En el programa de hoy 14/06 Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el significado político del acuerdo de paz alcanzado en Cuba entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el jefe del ELN Antonio García. Con la participación especial de José Ramírez Vélez, ex miembro de la guerrilla M-19 y exiliado colombiano.

El programa del cura Camilo Torres

El articulo Alto al Fuego entre el ELN y el estado colombiano apareció primero en piensaChile.

El articulo México y Uruguay organizan una conferencia internacional para abordar la crisis en Venezuela apareció primero en piensaChile.

Pablo Milanés

Las luces

Hace cuatro años empezó un proceso de negociación política entre las Farc y el gobierno colombiano. Las conversaciones iniciadas en Noruega en septiembre de 2012 no eran las primeras, pero todo auguraba que éstas llegarían a buen puerto, debido al cambio de discurso del Presidente Juan Manuel Santos al reconocer que en Colombia sí había un conflicto armado y que la contraparte era un actor político con el que se podía dialogar. Ello iba en contravía del discurso oficial que durante ocho años (2002-2010) sostuvo el mandato de Álvaro Uribe, en cuanto que lo que había en Colombia era una guerra contra delincuentes narco-terroristas.

La Mesa de conversaciones empezó sus deliberaciones formales en Cuba a finales de agosto de 2013. A partir de allí comenzó un lento desescalamiento de los combates, primero con un cese al fuego unilateral por parte de las Farc el 20 de diciembre de 2014 que duró poco tiempo y luego con otro que se reinició el 20 de julio de 2015 [1]. El gobierno por su parte respondió con una suspensión de los bombardeos al grupo guerrillero en marzo de 2015, medida ésta que fue levantada y posteriormente ratificada a finales de julio del mismo año [2]. Esa disminución en los enfrentamientos tuvo su punto máximo en la firma del Cese al fuego el pasado 23 de junio de 2016.

Centenares de seres humanos no murieron resultado de lo que va de este proceso de diálogo, sólo esto da para celebrar con júbilo los resultados de la Mesa en La Habana. Pero si sumamos los macro eventos realizados por Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de las Naciones Unidas, entre otros, a más de la infinidad de personas y organizaciones que han interlocutado en Cuba con la Mesa, la paz ha dejado de ser una quimera para convertirse en una realidad.

Máxime cuando se conocían los textos de los Acuerdos que en torno al tema agrario, la participación política y las drogas se habían alcanzado. La paz pasó se convirtió en un punto prioritario de la agenda política del país, tanto así que definió la reelección del Presidente Santos en 2014.

Catalina Jaramillo Quijano, 2011

Las sombras

El Acuerdo sobre víctimas

No obstante las cosas empezaron a complicarse. El 23 de septiembre de 2015, con presencia de los presidentes de las repúblicas de Colombia y de Cuba, se firmó el Acuerdo sobre víctimas. Se dio lectura a un comunicado conjunto: el número 60 [3]. Este documento resumía las líneas esenciales de lo pactado, no obstante había otro más extenso con 75 puntos que se supone desarrollaba detalladamente el contenido del Acuerdo.

Pero pasados unos días “explotó” una diferencia entre el jefe negociador del gobierno, Humberto De La Calle, y el de las FARC, Iván Márquez. El dirigente guerrillero afirmó que el gobierno había faltado a su palabra al no ratificar los 75 puntos y de la Calle sostuvo que siempre se dijo que el extenso documento estaba en discusión y que quien faltó a la palabra fue la guerrilla. [4]

“»Hubo un Acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable«, aseguró el funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos desde La Habana ante periodistas, en el cierre de un nuevo ciclo del diálogo de paz.

«La paz no se construye con palabras que se lleva el viento ni con promesas que nunca se cumplen», aseveró el negociador de las FARC. [5]” Para mayor claridad éste pidió que se publicaran la totalidad de los acuerdos. [6] No fueron publicados en ese momento.

