El pasado 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Urbanismo, instancia que promueve la planificación en las ciudades para que siempre tenga preeminencia el interés público en las políticas sectoriales de las mismas. Está claro que en Chile, donde la planificación existe solo en el papel y en los buenos deseos de algunos ilusos, opera solo el libertinaje para que los especuladores apitutados, vía grotescas interpretaciones legales, obtengan lucros violando los planes reguladores comunales (PRC), cuyos custodios son los municipios.

A continuación damos a conocer algunos ejemplos de las incompetencias de muchos de sus alcaldes, directores de obras municipales (DOM) y concejales y en tal sentido se debe saber que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se establecen, con suma claridad, las características de los distintos tipos de equipamientos, conforme a sus cargas de ocupación, los que se clasifican como mayor, mediano, menor y básico. Estos, como es obvio, se relacionan directamente con las vías que pueden enfrentar, las que a su vez son, expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales.

En nuestra experiencia hemos detectado infinidad de «errores» que cometen esos DOM con sus elaboraciones de los Certificados de Informaciones Previas (CIP) que les entregan a quienes desean solicitar anteproyectos de construcción en las diferentes comunas del país, dejándose en claro que dichos CIP no generan derechos a sus poseedores, llamándonos la atención que en el PRC de Concón existen 27 vialidades clasificadas como troncales, en circunstancias de que no lo son, con lo cual los propietarios de los predios que las enfrentan, con esta ocurrente trampa, están habilitados para construir equipamientos mayores, luego edificaciones más voluminosas y por ende más rentables.

Esta anómala situación, verdadero ardid del municipio, fue denunciada por la fundación Defendamos la Ciudad en octubre de 2023, con ingreso N° 167.211, en la Contraloría General de la República, pues esas calles son solo colectoras y algunas hasta de servicio que limitan los negocios de construcción. El ente fiscalizador nos informó que está investigando la situación expuesta y estamos atentos a su resultado.

Pues bien, con el arquitecto Mauricio Zulueta (QEPD) y con el abogado Rodrigo Avendaño, nuestra fundación se vio en la necesidad de exigir, en todos los servicios de la administración de Valparaíso, el cumplimiento de la regulación urbana, referida al tipo de vía que tenía que enfrentar, según su carga de ocupación, el millonario proyecto mall Barón de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Falabella, ya que el mismo era mayor y por lo tanto debía enfrentar una vía expresa o troncal. Diversas organizaciones sociales y otros también se oponían al proyecto por idéntica razón, pero como el lobby ejercido por los interesados era muy convincente, la DOM otorgó el permiso de edificación, sabiendo que no lo podía hacer. Este caso llegó a la Corte Suprema, instancia que falló conforme a derecho, es decir, anulando el permiso.

Con anterioridad nos hemos referido a lo que acontece con el anteproyecto de un supermercado en Zapallar, en donde hemos explicado con lujo de detalles la relación directa que debe haber entre cada proyecto, según su propia característica, con el tipo de vía que enfrenta. En este caso la DOM había dicho que la calle era de servicio exclusivamente para posibilitarlo, en circunstancias de que era local. Naturalmente el anteproyecto autorizado por ella lo debió haber invalidado, lo que no ocurrió y como la polémica continúa, el titular del negocio fue a los tribunales de justicia, los que, suponemos, deberán emitir sentencia conforme a lo establecido en la OGUC.

En fecha 31/10/2025, con ingreso N° E143557/2025, la misma fundación tuvo que poner en conocimiento de la Contraloría las razones por las cuales se producen atochamientos vehiculares en los alrededores del equipamiento deportivo Claro Arena de la Universidad Católica, pues la DOM de Las Condes cometió el mismo y reiterativo error. Le señalamos al ente fiscalizador que revisado el permiso de edificación N° 105/2016 y un CIP erróneo, se concluyó que este equipamiento mayor debía enfrentar obligatoriamente una vía troncal o expresa, lo que no aconteció, razón más que suficiente para que próximamente la Contraloría exija el cumplimiento del marco regulatorio.

