Mientras la guerra arrasa Gaza, un informe de Naciones Unidas revela cómo empresas transnacionales participan activamente en la colonización económica de Cisjordania, con total impunidad.

Detrás de los bombardeos, los desalojos y los bloqueos, en Palestina se libra otra guerra: la del capital. El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma una realidad inquietante: multinacionales, a menudo occidentales, invierten en los asentamientos israelíes, prestan servicios a los colonos y explotan los recursos de los territorios ocupados. Una economía de apartheid que prospera sobre las ruinas del derecho internacional.

Una ocupación que se industrializa

Mientras los bombardeos sobre Gaza acaparan la atención internacional, otro frente, más silencioso, se intensifica en Cisjordania: el de la colonización económica. El informe del Alto Comisionado documenta una preocupante aceleración en la creación de zonas industriales israelíes sobre tierras palestinas, a menudo confiscadas sin compensación ni consulta. Presentadas como polos de desarrollo, estas zonas son en realidad enclaves coloniales, diseñadas para reforzar el control israelí sobre el territorio y marginar aún más a la población palestina.

Las tierras agrícolas palestinas se reconvierten para usos industriales o residenciales exclusivamente reservados a los colonos. El informe señala que estas confiscaciones se basan en mecanismos jurídicos israelíes que eluden el derecho internacional, declarando ciertas zonas como “tierras estatales” o “zonas militares cerradas”, para luego transferirlas a consejos de colonos o a empresas privadas. Este proceso no es puntual, sino parte de una estrategia sistemática de expropiación.

Multinacionales en primera línea

En este contexto, empresas extranjeras —activas en los sectores de la construcción, obras públicas, energía, tratamiento de aguas y telecomunicaciones— siguen invirtiendo en estos proyectos coloniales. El informe cita explícitamente 97 empresas transnacionales, entre ellas:

• Motorola Solutions, que proporciona sistemas de vigilancia y comunicación utilizados en los asentamientos y en los puestos de control.
• Caterpillar, cuyos bulldozers se emplean para demoler viviendas palestinas y construir infraestructuras coloniales.
• Airbnb, que ofrece alojamientos en asentamientos israelíes sin indicar claramente su estatus ilegal.
• Booking.com, que incluye establecimientos ubicados en colonias, contribuyendo a su normalización turística.
• General Mills, implicada a través de su filial Pillsbury en una zona industrial en Cisjordania.
• Heidelberg Materials (antes HeidelbergCement), que explota canteras en tierras palestinas confiscadas.
• Elbit Systems, empresa israelí de defensa cuyas tecnologías se utilizan para vigilar y controlar a la población palestina.
• DXC Technology, que presta servicios informáticos a instituciones israelíes que operan en los asentamientos.
• JCB, fabricante británico de maquinaria de construcción, cuyos equipos se utilizan en demoliciones y obras en territorios ocupados.
• Rafael Advanced Defense Systems, implicada en la seguridad de los asentamientos y en el desarrollo de sistemas militares utilizados en Gaza.

Estas inversiones, lejos de ser neutrales, contribuyen a la sostenibilidad económica de los asentamientos y a su expansión, legitimando de facto la ocupación. Permiten que las colonias funcionen como entidades autónomas, dotadas de infraestructuras modernas, servicios exclusivos y acceso privilegiado a los recursos naturales.

Las infraestructuras desarrolladas en estas zonas —carreteras, redes eléctricas, sistemas de riego— están diseñadas para servir exclusivamente a los colonos israelíes. Los palestinos están excluidos de estos servicios, e incluso físicamente impedidos de acceder a ellos. El informe menciona casos en los que aldeas palestinas cercanas sufren escasez de agua, mientras que los asentamientos disponen de abundantes recursos, gestionados por empresas privadas. Esta segregación infraestructural refuerza las desigualdades y cristaliza una lógica de apartheid económico.

Gaza como cortina, Cisjordania como obra

El concepto de “distracción estratégica” es central en el informe. Mientras la atención mediática y diplomática mundial se concentra en las operaciones militares en Gaza —con imágenes de devastación, crisis humanitaria y bombardeos incesantes— en Cisjordania se desarrolla un proceso paralelo, menos visible pero igual de sistemático: la expansión infraestructural de los asentamientos israelíes. Este proceso no es accidental ni reactivo, sino planificado. El informe muestra cómo, durante las fases de escalada militar, las autoridades israelíes aceleran la aprobación de proyectos de construcción, la creación de carreteras reservadas para colonos, la ampliación de zonas industriales y la instalación de sistemas de vigilancia.

