La Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, efectuada por el Presidente Salvador Allende en 1971, se tuvo que hacer por reforma constitucional, para, entre otras razones, evitar tener que pagar indemnizaciones incluso por los yacimientos mineros. Por esta razón, al hacerse esta reforma constitucional, Ley 17.450, antes de proceder a la nacionalización mediante disposiciones transitorias, se procedió a reformar primeramente normas permanentes de la Constitución, en particular, del N° 10 del artículo 10 de la Constitución de 1925, disponiendo lo siguiente:

“b) Intercálanse a continuación del inciso tercero lo siguiente:

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales”.

Si bien desde 1857, el Código Civil en el art. 591 dispuso que el Estado es dueño de todas las minas, y todos los Códigos de Minería, desde el primero de 1874, en su artículo primero disponía que el Estado es el dueño de todas las minas, pero, aquí, con esta reforma constitucional, el dominio patrimonial absoluto del Estado sobre todas las minas adquirió rango constitucional.

En la misma Ley 17.450, pero en la Disposición 17° Transitoria, se procedió a la nacionalización propiamente tal.

“DECIMOSEPTIMA.- Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 10° de esta Constitución Política, nacionalízanse y declaránse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, considerándose como tales las que señala la ley, y, además, la Compañía Minera Andina”.

Y más adelante, en la letra a), respecto de las indemnizaciones, dispuso que será el Contralor General de la República que deberá calcularlas, teniendo en cuenta el valor libro de las empresas, y en el inciso quinto se dispuso:

“En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del N° 10° del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros. Dichos derechos serán inscritos sin otro  trámite a nombre del Estado”.

El inciso cuarto del N° 10 del artículo 10, es el que vimos más arriba respecto del dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, y que es el que permitió que no se pagara ninguna indemnización por los yacimientos mineros de las empresas nacionalizadas.

Felizmente esta disposición quedó vigente en la Constitución de 1980, a pesar que la mayor parte de los miembros de la Comisión Constituyente (1973-1978) y del Consejo de Estado (1978-1980), la suprimieron, fueron los militares, en una tercera instancia constitucional, que reintrodujeron en la actual Constitución, el dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, casi exactamente en los mismos términos que la Ley 17.450, de la Nacionalización del Presidente Allende, y que se encuentra en el inciso sexto del N° 24 del artículo 19 de la actual Constitución, lo que permite que si se vuelve a efectuar una nueva nacionalización de la industria minera privada, no se tendrá que pagar indemnización por los yacimientos mineros, puesto que estos son del Estado.

Pero, ¿se puede nacionalizar en la actualidad, en pleno siglo XXI? Si, se puede y volveremos sobre este punto más adelante.

Volviendo sobre la Nacionalización de 1971 del Presidente Allende, esta reforma constitucional está actualmente vigente en la Constitución de 1980, porque ésta, en su Disposición Tercera Transitoria, dejó vigente la Disposición Decimoséptima Transitoria de la Constitución de 1925, que es precisamente la reforma constitucional que nacionalizó las empresas de la gran minería, que hoy están representadas en Codelco. Sin embargo, Codelco, que en 1989 producía casi el 90 % del cobre chileno, hoy produce solo el 26%, el resto ha vuelto a estar en manos de empresas privadas por lo general extranjeras, con casi nulo beneficio para el país, en relación con los beneficios que las empresas norteamericanas que fueron nacionalizadas en 1971. Por lo que la nacionalización es más evidente y necesaria que en 1971, por algunos datos que pasamos a analizar.

En Chuquicamata había una fundición y una refinería de cobre, y además un enorme campamento que más bien parecía una ciudad con todas las comodidades necesarias, que contaba con un gran hospital, con estadio, escuelas, teatros, cines, generación eléctrica propia en Tocopilla, y la compañía en los 50 años que llevaba de explotación del mineral había construido carreteras, líneas férreas, etc.

En El Teniente se construyó el gran campamento de Sewell, la Termoeléctrica Cachapoal; en Potrerillos y El Salvador, también se construyeron campamentos que parecían verdaderas ciudades, con hospitales escuelas, estadio, teatros, etc. y evidentemente ferrocarriles, carreteras y fundiciones y refinerías.

La diferencia es colosal con lo que hicieron o no hicieron las actuales empresas extranjeras de la gran minería, que ingresaron a Chile  principalmente a partir de 1990. ¿Cuantas fundiciones o refinerías han construido? Ninguna. ¿Cuantas plantas de generación eléctrica? Ninguna. ¿Cuántas ciudades-campamentos? Ninguno. ¿Cuantos hospitales? Ninguno. ¿Cuantas líneas férreas? Ninguna.

Pero fuera de estas diferencias existen otras más importantes, que se relacionan con los tributos u aportes de estas mineras al Fisco. Produciendo solamente alrededor de 500 mil toneladas de cobre, las mineras norteamericanas nacionalizadas en 1971, tributaron durante los años sesenta del siglo pasado, en promedio 100 millones de dólares por año, lo que representaba cerca del 15% del presupuesto nacional. Las mineras extranjeras que producen en la actualidad, más de 4 millones de toneladas de cobre, aportan en tributos al Presupuesto Nacional, alrededor de 4% solamente, es decir 4 veces menos que en los años sesenta del siglo pasado, pero produciendo 8 veces más.

Esta colosal diferencia, justifica con mayor fuerza y razón que en 1971, que las actuales grandes empresas mineras deben ser nacionalizadas, lo que se debe hacer no solo por las razones económicas y sociales que hemos analizado, sino también, por dignidad nacional.

¿Es necesario efectuar una reforma constitucional, como en 1971, para poder nacionalizar? No, porque fuera del hecho que será muy difícil o imposible lograr el quórum suficiente en el Congreso Nacional, ya no es realmente necesario puesto que ya existe en la actual Constitución, en el inciso sexto del N° 24 del artículo 19, el dominio patrimonial del Estado, que permite que no se debe pagar indemnización por la nacionalización de los yacimientos mineros que se nacionalicen. Por otra parte, la nacionalización de las instalaciones de estas empresas se hace al valor libro, y como sus inversiones ya están en su mayor parte depreciadas (por la depreciación acelerada) o amortizadas, tampoco son sumas inalcanzables, sobre todo si dichas indemnizaciones se pueden pagar en un periodo no inferior a 10 años.

La nacionalización tampoco se puede hacer por ley, porque las materias que son propias del dominio legal están definidas en el art. 63 de la Constitución, que dispone: “Solo son materia de ley:” Enseguida en 20 diferentes números se describen las materias que obligatoriamente se tienen que hacer por ley. Entre esas 20 materias no se encuentra el concepto nacionalización. Incluso el concepto nacionalizar o nacionalización no existe en la Constitución actual. Por lo tanto, la nacionalización tampoco se puede hacer por ley. Sin embargo, la Constitución nos abre una puerta inexistente en las Constituciones anteriores, la de 1833 y la de 1925. Esa puerta es la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República.

En efecto, el art. 32 de la Constitución establece las atribuciones especiales del Presidente de la República, que el N° 6 dice que puede:

“6° Ejercer la potestad reglamentaria autónoma en todas aquella materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;”

La potestad reglamentaria autónoma, es la que permite que el Presidente pueda normar por un simple decreto supremo, todas aquellas materias que no deban ser regulada obligatoriamente por una ley. Como lo dijimos anteriormente, no existía en las anteriores constituciones chilenas dicha potestad, y se copió en parte de la Constitución francesa.

Esto significa que por un simple decreto supremo, cualquiera de los Presidentes de Chile, desde Pinochet a Boric, han podido nacionalizar la industria minera, pero nadie ha tenido el coraje y la inteligencia para hacerlo, como la tuvo el Presidente Allende.

Tenemos la oportunidad este año de elegir un Presidente de una verdadera izquierda que esté de acuerdo con la nacionalización, pero dicho candidato debe conocer bien la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República del N° 6 del artículo 32 de la Constitución.

Gobernar por decreto no es una novedad en la actualidad. Vemos que nuestro vecino, el Presidente Javier Milei de Argentina, ha normado una serie de materias por decreto presidencial. El Presidente Trump de EEUU, ha dispuesto una serie de medidas como subir los aranceles de importación, por simples decretos presidenciales, que incluso debieran hacerse por ley. Y en Francia, en vista que el Parlamento rechazó el proyecto de ley de aumento de la edad de jubilación, el Presidente Macrón ordenó que dicho aumento se hiciera por decreto, en base al artículo 49 inciso tercero de la Constitución Francesa.

