Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- Por primera vez en más de medio siglo, peritos policiales y familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ingresaron al hermético Cuartel N°2 de Inteligencia de Cerro Chena para buscar restos de detenidos desaparecidos, un hito histórico en el intento por hallar un posible «cementerio clandestino» señalado en el lugar por numerosos testigos desde los ochenta, que pudo testimoniar EFE.

Tras las vallas, los equipos policiales se toparon con un panorama inusual: no había militares, estaba casi despejado de personal y a disposición de las labores de búsqueda fijadas.

“Nosotras nos hemos dado la fuerza y hecho el camino para poder entrar a este lugar después de tantos años”,

dijo a EFE la presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves, hija del trabajador ferroviario Adiel Monsalves, ejecutado en 1973 en este promontorio del sur de la capital.

Cuando EFE visitó Cerro Chena en 2023, estas históricas indagatorias al interior del cuartel, parte de la Sección de Inteligencia del Ejército, aún eran un horizonte lejano; el primer ingreso por parte del Poder Judicial fue en 2001, pero no tuvo avances para dar con el destino final de la veintena de personas vistas allí por última vez.

A inicios de este febrero, y por primera vez desde que esposas e hijas se aglomeraron en la puerta en 1973 para exigir la liberación de sus familiares, los peritos policiales introdujeron un georradar, la última tecnología utilizada para este tipo de investigaciones, capaz de detectar anomalías bajo tierra que pueden determinar puntos de interés para posibles excavaciones.

“Esta tecnología nos da un poquito más de certeza para buscar lugares donde sabemos podrían haber ocurrido inhumaciones y exhumaciones ilegales, aunque tenemos claro que es muy probable que no encontremos cuerpos completos, solo huellas de nuestros familiares”,

comentó Monsalves, recordando la operación ‘Retiro de Televisores’, una maniobra de la dictadura chilena para remover los cuerpos clandestinamente sepultados y entorpecer la búsqueda tras hallazgos de osamentas en 1978.

Pistas cruzadas

Tras las rejas que marcan el inicio del recinto militar en Cerro Chena se estira un extenso camino asfaltado flanqueado por antiguas casas de inquilinos, familias que llegaron a trabajar la tierra cuando a mediados del siglo XX aún era parte de una hacienda patronal.

El lugar no ha sufrido mayores cambios, salvo la instalación de canchas para el lanzamiento de granadas y el combate cuerpo a cuerpo a orillas del camino interior, y mantiene un sitio clave para la investigación judicial: una antigua escuela rural que operó como centro de detención y torturas.

“Aquí estuvieron nuestros papás. Con esto estamos logrando en parte saldar una deuda, porque nosotros no los hemos olvidado nunca. Esta es la forma más concreta de búsqueda en 51 años, un esfuerzo por encontrarlos y devolverlos, aunque sea un trocito de ellos, a sus familias y cerrar en definitiva este duelo eterno”,

dijo Monsalves.

La estructura, de unos 50 metros de largo, está sumamente deteriorada: tablas resquebrajadas y dañadas por termitas, y vigas y plenum del techo desnudos, a causa del último temporal, en un espacio que se utiliza como bodega, albergando catres, calderas, escritorios, cascos de munición usados y artículos de limpieza.

Los equipos policiales se distribuyeron varios metros alrededor del edificio, en un perímetro definido en base a testimonios que señalan en esos puntos fusilamientos y quema de cuerpos a fines de 1973.

“Uno de los mayores problemas que tenemos en estos casos es la fragmentación investigativa en la persecución de los crímenes de la dictadura. Llegamos a estos puntos por cruce de relatos e indagatorias judiciales, porque los perpetradores se repiten en distintos sitios”, comentó a EFE un perito policial.

Estos antecedentes, sumados al análisis de fotografías aéreas de 1975, permitieron establecer las 15 áreas de interés donde hoy se impulsan las pesquisas en Cerro Chena.

Abrir los cuarteles

Fue la presentación en noviembre pasado de una querella criminal por inhumación y exhumación ilegal en el caso de Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido en la localidad de Paine tras el golpe de Estado y hecho desaparecer, la que abrió la posibilidad de emprender estos históricos sondeos en Chena.

“Confiamos en que todas las diligencias en terreno, realizadas por diversos profesionales, sean las necesarias para dar justicia a sus familias y tantas otras que, por más de 50 años han luchado para conocer la verdad”, afirma la abogada y parte querellante, Alejandra Arriaza.

No es el único lugar, otros sitios militares se han abierto en el pasado para llevar adelante diligencias judiciales de esta naturaleza, como la Brigada de Operaciones Especiales de Peldehue, donde fueron fusilados los combatientes de La Moneda; el Polígono de Artillería de Linares y la Escuela de Suboficiales de Maipú.

*Fuente: Qué pasa_Medios_Network (EE.UU.)