La Fundación Memoria Histórica, lamenta que en la apelación presentada por el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, al fallo de la 5ª Sala de la C. A. de Santiago que acogió nuestro recurso y que exigía al Ejército el retiro de las placas de homenaje a Manuel Contreras, se eluda una vez más  el fondo de la cuestión: asumir institucionalmente  la responsabilidad de la institución en materia de las gravísimas y sistemáticas violaciones de  derechos humanos durante la dictadura.

Seguir defendiendo la permanencia de fotografías y placas de miembros de la institución ligados a las violaciones  de los derechos fundamentales de miles de chilenos y chilenas, constituye una afrenta y mantener el daño a las víctimas y sus familias.

Consideramos interesante que en la apelación del Ejército aluda a que se respete la memoria histórica de la institución.  Y, en efecto, no buscamos eliminar todo vestigio de Manuel Contreras u otros responsables de violaciones a los DD.HH., pretendiendo que aquello nunca ocurrió.

Contreras es parte de la historia del Ejército. Pero exhibirlo en recintos militares, en especial donde se educan las nuevas generaciones de oficiales, significa elevarlo a ejemplo.

Creemos que el Ejército de Chile debería incluir las referencias a Manuel Contreras y otros, señalando de forma clara las sentencias de los tribunales de la República y los delitos cometidos. E incluso, proponemos al Gral. Martínez, la realización de cursos por parte de nuestra Fundación, referidos a la memoria histórica, donde se aborden las violaciones a los DD.HH. en las cuales tuvo responsabilidad institucional el Ejército de Chile.   Finalmente, proponemos al Comandante en Jefe, el homenaje a miembros del Ejército de Chile que representan un ejemplo de respeto a los derechos humanos, como el conscripto Michel Nash, detenido desaparecido  por negarse a disparar contra sus connacionales. Ninguna unidad militar lleva el nombre de este ejemplar soldado chileno.

Finalmente,  queremos plantear nuestra desilusión  en orden a que, la lectura del texto de apelación de la institución castrense, nos deja en evidencia que persiste una autopercepción, según la cual, el Ejército se debe a sí mismo, como una  institución a parte de la sociedad que lo ha  creado y mantenido.  Creemos que persiste  la noción de  autonomía de las FFAA.

Aquello, demuestra ser un grave error y un dañino elemento que explica muchas situaciones.  Por lo pronto, desde la Fundación Memoria Histórica,  seguiremos insistiendo que tanto el Ejército,  como las FFAA y de Orden en su conjunto, son parte del Estado chileno. Y que de ese modo, también deben respetar  los compromisos firmamos por el Estado.  En especial a los tratados  internacionales de derechos humanos, donde  se consagran las garantías de no repetición de violaciones de derechos fundamentales.

Manuel Zúñiga
Director
Fundación Memoria Histórica

Contacto: +56 9 79 253 345

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por Medios
Publicado el 4 enero, 2020
 

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*Fuente: Regionalista

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La propuesta de ley , que data del gobierno de Michelle Bachelet (2017), fue modificada principalmente por medio de la indicación de la actual presidenta de la mentada Comisión, Carmen Hertz, que sanciona penalmente la negación a las violaciones  a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar y consignadas en los informes Rettig y Valech (fuente prensa Cámara de Diputados). Lo que sanciona este proyecto de ley son, tal como señala la diputada Hertz, es la negación de hechos concretos.

Frente a las voces que impugnan este proyecto, por atentar contra la libertad de expresión, cabe recordar que los Pactos Internacionales señalan que toda apología “que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley” (PIDCP). Si bien se prohíbe el tipo de discurso, no se criminaliza explícitamente. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial “sí establece la obligación de generar una sanción penal respecto a la incitación al odio racial, si bien su Comité (CERD) ha establecido que los países tienen un margen de discrecionalidad respecto al uso de esta herramienta, pudiendo prevenir y sancionar la incitación a la discriminación sin necesidad de recurrir a la utilización del derecho criminal” (Informe Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, INDH, 2014)

Uno de los nudos a desentrañar en esta polémica justamente nos lleva a los límites del ejercicio de la libertad de expresión con el respeto de la dignidad humana, que se vincula con “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” (PIDCP). Cuando en público se niegan o reivindican los crímenes de lesa humanidad, la dignidad y revictimización de las víctimas está en juego. La verdad de los hechos está en juego. El piso mínimo de sana convivencia está en juego. En sumas cuentas, el efectivo respecto de la dignidad humana en juego.

En el límite de la tolerancia se encuentran aquellas expresiones públicas que promueven la construcción de sociedades violentas y discriminatorias, y que en el caso del negacionismo y de la reivindicación de las violaciones a los derechos humanos atentan no solo contra la dignidad de las personas, sino contra las garantías de no repetición; que a estas alturas sabemos que en nuestro país no se encuentran dadas, a pesar de los avances, en la medida de lo posible,  en materia de justicia.

Países como Alemania, Francia, Israel, Bélgica e Inglaterra y Suiza se penalizan los discursos negacionistas y aquellos que incitan al odio. En el caso de Alemania, las penas pueden alcanzar los cinco años de prisión. En Estados Unidos, por el contrario, no se sancionan este tipo de expresiones, acogiéndose a la Primera y Decimocuarta Enmienda, que protegen la libertad de expresión, incluso en el caso de aquellos discursos de incitación al odio, como los de supremacía racial del Ku Klux Klan. Cabría recordar que Estados Unidos no ha vivido el genocidio dentro de sus fronteras.