“Sin embargo, según De La Calle «hay interpretaciones del abogado de las FARC sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional», apuntó. «No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía», remarcó.” [7]

Salta a la vista que uno de los puntos que parece ser que no quedaron claros fue el del secuestro y, según rumores, el de la posible comparecencia de ex Jefes de estado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Casi tres meses después, el 15 de diciembre de 2015, se anunció el Acuerdo sobre el punto 5 de la agenda: “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos.” [8] Es un complejo conjunto de normas que da cuenta de la creación de la Comisión de la Verdad, de una Jurisdicción Especial para la Paz (ahí están los 75 puntos) y de otra serie de organismos y medidas que garantizarán la Reparación y la No Repetición. La toma de rehenes (lo homólogo al secuestro en el Estatuto de Roma, código de la Corte Penal Internacional) no quedó amnistiado (punto 40) y los ex presidentes responden a la Comisión de Acusaciones de la Cámara (punto 32, párrafo 5).

La tierra y la Ley Zidres

Un nuevo elemento que siembra dudas del real compromiso del gobierno es la expedición de la “Ley 1776 de 2016 (Enero 29): Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres”. Esta ley va en contravía del Acuerdo agrario firmado en La Habana, el contenido de éste enfatiza en la participación de la comunidad, veamos por ejemplo la definición que hace de territorio:

Que la RRI [Reforma Rural Integral] concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural. (Pg. 1, considerando 3°)

Veamos ahora el objeto y algunos puntos claves de la Ley Zidres:

Artículo 1°. Objeto. Créanse las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, (Zidres) como territorios con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola identificados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en consonancia con el numeral 9 del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, o la que haga sus veces, que se establecerán a partir de Planes de Desarrollo Rural Integral en un marco de economía formal y de ordenamiento territorial, soportados bajo parámetros de plena competitividad e inserción del recurso humano en un contexto de desarrollo humano sostenible, crecimiento económico regional, desarrollo social y sostenibilidad ambiental.

Las Zidres deberán cumplir con estos requisitos: se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos; demanden elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; tengan baja densidad poblacional; presenten altos índices de pobreza; o carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos.

Los proyectos de las Zidres deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

¿Quiénes compondrán los proyectos? Personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar proyectos productivos en las Zidres…” (art. 3), por supuesto inversionistas extranjeros (art. 3 parágrafo 5).

¿Quién define los proyectos? “El Gobierno nacional reglamentará la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para las Zidres, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural… El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobará la estrategia multisectorial de desarrollo del sector rural, acordará las inversiones orientadas a promover el desarrollo de las áreas rurales y evaluará periódicamente el desempeño del Sistema Nacional de Desarrollo Rural para las Zidres…” (art. 4).

¿Quién responde si los inversionistas no cumplen? “Respaldo hasta del 100% de los recursos de los proyectos productivos a través del Fondo Agropecuario de Garantías, cuando se requiera…” (Art. 7-e).

¿Cómo se le entrega la tierra a los ejecutores del proyecto? “La entrega de los bienes inmuebles de la nación, bajo concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, dará lugar al pago de una contraprestación dineraria, que será reglamentada por el Gobierno nacional…” (Art. 14)

¿Qué pueden hacer los ejecutores del proyecto con la tierra? “En las Zidres, el ejecutor del proyecto…podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios…” (Art. 15).

¿Y la mano de obra campesina, proletariado agrícola, qué incentivos tiene? “…los proyectos asociativos que vinculen campesinos, mujer rural y/o trabajadores agrarios sin tierra deberán establecer un mecanismo que permita que, dentro de los tres (3) primeros años de iniciado el proyecto, estos se hagan propietarios de un porcentaje de tierra, fijado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural…” (Art. 17)

¿Qué otra “cosita” pueden hacer los ejecutores de un proyecto? “Constituir e implementar zonas francas agroindustriales como instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, que promoverán la competitividad en las regiones donde se establezcan y el desarrollo de procesos industriales altamente rentables y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales. Las zonas francas agroindustriales contarán con bancos de maquinaria y equipos que serán utilizados en todo el territorio Zidres” (Art. 2)

Es decir, un latifundio, lejos de cualquier parte, apto para una plantación que se venda en el exterior o el interior, podrá ser explotado por manos privadas nacionales o extranjeras, construirán una zona franca para no pagar impuestos y a los campesinos sin tierra los ilusionarán con una parcela a los tres años, que al estar tan retiradas tendrán que vender a los capitalistas, todo esto regido desde el Ministerio de Agricultura. La tierra, que se supone alimentaría el “Fondo de Tierras” previsto en el Acuerdo de La Habana, pasará a manos privadas. Aquí las comunidades no pintan nada.