Estas operaciones son posibles gracias al apoyo de actores privados, en particular empresas transnacionales que proporcionan tecnología, materiales y servicios. El contexto bélico, según el informe, crea una “ventana de oportunidad” para consolidar el control territorial sin atraer atención ni condena internacional. En otras palabras, la guerra en Gaza se convierte en un escudo mediático y diplomático tras el cual se intensifica la colonización económica de Cisjordania.

El resultado es una creciente dualización del territorio. Por un lado, los asentamientos israelíes se desarrollan como enclaves modernos, dotados de infraestructuras avanzadas, acceso privilegiado al agua, electricidad, red vial y servicios digitales. Estas zonas están diseñadas para ser autosuficientes e interconectadas, a menudo con el apoyo de empresas como Motorola Solutions (comunicaciones), DXC Technology (informática) y Elbit Systems (seguridad y vigilancia). Por otro lado, las comunidades palestinas viven en condiciones de aislamiento, con acceso limitado a los recursos, movilidad fuertemente controlada e infraestructuras deterioradas o inexistentes.

El informe califica esta configuración como “segregación económica institucionalizada”. No se trata solo de una separación física, sino de un sistema económico que distribuye oportunidades y recursos según la identidad étnica y nacional. Los palestinos están sistemáticamente excluidos de los beneficios del desarrollo, mientras que los colonos —a menudo ciudadanos israelíes o inversores extranjeros— gozan de ventajas estructurales. Esta segregación se refuerza mediante políticas fiscales, normativas urbanísticas y prácticas de expropiación que favorecen la expansión colonial.

En resumen, el informe muestra que la guerra no es solo un evento militar, sino también un dispositivo político-económico. Sirve para desviar la atención, legitimar medidas excepcionales y crear las condiciones para una expansión territorial disfrazada de desarrollo. Es en este contexto donde las multinacionales encuentran espacio para operar, invertir y obtener beneficios, contribuyendo activamente a una arquitectura colonial que se reproduce día tras día bajo el velo de la impunidad.

El negocio de la ocupación: silencios, beneficios y complicidad

Lo que revela este informe es la arquitectura de un sistema en el que la economía colonial no solo acompaña la ocupación: la estructura, la alimenta, la perpetúa. Las multinacionales no son espectadoras pasivas del conflicto israelí-palestino —son sus beneficiarias, a veces instigadoras indirectas. Al proporcionar tecnologías de vigilancia, construir en los asentamientos y explotar los recursos de los territorios ocupados, transforman la guerra en mercado, la represión en oportunidad.

Aún más grave es el silencio cómplice de los Estados y las instituciones internacionales. Mientras las bombas caen sobre Gaza, las familias son desplazadas en Cisjordania, los defensores de los derechos humanos son silenciados, y las cancillerías occidentales siguen firmando contratos, abriendo mercados y protegiendo sus intereses. El derecho internacional se invoca en los foros oficiales, pero se pisotea en los pasillos de las negociaciones.

Y los medios de comunicación dominantes, por su parte, reproducen narrativas de seguridad, ocultan las dimensiones económicas y evitan cuidadosamente nombrar a las empresas implicadas. El conflicto se presenta como una fatalidad, nunca como un sistema. Sin embargo, este sistema tiene arquitectos, beneficiarios, cómplices.

Es hora de romper esta cadena de impunidad. De nombrar a las empresas, de interpelar a los Estados, de apoyar las campañas de boicot y desinversión, de devolver la voz al pueblo palestino. Porque detrás de cada muro construido, cada dron vendido, cada hectárea confiscada, hay una lógica de beneficio. Y detrás de esa lógica, hay decisiones políticas. El silencio ya no es una opción: es una forma de complicidad.

*Fuente: ElClarin

Más sobre el tema:

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INNOVACIONES EN FAVOR DEL LUCRO

Muchas de las innovaciones, que introdujo la dictadura pinochetista, durante su período, a la institucionalidad chilena, no solamente se mantuvieron durante los gobiernos que la sucedieron sino, en no pocos casos, las profundizaron. El caso de la generación y distribución de la energía eléctrica fue (y es, en la actualidad) una de aquellas. Tal fue el rol político desempeñado por los gobiernos de la Concertación.

