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Un grupo de asaltantes se encuentra en un banco en la comuna de La Reina robando cajeros automáticos. La alarma suena en Carabineros. El policía que debería acudir al lugar recibe la instrucción, pero, antes de partir, llama a uno de los ladrones y entablan el siguiente diálogo:

– ¿Aló?

-Aló, dígame.

-Oye, saltó, pero no por Cenco, me llamaron al cuadrante. Así que yo tengo que ir a verificar allá y según eso van a mandar gente pa’ allá, pero hasta el momento nadie.

-Ya.

-Oye, ¿cuánto te demorái?

-Eh, tres minutos más.

-Ya, tres minutos.

El intercambio dura cerca de un minuto y medio. Los participantes de la llamada se quedan en silencio durante varios segundos para que la banda que está dentro del banco escuche los mensajes radiales de Carabineros y sepa de sus movimientos.

–Tení tres minutos, hermano, dice otro uniformado antes de colgar y dirigirse al lugar del atraco.

Esta pista de audio, que revela la coordinación entre ladrones y policías para facilitar el robo de cajeros automáticos, forma parte de una de las decenas de carpetas de Contrainteligencia a las que CIPER tuvo acceso, en el marco de la masiva filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) que este medio ha publicado en su serie de investigación “Archivos secretos de Carabineros” (vea aquí el artículo sobre el monitoreo al movimiento estudiantil, el reportaje acerca del reclutamiento y uso de informantes, y los registros que confeccionó la inteligencia policial sobre dirigentes políticos).

LA LARGA LISTA DE CARABINEROS INVOLUCRADOS EN DELITOS

En esta entrega, CIPER revela expedientes secretos del Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar, encargado de indagar a los carabineros que cometen delitos. En la jerga de la Dipolcar a esta labor se la conoce como contrainteligencia. Los archivos revelados en esta investigación están fechados entre 2009 y 2016, y tratan sobre uniformados que se coluden con narcotraficantes, pero también con bandas de ladrones que roban cajeros automáticos, además de otros delitos, como el caso de un suboficial que utilizaba grúas familiares para trasladar vehículos que eran abandonados en las carreteras, o que quedaban inmovilizados luego de un accidente.

Los delitos indagados por la contrainteligencia de Carabineros también incluyen a un civil de la Dirección de Finanzas de la institución que, en horario laboral, recorre la Plaza de Armas de Santiago en busca de menores de edad a las que les ofrece dinero a cambio de sexo. O de un cabo 1° que en la ciudad de San Felipe fue detectado ebrio exhibiendo sus genitales en la calle. Ese mismo cabo 1° antes había sido sancionado por mostrar su pene a menores de edad. A pesar de la gravedad de ese hecho, solo fue castigado con 12 días de arresto.

Hay otros casos de uniformados a los que pillaron solicitando dinero a conductores ebrios para evitar ser detenidos durante controles policiales; una capitana detenida por robar en una tienda Ripley; un sargento 2° robando en un Homecenter; y un grupo de 18 suboficiales de Puerto Montt, los que se repartieron 988 kilos de salmón incautados en un control policial, los que debían ser entregados a un hogar de beneficencia. Algunos de esos casos aparecen en uno de los informes mensuales que elabora el Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar (ver aquí).

Dentro de los archivos secretos revisados por CIPER, hay documentos que agrupan los delitos y las faltas cometidas por carabineros durante algunos años específicos. Por ejemplo, en 2012 hubo 1.019 funcionarios involucrados en algún tipo de irregularidad: 152 en faltas a la Ley del Tránsito, 137 en delitos militares, 95 en delitos contra la propiedad, 91 en violencia intrafamiliar, 86 en delitos contra las personas, 43 en delitos de drogas, y 37 en delitos de connotación sexual (vea aquí informe de 2012).

Hay otro archivo que solo enumera denuncias y detenciones de funcionarios policiales durante 2016. A octubre de ese año 72 carabineros habían sido denunciados o detenidos por la justicia. La conducción en estado de ebriedad (11) y las detenciones por violencia intrafamiliar (10) lideraron en ese periodo de tiempo. Extrañamente no aparecen funcionarios denunciados o detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico (vea aquí).

CIPER consultó a Carabineros cuántos de los uniformados mencionados en los documentos secretos del Departamento de Asuntos Internos fueron sometidos a sumarios y dados de baja, pero la institución no respondió y señaló que esos antecedentes debían solicitarse vía Ley de Transparencia.

CARABINEROS INSISTE EN QUE NO TIENE CIFRAS

Hace un año CIPER publicó un reportaje que reveló que al menos 40 carabineros fueron investigados internamente por nexos con narcos y asaltantes entre 2014 y 2016 (vea aquí). Ahora, tras revisar los nuevos antecedentes, este número aumentó a 55 funcionarios durante el mismo período de tiempo.

El dato se ha divulgado exclusivamente gracias a filtraciones e investigaciones periodísticas, pues Carabineros insiste en que no cuenta con un registro interno sobre vínculos de sus funcionarios con bandas criminales (vea aquí respuesta de la institución vía Ley de Transparencia). Si eso es cierto, ese vacío de información podría atentar gravemente contra la evaluación de la eficacia de las medidas de prevención, investigación y sanción que ha aplicado la policía para evitar la penetración del narco entre sus filas.

Tras una solicitud de información vía Ley de Transparencia, la Fiscalía entregó a CIPER una nómina que registra a 112 carabineros imputados en causas relacionadas con el tráfico de drogas entre 2010 y 2020. Según este conteo, 41 funcionarios resultaron condenados (vea aquí el detalle).

En su respuesta, Fiscalía precisó que dentro de su base de datos existe una casilla donde se anota la profesión de cada imputado, y que la información entregada a CIPER considera aquellos casos “en que se anotó ‘Carabinero’ como profesión”. Eso quiere decir que si en esa casilla solo se anotó el grado del uniformado en vez de el nombre de la institución, o cualquier palabra que no haga mención a Carabineros, el caso no fue incluido dentro de la nómina. Pese a esto, la información entregada por la Fiscalía es la más completa que existe al respecto.

De acuerdo con las disposiciones legales por las que se rige cualquier funcionario público, los 41 policías que fueron condenados debieron ser apartados de sus funciones. Pero no hay cómo comprobarlo: esa es, precisamente, la información que Carabineros dice no tener.

CARABINEROS ROBANDO CAJEROS AUTOMÁTICOS

De entre las decenas de informes que CIPER tuvo a la vista para esta investigación, cuatro expedientes revelan indagatorias internas sobre uniformados que colaboran con bandas dedicadas al robo de cajeros. En esos cuatro casos se monitorea a un total de 10 policías.

Uno de los casos más desarrollados se denominó internamente “Operación Sésamo”, e involucró a personal de la 58° Comisaría de Estación Central. Un informe de la Dipolcar fechado en marzo de 2014, da cuenta de cómo dos cabos denunciaron que al interior de esa comisaría existían funcionarios que colaboraban con narcos y con asaltantes de cajeros automáticos.