Se debe destacar, como un hecho positivo, que el dirigente vecinal, ingeniero civil y perito judicial, Juan Pablo Salinas, quien es uno de los miles de perjudicados por los flujos vehiculares de los asistentes a Claro Arena, también denunció en la Contraloría y ante el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, esta falta de servicio del municipio de Las Condes, resultando hasta divertido que el alcalde de Peñalolén esté impulsando el millonario proyecto inmobiliario «Hijuelas Quilín» de 38 edificios de 9 pisos c/u, en conocimiento que en esa zona el PRC contempla una altura máxima de 4 pisos, materia radicada en Contraloría y en la Seremi Minvu, órganos de la administración que aún no se pronuncian.

El Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) fijó en la comuna de Iquique que ciertos sectores urbanos están afectos a riesgos por inundación y cuando Defendamos la Ciudad conminó al DOM, en orden a que debía invalidar unas cuantas decenas de CIP, anteproyectos y permisos de edificación mal cursados en esas zonas, se le respondió que ello no era posible porque las normas de dicho PRICT se incorporan en el nuevo PRC en trámite. Con ese tipo de simplona contestación se evidenció que ese funcionario desconoce el artículo 38 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que ordena la incorporación automática de sus normas en los PRC.

Por este motivo, con fecha 02/01/2025, la Contraloría a través de su dictamen N° 310/2025, se dirigió al alcalde Mauricio Soria, para que respetándose la ley, se dejaran sin efecto esos actos administrativos ilegales. Quienes han intervenido como denunciantes en este viciado episodio ha sido el abogado y candidato a diputado, Enzo Morales, y el empresario, Manuel Palacios, baluartes iquiqueños que constataron el desacato municipal y por ello el 23/10/2025, le expresamos a la Contraloría que su dictamen y los siguientes sobre esta materia, a la fecha no han producido efecto.

El puntudo y capacitado vecino de Las Condes, Lorenzo Opazo, denunció en la Contraloría que algunas autoridades de esta municipalidad se acogen al denominado Programa para Mejorar la Gestión, lo cual es indicativo de que esas personas carecen de los suficientes conocimientos para ejercer sus roles. En rigor, esta curiosa política es para aumentar los ingresos de quienes logran las metas establecidas por los mismos y en el año 2024 el 100% de esas autoridades obtuvieron tales jugosos premios. Asimismo destacamos la iniciativa de la empresaria Paula Behnke, quien acusó formalmente en el Colegio de Arquitectos, a uno de sus miembros, por cometer éste prácticas indebidas en el ejercicio de su condición de revisor independiente en un proyecto localizado en la comuna de Pudahuel.

Por lo relatado, para que las normas urbanas se puedan respetar, le formulamos un llamado al arquitecto Yuri Rodríguez, DOM de Casablanca, para que, como presidente de la respectiva asociación gremial, tome cartas en el asunto, pues así se podría evitar la repetición de las prácticas corruptas en los otorgamientos de permisos y en tal sentido, si queremos mejorar la institucionalidad, habría que llevar a cabo una reingeniería en las díscolas municipalidades, las que curiosamente se autodesignan como «ilustres» y el gobierno central, entre otras medidas, debiera impulsar un más alto gravamen del que existe, para los terrenos urbanos sin edificación y que las plusvalías producidas con los cambios en las reglas del juego, se destinen, por lo menos parcialmente, para obras que beneficien a las comunidades.

Finalmente, podría seguir dando cuenta de innumerables hechos engañosos, pero el espacio lo impide, entendiéndose que este texto nunca podrá ser publicado por la prensa que cautela los intereses de los grupos económicos, y muchos se preguntarán porqué este columnista es el único que informa con publicidad este tipo de situaciones venales y la respuesta es muy simple: por la sencilla razón de que no tengo relaciones con la clase política, la que, de una u otra forma, tolera la corrupción y porque el mercado debe funcionar con privados que respeten las leyes, pues en sentido contrario, no existe una sana competencia y los más pillos son los que obtienen beneficios indebidos.