Hasta 1981, tanto la producción como la distribución de la electricidad se encontraba en manos del Estado, sujeto social al que se consideraba (y se considera, aún) representante del interés público o de la comunidad. Y eso no era por la simple voluntad de hacerlo sino porque, al igual de otras actividades que afectaban la vida normal de la comunidad —como la salud, la educación, el transporte e, incluso, el desempeño de algunos cargos públicos—, se consideraban ‘servicios’ que el Estado mismo debía prestar a esa comunidad.

A partir de la fecha indicada, y como consecuencia del golpe de Estado de 1973, y la consiguiente instauración del llamado ‘Modelo de Economía Social de Mercado’, se inició un paulatino e irreversible proceso de privatización de las instituciones públicas. El objetivo era reducir el tamaño del Estado y, consecuentemente, vender todas las empresas estatales ―por considerarlas poco eficientes― al sector privado a fin de hacerlas rentables, sin importar si algunas de ellas eran empresas o servicios. Todo había de venderse; incluso a precios irrisorios.

La producción y distribución de la energía eléctrica estaba a cargo, en Santiago, de la Compañía Chilena de Electricidad CHILECTRA; en el resto del país, la Compañía General de Electricidad Industrial.  Desde el año indicado más arriba y hasta 1987, bajo los vientos renovadores de la dictadura pinochetista, comenzó un complicado proceso de privatización que transformaron lo que era un ‘servicio’ en un ‘negocio’ bajo la excusa de contar con empresas capaces de financiarse ellas mismas con su actividad. Al día de hoy, y luego del término de esa dictadura, la situación no ha variado ostensiblemente: las empresas que fueron privatizadas no solamente siguen en esa misma condición sino, además, se les ha brindado el apoyo necesario orientado a perfeccionar su funcionamiento. La excusa para realizar esos cambios no ha variado: el Estado es un mal administrador; ergo, hay que entregar su funcionamiento al sector privado. La electricidad, de esa manera, ha pasado a convertirse en un negocio para quien controla su actividad.

Esto es importante, porque pone de manifiesto la esencia misma de la privatización que no es sino el afán de lucro. De lo cual deriva que a las empresas privatizadas no se les puede pedir conductas altruistas o que pongan en duda su íntima naturaleza, cual es la captación cada vez más intensiva de plusvalor. En este nivel ha de situarse el caso de la producción y la distribución de la electricidad en Chile.

NOCIONES ELEMENTALES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRiCO EN CHILE

El sistema eléctrico de Chile está integrado por numerosas empresas privadas, de entre las cuales se señala a ISA InterChile, Transelec y Transmisora Eléctrica del Norte (TEN S.A., ligada a Engie), entidades que estuvieron involucradas en el apagón[1] de 25 de febrero recién pasado. La prensa les llama, simplemente, ‘eléctricas’ y, en no pocas de ellas, participan en su directorio personajes tanto de la denominada ‘derecha’ como de la ‘izquierda’, que raras veces discuten entre ellos, porque, en el ejercicio de esa labor, reciben remuneraciones, gozan de buena posición social, aumentan sus contactos y porque, como lo señala ese antiguo refrán, ‘entre bueyes no hay cornadas’. Así, por los pasillos de las ‘eléctricas’ se puede encontrar a personajes tan conspicuos como Nicolás Eyzaguirre, Bernardo Larraín Matte, Viviana Blanlot, entre otros, lo que pone de manifiesto la estrecha vinculación entre el poder político y el empresariado[2]. No debe, así, llamar la atención que una de ellas (ISA InterChile) incrementara

“[…] sus ganancias en un 500% a septiembre de 2024 en relación al mismo mes del año anterior. El sistema eléctrico chileno se encuentra privatizado permitiendo grandes niveles de lucro para las compañías multinacionales”[3].

