Santiago de Chile, 2 de junio de 2020, RAP-Chile/ Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile, hemos participado en la Consulta Pública del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, manifestando nuestro total rechazo a la nueva resolución sobre organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Asimismo, reiteramos nuestra solicitud a las autoridades para que establezcan la moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos (OGM) destinados al mercado interno. El principio de Precaución debiera ser la base de la formulación de políticas públicas de Chile.
La diseminación de OGMs en el ambiente trae consigo contaminación genética de plantas sexualmente compatibles y contaminación química por el paquete de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y fertilizantes químicos usados en estos cultivos, entre ellos el herbicida glifosato, glifosato/RoundUp, posible cancerígeno para humanos, según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Por tanto, estos cultivos representan no solo una amenaza para nuestro patrimonio vegetal, para la biodiversidad sino también un grave riesgo para la salud humana, animal y el ambiente. Hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación.
En Estados Unidos, el 18 de mayo de 2020, el Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) ha publicado en el Registro Federal, nuevas reglas federales que reducen significativamente su responsabilidad regulatoria respecto de los organismos OGM. De esta forma han abierto las puertas para que los desarrolladores de la industria y las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología puedan «autodeterminar» si sus productos manipulados deban o no ser sometidos a una revisión regulatoria y a una evaluación de riesgos ambientales. Según señala María Elena Rozas coordinadora nacional de RAP-Chile, “Está claro que nuestras autoridades no están haciendo otra cosa que seguir los lineamientos y órdenes de Estados Unidos, en este caso en materia agrícola. La norma en consulta, de carácter exprés, fue diseñada en Estados Unidos y obedece a su política desregulatoria que bajo el nombre de regla SEGURA, encubre nuevas facilidades para que corporaciones transnacionales agroquímicas y de la biotecnología puedan desarrollar sus actividades contaminantes. Nos parece inaceptable que reguladores nacionales hayan abdicado de sus responsabilidades de proteger un bien público como es la biodiversidad y la salud pública a favor de los intereses de las corporaciones que monopolizan el mercado de las semillas. Repudiamos el hecho que la industria agroquímica y biotecnológica esté tomando el control de la regulación de los transgénicos desde dentro de los organismos reguladores del Estado”.
Entre otros retrocesos de la nueva resolución respecto de la anterior está la eliminación de la evaluación de riesgo lo que es grave porque la evaluación de riesgo es la base científica que correlaciona peligrosidad con exposición y con la probabilidad de la ocurrencia de riesgos. Además, porque la evaluación de riesgo es central en la determinación de los posibles impactos negativos en la salud y el ambiente, que conlleva la introducción al ambiente de los OGM.
Exclusión de nuevos transgénicos
Al igual que lo contenido en la nueva resolución chilena, la norma de Estados Unidos ahora exime de la revisión normativa a las nuevas semillas OGM si contienen combinaciones de rasgos vegetales previamente aprobadas por el organismo o si se produjeron mediante técnicas de edición genética. En la Unión Europea, por el contrario, por determinación de la Corte Suprema de Justicia Europea, los productos derivados de la edición de genes deben ser sometidos a la misma evaluación de riesgo que los transgénicos. La edición de genes es una técnica de alteración del genoma en la cual no se han introducido genes de otra especie, sino se ha alterado el genoma mediante la técnica de cortar y pegar un segmento de gen. Esta técnica busca precisamente permitir a la industria eludir el comprobado rechazo que producen los transgénicos en los consumidores. La técnica CRISPR de edición de genes se utiliza actualmente en muchas de las nuevas semillas lanzadas por la industria, de manera que no incluirlas en esta regulación puede significar incluso que ya han sido registradas por el SAG para su uso en nuestro país, como anunció previamente el gobierno, en comunicación firmada por Chile a la Organización Mundial del Comercio en marzo de 2019 o como reiteró el ministro de Agricultura ante la Cámara de Diputados en la discusión sobre transgénicos y TPP11, considerando que la transgenia había sido “superada” por la edición de genes y por tanto el UPOV91 permitía también registrar las semillas editadas con CRISPR.
La ingeniería genética pone en peligro la protección de especies. Una creciente cantidad de estudios de científicos independientes pone énfasis en resultados no deseados que pueden presentarse por el uso de técnica CRISPR. Kawall, Miyazaki, Bauer-Panskus, y Then, autores de un estudio reciente publicado en TestBiotech, concluyen que las serias implicancias de la edición de genes para nuestras especies y nuestro planeta no solo requieren un enfoque de regulación estricta y una evaluación obligatoria de su impacto, sino también un debate sociológico sobre sus implicancias éticas en los derechos de la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones. Estas técnicas se pueden usar en animales de campo para producir más carne, leche con otra composición, cerdos resistentes a virus y animales “adaptados al cambio climático”.  Entre otros problemas que pueden ocurrir con la técnica de edición de genes conocida como CRISPR, está que se ha encontrado una alta frecuencia de duplicaciones de segmentos de gen no deseadas, encontradas en inserciones genéticas en ratones, que no se detectan usando el análisis estándar de PCR y requieren por tanto un estudio específico.
Al respecto Lucía Sepúlveda de la campaña Yo No Quiero Transgénicos, YNQT señala: “El Ministerio de Agricultura y sus autoridades debieran enfocarse en que la temporada de siembras reincorpore los cultivos tradicionales de trigo, arroz, porotos y lentejas, y en proveer semillas tradicionales y criollas a la agricultura familiar campesina, desde el INIA, para que en el escenario incierto que vivimos, no dependamos de las importaciones. Por el contrario, mediante la cuarentena nos imponen los negocios de Bayer/Monsanto y las otras semilleras, con estas falsas soluciones de respuesta al cambio climático y al hambre. Así colocan nuevamente al gobierno en contra de las aspiraciones y necesidades de las y los chilenos y de las comunidades campesinas e indígenas. “
Los devastadores impactos, agrícolas, ecológicos y en la salud de toda la población, especialmente de los sectores campesinos, de la dependencia de plaguicidas, como el glifosato, 2.4-D y otros, vinculados a las semillas transgénicas son una realidad en todos los países donde la pequeña agricultura campesina y la chacarería han sido reemplazados por monocultivos transgénicos. Según Alicia Muñoz de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, “Para el mundo campesino es una tragedia en medio de otra tragedia. Mientras las autoridades nos están encerrando en las casas para evitar la contaminación por COVID-19, están abriendo las puertas de par en par a las empresas transgénicas y a las corporaciones transnacionales contaminantes. Los transgénicos, incluyen un paquete tecnológico altamente contaminante que afectará más aún a los habitantes rurales, a las temporeras agrícolas y a los consumidores. No son una solución para el hambre porque es la pequeña agricultura campesina la que alimenta a Chile y al mundo”.
Masivo rechazo ciudadano
Ante esta grave situación, el 5 de mayo de 2020 enviamos una Declaración Pública a las organizaciones sociales, ambientales y de productores agrícolas denunciando los impactos que tendrá esta nueva norma. A pesar del corto tiempo y del carácter no vinculante de consulta pública, hasta el 31 de junio de 2020, 326 organizaciones y 414 personas han adherido a la Declaración Pública de RAP-Chile y también rechazado la nueva norma en la consulta pública del SAG.  La gran mayoría de los adherentes pertenece a organizaciones campesinas, a comunidades indígenas del norte a sur del país, a productores agroecológicos y orgánicos, y a confederaciones de funcionarios de la salud, sindicatos de trabajadores rurales, comunidades de base y asambleas de defensa de los territorios de distintas regiones de Chile. Junto a ellos están organizaciones de apicultores de la zona central, y las más importantes organizaciones defensoras del ambiente y la biodiversidad del país, a lo que se suma la adhesión de organizaciones feministas y de derechos humanos. Esta gran diversidad de adherentes da cuenta de que un amplio universo socioambiental tiene muy claro el impacto directo en sus vidas, en sus actividades productivas y territorios, de la expansión anunciada de los cultivos transgénicos
Norma sin consulta indígena
Entre los firmantes destacamos una importante presencia de comunidades indígenas. El Estado chileno, una vez más omitió la consulta indígena mandatada por el Convenio 169, frente a una decisión que afecta directamente el patrimonio de estas comunidades, que han creado y resguardado ancestralmente las semillas tradicionales en sus territorios.
Omisiones del SAG y propuesta de RAP-Chile
La cuestionada resolución, aun sin número, se denomina “RESOLUCIÓN EXENTA QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA IMPORTACIÓN, SIEMBRA CONFINADA, PERMANENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y DEROGA RESOLUCIÓN N°1523 DE 2001”.
Esta nueva resolución no reconoce que la biodiversidad representa un patrimonio importante en el desarrollo económico y social sustentable y que las diferentes producciones comerciales deben y tienen el derecho desarrollarse en un ambiente propicio y en igualdad de condiciones, por ejemplo, entre otras, la actividad apícola, la agroecología y la agricultura orgánica. Además, omite el decreto de Relaciones Exteriores Nº 1.963 de 1994 que promulga el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que son la base de nuestra legislación vigente en todo lo relacionado con transgénicos y sus riesgos. Tampoco cumple las exigencias de la Ley 19.300 respecto de los ítems que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
Agricultura agroecología, necesaria para enfrentar el COVID19
Estamos a favor, y especialmente en tiempos del COVID19, de la agricultura agroecológica porque significa un cambio transformador para nuestro sistema alimentario al proteger el ambiente y la salud de los campesinos, campesinas, trabajador@s del campo y consumidores de la exposición a Plaguicidas Altamente Peligrosos que deterioran nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. La agroecología, incompatible con los cultivos transgénicos, es un factor importante de recuperación y restauración de la biodiversidad.  Las frutas y hortalizas producidas agroecológicamente en el campo y huertas urbanas fortalecen nuestro sistema inmunológico y las economías territoriales. Así podemos enfrentar en mejores condiciones las diversas amenazas a nuestra salud, incluido el Covid-19 y también asegurar la sobrevida de las comunidades campesinas e indígenas y el desarrollo de mercados locales y de circuitos cortos en el abastecimiento de alimentos sanos y seguros, al alcance de todos.
Nota: La presión ciudadana obligó al SAG a extender por 15 días el periodo de la consulta ciudadana (hasta el 16 de junio de 2020), siempre desarrollada en periodo de cuarentena por COVID-19 y de carácter no vinculante.
Contactos:
Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile, María Elena Rozas, rap-al@terra.cl
Campaña Yo No Quiero Transgénicos, YNQT, Lucía Sepúlveda, lusr20@gmail.com
Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, Alicia Muñoz, aliciaanamuri@gmail.com