*Fuente: RadioUniversidadDeChile

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Un ejemplo de ello lo constituye el aumento exponencial de patrimonios, justificados con elocuentes respuestas que dicen relación con el cumplimiento de la ley, cuando el mero cumplimiento de una normativa legal no implica una actuación ética y transparente, esto corre por un camino totalmente distinto y mucho más profundo que requiere un aanáliss más integral.

En consecuencia, resulta fundamental establecer mecanismos concretos que ayuden a mejorar los índices de trasparencia municipal, lo cual se justifica por la envergadura que representan los fondos públicos que se manejan en un gobierno local y por la existencia de redes de influencia que son propias de una administración, siendo inherentes a la función municipal, pero que adolecen de un control ciudadano adecuado que se encargue de hacer  seguimiento efectivo de iniciativas impulsadas por una municipalidad.

El término auditoría se relaciona directamente con el control y seguimiento que se le puede realizar a una entidad con o sin fines de lucro, en este caso se aborda la auditoría ciudadana que es posible llevar a cabo en un gobierno local, donde toma relevancia la participación ciudadana representada por dirigentes sociales y/o gremiales para colaborar directamente con la gestión su ciudad o comuna.

En otros países se les denominan Veedurías o Contralorías Ciudadanas, cumpliendo un rol fiscalizador destinado a las diferentes niveles gubernamentales, aquí la idea es tomar como referencia tales  experiencias, para configurar una instancia que complemente la democracia representativa que hoy tenemos con una mucho más participativa, la cual no reemplaza la institucionalidad de control que tienen las municipalidades en su organización interior, como es el propio Departamento de Control, sino que busca reforzar las leyes de transparencia y probidad existentes, agregándole un componente ciudadano con cuerpo y alma.

En lo operativo para implementar una auditoría ciudadana, es fundamental conformar una institucionalidad autónoma, que entregue garantías suficientes de su funcionamiento, cuya conformación debe estar representada por diferentes actores de la sociedad civil, quienes tienen la labor de generar procedimientos adecuados de control de gestión en el ámbito ciudadano.

La gestión de la auditoría ciudadana no reemplaza la función de los concejales, sino que la complementa, debido a que se debe reconocer en plenitud la valiosa labor que tienen estos ciudadanos elegidos democráticamente.  En consecuencia, lo que se busca es relevar la importancia que ejercen otros líderes localesque representan las fuerzas vivas comprometidas con su entorno para “avanzar hacia un buen vivir”.

Para que cumpla su cometido una auditoría ciudadana de forma eficiente, resulta primordial tener claridad de funciones, las que son observar, inspeccionar y controlar aspectos vinculados al ámbito de competencia municipal, tales como pronunciamientos acerca de la ejecución de proyectos, licitaciones públicas, contratos municipales, entre otras.

Para hacer seguimiento adecuado de estos procedimientos, es fundamental capacitar en materias de auditoría y control de gestión ciudadana a quienes ejerzan esta importante labor, lo cual le daría el estatus que se merece una verdadera participación ciudadana, a través del control social del gasto público y de paso fortalecer los índices de corrupción en la administración pública.

Con lo anterior, se puede apreciar que el foco de una auditoría ciudadana,  se encuentra en el fortalecimiento de todas las leyes relacionadas con la probidad y la transparencia existentes, donde cobran  relevancia aspectos centrales de una institución tan importante como es una municipalidad, tales como la democratización real de la toma de decisiones, a través de la participación ciudadana.

La configuración de una instancia como la auditoría ciudadana, ciertamente constituye un cambio de paradigma, donde los ciudadanos tienen un rol fundamental, vinculado a deberes ciudadanos concretos, que van más allá que la mera voluntariedad temporal de emitir un voto cada cierto tiempo, pues con esto se asegura una responsabilidad permanente que, al final del día,  le da sentido a los principios fundantes de la democracia que buscan equilibrio entre deberes y derechos de los ciudadanos.

