Narcomilitares: el caso cero

Se había advertido desde hace años. Una y otra vez. Mientras los políticos vociferaban alegremente que la criminalidad se solucionaba con el despliegue de las Fuerzas Armadas (¡estados de excepción!, ¡control militar de las fronteras!, ¡uniformados en las poblaciones!), expertos en la materia ponían la voz de alerta.

La advertencia era siempre la misma: los militares no tienen las herramientas para controlar el crimen organizado, y su uso irreflexivo aumenta el riesgo de que sean infiltrados por las bandas criminales.

El ejemplo más obvio es México.

El abogado chileno Francisco Cox pasó varios años investigando al crimen organizado en ese país, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde entonces, Cox ha adoptado el desagradable rol de ser el agorero de un futuro oscuro. El aguafiestas que advierte de las consecuencias de involucrar sin los adecuados resguardos a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado.

Cuando México envió militares a combatir el narco en el norte del país, un grupo de uniformados terminó cambiando de bando y liderando el Cartel de los Zetas. Llevaron la lógica militar al mundo del narco: entrenamiento de excelencia, armas de altísimo poder, enfrentamientos de gran violencia.

Los resultados de la “guerra contra el narco” han sido escalofriantes: la violencia escaló y ya se cuentan más de 400 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

“La militarización es un círculo vicioso, una escalada que no tiene fin”, me decía hace ya un año y medio Cox en una entrevista en el podcast Lo Que Importa. Y advertía: “veo que estamos cometiendo los mismos errores de México, los estamos cometiendo todos”.

Hechos similares ocurrieron en Colombia y Venezuela. Es que, para los narcotraficantes, corromper a un militar es el premio mayor. Por algo en su jerga hablan de “soldados”. Qué mejor que un soldado real, con su entrenamiento, armamento y redes logísticas.

En 2021, un informe de Transparencia Internacional calificaba a Chile como un país con “alto riesgo” de corrupción en el área de defensa. El documento era demoledor, advirtiendo “debilidad en los mecanismos de denuncia de irregularidades”, y “resguardos extremadamente débiles contra la corrupción”, ya que “la doctrina militar chilena no aborda la corrupción como un problema estratégico en las operaciones”.

Los casos de “robos” y “pérdidas” de armamento militar que terminaban en manos del narco también se habían repetido una y otra vez.

Pero la clase política hizo oídos sordos.

Era solo cuestión de tiempo que explotara nuestro “caso cero” de infiltración del narco en las Fuerzas Armadas. Y pasó, por triplicado.

Primero fueron seis suboficiales detenidos con 192 kilos de cocaína y pasta base que habían ingresado desde Bolivia, por un valor de 3 mil millones de pesos. Luego, cinco funcionarios de la FACH sorprendidos trasladando ketamina en un vuelo institucional. Y después, el hallazgo de cerca de medio kilo de ovoides de cocaína en un regimiento de Colchane.

El Ejército puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía. La FACH, en cambio, se negó a entregar a los responsables y los antecedentes al Ministerio Público. El comandante en jefe de la FACH incluso contradijo al Presidente de la República en un desesperado intento por mantener el caso en la justicia militar.

Trinidad Steinert, la fiscal regional de Tarapacá que lideró el megajuicio contra el Tren de Aragua, tomó la investigación sobre los narcomilitares. Ya acreditó que los uniformados habían realizado al menos 17 traslados de droga, con una estructura logística de varios vehículos para llevar los cargamentos desde Bolivia a Iquique, y de ahí a Santiago.

En el caso de los narcoaviadores, en cambio, la fiscal Steinert ha tenido que perder el tiempo trabando una contienda de competencia ante los tribunales superiores hasta lograr que, a regañadientes, la Fuerza Aérea le traspasara el caso.

Es evidente que la justicia militar, con su sistema decimonónico y secretista, no da garantías. No solo por el riesgo de que “la ropa sucia se lave en casa”, como ha pretendido la FACH, sino porque no tiene la experiencia para investigar causas tan complejas como estas.

Aquí los militares y aviadores ya descubiertos son apenas la punta del iceberg. Las preguntas relevantes son otras: ¿quiénes los encubrían dentro de las instituciones castrenses?, ¿para quién trabajaban?, ¿está el Tren de Aragua detrás de esta operación, como lo hace sospechar la presencia de ketamina, una droga en que se especializa ese cartel?

Aquí se trata de desbaratar estructuras criminales complejas, como ya lo ha hecho con éxito la fiscal Steinert. El Ejército demostró compromiso con la justicia al colaborar. La actitud de la FACH, en cambio, resulta alarmante.

Tampoco la clase política ha estado a la altura. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez acusó al gobierno de “faltarle el respeto a la justicia militar” por instruir el traspaso de la causa a la Fiscalía.

Parece que el compromiso político con el combate al narco se queda en los titulares altisonantes. Pero el alineamiento con un alto mando militar es más importante que combatir eficazmente a estas bandas criminales.

Urge un consenso político para estudiar cuidadosamente cómo involucrar a militares en labores de seguridad, cómo combatir la corrupción en las instituciones armadas, cómo compartir la inteligencia militar –hoy celosamente resguardada– con la Fiscalía y las agencias civiles. Y sobre todo, cómo entender que el bien del país está por encima de las peleítas de poder de cualquier grupo, incluida la cúpula de una institución obediente y no deliberante como es la Fuerza Aérea de Chile.

Ya estamos en la ruta que ha llevado a otros países a un espiral de violencia y corrupción incontrolable. Pero aún estamos a tiempo de frenar ese camino. Las alertas son imposibles de ignorar. El caso cero tiene que hacernos despertar.

*Fuente: LaTercera

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Con el golpe militar de 1973 los chilenos ya tenían convicción de que en los tribunales de la república radicaban los mayores índices de corrupción. Prueba de ello es que fueron los altos magistrados del Poder Judicial los primeros en reconocer la legitimidad del régimen militar. Haciéndose cómplices, además, de las graves violaciones que se sucedieron contra los Derechos Humanos.

Enseguida serían los propios uniformados los que se corrompieron en el poder, al grado de que todavía se ventilan judicialmente las malversaciones y el enriquecimiento ilícito de las más altas jerarquías castrenses. El gobierno de Pinochet, además, fue el responsable del asalto a las empresas del Estado que traspasó, a precio vil, a diversos empresarios y parientes. Como es el caso del multimillonario Julio Ponce Lerou, su yerno.

Estudioso de China, el autor venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein acaba de publicar “Un Gigante en movimiento. La Política de reforma y apertura. La construcción del socialismo con peculiaridades china”. Pinche la imagen para acceder a la versión digital. 