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La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile (RAP-Chile), fundada en junio de 1983, forma parte de una red internacional de organizaciones, instituciones, asociaciones e individuos que se oponen al uso masivo e indiscriminado de plaguicidas, planteando propuestas para reducir y eliminar su uso. Fomenta alternativas viables para el desarrollo de una agricultura, socialmente justa, ecológicamente sustentable y económicamente viable, que permita alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos. Asimismo, objeta los cultivos transgénicos porque atentan contra la salud y la diversidad biológica.
Yo No Quiero Transgénicos en Chile” es una alianza de carácter horizontal que articula redes sociales y ambientales, así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) es una organización civil chilena sin ánimo de lucro y autónoma compuesta únicamente por mujeres y fundada en el año 1998 en Buin, cuya misión es organizar y promover el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas de Chile estimulando y fortaleciendo su organización. ANAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina Internacional. En la actualidad, ANAMURI cuenta con aproximadamente 6800 socias.
María Elena Rozas
Coordinadora Nacional
Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile /
Alianza por una Mejor Calidad de Vida
Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL)
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Santiago de Chile
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Más sobre el tema:
 

El articulo ¿Agricultura Transgénica? Masivo rechazo campesino y social a resolución de SAG apareció primero en piensaChile.

El nuevo estudio muestra que una concentración muy baja de glifosato (en el rango de partes por billón y, por lo tanto, ambientalmente relevante para todos) puede desencadenar cáncer de mama cuando se combina con otro factor de riesgo.

En el estudio, los científicos expusieron las células mamarias humanas no cancerosas al glifosato in vitro durante un curso de 21 días. Las células se colocaron en ratones para evaluar la formación de tumores. Aunque las células expuestas al glifosato solo no indujeron el crecimiento tumoral, los tumores cancerosos se desarrollaron después de que el glifosato se combinara con un tipo de molécula reguladora de genes que está presente en todos los humanos.

El articulo GLIFOSATO: Puede desencadenar cáncer de mama agresivo cuando se combina con otro factor de riesgo apareció primero en piensaChile.

El gobierno federal ha prohibido completamente el controvertido herbicida glifosato a partir de finales de 2023. El 31 de diciembre de 2023, se suspenderá el uso de productos que contengan glifosato, de acuerdo con el «Programa de Acción para la Protección de Insectos», que fue aprobado por el gabinete federal este miércoles. Esto puso fin a una larga disputa entre los ministerios de medio ambiente y de agricultura.

El glifosato pertenece al grupo de herbicidas de amplio espectro que matan completamente a las plantas, incluyendo muchas de las cuales diversas especies de insectos dependen para su alimentación. También se sospecha que el glifosato es cancerígeno, razón por la cual Bayer, la empresa farmacéutica y agroquímica, tiene que defenderse de demandas de miles de millones de dólares en los Estados Unidos.

Más biotopos y más dinero para la investigación sobre la protección de los insectos

El gobierno alemán ahora planea restringir significativamente el uso de ese producto hasta el 2023, cuando expire la aprobación de la UE.