Según la información consignada en el informe, los cabos entregaron los nombres de sus compañeros que estaban involucrados en esos ilícitos. Tal como consignó CIPER en un reportaje de 2015, esta denuncia no fue investigada por el alto mando de Carabineros, y los acusados fueron repartidos en distintas comisarías de la capital. Un año después del informe de la Dipolcar, dos de los carabineros denunciados fueron detenidos por la PDI participando en un asalto a las bodegas de una empresa de transportes en Quilicura.  (vea reportaje “Carabineros detenidos por asaltos figuran en denuncia de 2014 que alto mando no investigó”).

Otro reporte interno de la Dipolcar establece que eran más los carabineros involucrados: 11. De ellos, cuatro fueron dados de baja, y los otros siete permanecieron en la institución, no sabemos hasta cuándo. CIPER pudo comprobar que al menos tres seguían activos en 2019: un sargento de apellido Quezada que cumplía funciones en la 7a Comisaría de Renca; un cabo 2° de apellido Linco que figuraba en la 10° Comisaría de La Cisterna; y un cabo 2° de apellido Barra que estaba en la 23° Comisaría de Talagante.

Otro caso vinculado al robo de cajeros automáticos está contenido en un informe fechado en noviembre de 2014. Esta vez, el documento se basa en que un policía de la 24°Comisaría de Melipilla comunicó a Asuntos Internos que un amigo de infancia le pidió ayuda para perpetrar un asalto, aduciendo que otro funcionario de esa unidad ya había colaborado con el robo de cajeros automáticos instalados en un supermercado de la comuna. Según recoge el informe, en aquella oportunidad el policía “habría prestado protección en las comunicaciones y en la huida, no siendo detenidos” los asaltantes.

Asuntos Internos constató que los integrantes de la banda delictual concurrieron a la 24° Comisaría para hablar con el carabinero que supuestamente ya les habría prestado colaboración. Luego de esa reunión, algunos miembros del grupo recorrieron “en su totalidad la línea bancaria de la comuna, con la finalidad de revisar las vulnerabilidades que mantienen los locales y donde están ubicados los dispensadores de dinero”. De regreso a la Comisaría, le dijeron al carabinero con el que hablaron anteriormente que “ya tenían unos cajeros vistos pero que estaban en duda si perpetrar el delito en el del Banco Santander, ubicado en calle Serrano Nro. 274, o los dispensadores ubicados al interior del Mall Melipilla”.

Asuntos Internos concluyó que no hubo evidencia suficiente para involucrar al carabinero denunciado en algún ilícito, pero levantó una alerta por “la cercanía” que existía entre el uniformado que denunció esta situación y el líder de la banda delictual (vea aquí ese informe).

El tercer caso de esta índole también se remonta a noviembre de 2014. En esta oportunidad un sujeto detenido por portar elementos que se utilizan en robos a bancos (cilindros de gas acetileno, contenedores llenos de miguelitos y cables de electricidad) dijo que un sargento de la 6° Comisaría de Recoleta había “prestado protección en las comunicaciones y en la huida, de unos robos a cajeros automáticos ocurridos anteriormente”.

El detenido detalló que uno de los asaltos habría ocurrido a las dos de la madrugada del 21 de junio de 2014, específicamente en el cajero del BancoEstado ubicado en Avenida Recoleta 2248. Según él, en esa ocasión lograron extraer $30 millones de los cajeros, pagándole $2 millones al carabinero que les ayudó con la cobertura.

Asuntos Internos revisó las cámaras del banco y comprobó que el sargento denunciado fue el primero en llegar al lugar del asalto, y que demoró siete minutos desde la Comisaría donde se desempeñaba, ubicada a 200 metros del inmueble. No se logró la detención de ningún individuo.

A la luz de estos antecedentes, la contrainteligencia de la Dipolcar concluyó que las acusaciones sobre el sargento “no son suficientes para acreditar su participación”, pero permiten abrir una investigación para determinar si forma parte de la banda (ver aquí).

El sargento denunciado siguió en la institución. En noviembre de 2019 la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo en su contra por haber “vulnerado la libertad e integridad” de cuatro estudiantes secundarios, y ordenó a Carabineros realizar un sumario. Hasta abril de 2021 ese sumario no había tenido consecuencias graves para él, pues seguía siendo sargento 1° en la 13° Comisaría de La Granja. En ese rol fue testigo en un juicio contra dos personas acusadas de incendiar el Metro La Granja durante la revuelta social de 2019.

El cuarto caso que vincula a Carabineros con robos de cajeros se revela en un informe de marzo de 2014. Allí se señala que un sargento 2° de apellido Vidal (conocido como el “Paco Raiban”) de la 49° Comisaría de Quilicura, fue denunciado por participar en delitos junto a un conocido delincuente del sector -“Guatón Mutema”- (ver aquí).

Asuntos Internos corroboró que el sargento denunciado registraba antecedentes “por declarar hechos falsos en procedimiento policial” y “emisión de documentos falsos a estamentos institucionales”, sin entregar más detalles. La conclusión del informe es que no existen insumos que respalden fehacientemente la denuncia, pero que el perfil del uniformado y el nivel de detalle de la información entregada es suficiente para “levantar pruebas”. En 2021 el sargento figuraba trabajando como guardia de seguridad en la Municipalidad de Quilicura.

NARCOS Y ASALTANTES DE CAMIONES

La “Operación Sésamo” y el vínculo entre el sargento 2° de Quilicura y el “Guatón Mutema” (actualmente en prisión preventiva por tráfico de drogas y lavado de activos), no son las únicas investigaciones que realizó Asuntos Internos entre 2014 y 2016 por nexos con narcos o bandas criminales. Otros cuatro casos, que involucran a cinco uniformados en total, se suman al conteo.

El más antiguo del registro se remonta a junio de 2014, luego de que una persona se dirigiera a la 30° Comisaría de Independencia para denunciar que un cabo 2° era amigo de un traficante que vendía droga al interior del Hipódromo, ubicado en la misma comuna.

Según la denuncia, el uniformado no solo mantendría un grado de amistad con el narco, sino también le prestaba ayuda en las transacciones realizando labores de guardia y cubriendo los traspasos de dinero.

Los antecedentes indicaban que el narcotraficante y el carabinero llegaban juntos al Hipódromo y realizaban estas acciones preferentemente los jueves y los sábados. Pasadas las 19:00 horas, afirmó el denunciante, el sujeto comenzaba a vender cocaína a los postores de carreras con la colaboración del uniformado.

Personal de la Dipolcar se apostó en el Hipódromo y logró establecer que la información señalada era real: la persona identificada como vendedora de droga efectivamente comercializaba cocaína mientras el cabo adoptaba “una conducta similar a quienes prestan cobertura en este tipo de ilícitos”.

Sobre esa base, la investigación interna recomendó que los antecedentes fueran enviados al Departamento de Drogas de Carabineros (OS-7) y que el policía, en vez de ser dado de baja o expulsado de la institución, fuera trasladado a otra unidad debido al “vínculo de amistad que éste tiene con una persona ligada al tráfico de droga” (ver aquí).