Refrendación de los Acuerdos: Asamblea constituyente o Plebiscito

En cuanto a la refrendación las Farc propusieron desde un principio una Asamblea Constituyente como mecanismo que garantizaría una discusión y empoderamiento auténticamente democrático respecto al nuevo Pacto social que saldría después del Acuerdo general. El gobierno negó tal posibilidad y por iniciativa propia impuso un plebiscito, el cual fue aprobado a mediados de junio por la Corte Constitucional. [9]

Cese al fuego bilateral

No obstante el proceso ha seguido y el 23 de junio se firmó un Cese al fuego bilateral, con la más grande solemnidad que ha vivido el proceso de paz: presencia del Secretario General de la ONU y varios jefes de estado, entre ellos Santos por supuesto. Se anunció el cronograma del desarme que se hará por fases en 150 días luego del Acuerdo Final; además se suscribió otro Acuerdo sobre “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales” [10]. Hubo alegría generalizada.

Pero tan sólo 17 días después de la firma del Cese al fuego bilateral hubo un combate entre el Ejército y las Farc, con saldo de varios insurgentes heridos. Las fuerzas oficiales atacaron a un grupo de guerrilleros que transportaban a “delegados de la Farc que iban a La Habana”. El Ministerio de defensa argumentó que era que estaban en un lugar distinto al que en principio se había acordado. [11]

Nuevo Código de Policía

A finales de julio se expidió el nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2016) [12]. Es muy extenso, abarca infinidad de comportamientos lo que daría para escribir un tratado, por ahora sólo veamos un detalle del derecho de movilización ciudadana:

Artículo 53. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado. Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

De entrada hay una incongruencia grave dentro del mismo texto cuando plantea “Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas cultural, político, económico, religioso, social…”, entonces, ¿por qué a la hora de informar a las autoridades deben firmar tres? ¿Una sola persona no puede convocar una reunión o manifestación? O sea, como individuo puede asistir pero no convocar, en un país donde asesinan dirigentes sociales a diario no es cualquier cosa firmar un documento de este tipo. Es entendible que en grandes ciudades hay que informar con un tiempo suficiente para organizar el tráfico vehicular, con 12 horas como mínimo sería suficiente, pero en un pueblo de 20.000 o 30.000 o hasta de 100.000 habitantes, ¿será necesario informar con tanta anticipación? El Acuerdo sobre Participación queda lesionado…

El paisaje de Colombia. Fernando Botero. Óleo sobre tela, 2004.

A modo de conclusión

Durante este proceso se han asesinado a centenares de líderes sociales, defensores de derechos humanos, etc. La impunidad ha sido la norma.

Pero observando el anterior resumen del proceso, en contraste con las decisiones políticas de la élite gobernante, la conclusión es que se imponen las sombras de la continuidad del mismo estado de cosas que dio origen al levantamiento armado.

La tierra, causa común en la mayoría de las guerras civiles colombianas, de la época de la Violencia (mediados del siglo XX) y del actual conflicto armado, sigue en poder de la élite dominante. La ley Zidres es “una patada en los testículos”: los baldíos que existen me los quedo, dicen y harán los empresarios nacionales y extranjeros.

La movilización ciudadana, la más genuina expresión de participación, base de cualquier democracia y antesala a un cambio en el ámbito electoral: restringida con el Código de Policía.

