27 de abril de 2022

 «Nuestra respuesta a los contraataques será relámpago. Tenemos herramientas que nadie más tiene. Las usaremos»

Si alguien interviene en la situación en Ucrania desde el exterior, la respuesta será «rápida», afirmó este miércoles el presidente Vladímir Putin, en una reunión con los miembros del Consejo Legislativo del Parlamento del país.

«Nuestra respuesta a los contraataques será relámpago. Tenemos herramientas que nadie más tiene. Las usaremos», aseguró, agregando que ya «se han tomado todas las decisiones al respecto».

El mandatario ruso también reflexionó sobre que Occidente considera a un país tan grande como Rusia como un peligro.

«Un país tan independiente, grande y enorme […] no es necesario, creen que es simplemente un peligro para ellos por su propia existencia«, dijo Putin, subrayando que es Occidente que realmente «representa el peligro para todo el mundo».

 

Lavrov: Ha llegado el momento en que se decide si la humanidad va a «vivir según la Carta de la ONU»

En este contexto, el jefe del Estado recordó cómo los países occidentales alentaron a los terroristas en el Cáucaso Norte en los años 90 para «fomentar los movimientos separatistas» y al final «destruir» el país. Como otro ejemplo, Putin hizo referencia a «los planes bárbaros de los nazis para el pueblo soviético» al pretender «someter» a las personas «a condiciones de esclavitud» y eliminar a los que no pueden trabajar.

Abordando el tema de Ucrania, el mandatario señaló que en este conflicto «el pueblo ucraniano está destinado a ser prescindible«, y que la gente se está dando cuenta de esto poco a poco. Al mismo tiempo, expresó que Ucrania fue empujada desde el exterior a enfrentarse con Rusia.

En paralelo, declaró que todos los objetivos de la operación especial militar se cumplirán, lo que garantizará la seguridad de Donbass, Crimea y toda Rusia.

«Nuestros soldados y oficiales previnieron el peligro real que ya se extendía sobre nuestra patria. Con su valor, determinación y heroísmo, evitaron un gran conflicto que se habría desarrollado en nuestro territorio, pero según escenarios ajenos [bajo el control de Occidente]», destacó el presidente.

Asimismo, Putin lamentó que la «apuesta» por los neonazis y rusófobos sea «una nueva arma geopolítica» de Occidente.

«Apostaron por la rusofobia y los neonazis, año tras año convirtiendo descaradamente, sin reparos, a nuestro país vecino, Ucrania, en ‘antirruso'», agregó.

• Previamente, la oficina de prensa del Kremlin había informado que en el encuentro se abordarán cuestiones sobre la aplicación del plan para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones extranjeras, así como medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de las regiones.

*Fuente: Actualidad RT

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«Una guerra con Venezuela podría durar solo dos días, pero las consecuencias, cien años». La frase es del expresidente colombiano Alfonso López Michelsen y ha vuelto a escribirse en los diarios de ese país.

La razón es sencilla: la idea de la intervención militar a Venezuela empieza a empapar la opinión pública en territorio neogranadino gracias al discurso del embajador colombiano en EE.UU., Francisco Santos, y el respaldo expreso de la administración estadounidense, ratificado esta semana por Donald Trump, quien aseguró que hasta las opciones «más fuertes» son consideradas por Washington para deponer al actual gobierno venezolano.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, con su par colombiano, Iván Duque. 25 de septiembre de 2018. / Carlos Barria / Reuters

Aunque el presidente de Colombia, Iván Duque, trató de desescalar las palabras de su embajador alegando que su país «no tiene espíritu belicista», indicó que su país «mantiene la firmeza» para denunciar la supuesta «dictadura» que hay en Venezuela.

Pero más allá del clima de opinión, la sociedad colombiana no le ha dado luz verde a las amenazas de una confrontación armada. Políticos, intelectuales y activistas sociales han alzado la voz para criticar una guerra en ciernes justo cuando la paz, tan recientemente firmada con la extinta guerrilla con las FARC, cada día da más signos de fragilidad.

Las claves

Las alarmas sobre la eventual preparación de Colombia para una confrontación armada no surgieron únicamente de los voceros del gobierno, sino también por las cuentas. El anuncio de un incremento presupuestario para gastos en Defensa por parte de la administración de Duque levantó las sospechas.

La representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, manifestó esta semana su preocupación por la propuesta de modificación presupuestaria efectuada por Duque, que constituye «un aumento de 53%» con respecto al año pasado, mientras se reducen en casi la misma proporción los recursos destinados a cumplir el acuerdo de paz en los temas de desarrollo rural.

