Digámoslo de una vez: las muertes de los niños, adolescentes y adultos bajo tutela del Estado chileno, a través del Sename, es una vergüenza nacional y expresión de la desidia hacia los niños y niñas pobres, sobre lo cual se suponía se hizo cargo. No les protegió, no les dio acceso a sus derechos básicos de vida, atención en salud, asistencia educativa, vivienda, ni restituyó el derecho a la vida en familia. El que durante más de once años el aparato estatal –no solo Sename– no se interesara por saber el paradero de esos niños y niñas o su causa de muerte y asistir a los padres, expresa un grado de discriminación social que se hace intolerable. Estamos frente al espejo de lo que somos, sea por acción u omisión.

Hay que sacar las lecciones de lo ocurrido para hacer un “Nunca más” con estas sistemáticas violaciones a los derechos de los niños y niñas. Esto implica ser radicales en las decisiones y persistentes en las acciones, de otro modo los intereses corporativos de diversos grupos terminarán por diluir las reformas necesarias.

Lo que aquí ha fracasado es el modelo de Estado subsidiario que no reconoce –en la práctica– los derechos de todos los niñas y niñas, pues se ha focalizado su mirada sobre “los niños pobres” a través del Sename y al resto los trata en tanto escolares, enfermos o “carga familiar”. Chile no cuenta con un sistema de protección integral de los derechos para los niños y las niñas con independencia de su condición social, territorial u origen cultural, pues no hay una sistema administrativo con ese propósito, que tenga presencia en el territorio nacional; el existente solo se focaliza en los niños pobres y el judicial en los que están en condición de infractores o vulnerados en ciertos derechos.

Fracasó este Estado subsidiario, pues la Unidad de Subvención Sename se aplica fundamentalmente según los niños atendidos de acuerdo a modalidad programática y no según un estándar básico de calidad al que debe acceder el niño o la niña, lo que implica que, a menos niños atendidos, más altos los costos fijos para la institución colaboradora, lo que presiona por retener y masificar los programas. A esto se suman los bajos montos de los subsidios que provoca bajos salarios, condiciones precarias de trabajo y alta rotación de profesionales, perjudicando tanto el vínculo afectivo con los niños como la acumulación de conocimientos en el área de trabajo.

Es por lo anterior que se debe garantizar en la ley, actualmente en discusión, tanto la creación de un sistema de protección administrativa de carácter general y otro especializado, así como una protección judicial (capacitada en esta área) especializada para aquellos niños vulnerados en sus derechos. Esto implicaría un despliegue territorial con asiento local y por ello pertinente a las características de los distintos modos de vida y de estrechas relaciones con municipios, escuelas, policías, iglesias, ONGs, tribunales y otras instituciones, como lo ha propuesto el Bloque por la Infancia. Esto es inversión social en promoción y prevención que permitiría reducir, además, la altísima judicialización de la pobreza y la de los niños en particular.

El tercer fracaso, entonces, es el de la política. La política hacia los niños y adolescentes fue dejada a un lado en las prioridades programáticas de sucesivos gobiernos, aunque los presupuestos fueron teniendo una paulatina mejoría desde 1990. La obligación era poner al día la legislación, institucionalidad y estrategias de intervención a los estándares exigidos por la Convención, el Comité de Naciones Unidas y quienes desde la sociedad civil demandaban la modernización del sistema. Esto no fue considerado, a pesar de las advertencias de la ONU, Unicef, la Contraloría, las Comisiones instaladas con el propio Ministerio de Justicia, los Tribunales y las ONGs, ahora agrupadas en el Bloque por la Infancia.También ha fracasado un tipo de enfoque tecnocrático funcional a las estrategias de focalización social, de hacer eficaz y eficiente el “gasto social”. Sename, mientras más focalizó su atención y más funcionalizó su oferta en la judicialización, fue reduciendo sus programas preventivos y de promoción comunitaria, concentrando en pocas instituciones colaboradoras la ejecución de sus programas y liquidando la diversidad de propuestas programáticas de las organizaciones más pequeñas y creativas. Se obnubiló con la construcción de indicadores para el control formal de los resultados y gastos, sin salir a liderar la reforma al sistema de atención. Sename se quedó en el discurso de la Convención de los Derechos del Niño, pero los gobiernos no fueron capaces de ver el grave daño que se iba acumulando en la niñez por un sistema arcaico. Y no fue por ignorancia.

La cruda realidad es que estos tres fracasos, del Estado subsidiario, la tecnocracia y la política, son también en parte producto de una cultura instalada en la sociedad, en los chilenos y chilenas que piensan que los niños y niñas son “personitas”, “personas a modelar”, “propiedad de los padres”, cuya palabra y subjetividad no cuentan pues los adultos supuestamente sabríamos lo que a ellos les conviene y lo que deben hacer y ser. Esta idea de superioridad adulta ha anulado la posibilidad de comprenderlos en su integridad y por ello se desprecia su palabra, también hemos despreciado sus vidas, sobre todo si de niños pobres estamos hablando o tratando. Se ve en las calles, se vive en los colegios y en la atención en salud. Los altos porcentajes de maltrato infantil y de abuso sexual al interior de las familias (con independencia de su condición económica) hasta las altas tasas de suicidio juvenil, lo demuestran.

La idea sobre los niños, en general, no es la misma que se tiene sobre los hijos. Ni la que se tiene sobre el rol de los hijos e hijas, que tampoco es de reconocimiento a sus derechos. Producir este cambio es clave en la cultura, para darles soporte a las transformaciones de fondo que los niños y adolescentes reclaman.

Este 5 de octubre, la Presidenta ha señalado, en el Plan de Acción, que el Sename se dividirá en dos Servicios con dos Ministerios distintos. Esto debería ser el resultado de tener: a) una ley de Garantía de Derechos que modele una institucionalidad que se base en un sistema territorializado de protección, en coordinación con los Tribunales; b) un Defensor de la Niñez autónomo, designado con independencia de un poder del Estado y de forma participativa; y c) una Subsecretaría de la Niñez con atribuciones de órgano rector y conductor de la Política Nacional de Infancia, que conduzca el sistema de protección nacional y, en ese caso, dirigir ambos Servicios.

*Fuente: El Mostrador