Luego vendría el tiempo de los políticos, lo sucedido bajo los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría, cada cual con uno o dos casos emblemáticos de corrupción, caracterizados de tráfico de influencias, soborno empresariales a legisladores, sobresueldos en la administración pública y financiamiento ilegal de las contiendas electorales.

Entre medio de estos, también, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, quien llegara a La Moneda con un extenso prontuario de ilícitos y prescripciones judiciales que lo habían convertido en uno de los más grandes millonarios de América Latina. Por lo que le fue fácil hacerse nominar como candidato y seguir lucrando bajo sus dos mandatos presidenciales.

A la fecha hay abiertos varios procesos que comprometen a diputados, senadores y alcaldes que siguen un curso muy lento en la Justicia y amenazan con caer en el olvido y la impunidad. Ya es vox populi que es en los municipios donde de ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas. Pero las denuncias de corrupción tocan a 780 reparticiones públicas, como el propio Servicio de Impuestos Internos, las tres ramas de las FFAA, Carabineros, decenas de colegios, un sinnúmero de corporaciones municipales y hasta los propios tribunales de justicia.

En la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades han debido reconocer la consolidación a nivel nacional de las mafias de narcotraficantes, cuya influencia compromete a todos los ámbitos de la política, incluidos policías civiles y uniformados, como Gendarmería. En este sentido, se sabe de las mafias al interior de los penales, donde es corriente descubrir los privilegios que alcanzan los narcos detenidos. En un país en que, de acuerdo al tamaño de nuestra población, las cárceles están sobre pobladas y se han hecho insuficientes.

El país ha sido testigo en estos últimos meses de las ingentes sumas de dinero fiscal entregado a algunas fundaciones muy vinculadas a la política para atender las necesidades de los más pobres. Sin embargo, ya se sabe de las altas sumas de dinero sin rendir o simplemente perdidas de manos de operadores políticos, varios de los cuales ya sufren la cárcel o la reclusión domiciliaria.

A ello hay que agregar que los fondos perdidos se asumen, y hasta se confiesan, haber sido aportados al financiamiento de partidos y elecciones, al grado que el propio Presidente de la República se ve envuelto actualmente en una operación, –Procultura–, que compromete a uno de sus amigos más cercanos, al partido que pertenece y además al propio Gobernador de Santiago.

Nada más que en este solo episodio, de varios otros que se investigan en todo Chile, se precisa que serían unos mil millones de pesos el monto que se ha distraído. En general, en relación con los desfalcos y malversaciones del caso Fundaciones, se estima de que se trata del ilícito más grave atribuido a la política, bajo un gobierno centroizquierdista que se ufanó de su superioridad moral al momento de asumir.

La opinión pública se ha conmovido con algunas irregularidades de menor cuantía, como el intento frustrado de adquirir irregularmente de parte del Estado la casa del ex presidente Salvador Allende por un monto mayor a su tasación de mercado, a fin de dedicarla a un Museo dedicado al gobernante. El que posteriormente sería administrado por sus propios descendientes, después de recibir unos 900 millones por la compra. Una operación que terminara con la remoción de la hija del Mandatario del Senado y la renuncia al cargo de ministra de defensa de una de sus nietas.

El mal ejemplo de las autoridades, la impunidad en muchos de los delitos cometidos por la clase política tendría que explicarse ahora que es la propia población nacional la que acrecienta sus niveles de corrupción.

En días recientes, la Contraloría Nacional de la República ha denunciado que existen más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al exterior durante la licencia médica que habían conseguido de unos mil o más facultativos que han organizado un sistema para defraudar al Fisco que finalmente financia estas ausencias laborales. Y que, a vuelo de pájaro, han significado una merma a los caudales públicos de otros 12 mil millones de pesos.

Los burócratas viajeros son estos 25 mil pero se supone que otra cifra todavía mayor sería la de los favorecidos con licencias sin salir del país. Ingentes recursos que escandalizan en medio de los déficits presupuestarios que afligen a los hospitales y a ese más de un millón de chilenos que están en listas de espera para tratar sus enfermedades y cirugías. Aunque el gobierno ha anunciado que se realizarán los pertinentes sumarios a estos miles de funcionarios, el sentido común indica que ello será muy difícil, si no imposible. Aunque por lo menos se podría sancionar a los médicos que burlaron la ética y la ley.

Vivir en Chile y seguir sus medios de comunicación es constatar los delitos que a diario cometen miles que han consolidado una fuente de ingreso mediante asaltos a la propiedad privada, robo de vehículos y portonazos incluso a edificios públicos. Cotidianamente nos enteramos que nuestra población es víctima de una violencia cada vez más extrema, representada por esos estudiantes que agreden a sus profesores, taxistas y choferes de autobuses asaltados por sus usuarios, femicidios y agresiones sexuales que, incluso, comprometen a las autoridades encargadas de nuestra seguridad.

Agreguemos las reyertas entre los comerciantes establecidos y ambulantes, las consabidas riñas entre las colegialas y las muertes, con o sin justificación, ocasionadas por policías a quienes estiman delincuentes, así como las brutales agresiones de los dueños de departamentos a sus conserjes.

Un clima violentista en que todos los días sumamos muertos y donde las autoridades deben restringir al máximo los aforos de los espectáculos artísticos y deportivos.

Digamos que esta corrupción generalizada ha comprometido, en su hora, también a los propios sacerdotes como a bomberos pirómanos. En que el propio papa Francisco fuera engañado por obispos y cardenales que después se obligarían a renunciar.

Escándalos varios, también, con la evasión del pago del Metro, con la compra de licencias de conducir que favoreció a numerosos grupo de futbolistas profesionales que, sin duda, son los primeros en observar los manejos fraudulentos de los dueños de sus clubes. Delitos graves en otros países del mundo, pero que en Chile pasan a ser simples argucias para saltarse aquellos tediosos procedimientos burocráticos.

Ni qué hablar de los narco funerales y el micro tráfico que asola a las poblaciones más pobres, entre ellas a los campamentos irregulares donde sobreviven 120 mil familias, así como de la justicia por mano propia que cobran aquellos propietarios que colindan con playas públicas que no debieran estar en uso y usufructo de sus mercedes.²

Ya no se trata solo de evasiones y elusiones de impuestos que perfectamente podrían representar más de dos puntos del PIB. Mientras las más poderosas y desvergonzadas patronales reúnen apoyo político para que se les rebaje el gravamen a las utilidades de sus empresas.