Pero las dudas no se quedaron allí. La oposición en el Congreso extendió una invitación esta semana al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para explicar el por qué del abultado presupuesto que contempla la adición de 667 millones de dólares pesos para el fortalecimiento del sistema antiaéreo, una de las principales debilidades que se expuso en 2009, durante el entonces gobierno de Álvaro Uribe, ante el escenario de un eventual conflicto armado con Venezuela, recoge El Espectador.

En ese contexto, las críticas a un eventual escenario de guerra no han faltado. Más allá de la antipatía o simpatía que puedan tener los colombianos con la figura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las voces de un país que padeció más de medio siglo de conflicto armado son las mismas que se niegan a abrir un nuevo frente contra un país vecino.

«No quisiera ser obvio, pero no hay manera de hablar de eso que sin ser obvio. Uno puede mirar estadísticas y preguntarse: ¿alguna vez hemos visto una manifestación popular que esté a favor de la guerra o que haya un grupo de madres que diga ‘queremos mandar a nuestros hijos a la guerra’? ¿O que haya un grupo de jóvenes que diga ‘nosotros no queremos estudiar, queremos ir a la guerra’? Independientemente de todas las críticas que se tengan sobre el gobierno de Venezuela, que se tienen, y contra la figura de Nicolás Maduro, creo que no hay ninguna razón para desatar una guerra», considera el dramaturgo y escritor colombiano Fabio Rubiano.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la Cúcuta, Colombia. 14 de septiembre de 2018. / Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

No obstante, el analista político y profesor universitario, Richard Tamayo, advierte que el afán belicista coincide con una doble necesidad de los gobiernos de Washington y Bogotá: «Trump necesita fortalecer su imagen interna y la lucha antidrogas junto con la intervención en Venezuela pueden darle buenos réditos políticos. Colombia, por su parte, tiene miedo de una eventual descertificación por el crecimiento de los cultivos de coca y las FARC ya no son un enemigo que convoque a la opinión pública, así que a los dos gobiernos les conviene buscar puntos de colaboración».

¿Es factible?

No es la primera vez que soplan vientos de guerra entre esas naciones hermanas en los últimos 30 años, pero las tensiones nunca llegaron a la consumarse en el terreno.

En 1987, ambos países estuvieron al borde de irse a las armas luego de que un barco de guerra colombiano fuese interceptado por la Armada venezolana en las aguas del Golfo de Venezuela. No obstante, tras la mediación entre las partes, Bogotá resolvió retirar su embarcación de la zona, que continúa en disputa territorial.

La acritud volvió en 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la suspensión de las relaciones comerciales entre ambos países por la captura del llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, que se efectuó en territorio venezolano sin advertir de la operación a Caracas.

Las relaciones siguieron con fricciones hasta que llegaron a un punto crítico en 2010, cuando el presidente Álvaro Uribe suscribió un convenio con EE.UU. para la instalación de siete bases militares en Colombia y acusó a Venezuela de tener campamentos de las FARC en su territorio. El acuerdo fue leído por Chávez como una amenaza a la paz regional que, bajo pretexto del supuesto amparo a la guerrilla, intentaba justificar una intervención armada con el apoyo de las fuerzas estadounidenses. Por esa razón, Caracas decidió romper las relaciones con Bogotá y se llamó a consultas a los embajadores.

Para Tamayo, al igual que en ocasiones anteriores, es poco probable que se llegue al punto de una confrontación militar. «Quiero pensar que el ambiente belicista no busca nada distinto a generar un entorno de opinión. Es decir, que el objetivo es comunicativo y político. Eso pasa con EE.UU. todo el tiempo. Una eventual guerra sería desastrosa para toda la región, así que confío en que los militares estadounidenses le sigan poniendo límites a la opinión de Trump, como sabemos que lo han venido haciendo», sostiene.

Los intereses

En la víspera de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo una visita a la ciudad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, desde donde afirmó: «En cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción».

Esas declaraciones fueron rechazadas mediante una carta por el llamado Grupo de Lima, integrado por países que han tratado de impulsar acciones diplomáticas contra Caracas, pero que se oponen a la opción de una intervención. Los únicos gobiernos que no firmaron la misiva fueron Colombia y Guyana, limítrofes con Venezuela.

Como Jefe de Estado, estoy dispuesto a establecer relaciones diplomáticas y de diálogo con el gobierno de Colombia, para tratar temas de interés binacional como: el comercio, la venta de combustible en divisas a precio preferencial, entre otros. ¡Sería insensato no hacerlo! pic.twitter.com/nKJYZ00i9O

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de septiembre de 2018

Días después, Bogotá denunció la supuesta movilización de tropas por parte de Venezuela a la frontera, lo que Trump consideró como un «evidente esfuerzo de intimidación», que sería respondido enérgicamente por su país: «Déjenme ser claro: EE.UU. siempre apoyará a sus aliados«.