El objetivo de todo el programa de acción es frenar la muerte de insectos en los últimos años. Con este fin, el uso de insecticidas que perjudican la biodiversidad debe estar totalmente prohibido en las reservas naturales o en los parques nacionales. También se endurecerán los requisitos de aprobación para los nuevos productos fitosanitarios. Los agricultores también se verán obligados a crear áreas de vida para los insectos al borde de los campos o en los propios campos. El gobierno federal también designará áreas adicionales como biotopos. Entre otras cosas, el Gobierno alemán tiene la intención de poner 100 millones de euros a disposición para la investigación sobre la protección contra los insectos.

Además de estas medidas, el gabinete también aprobó la etiqueta de «Bienestar animal» propuesta por la Ministra Federal de Agricultura Julia Klöckner (CDU). Esta señal estatal tiene por objeto facilitar a los consumidores de los supermercados informarse acerca de las condiciones en las que se mantienen los animales en las granjas de crianza. Los criterios para la etiqueta de tres niveles prevista todavía tienen que establecerse en un decreto. Klöckner había exigido controles y sanciones regulares, incluidas penas de prisión, para quienes no cumplan los requisitos.

*Fuente: Die Welt

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Hace tres años, el director general de Bayer, Werner Baumann, terriblemente orgulloso, anunció la compra de la empresa estadounidense de pesticidas y semillas Monsanto, y sus accionistas aplaudieron. Prometió convertir la empresa en un actor global y llevar los dividendos para los accionistas a un nivel inimaginable. Su codicia impidió un análisis prudente del riesgo. Hoy en día, el valor de la acción de Beyer  se encuentra en el sótano, las exigencias de indemnización por daños presentadas en los EE.UU. son astronómicas, y el Consorcio Leverkusen está bajo amenaza de ser comprado por terceros o caer en bancarrota. Uno podría sonreír con una sonrisa de júbilo: «¡Te lo mereces!

Sin embargo, por desgracia, no son los accionistas y los gerentes los que servirían esa sopa, sino los contribuyentes. En vista de la amenaza de bancarrota, es probable que el gobierno alemán intervenga, tal como ocurrió durante la crisis bancaria. El Banco Federal (Bundesbank) también registrará pérdidas considerables en este caso, ya que fue Jens Weidmann quien financió la compra de Monsanto. Tomó el dinero del programa de compra de valores del Banco Central Europeo, ECB.

El Programa de Compras del Sector Público (PSPP, Public Sector Purchase Progamme) fue creado después de la última crisis financiera en 2007 y según se dijo, debería prevenir la deflación mediante la emisión de dinero barato y que ayudaría a los países en crisis mediante la compra de bonos del Estado.

El PSPP había sido criticado por los círculos neoliberales porque los países del sur y no Europa Central en particular se beneficiarían de él. El jefe del Bundesbank, Weidmann, fue el único miembro del Consejo del Euro que votó en contra de este «dinero barato».

El abogado berlinés Markus Kerber apeló al Tribunal Constitucional Federal, que compartió estas preocupaciones y remitió el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE). Kerber considera la compra de bonos como «destrucción de dinero» y aboga en su lugar por un «curso de reforma duro». Sin embargo, en diciembre de 2018, el TJUE aprobó el programa del BCE; el 30 de julio, el BVerfG (Tribunal Constitucional Federal) decidirá en procedimiento oral.

Mientras Weidmann deliraba durante años contra la compra de bonos del Estado, guardó silencio cuando el BCE adoptó el Programa de Adquisición del Sector Empresarial (CSPP) en marzo de 2016. A partir de ese momento, el dinero barato de Bruselas también se derramó sobre los consorcios. Sólo unas pocas voces se alzaron contra esta nueva cornucopia. Según Kerber, esta conducta «discrimina a las empresas que no cotizan en la bolsa» y discrimina a la competencia de las PYME y de las empresas de nueva creación.

Una gran parte de los bonos de Bayer emitidos por el Bundesbank se adquirieron con fondos del BCE

La lista del BCE revela que empresas fueron subvencionado con este dinero prácticamente regalado: Daimler, Telecom, Vonovia, pero también Coca-Cola, Nestlé y Shell. El BCE aún no ha explicado por qué estos últimos también se apoyaron con el dinero de los contribuyentes europeos.

Las obligaciones emitidas por Bayer AG y el grupo Bayer Capital para la compra de Monsanto se han asumido en seis transacciones. William Lelieveldt, portavoz del BCE, me confirmó la compra de bonos Bayer en el marco del programa CSPP, pero ocultó el tamaño exacto y el tipo de interés. Por supuesto, se emplearon «consideraciones de gestión de riesgos», afirma Lelieveldt. Pero no reveló cómo eran en realidad. Los bonos están en la cartera del Bundesbank. Mis solicitudes de transferencia de su evaluación de riesgos están pendientes en Bruselas y en Frankfurt. Si se me niega la información, he pedido información sobre los recursos legales.

Mi demanda contra Bayer AG por la publicación de su informe de diligencia debida (America First o quien se beneficia del acuerdo Bayer-Monsanto) será vista por el Tribunal Regional Superior de Colonia el 12 de septiembre.

La empresa de Leverkusen, que según su página web promete «un mayor nivel de transparencia», ha pagado el orgulloso precio de 62.000 millones de dólares por Monsanto. «Qué banco da tanto crédito», se preguntaba entonces la FAZ. Se dice que una cuarta parte de la suma se obtuvo de los fondos propios, de la venta de partes de la empresa a BASF, tal como exige la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), y de la venta del fabricante de materiales Covestro. Además, Bayer había emitido nuevas acciones mediante una ampliación de capital y había contratado al Bank of America, Crédit Suisse y Rothschild para la financiación restante. No se sabía que una gran parte de los bonos de Bayer había sido adquirida por el Bundesbank con fondos del BCE.

Por cierto, la gestora de activos estadounidense BlackRock posee importantes bloques de acciones en Monsanto y Bayer, así como en BASF y Covestro. Lelieveldt explicó, previa solicitud, que no había participado en la operación CSPP. Confirmó que BlackRock estaba prestando algunos servicios («some services») para el BCE: «Los proveedores de servicios externos que participan en las pruebas de stress de los bancos, por ejemplo, deben separar estrictamente el equipo de servicios de otros equipos que asesoran a grandes instituciones financieras o inversores». El BCE ha examinado detenidamente si existe un conflicto de intereses.

Weidmann lleva algún tiempo solicitando el puesto de nuevo presidente del BCE. Puesto que mi pregunta sobre la compra de bonos Bayer en el marco del programa CSPP ha estado en su escritorio, sabe que su decisión -de prácticamente regalar el dinero de los contribuyentes europeos a los accionistas de Monsanto – se hará pública. Aunque durante años había delirado contra la compra de bonos del Estado por parte del BCE, de repente defendió esta práctica. «Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que es legal. Ese es el fallo en vigor», dijo Weidmann al diario ZEIT, explicando su cambio de opinión. El 30 de junio se tomará una decisión en Bruselas sobre la sucesión de Mario Draghi. Y así como caen las acciones de Bayer, también caen las oportunidades de Weidmann.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Telepolis

El articulo Neoliberalismo: Bayer compró Monsanto con dineros de los contribuyentes alemanes apareció primero en piensaChile.

Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.

El articulo Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio apareció primero en piensaChile.

Un año de Monsanto & Bayer en Chile:  Inversiones contaminantes

Santiago, 5 de junio de 2019/ Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile/ El Día Mundial del Medio Ambiente», nos brinda la oportunidad de alertar a la opinión pública sobre la conducta de ciertas empresas que actúan en Chile externalizando altos costos ambientales y sociales, contaminando a personas, animales y el ambiente, con la anuencia de los gobiernos.  Entre las más importantes está Monsanto & Bayer, cuya fusión fue autorizada hace justo un añopor la Fiscalía Nacional Económica de nuestro país. Desde helace décadas, ambas empresas vienen afectando la salud y bienestar de las comunidades rurales, las trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus hijos, sin ninguna responsabilidad en cuanto a la protección de la biodiversidad y la mejora del ambiente. María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, afirma: “El cáncer y la degradación del ambiente no puede ser el costo de hacer negocios en Chile”.

La fusión de Bayer con Monsanto implicó la absorción de las plantas que bajo distintos nombres compró o construyó Monsanto en Chile. Así hoy Bayer controla, entre otras, la planta de tratamiento de semillas de Paine, cuya ampliación está en curso; una planta de acopio de semillas en Melipilla; la planta Santa Julia de tratamientos de RILES ubicada en Graneros; y las bodegas de plaguicidas de Bayer ubicadas en distintas regiones. Se suma la planta de Viluco, puesta en marcha en septiembre de 2018, después de la fusión, descrita como la más importante de América Latina y tercera en volumen a nivel global. Además, existen las Estaciones de Investigación y Desarrollo de Semillas de Vegetales en Rancagua (Graneros), Araucanía (Lautaro), y Melipilla (fundo El Marco, ruta 78, km. 62).

¿Una planta gigante sin EIA?

 En septiembre de 2018 con cobertura de medios especializados e invitados nacionales e internacionales se inauguró en Viluco, en la comuna de Buin, una gigantesca planta de semillas de hortalizas para la exportación a toda Sudamérica, tras la fusión de Bayer con Monsanto. A la fecha de 4 de junio de 2019, el proyecto respectivo y su Declaración de Impacto Ambiental no están accesibles al público en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, abriendo interrogantes sobre las condiciones de su aprobación por las autoridades ambientales. Tampoco se conoce proceso alguno de participación ciudadana.

Esta planta de procesamiento, embalaje y distribución de semillas de vegetales llamada curiosamente por su nombre en inglés, “Demand Fulfillment” supliría, según Bayer Monsanto cerca del 70% de la demanda de la región, con una inversión cercana a los US$8,5 millones de dólares. Esta planta originalmente era de la semillera Seminis, adquirida por Monsanto en 2005.

En Paine inicio ilegal y progresivo

En 1998 la resolución N°713 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la RM firmada por Ernesto Velasco, denegó la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” presentado por Agrícola Nacional S.A.C. (posteriormente comprada por Monsanto) ubicado en Paine, en el kilómetro 41,5 de la Longitudinal Sur por encontrarse en ejecución antes de contar con una resolución de calificación ambiental favorable.

El Servicio de Salud Metropolitano verificó que las instalaciones del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” se encontraban ya operando. Acusa la resolución: “la calificación ambiental de proyectos en ejecución o ejecutados resulta inoficiosa porque los impactos ambientales negativos ya se han generado sin haberse decretado las medidas para reducirlos, repararlos, compensarlos o, simplemente, evitar que éstos se produzcan”. La resolución pidió a la municipalidad de Paine aplicar sanciones si no se hubiere contado con permisos de construcción.

Además, ANASAC desarrolló dos proyectos de ampliación aprobados por la resolución de calificación ambiental RCA N° 988/2008 del proyecto “Ampliación de Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” y la RCA N°145/2010 del proyecto “Segunda ampliación planta seleccionadora de semillas de Paine”. La primera ampliación elevó las toneladas de semillas a un máximo de 24.000 toneladas, y en 2010 la nueva Declaración de Impacto Ambiental autorizó la ampliación hasta el doble: 48.000 toneladas de semilla de maíz y soya, híbridos y transgénicos. La modalidad elegida -Declaración de Impacto Ambiental- no profundiza en la línea de base ni los impactos de los proyectos y además no obliga a la autoridad a aceptar la participación ciudadana, de allí que todos los proyectos semilleros van por esta vía. Siguiendo su proceso de concentración, Monsanto Chile en enero de 2010 adquirió ANASAC S.A y su planta industrial seleccionadora de maíz y soya.

En marzo de 2016 Monsanto, nuevo dueño de ANASAC, presentó una tercera Declaración de Impacto Ambiental de la planta de Paine, “Optimización Planta Seleccionadora de Semillas”, que no aumenta la cantidad de toneladas de semillas a procesar, pero agrega las semillas de canola, y eleva sin explicación el número de camiones que intervendrían en el funcionamiento de la planta. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile sostiene: “Monsanto y las semilleras se fortalecen paso a paso y nunca en el caso de Paine hubo un Estudio de Impacto Ambiental que posibilitara analizar los riesgos para el ambiente, la semilla tradicional y la biodiversidad, porque las autoridades priorizaron siempre por la inversión.”

En Graneros y Rengo

El año 2011, se aprobó sin reparos la Planta Agroindustrial Santa Julia de Monsanto, pese a que en la Declaración de Impacto Ambiental se mencionaba que funcionaría en tres fases, pero sólo se detalló el impacto de dos fases. La inversión era importante: 12,0000 Millones de Dólares (sic DIA). Se ubica en el fundo Santa Julia, de 70,54 hectáreas, al poniente de la ciudad de Graneros, en la sexta región. El objetivo era construir y habilitar una planta de lavado y secado de semillas de vegetales para procesar 200.000 kg de semilla procesada en un periodo de 30 días.

El año 2009 se autorizó la construcción de una planta de Monsanto Chile S.A. de Residuos Industriales Líquidos (RILES) para lavado de semillas, en el fundo El Nogal de Rengo. Incluía en esa fecha, según la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, el lavado de semillas de zapallo italiano híbrido transgénico, que en 2010 se cuantificaba en aproximadamente 1.000 kg de pepas de ese zapallo.