Este año 2025, tenemos que elegir un Presidente de una verdadera izquierda o de verdaderos patriotas, que esté de acuerdo con la nacionalización de la actividad minera, pero si no se compromete a hacerlo en base a la potestad reglamentaria autónoma, del N° 6 del artículo 32 de la Constitución, ello no será más que promesas que se lleva el viento.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

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Me refiero principalmente a la Ley 17450 de nacionalización de la Gran Minería del Cobre de 11 de julio de 1971, así como la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM Ley 18097 21/01/1982) y literatura histórica internacional, incluyendo especialmente el derecho indiano y las Declaraciones de Naciones Unidas, Diario de Sesiones del Senado, resoluciones de la Contraloría General de la República, publicaciones de prensa de la época, y sin duda los debates parlamentarios respecto a la nacionalización del cobre realizada por el gobierno del presidente Salvador Allende, tema que ha sido abordado en el libro, La Batalla del Cobre, del principal asesor jurídico del presidente Allende, Eduardo Novoa Monreal.

La nacionalización consagra el derecho indiano establecido en Chile en el siglo XVIII y reconocido por don Andrés Bello (proyecto del Código Civil 1855) que por supuesto admite la concesión pero no a la manera de la LOCCM. Estos antecedentes han sido estudiados acuciosamente por el jurista Julio Vildósola Fuenzalida en su Tratado sobre el Dominio Minero y el Sistema Concesional en América Latina y el Caribe (Edit. OLAMI, CEPAL, 2000).

El sistema jurídico implantado por la dictadura cívico-militar modifica totalmente la tradición patrimonial-regalista heredera del derecho indiano para consagrar la llamada concesión plena o atribución del derecho de propiedad de la mina al concesionario. Lo que va en contradicción con el número 24 del Art. 19 de la Constitución Política del Estado (CEP, 1980) que declara que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, por lo que puede concesionar el mineral a los privados sin dejar de ser propietario.

Al dictarse el año 1982 la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) el concesionario pasó a ser propietario, consagrándose así la doctrina de la concesión plena, en contradicción con el artículo 19 ya citado de la Constitución de 1980. Jurídicamente la concesión no es sino un contrato intuitu personae (o arriendo) y de ninguna manera un contrato real sin respecto a determinada persona y aún oponible ante el Estado.

En definitiva, pese a la declaración constitucional, el Estado de Chile pasa a tener la nuda propiedad, o propiedad eminente del Estado de las minas.

-El autor, Héctor Vega, es abogado y economista. Miembro del Comité de Defensa del Cobre, miembro de la Organización Recuperemos Chile.

*Fuente: Prensa OPAL

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“Potencialmente rico, Chile ha sido un país pobre”; esta frase sintetiza la obra del realizador chileno Fernando Balmaceda, que relata el rol histórico que ha jugado la explotación del cobre en la economía de un país altamente desigual. A través de un acabado trabajo de montaje, fotografía y guion, la cinta manifiesta su postura crítica respecto al control extranjero, así como su apoyo a la nacionalización del mineral durante el gobierno de la UP.

Discurso del Presidente Salvador Allende, con motivo de la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971

Richard Nixon y su indignación por la nacionalización del cobre: “Es hora de pegarle a Chile en el culo”

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Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.

Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la patria como Presidente de ella, Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo. Aquí esta presente la imagen de O’Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos sus legítimos herederos, y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional.

Es el día de la solidaridad, porque Chile ha sido castigado por la fuerza de la naturaleza.

Hace poco, temporales, lluvias implacables, el frío y el peso de la nieve golpearon las casas, las industrias; destruyeron parte de las instalaciones, de los trabajos agrícolas. Y ahora hace pocas horas, minutos, por así decirlo, tres provincias: Valparaíso, Aconcagua, en el departamento de Petorca y Coquimbo, en Illapel, han sido sacudidas violentamente por un sismo que ha significado dolor, miseria y sufrimiento para cientos y miles de nuestros compatriotas. En este día, que debía haber sido de plena alegría, el pesar y la congoja viven sus horas largas en los hogares de miles y miles de chilenos, con 82 muertos, 182 lesionados graves, 80 menos graves y 185 lesionados leves, que son el reguero de pesar que deja el sismo. Sin embargo, hay algo más. Y hay algo más que, por cierto, no puede compararse con las vidas de personas y los hombres y mujeres que podrán quedar inválidos Y que tendrán, muchos de ellos, aunque heridos no muy graves, largos días para poder reincorporarse a sus hogares y a la producción; estas provincias han sido azotadas en el campo, en la industria, en los servicios públicos fundamenta1es. En el caso, por ejemplo, de Valparaíso, las industrias textiles fundamentales, y un número crecido de industrias pequeñas y medianas, no podrán seguir trabajando de inmediato. Ello significa amenaza de cesantía e inquietud para muchos hogares.

De la misma manera, ocurre en el departamento de Petorca y en Illapel. También hemos sufrido seriamente daños en la planta de ENAMI en Las Ventanas, en el puerto de San Antonio y en la ENAP de Concón. En cuanto a los servicios púb1icos, el daño es muy crecido en los hospitales. Diecinueve de ellos están inservibles, fundamentalmente los de Combarbalá, Illapel, Melipilla y Casablanca. Un somero estudio significa que debemos invertir más de nueve millones de escudos para reparar los hospitales y los consultorios. También hay que señalar la destrucción de un número crecido de oficinas públicas y no menos de cuarenta comisarías y retenes de Carabineros. Quiero señalar la magnitud del sismo diciéndoles a ustedes que en la provincia de Coquimbo el 30% de las viviendas están dañadas. En Aconcagua, el 40%, en el departamento de Petorca. En Santiago, el 4%; en Valparaíso y Viña, el 32%. Un dato más preciso nos hace ver que en Illapel hay 718 casas que no pueden ser habitadas y 298 semidestruidas. Es por eso que este día, que es el día de la dignidad, tiene que ser el día de la solidaridad, y aquellas provincias y aquellos hombres y mujeres de Chile que fueron azotados por el viento, por la lluvia y por la nieve, tendrán que tener coraje como el resto de nuestros compañeros, como el resto de los ciudadanos, para levantarse y estar junto a las provincias azotadas por el terremoto. Así, Chile demostrará su entereza y la voluntad del pueblo.

Destaco lo extraordinario de este acto. Cómo se ha reunido el pueblo de Rancagua, cómo están aquí campesinos, empleados, profesionales, técnicos, mujeres y jóvenes. Cómo diviso desde esta tribuna los cascos de los mineros que traen, en la palabra de sus dirigentes, el compromiso ante la historia y su conciencia de ser ejemplares trabajadores para hacer producir más al cobre y entregarlo al servicio de la patria.

Están aquí ministros de Estado, subsecretarios, dirigentes nacionales de organismos relacionados con el cobre; dirigentes de la CORFO; está en esta tribuna el compañero presidente de la CUT. Lo están también el comandante de la Guarnición, coronel Raúl Martínez; el coronel de la Fuerza Aérea señor Claudio Sepúlveda, director de la Sociedad Minera de El Teniente, y el jefe de la Tercera Zona de Carabineros, general Sergio Moller. He querido nombrar, destacando la significación que tiene la presencia en esta tribuna, habiendo venido especialmente de Santiago, para ello, del cardenal de la Iglesia chilena, Raúl Silva Henríquez. Por sobre profesiones, ideas, principios de doctrinas o creencias, en el crisol de Chile, tesón del pueblo para gritar ¡Viva Chile, independiente y soberano! Compañeras y compañeros de la patria: quiero hacer un informe más que un discurso propiamente tal. Es indispensable que cada uno pese, recuerde, aprenda, para que pueda cumplir el compromiso y el desafío a que estamos abocados. Este momento histórico no habría podido suceder si el pueblo no lo hubiera alcanzado en la victoria del 4 de septiembre. Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas mineras, no sólo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas. Es por eso que cada hombre y cada mujer debe entender que queremos colocar al servicio del hombre de Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pueblo, y abrirles horizontes espirituales distintos. De aquí también que hoy, en que expresamos que Chile será dueño del cobre, tengamos también que agregar que, lamentablemente, no podremos aprovechar los excedentes del cobre y tendremos que invertir gran parte de las utilidades, si no todas ellas precisamente, en defender el cobre y hacer que éste alcance los índices de producción que son indispensables para Chile. Y eso se deberá a las condiciones en que recibimos las minas, como oportunamente lo destacaré.