Frente a las acusaciones, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió: «No es la primera vez que Colombia dice que Venezuela está moviendo tropas para la frontera para fomentar un conflicto internacional», tras aclarar que el despliegue era un ejercicio rutinario que hace su país para el combate del narcotráfico y el contrabando de extracción de gasolina en la frontera. En paralelo, Caracas ratificó su disposición al diálogo.

El miércoles, durante su discurso ante la ONU, Maduro insistió en que hay un interés económico detrás de la posibilidad de una invasión militar, si se tiene en cuenta que, a pesar de la crisis, Venezuela tiene la primera reserva mundial de petróleo, ingentes recursos mineros y el cuarto lugar de reservas gasíferas. No obstante, Tamayo apunta que es precisamente la debilidad económica de Colombia la que pudiera impedir una aventura belicista.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su discurso en la ONU. 26 de septiembre de 2018. / Eduardo Munoz / Reuters

«Duque –explica Tamayo– no recibió a Colombia en el mejor momento fiscal (…) La gran debilidad de este gobierno está en la economía y ahí encuentro un argumento más para pensar que el ánimo belicista es más político que militar».

En columnas y editoriales de los principales diarios de Colombia, el escenario bélico también tiene sus detractores: «La única salida es la presión diplomática», apunta El Espectador. «El discurso de guerra resulta atractivo, así como engañoso y peligroso», escribe la analista Laura Gil en El Tiempo. La revista Semana tituló esta semana su portada con la frase «Jugando con candela», para aludir a un análisis que concluye que «una intervención militar en Venezuela sería catastrófica», por lo que Bogotá debería asumir una «posición categórica en contra».

Una de las voces que rema hacia el escenario de confrontación es, casualmente, Uribe. El ahora senador y mentor político del presidente Duque no solo ha mostrado su total respaldo a la intervención sino que esta semana le ha lanzado más leña al fuego: «Las tropas (venezolanas) no hay que moverlas hacia la frontera, hay que moverlas hacia el Palacio de Miraflores», dijo.

Quienes proponen una guerra con Venezuela para que la peleen los hijos de otros mientras ellos la ven por televisión en un bar de Miami no son solamente irresponsables: también son miserables

— Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) 27 de septiembre de 2018

Rubiano apunta en que si bien existen intereses económicos y políticos detrás de una guerra, tanto en Colombia, EE.UU. e incluso Venezuela, «ninguno de los pocos que la alientan va a enviar a sus hijos a combatir».

«Entonces sí, hay que ser evidentes y obvios, y hay que decir lo que manda la lógica y lo que manda el desarrollo del pensamiento: es mucho mejor batallar con ideas, con conversación, con diálogos y con elementos que pertenezcan a la democracia, no por otras vías». Los anuncios belicistas son, para buena parte de los colombianos, un juego con candela en el que nadie se debería quemar.

*Fuente: Actualidad RT

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Hoy décadas después, Nicaragua está de nuevo en el foco de la atención mundial, vive una crisis política que es innegable, la que genera, en círculos políticos y de la izquierda latinoamericana, opiniones de todo tipo. Las que en su mayoría, apuntan a una critica, con buena o mala intención, al rol de la dirección del FSLN y en particular de Daniel Ortega, dejando fuera importantes factores ligados al momento y el entorno político actual.

Apreciaciones que no ayudan a los nicaragüenses a resolver sus problemas, sino que, se suman a la realidad creada por las grandes cadenas internacionales de comunicación, tendientes a fundamentar acciones demenciales, económicas y militares. Las que en el pasado, en nombre de la democracia y la acción humanitaria, terminaron por violentar la soberanía de los pueblos y en mayores daños para los pueblos victimas de este tipo de agresiones.

La memoria política que al parecer es de corto plazo, ha olvidado que no es la primera vez, que bajo el argumento o “la estrategia de derrotar a un dictador, de evitar violaciones a los derechos humanos”, de manera silenciosa, se organizan y apertrechan militarmente a grupos armados de mercenarios. Como los que se emplearon en Libia, en octubre de 2011, para derrocar y asesinar brutalmente a Muammar Gaddafi, alimentando un largo proceso de protestas contra el gobierno libio, lo que al final desembocó en una guerra civil, justificada mediáticamente como una acción justa para terminar con “los atropellos de un régimen totalitario y represivo”.