Reacción de la comunidad y demandas

 Desde la presentación de la ampliación 2016 de la planta en Paine, la comunidad se organizó en un Comité de Defensa de Paine, integrado por las más diversas organizaciones sociales locales, que organizó la Marcha contra Monsanto en su propia localidad el año 2018, y se ha movilizado dentro y fuera de su comuna para denunciar estos hechos. Pero la autoridad ambiental y la justicia negaron el derecho de este Comité a la participación ciudadana en el Declaración de Impacto Ambiental. Por ello, jamás pudieron entregar sus observaciones sobre los graves impactos negativos en la salud, y la degradación del ambiente derivados del uso de plaguicidas altamente peligrosos (HHP) provocados por el proyecto de Monsanto, que también trata todas las semillas con fungicidas e insecticidas HHP. El transporte, acopio y tratamiento de semillas transgénicas (de maíz, soya y canola) genera riesgos de contaminación genética en la localidad.  En el recurso de Protección presentado en la Corte de Apelaciones el año 2017, el Comité argumentó respecto de la vulneración del derecho de igualdad ante la ley y el desconocimiento por la autoridad del principio de precaución. Esto es relevante ya que la zona, luego de más de una década de funcionamiento de la planta de Monsanto presenta alta incidencia de cánceres y enfermedades crónicas en niños y es considerada por ellos como un nuevo territorio en sacrificio. Otros posibles impactos se relacionan con la sobrecarga del tráfico de camiones en los caminos, posibles efectos adversos sobre la salud de los trabajadores y alteración de la calidad del aire.

Además, se sabe que Monsanto como parte de su plan de “Responsabilidad social”, que en realidad fue propaganda para tratar de contrarrestar el repudio ciudadano, entregó dinero para proyectos comunitarios. En Buin, Monsanto hizo un plan de penetración en las escuelas inaugurando en 2015 un video sobre Seguridad Vial en la Escuela pública Humberto Moreno Ramírez, orientado a tranquilizar a los apoderados preocupados por los reiterados accidentes de los escolares.  El alcalde de entonces, Angel Bozán, se desmarcó de la iniciativa y bajó el video de la web municipal. Pero también Monsanto entregó semillas -recubiertas con insecticidas- a niños de jardines infantiles para desarrollar huertas. Eso generó alergias y alarma en padres y maestros.

Por otra parte, en 2014 el agricultor chileno José Pizarro (Los Andes, RM) ganó una demanda contra Monsanto entablada ante la Cámara de Comercio de Chile, debido a las prácticas “leoninas” utilizadas por la empresa en un contrato abusivo para multiplicación de maíz transgénico. Esa siembra significó para él su ruina económica. Asimismo, el agricultor José Riquelme (Ñuble), luego de 5 años de litigio con Monsanto logró un acuerdo de conciliación, también en 2014, al llegar su caso a la Corte Suprema. La demanda fue interpuesta porque el agricultor compró a una empresa subsidiaria de Seminis/Monsanto semilla certificada de melón “Braco”, destinada a exportación, pero la semilla que sembró no correspondía en calidad y variedad a la semilla certificada. En la oportunidad, Riquelme declaró estar satisfecho por haberle “doblado la mano a una empresa transnacional que está causando daños inmensos a la agricultura internacional con sus semillas genéticamente modificadas, con resistencia a los plaguicidas y herbicidas.”

Glifosato, producto estrella de Bayer & Monsanto.

Aunque en Chile el glifosato está registrado con etiqueta verde según su efecto agudo, tan sólo entre 2017 y junio de 2018 hubo 36 casos de intoxicación aguda por este herbicida. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno humano el año 2015, pero ello no se refleja en las etiquetas ya que estas no contienen frases de riesgo crónico. En los últimos meses glifosato ha sido considerado responsable por casos de cáncer (linfoma no Hodgkin) en tres demandas distintas, con diferentes jurados que han tenido lugar en California, Estados Unidos. En todas ellas los jurados han hecho presente la conducta maliciosa de la empresa Bayer por no incorporar advertencias sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del glifosato, y también han señalado que la aprobación del registro del producto se basa en estudios sesgados y vinculados a la empresa. Las demandas han tenido un efecto demoledor en el valor bursátil de Bayer, cuyas acciones siguen a la baja mientras la compañía intenta ahora negociar con miles de demandantes que esperan su turno en tribunales. Hasta ahora no hay casos de demandas en América Latina, aunque en tribunales de carácter ético ha quedado establecida la violación al derecho humano a la alimentación saludable y a un medio ambiente libre de contaminación, así como el daño a la salud de trabajadores expuestos a este herbicida. En Argentina, uno de los países más afectados por el uso de glifosato, la comunidad del barrio de Malvinas Argentinas, en Córdoba, logró impedir con una larga lucha, que en su localidad Monsanto levantara la planta “´más grande de América Latina”. Sin embargo, la transnacional parece haber cambiado su pretensión a territorio chileno.

Fin progresivo del glifosato cancerígeno

En Chile, a contrapelo de la tendencia global, SAG por segunda vez denegó la petición de prohibición de glifosato formulada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile citando unos pocos estudios, algunos de ellos desactualizados.

En cambio, en Centro América, Bermudas prohibió el uso de glifosato en 2017. San Vicente y Granadinas suspendieron el uso de glifosato. En Europa se prohibió para uso no profesional. En la República checa se establecieron serias restricciones para su uso antes de la cosecha. En Dinamarca se prohibió su uso en cultivos post emergentes. En Francia se prohibió su uso en áreas verdes y se anunciaron medidas para una prohibición total al cabo de 3 años. En Italia se prohibió su uso en áreas públicas y también su fumigación antes de la cosecha. En Holanda la venta de glifosato se prohibió para su uso no profesional. En Malawi, África, se anunció que se suspenden los permisos de importación desde abril de 2019. En Asia, Vietnam prohibió la importación de glifosato desde marzo de 2019. En Sri Lanka se prohibió la importación de glifosato excepto para su uso en plantaciones de té y caucho. Los países de Medio Oriente Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain y Qatar, prohibieron la importación y el uso de glifosato.

Entre 6 y 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación, y un 90 % de la población mundial respira aire contaminado, según cálculos de la ONU. Chile como país anfitrión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, C0P25, debería dar el ejemplo adoptando medidas de prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato.

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Más sobre el tema:

El articulo Bayer-Monsanto en Día del Medio Ambiente apareció primero en piensaChile.

¿Qué significa esto para los consumidores, los agricultores o para la alimentación mundial?

Bayer y Monsanto: una empresa alemana de reputación sólida se fusiona con el fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto, productor de semillas manipuladas genéticamente y del polémico herbicida glifosato. Para muchos agricultores, el glifosato es una herramienta eficaz; los críticos, sin embargo, lo consideran una sustancia cancerígena. A pesar de todas las dudas, Bruselas renovó por cinco años la comercialización del herbicida en la Unión Europea.

Las empresas continúan apostando por la utilización de productos químicos en la agricultura, si bien con una tecnología más moderna y eficaz que nunca: «Digital Farming», Agricultura Digital, es la palabra mágica. La agricultura digital proporciona al agricultor datos importantes para la siembra y cultivo directamente en su smartphone o en la tablet del tractor. También datos sobre la aplicación de químicos.

Pero en el camino hacia la fusión de los dos gigantes acechan también riesgos. ¿Por qué el jefe de Bayer, Werner Baumann, asume que la imagen negativa de Monsanto pueda perjudicar a la tradicional marca Bayer? ¿Qué significa esto para los consumidores, los agricultores e incluso para la alimentación mundial?