Por consiguiente, nos encontramos ante estructuras económicas cuya finalidad no es hacer patria; mucho menos, preocuparse de los problemas que puedan tener los gobiernos de turno, cuando no sea la prolongación de la vigencia de sus respectivos contratos de suministro. Si bien es cierto que esos contratos las obligan a esmerarse en prestar sus servicios de la mejor manera, no es menos cierto que saben, igualmente, quiénes son los actores políticos que, en el Parlamento, van a defender sus derechos a cualquier precio. Por eso, entre esforzarse por brindar el servicio prometido y asegurar sus ganancias, optarán ineluctablemente, por esta última alternativa.

UN APAGON IMPREVISTO

A las15:15,40, del 25 de febrero recién pasado[4], un apagón imprevisto paralizó la generalidad de las operaciones que se realizan en el país. En un documento emanado de ISA InterChile S.A., entregado con posterioridad al hecho se puede leer como causa eficiente del siniestro algo tan vago y difuso como que la referida interrupción del suministro eléctrico fue originada por

«[…] la activación no deseada de sus esquemas de protección»[5].

Puede parecer un tanto cómica la expresión empleada, pero tal ha sido la explicación: hubo una ‘activación no deseada’. Algo que no se quiso hacer. Una torpeza que no se quiere sindicar de tal para lo cual se recurre a un eufemismo. Bueno, está bien. Una ‘activación no deseada’ bien puede parecer un concepto científico y estimarse como tal. Ha permitido que el Coordinador Eléctrico Nacional ―organismo encargado de la coordinación del conjunto de instalaciones del sistema eléctrico nacional―, diez días después de ocurrido el hecho, declare que

“[…] la falla se originó cuando personal de la empresa ISA InterChile intentó normalizar el canal de comunicaciones de la función diferencial de línea (87L) en la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”[6].

El sistema se desincronizó. Al intentar volverlo a su lugar (sincronizarlo, nuevamente), el personal que operaba el programa produjo una ‘desconexión forzada’ de ambos circuitos, pues ejecutó

“[…] una actuación no esperada e imprevista de dicha función de protección”[7].

Bueno, ya. Otro eufemismo. Pero no es eso lo importante. No es la ´primera vez que las ‘eléctricas’, con su pasividad y mal manejo de las circunstancias, han provocado un apagón. Durante los temporales del año pasado, la inacción de esas empresas causó estragos entre los sectores más desprotegidos de la población. Por supuesto, recibieron la advertencia de las autoridades. Pero, sus órganos directivos saben que las advertencias de aquellas son únicamente eso: sólo se les aplicará una multa y seguirán funcionando como hasta ahora lo han hecho.

INTENTANDO ENCONTRAR LA RAIZ DE LOS PROBLEMAS

A nuestro entender, la raíz de los problemas no está en centrar el debate acerca de si hubo o no un eficiente manejo de la situación, tarea que bien se puede encomendar a los técnicos en la materia, sino en develar la naturaleza de la actividad que paralizara por completo a la nación y su significado para la comunidad nacional.

La electricidad, para la moderna sociedad, se ha transformado en un elemento vital. Como lo es el aire para los seres vivos. El avance impresionante que han experimentado las fuerzas productivas, revolucionando el conjunto de las relaciones de producción, ha hecho que la electricidad se torne imprescindible para el funcionamiento de la sociedad moderna. No debe sorprender que también lo sea también para la chilena. Ni que, reflexionando sobre lo mismo, señalaran dos analistas:

“Con toda la situación vivida, el corte de luz despertó una interrogante que durante mucho tiempo estuvo dormida. Y es que hasta el apagón masivo del 25 de febrero, pocos se habían cuestionado sobre la inevitable dependencia que existe hacia la electricidad, la luz, la energía y los dispositivos tecnológicos. También, sobre cómo actuar frente a estos sucesos”[8].

La electricidad no es cualquier actividad económica. Es el basamento energético sobre el cual descansa todo el funcionamiento de la moderna sociedad. La electricidad lo abarca todo. Permite a una comunidad, por lo demás, proyectarse hacia el futuro por lo que debe ser considerada como ‘actividad estratégica’. No fue otro el sentido que antaño se le dio a la misma, cuando aún no representaba lo que hoy sí representa.  Quien ejerce dicha actividad, sea persona natural o jurídica, debe ser estimado como ‘empresa estratégica’, es decir, una organización cuyo funcionamiento es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La interrupción o suspensión del flujo que provee a la nación puede causar daños irreparables a su normal funcionamiento.