Y, antes que se nos escape, la colusión de políticos y sindicalistas para convenir un mísero reajuste de los salarios enfrente de las sobre abultadas dietas y granjerías que favorecen a ministros y parlamentarios. Una de las cuales es el estipendio, de por vida, de unos 10 millones de pesos mensuales para quienes hayan ejercido bien, mal o pésimo la “primera magistratura de la nación”. Aunque sea solo por cuatro años.

Y ya se sabe lo que pasó con la prometida disolución de las administradoras de fondos de pensiones y la Isapres de la salud y de su colosal robo a los jubilados y asociados. Con lo que las inmensa mayoría de las pensiones continúa siendo misérrima.

Y todavía hay quienes aseguran que no somos un país corrupto

*Fuente: PrensaOpal

Más sobre el tema:

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Alberto Acosta[1]

“Las tropas mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas; y el príncipe cuyo
gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo,
porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos.”
Nicolás Maquiavelo, El Príncipe.

Lo que nos faltaba, ¡mercenarios! En medio de la contienda electoral, el presidente Daniel Noboa logra un acuerdo con un tal Erik Prince, uno de los mayores promotores de la soldadesca asalariada transnacional, con espeluznante historial de muerte y violación de derechos en sus hombros.[2] Con esta decisión, en línea con la militarización de la sociedad y con el aprobado retorno de soldados estadounidenses a territorio ecuatoriano, buscando, además, el concurso activo en territorio ecuatoriano de tropas auxiliares de otros países, Noboa pretende, en sus palabras, “combatir el narcoterrorismo internacional e inclusive la pesca ilegal”.

Límites y peligros del “conflicto interno armado”

Al abrir la puerta a lo que se denominó “conflicto interno armado” a inicios del año 2024, que configura el libreto rector de la gestión de Noboa, se construyó un escenario bélico para enfrentar una violencia criminal descontrolada. Este accionar en extremo militarista es aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada, que ya apoyó una serie de medidas represivas, propias del populismo penal, introducidas con la consulta popular de abril del año 2024, impulsada por el mismo mandatario.

Sin negar la necesidad de enfrentar firmemente al crimen organizado, con la fuerza que la ley otorga al Estado, recurriendo a la experiencia acumulada sobre todo en otros países, podemos constatar que la sumatoria de estas decisiones no dará los frutos esperados. Es más, este paquete en extremo represivo incrementará los problemas.

Ya los estamos sufriendo. La militarización de la sociedad y el endurecimiento de penas no logran contener la violencia criminal, que repunta con fuerza. Mientras que el accionar de la fuerza pública, embarcada en una suerte de guerra civil, acumula sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, entre las que se destaca la desaparición y asesinato de los niños Ismael, Nehemías, Josué y Steven del barrio las Malvinas, en Guayaquil. Es más, la fuerza pública asume de forma creciente tareas de guardia pretoriana de los intereses mineros al reprimir a las comunidades que defienden sus territorios. Este espiral represivo puede transformarse en una suerte de tonel sin fondo, como se ha registrado en México y Colombia, para mencionar apenas dos casos.

La presencia de mercenarios o de acciones vinculadas a sus prácticas no solo que constituye una bofetada para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que abre aún más la puerta para respuestas represivas al margen de la institucionalidad estatal y de los Derechos Humanos. Y, mucho peor aún, ese manejo puede ser un aliciente para el establecimiento del paramilitarismo en el país, que podría consolidarse a través del mismo tipo de alianzas estratégicas, como las que plantea el mandatario ecuatoriano.[3]

Para entender mejor los riesgos de estas decisiones, recurramos a un experto en la materia, Luis Córdova-Alarcón:

“La «guerra contra las drogas» no es una fórmula retórica para describir una estrategia de seguridad antinarcóticos. Literalmente es una guerra en la que los traficantes, los consumidores y los adictos son tratados como enemigos del Estado. Los gobiernos que optan por esta estrategia producen una militarización de doble vía. Por un lado, de su seguridad pública, cuando involucran lógicas militares en unidades de élite de la Policía o implican a militares en tareas policiales. Por el otro, de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esta segunda vía es poco conocida, pero ayuda a comprender por qué la violencia criminal se ha vuelto extrema y brutal, diseminándose en la región. (A través de) los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México). Muestra de qué forma las técnicas militares de “guerra especial” desarrolladas por Estados Unidos fueron aprendidas por los sicarios vinculados al narcotráfico en América Latina. Elementos que sugieren que la violencia criminal extrema es un efecto entrópico de la «guerra contra las drogas» promovida por los Estados Unidos de América.”[4]

Es muy grave, entonces, que, a través de negociaciones con grupos mercenarios, se de paso a una suerte de neoliberalización de la lucha en contra del crimen organizado. En medio de esta guerra interna, decretada por el presidente Noboa, cuya conducción -a todas luces- carece de metas claras y de una estrategia adecuada, la contratación de mercenarios configura una “transacción por un servicio”, con “empresas que manejan la muerte como un negocio”: los mercenarios.[5]

Y a todo este conjunto de desatinadas (?) decisiones, de un gobernante que ha demostrado ser un violador contumaz de la Constitución y las leyes, se suma la instalación de una base militar norteamericana en un lugar estratégico en las islas Galápagos[6]. Una base que no es necesaria para combatir el crimen organizado, tal como lo reconoció un embajador norteamericano hace un par de años.[7] Base que, eso si, nos colocará en la primera trinchera del enfrentamiento de las potencias imperialistas, sobre todo de Estados Unidos con China; consolidando el evidente posicionamiento del gobierno de Noboa con los objetivos e intereses del Washington de Donald Trump.

La cultura de la Paz de Montecristi, amenazada

Diversos grupos de la sociedad de seguro verán con buenos ojos todas estas acciones enmarcadas en la lógica belicista del “conflicto interno armado”. Y así, en la actualidad, con una sociedad agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para desmontar algunos elementos de la Constitución de Montecristi[8], caracterizada por sus elementos para impulsar “la cultura de la Paz”.

En concreto, para empezar, se pretende derribar, vía reforma constitucional, el artículo 5 de la carta magna:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

Recordemos que, entre los cinco primeros artículos aprobados en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, el día viernes 29 de febrero del 2008, estaba este artículo, que establece que el Ecuador es un territorio de Paz. Irónicamente, al día siguiente de su aprobación, en la madrugada del sábado 1 de marzo, se produjo el bombardeo de las fuerzas armadas colombianas, con evidente apoyo militar norteamericano, en Angostura, territorio ecuatoriano. Entonces se asesinó a un grupo de personas, que incluso no formaban parte de las fuerzas insurgentes de Colombia.