Los cineastas Ingolf Gritschneder y Michael Heussen hablaron con defensores y críticos de la megafusión y rodaron en los laboratorios de investigación de Monsanto en los Estados Unidos. En América del Sur y la India se reunieron con científicos y agricultores que ya tienen experiencia con los monocultivos, las semillas de Monsanto y los pesticidas.

Más sobre el tema:

Bayer condenada a pagar dos mil millones de dólares a una pareja con cáncer debido al glifosato
por Die Welt
Publicado el 17 mayo, 2019 , en Agua y Alimentos, Medioambiente, Salud

El articulo Documental: La semilla del MAL. Bayer y Monsanto apareció primero en piensaChile.

El articulo Agrotóxicos: «La justicia entendió la peligrosidad del Round Up» apareció primero en piensaChile.

Durante el juicio, que comenzó a finales de marzo, la fiscalía había tratado repetidamente de convencer al jurado no sólo de que los productos de Monsanto causan cáncer, sino también de que los riesgos estaban ocultos por estudios manipulados.

En los Estados Unidos, Bayer se enfrenta ahora a unos 13.400 demandantes por el herbicida desarrollado por Monsanto. En dos casos, la empresa ya ha sido condenada a pagar daños y perjuicios por un total de casi 160 millones de dólares. Aunque Bayer ha presentado una apelación o anunciado su intención de hacerlo, muchos expertos asumen en última instancia que el acuerdo será costoso. La probabilidad de que esto ocurra ha aumentado aún más con la última sentencia.

No se aprobaron las acciones del Consejo de Administración

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada a finales de abril, los accionistas habían sido muy duros en sus juicios con la administraciónde Bayer debido a las enormes pérdidas en el precio de las acciones desde la adquisición de Monsanto y a los litigios legales.

Los resultados del Consejo de Administración no han sido aprobados. El Consejo de Supervisión recibió un voto de confianza, pero de forma inusualmente estrecha. A pesar del voto de desconfianza, importantes inversores quieren dar una segunda oportunidad a la dirección y advertir contra un cambio prematuro, temiendo que esto no haga sino aumentar el caos en Bayer.

Bayer siempre ha rechazado las acusaciones contra el glifosato y señala que las autoridades reguladoras de todo el mundo evaluaron que el herbicida era seguro cuando se utilizaba según las recomendaciones. Sólo recientemente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) confirmó su evaluación de que el glifosato no es cancerígeno.

Los demandantes, sin embargo, que atribuyen su cáncer al contacto con el glifosato, lo ven de manera diferente. Se apoyan en la agencia internacional de investigación del cáncer IARC, que clasificó la sustancia como «probablemente cancerígena».

*Fuente: Die WeltTraducción libre para piensaChile por Frank Steinman

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Pero la influencia de otra notoria compañía estadounidense, Monsanto -ahora una subsidiaria de Bayer- no ha sido mencionada.

Mientras numerosas naciones latinoamericanas se han vuelto «sálvase quien pueda» para las compañías biotecnológicas y sus afiliadas, Venezuela ha sido uno de los pocos países en pelear con Monsanto y otros gigantes de la agroquímica internacional y ganar. Sin embargo, desde esa victoria -que se ganó bajo el mandato chavista- la oposición apoyada por los Estados Unidos han venido trabajando para revertirla.

Ahora, con el gobierno paralelo de Juan Guaidó tratando de tomar el poder con el respaldo de los Estados Unidos, es revelador que los más altos contribuyentes políticos que pujan por un cambio de régimen en Venezuela tienen estrechos vínculos con Monsanto y grandes acciones financieras en Bayer.

En meses recientes, el producto de Monsanto más controversial y notorio -el pesticida glifosato, tildado Roundup, y vinculado al cáncer en recientes fallos en cortes estadounidenses- ha amenazado el futuro financiero de Bayer como nunca antes, como una letanía de nuevos casos jurídicos ladrando a las puertas de Bayer. Parece que muchas de las fuerzas en los Estados Unidos que ahora buscan derrocar al gobierno venezolano esperan por que un nuevo gobierno liderado por Guaidó proveerá a Bayer un nuevo y mucho más necesario mercado para sus agroquímicos y semillas transgénicas, particularmente aquellos productos que ahora encaran vetos en países de todo el mundo, incluyendo el defoliado y aún envenenado Vietnam.

EL ANTICHAVISMO BUSCA REVERTIR LA LEY DE SEMILLAS Y EL VETO A LOS TRANSGÉNICOS

En 2004, el entonces presidente Hugo Chávez sorprendió a muchos cuando anunció la cancelación de los planes de Monsanto para plantar 500 mil acres con semillas genéticamente modificadas (SGM) de soya en tierras venezolanas. El cese del contrato llevó a lo que se tradujo en una proscripción ad hoc de todas las SGM en el país, una jugada alabada por grupos de agriculturos locales y activistas ambientales. En contraste con los movimientos anti-transgénicos surgido en otros países, la resistencia de Venezuela a los cultivos GM se basó más en las preocupaciones entorno a la soberanía alimentaria del país y a la protección del modo de vida de los agricultores.

Aunque el veto ha fallado de mantener lejos los productos GM de Venezuela -en la medida en que ha importado la mayoría de su comida, mucha de ella originada en países que están entre los más grandes productores mundiales de alimentos GM-, un efecto prístino ha sido el prevenir que compañías como Monsanto y otros grandes firmas agroquímicas y semilleras de ganar terreno significativo en el mercado venezolano.

Inmediatamente después de que la nueva ley de semillas fue aprobada en 2015, la oposición pro-estadounidense liderada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -un grupo formado por numerosos partidos financiados por los Estados Unidos, incluido Voluntad Popular de Guaidó- tomó control de la Asamblea Nacional. Hasta que la Corte Suprema de Venezuela disolviera el parlamento en 2017, la legislación de la MUD intentó derogar la ley de semillas en varias ocasiones. Quienes estuvieron a favor de ello llamaron a la ley de «anti-científica» y de dañar a la economía.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema de 2017, la Asamblea Nacional ha continuado sus reuniones, pero el cuerpo no tiene poder real alguno bajo el actual gobierno venezolano. Sin embargo, si éste es derrocado y Guaidó -el «presidente interino» que también es presidente de la disuelta Asamblea Nacional- llega al poder, parece casi una certeza la «Ley de Semillas del Pueblo» será una de las primeras piezas legislativas en subir al patíbulo.

EL EJE AEI

Algunas de las figuras clave y las voces más ruidosas que apoyan los esfuerzos de la Administración Trump por derrocar al gobierno venezolano están bien conectadas con un tanque de pensamiento en particular: el American Enterprise Institute (AEI). Por ejemplo, John Bolton -ahora asesor de seguridad nacional de Trump y un actor importante en la política agresiva contra Venezuela- fue un alto miembro (senior fellow) del AEI hasta ocupar su actual cargo. En éste, Bolton asesora al presidente en cuestiones de política exterior y seguridad nacional mientras hace lo mismo con las Secretarías de Estado y de Defensa. Desde entonces, ha estado presionando por una acción militar en Venezuela, de acuerdo a los reportes en medios.