Quiero insistir que, porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy día digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobemaron el país, las viejas y rancias oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros, postergando los sagrados intereses nacionales. Queremos que se entienda, entonces, que ha habido en los últimos decenios dos concepciones distintas. La primera, típicamente capitalista, para entregar el manejo del cobre, libremente, a las empresas, en el juego de la industria privada. Por eso, lamentablemente, también hay que recordar que, cuando se entregaron estas riquezas, se negó a los chilenos la capacidad de poder manejarlas. Se menospreció al hombre nuestro, y se nos entregó a la tutela extranjera. Ello no sólo permitió que salieran de la patria cantidades fabulosas de dinero, riquezas inmensas para ir a tonificar economías extrañas, sino que esta misma dependencia nos impuso no sólo, repito, la salida de recursos económicos, sino, al mismo tiempo, limitó nuestras posibilidades de preparación técnica. Vivimos, y nos quisieron imponer desde fuera, en el manejo técnico de la más fundamental de las riquezas nuestras, limitando las posibilidades de acceso a los altos mandos de la ciencia y de la técnica para nuestros profesionales, situación que, por cierto, colocaba en inferioridad al chileno frente al extranjero. Baste recordar la responsabilidad de los que han tenido el manejo del país, señalando, por ejemplo, que éste, que es un país riquísimo en yacimientos mineros, y en donde ni siquiera hay un catastro completo de las posibilidades que tenemos, que, en este aspecto, no hay organismo centralizado y nacional que concentre a los geólogos, por ejemplo; como tampoco se creó el Instituto de Investigación Cuprera. Es decir, nos mantuvimos sometidos, sin comprender y mirar el futuro y sin avizorar la importancia transcendente que tiene y tendrá el preparar a los chilenos para que asuman la responsabilidad de hacer producir sus minas, ahora, sobre todo, cuando las minas son del pueblo y son de Chile.

Y hubo largos años sin el más leve control, satisfechos tan sólo los gobernantes con recibir un porcentaje de las utilidades. Hubo largos años, lentamente, por la acción del pueblo y de sus partidos de vanguardia, que se fue creando la conciencia que obligaba a los poderes públicos a comprender que no podía continuar la manera irresponsable como se había dirigido nada menos que la explotación más importante para el país: el cobre. Y debo recordar que como consecuencia de haber presentado un proyecto los sectores populares, proyecto que llevaba mi firma para crear la Corporación del Cobre primero y la Corporación de los Minerales Básicos después, nació, en un momento difícil para Chile en que había acumulado un gran stock, CODELCO, vale decir la Corporación del Cobre, que empezó a ser un organismo que siquiera permitía a los chilenos mirar en sus grandes líneas, sin poder intervenir en la dirección de las empresas, lo que ocurrió en el cobre. Sin embargo, en la conciencia de las masas populares, en la concepción de los partidos de vanguardia y en la lucha de los trabajadores, estaba impresa la voluntad insobornable de seguir avanzando. La batalla electoral de 1964 se dio fundamentalmente ante dos criterios: los que sostenían la llamada chilenización del cobre y los que sosteníamos la nacionalización del cobre. Los documentos públicos plantearon la diferencia de ambas concepciones y me correspondió el 64 recorrer Chile entero para decir al hombre del pueblo por qué luchábamos por la nacionalización, como me corresponde ahora como Presidente del pueblo convertirla en realidad.

Siempre dijimos que la chilenización, que podía estimarse por algunos como un paso hacia adelante, era incompleta, que los llamados convenios perjudicaban el interés del país en beneficio de las empresas. Quiero dar algunas cifras: a la Anaconda a cambio del 51% de las acciones se le entregaron pagarés por 175 millones de dólares. En ese momento el valor libro de esa empresa era de 181 millones. Es decir, por el 51% de las acciones prácticamente pagamos el total de la empresa. En el caso de El Teniente, como así lo dijera el compañero Moraga, se pagaron a la Branden 80 millones de dólares aunque el valor libro era inferior a esa cifra. Además nuestro Gobierno avaló un crédito por 125 millones de dólares tomando en cuenta los intereses. No existe un compromiso en relación con el 49% de las acciones de la Braden, lo que podía haber permitido que después de los planes de expansión el valor de esas acciones, si hubiera querido comprarlas Chile, habría alcanzado un alto precio. Hay que destacar también que la administración quedó, a pesar de tener tan solo el 49%, en poder de los americanos. Con la Anaconda se llegó a un convenio que daba a Chile opción para adquirir el 49% de las acciones pendientes.

Pero el precio dependería de las utilidades obtenidas en los dos años anteriores a esta compra, lo que presumiblemente también, según los cálculos haría que por este 49% se pagara una suma muy alzada. Las empresas, como consecuencia de lo que estoy planteando, para aumentar la producción y la rentabilidad de los próximos años, han hecho una explotación a destajo de los minerales, totalmente inconveniente para los intereses nacionales y a expensas de la explotación en el futuro. Antes de entrar a exponer la política del Gobierno Popular, quiero referirme brevemente a lo sucedido hasta ahora, lo sucedido en la explotación del cobre por las empresas privadas en manos extranjeras. Quiero recordar tan solo que las inversiones iniciales se aprecian en 50 y 80 millones de dólares. Quiero decirles que de 1930 a 1970 las utilidades de las empresas alcanzaron a 1.576 millones de dólares y que los valores no retornados, es decir, que quedaban fuera de Chile, llegan a este período a 2.673 millones de dólares. Mientras tanto, entre el año 1930 y el 1970, se hacen inversiones netas por un valor de 647 millones de dólares. Pero esta inversión neta se hace a crédito y hoy las compañías están debiendo 700 millones de dólares al propio Gobierno; por los dividendos, cerca de 100 millones, y además, a CODELCO, 71 millones, y 31 millones de dólares al comercio nacional e internacional.

Contrastan estas cifras con las utilidades obtenidas, que también voy a dar a conocer. Pero quiero que ustedes entiendan que los llamados planes de inversiones han significado deudas, mejor dicho compromisos del cobre con instituciones internacionales, para el llamado plan de inversiones. Por ejemplo, la Compañía Minera El Teniente, 239 millones, que con los créditos alcanzan a 321. La Minera Andina, 132 millones, que llegan a 159 con los créditos. Es decir, se invirtieron 132 y se deben 159. Chuquicamata, el plan de inversiones representa 147 millones, y se deben 132. En total, repito, el plan de inversiones ha significado 622 millones de dólares, y las deudas son 704 millones de dólares. Sin embargo, frente a esto, que pesará sobre nuestros compromisos que tendremos que cumplir, porque el Gobierno del pueblo sabrá respetar los compromisos internacionales de Chile -y no queremos de ninguna manera dejarlos de cumplir, aunque, lamentablemente, tengamos que señalar que esas son cifras cuantiosas que pesan sobre el presente y el futuro de nuestra patria-, el Gobierno Popular cumplirá con los créditos de Chile para demostrar que el Gobierno asume plenamente la responsabilidad de las gestiones.

Sin embargo, por qué hay que plantearse este endeudamiento cuando las empresas tuvieron utilidades como las que voy a señalar. La Braden, entre 1960 y 1964, obtuvo 62 millones de dólares de utilidad, y entre 1965 y 1970, 156 millones. El Salvador, de 1960 a 1964, 9,9 millones de dólares, y de 1965 a 1970, 71 millones de dólares; Chuquicamata, de 1960 a 1964, 141 millones de dólares, y de 1965 a 1970, 325 millones de dólares. Cifra total: de 1960 al 1964, sumando El Teniente, El Salvador y Chuqui, 213 millones de dólares; de 1965 a 1970, sumando las utilidades de las 3 compañías que he nombrado, 552 millones de dólares. Pero veamos los promedios anuales: las compañías obtuvieron de 1960 a 1964, cuando eran dueñas totales de las acciones, en el caso de El Teniente, 12 millones; y esa misma compañía, con el 49%, entre 1965 y 1970, ha obtenido un promedio anual de 26 millones. Es decir, se ha duplicado la utilidad de la compañía teniendo tan sólo el 49% de las acciones. En el caso de El Salvador, con el 100%, entre 1960 y 1968, un promedio anual de 5,1 millones de dólares, y de 1969 a 1970, con el 49% de las acciones, esa compañía saca 12 millones de promedio anual. Y en el caso de Chuqui, de 1960 a 1968, con el 100%, tienen un promedio de 45,5 millones de dólares al año, y entre el año 1969 y 1970, teniendo tan sólo el 49% de las acciones, tienen un promedio de utilidad de 82,5 millones de dólares. Por eso nosotros criticamos los convenios del cobre, criticamos la chilenización y criticamos la nacionalización pactada, y por eso dijimos siempre, y lo confirmamos ahora, que éramos partidarios de la nacionalización integral, para que no vayan saliendo de la patria ingentes sumas, para que Chile no siga siendo un país mendicante que pide con la mano tendida unos cuantos millones de dólares mientras salen de nuestras fronteras cifras siderales que van a ir a fortalecer a los grandes imperios internacionales del cobre.

No queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales; no queremos seguir vendiendo barato y comprando caro. Por eso, ahí está el programa de la Unidad Popular, que es un programa esencialmente patriótico, puesto al servicio de Chile y los chilenos. Y por eso estoy aquí, como Presidente del pueblo, para cumplir implacablemente ese programa.