La refrendación, oportunidad especial para concientizar a la población sobre las cuáles fueron las causas de todo este mar de sangre vertido en las últimas décadas por medio de una Asamblea constituyente, fue reemplazada por un mecanismo, el plebiscito, que quizás dé dolores de cabeza. Claro, el “bloque de poder contrainsurgente” que ha combinado todas las formas de lucha, legales e ilegales, para mantenerse en el poder y preservar sus intereses de clase desde 1920 hasta hoy [13], a la vez que aniquilaba a punta de plomo y motosierra el tejido social más organizado del pueblo, interiorizó, a través de los medios de comunicación, la idea de que la insurgencia era lo peor de la especie humana y que ante tal peligro los paramilitares, con sus masacres y asesinatos selectivos, eran un mal menor. Santos y Uribe son burgueses que odian al pueblo, neoliberales hasta la médula, no olvidemos que Santos fue Ministro de defensa de Uribe en su segundo mandato y que uno de los negociadores estrella por el gobierno, Sergio Jaramillo, filósofo y todo, ocupó un alto cargo como asesor del mismo ministerio también con Uribe. Con lo mal gobernante que ha sido Santos, con su comportamiento anti popular y reaccionario, y además con la mentalidad conservadora, mafiosa, egoísta y oportunista que campea entre los imaginarios de la población, no es descabellado que triunfe el NO en el plebiscito. Ante esa situación Santos lo tiene claro: se acaba el proceso de paz. [14]

Las cláusulas penales para el gobierno si no cumple: ninguna. Tan sólo 17 días después de que el Presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, suscribiera un Cese al fuego en presencia de la comunidad internacional, el ejército atacó a un grupo de guerrilleros. Un error o una cadena de errores pueden suceder, pero nadie pagó por ello: en un país serio hubieran renunciado por lo menos un general, un coronel y varios oficiales y suboficiales. Y después del Acuerdo final, en 150 días las Farc “dejarán las armas en un contenedor para que sean fundidas en varios monumentos” y si el gobierno y la élite no cumple, ¿qué? Vendrán los países garantes, vendrá la ONU, ¿alguien le teme a la ONU? En Israel, Palestina y Ruanda nos pueden responder…

¿Y las garantías de seguridad para los ciudadanos antes guerrilleros? Lo acordado tiene muchos vacíos. Se creará una “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad» para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, compuesta por : “será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz” [15]. Tendrá muchas funciones, todas ellas excelentemente concebidas y con dos dientes no ya de tan buena calidad.

Uno de ellos sería la “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales” que dependería de la Fiscalía General de la Nación, entidad ésta donde ha habido de todo: su ex director Luis Camilo Osorio y el Jefe de fiscalías en Medellín, Guillermo León Valencia, ambas fichas de los paramilitares, ellos eran la punta del iceberg…

El otro diente, se supone el más robusto, sería un Cuerpo Élite de la Policía Nacional. Una institución protagonista en la formación del paramilitarismo, por acción o por omisión, será quien persiga a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo: un perro amarrado con longanizas.

En este contexto un “Cuerpo de seguridad y protección” (guardaespaldas) conformado por personal de confianza del nuevo movimiento político (el que saldrá de las Farc luego del Acuerdo final), en coordinación con la Policía Nacional, no parece tener grandes alcances: les tocará vivir a la defensiva ante enemigos con una capacidad formidable. Y para las comunidades: muchas buenas intenciones…

Las Farc han puesto mucho y su contraparte no pierde oportunidad para “meter goles”. Acaban de ser humilladas por EEUU al no liberar a Simón Trinidad. La historia, que tanto les importa a los comunistas, puede hacerles un balance más temprano que tarde. Están a tiempo…

¿Y el Eln qué? Esta organización insurgente libra un pulso de fuerzas con el gobierno en torno al secuestro. Santos dice que no dialoga mientras no liberen a los secuestrados y esta guerrilla dice que eso no estaba en lo pactado en marzo de este año, que de eso se hablará en la mesa. Ambas partes pueden salir perdiendo.

En todo caso, en el escenario de los actores armados, el Eln es la garantía de que le cumplan a las Farc, en otras palabras, una de las maneras de derrotar políticamente al Eln es que el gobierno cumpla los Acuerdos de La Habana, claro que con la Ley Zidres, el nuevo Código de Policía y la impunidad en la muerte de los líderes sociales asesinados el azul celeste de la paz se encapota con negros nubarrones.