Otro documento, de agosto 2014, evidencia un nexo entre un carabinero que por entonces trabajaba en la Dipolcar y el robo de camiones con mercadería de la marca de alimentos Ideal. La primera alerta sonó al interior de la empresa: durante los primeros seis meses de ese año, un chofer de camiones denunció cuatro asaltos distintos. La empresa Ideal investigó los contactos de ese funcionario y encontró su nexo con la Dipolcar: su hermana estaba casada con un carabinero de inteligencia, el que guardaba parte de los productos robados en su auto particular (ver aquí).

El tercer caso de este apartado se sitúa a 114 kilómetros de Santiago, en la localidad de Llolleo (Región de Valparaíso). Y, al igual que la anterior, la investigación se centra en el posible vínculo de policías con el robo de camiones.

De acuerdo con lo expuesto en un informe de mayo de 2015 (ver aquí), la historia se origina en una investigación que llevaba adelante la Fiscalía Local de San Antonio en contra de cuatro sujetos por diversos delitos. Uno de ellos, para aminorar cargos, declaró bajo reserva de identidad que para realizar esos ilícitos contaban con una red de protección basada en dos cabos de la Subcomisaría de Llolleo, a quienes les pagaban $2 millones por encubrir los asaltos y evitar la detención de los ladrones.

La Sipolcar de San Antonio (sección de inteligencia policial) tenía antecedentes, pero fechados en diciembre de 2014 y “sin avances significativos”. La investigación judicial que entonces estaba en curso concluyó que, al menos, los policías conocían de las actividades delictivas del grupo, ya que había una amistad de por medio. No hay claridad sobre qué ocurrió con los carabineros involucrados luego de la denuncia.

Otro episodio de vinculación policial con la venta de droga incluye a un cabo 2° de la 22° Comisaría de Quinta Normal, de apellido Ortíz. Junto con su pareja, el uniformado vendía marihuana en la casa particular de ella, ubicada en la Villa San Fernando, Quilicura.

El informe de Asuntos Internos señala que el cabo 2° es “cómplice de este ilícito, toda vez que es él quien atiende a los eventuales compradores, recibiendo el dinero de la venta, mientras su pareja entrega las dosis correspondientes”. Los agentes de la Dipolcar llegaron a esa conclusión luego de vigilar el domicilio donde se vendía la droga (ver informe).

El documento, fechado en julio de 2015, señala que el carabinero participa del delito sin matices y que los vecinos del sector conocen esta situación, lo que “desprestigia y enloda” a la institución. Según registros de redes sociales, en diciembre de 2019 el cabo 2° Ortíz seguía formando parte de Carabineros.

EL NEGOCIO DE LAS GRÚAS

En 2021 el Ministerio Público formalizó por cohecho y asociación ilícita al general (r) de Carabineros Manuel Valdés Pinochet, al ex comandante Marco Meneses Vergara, al coronel Ricardo Barriga y al cabo Sergio Ulloa Domínguez (dados de baja) por formar parte de una red de coimas que favorecía a la empresa de grúas ACN, que retiraba vehículos y los enviaban a un aparcadero de su propiedad al sur de Santiago.

Por parte de la empresa fueron imputados los socios José María Williamson Poblete y el ex cabo de Carabineros Francisco Cortez Lovera (dado de baja de la institución en 2008 por participar en un robo con intimidación), bajo los cargos de soborno y asociación ilícita.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es que Carabineros conocía y monitoreaba esta investigación hace, al menos, siete años. En abril de 2014 el Departamento de Asuntos Internos redactó un informe que enumera las diligencias realizadas por los agentes para conocer los avances de la investigación judicial. El objetivo del documento era saber cuánto conocía la Fiscalía y la PDI sobre el caso, y evaluar qué consecuencias podría tener para la imagen de la institución la indagatoria del Ministerio Público.

La información llega a manos de Asuntos Internos porque se la “confidencia” directamente un fiscal, quien menciona que el Ministerio Público puso atención al aparcadero administrado por el ex cabo Cortez Lovera, quien “enajena vehículos en forma irregular, aseverando que los automóviles son enviados – en su mayoría – por las Comisarías de Carabineros del sector norte de la Capital”.

El persecutor también les compartió que a esa altura ya existía evidencia de que algunos servicios de grúas “se encuentran coludidos con el aparcadero, principalmente aprovechando sus vínculos con personal de la 49ª Comisaría ‘Quilicura’”.

Las conclusiones expuestas en el documento tampoco establecen diligencias tendientes a esclarecer si hay personal de la institución participando del delito que investiga la Fiscalía. Solo se señala que “resulta pertinente hacerse la pregunta respecto a si hay Comisarías que se encuentren enviando vehículos al aparcadero” administrado por el ex cabo que es investigado por soborno y asociación ilícita (ver informe).

Esta situación no es la única que involucra a personal de Carabineros con servicios de grúas particulares. Otra investigación de Asuntos Internos, de junio de 2014, señala que un sargento de la 59° Comisaría de Lampa, de apellido Morales, “ha generado un monopolio de grúas” en esa comuna, ya que cada vez que se requiere trasladar autos hacia la unidad policial o hasta los aparcaderos, utiliza las grúas de su propiedad para realizar los servicios  (ver informe).

Ese documento señala que la familia del entonces sargento 1° poseía en total tres grúas: una inscrita a su nombre, otra a nombre de su esposa y una tercera a nombre de su hija. Desde Carabineros no estuvieron disponibles para responder qué sucedió con el sargento Morales luego de que se detectara el negocio que realizaba con las grúas, pero un mes después de emanado el informe de contrainteligencia, su hijo -quien conducía las grúas familiares que se usaban en los procedimientos- ingresó a la Escuela de Carabineros.

MANGA ANCHA CON LA CORRUPCIÓN

Un informe reservado del Departamento de Asuntos Internos de la Dipolcar, fechado en julio de 2015, da cuenta de la situación de una mayor de la institución (de apellido Rivas) que maneja una empresa de eventos, donde utilizaba a cabos de Carabineros como garzones. En el documento se señala que un medio regional de Atacama había publicado una noticia al respecto, y que el canal de televisión Mega preparaba un reportaje. Se califica la situación como “irregular” (ver aquí).

¿Qué hizo Carabineros? Según confidenció la entonces mayor Rivas a CIPER, la denuncia se investigó y el resultado fue favorable para ella,  “debido a que este no era un trabajo fiscalizado por Carabineros. Nunca dejé de ejercer mis labores en la institución y si participaba algún funcionario este era remunerado y fuera de su horario de trabajo”.

Cinco años después del informe de Asuntos Internos, ella seguía activa en la institución como subprefecta administrativa de la Prefectura de Atacama.