Quiero repetir que las compañías sacaron, entre el año 1965 y 1970, 552 millones de dólares. De esta cantidad no quedó un centavo en los programas de expansión,

los que se están debiendo en su totalidad. Por eso, hecho este balance somero del ayer y de hoy, se puede pensar que se entiende cuál es la posición del Gobierno Popular, cuál es la posición de ustedes, que son gobierno, compañeros. Lógicamente que nosotros diferimos de los que con criterio increíble durante años y años toleraron y aceptaron el manejo irrestricto de la empresa privada a su arbitrio y capricho. Y diferimos también de la Democracia Cristiana en su criterio frente a los convenios y la nacionalización pactada y chilenización.

Para que Chile pueda utilizar a plenitud la riqueza esencial del cobre es que debe ser, como lo he dicho hace un instante, incorporado plenamente al área social de la economía. Y por eso, el Gobierno Popular estableció tres medidas esenciales: nacionalizar las minas, determinar en qué estado están y aumentar racionalmente la producción. Veamos el proyecto de nacionalización. Sostuvimos que era lo más importante. Y fue el primer proyecto enviado al Congreso Nacional.

Unos sostenían que bastaba una ley. Nosotros dijimos que no, que era preciso una reforma constitucional. Era la única manera de deshacer la maraña jurídico-económica que nos amarraba con las empresas, terminar con los llamados contratos-leyes, los convenios y la chilenización, y la nacionalización pactada. También era fundamental que en esa reforma se fijara el valor de libro, las utilidades obtenidas por las compañías por el promedio mundial y el plazo para pagar las indemnizaciones. Además, era indispensable destacar y señalar a quién correspondía el pago de las indemnizaciones para obreros, empleados y técnicos. Quiero decir, honestamente, que me opuse a que quedaran consignados en la reforma constitucional los derechos de los trabajadores del cobre. Me opuse, oíganlo bien, compañeros, porque al hacerlo, y quedó establecido así, hay como una desconfianza al propio Gobierno de ustedes. Yo he pensado siempre que en la Carta Fundamental no pueden incorporarse ni siquiera las conquistas de un sector de la importancia de los trabajadores del cobre. Además, quise hacer entender a los trabajadores del cobre que la garantía no está en la boca de la Carta Fundamental, sino en la conciencia de los trabajadores y en su presencia en el Gobierno de la República.

No voy a vetar el precepto que está incorporado, pero señalo que es innecesario. Además, queríamos que todos los yacimientos mineros a nombre de terceros, que pueden estar y deben pertenecer a las compañías, pasaran al Estado. Es fundamental que se entienda cómo ha sido despachado el proyecto que esta tarde votará el Congreso. Y destaco que, a pesar de que no salió como nosotros deseábamos, es un paso hacia adelante, y por cierto que respetamos la decisión del Congreso, como el Congreso deberá respetar también la nuestra, y veremos después de la votación de esta tarde si acaso es necesario o no vetar el proyecto de reforma constitucional.

Nosotros pensamos que en este proyecto se otorgan a los concesionarios demasiadas garantías y facultades; me refiero a los concesionarios de minas, que los convierten en casi un propietario. El plazo para pagar las indemnizaciones, que originalmente era de 30 años, ahora podrá ser inferior. Originalmente el interés era tan solo de un 3% anual. Ahora podrá elevarse. En el proyecto nuestro se responsabilizaba a las administraciones actuales de las empresas de la situación de los bienes a su cargo. En su cargo. En el proyecto votado por el Congreso se suprime esta disposición. El proyecto original disolvía las sociedades mixtas formadas en virtud de los convenios, y facultaba al Presidente de la República para organizar la explotación de las mismas por cuenta del Estado. El proyecto que votará el Congreso reconoce las sociedades mixtas y establece nuevas sociedades que serán continuación de aquéllas. El cambio tiene por objeto salvar los resultados de los convenios. Esta razón política sólo ha servido para hacer más confusas algunas disposiciones del proyecto.

En el proyecto original, el Estado tenía facultades más amplias para resolver las deudas de las empresas que pagaba. El proyecto actual tiene, además, otros vacíos que no podremos analizar para no dar argumentos precisamente a las empresas que seguramente van a defender sus derechos. Y destaco que están tan garantizadas sus posibilidades de defensa de sus derechos, demostrando la equidad de este Gobierno y también del Congreso, cuando se establece que será el Controlador General de la República el que fije el monto de las indemnizaciones, cuando se entrega al Jefe del Estado la apreciación de lo que debe descontarse por las sobreutilidades obtenidas sobre el promedio internacional, y cuando este mismo Presidente de la República pueda fijar el plazo en que deben pagarse estas indemnizaciones. Además establece un tribunal ante el cual pueden apelar las compañías, formado por dos ministros de la Corte, por el jefe de Impuestos Internos y además por un representante del Tribunal Constitucional, que tendrá que constituirse, y por el vicepresidente de la CORFO. Con ello estamos demostrando que este Gobierno Popular, que es un gobierno revolucionario, le da aun a los que han explotado a Chile la posibilidad de defender sus derechos, y legítimamente pueden hacerlo. Nosotros procedemos con responsabilidad y mostrando que el pueblo no necesita apropiarse de lo ajeno, sino, sencillamente, ventilar, con conciencia revolucionaria, la verdad de las empresas. Y pagaremos indemnizaciones si es justo, y no pagaremos indemnización si es injusto.

Par eso, podemos decir que el proyecto inicial defendía, a nuestro juicio, mejor los intereses de Chile. Sin embargo, el proyecto que esperamos salga aprobado en el Congreso es una herramienta que nos permitirá, junto con tomar estas medidas de tipo administrativo, defender esos intereses. Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano, acto soberano que inclusive está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas esenciales. Par eso quiero señalar una vez más esta primera batalla muy larga y permanentemente dada por los partidos populares. Los dos primeros proyectos de nacionalización del cobre llevan la firma de Salvador Ocampo, hoy día viviendo en México, y que fue senador comunista ayer, y de ese viejo admirable que fuera presidente del Partido Comunista y mi amigo personal, Elías Lafertte. Y el otro proyecto de nacionalización del cobre lleva mi firma, y fue presentado a nombre de los parlamentarios socialistas. Es decir, esta batalla ha sida larga, pero hay que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día en Chile la inmensa mayoría de los chilenos estén junto a Chile y su futuro, y que sientan este día como el día propio. El Congreso Nacional, al aprobar la idea modificadora de la Constitución, para que podamos nacionalizar el cobre, ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el pueblo ha luchado y luchará par recuperar las riquezas de Chile en manos del capital foráneo.

Llega en estos momentos una información de los trabajadores de El Salvador y el pueblo debe escucharla. Ayer sábado, los trabajadores de El Salvador batieron todos los récords de producción en la historia de la mina. Produjeron 52.000 toneladas, que es el doble de la producción normal, superior en 15.000 toneladas a lo que se había alcanzado como más alta cifra en 1966. Sa1udo desde aquí con orgullo patriótico a los trabajadores del cobre de El Salvador que en este día entregan esta cifra que refleja su conciencia revolucionaria y su voluntad de chilenos.

Dije que la primera medida era la reforma constitucional. Enseguida, la segunda, establecer como recibíamos las minas, el balance de ellas. Quiero, antes de entrar al detalle de esto, recordar los siguientes antecedentes previos para que se vea la magnitud de lo que es el cobre para Chile.

Tenemos las más grandes reservas del mundo. Un poco más de la cuarta parte de las reservas del orbe. Sin embargo, nuestra producción ha ido descendiendo en escala internacional. Hoy es sólo de un 13% de la producción mundial. Hace 20 años era un 20%. Al detallar las condiciones en que recibimos las minas me voy a referir tan solo a esos dos grandes gigantes que son Chuquicamata y El Teniente. Chuquicamata, la más grande mina del mundo a tajo abierto, que es un gigante prematuramente envejecido, y El Teniente, la mayor mina de cobre subterránea del mundo y que es un gigante deformado, compañeros.

Nosotros hemos heredado la forma irracional de explotación de las empresas privadas extranjeras, a las que interesó fundamentalmente obtener el máximo de utilidades en breve plazo sin considerar el interés nacional y el futuro de las minas. Por eso es que ha hecho bien aquí el representante de los supervisores, compañero Rodríguez, en señalar que muchas veces los técnicos, aunque no alcanzaron los niveles superiores del conocimiento del manejo de las minas, los planes geológicos y los detalles de los planes de desarrollo que fueron impuestos desde afuera, criticaron cómo se desarrollaba esta explotación. Por eso es que nosotros, tomando en cuenta la importancia trascendente de lo que representa el que Chile entero y el mundo sepan en qué condiciones están las minas y cómo las vamos a recibir, hemos solicitado un informe de un organismo importante, como es la Sociedad Francesa de Minas, que tiene más de 2.000 técnicos y un prestigio nacional e internacional indiscutible. Además de contratar a estos técnicos franceses, que son asesores de servicios en su propio país y en otros, Chile ha contado con el estudio que han hecho compañeros que han venido de los países socialistas y fundamentalmente con una delegación de técnicos enviados por la Unión Soviética a requerimiento del que habla; por lo tanto, lo que vamos a decir y que Chile debe conocer, la realidad y el balance de cómo recibimos las minas, tiene como base el informe esencial de un organismo de prestigio internacional y además la opinión de técnicos socialistas que tienen la misma solvencia y que han hablado el mismo lenguaje que los franceses.