-El autor, Guido Asencio Gallardo, es académico y doctorando en Administración

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En el ámbito económico-financiero es imprescindible ejercer un control adecuado para dar cumplimiento a las normativas legales, que vienen desde el gobierno central, así como también desde los organismos contralores, donde el más importante para nuestro país está dado por las prerrogativas emanadas de la Contraloría General de la República, institución que presenta un especial departamento denominado División de Municipalidades, que tiene por finalidad realizar la fiscalización permanente y necesaria para hacer cumplir la ley, enfatizando el ámbito administrativo, económico y  financiero, por la significancia de los recursos públicos involucrados en la gestión de los gobiernos locales.

Por su parte, todas las municipalidades poseen un departamento de control interno, que asesora a las autoridades municipales y a los jefes de departamento en materia de auditoría interna, control presupuestario, resguardando la legalidad de los actos administrativos, entre otras atribuciones que debieran garantizar un correcto funcionamiento de las municipalidades.

Este preámbulo de definiciones y presentación de organismos que sirven para prevenir actos que estén fuera de la legalidad en la gestión municipal, nos sirve para saber que existen bastantes instituciones que tienen  atribuciones de control y fiscalización en torno a garantizar una gestión proba y transparente.

Sin embargo, en la realidad podemos ver que muchas autoridades municipales tratan de soslayar dichos controles, buscando transgredir el principio de probidad, haciendo notar con sus actuaciones que el interés personal prevalece sobre el general, propiciando la configuración de vicios, tales como tráfico de influencia, excesivos aumentos de sus patrimonios personales o atribuciones desmedidas en el ámbito de la autoridad que ejercen, cuyo origen se centra en la utilización de información privilegiada, que a los ojos de cualquier ciudadano resultan improcedentes desde el punto de vista ético, pero que muchas veces resultan inmutables para las autoridades que aseguran cumplir con las normativas legales, olvidando que una conducta ética va más allá que el mero cumplimiento de una ley en particular.

Podemos coincidir que esto no ocurre tan sólo en una municipalidad  o gobierno local, pues en nuestro país existen varios casos donde es evidente la proliferación de conductas no éticas, afectando la calidad de la democracia.  Dentro de las conductas más frecuentes que dan señales de acciones políticamente incorrectas podemos encontrar las siguientes:

Personalismo excesivo de algunas figuras:  Muchas autoridades en su afán de mostrar su gran poderío, muestran los avances de obras a los ciudadanos planificando grandes puestas en escena, tratando de hacer saber que sin su presencia no es posible alcanzar grados de crecimiento y desarrollo, olvidando que ninguna de esas obras se podrían realizar sin la labor de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos a través sus empresas o  de la contribución que realizan los trabajadores, pues la gestión de autoridades constituye solamente una parte de todos los esfuerzos sinérgicos que hacen que un territorio tenga resultados positivos.

La participación ciudadana es olvidada hasta que viene la próxima elección:  Se puede visualizar que muchas de las campañas políticas que hoy vemos, contemplan como una bandera de lucha la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones.  Sin embargo, si analizamos las cifras respecto al grado de influencia que entra el ámbito de consulta ciudadana es insignificante, pues los proyectos donde se incluye la participación ciudadana constituyen un mínimo del presupuesto general de los gobiernos locales, pero que a la hora de construir los discursos políticos, se busca persuadir la percepción de la ciudanía, haciendo creer que en verdad es importante la participación ciudadana para su gestión.

Dejan para su último período las principales obras públicas:  Es habitual ver que las obras emblemáticas en términos presupuestarios se dilatan para hacer coincidir con los períodos previos a los eleccionarios, lo cual es cuestionable desde el punto de vista ético, debido a que claramente se quiere demostrar que se deja un gran legado, pero si se analiza con una mirada electoral, simplemente se busca obtener ventajas políticas que empañan la existencia de una sana convivencia democrática, dejando en desmedro la posición de los demás candidatos que aspiran a obtener un puesto en el gobierno local.