El de Rivas no es el único caso donde un uniformado involucrado en situaciones irregulares sigue activo en Carabineros. El 30 de junio de 2014 los agentes de Contrainteligencia elaboraron un informe sobre una situación que se producía al interior de la 1era Comisaría de Arica:

-“Conforme a información proporcionada por una fuente interna de la 1ª Comisaría ‘Arica’, el Jefe de Unidad Comisario Mayor Oliva, ha ordenado a los Suboficiales de Guardia, modificar la tipificación en el Sistema Aupol las denuncias de los delitos de mayor incremento en la zona, ya sea Robo, Robo con Intimidación, Robo con Violencia y fuerza, Hurto, Hurto Simple y demás delitos, todo lo anterior con la finalidad de no aumentar las estadísticas en el sistema STAD de la Unidad”, señala el documento (ver aquí).

El documento agrega que esa información pudo ser corroborada cuando se revisaron algunos partes policiales, los que en vez de señalar los delitos efectivamente denunciados, por ejemplo los “robos con violencia”, se ingresaban al sistema interno como “hurtos simples”. El objetivo era mejorar artificialmente el desempeño de la comisaría en el combate a los delitos violentos. Carabineros no respondió qué hizo con la información recopilada por su Departamento de Asuntos Internos, pero cinco años después el mayor Oliva seguía activo en la institución.

El 19 de octubre de 2019 ya era coronel de Carabineros y ejercía como prefecto en la Provincia del Aconcagua. Ese día, en medio de la revuelta social, presenció una brutal golpiza por parte de sus subalternos a un manifestante al interior de la 2da Comisaría de San Felipe, y no la detuvo. La situación quedó registrada en las cámaras de seguridad y en junio de 2021 fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos.

Otro informe elaborado por agentes de inteligencia de La Araucanía, esta vez en marzo de 2015, da cuenta de la amistad de un suboficial mayor de Carabineros, de apellido Ríos, con un ciudadano argentino que se dedica a la crianza de ovejas. El documento señala que el suboficial mayor sustrae elementos de la comisaría como fardos de pasto y sacos de avenas, los que cambia por chivos faenados, utilizando automóviles de la institución para trasladarse hasta la frontera de Chile con Argentina, donde realiza el trueque (ver aquí). Si bien el informe da cuenta de que la denuncia es efectiva, el suboficial mayor Ríos continuó prestando servicios en Carabineros hasta, al menos, cuatro después de ese informe: en abril de 2019 ejercía en la 2° Comisaría de Collipulli.

*Fuente: CiperChile

Al menos 40 carabineros fueron investigados en dos años (entre 2014 y 2016) por la propia policía uniformada por sus nexos con narcotraficantes y bandas de asaltantes. CIPER tuvo acceso a documentos de esas indagatorias internas, en los que consta evidencia de esos vínculos, las que incluyen audios de llamadas telefónicas interceptadas. El número de funcionarios involucrados puede ser mayor, pues los documentos revisados por CIPER corresponden solo a ocho casos investigados en la Región Metropolitana (y no necesariamente son todos los indagados en la zona durante esos dos años). La cifra es preocupante, pues en toda la década (2010-2020) la información que circuló públicamente y que fue registrada por la prensa contabilizó 66 carabineros a nivel nacional (agrupados en 21 casos) investigados por esta causa.

CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior, las cifras actualizadas de los casos que constan en los registros de estas instituciones, a objeto de analizar la evolución de la penetración del narco en la policía uniformada en los últimos años y la eficacia de las medidas de prevención, investigación y sanción. Carabineros y Fiscalía indicaron que la información debía ser pedida vía Ley de Transparencia. Dichas solicitudes fueron hechas y aún están dentro de los plazos legales para ser respondidas (*vea actualización al final del artículo).

En todo caso, hay antecedentes que indican que Carabineros ya respondió una solicitud hecha por Transparencia en la que confirmó que no posee esa información. A fines de 2020, el Monitor de Seguridad, un proyecto de la Fundación Chile 21, solicitó a Carabineros “el número de causas, procesos o sumarios abiertos por motivo de funcionarios activos vinculados a redes de narcotráfico, clasificados por región, género, edad grado, unidad de origen y motivo del sumario”, entre 2005 y 2020. Carabineros contestó que no tenía esos datos: “El Sistema de Registro y Control de Sumarios (…) no cuenta con ese nivel de detalle para realizar una búsqueda” (vea aquí esa respuesta).

En el caso del Ministerio del Interior, desde su área de atención a la prensa no contestaron la solicitud sobre estadísticas oficiales realizada por CIPER y remitieron a Carabineros. CIPER pidió una entrevista con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para consultar por estos datos, la progresión del fenómeno y la eficacia de las políticas de prevención, investigación y sanción, pero su departamento de comunicaciones dijo que no sería posible por falta de tiempo en su agenda.

Si Carabineros –tal como quedó expuesto en su respuesta al Monitor de Seguridad– y el Ministerio del Interior no tienen sistematizadas las estadísticas sobre las investigaciones de nexos entre policías y narcotraficantes, constituiría un vacío grave en los insumos para elaborar políticas preventivas y eficaces.

POLICÍAS INVESTIGADOS QUE SIGUEN ACTIVOS

La revisión hecha por CIPER a partir de los documentos internos de Carabineros, permitió establecer que al menos cuatro carabineros investigados entre 2014 y 2016 por sus nexos con narcos (y en un caso por vínculos con una banda de asaltantes) continúan en la institución, pese a los antecedentes que los relacionaron, en distintos grados de compromiso, con tráfico de drogas y robos. A ellos se suma un quinto policía que permaneció en servicio hasta que se retiró, sobre quien también se acumuló evidencia que lo ubicó en el corazón de una red de protección que benefició a una de las agrupaciones delictivas más conocidas del norte de Santiago.

CIPER detectó estos hechos tras acceder a documentos reservados de Carabineros, fechados entre 2014 y 2016, en los que se identifican con nombre y apellido a uniformados indagados por el Departamento de Asuntos Internos (DAI) de la institución, debido a presuntos vínculos con bandas narco o asaltantes.

Entre los cinco funcionarios que continuaron activos, tres estuvieron bajo la lupa del DAI por su eventual nexo con “Los Chubis”, una banda de la población Parinacota (Quilicura). En 2014, una mujer que habría pertenecido al grupo identificó a carabineros a los que acusó de prestar protección y vender municiones a “Los Chubis”, todos de la misma comisaría. La denuncia gatilló una investigación interna sobre seis funcionarios. Actualmente, dos de ellos trabajan en otra unidad de Santiago, mientras un tercero, que también fue derivado a otra repartición, se acogió a retiro.

El cuarto carabinero que siguió en ejercicio pese a haber sido investigado internamente, fue acusado de organizar un atraco a una sede de la Caja de Compensación Los Héroes perpetrado en julio de 2015. La alarma se levantó luego de que un uniformado advirtiera ante Asuntos Internos que este oficial le preguntó si quería participar en el ilícito, que cometería con otros funcionarios. Según el denunciante, los carabineros involucrados coordinaron estos hechos con una banda de delincuentes, con quienes tenían permanente comunicación. De hecho, según aportó el delator, ambos grupos ya habían asaltado una empresa de venta de neumáticos.