Dice el informe francés que resumo para ustedes: Chuquicamata: el informe destaca que el yacimiento se explotó pensando sólo en recibir utilidades inmediatas. Por ejemplo, en los últimos años la compañía se ha dedicado intensivamente a extraer mineral de cobre sin retirar el ripio, lo que hace muy difícil continuar el trabajo. Y retirar el ripio, según cálculos, es una cifra superior a los 20 millones de dólares. Las reservas de material preparadas para su extracción sólo alcanzan para pocos meses. Retirar aceleradamente el lastre nos ha aumentado el costo de producción.

Además, dice el informe francés: las instalaciones actuales de mantención del equipo minero no corresponden al tamaño de la empresa y están en mal estado. Para dejar la mina en condiciones de explotación racional es necesario invertir más de 30 millones de dólares. Oigánlo bien, a nosotros que se nos acusa de haber echado a los técnicos extranjeros cuando reiteradamente les dijimos a aquéllos que suponíamos con capacidad técnica que se quedaran, les dijimos que nosotros jamás negaríamos el conocimiento de ningún hombre, cualquiera que fuera el país donde había nacido, o cualquiera que fueran sus ideas, siempre que aceptara ser un técnico y respetara la orientación que Chile quería darle a la explotación de las minas. Piensen ustedes: en 15 años en Chuquicamata, han pasado 13 superintendentes generales; por el concentrado de Chuqui, en los últimos 3 años, 6 superintendentes; es decir, que el éxodo, la salida de los técnicos, ha venido produciéndose hace muchos años, porque los técnicos que trabajan las minas en Chile forman parte de un gran consorcio internacional y para ellos había expectativas de orden económico con otros países. Por eso hemos tenido que reclamar nosotros, y que se sepa que nuestra actitud no ha sido ni será jamás la de renunciar a aprovechar la capacidad técnica de un hombre, sea cual sea su posición política y el país donde haya nacido. Dice el informe francés: el conjunto de las plantas se encuentra en un estado alarmante, porque no se han tomado a tiempo las medidas adecuadas; escuchen compañeros jóvenes. Por ejemplo, la planta de molibdeno es una ruina y las celdas de explotación de la planta principal no están mejor. Lo dicen los franceses, lo afirman los soviéticos.

Sigue textualmente el informe en la página 5, refiriéndose a los compatriotas nuestros: «Los responsables actuales han llegado a una situación tal que se ven enfrentados con todos los problemas al mismo tiempo, han heredado una situación tal». Es decir, nuestros técnicos, sin vasta experiencia, han tenido que esforzarse y han podido mantener niveles de producción y se reconocen el esfuerzo y la dedicación de los chilenos en los propios informes franceses y soviéticos. Por eso nosotros recordamos aquellos otros que no tienen fe en el pueblo y en la capacidad de nuestros hombres. Nosotros sabemos que es un gran desafío, y ese desafío, en la parte que llevamos hasta ahora, han podido cumplirlo, como lo hemos señalado, los técnicos, los empleados, los supervisores, los obreros del cobre, y el mejor ejemplo está aquí, en la producción de El Salvador que acabo de entregarles a ustedes.

Dice el informe francés: la instalación del tratamiento de óxidos, que data de principios de siglo -fíjense ustedes, tiene mas años que yo esa planta-, está hoy completamente obsoleta, es decir, que ya no sirve técnicamente. Los franceses agregan: en tales condiciones, debiendo combatirse continuamente dificultades de toda clase, debidas tanto a lo vetusto de los equipos de trabajo como a la naturaleza refractaria de los minerales de La Exótica, solamente puede felicitarse a los responsables actuales, quienes han logrado, a pesar de todo, asegurar una cierta producción.

Dice el informe de los franceses en relación con las fundiciones: los hornos de reverbero están mal implantados en relación con los convertidores. No existe ningún sistema de control físico químico que permita el manejo racional de las unidades de fusión. Agrega: los problemas de higiene y de seguridad de los trabajadores están mal solucionados. No hay mantención preventiva. Advierte, señala, condena: no se aprovechan los gases de los convertidores, perdiéndose mas de 1.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico. La recuperación del ácido no sólo será económicamente provechosa sino que mejoraría la salubridad de las faenas. Es decir, se pierden 1.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico, como tampoco se han extraído el oro, la plata, el tungsteno, el renio que se llevaban en las barras.

Las refinerías, dice, la número 1 es caduca y mal conservada; la 2 está en buenas condiciones. Y éste es el informe francés. Y con él coinciden en sus grandes líneas los soviéticos y demuestran en qué condiciones recibimos la más grande mina a tajo abierto del mundo. Por eso he dicho que Chuquicamata es un gigante enfermo y nosotros tendremos que esforzarnos por hacer posible que los técnicos chilenos puedan, con una posición distinta de ingeniería y técnica, recuperar esa riqueza fundamental que ha desbaratado la avaricia de los empresarios privados que querían llevarse las utilidades sin invertir lo suficiente y necesario para preservar el futuro de las minas.

El caso de El Teniente no está, según el informe de los franceses, en mucho mejores condiciones, a pesar de que se reconoce que las instalaciones son indiscutiblemente mejores. Aunque el trabajo de la sección minas es en general satisfactorio, dicen, los nuevos tipos de rocas que se han encontrado obligan a modernizar el sistema de explotación. Es decir, lo que hasta hoy se ha hecho ha sido posible porque es blanda la roca. Entre la futura roca que hay que explotar y la actual hay una capa de agua, que además la roca que está debajo es muy dura y la explotación con los bloques hundidos requerirá un estudio profundo e innovaciones que van a costar mucho dinero que desde el punto de vista de los estudios de magnificación matemática debía haberse invertido hace mucho tiempo.

Esto significa que deben iniciarse de inmediato trabajos experimentales para elaborar los proyectos necesarios que requerirán la incorporación de especialistas muy bien calificados.

Dice el informe francés: la construcción del nuevo concentrador de Colón se limita por pésimo abastecimiento de agua. No se comprende cómo una inversión de expansión de la producción de 250 millones de dólares, pueda dejarse al azar del clima. Ya el año pasado hubo dificultades, pero la empresa administradora no hizo nada por superarlas. Una inversión, para tener el agua requerida, habría sido tan solo de 10 miliones de dólares cuando se empezó la expansión. Ahora tendremos que invertir 15 ó 20 millones de dólares y nos demoraremos un año o un año y media para garantizar el agua necesaria.

Enseguida, en la fundición, como sabemos todos, se han presentado graves dificultades en la transición del sistema antiguo a uno más moderno. Hubo errores de planificación y la empresa administradora no envió oportunamente especialistas en la nueva tecnología. Se ha dañado seriamente la producción y hemos sido obligados a disminuir las entregas invocando causa mayor en esta empresa.

Las dificultades de gestión son mucho mayores que en Chuquicamata; si bien cada una de estas unidades puede estar relativamente bien administrada, el conjunto funciona mal y eso es de responsabilidad exclusivamente de la empresa administradora. Eso se deduce del informe de los franceses.

En el resto de las minas, vale decir, Exótica, El Salvador y Andina, también tenemos el informe de los franceses, pero no voy a entrar en sus detalles para no prolongar demasiado mi intervención. Tenemos entonces que ya llevamos explicadas, frente a ustedes, dos de las medidas: el proyecto de reforma constitucional y el informe de los franceses y el de los soviéticos, sobre las condiciones de las minas.

Quiero hablar brevemente sobre la producción. Los sectores opositores al Gobierno han insistido en la baja de la producción comparando las cifras alcanzadas este año con las cifras estimadas por el plan de expansión elaborado por ellos. Veamos lo que pasó antes.

Para 1968 se programaron 566.000 toneladas métricas y sólo se produjeron 519; para el 1969 se programaron 564 y sólo se produjeron 540; para 1970 se programaron 676.000 toneladas métricas y sólo se alcanzó a 540. Para darles una idea de lo que esto significa, cuando en 1970 Chile produjo 136.000 toneladas menos de lo programado, esto representó para el país un menor ingreso de divisas de cerca de 550 millones de dólares. Las proyecciones de producción que el Gobierno anterior dio a conocer con motivo de sus convenios de chilenización y de nacionalización pactada, han resultado muy diferentes a la realidad. Se dijo que habría un aumento de un 70%. Eso ha significado 17.000 toneladas más.