Estas empresas de carácter estratégico no son sino, en general, lo que se ha dado en denominar ‘infraestructura crítica’, es decir, actividades del país que han de ser protegidas por el Estado chileno por intermedio de sus institutos armados. Pero no solamente aquello: son actividades cuya paralización puede poner en riesgo la soberanía nacional.

AUDACES QUE PONEN EN PELIGRO LA SOBERANÍA

El apagón pudo ser un apagón. Y nada más. Pero no fue así. Hubo algo muy grave, escandalosamente más grave. Muy propio de la empresa privada, en donde los intereses estatales se subordinan a los del comercio. Según lo señala un analista,

“En un hecho sin precedentes, el encargado de coordinar el sistema energético –que encabeza Juan Carlos Olmedo, quien también es teniente de reserva del Ejército- realizó una solicitud sin respaldo en ningún protocolo de recuperación de servicio. No sólo eso, según varios expertos en la materia, dejó en evidencia la carencia de criterio en la gestión de crisis de nuestra infraestructura crítica. Una decisión que trascendería lo meramente técnico –aseguran–, teniendo claras implicancias políticas, económicas y diplomáticas”[9].

En efecto, se había solicitado ayuda de Argentina para la solución del imprevisto, poniendo al descubierto, con esa acción,

“[…] la vulnerabilidad de no tener los planes de contingencia bien probados… una sensación de vulnerabilidad escalofriante, de violación de la seguridad nacional”[10].

Es cierto que quienes se encuentran a cargo del sistema eléctrico chileno —el Coordinador Eléctrico Nacional CEN— reciben buenas remuneraciones. Pero eso no basta para asegurar su buen desempeño: un ejército de mercenarios no sustituye a un ejército de nacionales. Por eso, de nada sirve reclamar, como lo hacen algunos analistas:

“La pregunta que uno se hace, entonces, es cómo cinco ejecutivos bien pagados y de dedicación exclusiva en el tema, les metieron un gol de ese tamaño. Ingenieros eléctricos probados y experimentados, que vienen del antiguo sistema y que todavía no saben con claridad la causa de la falla. Es realmente escandaloso lo que ocurrió”[11].

Analizar, por tanto, desde el punto de vista técnico las causas de la falla y entregar las recomendaciones respectivas a aquellas para evitar que se vuelvan a repetir, no resuelve el problema. De nada sirve, en consecuencia, esforzarse en entregar opiniones acerca de las causas materiales que pudieron afectar al sistema productor y distribuidor de energía. La generación y distribución de la energía eléctrica ha sido entregada a manos de personajes que buscan el lucro y no la protección de una nación. Tampoco quienes son pagados para que controlen lo que otros hacen. Es un campo manejado por los interesas que subyacen tras la oferta de prestar el respectivo servicio.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

Sucede que la verdadera solución a los problemas que aquejan a la nación, en materia de electricidad, irrita la sensible epidermis pecuniaria que poseen los grandes empresarios y sus dependientes políticos. Nadie quiere innovar. Pero sí, quieren que el Estado solucione los problemas. Y, sin embargo, el Estado chileno no puede estar gastando sus ingresos en proteger la infraestructura crítica de la nación si ésta se encuentra en manos privadas y el objetivo de las empresas eléctricas es lucrarse a costa de toda la población. Menos si el Estado, para tener control sobre esas actividades, ha creado una red de estructuras que controlan a controladores, a productores y transmisores de electricidad y les asigna remuneraciones que se extraen del bolsillo de todos los chilenos pues la contribución se encuentra incorporada en las boletas del cobro de la luz. El Coordinador Eléctrico Nacional recibe un sueldo que supera los veintitrés millones de pesos mensuales (23.000.000).

Pero sí lo debe hacer —y es su obligación hacerlo—, cuando esa infraestructura crítica pertenece a toda la comunidad nacional y funciona como ‘servicio’ de la misma. No como ‘negocio’ del sector privado y como devoradora de plusvalor.

En apoyo a nuestra opinión, señalaba un analista, hace un tiempo atrás y refiriéndose a lo sucedido durante los temporales, que lo lógico sería que determinadas actividades, estrechamente relacionadas con la seguridad nacional debieran ser estatales pues es indesmentible que

“[…] hay sectores en la economía en cuya gestión la labor del sector privado es insuficiente por si sola”[12].