El quinto y último caso de este tipo detectado por CIPER fue investigado internamente en 2014, cuando Carabineros se percató que una indagación desarrollada por el OS7 y la Fiscalía se centraba en la madre de un policía. Según el documento del DAI, los antecedentes recabados indicaban que el uniformado tenía “conocimiento de las actividades que realiza su madre”, relacionadas con tráfico y almacenamiento de droga. Tal como se recomendó en ese informe, el funcionario fue trasladado al sur del país para que no fuera sorprendido en el hogar de su madre, en caso que el Ministerio Público decidiera allanarlo. El uniformado continúa trabajando en esa destinación.

Consultado por estos hechos, el departamento de Comunicaciones de Carabineros afirmó que no puede referirse a ningún caso específico, ya que corresponden a investigaciones internas desarrolladas bajo la Ley de Inteligencia. Pero si los uniformados continuaron trabajando, dijo la institución, es porque no lograron probar los vínculos por los que fueron indagados. En caso de haber comprobado los nexos, agregó la policía, se habría iniciado una investigación administrativa y judicial.

CIPER consultó a Carabineros por el número de investigaciones internas que han desarrollado desde el 2010 hasta la fecha por este tipo de situaciones y el resultado de ellas. Sin embargo, la institución indicó que dicha información debía ser pedida por Transparencia. CIPER también solicitó una entrevista con Carabineros para conocer la política interna frente a estos casos y los métodos de prevención y fiscalización que aplica para evitarlos. La policía solo entregó una respuesta genérica al requerimiento de CIPER, en la que afirmó que son los delincuentes quienes tratan de asociarse con los miembros de la policía para buscar colaboración:

«En el ejercicio de la función policial, en algunas ocasiones delincuentes intentan vincularse con el personal de Carabineros con el propósito de que estos se aparten de la doctrina institucional, los mandos constantemente refuerzan la ética profesional de los funcionarios y los controles internos que permitan detectar irregularidades, independiente del grado y jerarquía de los uniformados«.

Conseguir la cifra de investigaciones llevadas a cabo por la policía sobre sus propios miembros por posibles vínculos con narcotraficantes, de hecho, fue la principal piedra de tope para esta investigación periodística. Ante la falta de datos, CIPER revisó los antecedentes que se han dado a conocer a través de la prensa, desde el 2010 hasta 2020, por vínculos entre funcionarios policiales y narcotráfico. Ese búsqueda arrojó más de 22 episodios y 66 investigados, y el desglose por año evidencia que cada vez son más recurrentes (vea recuadro).

Dentro del material revisado para este artículo, hay conversaciones telefónicas entre oficiales de Carabineros con narcotraficantes y también con otros miembros de la institución. CIPER publica estos audios manteniendo bajo reserva nombres de  involucrados y el caso investigado para no perjudicar a personal que también fue indagado, pero que no fue condenado por la justicia. Sin perjuicio de esto, el valor de los diálogos radica en que evidencian el grado de compromiso que puede existir entre funcionarios de Carabineros y narcos para encubrir sus delitos a cambio de “coimas”, evitar sus detenciones y favorecerlos al actuar contra bandas rivales. También queda expuesto cómo los policías se apropian de dinero o droga incautada.

«LOS CHUBIS»: PROTECCIÓN Y VENTA DE MUNICIONES

En 2014, una ex integrante de “Los Chubis” repartió panfletos en la población Parinacota (Quilicura) denunciando que carabineros de la comuna estaban coludidos con esa banda. “Los Chubis”, son el mismo grupo que apareció en un capítulo del programa de Canal 13 En Su Propia Trampa en 2015. En aquella ocasión fueron retratados como una familia víctima de su banda rival, “Los Barzas”.

Conforme a lo expuesto por la denunciante, los carabineros involucrados acudían al domicilio de la líder y madre de algunos integrantes de la banda. También indicó, según un informe del DAI, que “entregarían información privilegiada con respecto a procedimientos policiales tales como, detenciones, allanamientos, registros y otros”, para que “Los Chubis” no fueran descubiertos. Además, indicó que algunos carabineros le vendían “munición de diferentes calibres” al grupo. Su testimonio incluyó apellidos, sobrenombres y características físicas de los funcionarios. Tras consultar la base de datos interna, la institución identificó a seis de los denunciados.

La investigación del DAI concluyó que existió una relación de “amistad y compromiso” entre seis carabineros de Quilicura y “Los Chubis”:

“Con los datos proporcionados por la ciudadana (…) se podría determinar un tono de amistad en grado y compromiso no determinado de parte de los Funcionarios de Carabineros con algunos de los integrantes de dicho grupo, esto sería con el propósito de obtener algún incentivo económico, hechos que en un tiempo inmediato, tienen que ser comprobados, con la finalidad de evitar algún tipo de amenaza para la Institución”. 

En el documento interno se especifica que tres de los seis reconocidos fueron trasladados a distintas comisarías de Santiago (uno de ellos había sido destinado a otra unidad antes de la denuncia). De este grupo, dos siguen activos.

ROBO EN CERRILLOS

El 27 de julio de 2015 se abrió otro caso investigado por el DAI. Ese día un carabinero destinado en Cerrillos se reunió con personal de Asuntos Internos para denunciar que un colega le había ofrecido participar en un asalto a una sede de la Caja de Compensación Los Héroes y a una sucursal del Banco Itaú, ambas de la misma comuna.

El delator admitió ante el DAI que asistió a una reunión en la calle Salvador Allende (Cerrillos), a la que llegaron otros tres policías: uno con uniforme y en vehículo institucional, y dos en auto particular y de civil. También participaron “delincuentes de los cuales (el denunciante) desconoce todo tipo de antecedentes”, según el documento interno. El “modus operandi”, dijo el denunciante, se iniciaba cuando dos de los policías coincidían en el turno de guardia y el tercero salía de franco. Este último entregaba una radio institucional a los miembros de la banda, para que pudieran escuchar las comunicaciones internas y evitar los patrullajes de Carabineros cuando cometían un delito. Y si la situación se complicaba, los dos que estaban de guardia podían “distraer a personal de servicio en la población, enviándolos a procedimientos fuera del perímetro”.

El denunciante dijo que la banda y los carabineros involucrados ya habían operado en un asalto a una empresa de venta de neumáticos, también de Cerrillos.

El asalto a la caja de compensación se ejecutó el 24 de julio de 2015. Pero el documento del DAI expone que el plan falló porque un grupo de carabineros -no conjurado con los delincuentes- logró frustrar el atraco y detuvo a los ocupantes de uno de los tres vehículos que participaron del delito.