Otra figura clave de la política de Trump contra Venezuela -Elliott Abrams, el representante especial del Departamento de Estado para Venezuela- ha sido regularmente incluido en las reuniones del AEI y como invitado en paneles y podcasts. De acuerdo al secretario de Estado, Mike Pompeo, el rol actual de Abrams le da «la responsabilidad de todas las cosas relacionadas a nuestros esfuerzos por restaurar la democracia» en Venezuela. Otras figuras top en la administración, incluidos el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, fueron invitados al cónclave «secreto» del AEI en pasado marzo. Como MintPress y otros medios han reportado, Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela a instancia de Pence. Pompeo también está íntimamente envuelto en la dirección de la política de Trump sobre Venezuela, siendo el principal asesor del presidente en asuntos externos.

Otras conexiones de la Administración Trump incluyen a la secretaria de Educación Betsy De Vos, quien estuvo previamente en el consejo directivo del AEI.

AEI ha sido por lago tiempo parte del establishment «neoconservador» y emplea a neoconservadores reconocidos como Fred Kagan -el arquitecto de las «tropas insurgentes» de Irak- y Paul Wolfowitz, el arquitecto de la guerra de Irak. Sus conexiones con la administración de George W. Bush son particularmente notables y controversiales, al tiempo que 20 empleados del AEI fueron puestos en altos cargos durante ese mandato. Muchos de ellos, como Bolton, han disfrutado de una nueva prominencia en la Administración Trump.

Otros oficiales clave de Bush se unieron al AEI pronto luego de que dejaran sus puestos en la administración. Uno fue Roger Noriega, quien fue representante estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el fallido golpe apoyado por los Estados Unidos en 2002 contra Hugo Chávez y venía de ser el asistente de las secretaría de Estado para los asuntos del Hemisferio Occidental de 2003 a 2005, donde fue extremadamente influyente en las políticas de la administración respecto a Venezuela y Cuba.

Desde que se fuera de la Administración Bush y se uniera prontamente al AEI, Noriega ha sido instrumental en promover denuncias sin fundamentos pero con el objetivo de pintar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo afirmando que Venezuela ayuda a Irán a adquirir armas nucleares y hospeda a soldados del Hezbolá libanés. También cabildeó en el Congreso para apoyar al líder opositor Leopoldo López, el mentor político de Guaidó y líder de su partido político, Voluntad Popular.

No sólo eso, también Noriega se juntó con Martin Rodil, un exiliado venezolano que trabajó para el FMI, y José Cardenas, quien sirvió en la Administración Bush, para fundar Visión Américas, una firma privada de asesoría de riesgos y cabildeo que fue contratada para «apoyar en los esfuerzos del sector privado hondureño y así ayudar a consolidar la transición democrática en su país» luego del golpe de Estado de 2009 en Honduras. En los meses recientes, Noriega y sus asociados han estado bien enfocados en Venezuela, con Cardenas ofreciendo a Trump asesoría pública sobre cómo «precipitar la salida de Maduro», mientras que Rodil le ha ofrecido públicamente «obtenerle un trato» si tiene activos del gobierno venezolano.

Mientras el AEI es mejor conocido por su línea dura, también es un promotor de grandes intereses en la agricultura. Desde el año 2000, ha sido anfitrión de varias conferencias augurando la «biotecnología» y las SGM, y ha promovido fuertemente el trabajo del lobbysta de Monsanto, Jon Entine, quien fue profesor visitante del AEI durante muchos años. El AEI también tiene conexiones de larga data con Dow Chemical.

La más probable razón por la que el AEI se interesa en promover la biotecnología, sin embargo, puede encontrarse en sus vínculos con Monsanto. En 2013, The Nation adquirió un documento del AEI de 2009, obtenido por un trámite erróneo y que no tenía intenciones de publicarse, que revelaba los mayores contribuyentes del tanque de pensamiento. El formulario, conocido como el «programa de los contribuyentes», reveló que los dos mayores donantes en simultáneo eran el fondo Donors Capital y el milmillonario Paul Singer.

El fondo Donors Capital, que sigue siendo un importante contribuyente del AEI, está vinculado a los intereses de Monsanto mediante el vicepresidente de su junta, Kimberly O. Dennis, quien es actualmente una miembro del Consejo Nacional del AEI. De acuerdo al AEI, el Consejo Nacional está compuesto por «líderes comunitarios y de negocios de todo el país que están comprometidos al éxito del AEI y sirven como embajadores del AEI, proveyéndonos de asesoramiento, perspectiva y orientación».

Dennis es la prolongada presidenta del Searle Freedom Trust, que fue fundada en 1988 por Daniel Searle luego de haber supervisado la venta de la compañía farmacéutica de su familia -G.D. Searle and Company- a Monsanto en 1985 por 2.7 mil millones de dólares. El dinero que Searle hizo con la fusión fue usado para financiar el fideicomiso que ahora financia al AEI y a otros tanques de pensamiento de derecha. Searle también fue cercano a Donald Rumsfeld, quien manejó G.D. Searle and Co. durante años y fue secretario de Defensa con Gerald Ford y George W. Bush. Searle también fue administrador del Instituto Hudson, que una vez empleó a Elliott Abrams.

Antes de que la compañía familiar -que ganó notoriedad por falsificar sus investigaciones sobre la inocuidad de sus edulcorantes, aspartame o NutraSweet- fuera vendida a Monsanto, los ejecutivos de G.D. Searle cercanos a Daniel Searle aumentaron su prominencia adentro de la firma. Robert Shapiro, quien fue durante mucho tiempo el abogado de G.D. Searle y jefe de la división NutraSweet, se convertiría en el vicepresidente, presidente y luego director ejecutivo de Monsanto. Notablemente, el nieto de Daniel Searle, D. Gideon Searle, fue un director del AEI hasta hace poco.

LA RELACIÓN RUBIO-SINGER-BAYER

Con todo, es el mayor contribuyente individual del AEI según el accidentado «programa de contribuyentes» el que dice más sobre los intereses biotecnológicos privados que guían la política de la Administración Trump contra Venezuela. Paul Singer, el controversial multimillonario y gestor de fondos financieros, ha sido por mucho tiempo el mayor donante de las causas neoconservadoras y sionistas, ayudando a financiar la Foreign Policy Initiative (FPI), sucesora del Project for a New American Century (PNAC); y la neoconservadora e islamofóbica Foundation for the Defense of Democracies (FDD), además del AEI.

Singer es uno de los más notables e importantes contribuyentes políticos del senador Marco Rubio (republicano, de Florida) y ha estado íntimamente envuelto en el caos reciente en Venezuela. Ha sido llamado como uno de los arquitectos de la política de cambio de régimen de la actual administración, y fue el mayor donante de la campaña presidencial de Rubio, al tiempo que figura clave detrás del controversial «dossier» sobre Donald Trump compilado por Fusion GPS. De hecho, Singer ha sido la primera persona en contratar a Fusion GPS para hacer una «opposition research” sobre Trump. Sin embargo, Singer ha evadido desde entonces mucho escrutinio por su rol en la creación del dossier probablemente porque se convirtió en un contribuyente clave de Trump luego de su elección presidencial en 2016, dando 1 millón de dólares al fondo de inauguración de su administración.