Por eso es que nosotros rechazamos el que se quiera culpar al Gobierno Popular de la menor producción, sobre todo desconociendo la realidad en que están las minas, ignorando los informes que nosotros tenemos y cuya solvencia nadie puede negar. Nos preguntamos: ¿por qué antes de firmar los convenios, por qué antes de aceptar la nacionalización pactada o la chilenización, no se hizo un estudio exhaustivo de la realidad de las minas? Cuánto nos habríamos evitado, cuántas dificultades que hoy se presentan no las habríamos tenido si se hubiera actuado con un criterio preventivo. Por eso nosotros, antes de entrar a discutir las indemnizaciones, hemos querido tener los informes para que Chile y el mundo sepan por qué es la cuantía que nosotros estimamos que debemos pagar o no pagar, porque reafirmo, sobre la base de estos informes y la realidad de las minas actuará con decisión, con coraje, con valentía, con ecuanimidad, el Gobierno de ustedes, el Gobierno del pueblo. Reconocemos que el aumento de la producción que hay en estos primeros seis meses, comparados con los del año pasado, se debe a que han entrado en producción las minas Exótica y Andina, y declaramos que en El Teniente hemos tenido que enfrentar graves problemas y la menor producción se debe a la escasez de agua, a fallas técnicas de los convertidores, a la reparación de un horno de reverbero y a consecuencias del temporal de junio que afectó el suministro eléctrico, paralizando por seis días las plantas de Colón y la fundición. Pero yo tengo fe en el pueblo, que son ustedes, compañeros trabajadores de El Teniente. Tengo confianza en los técnicos, en los profesionales, en los empleados, y fundamentalmente tengo confianza en ustedes, compañeros mineros, obreros de El Teniente. Yo, que tantas veces fui a conversar con ustedes, volveré a subir a la blanca montaña, para hundirme en el pique, en el hogar, en las secciones, para decirle al hombre de El Teniente que tiene que responder a su conciencia y a la historia, que el pueblo espera a los obreros de El Teniente, su presencia en el trabajo, menos ausencia, su responsabilidad, que se hagan ciertas las palabras del compañero dirigente Moraga; yo tengo confianza en ustedes y no sólo los obreros de El Salvador con orgullo hablarán de la mayor producción, sino que ustedes, compañeros de El Teniente, se sacrificarán más porque un centavo más de producción, una tonelada más de producción, representan millones y millones para Chile. Yo les entrego, en este día histórico, la gran tarea de superar las dificultades de El Teniente y convertirse ustedes en los pioneros de la producción del metal rojo. Y esto es tanto más importante cuanto que Chile ha sufrido, como lo dijera hace poco, en sus industrias, en la agricultura, y por eso la riqueza esencial nuestra tiene que ser incrementada, sobre todo si tomamos en cuenta cómo el cobre ha bajado de precio en el mercado internacional.

Vean estas cifras: el promedio de los seis años anteriores fue de 61 centavos la libra de cobre. El promedio de estos seis meses de Gobierno Popular ha sido sólo de 50 centavos, 11 centavos menos de ingreso en estos meses por libra de cobre. En los actuales niveles de producción la diferencia de un centavo significa un menor ingreso anual de divisas para el país de 17 millones de dólares y para el presupuesto fiscal, de 14 millones de dólares. 61 centavos de promedio de la libra de cobre en los seis años anteriores. En estos meses, sólo 50 centavos.

La disminución de un centavo en la libra de cobre significa 14 millones menos al año para el presupuesto nacional y 17 millones en el ingreso de las divisas. Lamentablemente no habrá, según las expectativas, alzas bruscas del precio deI cobre. Sólo hay que pensar que, estando las minas norteamericanas en huelga, sólo el cobre ha subido ahora a 52 centavos.

Quiero señalar que indiscutiblemente el precio del cobre también se ha mantenido alto por el conflicto de Vietnam, pero los chilenos, en la conciencia nuestra, preferimos que el cobre baje, pero que se deje de agredir a un pueblo pequeño y digno que lucha por su independencia. Nosotros tenemos la suficiente conciencia revolucionaria para entender que puede bajar el precio del cobre, y lo toleramos, siempre que la paz llegue a Vietnam y la gente de Vietnam tenga derecho a vivir su propia vida.

Compañeros, deseo ahora trazar las tareas para el futuro. Por fin y por primera vez en nuestra historia, Chile va a tener una política nacional sobre minería. Ya no habrá empresas foráneas, extranjeras, dueñas de las grandes minas del cobre. Desde los pirquineros hasta las empresas estatizadas de la gran minería, todos tendrán que confluir hacia una política nacional, hacia un plan que permita aprovechar al máximo estas riquezas con un profundo sentido chileno, nacional y patriótico, hasta crear el gran complejo minero industrial del cobre. Tenemos que aumentar la refinación, tenemos que aprovechar los subproductos que se van, o se iban en las barras de cobre, oro, plata, renio, tungsteno, ácido sulfúrico. Tenemos que crear la gran industria moderna. La elaboración de productos manufacturados para consumo interno y de exportación. Quiero ponerles un solo ejemplo: en este instante, en el departamento de Chañaral corre un río que se llama el río Salado. Allí se vuelca el relave de Potrerillos. Durante años, particulares han sacado cobre de ese relave, y según cifras que tenemos, dos firmas sacaban cerca de 8 millones de dólares al año como consecuencia del cobre que se iba por el relave del río Salado, que además perjudicaba a la agricultura de la zona.

Ahora hay una verdadera California del cobre, y algunos compañeros cesantes, pero también empleados públicos, profesionales, empleados y obreros con trabajo, están lavando en la forma más primitiva las aguas del río para sacar el cobre. Cuántos años, cuánta riqueza entregada a particulares y cómo el espejismo de un sentido privado lleva a algunos chilenos a tratar de obtener para ellos esa riqueza que no les pertenece. Y este Gobiemo dará trabajo a los cesantes, pero este Gobiemo no va a aceptar, y ya han caducado las dos concesiones que hicieron multimillonarias a dos firmas, y este Gobiemo les dirá al resto de la gente que está ahí, que vuelvan a sus trabajos porque ese cobre debe ser para todo Chile y fundamentalmente para elevar las condiciones de los trabajadores de Chañaral.

Fuera de la trascendencia económica que he señalado, tenemos una trascendencia política que es necesario meditar. Con el paso que vamos a dar, rompemos la dependencia, la dependencia económica. Eso significa la independencia política. Seremos nosotros los dueños de nuestro propio futuro, soberanos de verdad de nuestro destino. Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria. Será el pueblo el que tendrá que entender, y lo entiende, que éste es un gran desafío nacional, que no sólo tienen que responder a él los trabajadores de las minas sino el pueblo entero. Tenemos que responder entonces entendiendo que esto, repito, es algo que debemos encarar y es también un desafío técnico. Tenemos que crear una tecnología propia, de acuerdo a nuestra realidad, aprovechando la experiencia de otros pueblos, cualquiera que sea su latitud en el mundo. Tenemos que crear un centro de investigación minero-metalúrgica. Tenemos que crear un servicio nacional de geología. Tenemos que aprovechar la capacidad de técnicos e ingenieros que hay en la ENDESA, en la CAP, en el ENAMI y en la CORFO, en la universidad o en las universidades, y hacer de ellos un equipo superior para que entreguen sus conocimientos a esto que es fundamental para nosotros.

Nosotros no hemos podido desarrollar la capacidad de nuestra gente, limitada bajo la tutela extranjera que nos imponían los planes de desarrollo y de explotación desde fuera. Debemos también entender que éste es un desafío a nuestra capacidad, no sólo en la explotación, no sólo en la elaboración del metal rojo, sino en su propia comercialización. Tenemos que romper la dependencia en este sentido y crear nuestra propia comercialización, pero piensen ustedes que las ventas de cobre significan un volumen anual superior a los 1.100 millones de dólares. Eso lo van a manejar los chilenos, nuestros compatriotas en el mercado mundial y por suerte tenemos un lenguaje de entendimiento con Zambia, con el Congo, con el Perú, y se ha formado a escala internacional la CIPEC, que está destinada a defender los intereses de los países pequeños productores como el nuestro. Es por lo tanto un desafío a toda la capacidad organizativa de Chile y los chilenos. Fundamentalmente de los trabajadores del cobre; entendiendo por tales a obreros, empleados y técnicos.