*Fuente: Tlaxcala

Notas

[1] http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/las-farc-anuncian-nuevo-cese-al-fuego-unilateral-partir-del-20-julio

[2] http://www.abc.es/internacional/20150726/abci-santos-suspende-bombardeos-farc-201507260413.html

[3] https://www.mesadeconversaciones.com.co/documentos/comunicados-conjuntos?title=&body_value=&page=6

[4]http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/08/gobierno-colombiano-y-farc-exhiben-diferencias-sobre-acuerdo-de-paz-2279.html

[5] http://www.infobae.com/2015/10/08/1761120-fuertes-diferencias-el-gobierno-juan-manuel-santos-y-las-farc-el-acuerdo-paz

[6] http://www.telesurtv.net/news/Ivan-Marquez-acuerdo-de-justicia-no-incluye-inmunidad-especial-20151003-0005.html

[7] http://www.infobae.com/2015/10/08/1761120-fuertes-diferencias-el-gobierno-juan-manuel-santos-y-las-farc-el-acuerdo-paz

[8] La totalidad de Acuerdos y Comunicados conjuntos se encuentran en:https://www.mesadeconversaciones.com.co/

[9] http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/ponencia-corte-avala-plebiscito-impone-condicionamientos

[10] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-Conjunto-Acuerdo-sobre-Cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-Definitivo-y-Dejacion-de-Armas.aspx

[11] http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-farc-y-ejercito-se-enfrentan-en-el-meta/481413#cxrecs_s

[12] http://www.imprenta.gov.co

[13] Estrada Álvarez, Jairo. Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Ediciones desde abajo, 1ª edición, 1ª reimpresión, Bogotá, 2015, pg. 297.

[14] http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/si-plebiscito-gana-acaba-proceso-paz-presidente-santos

[15] 3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos…” pgs. 4, 6, 9, 13

Gracias a: Tlaxcala
Fuente: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=18707
Fecha de publicación del artículo original: 23/08/2016
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27 de Septiembre de 2015

El acuerdo sobre justicia entre Farc y Gobierno

La sanción penal tiene, tal vez por primera vez en la historia de Colombia, un propósito distinto que la simple retribución, consistente en la satisfacción de los derechos de las víctimas y en la reintegración social de los condenados.

El acuerdo sobre justicia al que llegaron las partes negociadoras en La Habana es causa de celebración y admiración por varias razones. La más obvia, pero también la más importante, es que, con un esfuerzo y un tacto político inmensos, las partes acercaron sus lejanísimas posturas y encontraron un espacio de compromiso que permitirá, ahora casi sin ninguna duda, dejar atrás décadas de guerra. Pocas cosas son más difíciles en el campo de la política democrática que acercar posiciones antagónicas, cuando el único mecanismo que existe es la discusión entre sectores que no comparten siquiera un lenguaje común, para no hablar de la ideología, los intereses y las formas admisibles de acción. Lo que hoy parece obvio, fácil o criticable por algún detalle que falta o sobra es el resultado de meses de paciencia y tolerancia de sectores que durante mucho tiempo se han considerado enemigos y han negado la legitimidad del otro. Es conveniente no perder la perspectiva: fácilmente, el acuerdo podría no haberse alcanzado.