Singer tiene una variada historia en América del Sur, aunque ha estado relativamente silencioso en torno a Venezuela. Sin embargo, un directivo de larga data del fondo financiero de Singer, Jay Newman, recientemente dijo a Bloomberg que un gobierno de Guaidó reconocería que los acreedores internacionales «no son el enemigo», e insinuó que el mismo Newman estaba ponderando si unirse a la creciente «lista de bonos veteranos que ya comenzaron a cotizarse, anticipando la reestructuración de una deuda de 60 mil millones de dólares una vez que el apoyado por Washington, Guaidó, derroque al presidente Nicolás Maduro y tome el control». Además, el Washington Free Beacon, que está ampliamente financiado por Singer, ha sido un defensor verbal del cambio de régimen en Venezuela por parte de la Administración Trump.

Más allá de eso, la Elliott Management Corporation de Singer dio a Roger Noriega 60 mil dólares en 2007 para cabildear en los asuntos de deuda soberana y por «la promoción federal en nombre de los inversionistas estadounidenses en América Latina». Durante el tiempo en que Noriega estuvo bajo la nómina de Singer, escribió artículos vinculando a Argentina y Venezuela en el inexistente programa nuclear de Irán. En ese tiempo, Singer estuvo persiguiendo agresivamente al gobierno de Argentina en un esfuerzo por obtener más dinero de ese país antes del impago de la deuda soberana.

Mientras Singer ha estado callado sobre Venezuela, ha estado haciendo decisiones de negocios que han levantado cejas, ya que ha estado incrementando su participación en Bayer. Esta jugada parece rara por los problemas financieros de Bayer, resultado directo del giro en casos jurídicos respecto a su vinculación con el glifosato y el cáncer de Monsanto. La primera decisión que significó un problema para Monsanto y su nueva compañía relacionada Bayer tuvo lugar el pasado agosto, pero Singer incrementó su inversión en la compañía desde diciembre, incluso ya era claro para ese momento que los problemas financieros de Bayer relacionados a los casos de glifosato apenas estaban empezando.

Desde que 2019 comenzó, los problemas de Bayer con la fusión Monsanto solo han empeorado, con el director ejecutivo de Bayer declarando recientemente que las demandas han «afectado gravemente» los precios de las acciones y el rendimiento financiero de la compañía.

FORZANDO LA APERTURA DE UN NUEVO MERCADO PARA ROUNDUP

Parte de los intereses de Singer en Bayer puede relacionarse con Venezuela, dado que el «Plan País»de Juan Guaidó para «rescatar» a la economía venezolana incluya un foco en el sector agricultor del país. Notablemente, previo a y bajo el chavismo, la productividad agricultora y la inversión en ese sector han tomado la retaguardia ante la producción petrolera; como resultado, un 25% de las tierras venezolanas están siendo usadas para propósitos agrarios a pesar del hecho de que la nación tiene una rica tierra arable. Como consecuencia, Venezuela necesita importar muchos de sus alimentos de afuera, muchos de ellos originados en Colombia o los Estados Unidos.

Bajo Chávez y su sucesor Maduro, ha habido un nuevo enfoque de cultivo en pequeña escala, soberanía alimentaria y agricultura orgánica. Sin embargo, si Maduro es derrocado y Guaidó se moviliza para implementar su «Plan País», el acomodamiento de la oposición con corporaciones extranjeras, los intereses de los arquitectos estadounidenses del golpe en Bayer/Monsanto, y los esfuerzos pasados de la oposición de revertir el veto a las SGM, sugiere que un nuevo mercado para los productos de Bayer/Monsanto -particularmente el glifosato- se abrirá.

Suramérica ha sido durante mucho tiempo un mercado clave para Monsanto y -mientras los problemas de la compañía comenzaron a acumularse antes de la fusión con Bayer- se volvió vital para la empresa debido a las pocas regulaciones ambientales y de consumo con relación a muchos países occidentales. En años recientes, cuando los gobiernos suramericanos habían abierto sus países a políticas más «amigables con el mercado» en sus sectores agrarios, Monsanto hizo millones.

Por ejemplo, cuando Brasil buscó expandir la inversión en biotecnología en 2012, Monsanto vio incrementar sus ventas nada más de SGM de maíz un 21%, generando ganancias adicionales de 1 mil millones de dólares para la compañía. Un escenario similar es necesario más que nunca para Bayer/Monsanto, mientras que los problemas legales hicieron disminuir las ganacias de la compañía el año pasado.

Con países en el mundo que sopesan proscripciones al glifosato como resultado de las crecidas litigaciones sobre las vinculaciones químicas al cáncer, Bayer necesita un nuevo mercado para evitar la ruina financiera. Como Singer ahora tiene una participación significativa en la compañía, él -junto a los políticos y tanques de pensamiento que financia- podría ver promisorio el final del veto a las SGM que un gobierno de Guaidó brindaría.

Asimismo, dado que el máximo asesor de Guaidó quiere que la Administración Trump tenga un rol directo en la gobernanza de Venezuela si Maduro es derrocado, parece probable que Singer apalancaría sus conexiones para mantener a Bayer/Monsanto a flote a pesar de la creciente controversia que rodea al glifosato. Tal comportamiento de parte de Singer no debería sorprender a la luz de que los medios financieros internacionales lo han caracterizado como un «oportunista despiadado» y «demasiado agresivo».

Tal desenlace sería para mantener el crecimiento de los márgenes de ganancia de Monsanto y compañías relacionadas que han seguido su expansión en países donde hubo golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Por ejemplo, luego del golpe en Ucrania en 2014, los préstamos dados a Ucrania por el FMI y el Banco Mundial forzaron al país a abrir y expandir el uso de «biotecnología» y los cultivos GM en su sectoragrario, y Monsanto, en particular, hizo millones al tiempo que el veto a las SGM y sus agroquímicos asociados fue revertido por el gobierno respaldo por Estados Unidos. Si Maduro es derrocado, un escenario similar probablemente se dará en Venezuela, pues la oposición dio a conocer sus intenciones de borrar en gran medida sus instituciones justo unos días luego de que Guaidó se autoproclamara «presidente interino».

-La autora, Whitney Webb,  es una periodista estadounidense de MintPress News, radicada en Chile. Ha contribuido para varios medios independientes como Global Research, EcoWatch, Instituto Ron Paul y 21st Century Wire, entre otros. En 2019 ganó el premio Serena Shim por «su integridad inflexible como periodista».

Este artículo fue publicado en inglés en MintPress el 6 de mayo de 2019, la traducción para Misión Verdad fue realizada por Ernesto Cazal.

*Fuente: MisiónVerdad

El articulo Bayer y Monsanto detrás del golpe de Estado de EE.UU. contra Venezuela apareció primero en piensaChile.