Esa ya fue una clara advertencia de lo difícil que es construir un territorio de paz, impulsado por el sentir pacifista de nuestra sociedad, que se plasmó en el preámbulo de la nueva Constitución, que reza así:

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, decidimos construir… Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -sueño de Bolívar y Alfaro-, la Paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra.”

En consecuencia con lo establecido en la primera página de la carga magna, aprobada en las urnas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, el 28 de septiembre del 2008, se fijó que

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 4. colaborar en el mantenimiento de la Paz y de la seguridad.” (artículo 83)

En la lista de reclamos por la paz en el texto constitucional, teniendo en el horizonte la construcción de un mundo pacífico, en el artículo 276, se establece que,

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.

No cabe duda que, en la Constitución de Montecristi se optó por visualizar un mundo que condene las pretensiones imperiales de cualquiera de las grandes potencias y que impulse la integración y la convivencia pacífica entre los pueblos.  Esta preocupación se plasma de forma categórica en el artículo 416:

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.
2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.
3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.
4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. (…)
5. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. (…)
6. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. (…)
7. Promueve la conformación de un orden global multipolar…

Cabría traer a colación otro punto fundamental en la Constitución relacionado con “la cultura de Paz”, expresamente establecida para las regiones fronterizos (artículo 249) e inclusive para impulsar la seguridad humana, asegurando “la convivencia pacífica de las personas” (artículo 393).

Esta cuestión está expresamente establecida como deberes primordiales del Estado en su artículo 3: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz…”; artículo en el que, adicionalmente se establece, como otro deber fundamental: “Garantizar y defender la soberanía nacional”, que a todas luces se verá atropellada con el establecimiento de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano o con la presencia de tropas auxiliares o especiales, o con el concurso de mercenarios, sea cual fuera su función.

Por igual habría afectaciones legales de orden internacional, si se llegará a permitir la contratación de mercenarios. Esa posibilidad está textualmente vedada en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.[9] Este documento, suscrito por Ecuador y otros países de la región, prohíbe la contratación o confirmación de equipos de mercenarios para conflictos armados internacionales o internos, como el que sufre Ecuador.

Otro punto medular. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La presencia de grupos mercenarios -nacionales, extranjeros o mixtos-, por más que estén cobijados con algún acuerdo por el Estado, terminarían por asumir al menos parte de las funciones exclusivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, establecidas en los artículos 158 y 159 de la Constitución. Resulta, entonces, inaceptable que tropas extranjeras asuman casa adentro parte de esas tareas exclusivas; lo que no impide buscar una cooperación respetuosa de nuestra carta magna con otros Estados para enfrentar el crimen organizado transnacional.

En esta Constitución pacifista no solo cuenta la norma jurídica. Es preciso reconocer el proceso social que llevó a su cristalización, sintonizado con la construcción de un Estado constitucional de derechos, en el que la Constitución misma, en su integralidad, es una base importante de la convivencia pacífica de los habitantes del Ecuador. En su esencia, esta Constitución propone un sistema de derechos imbuido en la conciencia pacífica de su ciudadanía. Reconoce como herramienta democrática la participación ciudadana a través de múltiples formas. Y plantea la construcción de una sociedad profundamente democrática, igualitaria y justa.

Por esa razón, frente a estas complejas amenazas, cabe incluir en este breve repaso otros elementos que configuran esta Constitución de la Paz. En el texto se amplía el concepto de los Derechos Humanos, fortaleciendo los derechos no solo individuales, sino también los derechos colectivos y comunitarios, de pueblos y nacionalidades. En la misma dirección apuntan los Derechos de la Naturaleza, pues hacer las paces con la Naturaleza es vital para la Paz entre los humanos, como demanda el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Inclusive cuenta el tema de los jueces de Paz, que son elegidos por la comunidad, que introduce desde abajo la equidad como una fuente material del derecho, en clave con la pluralidad jurídica propuesta constitucionalmente.

En síntesis, junto al intento por eliminar muchas de las disposiciones que configuran el corazón de una Constitución pacifista y soberana, hay la pretensión -expresada por las dos candidaturas finalistas- para echar por tierra la Constitución de Montecristi convocando a una nueva Asamblea Constituyente, algo que ya ha sido rechazado desde diversos sectores, incluyendo la poderosa voz del movimiento indígena.[10]

Abriendo aún más las puertas del infierno…

Los grupos de poder, de forma directa o a través de sus tinterillos, siempre orquestados por los grandes medios de comunicación mercantiles, han intentato, una y otra vez, desmontar aquellos elementos transformadores de la Constitución de Montecristi, porque saben perfectamente que, si aplica lo que la carta magna dispone, sus privilegios están en peligro.

Estos grupos oligárquicos, neoliberalmente influenciados, muchos de ellos cercanos a Daniel Noboa, sostienen la idea de construir un país empresarial: económicamente liberalizado y aperturista a ultranza; privatizando todo lo posible, inclusive la seguridad ciudadana. Para lograrlo intentarán reintroducir el arbitraje internacional y la contratación por horas. Y en esa línea pretenderán echar por tierra todas aquellas “barreras constitucionales” -sustentadas en derechos y garantías- para firmar tantos tratados de libre comercio como les sea posible. Para lograrlo, tal como lo hemos visto en estos meses, se busca fortalecer el Estado represor, teniendo en Noboa una transmutación en un Mikele = Milei + Bukele; todos personajes con una profunda vocación autoritaria, en la que coinciden plenamente con Trump.

Coincidiendo con las tesis extractivistas, las dos candidaturas tratarán de anular o al menos morigerar las consultas populares (CRE art. 104)[11], así como impulsarán el debilitamiento de las consultas ambientales (CRE art. 398), incluyendo las consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades (CRE art. 57,7)[12] y la consulta pre-legislativa obligatoria cuando se pueda afectar los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades (CRE art. 57,17)[13]. Por igual, no sorprendería si pretenden desmontar el derecho a la resistencia (CRE art. 98).[14]

Por igual coinciden ambas candidaturas en visiones conservadoras, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Las dos aceptaron, públicamente, que no impondrían la “ideología de género” desde el Estado, como lo comunicó el Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y la Sociedad en sus redes sociales, donde publicaron los compromisos firmados por ambos aspirantes a la Presidencia de Ecuador para “proteger la familia”.[15]

Habrá que ver, si ya el gobierno, la actual candidata progresista, que ha criticado la política de Noboa en este campo, intenta superar, en la práctica, la lógica del “conflicto interno armado” o concuerda con la política que prioriza la “mano dura militarista” y el populismo punitivista frente al crimen organizado; es decir, sería una política que continuaría fracasando…

Inclusive, entre otras tantas ambiciones, de quienes proponen una nueva Asamblea Constituyente, puede estar dar de baja la plurinacionalidad, las soberanías alimentaria y energética, la economía popular y solidaria, así como otros tantos derechos fundamentales, como son los colectivos, los laborales y quién sabe si también los Derechos de la Naturaleza.