Utilizan bienes públicos para ensalzar sus propias figuras: Dentro de los vicios que frecuentemente se utilizan para ensalzar la figura de autoridades, se encuentra la realización de un sin número  de material publicitario, que más que mostrar  avances en materias propias de gestión, buscan crear un imaginario colectivo de ciertas autoridades, para hacerle saber a la ciudadanía que sin su “imprescindible” presencia no sería posible el progreso del territorio que representan, dejando en segundo plano el contenido de fondo que debería contener dicha información, lo cual debiera estar centrado en mostrar los avances de la gestión local con un criterio de transparencia.

Acumulación de años el poder conlleva a vicios:  La acumulación de años en el poder y en cualquier ámbito conlleva a vicios, lo que desde el ámbito jurídico  podría ser absolutamente legal, pero desde el punto de vista del control es completamente improcedente, debido a que las rutinas preestablecen un escenario de perpetuidad en las acciones, por ese motivo es tan importante la alternatividad en el ejercicio del poder, para evitar abusos y malas prácticas que afecten a la transparencia y a la democracia.  En  cualquier disciplina la acumulación es cuestionable, vemos como en la economía la concentración de patrimonio lleva al colapso, en el organismo humano la acumulación conlleva a generar cáncer.  Esto se justifica porque se interrumpe inevitablemente el normal flujo que debe existir para darle vida a cualquier organismo.

Nepotismo en los gobiernos locales:  El nepotismo en todo orden constituye una amenaza a la democracia, pues busca favorecer la obtención de cargos o empleos públicos por el mero hecho de ser amigos o familiares de las autoridades, sin tener necesariamente mérito para ejercer dichos cargos.  En esto hay que ser claro que no me refiero a los cargos de confianza que tienen una legítima posición para ayudar a la gobernanza, pues simplemente hago énfasis en el grado de expertiz que posean los funcionarios que tienen funciones administrativas, por eso resulta imprescindible generar procesos de selección objetivos que puedan mostrar la transparencia necesaria que garantice el servicio público adecuado que merece la ciudadanía.

Se confunde lo legal con lo ético:  Lo que se encuentra legalmente establecido o normado no siempre está amparado en la ética de una persona, pues ésta tiene normas que se encuentran implícitas en el ser humano y van más allá de una normativa en particular.  En tanto, se invita a quienes ejercen cargos públicos de relevancia, para que puedan evitar confundir a la ciudadanía respecto a sus pronunciamientos discursivos frente a alguna problemática.  Lo establecido en las leyes corre por un camino distinto a los valores y la ética, por eso es importante poder hacer saber a quienes ostentan un cargo público, lo que quieren escuchar los ciudadanos es encontrar coherencia en sus representantes, por lo tanto se debe aprender a hablar con honestidad y claridad.

Como vemos esta columna atraviesa por las diferentes esferas que hacen transitar desde una legítima aspiración política de representatividad, que con el correr del tiempo se transforma a una aspiración ejercer el control a través de los grados de influencia utilizando el poder económico sobre el político, el cual trastoca la sensibilidad ciudadana.  Con todo esto, podemos encontrar la razón al autor  José Saramago, quien plantea que el poder es esencialmente económico y no político, pues está en manos de quienes ejercen el poder de demostrar lo contrario, fomentando buenas prácticas en su gestión para cuidar la tan apreciada democracia.

Po lo anterior,  es importante llamar a todos quienes tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de sus gobiernos locales a través del voto, puedan hacerlo informándose de manera adecuada, analizando las características que presenta cada candidato, prefiriendo a quienes representan valores éticos comprobables en comunidad por sobre los que tienen aspiraciones personales que anhelan solamente el poder por el poder.

–El autor, Guido Asencio Gallardo, es Académico y Doctorando en Administración de Empresas

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