El acuerdo es también el resultado de una capacidad admirable de las partes por alejarse de convicciones muy arraigadas. Las Farc, no podemos olvidarlo, entraron a la mesa de negociaciones diciendo que no pagarían un solo día de cárcel, y a lo largo de estos años han dicho en múltiples ocasiones que no se dejarían juzgar por el aparato de justicia colombiano, al que no reconocían como autoridad. Ahora, sin embargo, están dispuestas a ser juzgadas por un tribunal que, aunque con jurisdicción especial, será parte de la institucionalidad colombiana, hasta el punto de que la Fiscalía y la justicia ordinaria aportarán el material que servirá de base a los juicios de paz. El Gobierno, por su parte, afirmó en múltiples ocasiones que los militares no podían recibir el mismo trato que los actores armados, pero ahora ha aceptado que tanto ellos como los cómplices y beneficiarios políticos y económicos de los delitos de cualquier parte deberán ser juzgados en las mismas condiciones.
Por otro lado, el acuerdo es el resultado de muchísima creatividad en el ámbito del diseño institucional. En lugar de optar por las opciones antes ensayadas de tribunales internacionales o mixtos con mayoría de extranjeros, o de tribunales ordinarios, el acuerdo le apuesta a un tribunal doméstico, pero especial, y que puede tener algunos miembros extranjeros. Más importante aún, el esquema logra, como quizás nunca antes en la historia de la justicia transicional, un equilibrio muy real entre paz y justicia. Para alcanzar la paz, el acuerdo dispone que habrá una amplia amnistía por delitos políticos y conexos. Tal declaración implica un gran coraje, pues la palabra amnistía se ha convertido en casi un tabú en el ámbito internacional y nacional. Ello demuestra que, en efecto, esta es una paz negociada que da réditos importantes a las Farc. Sin embargo, para garantizar justicia y evitar impunidad, el acuerdo dispone que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros graves crímenes no podrán ser amnistiados, sino que deberán ser investigados, juzgados y castigados. Esto debería blindar jurídicamente el acuerdo de paz, pues demuestra con claridad que cumple (e incluso va más allá de) los estándares internacionales y nacionales de derecho penal, humanitario y de los derechos humanos.
Los mecanismos de justicia creados para lograr este último fin combinan la justicia penal y la justicia restaurativa de un modo muy sofisticado y novedoso. Los crímenes se priorizarán, de manera que los más graves y representativos sean juzgados primero, y que los mayores responsables (por tipo de intervención y responsabilidad de mando) reciban las sanciones más altas. Estas sanciones consistirán en pena privativa de la libertad, pero bajo condiciones especiales para aquellos que acepten su responsabilidad desde un comienzo. Tales condiciones consisten en una pena reducida (de máximo ocho años), que podrá ser ejecutada en lugares especiales de reclusión, con el fin de que los sentenciados puedan realizar actividades reparadoras y resocializadoras. Quienes no acepten su responsabilidad recibirán todo el peso de la ley ordinaria, y quienes lo hagan tardíamente podrán gozar de la pena reducida, pero deberán hacerlo en lugares ordinarios de reclusión. Finalmente, quienes hayan cometido crímenes menos graves o representativos (de entre los crímenes graves), o quienes hayan tenido una participación menos directa o un nivel de mando inferior en los crímenes más graves y representativos, podrán ser eximidos de pena privativa pero estarán obligados a realizar actividades y trabajos destinados a reparar a las víctimas y a restaurar el tejido social.
Así pues, la sanción penal tiene, tal vez por primera vez en la historia de Colombia, un propósito distinto que la simple retribución, consistente en la satisfacción de los derechos de las víctimas y en la reintegración social de los condenados. Este es uno de los elementos más progresistas del acuerdo. Implícitamente se reconoce el problema del aparato carcelario en Colombia, que hace años no sólo no fomenta sino que impide activamente la resocialización de los presos, al mantenerlos en condiciones de hacinamiento y desocupación poco dignas. El acuerdo se toma en serio la necesidad de condenar a los perpetradores de graves crímenes, incluso cuando aceptan su responsabilidad. Pero también la necesidad de que sus penas contribuyan al objetivo de reparación de las víctimas y de reconciliación política. Por ello exige que los condenados que acepten su responsabilidad cumplan la pena en lugares en donde esa contribución sea posible. Por ello también permite que los condenados por crímenes menos graves o con menores grados de responsabilidad no aumenten el número ya excesivo de presos en Colombia, sino que dediquen su pena a la reparación de las víctimas y la restauración de sus vínculos con la comunidad. Esto implicará que muchos presos actuales salgan de las cárceles si aceptan su responsabilidad, lo cual podrá tener el efecto positivo adicional de des-hacinar un poco las cárceles.
Obviamente, aún hay muchos puntos que deben ser resueltos y a los cuales debemos prestar atención. Por ejemplo, cómo se articula el mecanismo de justicia con la comisión de verdad y con la Ley de Víctimas, o cómo se garantiza que los procesos judiciales se lleven a cabo con eficiencia y respetando las garantías penales. Pero esos, creo, son detalles menores en comparación con este paso histórico hacia una paz con justicia.
* Universidad de Princeton, Society of Fellows in the Liberal Arts.
*Fuente: El Espectador

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ESTIMADAS COMPAÑERAS PRISIONERAS POLÍTICAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ (VALLE DEL CAUCA).