Conocer los caminos del infierno, para evitarlos…

En definitiva, como bien anotan los expertos, los nexos entre militares, mercenarios y narcos son multifacéticos y llenos de múltiples complicaciones. Por experiencia propia sabemos que una base militar extranjera, como la de Manta, en los 10 años de su presencia, no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016.[16]

Por su especialización, miembros de las fuerzas especiales y policías de élite, así como mercenarios, pueden ser también contratados por el crimen organizado. Algo que ya ha sucedido en muchos otros países, en México por el Cartel del Golfo o en Colombia por el Cartel de Cali. Y con eso, en Ecuador se terminaría por abrir mucho más las puertas del infierno de la violencia generalizada, al mercantilizar cada vez más la política de seguridad ciudadana, más aún en un Estado con instituciones frágiles en donde el riesgo del contagio es muy grande.

Es el momento de reflexionar con calma y de tomar decisiones que no ahonden los problemas. Al crimen y la delincuencia hay que combatirlos con firmeza, siempre con la Constitución y la ley en la mano, pues el Estado no puede actuar con la misma brutalidad que el crimen organizado. Igualmente tengamos siempre presente que “no hay un camino para la Paz, que la Paz es el camino”, en palabras del Mahatma Gandhi. Así, para caminar en Paz, tenemos que defender y hacer realidad conjuntamente los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza; derechos que se complementan y se potencian mutuamente. Lo que exige desplegar todos esfuerzos indispensables para conseguir una genuina seguridad ciudadana, cristalizando simultáneamente la justicia social y la justicia ecológica.

Finalmente, precisamos una hoja de ruta para enfrentar estructuralmente al crimen organizado y, por igual, ¡conocer los caminos del infierno, para evitarlos!, como recomendaba Nicolás Maquiavelo.

17 de marzo del 2025

*Fuente: LaLíneaDeFuego

Referencias

[1] Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013).
[2] AFP – Agence France Presse (11.03.2025); “Noboa Establece Una “Alianza” Con El Fundador De Una Empresa Involucrada En Crímenes En Bagdad”. https://www.barrons.com/news/spanish/noboa-establece-alianza-con-fundador-de-empresa-involucrada-en-crimenes-en-bagdad-f594564c
[3] Primicias (13.03.2025); “Así operan los equipos militares privados que comanda Erik Prince, el nuevo aliado del Gobierno de Daniel Noboa”. https://www.primicias.ec/seguridad/daniel-noboa-erik-prince-operacion-equipos-militares-privados-mercenarios-91592/?utm_source=push&utm_medium=primicias&utm_campaign=2025-03-13
[4] Consultar el texto de Luis Córdova-Alarcón (2023): “Militares, mercenarios y narcos – ¿Cómo se formaron los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México)?”  https://ordenconflictoyviolencia.org/2023/02/15/militares-mercenarios-y-narcos/
[5] INREDH (14.04.2025); “Contratistas militares: ¿Garantía de seguridad o negocio de conflicto?”
https://inredh.org/contratistas-militares-garantia-de-seguridad-o-negocio-de-conflicto/
[6] Alberto Acosta (2025); La mira imperial puesta en Galápagos- Breve repaso de amenazas y agresiones recurrentes. https://lalineadefuego.info/alberto-acosta-la-mira-imperial-puesta-en-galapagos-breve-repaso-de-amenazas-y-agresiones-recurrentes/<
[7] Ver las entrevista en Revista Vistazo, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/no-se-requiere-una-base-militar-americana-en-ecuador-IEVI139331
[8] Constitución de la República del Ecuador https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador
[9] Convención contra Reclutamiento de Mercenarios, Registro Oficial Suplemento 950 de 22-feb.-2017  https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/071.-CONVENCION-CONTRA-RECLUTAMIENTO-DE-MERCENARIOS.pdf
[10] Ver entrevista a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, en la Revista Vistazo, 11.03.2025. https://www.vistazo.com/politica/elecciones-ecuador-2025/2025-03-11-exclusiva-leonidas-iza-segunda-vuelta-gobierno-intenta-dividirnos-tres-formas-JL8940658
[11] En las reformas constitucionales del 2015, impulsadas por Rafael Correa, en las que se reintroducía la reelección indefinida, prohibida en la Constitución de Montecristi, se limitaba dicha consulta; cambios que luego fueron derogados por la Corte Constitucional. También cabe tener presente el sistemático irrespeto a las consultas populares contra la minería en Girón (2019), Cuenca (2021), Distrito Metropolitano de Quito (2023) y la consulta nacional del Yasuní (2023).
[12] Estos dos tipos de consultas no se han cumplido en ninguno de los contratos mineros, se puede puntualizar. Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2020); “¿Minería legal o minería ilegal? Una falsa disyuntiva” https://agenciaecologista.info/mineria-legal-o-mineria-ilegal-una-falsa-disyuntiva/
[13] Recuérdese que en la ley de minería, impuesta en el año 2009, no se garantizó la consulta pre-legislativa. La Corte Constitucional reconoció este hecho, pero eso no le impidió declarar su constitucionalidad formal, al año siguiente. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/casos/Ecuador/Conaie/Ley%20de%20Mineria%202010.pdf
[14] “«Cómo me arrepiento», dice Correa respecto del Derecho a la Resistencia”, La República, 5 de septiembre del 2015.   https://www.larepublica.ec/blog/2015/09/05/como-me-arrepiento-dice-correa-respecto-del-derecho-a-la-resistencia/
[15] Segunda vuelta Ecuador 2025: Daniel Noboa y Luisa González meten la ‘ideología de género’ en la campaña (11 de marzo 2025), Revista Vistazo. https://www.vistazo.com/politica/elecciones-ecuador-2025/2025-03-11-segunda-vuelta-ecuador-daniel-noboa-luisa-gonzalez-rechazan-ideologia-genero-FM8943016
[16] INREDH (2016); “¿Cuál es el saldo que deja la Base Militar Norteamericana en sus 10 años en Manta?”. https://inredh.org/cual-es-el-saldo-que-deja-la-base-militar-norteamericana-en-sus-10-anos-en-manta/

El articulo Ecuador / Con el pretexto de la guerra contra el narco: ¡Mercenarios y tropas yanquis a la vista! apareció primero en piensaChile.