Y, también, otro defensor de los intereses de la comunidad nacional:

“La estatización de los servicios vitales que antes fueron públicos es una demanda ciudadana que hoy vuelve a cobrar actualidad: las privatizaciones de la dictadura y de las dos derechas que le sucedieron forman parte del pasado”[13].

Nuestra idea va en esa dirección. Las actividades básicas de la nación, sus servicios esenciales, no pueden estar en manos privadas; al igual que sus riquezas básicas, deben ser propiedad de todos los chilenos. Por lo mismo, las organizaciones sociales ―ya que los partidos políticos no lo hacen― deben contemplar en sus demandas, la nacionalización o estatización de los servicios básicos de la nación y exigir del Estado la protección de los mismos por parte de los institutos armados. Más aún, ahora que la fiebre electoral comienza a desatarse.

Santiago, marzo de 2025

[1] Por vía ejemplificativa, señalaremos, además, que se acostumbra a dividir las ‘eléctricas entre ‘generadoras’ y ‘transmisoras’. De entre las primeras, señalaremos a Engie, Aes Andes, Cerro Dominador y Colbún, entre varias; algunas de las transmisoras son Transelec, Transemel, Sonnedix, en fin.

[2] San Martin, Pablo: “’Radiografía’ a las eléctricas. Cuáles son las empresas que influyen en las cuentas de la luz y cómo funciona el sistema”, 28 de junio de 2024, EMOL.

[3] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, El Clarin, 3 de marzo de 2025.

[4] Herrera, Polet: CEN por apagón: ‘ISA InterChile había informado a las 13,35 horas que dicha protección estaba fuera de servicio’”, CNN Chile, 06 de marzo de 2025.

[5] Redacción: “La crisis detrás del ‘black out’ que dejó a Chile sin luz”, RT, 26 de febrero de 2025.

[6] Browne Russo, Vicente: “Origen del apagón: Coordinador advierte que empresa ISA intervino el sistema sin informarles y sin permiso para hacerlo”, ‘Ex Ante, 07 de marzo de 2025.

[7] Browne Russo, Vicente: Trabajo citado en (6).

[8] Oportot Campillay, Juan y Montes, Manuel José: “El apagón de Chile: la cada vez más inevitable dependencia de la electricidad”, ‘The Clinic, 01 de marzo de 2025.

[9] Pizarro Sanguesa, Claudio: “Las críticas contra el CEN por ignorar el factor geopolítico en la solicitud de energía a Argentina”, ‘El Mostrador’, 09 de marzo de 2025.

[10] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[11] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[12] Salce, Felipe: “Mercado eléctrico: el ejemplo perfecto de que el sector privado no lo es todo”, CIPER, 09 de agosto de 2024.

[13] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, ‘El Clarin’03 de marzo de 2025.

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Sustitución de la doctrina económica de Equilibrio presupuestario de los Estados por la del Déficit endémico, práctica que por mimetismo adoptarán las economías domésticas y las empresas y organismos públicos y privados contribuyendo a la desaparición de la cultura del ahorro, endeudamiento crónico y excesiva dependencia de la Financiación Exterior.

Instauración del consumismo compulsivo en los países desarrollados, favorecido por el bombardeo incesante de la publicidad, el uso irracional de las tarjetas de plástico, la concesión de créditos instantáneos con sangrantes intereses y la invasión de una marea de productos manufacturados de calidad dudosa y precios sin competencia provenientes de los países emergentes.

Obsesión paranoica de las multinacionales apátridas o corporaciones transnacionales por maximizar los beneficios debido al apetito insaciable de sus accionistas al exigir incrementos constantes en los dividendos no dudando en endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo mediante OPAS hostiles e intensificando la política de deslocalización de empresas a países emergentes en aras de reducir los costes de producción.

Brutal incremento del consumo de materias primas y productos elaborados por parte de los países emergentes debido a sus espectaculares crecimientos de los PIB anuales en el último decenio lo que unido a la intervención de los brokers especulativos ha conllevado una espiral de aumentos de precios imposibles de asumir por las economías del Primer Mundo( al no poder revertirlas en el precio final del producto dados sus altos costes de producción). Como consecuencia de todo lo anterior se ha producido una sensible pérdida de su competitividad, estancamiento de sus exportaciones, aumento de los Déficits por Cuenta Corriente y Deuda Externa y la inestabilización económica global, dibujándose así un escenario a cinco años en el que se regresaría al proteccionismo económico, la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica.

