil generar crímenes más odiosos que la desaparición forzada de personas.(Red.piensaChile: Destacado nuestro)

Por ello, el continuar negando hasta hoy dicha realidad, en que aquello se ha confirmado plenamente por el Estado chileno, significa avalar la odiosidad pretendida por quienes diseñaron tales crímenes, y continuar contribuyendo a la efectividad de aquellos y al daño causado en los familiares. Y, por supuesto, no tiene ni la más mínima incidencia en la posibilidad de ejercer el derecho de seguir expresando opiniones positivas sobre el legado económico-social de la dictadura, como lo han hecho hasta el día de hoy connotados líderes de la derecha y de la “centro-izquierda” chilenas.

Por todo esto, constituye un proyecto de ley muy positivo el tipificar como delito -al igual que en varios países europeos- el negacionismo respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet. Esperemos, por el bien de Chile y del mundo, que finalmente se apruebe en el Congreso y llegue a ser una ley.

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«El odio» describe la campaña de desprestigio impulsada contra Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil, demostrando como ese proceso catapultó a Jair Bolsonaro a la presidencia.
El audiovisual realizado por el documentalista argentino Andrés Sal.lari también detalla la participación protagónica del juez Moro, de los medios de comunicación y de Washington en toda la operación.
 

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