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.

Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año.

Nuestro gobierno ha asegurado en cuatro meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos.

Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población.

También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica.

México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no.

Para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública.

No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos.

La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo.

Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México.

Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.

Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos…

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 2, 2025

El articulo “Es una calumnia de la Casa Blanca decir que hay alianza entre el gobierno de México y los narcos.. Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos” apareció primero en piensaChile.

El asesinato de un hombre de 30 años, que dejó una viuda y dos niñas huérfanas, hizo estallar a residentes de la Villa Los Escritores, que incendiaron la vivienda que operaba como un centro de distribución de drogas. Ayer se apreciaban cientos de bolsitas de coca entre los restos del inmueble.

“Ya no más!!! Asesinos ni traficantes”, dice el cartel que vecinos de la Villa Los Microbuseros en Peñalolén instalaron en la madrugada de ayer en una casa que fue quemada a eso de las 3 de la mañana, luego de una violenta jornada en la cual también fue asesinado un habitante del sector.

Un testigo indirecto de todo lo acontecido fue el sacerdote jesuita Jorge Costadoat, quien trabaja desde hace 22 años con la comunidad Enrique Alvear, de la villa. Al respecto, explicó que el domingo él llegó a eso de las 11:15 horas, pues habían organizado un campeonato de baby fútbol que había generado bastante adhesión. De hecho, es el segundo que se hacía en el año y, según relató a El Mostrador, se trata de un grupo de personas muy unidas, que se organizaron mucho durante la pandemia y que, fruto de eso, han generado un espíritu de cuerpo muy fuerte.

Una de esas personas era Alex Villar Silva, de 30 años. Costadoat y él (que andaba con una de sus dos hijas) estuvieron conversando al lado de la cancha. El sacerdote le dijo que le habría encantado haber contado con algún futbolista famoso para la entrega de los diplomas y Villar asintió señalando que habría sido una excelente idea. Luego de eso se despidieron, pues empezaron los partidos, y al religioso incluso le tocó arbitrar uno de los encuentros.

Sin embargo, a eso de las 14:00 horas, el jesuita vio cómo un grupo grande de personas corría hacia el lado de la cancha.

—Se sintió un tumulto a unos cien metros de la cancha. Varias personas de nuestro grupo acudieron al lugar. Una de ellas encontró a Alex botado en el patio interior de la casa de su mamá. Dos vecinos la ayudaron a subir a Alex a su auto. Estaba inconsciente y con un balazo en una pierna. Dicen que se habían escuchado dos balazos —detalla.

Inicialmente, todos pensaron que dado que el disparo no había dado en un órgano vital, había esperanzas y, por lo tanto, “imaginamos que sin duda se salvaría”, rememora Costadoat.

Sin embargo, el impacto dio medio a medio en una arteria, por lo cual en el SAR local lo derivaron al Hospital Cordillera, donde ingresó fallecido.

La noticia de su muerte llegó a eso de las 17:45 a la Villa Los Escritores.

Cerca de las 3 de la mañana un grupo de desconocidos, pero sin duda residentes del sector, decidió cobrar venganza en contra del sitio que se sindica como el origen de la mayoría de los problemas de la villa: una casa que ha sido allanada infinidad de veces por las policías, debido a que funciona como “un hub de distribución de droga”, precisa el sacerdote.

Una vecina del sector, que solicitó reserva de su identidad, explicó a El Mostrador que cada vez que dicha casa ha sido intervenida por Carabineros o la PDI, a las pocas horas aparecen nuevos sujetos en ella, que continúan no solo vendiendo marihuana o cocaína allí mismo, sino también entregando dosis para la reventa a microtraficantes.

—No sabemos quién es la dueña de esa casa, pero es un hecho que llevan años allí, como una especie de matriz, donde además de vender les entregan drogas a quienes a su vez venden en la plaza, en la cancha, en los pasajes —detalla la testigo, quien precisa –y coincide con ella el religioso– que se trata de personas que no son del lugar.

Como en Fuenteovejuna, la famosa obra teatral de Lope de Vega, la comunidad decidió hacer justicia por sus propias manos, pero en vez de asesinar al comendador, quemaron la casa, ubicada en el pasaje C, la cual quedó vacía luego del homicidio, pues se supone que el autor del disparo era el narcotraficante de turno, que huyó después de ver lo acontecido.

Según la misma vecina, el crimen “fue la gota que rebalsó el vaso”, aunque asegura que no es el único: “Van cuatro homicidios en los últimos meses, aunque los tres anteriores fueron en contra de personas que no viven aquí”, precisa, agregando que “estamos chatos del tráfico y por eso los vecinos quemaron y trataron de demoler la casa”, aunque se organizaron para evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas.

Una vez que el fuego se inició, los mismos pobladores llamaron a Carabineros y Bomberos, que lograron contener las llamas en forma bastante rápida. De hecho, la estructura –como se aprecia en la foto principal– no resultó dañada y en el interior de la casa ayer era posible ver en el suelo cientos de bolsitas plásticas, de las usadas para distribuir dosis de clorhidrato de cocaína, como se aprecia en la imagen ubicada al final de esta nota.

Frente a la reacción ciudadana, Costadoat explicó que “la gente está conmocionada, está harta de la violencia y el miedo, por lo que no tolerarán más organizaciones de este tipo en la población”, en referencia a los narcos.

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La pradera seca

En el mismo sentido, el sacerdote indicó que

“los narcotraficantes venden porque hay una situación social, poblacional, de un gran deterioro humano, debido a múltiples razones. Una de ellas es que los niños a veces están botados y no terminan el colegio, o tienen la mamá que fue a dar a la cárcel por microtráfico, sabiendo nosotros que una mamá en la cárcel por microtráfico son tres niños botados en la calle. Esos niños abandonados los agarra cualquiera y fácilmente van a dar a la droga, al alcohol y al delito, al robo. Y eso va creciendo”.

Es por ello que indica que

“la pradera está seca. Cualquier chispa agarra. En este momento hay una situación social muy grave, que ha ido empeorando. Entonces, no es previsible que la cosa fácilmente vaya a mejorar. Sea este Gobierno, sea cualquier Gobierno en adelante, yo creo que es un problema demasiado grande. Por lo mismo, creo que las soluciones tienen que ser soluciones conjuntas, y no tirarse tierra de un Gobierno al otro, porque eso es mentir en relación con un problema gigantesco que tenemos como sociedad. Aquí se requiere mucha colaboración”.