La pregunta es que quedó después de esa “gesta liberadora”, como antes sucedió en Irak, la evidencia demuestra que allí no llegó la democracia ni la libertad para esos pueblos, por el contrario, Libia dejó de existir como una nación unida y soberana, sumiéndose en el caos, con distintos partidos políticos, tribus y milicias, que combaten por el poder y potencias extranjeras que aseguran el control de sus riquezas.

En este caso, la información tergiversada solo hablaba de fines humanitarios y democráticos, supuestamente conculcados por Gaddafi, pero nunca hablaron de un país en el cual la electricidad era gratis para todos, que la vivienda era considerada un derecho de la humanidad. En el cual la educación era gratuita y de alta calidad o que Libia no tenía deuda externa, y que las reservas de su Banco Central, estimadas en unos 150 mil millones de dólares estadounidenses, fueron repartidas como botín de guerra entre las potencias que ocuparon el país.

A Gaddafi se le acusaba de alimentar a grupos terroristas, pero sus propios acusadores, como el ex presidente de Francia Sarkozy, están hoy siendo acusados de recibir financiamiento, del ex líder Libio, para financiar sus campañas políticas. Tampoco se dijo que países de la OTAN organizaron y financiaron junto a Estados Unidos, a grupos mercenarios y terroristas que final terminaron con el gobierno libio.

Todos estos argumentos son parte de la realidad y por tanto, necesarios de tomar en cuenta para opinar sobre la situacion de Nicaragua, sobre todo en un momento en el cual, la lucha por las ideas, es quizás el principal objetivo para quienes no aceptamos la violencia imperial, que respetamos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Esto significa considerar, que la agresión a Libia, Irak, Siria, que el asedio a Nicaragua, no son por la acción opresora de esos gobiernos, sino que, son parte tambien y quizás es el argumento principal, de los objetivos de quienes antes y hoy consideraron a la América Latina, África y Asia, como sus patios traseros, fuentes de riqueza por apropiar y utilizar como fértiles campos de acción para sus negocios.

No se puede olvidar que las mismas fuerzas económicas y políticas que han logrado la mas escandalosa concentración de la riqueza, en las ultima décadas, están actuando aquí, en Chile, en Nicaragua, en Bolivia y en todas partes. Son los dueños del mundo, el 1% de la población que concentra cerca del 50% de la riqueza, cuya cifra superará el 55% para 2020, las fuerzas que día a día escudriñan territorios y países para aumentar su poderío, empleando desde la fuerza económica, política hasta la invasión militar para lograr sus propósitos.

Dicho esto, lo que nos ha demostrado la experiencia, es que los procesos revolucionarios se defienden o se condenan a través de sus logros, por la capacidad de defender sus conquistas y tambien, a través de la consecuencia demostrada, por sus lideres, para mantener en alto e inalterables los nobles principios que les llevaron a esa situacion de poder. Lo que se traduce en la capacidad de llevar y mantener en el tiempo, la mayor cuota de felicidad para el pueblo, para su bienestar, para su desarrollo material, técnico y espiritual, logros que en el caso de la revolución nicaragüense fueron realidad, a pesar de todos los contratiempos, bloqueos y de una guerra criminal impuesta.

Cambios y transformaciones importantes, que hoy la mayoría del pueblo Nicaragüense disfruta y que están dispuestos a defender, porque son parte de un proceso revolucionario que costo muchas vidas, truncadas por la violencia de una dictadura financiada, como lo son hoy grupos terroristas, por intereses foráneos. Esto no significa atenuar la crisis política que corroe la tranquilidad del pueblo de Nicaragua, la iglesia, la derecha y sectores separados del sandinismo están en pugna con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos crearon una fuerza opositora, dentro de la cual hay un sector que esta siendo alimentado por Estados Unidos, por la OEA y por organismos de inteligencia que siempre están al acecho, como sucedió en los casos antes mencionados de Libia, Irak, para incendiar los países y salirse con la suya.

Qué rol ha jugado en esto la dirigencia nicaragüense, cuánto de verídicas tienen las denuncias que pesan sobre Daniel Ortega, o sobre Rosario Murillo, son situaciones a resolver por los nicaragüenses, por el FSLN, moleste o no, hay que respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Son los Nicaragüenses quienes deben resolver sus contradicciones, como nosotros, debemos resolver nuestros problemas, dejando de poner los ojos en los problemas ajenos mientras en casa los tenemos quizás mas grandes y son mas dañinos

La descomposición de la actividad política, cruza hoy todo el espectro político chileno, desde la derecha hasta la izquierda, situacion que nos obliga a quienes opinemos sobre Nicaragua, a ser tan exigentes como le exigimos a los nicaragüenses, para resolver nuestros propios problemas, reflejados no solo en la corrupción sino que, en la profunda división de nuestra izquierda. El abuso se poder, la megalomanía política y la corrupción no tienen otros nombres, son una  plaga que corroe Nuestra América y que está presente en el ejercicio de la política y de la economía, en el estado y en la empresa privada, es un signo de los tiempos, con el cual no debemos convivir sino que combatir y erradicar.