Sin embargo, el denunciante advirtió a Asuntos Internos que “al llegar personal a la Unidad a entregar a los detenidos, se percató que los otros dos vehículos que habían participado en el ilícito, se encontraban estacionados fuera de la Unidad (…) y sus ocupantes se encontraban conversando” con uno de los carabineros coludido. Ese mismo uniformado anotó los nombres de los detenidos en el Sistema de Automatización de Unidades Policiales (AUPOL), pero le encargó la confección del parte policial a quien estaba de guardia en ese momento, también presunto colaborador de la banda. ¿El resultado? Horas más tarde los detenidos fueron liberados por el Juzgado de Garantía, ya que sus nombres no coincidían con los anotados en el parte policial.

La conclusión a la que llegó el DAI a partir de estos antecedentes no es clara. En ella se indica que “de acuerdo a las diligencias realizadas, se tomó conocimiento que el mando de la Unidad, en una formación con el personal, le manifestó que personal de la Dipolcar se encontraba investigando determinado (sic) hechos en el sector jurisdiccional de la Subcomisaría en cuestión, hecho que de alguna manera, pudiera justificar el acercamiento del citado PNI con la intención de entregar información de los hechos ya descritos”.

El uniformado que fue investigado por coordinar estos asaltos con la banda, y que fue identificado por el denunciante como la persona que le ofreció sumarse al atraco a la caja de compensación, continúa en la institución, aunque en otra comisaría. De hecho, fue el único que accedió a conversar con CIPER para este artículo, ocasión en la que negó las acusaciones y manifestó que nunca se enteró de la investigación interna que se desarrolló en su contra.

MAMÁ NARCO

A comienzos de 2014, Asuntos Internos se enteró de que una mujer investigada por el OS7 por almacenamiento y venta de drogas en La Pintana, era la madre de un carabinero de una unidad de Pudahuel.

El documento del DAI que CIPER tuvo a la vista, señala que el carabinero “tendría conocimiento de las actividades que realiza su madre”. Las sospechas aumentaron cuando el DAI se percató que, en la unidad en que trabajaba, había registrado dos direcciones: la de su mamá, en La Pintana, donde se efectuaban las transacciones de droga, y otra en Puente Alto. Esta última era la que anotaba cuando requería autorización para pernoctar fuera de la unidad, aunque no especificaba la letra del block ni el número del departamento al que supuestamente asistía.

Adicionalmente, la investigación interna apuntó a que en la casa de su mamá también vivirían los hermanos de ella, quienes tenían antecedentes policiales y judiciales por porte ilegal de arma de fuego, receptación de vehículos, homicidio simple y tráfico en pequeñas cantidades.

Sin embargo, Asuntos Internos no pudo confirmar si el funcionario estaba involucrado en los ilícitos o al menos estaba en conocimiento de ellos. En su informe los funcionarios del DAI indicaron que no pudieron vigilar la casa de la madre del carabinero, ya que el sector era “de alta densidad poblacional con una geografía compuesta por calles y pasajes angostos, con alto índice delictual y de drogadicción, evidenciado al apreciarse una permanente custodia y observación por parte de jóvenes aparentemente ligados a grupos delictuales”, según se consignó en el informe.

Las gestiones realizadas por el DAI para aclarar estos hechos -solicitadas por el OS7- se hicieron bajo extrema reserva. Eso impidió que los mandos de la unidad del carabinero fueran puestos al tanto de la situación para, entre otras cosas, adoptar medidas “proactivas” como restringir sus salidas del cuartel o pedirle que revelara su verdadero domicilio.

En virtud de todo esto, concluyó Asuntos Internos, “se sugiere el traslado del mencionado integrante de la Institución a otra región, preferentemente al sur del país, con la intención de dificultar que visite en forma frecuente a su familia, a fin de evitar que producto de las diligencias investigativas que realiza el Ministerio Público, se efectúe un allanamiento del inmueble, en donde podría encontrarse al propio PNI, o en su defecto uniforme u otro tipo de especies fiscales”.

Y así ocurrió: el uniformado fue derivado a una unidad del sur, donde sigue destinado hasta la fecha.

AUDIOS

Entre los archivos de Asuntos Internos que CIPER revisó para este artículo, hay conversaciones telefónicas entre miembros de Carabineros con narcotraficantes –obtenidas por la institución bajo Ley de Inteligencia– que revelan cómo algunos miembros de la institución colaboraron con una banda y se quedaron con parte del dinero y drogas incautados en allanamientos.

En los diálogos se mencionan apellidos, calles y comisarías que revelan la comuna y la identidad de los involucrados. Sin embargo, como se trató de una investigación interna que no derivó en sumarios ni condenas para todos los involucrados, CIPER publica estos audios sin revelar nombres. A pesar de ello, es posible identificar la misma voz en cuatro de los cinco audios presentados en la lista de reproducción a continuación.

La primera conversación se produce entre un uniformado y un narcotraficante, después de un decomiso de drogas que terminó con ocho detenidos de una banda que compite con la del interlocutor. El delincuente, entre otras cosas, coordina una reunión con el policía para aclarar rumores acerca de que los carabineros se habían quedado con 30 kilos de la marihuana incautada, lo que rebajaría las eventuales penas de los involucrados. “No perrito, estai equivocado (…) si te hago hueón, vo’ después no trabajai más conmigo y yo pierdo pan y pedazo. Yo no puedo ser tan hueón y echarte a vo’ encima”, le dice el policía.

La segunda pista es un diálogo entre un carabinero y un narco que había chocado su auto durante la noche. En la conversación, le pide al policía que intervenga para que el vehículo no sea trasladado al corral municipal. También le informa que le pagó $200 mil a otros uniformados para que hicieran pasar el auto como un vehículo abandonado en la calle.

El tercer registro, a diferencia de los anteriores, corresponde a una conversación entre dos funcionarios policiales. Uno de ellos le informa al otro el resultado de un procedimiento que realizó a un vehículo con una mujer y un número indeterminado de hombres a bordo. “Tenís que cargar a la huena po’, pa’ que la hueona quede en cana”, le indica el supuesto jefe, quien cuidaría los intereses de una banda rival. En la conversación también se revela que los carabineros se quedaron con parte del dinero decomisado.

El cuarto audio revela una conversación entre dos carabineros. Uno de ellos participó en un procedimiento en el que se descubrió droga avaluada en $28 millones y recibió dinero de los narcos para dejar que la operación ilícita siguiera su curso. El otro carabinero pide una parte del dinero, argumentando que ese procedimiento policial originalmente le correspondía a él.

El último audio evidencia que el grupo de uniformados que se habrían coordinado para favorecer a una banda de narcotraficantes tuvo un final abrupto. En esta conversación, la persona que también habla en tres de las cuatro pistas anteriores, se comunica con un superior para contarle que los nombres de los funcionarios involucrados aparecieron en un volante que fue repartido en una feria. “La respuesta más sana es disolver a los cabros, es disolver a la patrulla (…) no es una hueá que se pueda tomar a la ligera”, le sugiere al superior.