Cabe indicar que pese a lo especulado por algunos medios, no se conoce la causa del homicidio, cuya investigación quedó en manos del OS-9 de Carabineros, por instrucción de la Fiscalía Regional Oriente.

-El autor, Carlos Basso Prieto, es miembro de la  Unidad de Investigación de El Mostrador.

*Fuente: ElMostrador

El articulo Fuenteovejuna fue: vecinos quemaron casa narco tras homicidio en Peñalolén apareció primero en piensaChile.

26 de septiembre de 2024

Hemos leído con asombro como un diario de circulación nacional en Chile, perteneciente a una de las familias más poderosas, en términos de fomentar el golpismo en América Latina y ahora en Honduras, osa con desmedida alevosía desvirtuar la imagen pública internacional de la Presidenta Xiomara Castro (ver al pie de este artículo, en formato PDF, El Mercurio mintiendo y difamando groseramente al gobierno democrático de Honduras)

El diario chileno en cuestión, que pertenece a uno de los dos consorcios periodísticos más grandes de Chile y que concentra casi la mitad de los medios de comunicación nacional; en una desesperada ansia de mal informar utilizando una página completa de su diario, sitúa mediante ese reportaje mal intencionado al gobierno de Honduras actual, de vuelta a lo que fue considerado como Narcoesta000do durante los 12 años, gobernado por la derecha hondureña, con fuertes vínculos de tráfico de droga y lavado de activos con la empresa privada y parlamentarios de la hoy oposición. Cosa que no es ajena al conocimiento internacional, el hecho de que su exmandatario Juan Orlando Hernández se encuentre recluido en New York, por delitos de corrupción y tráfico de drogas a EEUU.

La Presidenta de Honduras Xiomara Castro de Zelaya, es una presidenta de izquierda, elegida democráticamente, después de sucesivos gobiernos de derecha que violentaron los artículos pétreos de la Constitución Hondureña, al reelegirse el ya citado Narcotraficante Juan Orlando Hernández, varios periodos en el poder, luego de haber propiciado el golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya Rosales en el 2009.

Este mismo diario chileno, tal vez en su afán golpista, pretenda buscar el “empate” entre el gobierno de derecha narcotraficante que tuvo Honduras los años anteriores a este nuevo mandato, igualándolo al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, citando un hecho aislado que tiene que ver con la renuncia de un diputado hermano del expresidente Zelaya. No instalado por su gobierno, sino que también electo por mayoría de votos al congreso. Renuncia que fue bien recibida por el pueblo de Honduras, para que fuese investigado lejos de su inmunidad parlamentaria, cosa que aun los diputados del Partido Nacional y Liberal de Honduras, nombrados en el caso de Juan Orlando en la corte de New York, no hacen.

Este diario golpista chileno insta a crear las condiciones ideales para que la opinión pública, nacional e internacional juzgue sesgadamente el mandato de la primera mujer Presidenta de Honduras. Justificando desde ya una posible invasión a este y a otros países contrarios a su ideología, en respaldo a la retórica del Pentágono. Fue precisamente por este tipo de actuares propios de los antiprogresistas y por declaraciones igual de injerencistas propiciadas por la Embajadora de EEUU en Honduras, Laura Dogu, que la Presidenta Xiomara Castro, apoyada por los 3 poderes del Estado y Defensa Nacional, decide denunciar el tratado de extradición con EEUU. Previendo que este sea usado como un arma del Lawfare contra altos mandos de visión izquierdista en Honduras, no para proteger a un familiar como mal informa este diario injerencista chileno y además porque este tratado, firmado hace casi cien años atrás, supedita la soberanía de Honduras hacia Estados Unidos cuando las condiciones de reciprocidad no se cumplen a cabalidad.

Debemos recordar que el diario en cuestión, que hoy se erige como defensor de la “democracia”, y contra la corrupción en Chile, América Latina y hoy del país centroamericano de Honduras, meses antes de la asonada golpista del 11 de septiembre de 1973, se encargó de la campaña de desinformación y de la conspiración para terminar, por la vía violenta, con el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente legítimo, Salvador Allende. En esos planes criminales de sedición, se reunió su dueño con el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, meses antes para conseguir financiamiento para los planes golpistas de su diario.

Por consiguiente, declaramos conjuntamente los que somos reporteros y prensa internacional progresista que bajo ese prisma, este diario de circulación nacional, no puede dictar reglas de democracia y veracidad en sus columnas de opinión y de noticias, tanto nacionales como internacionales, porque su pasado golpista lo acusa y lo condena.

Somos garantes que el gobierno de Honduras, encabezado por su presidenta Xiomara Castro, ha trabajado arduamente en desmantelar todo vestigio que la Narcodictadura de la derecha ha dejado implantado en Honduras y somos testigos que su lucha y condena contra crimen organizado.

Reconocemos toda decisión soberana de un país libre, democrático e independiente, como lo es Honduras en su actual administración y condenamos toda injerencia sea chilena o extranjera en sus decisiones de proteger su Estado de Derecho.

Denunciamos mediante esta carta abierta públicamente, esta maniobra de conspiración mediática hacia un país libre y soberano como lo es Honduras y también contra cualquier país latinoamericano que adverse su política imperial.

Hugo Farías Moya
Vocero Colectivo Profesionales por el socialismo

25 de septiembre de 2024

Así miente El Mercurio, , como lo ha hecho toda su vida:

El articulo Carta abierta por Honduras soberana apareció primero en piensaChile.

Tiene en la actualidad una superficie de: 112,492 km², con casi 12 millones de habitantes. La ciudad capital es Tegucigalpa. Es el segundo país con más superficie de Centro América, después de Nicaragua.

Desde que Honduras se separó, al igual que las colonias americanas del dominio español, comenzó una serie de intentos de gobierno de distinta índole. De ahí hasta completar el siglo XIX se sucedieron gobiernos de distinta índole, algunos apoyados por los países limítrofes.

Durante los siglos XIX y XX se dio inicio a la industria bananera, que significó que casi todo el trabajo precario dependía de esta industria, dirigida por capitales y personal norteamericanos.

En los años 80, con el triunfo de la revolución sandinista de Nicaragua, Honduras se convirtió en base de operaciones para la contrarrevolución, a través del mandato del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos.  Desde ahí fue el comienzo de gobiernos tiránicos de derecha.