A nivel institucional y público los discursos que niegan o justifican los crímenes de lesa humanidad mediante el apoyo a los regímenes que cometen estas atrocidades, como la dictadura en Chile, que violó los derechos humanos de manera de manera premeditada, sistemática y masiva, se encuentran sin duda dentro de los niveles más preocupantes de incitación al odio. De mayor preocupación es que estas declaraciones provengan de congresistas, quienes ocupan un espacio de representación pública para tratar de terroristas a aquellos que fueron torturados por agentes del Estado o para declararse pinochetista y agradecida del gobierno militar. En este sentido, cabe recordar que son los Estados los garantes del efectivo respeto de los derechos humanos y que los crímenes de lesa humanidad, desde el punto de vista del derecho internacional, son cometidos por agentes del Estado para recibir tal denominación.

En los últimos meses varios sitios de memoria y memoriales han sido atacados, por lo que más allá de los discursos negacionistas, resulta indispensable que el Estado proteja y asegure la permanencia de estos lugares donde las memorias colectivas en torno a nuestro pasado reciente se preservan y construyen, apuntando siempre a la promoción de una sociedad cada vez más democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Recientemente el Ejecutivo retiró la urgencia simple al proyecto que sanciona el negacionismo. Recientemente también presentó un proyecto de ley que busca conmutar las penas de reos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la condena impuesta, que padezcan enfermedades terminales o algún impedimento físico que provoque dependencia severa.  Esta iniciativa, por cierto, incluye a los reos de Punta Peuco. En estas circunstancias cabe preguntarse por la pertinencia de legislar contra el negacionismo.

–La autora, Mariana Zegers Izquierdo, es Secretaria General de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

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Estas personas, si es que les puede llamar así, producen en el ambiente colectivo y la sana convivencia de un país un daño irreversible en la salud mental de todos los que vivimos los horrorosos años del gobierno de la dictadura más sangrienta que ha tenido nuestro país a lo largo de nuestra historia.

Para muchos de nosotros que vivimos nuestra niñez, nuestra juventud y nuestros estudios universitarios en esos oscuros años, es difícil comprender como aún existen personas que avalen, aplaudan, justifiquen y peor aún que hayan celebrado estos horrores. Porque digámoslo como fue, la dictadura militar que se instauró en Chile en 1973 creó un régimen policíaco, de delación, de miedo, de cobardía y sumisión, que no tiene parangón en nuestra historia.

Tanto mi señora y mi hija, en nuestras incontables conversaciones de sobremesa, me han hecho entender que la libertad de expresión a ultranza, como yo la he defendido toda mi vida, no puede dejarse en las manos de unos irresponsables que abusan de esta, para después victimarse.

Cuesta comprender a estos personajes que reviven, lo que los psicólogos llaman un “complejo trabajo por sanar nuestra sociedad”, después de muchos años de una labor de sanación, por etapas, de nuestra verdad y que estuvo escondida por muchos años. No oculta para la mayoría de los chilenos, sino por la verdad oficial del régimen militar y los  gobiernos que lo sucedieron.

Después de años de lucha y movilización de las organizaciones sociales y políticas de Chile se pudo finalmente conocer las atrocidades cometidas y se fue instalando la verdad y con ella, abriendo nuevos flancos. Al enterarse el país de los crímenes, incluso con niños, mujeres embarazadas, obreros, campesinos y estudiantes desarmados, los sobrevivientes y sus familiares se han re-traumatizado. El sufrimiento va y viene, pero nunca desaparece, está latente, a flor de piel junto con la vergüenza de sentir dolor y no superarlo, la culpa y el arrepentimiento.

Muchos de nosotros sentimos culpa por haber sido prisioneros y torturados. Culpa por creer que hacíamos sufrir a nuestros seres queridos, no comprendiendo que otros eran realmente los culpables y los terroristas, y no nosotros como injustamente nos llamaban.

A todo esto hay que sumarle los problemas propios de las vidas actuales de las víctimas, como la dificultad de hacer familia en circunstancia de que muchos nunca conocieron cómo era una. En esos años perdieron a sus padres, hijos o hermanos. Toda una tragedia.

Todo esto es muy complejo de explicar para alguien que no lo vivió, para alguien que lo ve desde afuera. “El proceso de aceptación de la verdad fue muy difícil y uno podría preguntarse cómo no iban a saber nada si todos los que estábamos medianamente informados sabíamos lo que estaba ocurriendo». Y efectivamente no sabían, o no querían saber, porque la negación es un fenómeno psicológico en que uno no ve lo que no quiere ver.

La negación es un fenómeno ocupado por todos los regímenes totalitarios para hacer desaparecer las realidades que no deben ser vistas. En este caso el instrumento fue el terror y por ende el miedo colectivo. Es así como se explica que los que vieron y vivieron bajo el régimen de terror con sus allanamientos masivos, censura de libros, detenciones arbitrarias, torturas, toque de queda, etc., no pensaron que algo estaba mal, y si lo hicieron, se culparon por dejar que el miedo les pusiera esos pensamientos en la cabeza o les nublara la razón.

El terror y la desinformación siempre ha sido un arma usada por la clase dominante para falsear la realidad a los dominados para que lo malo y lo que sufren sea visto como bueno. Eso mismo pasó en nuestro sufrido país en esos años: las realidades fueron tergiversadas de tal modo que hasta el crimen, el abuso policial fue redefinido como el cuidado y el progreso que el dictador hacia parte del proceso educativo del país, y así fue inculcado en la sociedad y defendido por estos oscuros personajes. Entonces invocan la libertad de expresión para aplaudir los crímenes cometidos y cuando justamente no había libertad de expresión en el régimen que tanto defienden.

Vaya paradoja que se da en estos días, los intolerantes pidiendo y exigiendo a los demás la tolerancia.

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