-El autor, Germán Gorraiz López, es analista

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18 de octubre de 2017
La manipulación de la opinión pública con fines políticos o económicos utilizada por gobiernos o grupos de poder presenta numerosos ejemplos en la historia mundial desde tiempos remotos. En la mente de todos está todavía el caso de las fantasmagóricas “armas de destrucción masiva” de Saddam Husein, que utilizaría EE.UU. y sus aliados para justificar una guerra de rapiña devastadora que sigue teniendo graves consecuencias hasta hoy día en todo Oriente Medio.

Pero hay muchos más casos, de distinta envergadura. El odio de ciertos poderes en EE.UU. y sus países aliados a otros de sus “demonios”, los gobiernos de Irán y de Venezuela, les han llevado a inventar una supuesta conspiración de esos dos países para llevar al poder en España a Podemos, una joven fuerza política popular, confiados, según esa teoría, en que este partido cambiaría la política exterior y mejoraría las relaciones con Caracas y Teherán.

La DEA estadounidense ha filtrado falsas pruebas de esa supuesta trama a tres bandas, Venezuela-Irán-Podemos, tanto a grandes medios de comunicación de EE.UU. como a medios españoles, irrumpiendo así el tema en la escena política como un “intento de injerencia de potencias extranjeras”. El Gobierno español y otras fuerzas y medios han lanzado una gran ofensiva intoxicadora para frenar a Podemos y a su vez presentar tanto a Irán como a Venezuela como países peligrosos e injerencistas.

Invitados:

Carlos Enrique Bayo, Director del publico.es (2012-2016)
Patricia López, Periodista

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Tras el fin de las dictaduras militares latinoamericanas en la segunda mitad de los años 70 y 80 del siglo XX, EEUU potenció los gobiernos neoliberales en toda la región bajo la doctrina del llamado Consenso de Washington. Con ella se generalizó la privatización de las grandes empresas públicas de gran importancia estratégica, periodo que coincidió con el auge de la economía española y la privatización también de empresas públicas y su transformación en multinacionales, que encontraron en América Latina su gran oportunidad. España se convirtió en el segundo inversor extranjero en la región, solo detrás de EEUU. Las grandes empresas españolas especializadas en petróleo, electricidad, grandes infraestructuras, constructoras, aseguradoras, de telefonía y bancos, pasaron a controlar parcial o totalmente la mayor parte de esos sectores. Esas mismas multinacionales pasaron a su vez a controlar el capital de la mayoría de los grandes grupos mediáticos españoles y a ser sus principales anunciantes de publicidad. Por ello no dudan en utilizar ese gran poder para dar su propia versión de lo que sucede en esos países, tergiversando la realidad y asumiendo en muchos casos una postura pro golpista, como sucedió ante el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Nuestro programa pretende mostrar la relación directa que existe entre esa información tan parcial con los intereses de los dueños de los grandes grupos mediáticos españoles.

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Ocho mil infantes padecen proceso inhumano

Existe una red de intermediarios que realizan fraudes fiscales, evasión de impuestos y compran el rubro para venderlos a las multinacionales

Diciembre 7, 2018

La cadena productiva del cacao en Brasil se encuentra en manos de ocho mil niños del país, que se encargan de sacar las semillas, para la fabricación del rubro en los principales municipios de la nación suramericana, reseñó Prensa Latina.Así lo denunció  el investigador Marques Casara, al portal brasileño de Fato, quien expresó: “todo chocolate a la venta en Brasil está contaminado por trabajo infantil“. El especialista aseguró que no existe supervisión de origen del cacao y que el que no ha sido producido por mano de obra infantil es “indistinguible”.

Niños explotados son víctimas de un proceso inhumano en Brasil

Destacó que las familias que intervienen en la cadena productiva de cacao se hallan abandonadas por parte del Estado brasileño y agregó que estas son víctimas de un proceso inhumano de explotación por parte de las industrias para obtener ganancias elevadas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el organismo que auspicio la investigación, para determinar los impactos sociales y ambientales en las cadenas productivas del cacao. Además, para establecer responsabilidades por violaciones de derechos en los eslabones superiores de esas cadenas, que muchas veces no están en el lugar donde ocurre la transgresión.