Tenemos que superar los grandes problemas que hemos heredado, las prácticas irracionales de trabajo que son tan dañinas como las deficiencias técnicas. Deben resolverse con cambios revolucionarios las relaciones de trabajo en los propios centros de trabajo que sólo un Gobierno de trabajadores puede poner en marcha. Hay que romper la división entre la dirección de las empresas y los trabajadores. La presencia de los trabajadores en la dirección de ellas estará demostrando cómo confiamos en su capacidad y cómo les entregamos esta responsabilidad. Queremos que se multipliquen los Comités de Producción, para que se vean el empuje y el esfuerzo de los trabajadores y al mismo tiempo su capacidad resolutiva. Compañeros, esto es caminar en la dirección de las empresas del Estado, hacer del esfuerzo común el esfuerzo indispensable que permita sobreponerse a las deficiencias y a las dificultades; esto es comenzar a manejar las grandes empresas que Chile tiene ahora para ponerlas no al servicio del hombre del cobre, si no al servicio del hombre de todo Chile. Lo hemos dicho, y sabemos que se entiende nuestro lenguaje, los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos, son dueños de las minas en cuanto las minas les pertenecen al pueblo, y los trabajadores del cobre forman parte del pueblo, y los trabajadores del cobre tienen que entender, lo saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida del niño y la mujer chilena, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al progreso de la patria, y al sudar trabajando el fondo de la mina están haciéndolo por un Chile distinto, por una sociedad nueva, por el camino que abrimos hacia el socialismo. Compañeros mineros, trabajadores duros del rojo metal: una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile, está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la Unidad Popular y defender la revolución con la producción que afianzará el Gobiemo del pueblo.

Pronunciado: El 11 de julio de 1971, en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, con motivo de la promulgacion de la ley que nacionalizó la Gran Minería del Cobre.
Versión digital: Wikisource en Español, 2005.
Esta edición: Marxists Internet Archive, septiembre de  2006.
Derechos: El contenido está disponible bajo los términos de la GNU Free Documentation License.

El articulo Discurso del Presidente Salvador Allende, con motivo de la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971 apareció primero en piensaChile.

El articulo La nacionalización del cobre y los socialistas contra el legado de Allende apareció primero en piensaChile.

Un tratado internacional es firmado por el Presidente de la República, en este caso lo hizo la ex Presidenta Bachelet en junio de 2017,  y los diputados y senadores, no tienen facultades para cambiar ninguna cláusula de un tratado. Solo lo pueden aprobar o rechazar en su totalidad.

En julio de 2017, se cumplieron 20 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Chile con Canadá. Fue el primer tratado de “libre comercio” firmado por Chile, que eliminó alrededor del 75% de los aranceles al comercio entre ambos países.

La mayor parte de los artículos o cláusulas de las actuales modificaciones al TLC con Canadá, aprobadas por la Cámara de Diputados este 9 de mayo, tienen un carácter técnico o administrativo que no generan controversias, pero, a la vez, contiene otras cláusulas que son absolutamente lesivas para el interés nacional, como pasamos a comentarlos.

El artículo G-10: Expropiación o nacionalización, dispone:

“Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio del debido proceso y el artículo G-05(1); y d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.

La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo… Los criterios de evaluación incluirán el valor del negocio en marcha, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado”.

La nacionalización de la gran minería del cobre fue efectuada por el Presidente Allende en 1971, y ni siquiera Pinochet se atrevió a desnacionalizar, por el contrario,  dejó vigente en la Constitución de 1980, -disposición Tercera Transitoria- la Reforma Constitucional de la Nacionalización del Presidente Allende, Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925. Sin embargo hoy, la nieta del Presidente Allende, la diputada y Presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández Allende, votó a favor de este tratado que busca impedir que se pueda nacionalizar a las empresas de la gran minería de origen canadiense. Pero la diputada Maya Fernández no estaba sola en esto, puesto que todos los diputados socialistas “herederos de Allende” votaron también a favor de la modificación de este Tratado, con la única y honrosa excepción de la diputada Francesca Muñoz, que se abstuvo de votar a favor de este tratado contrario al interés nacional. ¡Están muy cambiados los compañeros!, nos asegura el Palta Meléndez.

Pero también están cambiados los compañeros comunistas, porque todos los diputados del Partido Comunista presentes en la sala, también votaron a favor de las modificaciones de este Tratado, incluyendo al presidente del PC, diputado Guillermo Teillier. No estuvieron presentes en esta votación las diputadas comunistas Camila Vallejos y Carol Cariola.

El artículo G-10, al impedir que la gran minería de origen canadiense pueda ser nacionalizada, adolece de inconstitucionalidad, porque como lo dijimos anteriormente, la nacionalización está vigente en la actual Constitución, vigencia que además dispone que la nacionalización de los yacimientos mineros se debe efectuar sin ningún tipo de indemnización. A este respecto es necesario tener en consideración que la mayor parte de las inversiones en la gran minería chilena son de origen canadiense.

El Anexo del artículo G-10 es aún más peligroso, porque considera como expropiación indirecta “una medida o serie de medidas de una Parte que tienen un efecto equivalente a una expropiación directa sin que medie una transferencia formal del título o simple confiscación”. Esto podría significar que en el futuro Chile no podría establecer un verdadero “royalty” o regalía minera, porque podría ser considerada como una expropiación indirecta. Incluso, una medida tributaria podría ser considerada expropiatoria, o ponerle fin a las AFP. ¡Grave, muy grave!

Por otro lado, el artículo G-06 dispone que: “Ninguna Parte podrá imponer o hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país no P en su territorio para: (a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios;”

Esto quiere decir, que Chile no puede obligar a las empresas mineras de Canadá o de cualquier otro país, a fundir o refinar los concentrados de cobre en Chile, o industrializar el litio en Chile, o a industrializar la madera o astillas de madera en Chile, etc. En suma, el Estado chileno no puede obligar a un inversionista extranjero, no solo a los canadienses, a exportar su producción en una determinada forma o calidad. Si bien es cierto que una disposición casi calcada a esta, ya existe en el TLC de Chile con EEUU, desde el 01.01.2004, ello no justifica que nuestro país, le ponga una nueva lápida a la posibilidad de darle valor agregado a las inversiones de empresas extranjeras en Chile.

Todo lo descrito es muy lesivo para Chile, pero se agrava aún más, por el hecho que los litigios o controversias que surjan con estas inversiones en territorio chileno, no serán dirimidos por tribunales chilenos, como lo establece el art. 16 de nuestro Código Civil, sino que serán sometidos a arbitrajes en el extranjero bajo la supervisión del CIADI, según los dispone la Sección II de estas modificaciones, artículo G-16 a G-27.

Después de este breve análisis de los perjuicios para Chile con estas modificaciones al TLC Chile-Canadá, cabe preguntarse si los diputados que las aprobaron casi por unanimidad, se dieron el tiempo de leer el proyecto de ley conteniendo dichas modificaciones. La pregunta no es superflua, porque el año 2003, la inmensa mayoría de los diputados y senadores que aprobaron el TLC con EEUU, no leyeron el texto del dicho tratado, y no lo leyeron por la simple razón que no se les entregó un texto del tratado, sin embargo, derecha y Concertación unidas, aprobaron casi por unanimidad el TLC con EEUU, sin siquiera haberlo leído, sin haber tenido por lo menos un ejemplar en sus manos.

Las modificaciones al TLC con Canadá, son tan lesivas al interés nacional, pero como fueron aprobadas con tanta facilidad y rapidez, nuevamente puede haberse dado el caso que los 121 diputados que las aprobaron, ni siquiera hayan leído y quizás ni siquiera recibieron un ejemplar de este proyecto. Tal vez los únicos diputados que leyeron este proyecto fueron los que no lo aprobaron o se abstuvieron.

Creemos que es necesario que se conozcan los nombres de los diputados que votaron en contra o se abstuvieron:

Los siete diputados que votaron en contra son:

Pamela Jiles,
Gael Yeomans,
Florcita Alarcón,
Gabriel Boric,
Tomás Hirsch,
Diego Ibánez y
Gonzalo Winter,
todos diputados del Frente Amplio.

Los tres diputados que se abstuvieron fueron:
Francesca Muñoz del PS,
Jenny Alvarez de RN y
René Alinco, independiente.

Solo nos queda esperar que a los senadores se les entregará con tiempo un ejemplar de este proyecto de modificación del TLC con Canadá, para que lo lean y lo analicen con detención, y puedan darse cuenta de su nocividad para nuestro país.

-El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

Más sobre el tema:

El articulo Apenas 7 Diputados votaron contra las modificaciones del TLC con Canadá apareció primero en piensaChile.

Documentos muestran cómo influyó la UP y la nacionalización del cobre en las decisiones que tomó la dictadura para asegurar recursos a las Fuerzas Armadas.

“No quiero discusiones aquí”, dijo Augusto Pinochet la mañana del 26 de mayo de 1976, en medio de la sesión secreta de la Junta de Gobierno que se había reunido, por segunda vez esa semana, para analizar los cambios al régimen de tributación minera del país.

Pinochet y el resto de la Junta de Gobierno llevaban meses analizando la mejor manera de asegurar recursos permanentes para las Fuerzas Armadas, pues tras la nacionalización del cobre que llevó adelante en 1971 el gobierno de Salvado Allende, se habían generado -según creían Pinochet y sus cercanos- distorsiones en la asignación de recursos. En el fondo, los militares no habían quedado conformes con la idea de depender de la discrecionalidad presupuestaria del gobierno de turno y buscaban volver a implementar un mecanismo que fuera independiente y que, además, tuviera un piso mínimo de recursos a asignar. Pero ese día, los militares y civiles que participaban de las sesiones secretas no llegaban a acuerdo y eso a Pinochet no parecía gustarle.