*ACTUALIZACIÓN: Con fecha 4 de marzo, Carabineros contestó la solicitud de información enviada por CIPER vía Transparencia, que buscaba conocer el número de sumarios internos cursados a sus funcionarios, entre 2010 y 2021, por posibles vínculos con narcotraficantes. La institución no entregó esa información, aduciendo que no cuenta con los antecedentes requeridos (vea aquí la solicitud de CIPER y la respuesta de Carabineros).

Puedes escuchar esta investigación aquí:

*Audio realizado por CarolinaPereira.de

• Vea también “La conexión narco del concejal RN detenido por saqueos“

La sorprendente doble vida del concejal de La Calera Karim Chahuán (RN), quien fue detenido en diciembre por coordinar el saqueo a un mall en medio del estallido social, sigue revelando episodios sobre sus conexiones con narcos. No solo con delincuentes que operan a nivel local en La Calera, como se había informado hasta ahora, sino con uno de los proveedores de droga más grandes de la zona central del país: Pedro Melo Cartagena, “el guatón Pemo”. Melo es líder de la banda que en 2011 acaparó la atención de la prensa porque introdujo al país 211 kilos de cocaína base boliviana –destinadas a La Granja, La Pintana y Puente Alto–, tráfico que fue detectado por la Operación Ballena de la PDI.
El concejal fue detenido el 2 de diciembre pasado por su rol en el saqueo del mall Open Plaza La Calera. Su arresto tuvo amplia difusión debido a sus vínculos políticos y su militancia en RN: es hijo del ex alcalde de esa ciudad y actual consejero regional, Roberto Chahuán, y primo en tercer grado del senador y precandidato presidencial Francisco Chahuán. Pero su caso se hizo más notorio cuando CIPER informó que la Fiscalía había detectado su rol en el saqueo debido a que tenía intervenido su celular desde antes que se iniciaran las protestas que han sacudido al país, pues se le investigaba por su colaboración con una banda narco cuyos miembros también perpetraban asaltos simulando ser agentes de la PDI (vea ese reportaje de CIPER).
Ahora, es investigado además por sus vínculos con uno de los más influyentes traficantes de la zona central. “El guatón Pemo” también es calerano, pero sus operaciones se expanden por la Región de Valparaíso y la zona sur de Santiago. Ha sido condenado por tráfico y se le reconoce como uno de los principales proveedores de los grupos que dominan territorios de populosos sectores, como la Población San Gregorio.
Este nuevo caso de penetración narco en el mundo político municipal se suma a los vínculos entre el PS de San Ramón y el alcalde de esa comuna, Miguel Ángel Aguilera, con un jefe narco de la Población La Bandera (vea el reportaje de CIPER “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”).
La relación del concejal Chahuán con bandas narco quedaron expuestas en la indagatoria judicial cuando los detectives de la PDI analizaron el tráfico de su teléfono. El aparato estuvo intervenido por la policía entre septiembre y diciembre de 2019. Ese análisis ya determinó que al menos en una ocasión el concejal le pasó un vehículo de su automotora Chahuán Cars –un negocio de sus padres que él administra– al traficante Pedro Melo a cambio de cocaína.
Los fiscales que investigan a Chahuán ya afinan la reformalización programada para el próximo viernes 17 de enero donde se espera que amplíen los cargos en su contra. La PDI analiza nuevas pruebas y testimonios que lo amarren a una probable condena. Esas evidencias muestran cómo utilizó su cargo de concejal para beneficiar a narcotraficantes -en parte gracias a su relación privilegiada con Carabineros- y cómo en su automotora se pesaba y dosificaba droga.

TELEFONAZO A CARABINEROS

“Hueón, contesta el teléfono, te está llamando tu jefe”.
Para el Ministerio Público esta frase sintetiza la relación que mantenía Chahuán con carabineros de La Calera y otras localidades de la Provincia de Quillota. La interceptación de las comunicaciones telefónicas del concejal no solo dejó en evidencia su participación en el saqueo al mall Open Plaza La Calera el pasado 29 de octubre, sino también la fluida comunicación que mantenía con los uniformados, la forma en que se dirigía a ellos y cómo utilizó su posición para obtener información clasificada e influir en las decisiones que tomaban.
El ejemplo más claro fue expuesto ante el tribunal de La Calera el pasado 30 de diciembre, cuando la justicia revisó y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Chahuán por el saqueo al centro comercial.
El fiscal a cargo de la investigación, Felipe González, relató en la audiencia que el 9 de septiembre de 2019 una persona fue detenida en la zona de El Melón portando marihuana y pasta base de cocaína en un vehículo marca Chevrolet, modelo Prisma, adquirido en la automotora del concejal. La Fiscalía ordenó incautar todas las especies involucradas en el delito, lo que, obviamente, incluía el automóvil. Pero un telefonazo detuvo este proceso. Según la intercepción telefónica llevada a cabo por la PDI y citada por el persecutor, Chahuán se comunicó con el carabinero jefe de la Tenencia de Nogales, Julio Ruiz Mendoza –a quien llamaba “Julito” – y logró que el auto fuera destinado al corral municipal solo bajo una infracción de tránsito, sin dejar rastros de alguna vinculación con la Ley de Drogas.
Horas más tarde, Chahuán le contó por teléfono a un trabajador de su local -no individualizado en la investigación- que el jefe policial también le aportó información sobre el caso, específicamente que en el auto apenas encontraron “como nueve papelillos”.
El oficial Julio Ruiz dijo a CIPER que recuerda haber recibido esa llamada de Chahuán, pero no que el concejal le haya pedido llevar el auto al corral, solo que le preguntó por el vehículo. Dijo que no ha sido llamado a declarar, que conoce a Chahuán desde pequeño, que tenía un trato deferente con él por su rol de autoridad municipal, pero que nunca lo favoreció de manera irregular.
En la audiencia del 30 de diciembre, el fiscal González expuso la relación entre el concejal y el narcotraficante Pedro Melo Cartagena. Ante el tribunal, el persecutor leyó la declaración de un imputado que entregó datos sobre los vínculos de Chahuán con el narco que cayó en la Operación Ballena. CIPER contactó a esta persona, quien pidió la reserva de su identidad y confirmó la versión que el fiscal entregó en la audiencia.
El testimonio resultó clave para abrir otro abanico de posibles delitos cometidos por el concejal, y para aportar datos sobre sus movimientos e influencia en la zona. Según la declaración de la persona imputada que leyó el fiscal, Chahuán se jactaba de su relación con los carabineros de unidades locales, por lo que “varias veces” le insistió en que llevara sustancias ilícitas a su automotora sin temor a represalias, pues se consideraba “amigo de todos los policías”. El Ministerio Público agregó que Chahuán logró rescatar al menos tres vehículos involucrados en infracciones a la Ley de Drogas desde el corral municipal, incluso acudiendo personalmente y amenazando a los trabajadores de ese lugar.