Pero tambien es cuestión de humildad y de respeto, nuestra historia reciente y nuestra situacion actual no permite dar lecciones a nadie, el modelo político de los últimos treinta años, aplicado en Chile, no es un ejemplo para la izquierda latinoamericana. La fórmula adoptada por los partidos de centro izquierda, haciendo desaparecer a la izquierda del escenario político, representa una falsa solución, es una movilización que en su expresión máxima alcanza una acción siempre defensiva del pueblo, en torno a mínimas reivindicaciones, y una fijación parlamentarista en alianza con los partidos de la derecha, incluyendo la herencia pinochetista, lo cual nos ha llevado repetidamente al fracaso.

La herencia de la revolución nicaragüense no puede ser lanzada por la borda, por lo que la derecha heredera de Somoza no puede volver al poder, el pueblo de Sandino es valiente, con historia, que en distintas épocas se ha enfrentado a sus enemigos. Es la historia de César Augusto Sandino que con su «pequeño ejército loco» -como lo llamara Gabriela Mistral- mantuvo en jaque durante varios años a las tropas norteamericanas invasoras y que finalmente salieron del país.

Es la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1962 por Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga, entre otros, que luego en junio de 1979 lanzó la ofensiva final que un mes después, el 19 de julio de ese año, derroto a la dictadura somocista. Los y las nicaragüenses son un pueblo noble, que ha luchado siempre en contra de la adversidad y en contra de enemigos gigantes a los que ha derrotado, con humildad, inteligencia y coraje, siguiendo las enseñanzas de sus grandes pensadores y lideres.

Quienes vivimos y luchamos junto a ellos, que fuimos parte de su historia, que compartimos sus triunfos y sus dificultades, confiamos en que las enseñanzas de Carlos Fonseca continúan siendo una guía para encontrar las soluciones que les permitan salir, como lo hicieron antes, de este trance duro. Su lucha, su sentido libertario y de justicia, es lo que debe orientar el camino a seguir, un camino que esta escrito en los estatutos del partido sandinista.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) “es un Partido Revolucionario, socialista, solidario, democrático y antiimperialista de composición plural, que defiende los intereses populares y recoge las tradiciones de lucha histórica del pueblo nicaragüense por la soberanía nacional, la paz y la independencia patria: el objetivo del F.S.L.N. es alcanzar la felicidad de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con democracia política y económica, justicia social y un verdadero estado de derecho”

Son los sandinistas los que deben decidir continuar con esta herencia, transformando estas definiciones en realidades, sin demagogia, haciendo del himno de la unidad sandinista y de su principal consigna, una nueva decisión de vida, para mantener los logros alcanzados con muchos sacrificios y con miles de vidas entregadas por esta noble causa.

Quienes respetamos y queremos al pueblo de Sandino, a sus hombres y mujeres, sólo nos resta acompañar una decisión que compartimos en los campos de batalla y de la reconstrucción nacional, Que la revolución lograda, es para siempre….

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«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral reproducido al final de esta nota).

A diferencia de comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, que puede modular el vocabulario en función de su cercanía o distancia con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a diversos Estados a acordar y a consensuar un texto.

Si bien esta crisis política ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de la crisis vivida en Nicaragua, evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.

Un comunicado conjunto en medio de otros llamados al cese de la violencia

Este llamado colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:

«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.

De igual forma, este 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:

«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.

Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse este 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.

Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo adoptado por voto, con 21 votos a favor). El pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que adoptó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua«, reproducida integralmente en esta nota nuestra.

Foto extrada de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno»

Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades.

Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia.

Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua 

Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, Nicaragua está sometida a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales desproporcionadas e indiscriminadas contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.

Prescisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dió a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).

Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).

Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:

– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua  (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).

– desde el 2 de julio, quedó instalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.

Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).

A modo de conclusión

La máxima presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua, a la vez que el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.

Cabe reseñar que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades habían cursado una nota de protesta, aduciendo una indebida ingerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).

Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica sobre la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).

Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden y acordadas con las autoridade de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.

Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para mediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.

Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina:

Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018

Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:

Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.

Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares

Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;

Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;

Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);

Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.

-El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: Nicolás Boeglin

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