“Cumplan la orden. Vean esto con más claridad y después conversamos solos, en calma“, les dijo a sus ministros y asesores, según consta en el acta 268-A, que se levantó ese 26 de mayo de 1976.

Lo que debatió la Junta

Tres actas (266-A, 268-A y 275-A) de las sesiones secretas de la Junta Militar dan cuenta de esa discusión y de las diferencias que había en el entorno de Pinochet respecto a cómo iba a quedar la Ley Reservada del Cobre y su relación con la tributación minera privada, la estatal y cuántos de esos recursos iban a ir al presupuesto de Defensa.

“Hubo una gran presión para emancipar a las Fuerzas Armadas de la discusión política presupuestaria”, recuerda hoy Sergio de Castro, ministro de Economía de la dictadura entre 1975 y 1976 y de Hacienda, entre 1976 y 1982. “Esa discusión tenía de fondo el conflicto con Argentina, por lo que era importante que Defensa tuviera su presupuesto”, agrega.

En 29 de octubre de 1958, y producto de otro episodio de tensiones con Argentina, Carlos Ibáñez del Campo había dictado la Ley 13.196, que gravó con un impuesto de 15% las utilidades de toda la minería del cobre. Esos recursos tenían a las Fuerzas Armadas como destinatarios y debían invertirse sólo en la adquisición de material bélico. Sin embargo, y de acuerdo a las actas de la época, con la llegada de Allende al poder eso cambió.

“Con motivo de la nacionalización del cobre se generó, durante el tiempo de la UP (Unidad Popular), una inquietud muy lógica de las Instituciones Armadas, cual era que la tributación de una empresa nacionalizada obviamente podía tener todas las distorsiones consiguientes, porque el manejo de las cifras era verdaderamente posible de hacer, diría yo, no de criterio absolutamente imparcial”, dijo el capitán de navío, Aldo Montagna, según consta en una de las actas. “Era doloso”, agregó el almirante José Toribio Merino.

Montagana era cercano a Merino y oficiaba de secretario de Legislación de la Junta de Gobierno. En tiempos de la UP, dijo en esa oportunidad, trabajó en “arreglar este problema”, pues “cuando asumió ese grupo de partidos políticos (UP) el gobierno, nos encontramos con el problema de que la ley 13.196 resultó ser prácticamente inaplicable. Estábamos en las manos del gobierno de la Unidad Popular para poder saber qué nos iban a regalar de la producción de cobre, porque las empresas nacionalizadas bien podían manejarlas como quisieran”.

Según Montagna, al “criterio que siempre se llegó fue que, para que no engañaran a las Institciones Armadas, había que condicionar, mejor dicho, el rendimiento del cobre debía expresarse en forma distinta de la que expresaba la ley; así, por ejemplo, hasta se habló del Producto Nacional Bruto. Finalmente se llegó al concepto de una parte de las ventas del cobre. De esa manera, evidentemente, cualquier distorsión que pueda haber en una empresa nacionalizada del Estado, no afecta los intereses de las Instituciones Armadas”.

En esos mismos documentos quedaron registradas las opiniones de Merino y Pinochet. “Debe recordarse que las tres instituciones de la Defensa vivían con unos saldos en dólares de cualquier magnitud -20, 30, 15, 25 millones-, pero cada vez que quisimos usar esos saldos para hacer inversiones no pudimos hacerlo, porque el Ministerio de Hacienda no disponía de los fondos que decía que cada una de las instituciones tenía. El texto del proyecto en debate resuelve ahora ese problema y situaciones como las que comento no podrían suceder”, dijo Merino.“Esta ley tiene la ventaja de que ahora existen los fondos. Antes, la ley daba ilusiones y nada más”, agregó Pinochet.

Merino, Cauas y Pinochet

La dictadura modificó en siete oportunidades la ley 13.196. Algunos de esos cambios fueron relevantes, como el del 31 de diciembre de 1973, cuando el decreto 239 cambió el impuesto de 15% sobre las utilidades, a 10% sobre los ingresos de toda la gran minería. Ese decreto también estableció un pago mínimo de US$ 90 millones (hoy es de US$ 180 millones) para las Fuerzas Armadas, que debía ser complementado por el Fisco si las mineras no lograban reunirlo. Pero en 1976, cuando la Junta de Gobierno volvió a debatir sobre los alcances de esta ley, se eliminaron las palabras “gran minería” y sólo se dejaron las “Corporación Nacional del Cobre (Codelco)”. Es decir, la minería privada, que practicamente no existía en el país, quedaba exenta de ese impuesto a las ventas, pero la recientemente creada Codelco, no.

La idea era incentivar la inversión extranjera y en su intervención ante la Junta, Montagna relata cómo fue el proceso. “Nos parecía que el trato que hay que dar al resto del cobre es distinto del que se está dando a Codelco. Es decir, a Codelco, para evitar cualquier eventualidad contable o de esa índole, se le está simplemente imponiendo un tributo que es un cupo de producción. Con respecto a la empresa privada, eso resulta absolutamente inconcebible. Inconcebible porque sería prácticamente una expropiación y sería desincentivador de la inversión privada extranjera”, dijo el secretario de Legislación de la Junta de Gobierno.

Pero no todos estaban de acuerdo. Jorge Cauas, ministro de Hacienda de la época, planteó que la nueva tasa de tributos de los privados debía discutirse en otra oportunidad, pues el gobierno estaba precisamente en conversaciones con empresas extranjeras. “Creo que adelantarse a legislar en este tipo de materias en el momento en que se están haciendo las negociaciones del cobre, en que lo que está en juego es el nivel de la tasa tributaria, no es aconsejable”, dijo Jorge Cauas. Sin embargo, Merino quería una discusión inmediata, pues le preocupaba allegar más recuersos para las Fuerzas Armadas.

“Es evidente que tenemos un texto que habla clarísimo de aquello que va hacerse con Codelco. No hay ninguna duda. En segunda instancia, se tiene presente que, siendo el principal recurso natural de Chile el cobre, es indudable que alguien va a querer explotarlo, además de Codelco”, dijo el almirante Merino. “Y cuando venga un señor a explotar el cobre, sea en forma de compañía privada, mixta o del tipo que quiera, va a tener que pagar un impuesto, ¿sí o no? Lo va a tener que pagar (…) del impuesto que pague este señor, que vendrá en el tiempo que Dios quiera, el Ministerio de Hacienda deberá entregar al Ministerio de Defensa el 15% del impuesto. Nada más”, agregó.

Con su intervención, Merino buscaba que parte del futuro impuesto que se le cobrara a las empresas extranjeras que llegaran a Chile a explotar cobre, también estuviera destinado a las Fuerzas Armadas. Pero esa no era meteria de la sesión y quedaría para más adelante, por lo que Pinochet, en su estilo, llamó nuevamente al orden. “No quiero discusiones. Aquí la ley viene casi lista, solamente para que la Junta vea tranquilamente el proceso; no puede haber discusiones. En consecuencia, me hace el favor, General Torres: converse con el Ministro de Hacienda, con el de Minería, con el de Defensa; aclaren bien los conceptos, y una vez que estén bien claros, sin problemas, se hayan puesto de acuerdo, llegan acá”.

En la mayor parte de sus intervenciones, Pinochet ofició como moderador del debate. Sólo al final del mismo, cuando se discutió el artículo 6°, concerniente a la fiscalización de la Contraloría sobre los fondos, hizo comentarios. Al respecto, Pinochet planteó que “también podrían imputarse a los rubros que conforman el potencial bélico, los gastos en que se incurra por los cursos que realizan en el exterior oficiales de las institciones armadas”.

Cauas y Montagana le planteron varias veces a Pinochet que era conveniente ligar el prespuesto de Defensa al erario nacional y no a un producto “perecible”, como el cobre. De Castro, quien no estuvo en esa discusión pero le tocó administrar lo que ahí se definió unos meses después, cuando asumió como ministro de Hacienda, concuerda con ambos. “Yo era partidario de que se asignara así, del presupuesto nacional. Pero la situación con Argentina obligaba a otra cosa. Pinochet me decía: ‘usted no pueda ganarlas todas’”, recuerda De Castro.

Como sea, todos los cambios a la ley 13.196, que incluyeron la posibilidad de endeudarse de las Fuerzas Armadas con cargo al piso anual de US$ 90 millones, quedaron reflejados en un texto legal publicado de forma reservada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1976.

El texto, que publicó El Mostrador, detalla además que las entregas de estos fondos “se harán en forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación” y que “los recursos establecidos en el artículo 1º no se incluirán en la contabilidad general de la nación”.

Publicado por  Pablo Bustos  | La Información es de Sergio Jara

*Fuente: BioBio

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