Al inicio del siglo XXI se dio inicio a gobiernos de la elite empresarial, con Ricardo Maduro elegido presidente en el año 2001. Después lo sucedió el liberal Manuel Zelaya, que gobernó para sacar al país de la pobreza que tenía sumido a la población los gobiernos de la oligarquía. Por consiguiente, Manuel Zelaya se alejó de Washington y llegó a acuerdos petroleros con el gobierno de Venezuela, cuyo presidente era Hugo Chávez Frías. Además, se integró al ALBA.

El siguiente proyecto, era abrir un proceso constituyente y escribir una nueva constitución. Tal como lo habían realizado otros países de la región. Esto le trajo problemas con la elite empresarial, religiosa y política, que de inmediato propiciaron la nulidad del gobierno legítimo. En efecto, el presidente fue secuestrado por el ejército desde el palacio presidencial y expulsado del país.  ​Este hecho fue calificado como «golpe de estado» por la comunidad internacional y dividió al país entre los que resistían al golpe de Estado, y los que lo apoyaban.

Después el gobierno de facto que lo sucedió, en medio de esta crisis, Honduras celebró sus elecciones y resultó ganador el candidato del tradicional derechista y conservador Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Terminado este mandato sería elegido Juan Orlando Hernández. Ante las graves sospechas de fraude, se sucedieron varios días de manifestaciones con un saldo de 33 muertos. El gobierno declara el estado de emergencia. Según las la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «muchos manifestantes fueron apresados en instalaciones militares, donde fueron brutalmente torturados».

En el año 2019, el Departamento de Justicia de New York, encuentra culpable al hermano del presidente de Honduras Juan «Tony» Antonio Hernández. por crímenes de narcotráfico y tráfico de armas hacia los Estados Unidos.  Ahora, en esta semana el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) también fue declarado culpable este viernes, de tres cargos de narcotráfico y armas, por un jurado de Nueva York, tras un juicio que se ha extendido más de dos semanas.

Así Juan Orlando Hernández, se convierte en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico, después del panameño Manuel Antonio Noriega. Afuera del tribunal, un medio centenar de hondureños comenzaron de inmediato a celebrar el veredicto, que puede costar a Hernández varias cadenas perpetuas.

La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández no se limita a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política, desde al menos 2004, un tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, «así como la Policía y el Ejército» para apoyar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros lugares.

En resumen, Honduras tenía a un delincuente de derecha, con un amplio prontuario criminal como Presidente de la república por ocho años.

“Triste record para los hondureños, digo yo”.

Nota: Si alguien o algún medio de comunicación quiere publicar este artículo se lo agradezco de antemano

El articulo Honduras, Juan Orlando Hernández, el ex-Presidente delincuente y narcotraficante apareció primero en piensaChile.

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Rafael Correa comenta el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

Entrevista:

Correa mencionó que para él en este crimen «hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la Policía», debido a diferentes acciones que se dieron en torno al asesinato, aunque aclara que todas las hipótesis deben ser verificadas.

*Fuente: ActualidadRT

El articulo Rafael Correa: «El crimen organizado se ha infiltrado en el Estado» apareció primero en piensaChile.

Imágenes captadas en el lugar del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio pic.twitter.com/7kG0N7ZYMo

— Sepa Más (@Sepa_mass) August 10, 2023

Fernando Villavicencio Valencia, asesinado a tiros este miércoles tras un acto político en Quito (Ecuador), era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye para los comicios presidenciales anticipados, que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.

Villavicencio, de 59 años, estudió periodismo y fue muy afín al activismo político desde muy joven. En 1995, junto con otros dirigentes, contribuyó a fundar el movimiento Pachakutik, una organización independiente de partidos tradicionales compuesta por elementos de organizaciones indígenas. Ese mismo año comienza a laborar como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador, donde luego asesoraría a su federación de trabajadores como sindicalista.

A inicios de la década del 2000, retomó el periodismo y comenzó a labrar prestigio como investigador junto a portales digitales como Vanguardia, Plan V, Periodismo de Investigación, entre otros. En una entrevista reciente con el diario El Universo, el propio Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con corrupción.

Durante el primer mandato de Rafael Correa, en 2007, como parte de una comisión de expertos petroleros, Villavicencio le sugirió al presidente terminar un contrato con la brasileña Petrobras debido a un «perjuicio de 2.000 millones al Estado». Correa desestimó la recomendación y el entonces periodista denunció ante la Fiscalía los hechos. Desde entonces se posicionó como una de las voces más críticas contra el correísmo.

Candidatos a la Presidencia de Ecuador suspenden sus campañas tras el asesinato de Fernando Villavicencio
Candidatos a la Presidencia de Ecuador suspenden sus campañas tras el asesinato de Fernando Villavicencio
En enero de 2014, Villavicencio y el legislador por Pachakutik Cléver Jiménez, a quien el primero le servía como asesor político, fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por injurias al presidente Correa. Ambos se refugiaron en la Amazonía. Fernando salió de Ecuador y posteriormente Perú le dio asilo político y se mantuvo en la clandestinidad durante tres años.

En 2017, durante el Gobierno de Lenín Moreno, Villavicencio regresó a su país. Ese año presentó ante la Fiscalía una denuncia por mal uso de recursos públicos en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina. También fue uno de los que denunció el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde —por el que se sentenció a Correa a ocho años de prisión por cohecho—, recoge el periódico El Comercio.

En octubre de 2020, Fernando Villavicencio anunció su candidatura a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento Alianza Honestidad y ganó. Desde el Legislativo, mantuvo varios enfrentamientos con grupos de oposición y con el Gobierno. Entre mayo de 2021 y mayo de 2023 dirigió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hasta que el presidente del país, Guillermo Lasso, invocó el mecanismo conocido como ‘muerte cruzada’ y disolvió la Asamblea Nacional. Este recurso constitucional obligó a la convocatoria de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

El pasado 12 de junio, Villavicencio presentó su candidatura como aspirante a jefe de Estado, acompañado en la papeleta de Andrea González como candidata a la Vicepresidencia. La agencia EFE lo describe como un candidato con inicios ideológicos en una «izquierda moderada», que ahora se define de centro, pero sin partido político. Entre sus propuestas se destacan sus proyectos para enfrentar la inseguridad que atraviesa Ecuador, entre ellos el de construir una cárcel de «altísima seguridad» para «encerrar» a los delincuentes más buscados del país.

En una entrevista con EFE en mayo, el exlegislador había asegurado que deseaba llegar al Palacio de Carondelet para «enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y que tienen de rodillas a la sociedad». Insistió en que, de salir victorioso en los comicios, combatiría las «mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico», así como las «estructuras delictivas de minería ilegal» y aquellas «estructuras corruptas en el sector público».

*Fuente: ActualidadRT

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