“Chahuán Cars”: la automotora de Karim Chahuán y su familia

El testimonio de la persona imputada confirmó que su detención se produjo cuando, junto a otro sujeto, transportaban siete bolsas con cocaína, cerca de diez gramos de marihuana y bolsas plásticas para dosificar las sustancias. El auto en el que se movilizaban lo habían comprado a Chahuán. El vehículo no tenía permiso de circulación, por lo que quedó retenido en el corral municipal. Según la versión del imputado, llegó a un acuerdo para que el concejal pagara el permiso de circulación, el seguro automotriz y el cargo por el tiempo que el auto estuvo en el corral. Después de eso, Chahuán le hizo la transferencia del auto, el que estaba a nombre de un ciudadano venezolano: “Me enteré por un trabajador del Karim, a quien conozco como el ‘Repollo’ (Leandro Barrera Ogaz, el tercer involucrado en el saqueo al mall) que el ex dueño de mi vehículo era un traficante de La Legua, venezolano, y que además esta persona (…) siempre le traía autos y Karim los vendía”.
En la misma declaración, la persona imputada dijo que Chahuán nunca pagó el permiso de circulación ni el seguro del auto. Como estos gastos corrieron por su cuenta, finalmente decidió no cancelar $300 mil de la última cuota que adeudaba al concejal. Algunas semanas después, relató, ambos se encontraron en el centro de La Calera, ocasión en que Chahuán le preguntó “cuándo me pondría al día con la deuda, a lo cual le manifesté que no tenía dinero, instancia en la cual Karim me dijo que en vez de dinero le pagara con droga, lo cual no acepté”.
Pero eso no es todo. El testimonio de esta persona también vinculó al concejal con el narcotraficante Melo Cartagena. Al respecto, declaró que entre las tantas ocasiones que se dirigió a Chahuán Cars para solucionar el traspaso de su vehículo, vio cómo “el guatón Pemo” era recibido por el concejal en una oficina interior: “Cuando él llegaba, Karim cerraba la cortina del local (…) y ponían en una mesa (una balanza) donde pesaban una gran cantidad de falopa (cocaína) que llevaba ‘el guatón Pemo’, la que el Karim intercambiaba por vehículos”.
Antes de leer los datos aportados por la declaración del imputado, en la audiencia del 30 de diciembre el fiscal González le preguntó a Chahuán por su relación con Melo Cartagena. El concejal respondió que lo ubicaba desde pequeño, porque sus familias tienen negocios comerciales en el centro de La Calera y que Melo Cartagena adquirió una camioneta Dodge en Chahuán Cars. Fuentes judiciales aseguraron a CIPER que, en realidad, el nivel de cercanía entre las partes es más profundo: gracias a las escuchas telefónicas, el Ministerio Público acreditó que el intercambio de vehículos era mucho más fluido que lo declarado por el concejal y que, en al menos una de estas operaciones, acordaron permutar un auto por cocaína.
Además, el fiscal exhibió al tribunal seis fotografías extraídas desde el celular de Chahuán que muestran cómo se pesaba marihuana sobre el escritorio de la automotora.
CIPER intentó comunicarse con el abogado de Karim Chahuán, René Fuentes Melo, pero este no contestó ni los llamados ni los mensajes.

UN NARCO DE PESO

Pedro Melo Cartagena carga en su historial con tres condenas por narcotráfico. De sus 41 años, tendría que haber pasado casi 15 preso, que es la suma de las tres sentencias que recibió, pero en todas obtuvo beneficios que le permitieron salir antes. La primera vez que pisó la cárcel fue a los 20, luego reincidió a los 30 y volvió al penal de Quillota. En 2011 llevaba poco tiempo en la calle cuando otra condena le cayó encima: fue cuando la policía lo sorprendió liderando el clan que se disponía a vender 211 kilos de cocaína base, la mezcla que es “cocinada” en laboratorios clandestinos para obtener droga de mayor pureza.
La investigación judicial de 2011 fue la más completa y allí se estableció que la droga la compraba a bolivianos que viajaban hasta La Calera para hacer la entrega. En esa ciudad la abultaban utilizando soda cáustica y distintos ácidos. Cuando la PDI allanó uno de los domicilios encontró un laboratorio clandestino donde la pasta base era “cocinada” por un ciudadano boliviano. También acreditó que el destino de esa droga eran poblaciones de las regiones de Valparaíso y Metropolitana (vea reportaje de CIPER sobre cómo operan los narco mayoristas).
En la causa judicial la PDI precisó que Pedro Melo utilizaba un local de máquinas tragamonedas y una joyería para lavar el dinero. Pero en el proceso de 2011 no se lo acusó por esos episodios. Sí lo condenaron por lavado de activos en la compra de un auto Chrysler blanco por el que pagó $7 millones al contado y luego inscribió a nombre de un testaferro. La policía advirtió que otros nueve automóviles habían sido comprados con el mismo procedimiento, pero estos tampoco se incluyeron en la acusación final de la Fiscalía. En el juicio no se pudo acreditar la asociación ilícita, que habría abultado las penas, por lo que Melo solo fue condenado a cinco años.

Pedro Melo Cartagena, en una fotografía aparecida en un reportaje de CHV.

En La Calera Pedro Melo es el narco más conocido. Antes de caer en 2011, eran famosos sus shows pirotécnicos en las fiestas de año nuevo. Residentes de la ciudad contaron que se preocupaba de invitarlos a asados para fiestas patrias y que en ocasiones pagó los gastos médicos de vecinos enfermos. La joyería que administraba junto a su pareja auspiciaba un club deportivo barrial. Así se ganó su segundo apodo: “el Pablo Escobar de La Calera”.
Pero el “Pemo” no actuaba solo. Su pareja de entonces, Silvia Hernández Rojas, también es un personaje clave en esta trama. Los soldados que trabajaban para Melo la llamaban “la jefa”, y cuando él caía preso, era ella la que tomaba las riendas del negocio.
Cuando Melo cumplía su segunda condena, Hernández fue sorprendida con dos kilos de cocaína base, pero zafó de la cárcel. No ocurrió lo mismo en 2011, cuando fue condenada a tres años y un día por la Operación Ballena. Las interceptaciones telefónicas de la policía le permitieron a la justicia rastrear paso a paso el tráfico de droga desde Bolivia a Chile, y el rol de la pareja como líderes de la banda.
El 5 de noviembre de 2015, estando en libertad, la policía nuevamente pinchó su teléfono y desentrañó otra red de narcotráfico con la pareja como protagonista. En esa investigación se descubrió que el padre y la hermana de Silvia, quienes vivían en la población San Gregorio (Santiago), eran el vínculo por el cual la droga de los Melo Hernández llegaba a la capital. La pasta base seguía ingresando desde Bolivia y, con el “Pemo” tras las rejas, Silvia era la lideresa indiscutida de la banda. Ahora les detectaron un laboratorio para abultar sustancias ilícitas en la San Gregorio, y junto con ella cayeron traficantes de Santiago, Viña del Mar y Con Con. Esta vez les incautaron más de 90 kilos de pasta base de cocaína.
Silvia actualmente está en prisión cumpliendo con los 14 años de condena que los tribunales le lanzaron encima. Pedro Melo está libre.
*Fuente: CiperChile