La Delegación de Paz de las FARC-EP ha recibido el día 25 de enero, la carta que ustedes dirigen a la Mesa de Conversaciones de La Habana en la que reflexionan de manera clara y justa sobre las nefastas condiciones de reclusión del conjunto de la población carcelaria, pero especialmente las que padecen los prisioneros y las prisioneras políticas, cuyos padecimientos se extreman por la vindicta que por tal condición de rebeldía desbocan sobre ellos los carceleros y las autoridades del régimen de terror que impera en Colombia.
Bastante más drástica, sin duda, es la situación hostil contra las mujeres, dentro de ese sistema penitenciario inhumano destinado a degradar a quienes allí recluyen para mermarlo en su dignidad y en su altivez política altruista que se duele de la miseria, la desigualdad y la carencia de democracia que en nuestro país ha impuesto la clase plutocrática y corrupta que gobierna.
Todos y cada uno de los párrafos por ustedes escritos, los compartimos sin observaciones, sin objeciones, sin rectificaciones, porque nacen de la vivencia directa en esos escenarios tenebrosos  que no sirven para rehabilitar a nadie sino para humillar y acabar con la entereza y los mejores sentimientos de las personas que por uno u otro motivo son enclaustradas en ellos. Pero que especialmente están diseñados para vengarse de la rebeldía popular, chantajear al que se rebela contra las injusticias y aplastar la resistencia. De ahí que nuestra valoración por la forma como desde las cárceles los hombres y mujeres dirigentes populares, prisioneros políticos en general e insurgentes realizan. De ahí nuestra alta estima y orgullo por la manera valiente como sostiene en alto las banderas de los de abajo sin dejarse doblegar, lo cual nos compromete aún más con la causa de emancipación que abrazamos y con el deber de buscar por todos los medios que ustedes salgan de esas mazmorras, a seguir luchando en libertad por la Colombia Nueva que anhelas las mayorías.
La carta que nos envían, la haremos sentir en la Mesa de Conversaciones y en los medios hasta donde nos sea posible. Resaltaremos las solicitudes legítimas que enarbolan y será instrumento también de lucha en el plano de la batalla de ideas que ahora estamos librando en favor de la reivindicación del derecho a la rebelión, la recomposición de la más amplia conexidad para el delito político y el restablecimiento del indulto y la amnistía como medidas de solución política a la situación de los centenares de luchadores, luchadoras, guerrilleros y guerrilleras de Bolívar que están en Colombia y en las Prisiones del Imperio dando muestra de decoro y optimismo en la posibilidad de que más temprano que tarde alcancemos la paz para nuestro pueblo.
Luego de esta esperen recibir los documentos que hemos elaborado para orientar el debate sobre la rebelión frente a la paz como derecho síntesis, con toda la argumentación que justifica que en un eventual Acuerdo de Fin del Conflicto, lo único procedente es que ustedes alcancen la libertad.
Hasta la victoria siempre. Juramos vencer y venceremos.
Fraternalmente,
Delegación de Paz de las FARC-EP

Si le interesó el tema, le recomendamos leer tambien:
Organizaciones de Chilenos en Venezuela ante presencia del Sr Sebastian Piñera en nuestro país
por Comité Chileno Venezolano (Venezuela)
Publicado el 24 enero, 2015 , en Declaraciones
 

El articulo De estos presos políticos, no habla Pastrana (Piñera tampoco) apareció primero en piensaChile.

Dick Emanuelsson (sub director de ANNCOL) ha cubierto el conflicto en Colombia durante casi tres décadas como corresponsal para América Latina. Ha vivido de cerca los procesos de Casa Verde, San Vicente del Caguán y el que actualmente se sigue en Cuba.

En 2005 tuvo que dejar su casa de Bogotá por amenazas de muerte. Los servicios secretos tenían sobre su persona una carpeta con 476 folios.

De gira por Euskal Herria (País Vasco), Emanuelsson ha visitado la redacción de GARA para relatar su experiencia en Colombia y sus impresiones sobre las conversaciones de La Habana.

Video en YouTube:

Fuente y enlace en Gara:

http://www.naiz.info/eu/mediateca/video/entrevista-al-periodista-sueco-dick-emanuelsson-experto-en-colombia-1#.U3dJyUGsxfQ.facebook

El articulo Entrevista al periodista sueco Dick Emanuelsson sobre la perspectiva política en Colombia apareció primero en piensaChile.