Trabajo infantil

Las conclusiones del estudio liderado por Marques Casara evidenciaron que la práctica del trabajo infantil es recurrente en la base de la cadena productiva del cacao y que favorece directamente a las grandes procesadoras del rubro con sede en Brasil y que están vinculadas a las empresas multinacionales, así como a las principales industrias.

“Ellas consiguen un producto más barato cuando las familias usan a sus hijos en las etapas de cosecha y de la primera transformación del cacao, que se hace en la propia tierra, en la propiedad, que es la fermentación”, explicó.

También señaló que el precio que pagan los molinos, a través de los intermediarios, no permite que el agricultor pueda contratar el servicio de una persona adulta para ayudar en la cosecha, por ende los campesinos colocan a sus hijos en la actividad. Para que los intermediarios vendan a grandes empresas y multinacionales, sin facturas y sin obligaciones fiscales.

Mafias del cacao

Otros de los hallazgos en la investigación, ha sido la identificación de fraudes en los procesos de intermediación y que consiste en que la mitad de la producción de una propiedad queda con el agricultor y la otrora con el dueño de la tierra. Este mecanismo esconde prácticas de violaciones de derechos, inclusive trabajo esclavo.

Un tercer punto y que no es menos importante, es la gran red de intermediarios que utilizan fraudes fiscales, evasión de impuestos y compran ese cacao de los agricultores para entregarlo a las grandes procesadoras de cacao y a los grandes molinos.

Aunque la industria del chocolate ha sido muy lucrativa, los municipios productores presentan bajos índices de desarrollo humano por la falta de recaudación y operaciones fraudulentas que benefician a las multinacionales.

Brasil se ubica en el séptimo lugar de mayor productor de cacao en el mundo y ha sido calificado como el segundo de América Latina. La semilla se cultiva en ocho estados, y Pará, en la región norte, es responsable por un 49,3 por ciento del volumen total.

Las más beneficiadas son las empresas multinacionales que evaden impuestos y compran el rubro a precios muy económicos.

*Fuente: ElCiudadano

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LOS OJOS CERRADOS es un recorrido por la América Latina sujeta al saqueo y la contaminación por parte de las multinacionales.

Desde México a Colombia y de Guatemala a Uruguay y la Argentina, el documental comienza citando a Eduardo Galeano: ¨…aparecen los conquistadores en sus carabelas y, cerca, los tecnócratas en sus jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino y las misiones del fondo monetario internacional, los dividendos de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors.¨

Realizado por Miguel Mirra con la colaboración de realizadores de todo el continente, LOS OJOS CERRADOS DE AMERICA LATINA aborda la cuestión de la minería a cielo abierto, de la soja, los monocultivos y la depredación de suelos y bosques, de las represas, la devastación ictícola y la producción de pasta de celulosa poniendo en evidencia la estrecha relación entre el saqueo de los recursos naturales, la contaminación del ambiente y el modelo de explotación que las multinacionales aplican en América Latina.

Pero LOS OJOS CERRADOS DE AMERICA LATINA es también, frente a la complicidad o la inacción de los gobiernos nacionales, un muestrario de las luchas populares de resistencia frente a ese saqueo, frente a la contaminación, el desplazamiento forzado de las poblaciones, la destrucción de las producciones regionales y de las fuentes de trabajo de millones de latinoamericanos.

Con entrevistas a Jorge Rulli, Pablo Begel, Ana Esther Ceceña, Fernando Buen Abad, Adolfo Pérez Esquivel y asambleístas y referentes de los movimientos sociales de América Latina contra el saqueo y la contaminación.

Fue realizada con el aporte de documentalistas de casi todo el continente, entre otros:

Jill Irena Freiberg y Salvador Díaz, en México
Natalia Zuloaga Ospina, en Guatemala
Ainoa Rodríguez, en Colombia
Ernesto Cabellos, en Perú
Farmín Aio, en Paraguay
Silvana Jarmoluk, Patricio Schwanek, Alejandro Fernández Moujan y Claudio Lanús, en Argentina

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